El fiscal José Nebbia realizó hoy sus réplicas en el Juicio Ejército III y destacó que “los que están sentados acá atrás o mirando por tele” son los que saben dónde están los jóvenes apropiados luego de nacer en cautiverio en el centro clandestino de detención, torturas y extermino La Escuelita.

Minutos antes, el defensor oficial Gustavo Rodríguez había finalizado sus alegatos. La audiencia se reanudará este miércoles a las 9 en Colón 80 con las dúplicas. Una nueva sentencia se acerca a pesar de las esporádicas sesiones del tribunal.

“Llama la atención la postura de la defensa oficial. Sucintamente ya hay condenados en esta jurisdicción por esos hechos y esas condenas han sido confirmadas por Casación”, dijo José Nebbia en relación al robo de bebés en Bahía Blanca.

El fiscal recordó que, “respecto del hijo de María Graciela Izurieta, la defensa dijo que el hecho no existió, que la mataron antes de dar a luz. Respecto del hijo de Metz dijo que nació pero que no se sabe quién lo apropió. No es ninguna novedad. Lo estamos buscando hace mucho, todos lo están buscando. El tribunal lo está buscando. Los organismos lo están buscando. Su hermana lo está buscando incesantemente”.

“Si a María Graciela Izurieta la mataron antes de que diera a luz, la pregunta que surge es dónde está su cuerpo, dónde está el cuerpo de esos once desaparecidos y dónde está o quién se llevó al bebé apropiado”.

“Los que saben dónde están los cuerpos están sentados acá atrás, lo están mirando por tele. Son los defendidos de la defensa oficial los que saben dónde están esos chicos. Esas personas nunca dijeron nada, nunca colaboraron, nunca se arrepintieron. Como explicamos en los alegatos, son los responsables por la apropiación de estas dos personas y por eso deben responder”, concluyó Nebbia.

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Fotos: archivo FM De la Calle.

(Por Daniel Feierstein/ Fotos M.A.F.I.A.) Si algo dejó la lucha contra la dictadura genocida en la Argentina fue la construcción de un “límite”: la participación en el genocidio o su legitimación quedaban por fuera de la discusión aceptable.

No fue así en Chile, donde algo menos de medio país siguió defendiendo a Pinochet cuanto menos hasta su detención en el Reino Unido. No fue así en Uruguay, en donde algo más de la mitad de la población votó a favor de impedir el proceso de memoria, verdad y justicia. No fue así en Brasil, donde nunca se juzgó a los responsables y donde se pudo utilizar la legitimación de los represores en el propio proceso vergonzoso del golpe institucional a Dilma Rousseff.

En Argentina ese límite estuvo claro desde 1983: el que reivindica a los genocidas pierde. Alfonsín perdió la pulseada por la posibilidad de enjuiciarlos a partir de las asonadas militares de 1986 y 1987, pero jamás los legitimó y justificó la impunidad sin dejar de condenar sus acciones. Menem decretó los indultos e insistió numerosas veces en los beneficios de una reconciliación, pero cuidándose muy bien de ubicarse en el rol de víctima (“yo, que estuve preso, los puedo perdonar”, fue la frase de justificación). De la Rúa (que tenía algún lazo familiar con los represores) tampoco se animó a una legitimación explícita y sólo Eduardo Alberto Duhalde la ensayó (ya no como presidente sino en la oposición a los Kirchner) y terminó con el 2% de los votos en la elección en la que explicitó su pensamiento.

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Es cierto que Bussi, Rico y Patti ganaron elecciones, pero fueron fenómenos locales y, salvo el caso de Bussi que da cuenta de la especificidad de Tucumán, no lo hicieron legitimando explícitamente su rol en el genocidio. Ese límite fue de lo mejor que ha construido la sociedad argentina en medio siglo. Y es importante entender que no es un límite natural y que no todas las sociedades posgenocidas lo han logrado, ni siquiera fue un límite homogéneo en todo el país.

Destaco este punto porque es este límite el que nos quieren correr en este último tiempo, con una ofensiva mediática de la que no tengo recuerdo desde los tiempos de la campaña sucia dictatorial. Nunca los medios de comunicación estuvieron dispuestos a desparramar las versiones de los servicios de inteligencia con tanta potencia como hoy.

Sobre todo las versiones sobre una desaparición forzada: “que está escondido en Chile, que lo mató un puestero, que la familia entregó ropa de tres personas distintas para despistar a los perros, que los gremios usan políticamente el caso, que por qué no reclaman por Julio López (los que jamás reclamaron por Julio López), que dónde están los asesinos de Nisman”, etc etc.

Hay variadas responsabilidades para comprender cómo llegamos aquí. Y debemos revisarlas porque es condición indispensable para evitar una derrota que sería muy costosa para toda la sociedad argentina. Pero esas responsabilidades se resumen en la fábula de Pedro y el Lobo.

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Ya lo hemos sufrido con el desarme del límite ante el antisemitismo: la denuncia de cualquier postura como antisemitismo (las críticas al Estado de Israel, las posturas cuestionadoras del sionismo, entre otras) llevaron a la incapacidad de identificar al verdadero antisemitismo. Si todo es antisemitismo nada lo es. Y al tratar de antisemitas a todos los críticos del establishment israelí se logró como resultado que reaparecieran los verdaderos antisemitas relegitimados, los que sí utilizan cualquier cosa (también las críticas al Estado de Israel) para desparramar su odio antijudío. Utilizar el límite para forzarlo generó su quiebre.

Del mismo modo, se abusó durante la última década del límite frente a los genocidas. Desde sectores del gobierno k se acusó a todo crítico opositor de ser “la dictadura”, se utilizó el valioso límite construido frente a los genocidas como herramienta partidaria con la que salir a golpear, por ejemplo, a periodistas que (pese a defender posiciones cuestionables desde distintos puntos de vista) jamás tuvieron ninguna cercanía con los genocidas ni con la impunidad (se me ocurren Ernesto Tenenbaum y María O´Donnell, por poner algunos nombres, pero seguramente haya muchos más). Hasta Patricia Walsh o Luis Zamora podían ser “el enemigo” en estas visiones paranoicas.

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Simultáneamente se quiso construir un nuevo límite desde la oposición al kirchnerismo: el propio kirchnerismo como límite, la corrupción como equivalente del genocidio en la escala moral. Para muchos sectores de la izquierda o de un periodismo opositor más bien liberal, estar al lado de un kirchnerista pasó a ser algo equivalente a estar al lado de un genocida. “Kirchnerista” pasó a transformarse en insulto y lo es hoy en muchas redes sociales. Amistades, familias, grupos políticos, organismos de DDHH se han quebrado por la famosa “grieta”.

Frente al límite aceptado socialmente en la ilegitimidad de los genocidas, cada uno comenzó a construir su propio límite: Clarín, los troscos, el peronismo, los k. Hasta irónicamente vale la pena mencionar que, para Carrió, el límite hace unos años era Macri. Límites que son subjetivos, múltiples y cambiantes. O sea, límites que dejan de ser límites.

Cuando cada uno pone el límite que se la canta, entonces no hay más límites. Ese fue el momento donde los genocidas salieron de sus cuevas para hacer oír sus voces. Ellos también tienen sus límites. Los que no podían hablar hoy pueblan los medios de comunicación masiva y acusan de subversión, terrorismo, uso político del caso de Santiago Maldonado, traen a las “víctimas del terrorismo de los ´70” y deben ser escuchados porque “todos tenemos derecho a hacer oír nuestra voz”. Cuando todos son antisemitas ninguno lo es. Cuanto todos están más allá del límite, ninguno lo está. Sólo así puede explicarse que, más de treinta años después, tengamos que escuchar los cuentos de los servicios de inteligencia sobre una desaparición forzada en el prime time televisivo y sean repetidos por miles de personas, ingenuamente o no, sin recibir el repudio público que recibieron durante treinta años.

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Necesitamos reconstruir el límite que fuimos capaces de establecer como respuesta ante el genocidio. El que debe dar respuestas ante una desaparición forzada es el Estado nacional. Ni los desaparecidos estaban en Europa ni se mataban entre ellos ni Santiago Maldonado está en Chile ni se esconde con los “indios subversivos”. Y nadie “adoctrina a nuestros niños” sino que todos, absolutamente todos, tenemos no sólo el derecho sino la obligación de preguntarle una y otra vez al gobierno nacional allí donde podamos: ¿Dónde está Santiago Maldonado? Como le preguntamos en su momento dónde estaba Jorge Julio López. Todos los que seguimos marchando los 18 de septiembre y todos los que no vienen pero deberían venir, por mucho que ahora se hayan acordado, bastante tardíamente por cierto.

Hoy, viernes 1 de septiembre, tenemos otra posibilidad para dejar en claro cuál es nuestro límite. No importa lo que pensás del kirchnerismo. No importa lo que pensás de la izquierda. No importa lo que pensás de TN ni de 678. Hoy tenemos que estar todos juntos para gritarle a Patricia Bullrich, al gobierno nacional, a los servicios de inteligencia que difunden difamaciones a diario y a sus esbirros periodísticos a sueldo… aparición con vida YA de Santiago Maldonado.

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Desde este jueves se desarrolla en la sede de Textiles Pigüé el Encuentro Internacional “La Economía de las y los Trabajadores”, un evento que reúne a integrantes de empresas recuperadas y autogestionadas, cooperativas y organizaciones sociales y populares, así como también sindicatos y académico@s.

El primer Encuentro fue organizado en el año 2007 por Facultad Abierta, un programa de extensión universitaria de la Universidad de Buenos Aires y actualmente el comité organizador está integrado por un número cada vez mayor de organizaciones y movimientos alrededor del mundo.

Andrés Ruggeri, integrante de Facultad Abierta, adelantó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que el contexto nacional e internacional para el sector es difícil. “La política económica y en general del gobierno de Mauricio Macri está atacando las experiencias de autogestión, está generando una situación social y económica bastante complicada y desde el punto de vista de los participantes argentinos seguramente se va a discutir este tema.

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En el plano internacional “aparecen desafíos similares en países como Brasil o situaciones muy complicadas como las de Colombia, Venezuela, México y ni hablar de los países centrales donde con Trump y con determinadas políticas mundiales”.

Ruggeri destacó que los gobiernos de Cambiemos están apelando al “veto sistemático” como política ante las leyes de expropiación que fueron aprobadas en los últimos meses en los parlamentos de la provincia, la ciudad de Buenos Aires y la Nación.

“Lo hizo el presidente con el Hotel Bauen, el jefe de gobierno de la Ciudad con varios casos de empresas recuperadas y no solamente el veto -destacó- también uno puede observar que cuando hay conflictos laborales, lo primero que aparece es la represión como respuesta. A partir de los vetos se han producido desalojos, el caso más claro es el de Acoplados del Oeste, la fábrica Petinari en Merlo, que estaba siendo autogestionada, había sido expropiada por unanimidad por la Legislatura, vetó la gobernadora la ley y al poco tiempo fueron desalojados por un operativo de 600 policías”.

En cuanto a los desafíos de las empresas recuperadas, cooperativas o autogestivas el sociólogo apuntó que “hay un camino hecho, ya forjado, creo que lo más complicado es, por un lado, a veces las condiciones de inicio, de falta de capital, maquinarias o instalaciones que están abandonadas, más el problema jurídico que generalmente se origina por un abandono patronal, una quiebra fraudulenta, etcétera”.

“Pero desde un punto de vista un poco más amplio es cómo se encara la gestión colectiva, cómo se reemplazan funciones que antes ejercía personal jerárquico o directamente los patrones en manos de un colectivo de obreros, creo que la experiencia de las fábricas y de empresas recuperadas en nuestro país y en otros lugares ha sido bastante exitosa en eso a pesar de todas las dificultades”, agregó.

Finalmente subrayó el trabajo de la anfitriona de la segunda parte del encuentro: “Textiles Pigüé es un caso muy paradigmático de empresa recuperada exitosa desde el punto de vista que es una textil grande que era parte de Gatic, que era la que tenía hasta el 2000-2001 la licencia de Adidas. Eran muchas plantas en el país, algunas cuando quiebra la empresa en 2003 se recuperan y una es Textiles Pigüé que realmente ha logrado construir una empresa cooperativa muy eficiente y participativa en cuanto a lo político y social, con mucha importancia en el lugar donde están”.

Más información en 

https://laeconomiadelostrabajadores.wordpress.com/

Fotos: Encuentro Trabajadores y La Vaca

(Por Julieta Revelli) Katherine Gabriela Moscoso tenía 18 años el 23 de mayo de 2015, día en que apareció su cuerpo sin vida semienterrado en un médano en Monte Hermoso. Tras estar seis días desaparecida luego de ir a un boliche, la familia recibió la peor noticia. A más de dos años, aun no hay personas detenidas por el crimen.

Ezequiel Moscoso, tío de la joven y querellante de la causa que investiga su muerte, aseguró que hay evidencias contundentes para detener a quienes fueron responsables. El fiscal a cargo es Mauricio Del Cero, y según la familia no ha trabajado en el caso.

Si bien en diciembre del año pasado pidieron la remoción de su cargo, fue rechazada. Lo cierto es que han declarado más de treinta personas gracias al trabajo en conjunto de la familia de Katherine y Leandro Aparicio, su abogado.

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Investigación

Ante un caso de estas características, la primera duda que surge es por qué ni la policía de Monte Hermoso ni la Unidad Fiscal de Investigación N°5 de Homicidios, a cargo de Mauricio Del Cero y en la que se encuentra el crimen, avanzaron en la investigación.

El único trabajo fue realizado por cuatro investigadores los tres primeros meses. Pese a haber logrado avances, abandonaron la investigación por falta de recursos: la nafta para viajar a la localidad balnearia salía de su bolsillo, al igual que cualquier gasto que necesitaran. El alquiler del departamento para tomar declaraciones, sin embargo, corrió por cuenta de la familia Moscoso.

Después de esos tres meses y hasta el momento, ningún representante de la fiscalía a cargo del caso se acercó a Monte Hermoso a investigar. Mauricio Del Cero, sólo fue dos veces.

Según explicó a Ezequiel, el fiscal tiene “muchas fiscalías a cargo que lo mantienen ocupado”, por lo que no ha podido ocuparse de la causa.

“Todo va al mismo lugar, siempre se nombran a las mismas personas. Entonces si a esas personas no las citas a declarar es muy difícil avanzar”, indicó el tío de Katherine respecto a los autores del crimen.

Irregularidades

El caso cuenta con innumerables interrogantes: el incendio de una camioneta en la que se había encontrado ADN de la joven, el lavado del cuerpo que evitó obtener pruebas, la falta de imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en el centro de la localidad balnearia y la aparición de Katherine en un lugar donde ya se había rastreado, entre otros.

Quizás la más reconocida de ellas sea el linchamiento de Juan Carlos “Canini” González, que ningún policía pudo evitar.

Hasta el sábado 23 de mayo, día en que apareció el cuerpo de la adolescente, González era apuntado como el único sospechoso. Esa misma noche, fue agredido por nueve individuos. Su hermano denunció en reiteradas oportunidades la desprotección de policías que debían ir a custodiarlo y la familia Moscoso afirma que efectivos arengaron la violencia contra “Canini” y permitieron que el crimen ocurra.

Por estas razones, desde el primer momento la familia habló de una complicidad política y policial en Monte Hermoso, que evitó que hasta el día de hoy haya novedades.

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“En Monte nos conocemos todxs, somos ocho mil personas. No se sabe nada porque no se investiga, porque no se trabaja, investigaron tres meses y no hubo más nadie. A nosotrxs Triches, que era el secretario de Seguridad de Monte nos dijo que él no podía hacer nada, que era un ciudadano más del pueblo. Es más, nos quisieron poner psicólogxs para ver si nosotrxs habíamos matado a la nena. Fue una tomada de pelo”, manifestó Ezequiel.

Incluso, la familia sabe qué personas están ligadas al caso.

Hay gente muy poderosa atrás de todo esto sino el caso ya estaría resuelto. La línea investigativa más fuerte vincula al hermano del intendente Marcos Fernández, y si lo ves por ese lado te cierra todo. Tiene más lógica que hayan lavado el cuerpo. La policía de Monte Hermoso es comunal, la maneja el intendente. Tuvieron tiempo para todo. Si querían trasladar el cuerpo decidían que a esa camioneta no la paren y listo. Se llevan el cuerpo, después lo traen, lo plantan ahí, hacen y deshacen como quieren porque tiene todo el poder, manejan todo”, destacó.

Respecto al accionar de lxs funcionarixs de Monte Hermoso ante el caso, Ezequiel afirma que lo minimizaron desde un primer momento, e incluso nunca mostraron interés.

“Cuando apareció el cuerpo no se acercó nadie, ni siquiera para disimular. De ellxs nadie le fue a dar el pésame a mi mamá. Lo único que fueron a hacer, durante la búsqueda, fue llevarle ocho colchones, que mi vieja nunca pidió nada. Y estuvo el intendente dos minutos hablando con ella, y le dijo que estaban a disposición y no sé qué más. Durante los siete días que estuvimos buscando a la nena estuve en la comisaría, anduvimos de acá para allá. Nunca vi al intendente, nunca vi al senador Alejandro Dicchiara, nunca vi a nadie. A los seis meses tuvimos la reunión con el intendente, que dijo que había que dejar que la justicia actúe y recalcó que ponía las manos en el fuego por su familia”, contó.

Cada quince días, la familia Moscoso lleva adelante marchas en la que sólo participan familiares y allegadxs, porque, según afirman, la comunidad de Monte Hermoso les da la espalda. En total llevan 106 y en una de ellas, la número 91, Ezequiel realizó una denuncia a Martín Fernández, hermano del actual intendente que denuncia como uno de los implicadxs.

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“Cuando veníamos subiendo la loma del casino en el recorrido que hacemos de la marcha, venía el hermano del intendente con el camión y nos amagó a tirarnos el camión encima y se nos reía en la cara. Yo lo denuncié y a los dos días me llegó que la causa quedaba en el archivo por falta de méritos. El hermano es el que estaba encargado del boliche Arenas, donde fue Katherine antes de desaparecer”, subrayó.

En cuanto a la “hipótesis” en la que cree la familia Moscoso, la muerte de Katherine se produjo en la madrugada del domingo 17 de mayo de 2015, día en que desapareció.

“Fue todo bien armado. Para mí a la nena la matan el mismo día que desaparece. Y han armado incluso testimonios falsos. Hay una mujer, Blanca Danuncio, que dice que la vio a Katherine el lunes, el martes, y que la pudo haber invitado a tomar mate y la salvaba”, afirmó.

“Katherine debe haber visto algo que ellos no esperaban que viera. O ha participado de alguna fiesta en la que no quiso, la han llevado a tener relaciones y ella no ha querido y al negarse la han matado. Era muy espontánea, si ella vio algo ha dicho que lo iba a denunciar y pasó lo que pasó. Yo en un momento pensé que no la han querido matar a propósito pero le han pegado, la nena se desmayó, la han creído muerta y cuando la enterraron muere de asfixia. O puede ser que la hayan enterrado apropósito”, finalizó Ezequiel Moscoso.

La dirigente porteña de la CCC y el PCR Julia Rosales fue baleada anteayer al llegar a su casa. “Tiraron a matar, no es que fue una amenaza, fue muy grave, tiene dos balas alojadas en el codo y en el antebrazo por cubrirse la cara. Y descartado un robo o lo que sea porque tiró cinco tiros y siguió de largo”, dijo a FM De la Calle su hijo César García.

El ex precandidato a concejal por el Frente Socialista y Popular bahiense denunció que el ataque “es para acallar las voces, es una ola represiva de parte del gobierno de Macri, que quiere hacer pasar el ajuste a como de lugar”.

“Mi madre es Julia Rosales, la coordinadora de la Corriente Clasista y Combativa de una de las zonas de Capital Federal. Ayer a las cuatro de la tarde más o menos está llegando a su casa, cuando va a estacionar el auto ve por el espejo retrovisor que viene un flaco en una moto con el casco puesto a plena luz del día y, cuando va a abrir la puerta, ve que desenfunda un arma y se la apoya en el vidrio”, relató.

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Agregó que su madre “se tira para el costado y tipo reflejo se pone la mano en la cara y el tipo este le tira cinco tiros que le impactan dos en el brazo, en el codo que estaba cubriendo la cara, otro le pasa por el pecho. Termina de hacer eso y sigue de largo, o sea, descartado un robo, tira los cinco tiros y sigue de largo”.

García detalló que cuatro horas después, cuando su madre ya estaba internada en el Hospital Italiano donde se encuentra fuera de peligro, “le saltan arriba del auto de mi viejo que también es dirigente del PCR y del PTP de acá de Buenos Aires y le dejan rallado todo el auto”.

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El atentado “se da en un marco de que un conjunto de organizaciones sociales como la CTEP, Barrios de Pie y la CCC pusieron sobre el eje la política en relación a lo del hambre, en un contexto donde el día 22 el movimiento obrero se puso de pie contra la flexibilización laboral en relación a no avasallar los derechos del movimiento obrero y principalmente lo que está pasando en el sur con el tema de Santiago Maldonado”, concluyó.

A horas de cumplirse el primer mes desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida durante la represión de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, desde la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego aseguraron que “Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha y constituirse en el acuerdo prioritario” para que en la ciudad se realice una manifestación unitaria.

Para este viernes, la central llamó a un acto a las 18 mientras que media hora más tarde comenzará en el Teatro Municipal la concentración convocada por H.I.J.O.S., APDH, Red por la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo.

“Si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quienes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha”, afirmaron desde CTA.

Además, propusieron cerrar la movilización “al grito de: APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO, CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS y EL ESTADO ES RESPONSABLE”.

El comunicado completo:

A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, hacemos responsable al Gobierno Nacional en la persona del Presidente Macri, a la Ministra de Seguridad, al Jefe de Gabinete y a la Gendarmería, al gobernador Mario Das Neves (con enfrentamientos desde larga data con la comunidad mapuche) a la justicia y a la oligarquía terrateniente, entre otrxs.

Son los representantes del Estado Argentino quiénes la convalidan, negando y manipulando lo evidente, cuando hay muchísimas pruebas de que fue secuestrado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto en una violenta represión a la comunidad mapuche de Cushamen. No casualmente, se produjo dentro de las tierras patagónicas saqueadas junto a los bienes comunes por parte de empresas extranjeras, en este caso bajo el dominio de Benetton. Conflicto de larga data, al igual que los reclamos y la lucha del pueblo mapuche por recuperarlas.

Desde la CTA Bahía Blanca estamos convencidos/as que la construcción de un acto único es indispensable. La única diferencia en este marco debiera ser entre quienes queremos la aparición con vida de Santiago y quienes por acción u omisión no.

En esta oportunidad Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha, y constituirse en el acuerdo prioritario.

Por lo tanto, si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quiénes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha, y sería loable culminar con una gran movilización al grito de:

APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO
CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS
EL ESTADO ES RESPONSABLE

CTA BAHIA BLANCA-DORREGO
http://www.santiagomaldonado.com/comunicado-oficial-la-familia-2482017/

Ayer, 29 de agosto de 2017, en la sede de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, se reunieron la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, y el Dr. Mario Coriolano con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán Garavano.

En dicha reunión se le entregó la petición que figura al pie, que fue analizada pormenorizadamente por los presentes.

El señor Ministro se comprometió a evaluarla y dar respuesta en el término de 24/48 horas.

La Plata, 29 de agosto de 2017

Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán GARAVANO
S/D

La familia de Santiago Maldonado junto a nuestra abogada Verónica Heredia, peticionamos:

1.- El reconocimiento público del Gobierno de la Desaparición Forzada de Santiago Maldonado a partir del 1 de agosto de 2017 en el Departamento de Cushamen de la Provincia del Chubut;

2.- Garantice la efectiva participación de las víctimas en el proceso penal Expte. 8232/2017 “MALDONADO Santiago 5/ Desaparición forzada de personas -art. 142 ter CP” en trámite en la Fiscalía Federal de Esquel, Provincia del Chubut. A tal fin se solicita:

a) se adopten de manera urgente las medidas pertinentes para concretar la participación de investigadores de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y colaboradores que ellos convoquen;

b) se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago;

3.- Garantice una investigación independiente, pronta y exhaustiva que inicie la búsqueda con vida de Santiago, la determinación de las circunstancias de su desaparición, la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales, y establecer las diversas responsabilidades. A tal fin se solicite la cooperación y asistencia técnica a la Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos con sede en Chile, para la conformación de un grupo de expertos independientes que supervisen y, en su caso, colaboren con la investigación.

Saludamos al señor Ministro atentamente.

VERÓNICA HEREDIA
ABOGADA

Magalí Gómez, integrante de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, afirmó que a partir de la vulneración de derechos de las audiencias buscan transformar la matriz comunicacional. “Es un camino lento pero más interesante porque si a un medio grande vos le pones una multa, la paga y ya está, no cambiaron nada”.

La licenciada en Comunicación llegó a Bahía Blanca invitada por el Centro de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar El Nido para participar de talleres con estudiantes de secundaria y de periodismo.

En dialogó con El Mejor Equipo de FM De la Calle comentó que, desde el vencimiento del mandato de Cynthia Ottaviano, el organismo se encuentra acéfalo y a la espera de la selección de su reemplazante por parte de la Comisión Bicameral del Congreso.

“María José Güembe es la Directora de Protección y hoy quedó a cargo básicamente de la Defensoría. Estamos en una situación en la que podemos seguir trabajando, seguir defendiendo los derechos de las audiencias pero con algunas limitaciones que vamos sorteando día a día”, afirmó.

Gómez aseguró que siguen “trabajando en la recepción de denuncias y de reclamos por parte de las audiencias cuando les parece que haya habido alguna vulneración de derechos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual plantea que la comunicación es un derecho humano, en ese contexto implica que lxs ciudadanxs tenemos derechos comunicacionales, por eso somos audiencias”.

Ante las denuncias, la Defensoría se acerca a los medios involucrados para informarles acerca de las quejas o la vulneración de derechos y si bien no tiene la posibilidad de sancionarlos como la tiene el ENACOM (ex AFSCA), cuenta con la capacidad de buscar mediante el diálogo algunas transformaciones.

“Lo que buscamos es eso. Por un lado, ir transformando la matriz comunicacional, que es un camino lento pero más interesante porque si a un medio grande vos le pones una multa, la paga y ya está, no cambiaron nada. De esta manera vamos buscando una reparación. ¿Qué significa? Un pedido de disculpas, un informe que revierta el mensaje que se había dado anteriormente, un spot. Hay muchas posibilidades. Y, por el otro lado, lo que hacemos es todo este proceso de capacitación con audiencias, estudiantes y periodistas”.

Respecto al modo en el cual los medios retratan a las mujeres y a las denuncias que reciben por esas prácticas, Gómez destacó que “lo interesante de este momento histórico es que las audiencias están bastante sensibilizadas en relación al tema de géneros. Lo más interesante es que hay una demanda fuerte en relación al tema de la sexualización de las mujeres, la cosificación, la revictimización y también de las personas LGBT. De todo el abanico de temas que recibimos en torno a la discriminación el 60% son de estos temas”.

“Se está desarrollando una sensibilización mayor. El movimiento de mujeres ha tomado un protagonismo hoy en las calles, se ve con el Ni Una Menos que a nivel internacional ha tomado un impacto increíble. Me parece que hay mayor sensibilización y estamos más despiertxs mirando estas cuestiones en los medios de comunicación. Se ha logrado, por ejemplo, que se hable de femicidio, que la mayoría de los medios incluyan el 144 cuando hablan de violencia de género. Entonces me parece que estamos avanzando, por eso también las audiencias están más atentas”, agregó.

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina (AMARC-Arg), en el marco del 97º aniversario del comienzo de la radiofonía en nuestro país, nos movilizamos y exigimos que se garanticen nuestros derechos.

Este viernes presentamos ante el Ente Nacional de Comunicaciones un escrito pidiendo la apertura de concurso para acceder a licencias sin fin de lucro para obtener la legalidad de nuestros medios.

Esta acción se replicará en Santa Rosa, La Pampa, Bahía Blanca y Buenos Aires ante las delegaciones de ENACOM.

Lo que exigimos está contemplado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Ni el organismo ni los funcionarios cumplen con lo dispuesto en la norma.

Exhortamos al Estado y a los funcionarios correspondientes a que tomen en cuenta nuestras necesidades y nos den respuestas efectivas y concretas a nuestras históricas demandas. Exigimos:

•Que se realice el Plan Técnico que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios “Sin Fines de Lucro”. Hasta tanto no se formalice el mismo, pedimos que esto no condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares.

•Que se explicite dentro de ese 33% de los medios “Sin fines de lucro” la distinción de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, tal como están definidos en el artículo 4 de la LSCA, y que se realice el llamamiento a concursos para nuestras licencias.

•Que se democratice la distribución de la Pauta Publicitaria Oficial.

•Que se concrete el pago de la totalidad de los FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) adeudados.

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A pocos meses de la conformación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), los dirigentes Adrián García y Martín Parada pasaron por El Mejor Equipo de FM De la Calle para hablar sobre la situación laboral, el gremio opositor y varios temas más.

El SITRAIC surge hace ocho años a nivel nacional, principalmente en el conurbano bonaerense (La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús). Hace tres años obtuvieron la inscripción gremial nacional, que conlleva la posibilidad de tener delegaciones en todas las provincias. El 2 de marzo crearon la sede bahiense.

Desde entonces están en campaña para “normalizar la situación” en Bahía, ya que observan mucho trabajo en negro y precarización laboral (como ocurre en diversos rubros). En el caso de García y Parada, se afiliaron al nuevo sindicato “porque teníamos un gremio [UOCRA] que nos había desamparado totalmente, donde la corrupción es muy evidente y no podías hacer uso de la libre expresión”.

¿Cómo llevan adelante el reconocimiento por parte del Estado y la representación gremial?

 El dirigente afirmó que es un problema porque “a medida que avanzamos como sociedad se generan estos planteos. La Constitución dice que sólo un gremio por cada rubro puede tener la personería jurídica (que los habilitaría a participar de las paritarias, por ejemplo), que no quiere decir que sea el gremio de preferencia”.

Sin embargo, cuando se consiguió la inscripción gremial “fue un paso muy importante”. El próximo, asegura García, es “demostrar que el sindicato que tenemos enfrente no es el que lleva ‘la batuta’. Ellos lo enmarcan solamente en tratar de llevar el poder que han conseguido con los años, directamente con violencia, discriminación. No conocen otra forma, no conocen lo que es la democracia, hacer respetar al compañero, lo que realmente el compañero quiere. Prácticamente se han perdido todos los derechos en nuestro rubro”.

También comentaron que en los primeros meses de trabajo sufrieron hechos de violencia y discriminación por parte de la UOCRA. Por ejemplo cuando denunciaron las precarias condiciones en que trabajaban en una obra de Los Chañares. Una inspectora se acercó al lugar para clausurarlo y minutos después de retirarse, el delegado regional del Ministerio de Trabajo levantó la clausura. García habló con él y “nos dijo ‘me apretaron, tuve que levantarla’. Y pienso ¿cómo puede ser que un grupo de matones pase por encima del Estado?”.

Los compañeros de trabajo tuvieron que volver a la obra porque “no se podían resistir. El apriete era ‘laburen o los despiden’”. El gremialista asegura que el Municipio no tomó cartas en el asunto, y hasta lo consideró una ‘interna gremial’.

El 7 de marzo los integrantes de SITRAIC presentaron un petitorio ante el intendente y el Secretario de Obras Públicas “porque queríamos hacer un planteo respecto a nuestra bolsa de trabajo y cómo íbamos a trabajar en Bahía. Hasta el día de la fecha no nos atendieron”.

También denunciaron que quienes se acercan al gremio son despedidos o no consiguen trabajo. Y esto no es de ahora sino que “funciona así hace años. La conducción UOCRA lleva 14 años en el mando. Cada vez que se han presentado compañeros a una lista opositora automáticamente después no consiguen trabajo en ningún lado”.

El caso más reciente fueron los despidos en Indupa a principios de agosto, razón por la que tuvieron que cortar el ingreso al Polo para obtener alguna respuesta de sus empleadores, APB (Alta Presión Bahiense), una empresa tercerizada: “Niegan todo. Niegan el apriete de UOCRA. Han sido citados al Ministerio, el viernes pasado y no hay arreglo. Salieron diciendo que nunca fueron apretados”.

La semana pasada hicieron uso de la Banca 25 en el Concejo Deliberante, y presentaron un petitorio que reclama “que se respete la igualdad de condiciones, que se abra la bolsa de trabajo para afiliados de SITRAIC, que es lo que corresponde”. Piden que se sancione como ordenanza, para revalidar lo que ya dice la Constitución. “Esto lo queremos trasladar también a nivel privado. Sobre todo con las obras de envergadura que se vienen en Bahía Blanca”, afirmó García.

Los afiliados a SITRAIC tuvieron que llegar a estas instancias ya que, según Martín Parada, “el empresario tiene miedo a denunciar. Y también es cómplice. Hay empresarios en Bahía Blanca y la región que son cómplices de estos distintos aprietes [por parte del sindicato opositor]. Se lavan las manos con el obrero”.

Si el Municipio no acompaña, “no te abre las puertas y dice ‘acá hay dos gremios’… Estamos hablando de 600 afiliados en una bolsa de trabajo, de los cuales, 100 han sido despedidos en el último mes y medio”. Esa es una de las razones primordiales por las que han realizado marchas. “No podemos seguir haciendo oídos sordos, y el Estado tampoco”, aseveró Parada.

Mientras que en Carmen de Patagones lograron un convenio para que ambos gremios trabajen en Vialidad, acá no sucede lo mismo. García asegura que “cuando pasan estas cosas y se consigue la pluralidad sindical, el gremio opositor pierde fuerza. Ese es el miedo realmente”. Y considera que “en poco tiempo, como hemos avanzado, vamos a poder pedir de participar en las paritarias”.

Pedro Peralta, presidente de la ONG Seac (Seguridad Social Ecológica y Asistencia Social), denuncia la venta irregular de terrenos y la connivencia del gobierno de Héctor Gay a través del ocultamiento administrativo y la facilitación de tierras mediante la delegación municipal que ejerce el radical Alberto Sangre.

En 2015 la entidad presentó proyectos de vivienda social. “Hicimos todo como marca la ley y nos encontramos con la venta irregular de tierras”, dijo el titutal de la asociación civil en el programa El mejor equipo  de FM De la Calle.

Seac intentó hacer el seguimiento del expediente que documenta el proyecto en cuestión, mediante la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, donde está a cargo el arquitecto Luis Pites, persona que designa el intendente. El funcionario les “negaba información”.

Luego de exigir reiteradas veces esa documentación “hace unos días atrás pudimos acceder a la copia del expediente y nos encontramos con serias irregularidades. No solamente el desvío de notas y pedidos de audiencia al intendente sino también la pérdida, un año atrás, de la denuncia concreta de que se venden (terrenos) bajo forma irregular”.

“Siempre planteamos que esto roza la estafa porque para concretar la denuncia buscamos a través de estos dos años de poder acceder a una tierra con sus papeles hasta que la encontramos. Hace unos días atrás compramos una hectárea, pagamos $65 mil y nos encontramos con que, más allá de tener escritura, está un sector usurpado”.

Al mismo tiempo, “en una hoja A4 con un planito dibujado en lapicera y firmado con una gestora, un abogado de la zona y autorizado por la delegación municipal, la gente paga entre $150 y $200 mil. Sienten que son dueños de eso porque han gastado los ahorros de su vida. (La transacción) no les brinda absolutamente nada porque la gente no accede a un lote con servicios”.

Las connivencias

Luego de los reclamos de la ONG, “empiezan a aparecer muy suavemente las notas que se habían perdido en 2016. Planteamos que el Concejo Deliberante y el intendente nos tienen que recibir y escucharnos”.

El delegado Alberto Sangre ya había desempeñado esa función entre 1991 y 2003. “Supuestamente volvía un delegado que íbamos a elegir entre todos. ¿A qué se dedica Sangre? A lo mismo. No podés dejar una rama porque Sangre tiene una sociedad con volquetes y tenés que llamar a ese servicio si no te multan”. En Cerri “el trabajo no existe”.

Peralta destacó que Sangre “se dedicó a denostar nuestro proyecto. A decir que él iba a manejar las tierras. Lo invitamos. Fuimos a verlo. Nunca respondió”.

También pidió que Sangre “se disculpe con el grupo de mujeres de la ONG que fue visitarlo, a verlo y a expresarle de qué se trataba todo esto para invitarlo a trabajar en conjunto y las denostó, las ninguneó y encima las prepoteó. Ese tipo de gente tiene que dejar la política. No está para la política: que se dedique a sus negociados”.

Sangre: el más demócrata de la nueva política

Alberto Sangre realizó una declaración testimonial en 2013 en defensa del coronel (R) Alejandro Osvaldo Marjanov, luego condenado a prisión perpetua por genocida, en el marco del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad.

En aquella oportunidad, el delegado de Gay sostuvo que “Marjanov no tenía todas las vocaciones de militar, era un excelente profesional ingeniero electrónico. Nunca lo vi salir vestido de verde a la calle. Terminaba las actividades, se vestía de civil y ni llevaba el arma personal de los oficiales. Yo terminaba acomodando su habitación. No usaba custodia. Su familia contaba con cuatro hijos y cuando me estaba por ir nació el quinto. Era una persona de familia, ¿no? Con muy, muy, muy, con mucha raíz familiar”.

En esta nota se puede leer como el hábil declarante se consideraba asimismo un “hijo de la democracia”.

Se realizarán las primeras actividades de “Polo/Puerto y conflicto social: desarrollo y derechos humanos en Bahía Blanca”. El viernes habrá una charla y el sábado radio abierta, música y un mural en homenaje a Juan Cruz Manfredini y Nicolás Biernat, víctimas de la precarización laboral.

Se trata del “primer encuentro de un proyecto que es un poco más amplio y se propone discutir las diferentes problemáticas y conflictos que en Bahía Blanca se producen al calor del desarrollo del polo y del puerto desde una perspectiva de derechos humanos y a través de un diálogo de saberes que es la propuesta de esta minga”, dijo la economista Mariana Fernández Massi.

Este viernes a las 18:30 en el octavo piso de San Juan y 12 de octubre, hará su aporte académico en un panel que completarán el abogado laboralista del CELS, Diego Morales -quien participó de la Comisión de Apoyo al Juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra- y el dirigente de la CTA y el Suteba bahienses, Enrique Gandolfo. “Tercerización, precarización y derechos laborales” será la consigna.

La investigadora explicó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que en el polo petroquímico se registraron dos grandes oleadas de tercerización. “Cuando comienza su instalación y funcionamiento en la década del ’80 ya nace en un esquema en el que había cobrado bastante relevancia entre las estrategias empresariales”.

“En particular en un montón de actividades que quizás hoy nos parece naturales que lo sean, sin embargo, previo a la década del setenta, no eran tercerizadas. Eran trabajadores que estaban encuadrados en los convenios colectivos de la actividad, como es el caso de vigilancia, gastronomía, limpieza general”.

Con la privatización, las multinacionales empeoraron las condiciones laborales. “En Solvay hubo un proceso bastante más fuerte de precarización que el que se dio en Dow PBB”. Sobre todo en las áreas de mantenimiento industrial donde los trabajadores se exponen al mayor riesgo.

“Quizás es la parte más relevante para pensar sobre todo la violación extrema de los derechos humanos al punto de violar el derecho a la vida”, propuso Fernández Massi.

Las diferentes modalidades de organización del polo petroquímico tuvieron su contra relato en las diversas formas de fragmentación de los colectivos de trabajo.

La economista destacó como un hito el paro petroquímico del 8 de julio de 2009 “porque es un reclamo que unió a un sector específico, que eran los trabajadores de limpieza, que tenían un salario muy, muy, por debajo del promedio del de cualquier otro trabajador del complejo”.

paro

“Eso fue en el marco de la primera paritaria que negocia la nueva conducción del sindicato que venía de un proceso desde 2008 -bastante escandaloso- de remoción de la conducción, elecciones y asunción de las autoridades que aún lo dirigen”, explicó.

La Nueva Provincia registró el discurso empresarial de la época, el cual argumentaba que no eran trabajadores propios de las grandes transnacionales.

“Por más que desarrollen sus tareas y aporten al proceso de producción de estas empresas principales, consideran que no son responsables de ningún modo de las condiciones de trabajo, ni por los salarios, ni por la estabilidad de esos puestos”. Si bien aquella paritaria no equiparó a los trabajadores, significó una clara mejoría para el sector tercerizado.

La mayoría del personal tercerizado suele estar encuadrado en los convenios de Uocra o Empleados de Comercio y, “en general, tienen menos derechos, menor escala salarial, que casi cualquiera de los convenios de sectores de ramas industriales”.

“Es interesante entender cuál es la lógica, por qué se disputan unos trabajadores y por qué otros no”, se preguntó Fernández Massi quien sostiene junto sus compañerxs de investigación que “los acuerdos intersindicales tienen un peso importante para entenderlo”.

Siempre me matan, me matan

mapa mural

Juan Cruz Manfredini murió tras cuatro días de agonía con el 95% de su cuerpo quemado. El 17 de octubre de 2010 la oficina de Camín Cargo Control donde trabajaba explotó. Allí se guardaban ilegalmente muestras de hidrocarburos, gases, naftas, fertilizantes y distintas sustancias inflamables.

Nicolás Biernat trabajaba en la planta de membranas asfálticas de EG3 Petrobras contratado por Narelco SA. El mediodía del 2 de septiembre de 2004 fue rodeado por las llamas en un espacio cerrado y cuya puerta no tenía picaporte. Dos semanas después falleció en el hospital Alemán de Buenos Aires.

Sus rostros serán pintados este sábado en un mural que coordinará el artista plástico Francisco Felkar en homenaje a las víctimas de la precarización laboral en Bahía Blanca. Desde las 15, en Alfonsina Storni y Manuel Alberti (Paseo de la Mujer – Parque de Mayo), FM De la Calle realizará una radio abierta con el testimonio de sus familiares y trabajadores y luego se presentarán Julián Esquivel y Nativos.

Convocan: Universidad Nacional del Sur, Departamento de Humanidades UNS, Subsecretaría de Derechos Humanos UNS, ADUNS y FM De la Calle.


La familia de Santiago Maldonado querellantes en la causa penal 8232/2017 del Juzgado Federal de Esquel, junto a nuestra abogada Verónica Heredia decimos:

  1. Santiago es víctima de desaparición forzada desde el 1 de agosto de 2017 en la Provincia del Chubut, Argentina;
  2. La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado –Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades;
  3. La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado;
  4. Es un delito continuado: todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago;
  5. Por eso la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;
  6. Tenemos el derecho a que no se presuma el fallecimiento de Santiago y exigimos que las autoridades respeten nuestro derecho;
  7. Hasta la fecha la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada. Por ser un delito de Estado la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis;
  8. Al despejar todas las dudas sobre la hipótesis mayor se llegará a cualquiera menor. Por el contrario el paso del tiempo garantiza la impunidad;
  9. La impunidad garantiza la repetición de los hechos, como los de Iván Eladio Torres Millacura, Sergio Avalos, Julio López, Luciano Arruga, Facundo Rivera, Daniel Solano, César Monsalvez, entre otros;
  10. La familia y la sociedad tenemos el derecho absoluto a conocer la verdad.

Por eso exigimos a las autoridades judiciales y políticas tomen todas las medidas a fin de garantizar:

  1. La inmediata aparición con vida de Santiago;
  2. Se inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;
  3. Se requiera la colaboración del Dr. Mario Coriolano a fin que se conforme un equipo de investigación a cargo del Dr. Alejandro Mejías Fonrouge;
  4. Se garantice a la familia la participación activa en la investigación y su control;
  5. Garantice seguridad física y psicológica a los familiares, amigos y a todas las personas que colaboran con la investigación en calidad de testigos.

 A los medios de información les solicitamos que asuman un rol responsable frente a este hecho que impacta en las bases del Estado de Derecho; requieran la información a las autoridades del Gobierno Federal y Provinciales; sean respetuosos con Santiago y nuestra familia evitando todo tipo de hostigamiento.

A los organismos de derechos humanos, sindicales, sociales y a todas las personas que nos han acompañado desde el inicio nuestro más profundo agradecimiento y les solicitamos que acompañen este documento.

Fuente: http://www.santiagomaldonado.com

Luego de los primeros seis meses del Relevamiento Nacional de Barrios Populares que llevan adelante distintas organizaciones sociales ya se entrega el Certificado de Vivienda Familiar, un documento creado por el Decreto Nacional 358/17 que permite solicitar el acceso a los servicios públicos como agua corriente, cloacas, energía eléctrica, red de gas natural.

Asimismo, sirve de título suficiente para la acreditación de domicilio legal o fiscal ante cualquier autoridad nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas. Con este certificado se puede solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) y prestaciones de salud, previsionales y educativas. Para el caso de habitantes extranjeros, el CVF sirve directamente como certificado de domicilio.

Según informaron CTEP, CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas ya fueron recorridos más de 4100 villas y asentamientos en todo el país. “Lograr el acceso de forma igualitaria a todos los servicios públicos es el desafío más importante. Hoy se estima que más de tres millones de personas viven en condiciones de absoluta precariedad, sin acceso a agua potable, electricidad o cloacas. Pero los servicios públicos también incluyen la recolección de residuos, transporte, acceso a salud y educación, derechos fundamentales para tener un techo digno, que hoy están negados para gran parte del pueblo”.

En diálogo con El Mejor Equipo de FM De la Calle Yanina Lencina, integrante de Techo, comentó que “desde diciembre estamos pasando casa por casa en los barrios populares, en toda la periferia de Bahía, relevando a las familias que hace muchísimo tiempo están en asentamientos y barrios populares”. Ya pasaron por 9 de Noviembre, Paloni, Ferrocarril Roca, Los Mexicanos y continúan su trabajo en Caracol I y Caracol II.

“Todas las personas que ya fueron relevadas pueden pasar a buscar el Certificado de Vivienda Familiar por ANSES”, agregó. Para las familias que aun no fueron censadas, las organizaciones locales explicaron que junto a vecinos y vecinas siguen recorriendo los barrios populares. “Las visitas se realizarán en distintos horarios y cualquier habitante de la casa, mayor de 16, puede contestar la encuesta”.

Más información puede encontrarse en la página de Facebook “Barrios Populares” o escribiendo a [email protected]

Foto: Interbarrial Sur.

(Por Astor Vitali) El lunes 31 de agosto habrá un programa de radio menos en el aire de Bahía Blanca y región: La máquina de LU3 conducido por el comunicador, actor y dirigente sindical Ángel Dantagnan y por el periodista y artista plástico Federico Hidalgo. El programa versa sobre actualidad, rescates de archivo, difusión de actividades artísticas, promoción de la defensa de los derechos humanos y hasta dio vida a algunos personajes de ficción.

Hace pocos días anunciaron que La máquina “va a estacionar” y aclararon que la razón es “inicialmente, económica”.

Salvo en las cuestiones de fondo, entre la línea editorial de esta radio y la de aquel programa no hay plena coincidencia. Sus integrantes han adherido, en líneas generales, a las políticas impulsadas por el anterior gobierno. Como se sabe, De la Calle ha sido crítica desde una postura anticapitalista aunque se ha manifestado y trabajado en favor de normas que hacen a los derechos de tercera generación, el derecho a la información, asignación universal y otros temas donde había puntos de coincidencia.

Digo esto porque, estando el vuelo político por el piso, muchas personas suponen que quien algo defiende o cuestiona lo hace desde una lógica de oficialismos y oposiciones, prisma que como vara política empobrece de antemano cualquier debate. Entonces hace falta aclarar que uno se conmueve por la muerte de un programa de radio de esas características aun cuando no comparta en plenitud su línea editorial. La grieta es el prisma de los holgazanes. Más difícil es pensar cosa por cosa, caso por caso.

La máquina representa a una audiencia preocupada por la construcción de derechos, por las cuestiones culturales, por la vida de la democracia, por la participación ciudadana. Pero además de representar, La máquina es un espacio de radio donde trabajan personas que se quedarán sin trabajo.

¿Se puede decir que La máquina hacía periodismo sin objetividad? Por supuesto. Del mismo modo que La Nueva (Provincia) y La Brújula representan hoy los intereses de una nueva burguesía, cuya patria es la especulación en todo tipo de negocios. Negocios que necesitan protección mediática y esto es lo que hace que sea negocio comprar medios deficitarios. Así como nosotros hacemos periodismo con la mayor rigurosidad posible, claramente ubicados en los intereses populares. Acá la cultura no es Profertil.

El problema es que el sector público no tiene ninguna imparcialidad ni objetividad a la hora de otorgar la pauta publicitaria. Por un lado, aplicando el criterio de la masividad (esto es, a mayor audiencia mayor pauta) pone en marcha un mecanismo antidemocrático ya que se supone que si un medio tiene mayor estatus comercial pues debería depender menos de la pauta oficial y esta debería oficiar de equiparadora, ya que la mano invisible del mercado no estaría regulando nada.

Pero este es un criterio formal: lo cierto es que la pauta se va distribuyendo hacia los sectores que comparten negocios y visión de negocios con el oficialismo o para apagar incendios en la lógica de chantaje periodístico –si no me das tanto te publico tal cosa.

Por esto, podemos decir que hoy el gobierno administra el Estado de manera ilegal, ya que no garantiza el derecho a la información a través de la justa distribución de la pauta publicitaria.

Luego está el sector privado. Éste se conforma por empresas pero también por organizaciones. De las primeras no hay mucho que decir: aportan a los medios que reproducen su discurso en la lógica empresarial.

Pero de las organizaciones sociales y sindicales sí hay para decir. ¿Cómo es que hay instituciones progresistas, incluso adherentes al gobierno anterior, que cacarean por izquierda pero los huevos los ponen mensualmente y hace décadas en la canasta sin fondo de Rex Publicidades? Por poner un ejemplo. ¿Cómo es que se lamentan de la pérdida de espacios de comunicación alternativos pero cuando un periodista o productor de ese palo se acerca a ofrecer su medio para difusión publicitaria sólo reciben palmadas en la espalda? No sean hipócritas. Hay mucho empresario progre al que le gusta bañarse de “popu” cantando la marcha pero no se olvida de las reglas de juego a la hora de abrir el facturero.

Por lo demás, en estos dos años de gobierno macrista son varios los puestos de trabajo, por un lado, y espacio de comunicación alternativa, por otro, que van quedando en el camino. Esto es menos acceso a la información y por tanto más formalidad de la democracia.

Lo concreto es que La máquina se rompió y algo de responsabilidad está en el Panorama que describimos. ¿Hacemos algo para repararla? ¿O nos alcanza con mirar las cosas por tv? Aunque la cuenten ellos.

La ministra Bullrich negó la responsabilidad del estado por la desaparición de Santiago Maldonado y acusó a las víctimas.

::: Errores, imprecisiones, omisiones y mentiras :::

Como organismo querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y en virtud del acompañamiento a la comunidad mapuche y el reclamo por sus derechos que desde hace años viene realizando, la Comisión por la Memoria (CPM) manifiesta su preocupación por los dichos de la ministra Patricia Bullrich ayer en el Senado de la Nación.
Aunque existe una cantidad de hechos e indicios que orientan la principal hipótesis de la investigación hacia la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería, el Gobierno Nacional niega el hecho y no reconoce este delito gravísimo. Por eso, y en relación con lo expresado por la funcionaria, es imprescindible aclarar algunos puntos fundamentales.

 

1.- LA JUSTICIA INVESTIGA UNA DESAPARICIÓN FORZADA

La ministra Bullrich dijo que no es posible hablar de desaparición forzada y que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, todavía no ha caratulado de ese modo la causa. Sin embargo, desde las primeras horas de la desaparición de Santiago Maldonado, la CPM que presentó el primer habeas corpus, plantea la figura de la desaparición forzada. Esa investigación se tramita bajo el expediente FCR 8233/2017 en la Secretaría criminal y correccional del juzgado.

Además desde la semana pasada la CPM es querellante en la causa que lleva adelante la fiscal Ávila, que es quien investiga la desaparición de Santiago. Esta investigación tiene como hipótesis principal la desaparición forzada por parte de la Gendarmería Nacional, y en función de eso se adoptaron múltiples medidas para investigar este delito. Rastrillajes en los escuadrones de la fuerza en Esquel, El Bolsón y San Martín de los Andes, peritaje de sus móviles y hallazgo de pruebas, que están siendo analizadas, en el lugar de los hechos.

Los tres testimonios de los testigos pertenecientes a la Lof Cushamen declararon ante los miembros del Ministerio Público Fiscal que estuvieron allí en el momento de la desaparición. Afirman que vieron como la Gendarmería lo detenía, lo golpeaba y lo trasladaba fuera del territorio en los móviles oficiales. Cabe destacar que ellos fueron quienes denunciaron el hecho desde las primeras horas posteriores al operativo represivo del 1 de agosto. Hoy se está investigando su desaparición porque ellos lo expusieron ante la opinión pública y luego ante los funcionarios judiciales.

Sin embargo, Bullrich promueve una perspectiva de múltiples posibilidades y pretende que los senadores y todo el pueblo argentino mantenga varias hipótesis abiertas sobre suposiciones que sólo ella construye para eludir algo que ya resulta evidente: fue la Gendarmería.

Cuando una fuerza de seguridad es sospechada de un crimen como este, no hay nada más grave que esto y el Estado debe asumir y reconocer esa sospecha y actuar en consecuencia porque es su propia responsabilidad. Lejos de esto la Ministra hace una defensa corporativa de la fuerza y a modo de justificación dice: “no voy a tirar ningún gendarme por la ventana”.

2 – ESTÁ PROBADO QUE SANTIAGO MALDONADO ESTUVO EN EL LUGAR

Han pasado dos semanas desde que desapareció Santiago Maldonado. Nadie (excepto el Gobierno Nacional) duda que estuvo en el lugar durante el violento operativo de Gendarmería el martes 1 de agosto. Como decíamos, los integrantes de la comunidad y su propia familia han constatado esto, reconociendo pertenencias de Santiago recolectadas en los rastrillajes del lugar (un cuello, un gorro y un collar). Los perros entrenados han reconocido su rastro en los lugares donde los testigos describen.
Sin embargo, la Ministra sigue poniendo en duda y refiriéndose con ambigüedad sobre la posibilidad de que Santiago haya estado efectivamente allí en el momento en que sucedieron los hechos.

3 – EL JEFE DE GABINETE PABLO NOCETTI DIRIGIÓ Y ESTUVO PRESENTE EN EL OPERATIVO REPRESIVO

La Ministra de seguridad intentó desvincular a Pablo Nocetti (segundo cargo político en importancia luego de ella) del violento operativo represivo realizado por Gendarmería el martes 1 de agosto. No pude negar que haya estado en el lugar porque los relatos de los testigos y las fotografías así lo demuestran, pero lo excusó diciendo que estaba allí de paso.

Un burdo intento por apartarlo de una acción represiva en la que él mismo se ha involucrado, reivindicando todo lo actuado y prometiendo extremar aún más el uso de la fuerza del Estado, con declaraciones públicas que tuvieron una masiva difusión días atrás. Allí el alto funcionario del Ministerio de Seguridad expuso con claridad que había seguido de cerca las circunstancias del operativo en el cual desapareció Santiago.

4 – EL OPERATIVO REPRESIVO DEL MARTES 1 DE AGOSTO NO FUE ORDENADO POR EL JUEZ OTRANTO

Una vez más, frente a las preguntas de los senadores, la Ministra insistió en ampararse en una supuesta orden del juez Otranto como justificación del operativo represivo realizado por Gendarmería el pasado martes 1 de agosto. Sin embargo, en respuesta a un requerimiento puntual de la CPM sobre el mismo punto, el juez contestó hace unos días: “al respecto le informo que no he dictado ninguna resolución que autorice el allanamiento del lugar […] Toda esta actuación fue ejecutada por iniciativa de la fuerza de seguridad de acuerdo a las facultades que le confiere el código procesal nacional.” La Gendarmeria ingresó al territorio de la comunidad de manera ilegal, sin orden judicial alguna. Además prendieron fuego pertenencias de estas familias muy pobres (materiales de construcción, colchones, vajilla, etc.), acto que no tiene justificación alguna y también constituye un delito. No existía ninguna flagrancia que justifique el accionar de la fuerza, toda vez que la ruta había sido desalojada horas antes.

5 – NO TODOS LOS DÍAS DESAPARECEN PERSONAS EN EL MARCO DE UNA REPRESIÓN DE FUERZAS DE SEGURIDAD

Al comienzo de su intervención, en su intento por deslegitimar la figura de la desaparición forzada, la Ministra dijo que todos los días desaparecen personas intentado equiparar el caso de Santiago Maldonado con tantos otros asociados a otro tipo de delitos como femicidios, trata de personas o fugas por decisión propia.

Lo que resulta inadmisible de esta afirmación es que no reconozca la gravedad del delito que aquí se persigue, gravedad que precisamente es tal porque involucra de manera directa a las fuerzas del Estado en la autoría del hecho y por lo tanto a su conducción política.

6 – LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA TAMBIÉN SON VÍCTIMAS

Todavía hoy la ministra Bullrich continúa atacando a la familia de Santiago Maldonado con acusaciones que además de inoportunas son falsas. Habló de la imposibilidades de comunicarse con ellos, intentó hacerlos responsables de generar obstáculos y dilaciones en el avance de la investigación demorando, por ejemplo, los estudios para los cotejos de ADN. Al explicar que lo primero frente a un caso de desaparición es la colaboración de la familia expresó que esto no había sucedido y que por el contrario se habían encontrado con una negación. Cabe destacar que la primera reunión con funcionarios de su cartera se produjo en Esquel a casi diez días de la desaparición de Santiago.

Resulta muy grave que la máxima responsable política de los hechos que condujeron a la desaparición de Santiago Maldonado termine agraviando a la familia y haciendo un intento por responsabilizarla por los magros avances de la investigación. Frente a la desaparición forzada de personas y el uso arbitrario de la fuerza pública hay una única responsabilidad y es la del Estado.

Lejos de promover dispositivos públicos de acompañamiento terapéutico y contención de la familia, se la revictimiza acusándola de no colaborar. La falta de sensibilidad de la funcionaria es gravísima y claramente demuestra su carencia de objetividad y la defensa cerrada e injustificable de la fuerza. Pero además, desconoce la esencia de la figura de la desaparición forzada como crimen y el impacto que esto puede generar en la familia de la víctima, lo que resulta alarmante viniendo de una funcionaria pública.

7- LA MINISTRA BULLRICH OBSTACULIZA LA INVESTIGACIÓN

Lejos de colaborar con la investigación, la decisión de mantener a la Gendarmería Nacional custodiando el ingreso a la comunidad mapuche, implica obstaculizar la misma. La fuerza señalada como responsable de la desaparición forzada de Santiago continúa hostigando y amenazando a sus habitantes. No sólo el Ministerio no ha brindado garantías a los testigos para que puedan declarar libremente ante la justicia, sino que además, con sus declaraciones y acciones, se fortalece la idea de que la fuerza puede cometer múltiples delitos sin consecuencia alguna. ¿Cómo pedir a los testigos que declaren o dejen actuar a las fuerzas de seguridad en el territorio si, ademas de la histórica y sistemática represión y persecución que han sufrido, se los sigue hostigando en el lugar y también con cada declaración de la Ministra donde insiste en tratarlos de terroristas sin prueba alguna?

Retirar a Gendarmería del lugar es una potestad de la Ministra. Su negativa a hacerlo entorpece la investigación y, por lo tanto, fortalece la impunidad. Cabe mencionar que su apartamiento y reemplazo en dichas tareas fue solicitado por la CPM ante la justicia federal hace ya una semana, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas en este sentido. El Juez y la fiscal informaron que no están allí por orden judicial sino por decisión política del Ministerio de Seguridad.

8.- LA MINISTRA CONSTRUYE UN ENEMIGO Y UNA HIPÓTESIS DE GUERRA PARA DESVIAR LA INVESTIGACIÓN Y LA ATENCIÓN PÚBLICA

Gran parte del tiempo la Ministra lo utilizó para construir con falacias e imprecisiones la idea de un enemigo poderoso que pone en peligro al Estado Nacional y constituye una amenaza para las personas y las instituciones. Nada tan alejado de la realidad. La comunidad la integran cinco familias que viven allí de manera muy precaria. Ante los distintos hechos de represión e ingreso en sus tierras, se han defendido arrojando piedras contra armas de fuego con balas de plomo y de goma que utiliza la Gendarmería.

Lejos de posibilitar instancias de mediación y diálogo, el Estado solo hace uso de la fuerza estatal desproporcionada y construye un imaginario de grupos terroristas y violentos a los que solo se puede derrotar mediante la represión. Y para esto la Ministra brinda información recortada y poco consistente de cantidad de causas penales y denuncias iniciadas, sin aclarar cuántas de estas tuvieron condenas o están siendo investigadas. Cabe aclarar que no hay ningún miembro de la comunidad mapuche condenado por los delitos que denuncia la Ministra. También lee testimonios de supuestas víctimas de la agresión mapuche, pero omite leer la gran cantidad de relatos que dan cuenta de los heridos, muchos de ellos graves, por parte de la Gendarmería y la policía provincial de Chubut.

La Ministra debería estar informada de las diez causas penales abiertas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra la comunidad mapuche que incluso tramitan en los mismos juzgados, como la del espionaje ilegal por parte de la AFI durante el año 2015 y dos que involucran a la propia Gendarmería.

La imparcialidad es clara, la Ministra considera injusto acusar a la Gendarmería hasta tanto no avance la causa penal, pero adjudica autoría y condena a miembros de la comunidad mapuche de hechos que aún están siendo investigados por la justicia.

Ningún conflicto se resuelve con la fuerza. Se requiere del diálogo y el respeto. Hacen falta dispositivos adecuados y capacitados para intervenir en estos casos. El Gobierno defiende claramente los intereses del grupo empresarial Benetton, por sobre los derechos vulnerables de la comunidad mapuche que reclama sus tierra ancestrales.

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA

El secretario de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional del Sur, Claudio Carucci, pasó por El Mejor Equipo de FM De la Calle para comentar el trabajo que realiza junto a estudiantes, docentes y no docentes de la institución.

El invitado comentó que desde su gestión conciben a “la educación superior como un derecho humano y universal que tiene que ser accesible a todos, que no es solamente del que accede a la universidad –del que tenemos que garantizar su permanencia y egreso–, sino de aquel que no puede acceder hasta el momento”.

El trabajo realizado en Cultura y Extensión, está pensado como un ámbito de cooperación entre universidad y comunidad, “de construcción colectiva de conocimiento”, acotó Carucci, y aseveró: “Hay que cambiar esa lógica paternalista que muchas veces propone el Estado, y también deconstruir una cultura que tenía la Universidad donde se veía al universitario como el iluminado que decía a dónde íbamos y cómo íbamos.”

Además, explicó que la cultura funciona “como una herramienta de transformación social. La cultura construye sentido, promueve la defensa de derechos. Seguramente no va a satisfacer las necesidades básicas (alimentación, salud, vivienda) de las poblaciones vulneradas, pero da herramientas para defenderse”.

El secretario se refirió a las restricciones implementadas en el comedor universitario que fueron comentadas en las redes sociales. El área de Bienestar Universitario lo que reglamentó es el uso del comedor universitario para garantizar que quien lo utilice esté cursando en la universidad. El costo sigue siendo el mismo, la cantidad de comensales no ha variado. Habían detectado alguna situación de no universitarios que concurrían al comedor; que también puede concurrir, pero el menú les costará 70 pesos”.

El entrevistado hizo hincapié en la necesidad de abrir las puertas de la universidad a la comunidad, a pesar de que “muchas veces la propia universidad no está preparada o hay que cambiar muchas cabezas para [facilitar el acceso]. Hay que enseñar a construir juntos (vecinos, sociedad, comunidad, universidad)”.

Carucci aseguró que “contra esa realidad nos chocamos, nosotros estamos desde 2011 peleando por esto”. Desde la cartera de Extensión “logramos proyectos financiados con parte del presupuesto universitario. Esto es parte de la formación de los estudiantes, que luego serán profesionales, docentes, y creo que a la larga las cosas van a ir cambiando. También hay que institucionalizar esta práctica para que sean políticas de la universidad, independientemente de quien esté a cargo de ella”.

En cuanto a lo cultural, aseguró que el presupuesto nunca es suficiente aunque “muchas veces tiene que ver con la decisión política de avanzar en diferentes sentidos. La universidad tiene una profusa cartelera cultural y en muchas ocasiones terminamos articulando con distintos actores culturales de la ciudad para poder hacer algo juntos. No digo que no sean necesarios los recursos, porque lo son, pero a veces se pueden hacer cosas, independientemente de eso”.

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En relación al trabajo territorial que realizan sobre diferentes barrios de la ciudad, Carucci dijo: “Sentimos que somos partes y que ellos [los vecinos] son parte de la comunidad universitaria. Sentimos que sienten a la universidad cerca, que podemos trabajar juntos. El motor de esto son los estudiantes y hay mucho estudiante con compromiso social”.

En la actualidad hay veinte espacios de apoyo escolar funcionando, dentro de los proyectos que realiza Cultura y Extensión. “Que la universidad esté ahí, trabajando con empresas recuperadas (INCOB), en alfabetización de adultos, me parece que estamos donde tenemos que estar. La universidad no es solamente un ámbito de aprendizaje académico, sino también un ámbito social y político y debemos cumplir ese rol”, aseguró el secretario.

“Cuando hablamos de integralidad, hay tres funciones sustantivas de la universidad que son la extensión, la docencia y la investigación. Sostenemos que la extensión, la visión social, debe atravesar a las otras dos e integrarse. Con la docencia a través de la incorporación de las prácticas a las carreras de grado; y la investigación… muchas veces deberíamos preguntarnos, y en ese sentido avanzar: qué investigamos, para quién investigamos, quiénes son los que fijan la agenda científica (si son científicos o también la comunidad). En ese sentido todavía nos cuesta avanzar”, concluyó.

La Secretaría de Cultura y Extensión tiene a su cargo todas las actividades culturales, sociales –proyectos de vinculación universidad-comunidad–, proyectos de extensión, voluntariados, además de los medios audiovisuales, y la editorial de la UNS.

(Por Astor Vitali) La cantautora Silvia Palumo realizará un taller para mujeres de creación y armado de canciones. Este miércoles 23 de agosto a las 19:30 habrá una charla informativa. Para participar se pueden hacer consultas en éste link. Durará 4 meses.

Comenzarán analizando “qué es la cancionista patriarcal” a través del análisis de “los diferentes géneros”, Tomarán canciones y realizarán análisis textual. Se observarán “cuáles son los tips que tienen los géneros”.

Luego de poner la lupa en los géneros clásicos, las participantes develarán los elementos del “neomachismo que hace toda una vuelta y se instala en el mismo lugar de descalificación y cosificación de las mujeres”, refriéndose al “reggaeton en adelante”.

Aparece también “este pop latino raro de los últimos tres o cuatro años donde los varones cantan con esas voces agudas, muy aflautaditas. Todos son muy buenos, muy dulces y en realidad la textualidad es bestialmente misógina y, más que nada, cosificante. Las mujeres en ese lugar de muñequita absurda, ridículo y disponible”.

Se suele hablar de músicas masivas tildándolas de músicas populares. Sin embargo, lejos de serlo, éstas son construidas por baterías industriales con el objetivo de homogeneizar los gustos (maximizar ganancias con la mínima inversión) y de aniquilar las identidades rítmicas, melódicas y armónicas populares. En coincidencia con el Plan Cóndor, también hubo severas operaciones culturales que constituyen un plan sistemático (reajustado, en la actualidad) de aniquilación de las identidades artísticas y culturales. Lamentablemente, hay quienes suponen que hacer “entrismo” en las estéticas que construye el mercado (no el pueblo) es una manera de bañarse de pueblo. Viejo vicio de la intelectualidad pequeño burguesa.

Palumbo plantea que “hay una estructuración castrense de lo que son los ritmos. Lo que es la riqueza rítmica latinoamericana ha quedado toda desdibujada en tres o cuatro cosas que se arman con unas máquinas y arriba le ponen una tumbadora para que queda lindo. Estamos hablando de las riquezas afroamericanas que se han ido perdiendo en pos del pop”.

En su taller, además del trabajo sobre los géneros, Palumbo propone el análisis textual de las obras que representan cada uno de ellos.

La cantautora destaca que para poder armar un discurso propio hay, primero, que observar cuáles son los ajenos. “A partir de la concientización de la música patriarcal, las mujeres podemos empezar a construir un discurso propio que no es tan sencillo”.

Es a partir de allí que se propone el aspecto creativo del taller, ofreciendo herramientas de creación literaria, de ritmo y de confección melodía.