María Cecilia Bravo es chofer de transporte urbano e interurbano. Hace años que busca un empleo estable y las empresas locales se niegan a contratarla sin darle explicaciones. Cansada de golpear puertas, recurrió a la justicia para que San Gabriel, Rastreador Fournier y la estatal Bahía Transporte SAPEM cesen “en las medidas discriminatorias” en su contratación  y la de mujeres en general.

“El trabajo es un derecho fundamental de las personas, y en particular la actora es sostén de familia, y no encuentra otra vía que la legal para obtener igualdad de condiciones en su búsqueda de trabajo”, escribió su abogada Fernanda Petersen.

Agregó que en el sistema local “ha sido imposible ingresar ante las diferentes postulaciones en dicho puesto de trabajo, habiendo contratado en diferentes oportunidades personal con menor capacitación que la que posee la actora, considerando esta parte que se trata de un hecho discriminatorio por el hecho de ser mujer”.

En Rio Grande, Tierra del Fuego, buscan sumar conductoras al transporte público mediante una ordenanza municipal tal como sucedió en Córdoba y Rosario.

María Cecilia visitó esta semana FM De la Calle y contó su historia a El Mejor Equipo (martes de 10 a 14).

“Yo arranqué en el 2010 en lo que era la ex empresa Micro Sur, con traslado de personal a la termoeléctrica, al Arsenal Aeronaval, a la minera Vale. No tuve problema, más que cara de susto al principio de parte de los pasajeros. En el 2013, una empresa de transporte de acá de Bahía, que tiene larga distancia, me dio la oportunidad de manejar los doble piso. Me tomaron una prueba sabiendo que yo no tenía mucho conocimiento más que de colectivo urbano; ahí arranqué con larga distancia y esto lo voy haciendo hasta el día de hoy. Soy una chofer libre, no tengo contrato con nadie. Si hay viajes me llaman, si no hay viajes no me llaman”, relató Bravo.

La trabajadora comentó que “mientras hay viajes más o menos la vas piloteando, pero cuando no hay viajes he ido a limpiar casas, he estado haciendo encuestas en las casas. No tengo problema. Yo alquilo, tengo un hijo a mi cargo, el más chico, y hay que hacerle frente al alquiler, a los impuestos, a la comida y es muy difícil cuando uno no tiene un trabajo fijo”.

“En diciembre de 2013, salgo en tapa de La Nueva Provincia, pidiendo trabajo. El titular era: ‘una mujer colectivera (que no es colectivera, es conductora de última), busca trabajo y no se lo dan’. El único que me dio más o menos un poco más de bolilla, por decirlo de alguna forma, fue Raúl Woscoff y se pidió desde el Concejo Deliberante un pedido de informe a las empresas por que yo había llevado los curriculums. Pero para asegurarnos de que los recibieran, Raúl Woscoff me hizo llevarlos de vuelta y hacer que me firmen un comprobante que yo los había entregado y eso quedó en la nada”, aseguró Cecilia.

El pedido de informe solicitaba información directamente a las empresas Bahía Transporte SAPEM, Rastreador Fournier y San Gabriel: “San Gabriel en ese momento sacaba la 513ex, entonces yo sabía que se tomaba personal y dije bueno, esta es mi oportunidad”.

“A veces es peor que no te digan nada, a que te digan: ‘Tenes el pelo corto’, no sé, por decirte algo, no me gusta y listo. Sé que tengo la capacidad, sé que puedo hacerlo, entonces eso es lo que más indigna”, enfatizó.

Respecto a su capacidad para manejar colectivos, Bravo explicó que “el carnet profesional que utilizan los conductores o los choferes acá en bahía, es el municipal que tenemos todos ampliado a la categoría de profesional. Nosotros en larga distancia, aparte, tenemos que tener otro carnet que te habilita. Yo, por ejemplo, hice temporada en Camboriú este verano. Para salir del país, para sacar la unidad es otro carnet, que tiene todo un psicofísico mucho más completo de lo que es el local”.

“Yo conozco muchos choferes de hace 25 o 27 años. La mayoría de ellos ya se han jubilado. O sea, no me pueden venir a decir a mí, que en cinco años no se tomó personal, es imposible. Pero yo quiero dejar en claro esto: yo no estoy peleando porque soy mujer y tengo que tener el trabajo. No parte por mi condición sexual, sino, parte porque estoy capacitada. Entonces, dame la oportunidad de demostrarlo, porque sé que lo voy a poder cumplir con creces”.

El caso de Cecilia no es el único en nuestra ciudad: “Hay otra chica, que se puso en contacto conmigo, que también entregó curriculum y nunca nada. Hablamos la semana pasada y me dijo que los iba a volver a llevar”.

“Al principio cuando recién entré yo era el bicho raro –dijo la conductora al ser consultada por la relación con sus compañeros-. Yo digo que muchos lo tomaron como herir el orgullo de hombre y me han hecho cuestionamientos de lo que se te ocurra. Por ejemplo: ‘Vos estás manejando y te viene tu período, ¿podés manejar?´. Vos te lo quedas mirando como diciendo: ‘¿Me estás cargando?’. Eso como mínimo”.

“Yo como mujer aprendí a cambiar correa; a cambiar cubiertas, gomones que son más grandes en los colectivos de larga distancia, siempre con mi compañero. Si yo pretendo una igualdad, en la misma igualdad me tengo que comportar yo. No voy a decir: ‘Ah no, porque yo soy mujer no puedo’. No, yo estoy en las mismas condiciones que vos”.

Finalmente, sobre el trámite del amparo presentado ante la justicia afirmó que se demoró con el paro de los trabajadores y las trabajadoras judiciales pero debería tener resolución en los próximos días. “Tengo la suerte de que si hay viajes me llaman, pero la angustia de necesitar una estabilidad y de estar acá es muy importante. He llorado mucho”.

Lo aseguró Fabiana Vega, integrante de la Asamblea No Nuclear de Viedma, en comunicación con El Mejor Equipo de FM De la Calle. Bahía Blanca vuelve a barajarse como una opción para la instalación de la central nuclear luego de la prohibición aprobada por la legislatura rionegrina.

Fabiana relató que “desde el anuncio de que se instalaría en Río Negro la planta nuclear, hubo una reacción por parte de todas las asambleas patagónicas y publicamos conjuntamente una carta abierta al gobierno de China en rechazo a la planta nuclear en Argentina y en la Patagonia en particular”.

El segundo paso fue la conformación de la asamblea desde la cual se planeó “realizar distintas actividades para concientizar, manifestar abiertamente el rechazo, informarnos e informar, formarnos en el tema. Empezamos a generar charlas informativas con gente de Movimiento Anti Nuclear del Chubut; expertos como Raúl Montenegro de FUNAM Córdoba; Jessica Visotsky, para que cuente la experiencia del Polo Petroquímico en Bahía Blanca. También se proyectaron documentales sobre el tema (el ciclo, los residuos), sobre la megaminería de uranio y cómo contamina”.

La asambleísta dijo que las autoridades “presentaban una información sesgada, información de cómo operaba una planta en situación normal pero sin tener en cuenta la megaminería de uranio, ni que la disposición de los residuos radioactivos no se ha resuelto en ningún país del mundo”.

Fabiana manifestó que “cuando el gobernador [Weretilneck] dice que le escribe al presidente que no desea la planta nuclear en ningún lugar de Río Negro. En realidad la oposición es la que presenta el primer proyecto de ley para ver si es verdad lo que está diciendo. Al día siguiente de esta presentación, [el oficialismo] muestra su proyecto, pero con un segundo artículo que dice que se exceptúa de la disposición del primer artículo el reactor CAREM-25 creado por INVAP”.

Vega aseguró que el artículo 2 generó un rechazó absoluto y ratificó: “Nosotros no queremos energía nuclear china pero tampoco argentina. Sigue siendo la misma contaminación, los mismos riesgos. La única diferencia es la cuestión de la soberanía, pero todo lo demás persiste. Ese es el debate que sigue y nos mantiene movilizados”.

Los aspectos negativos de una planta nuclear “empiezan con la minería de uranio porque para ello es necesario destrozar todo el hábitat donde se desarrolla la extracción de uranio, que ya de por sí es radioactivo. De hecho, tenemos una planta de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu, cuyo estudio de impacto ambiental nunca pudo aprobar esa planta, así que lo archivaron e igual la habilitaron”, denunció Vega.

“Por otro lado, tenían previsto tirar directamente al mar el agua con la que enfriaban los reactores, lo que provocaría contaminación térmica también durante el proceso que ellos llaman ‘limpio’. La contaminación térmica exterminaría a todas las especies en una zona donde hay cinco áreas protegidas. Y está el hecho de la disposición de residuos que quedarían en la planta nuclear. Esos residuos son una bomba de tiempo”.

Vega expresó que “es impensable dejar esa herencia a las generaciones futuras por una cuestión de energía eléctrica que, además, tampoco sería para las poblaciones. Sería para megaemprendimientos mineros, petroleros. Eso lo informan incluso Aranguren y Gadano, no lo digo porque sí, tenemos el respaldo de sus informes”.

Finalmente señaló que “en otros casos el desconocimiento genera miedo pero en este no. Saber que no solamente en los países del primer mundo no han podido resolverlo y Argentina en esas cosas… no hay control nada. Pero aunque hubiese control, no es posible resolverlo. Y no tiene sentido, porque hay otras alternativas que son menos costosas, no son riesgosas y que pueden proveernos de energía eléctrica, suponiendo que la quieran para las poblaciones”.

Después de conocerse que el Gobierno Nacional apeló el fallo judicial que dictaba restablecer las pensiones dadas de baja en el mes de junio, Mara Recondo –integrante de la fundación DISER (Discapacidad y Servicio) – habló con El Mejor Equipo sobre el trabajo que realizan en función de la decisión del oficialismo.

En primer lugar, Mara comentó cómo fue la situación en junio cuando “la gente que fue a cobrar el beneficio con el aguinaldo, se encontró que no tenían depositado el dinero. Después tomamos conocimiento de esta suspensión de la pensión no contributiva, y a raíz de una serie de reclamos que se hicieron a nivel nacional, trabajamos con la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados”.

A pesar de que en todos los casos en que intervino la fundación, se logró la restitución de la pensión, explicó que fue “muy angustiante y preocupante para muchas personas”.

En relación a algunas pensiones no restablecidas, Recondo afirmó que se debió a que los motivos de suspensión no estaban contemplados dentro de lo establecido por el Gobierno. “Por ejemplo, a los que se les había dado de baja porque tenían un cónyuge que cobraba jubilación, o a los que contaban con el beneficio de tener un vehículo para trasladar a la persona con discapacidad”.

Las situaciones más comunes por las que no se restauró el cobro son “porque [las personas] no alcanzan el porcentaje de incapacidad laborativa. Tuvieron que hacer todo el trámite de nuevo, y todavía están en espera”, aseguró.

Recondo aclaró que es muy engorroso realizar la documentación nuevamente, que en ciertos casos puede incluir hasta la visita a un médico legista que determine el nivel de incapacidad, ya que en el entreacto la persona pierde el beneficio. “En esos casos pedimos asistencia al Municipio o gestionamos ayudas económicas. Más allá de que se consigue y pueden percibir un ingreso hasta que se restablezca la pensión, sabemos que los tiempos de restitución son muy largos. A la persona le genera incertidumbre, temor de decir ‘¿qué voy a hacer si se me termina la ayuda económica? ¿De qué voy a vivir?’. Esa es la parte que más nos dolió de esta situación”.

En Bahía Blanca, DISER intervino directamente (en conjunto con la Defensoría Federal y la Defensoría del Pueblo) en veinte casos, a pesar de que en la ciudad hubo trescientas pensiones suspendidas. En relación a la quita de pensiones masiva de junio, que ya ocurría desde agosto de 2016, asegura que fue “sin criterio y sin sentido”.

Por otro lado, la semana pasada se creó la Agencia Nacional de Discapacidad, que absorbe a la Comisión Nacional de Discapacidad y a la Comisión Nacional de Pensiones, y que ya no dependería del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que preocupa es “con qué criterios van a otorgar pensiones. Porque si usan los criterios en los que se están basando ahora, el decreto 432/97, estamos mal. Estamos hablando de los mismos criterios que utilizaron para quitarlas”.

Para contrarrestar esta nueva situación, a través de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, “se está trabajando en conjunto, para que expliquen cuáles van a ser esos criterios, cómo van a trabajar el otorgamiento de pensiones y cuál va a ser la función de la Agencia. Todavía falta información y falta saber cómo va a ser el procedimiento de aquí en adelante”, ratificó.

“El miedo está instalado, la preocupación está y, si bien la ministra de Desarrollo Social y la vicepresidenta Michetti, declararon públicamente que ‘el que tiene la pensión no la va a perder’, nosotros queremos algo más concreto”, concluyó.

“Más de doce” efectivos uniformados y de civil y “vehículos sin identificación” fueron destinados a la comarca serrana de Tornquist por las autoridades policiales de Bahía Blanca para informar sobre quienes participaron en dos manifestaciones que pidieron la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Unas cuarenta personas se movilizaron el miércoles 30 de agosto a la plaza del reloj de Sierra de la Ventana por el Día Internacional  de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y otras tantas el viernes 1 de septiembre a Plaza Salerno de Villa Ventana, al cumplirse un mes de la represión de Gendarmería en Cushamen que terminó con la desaparición del militante anarquista.

“Cuando hablamos de un acto en una localidad tan pequeña hablamos de familias con sus hijos, con el termo, con el mate, con las mascotas, compartiendo lecturas, tratando de entender y aprender porque realmente somos muy ignorantes de nuestros derechos”, dijo a FM De la Calle Jorge Canolik desde Villa.

El pueblo de menos de mil habitantes estables cuenta con un móvil y dos oficiales a quienes conocen y acuden “ante cualquier necesidad”. La Superintendencia de Planificación y Operaciones Policiales ordenó a las reparticiones de la Bonaerense -el 27 de agosto mediante una “DIRECTIVA RESERVADA” calificada como “MUY URGENTE”- “extremar medidas preventivas que cada situación amerite e informar en el ACTO al estamento superior directo” ante la “Semana de agitación 28/5 al 1/9” (sic).

Canolik comentó que “el viernes no seríamos más de cuarenta personas en la plaza (…) un lugar verde, tarde de sol, sonido de los pajaritos, los chicos que habían ido haciendo dibujos y discursos, por supuesto, micrófono abierto para que cada uno expresara su preocupación o lo que sentía o lo que proponía en relación a este tema”.

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Destacó la intervención de Zaida Franz, Madre de Ana Teresa Diego, militante comunista y estudiante de astronomía desaparecida en septiembre de 1976. “Una mujer de 82 años que se puso de pie para hablar con todos nosotros y explicarnos que es muy importante defender esta democracia que costó tanto conseguir y desde esa mirada, la de una mujer que perdió a una hija en la dictadura, que está desaparecida, esas palabras resonaban con mucha fuerza”.

Mientras el acto se desarrollaba, a las vecinas y a los vecinos les llamó la atención la presencia de tres tipos sospechosos -“me gusta decir tres masculinos, para que nos vayamos entendiendo”- que observaban desde lejos. “Lo comentamos, cuando faltaba poquito para que el acto terminara, la gente se retiró del lugar y nos quedábamos con la duda: quiénes serían”.

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Colanik recordó que “alguien dijo: capaz que son policías y están yendo a la comisaría”. Caminaron tres cuadras hasta el destacamento y lo confirmaron. Volvieron a la plaza y compartieron las novedades. Decidieron ir juntxs a pedir explicaciones. “Sí, sí, éramos nosotros”, les contestaron.

“A partir de ahí empezó una escena patética, el final del hilo, estábamos un grupo de vecinos en la comisaría, que es la nuestra, estamos hablando del lugar al que acudimos ante cualquier necesidad, conocemos a los dos efectivos que están normalmente.

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“Había más de doce efectivos y, viendo la presencia de una cantidad de vecinos, empezaron a aparecer muchos más efectivos de civil que había, vehículos sin identificación y finalmente alguien que pertenecía a la jurisdicción de Bahía Blanca, y empezaron a explicarnos que ellos respondían a las órdenes de las autoridades y que tenían que presentar un informe sobre lo que estaba pasando”, relató. “Muchachos, ¿por qué no se presentan con uniformes? ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué no participan?”, preguntaban lxs manifestantes.

El grupo mostró su disgusto y preocupación por el despliegue policial que “sobrepasó totalmente la magnitud del acto en sí, todo un operativo que si te lo pongo en modo de efectividad te diría realmente el gasto de los recursos en forma tan desproporcionada es algo por lo menos para preguntarse, muchachos ¿a qué estamos jugando?”.

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En el diálogo mantenido en la puerta de la comisaría, los efectivos admitieron que les tenían identificadxs, “que ya sabían quiénes habían estado en el acto del miércoles, veían que había mucha gente que de un acto se había trasladado a otro”. “En la escala de un pueblo pequeño esto es casi una comedia italiana, es algo ridículo. Estamos en la plaza jugando a que te vigilo y después somos los mismos vecinos”, concluyó Canolik.

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Infobae publicó días atrás copia de la “DIRECTIVA RESERVADA” del domingo 27 de agosto, calificada como “MUY URGENTE”. Lleva la firma del comisario general Sergio Osvaldo Moreno, el Superintendente de Planificación y Operaciones Policiales; y está dirigido a todas las reparticiones de la Bonaerense, como por ejemplo las Superintendencias de Seguridad de las zonas, Norte, Oeste, Sur (…); a “Inteligencia Criminal”, al “Servicio Centralizado de Infantería y a la “Dirección Seguridad Especial Halcón”, entre otras.

El comunicado interno ordena “extremar medidas preventivas que cada situación amerite e informar en el ACTO al estamento superior directo” ante la “Semana de agitación 28/5 al 1/9”.

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En concreto, manda a la Bonaerense “reforzar el servicio y puestos de guardia previendo la asignación de retenes, en particular aquellas dependencias que alojen detenidos y armamento”; “extremar el control de ingreso/egreso de personas de las dependencias donde se encuentre cumpliendo funciones personal policial” y “actualizar y poner en práctica rol de incendio, plan de evacuación y de reacción del personal policial”. Además, se indica que “el personal de Cuerpos y FF. Especiales, deberá proceder al recargo para potencial respuesta y vigilancia del material y armamento”.

La policía de la gobernadora Vidal pone el foco en “los últimos acontecimientos de dominio público, con ataques que han involucrado a FF.AA (Fuerzas Armadas), FF.SS (Fuerzas de Seguridad) Federales y Provinciales, y del Poder Judicial, con afectación de instalaciones y personal propio. Y ante la posibilidad de que estas acciones puedan escalar y adquirir otro tipo de expresiones tales como agresión a personal de facción, transportes del personal ya sea en movimiento o estático y objetivos edilicios, con afectación del personal policial (…)”.

Fotos: Facebook Natalia Molina y Clau Sos, compartidas por la Biblioteca Macedonio Fernández  y Jorge Canolik.

En el día de la fecha, miércoles 6 de septiembre de 2017, mientras estábamos al aire con el programa informativo, recibimos el siguiente mensaje.

“Como un ciudadano de bien que paga sus impuestos les digo que están tirando demasiado de la soga,

después a llorar a la Plaza de Mayo. Están avisados”.

El mensaje llega en el momento en que se expone al aire un hecho acontecido en el día martes 5 de septiembre: un vehículo que amenazó con atropellar a vecinxs que estaba realizando una marcha reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, frente a uno de los casinos de oficiales de Gendarmería Nacional.

Este no es el primer mensaje de estas características que recibimos en la emisora. Recordamos que el día 2 de diciembre de 2016, cubriendo otro hecho de relevancia política llegó un mensaje similar. Inmediatamente, se llevó adelante una denuncia en la Fiscalía Penal de la localidad de El Bolsón, y aún aguardamos el avance de la investigación para su esclarecimiento.

Esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Pintadas en las paredes y en la plaza “Che Guevara”, declaraciones de funcionarios contra integrantes de la radio, roturas de vehículos en la vereda de la emisora. Estos sucesos han sido informados a la relatoría especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con este nuevo hecho ampliaremos nuestro informe.

Como es de público conocimiento, la Comarca Andina está viviendo situaciones de violencia institucional, hostigamiento a las organizaciones y amenazas directas a vecinxs de la comunidad.

A pesar de estos hechos que pretenden intimidar, FM Alas seguirá habitando el aire.

Sin medios comunitarios no hay democracia. Aparición con vida de Santiago Maldonado.

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Asoc. Civil Alas para la Comunicación Popular

Desde Bahía Blanca hacemos llegar nuestro abrazo a las compañeras y compañeros de FM ALAS ante las amenazas recibidas.

Asimismo, renovamos nuestra solidaridad con las comunidades mapuche que siguen siendo víctimas de la persecución y el hostigamiento de la Gendarmería y los servicios de inteligencia de distintas fuerzas que responden al Gobierno Nacional.

 

DEVUELVAN A SANTIAGO.

Colectivo FM De la Calle.

 

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Integrantes de la conducción provincial de CICOP visitan este miércoles Bahía Blanca para presentar junto a la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal el Movimiento por el Derecho a la Salud. El encuentro será a las 18 en Pasaje Tres Arroyos 538 (ADUNS) y tiene el objetivo principal de denunciar las implicancias de la Cobertura Universal de Salud (CUS) impulsada por el gobierno nacional.

La CUS fue implementada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 908/2016 con el argumento de la existencia de “una circunstancia extraordinaria que hace imposible seguir los trámites de rigor previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”. La medida instaura una nueva y peligrosa avanzada de los sectores del poder económico sobre un bien común fundamental para todxs los argentinxs: la salud pública, universal y gratuita.

“Sería un fondo destinado principalmente a obras sociales con ese viejo argumento de que lo público no funciona, que es ineficiente y que mucha gente queda por fuera. Lo que estamos denunciando es que queda por fuera gente cuando privatizamos el sistema que es lo que estaría haciendo la CUS”, dijo a FM De la Calle la presidenta de la APSM Selva Lamtzev.

La médica comentó que la intención del gremio es “que este movimiento que ya está funcionando en La Plata, en Buenos Aires, pueda generarse en Bahía Blanca y por eso la llegada de CICOP es auspiciosa”.

“Informar es una forma de acción, vemos que hay mucho silencio sobre esto, ocurre muy similar a lo que es el Plan Maestro en la educación, son estrategias de precarización de lo que ya existe público e informar y alertar a la población es nuestra primera instancia de organización y de evaluar que medidas se van a hacer”, agregó.

El decreto presidencial pretende “garantizar una serie de servicios específicamente a la población que debería presentar un carnet de pobreza. Esto no es suposición nuestra sino que lo vemos en otros países como ha sido en Colombia o Chile en los ’90. (…) Precarizan mucho más al sistema público de salud, el aporte se va en obras sociales que vienen incumpliendo incluso el plan médico obligatorio”.

La reunión en la sede de ADUNS contará con la participación del presidente de CICOP, Fernando Corsiglia, sus secretarixs Verónica Moyano, Mónica Berezovsky y Hugo Amor, de Asuntos Municipales, de Género y de Prensa, respectivamente y delegadxs gremiales.

“Ante el decreto nos surge una alarma muy grande y la necesidad de poder hablarlo y conformar este movimiento, que no lo conforman solamente espacios ligados a la atención de la salud sino que la idea es que confluyan diferentes sectores preocupados por el derecho a la salud, es una convocatoria absolutamente abierta a todas las organizaciones y personas interesadas en defender su derecho fundamental”, invitó Lamtzev.

Lo afirmó uno de lxs 31 detenidos tras la masiva marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de la represión en Cushamen. Ezequiel Medone es periodista de Antena Negra TV y de la Red Nacional de Medios Alternativos y contó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que estaba a más de doce cuadras del lugar de los incidentes cuando lo capturó injustamente la policía porteña.

Luego de la convocatoria que reunió a aproximadamente 250.000 personas en la Plaza de Mayo, Medone se dirigía hacia Congreso cuando “un policía se acerca e intenta detener a una chica que estaba filmando. Empiezan a intervenir trabajadorxs de prensa que estaban en el lugar, para explicarle que no estaba haciendo nada malo. No tenían motivo para llevársela”.

“En eso nos agarran a nosotros y se genera un forcejeo en medio de un tumulto de gente –porque había bastante gente alrededor– además de la policía que se fue sumando. Nos llevan a una comisaría en Chacarita y nos dicen que estábamos incomunicados”.

Las 31 personas detenidas no podían hablar con sus familiares que estaban afuera, ni con sus colegas, ni con la abogada de CORREPI María del Carmen Verdú, ni siquiera entre ellxs. “Estábamos todos en celdas separadas”, explicó Medone.

Recién en la comisaría se enteraron de qué los acusaban: “intimidación pública” y “alentado de resistencia a la autoridad”. “En la presentación que hace el juzgado, dicen que nos detienen en Plaza de Mayo a las 20.20, tirando una reja… lo cual es totalmente falso. Yo a las 21.30 estaba en otro lado, ni siquiera estaba cerca”.

El periodista dijo que “en general fue bastante irregular el procedimiento y la acusación; no tienen mucha prueba de nada. Queda en evidencia que fue una orden y un plan de detener gente. De hacer un espectáculo de esa represión que se estaba dando”. Y agregó que “hubo amenazas a gente, maltratos a compañeras. La verdad es que fue un desastre lo que hicieron”.

Medone contó que recién el domingo, cuando fueron a declarar ante el juez Martínez Di Giorgi lo dejaron comunicarse. “Con Verdú pude hablar cinco minutos antes de declarar. Después la volví a ver a ella, a Norita Cortiñas, al ‘Turco’ (Ismael Jalil) de CORREPI cuando nos comunican que nos liberaron. Fue re emocionante”, confesó.

También afirmó que gracias al acompañamiento de la gente que se acercó a la radio abierta realizada por la RNMA el fin de semana, bajo condiciones climáticas desfavorables, “se pudo torcer la voluntad de tenernos todo el fin de semana –y  más–, porque sino hubiésemos declarado recién ayer, quizás hubiésemos salido hoy, quizás no”.

“Estábamos aislados. Recién al final pudimos vernos y hablar [con lxs otrxs detenidxs]. Al momento de la declaración te leen todas esas mentiras que pusieron y te indigna. Es cuestión de, por un lado, denunciarlo y por otro contestar, les dijimos cómo fueron los hechos de verdad”, aseveró.

A pesar de que tienen todo el material que habían registrado, salvo el celular de su compañero Juan Pablo Mourenza (que sigue confiscado), “estamos haciendo un pedido: si alguien tiene algún video de cómo fue la detención, que lo mande para reconstruir bien el hecho y presentarlo como prueba”.

Ezequiel Medone y otras treinta personas finalmente quedaron imputadxs. En diez días el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi tiene que expedirse y resolver si les procesa o no.

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(Por Astor Vitali) En el nombre de Santiago Maldonado residen diferencias sustanciales del modo de ser y de pensar argentino. La evocación del detenido-desaparecido genera en nuestra sociedad, al menos, tres reacciones: envalentonamiento gozoso de los fascistas de siempre; dolor por revivir los métodos del terrorismo de Estado; y finalmente una indiferencia que, hasta que no se demuestre todo de una manera escandalosa (como ocurrió con los crímenes de la dictadura), funciona más como condena social hacia las víctimas que como indiferencia en sí misma.

Un hippie. Un drogadicto. No era profesional. Un sucio. Un amigo de los chilenos apátridas. Que vayan a laburar. Kirchnerista mugriento. Por qué no hablan de los otros desaparecidos. Qué cuentan la Historia completa. Por qué no preguntan por Nisman.  ¿Y Julio López? Seguro que está comiendo un asado en el sur o, por qué no, en Chile. Vagos de mierda. Yo me rompo el culo y pago mis impuestos para mantener vagos. No quieren el cambio. Fuerza Mauricio.

Y Mauricio se siente con fuerza. Nadie en el rol de la FasciMinistra Bulrich puede decir las barbaridades que dice (y hace) si no se siente con la libertad ancha de hacer y deshacer a su antojo.

El fenómeno social actual tiene elementos de antaño y tiene novedades. Es viejo que hay un segmento de la sociedad argentina que avala sin miramientos los métodos que sean necesarios para sentirse occidentales y cristianos: blancos y europeos. De Videla les molesta lo salvaje, que muestren el trabajo sucio, pero no sus objetivos ni sus métodos. Eso está acá, hoy y ahora y con esas mentes se convive. Y cabe aclarar, una vez más, que no necesariamente su ideología responde a su condición de clase.

En todo caso, quienes hayan tenido responsabilidad política en el ejercicio de los gobiernos democráticos del 83 a esta parte deberían replantearse qué tan superficiales fueron las transformaciones postuladas como para que final mente notemos que han dejado intactos en la suciedad argentina el rencor y el anhelo de cazar cabecitas negras. ¿No era que había vuelto la política? ¿No era que otra historia se enseñaba en las escuelas? ¿No era que no había retorno del progresariato? Sus pregoneros conocen a la perfección la realidad: operaron con utensilios de utilería, gruesos, sin filo. Jamás agarraron el bisturí.

¿Qué es lo nuevo, entonces? Si, como todos los elementos publicados indican, se produce la confirmación de que Santiago Maldonado fue chupado por gendarmería, estamos hablando de que los flamantes gobernantes surgidos del voto popular llevó adelante una desaparición forzada. Estamos hablando de que un gobierno de origen democrático utilizó los métodos del terrorismo de Estado.

Y con esto ¿Qué se hace? ¿Qué legislación está pensada para hablar de terrorismo de Estado en el marco de la democracia? ¿A qué Naciones Unidas se acude? ¿A qué organización internación de derechos humanos se apela? ¿Cómo nos organizamos y para qué? Anonadado por la falta de respuesta ante lo ocurrido; no del todo sorprendido por la temeridad del gobierno actual; por su falta de límites, por su profundidad de fines y por el uso de métodos insospechados, uno piensa que es mejor que la mayor cantidad de voluntades organizadas posible comencemos a responder estas preguntas. Más temprano que tarde.

El fiscal José Nebbia realizó hoy sus réplicas en el Juicio Ejército III y destacó que “los que están sentados acá atrás o mirando por tele” son los que saben dónde están los jóvenes apropiados luego de nacer en cautiverio en el centro clandestino de detención, torturas y extermino La Escuelita.

Minutos antes, el defensor oficial Gustavo Rodríguez había finalizado sus alegatos. La audiencia se reanudará este miércoles a las 9 en Colón 80 con las dúplicas. Una nueva sentencia se acerca a pesar de las esporádicas sesiones del tribunal.

“Llama la atención la postura de la defensa oficial. Sucintamente ya hay condenados en esta jurisdicción por esos hechos y esas condenas han sido confirmadas por Casación”, dijo José Nebbia en relación al robo de bebés en Bahía Blanca.

El fiscal recordó que, “respecto del hijo de María Graciela Izurieta, la defensa dijo que el hecho no existió, que la mataron antes de dar a luz. Respecto del hijo de Metz dijo que nació pero que no se sabe quién lo apropió. No es ninguna novedad. Lo estamos buscando hace mucho, todos lo están buscando. El tribunal lo está buscando. Los organismos lo están buscando. Su hermana lo está buscando incesantemente”.

“Si a María Graciela Izurieta la mataron antes de que diera a luz, la pregunta que surge es dónde está su cuerpo, dónde está el cuerpo de esos once desaparecidos y dónde está o quién se llevó al bebé apropiado”.

“Los que saben dónde están los cuerpos están sentados acá atrás, lo están mirando por tele. Son los defendidos de la defensa oficial los que saben dónde están esos chicos. Esas personas nunca dijeron nada, nunca colaboraron, nunca se arrepintieron. Como explicamos en los alegatos, son los responsables por la apropiación de estas dos personas y por eso deben responder”, concluyó Nebbia.

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Fotos: archivo FM De la Calle.

(Por Daniel Feierstein/ Fotos M.A.F.I.A.) Si algo dejó la lucha contra la dictadura genocida en la Argentina fue la construcción de un “límite”: la participación en el genocidio o su legitimación quedaban por fuera de la discusión aceptable.

No fue así en Chile, donde algo menos de medio país siguió defendiendo a Pinochet cuanto menos hasta su detención en el Reino Unido. No fue así en Uruguay, en donde algo más de la mitad de la población votó a favor de impedir el proceso de memoria, verdad y justicia. No fue así en Brasil, donde nunca se juzgó a los responsables y donde se pudo utilizar la legitimación de los represores en el propio proceso vergonzoso del golpe institucional a Dilma Rousseff.

En Argentina ese límite estuvo claro desde 1983: el que reivindica a los genocidas pierde. Alfonsín perdió la pulseada por la posibilidad de enjuiciarlos a partir de las asonadas militares de 1986 y 1987, pero jamás los legitimó y justificó la impunidad sin dejar de condenar sus acciones. Menem decretó los indultos e insistió numerosas veces en los beneficios de una reconciliación, pero cuidándose muy bien de ubicarse en el rol de víctima (“yo, que estuve preso, los puedo perdonar”, fue la frase de justificación). De la Rúa (que tenía algún lazo familiar con los represores) tampoco se animó a una legitimación explícita y sólo Eduardo Alberto Duhalde la ensayó (ya no como presidente sino en la oposición a los Kirchner) y terminó con el 2% de los votos en la elección en la que explicitó su pensamiento.

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Es cierto que Bussi, Rico y Patti ganaron elecciones, pero fueron fenómenos locales y, salvo el caso de Bussi que da cuenta de la especificidad de Tucumán, no lo hicieron legitimando explícitamente su rol en el genocidio. Ese límite fue de lo mejor que ha construido la sociedad argentina en medio siglo. Y es importante entender que no es un límite natural y que no todas las sociedades posgenocidas lo han logrado, ni siquiera fue un límite homogéneo en todo el país.

Destaco este punto porque es este límite el que nos quieren correr en este último tiempo, con una ofensiva mediática de la que no tengo recuerdo desde los tiempos de la campaña sucia dictatorial. Nunca los medios de comunicación estuvieron dispuestos a desparramar las versiones de los servicios de inteligencia con tanta potencia como hoy.

Sobre todo las versiones sobre una desaparición forzada: “que está escondido en Chile, que lo mató un puestero, que la familia entregó ropa de tres personas distintas para despistar a los perros, que los gremios usan políticamente el caso, que por qué no reclaman por Julio López (los que jamás reclamaron por Julio López), que dónde están los asesinos de Nisman”, etc etc.

Hay variadas responsabilidades para comprender cómo llegamos aquí. Y debemos revisarlas porque es condición indispensable para evitar una derrota que sería muy costosa para toda la sociedad argentina. Pero esas responsabilidades se resumen en la fábula de Pedro y el Lobo.

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Ya lo hemos sufrido con el desarme del límite ante el antisemitismo: la denuncia de cualquier postura como antisemitismo (las críticas al Estado de Israel, las posturas cuestionadoras del sionismo, entre otras) llevaron a la incapacidad de identificar al verdadero antisemitismo. Si todo es antisemitismo nada lo es. Y al tratar de antisemitas a todos los críticos del establishment israelí se logró como resultado que reaparecieran los verdaderos antisemitas relegitimados, los que sí utilizan cualquier cosa (también las críticas al Estado de Israel) para desparramar su odio antijudío. Utilizar el límite para forzarlo generó su quiebre.

Del mismo modo, se abusó durante la última década del límite frente a los genocidas. Desde sectores del gobierno k se acusó a todo crítico opositor de ser “la dictadura”, se utilizó el valioso límite construido frente a los genocidas como herramienta partidaria con la que salir a golpear, por ejemplo, a periodistas que (pese a defender posiciones cuestionables desde distintos puntos de vista) jamás tuvieron ninguna cercanía con los genocidas ni con la impunidad (se me ocurren Ernesto Tenenbaum y María O´Donnell, por poner algunos nombres, pero seguramente haya muchos más). Hasta Patricia Walsh o Luis Zamora podían ser “el enemigo” en estas visiones paranoicas.

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Simultáneamente se quiso construir un nuevo límite desde la oposición al kirchnerismo: el propio kirchnerismo como límite, la corrupción como equivalente del genocidio en la escala moral. Para muchos sectores de la izquierda o de un periodismo opositor más bien liberal, estar al lado de un kirchnerista pasó a ser algo equivalente a estar al lado de un genocida. “Kirchnerista” pasó a transformarse en insulto y lo es hoy en muchas redes sociales. Amistades, familias, grupos políticos, organismos de DDHH se han quebrado por la famosa “grieta”.

Frente al límite aceptado socialmente en la ilegitimidad de los genocidas, cada uno comenzó a construir su propio límite: Clarín, los troscos, el peronismo, los k. Hasta irónicamente vale la pena mencionar que, para Carrió, el límite hace unos años era Macri. Límites que son subjetivos, múltiples y cambiantes. O sea, límites que dejan de ser límites.

Cuando cada uno pone el límite que se la canta, entonces no hay más límites. Ese fue el momento donde los genocidas salieron de sus cuevas para hacer oír sus voces. Ellos también tienen sus límites. Los que no podían hablar hoy pueblan los medios de comunicación masiva y acusan de subversión, terrorismo, uso político del caso de Santiago Maldonado, traen a las “víctimas del terrorismo de los ´70” y deben ser escuchados porque “todos tenemos derecho a hacer oír nuestra voz”. Cuando todos son antisemitas ninguno lo es. Cuanto todos están más allá del límite, ninguno lo está. Sólo así puede explicarse que, más de treinta años después, tengamos que escuchar los cuentos de los servicios de inteligencia sobre una desaparición forzada en el prime time televisivo y sean repetidos por miles de personas, ingenuamente o no, sin recibir el repudio público que recibieron durante treinta años.

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Necesitamos reconstruir el límite que fuimos capaces de establecer como respuesta ante el genocidio. El que debe dar respuestas ante una desaparición forzada es el Estado nacional. Ni los desaparecidos estaban en Europa ni se mataban entre ellos ni Santiago Maldonado está en Chile ni se esconde con los “indios subversivos”. Y nadie “adoctrina a nuestros niños” sino que todos, absolutamente todos, tenemos no sólo el derecho sino la obligación de preguntarle una y otra vez al gobierno nacional allí donde podamos: ¿Dónde está Santiago Maldonado? Como le preguntamos en su momento dónde estaba Jorge Julio López. Todos los que seguimos marchando los 18 de septiembre y todos los que no vienen pero deberían venir, por mucho que ahora se hayan acordado, bastante tardíamente por cierto.

Hoy, viernes 1 de septiembre, tenemos otra posibilidad para dejar en claro cuál es nuestro límite. No importa lo que pensás del kirchnerismo. No importa lo que pensás de la izquierda. No importa lo que pensás de TN ni de 678. Hoy tenemos que estar todos juntos para gritarle a Patricia Bullrich, al gobierno nacional, a los servicios de inteligencia que difunden difamaciones a diario y a sus esbirros periodísticos a sueldo… aparición con vida YA de Santiago Maldonado.

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Desde este jueves se desarrolla en la sede de Textiles Pigüé el Encuentro Internacional “La Economía de las y los Trabajadores”, un evento que reúne a integrantes de empresas recuperadas y autogestionadas, cooperativas y organizaciones sociales y populares, así como también sindicatos y académico@s.

El primer Encuentro fue organizado en el año 2007 por Facultad Abierta, un programa de extensión universitaria de la Universidad de Buenos Aires y actualmente el comité organizador está integrado por un número cada vez mayor de organizaciones y movimientos alrededor del mundo.

Andrés Ruggeri, integrante de Facultad Abierta, adelantó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que el contexto nacional e internacional para el sector es difícil. “La política económica y en general del gobierno de Mauricio Macri está atacando las experiencias de autogestión, está generando una situación social y económica bastante complicada y desde el punto de vista de los participantes argentinos seguramente se va a discutir este tema.

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En el plano internacional “aparecen desafíos similares en países como Brasil o situaciones muy complicadas como las de Colombia, Venezuela, México y ni hablar de los países centrales donde con Trump y con determinadas políticas mundiales”.

Ruggeri destacó que los gobiernos de Cambiemos están apelando al “veto sistemático” como política ante las leyes de expropiación que fueron aprobadas en los últimos meses en los parlamentos de la provincia, la ciudad de Buenos Aires y la Nación.

“Lo hizo el presidente con el Hotel Bauen, el jefe de gobierno de la Ciudad con varios casos de empresas recuperadas y no solamente el veto -destacó- también uno puede observar que cuando hay conflictos laborales, lo primero que aparece es la represión como respuesta. A partir de los vetos se han producido desalojos, el caso más claro es el de Acoplados del Oeste, la fábrica Petinari en Merlo, que estaba siendo autogestionada, había sido expropiada por unanimidad por la Legislatura, vetó la gobernadora la ley y al poco tiempo fueron desalojados por un operativo de 600 policías”.

En cuanto a los desafíos de las empresas recuperadas, cooperativas o autogestivas el sociólogo apuntó que “hay un camino hecho, ya forjado, creo que lo más complicado es, por un lado, a veces las condiciones de inicio, de falta de capital, maquinarias o instalaciones que están abandonadas, más el problema jurídico que generalmente se origina por un abandono patronal, una quiebra fraudulenta, etcétera”.

“Pero desde un punto de vista un poco más amplio es cómo se encara la gestión colectiva, cómo se reemplazan funciones que antes ejercía personal jerárquico o directamente los patrones en manos de un colectivo de obreros, creo que la experiencia de las fábricas y de empresas recuperadas en nuestro país y en otros lugares ha sido bastante exitosa en eso a pesar de todas las dificultades”, agregó.

Finalmente subrayó el trabajo de la anfitriona de la segunda parte del encuentro: “Textiles Pigüé es un caso muy paradigmático de empresa recuperada exitosa desde el punto de vista que es una textil grande que era parte de Gatic, que era la que tenía hasta el 2000-2001 la licencia de Adidas. Eran muchas plantas en el país, algunas cuando quiebra la empresa en 2003 se recuperan y una es Textiles Pigüé que realmente ha logrado construir una empresa cooperativa muy eficiente y participativa en cuanto a lo político y social, con mucha importancia en el lugar donde están”.

Más información en 

https://laeconomiadelostrabajadores.wordpress.com/

Fotos: Encuentro Trabajadores y La Vaca

(Por Julieta Revelli) Katherine Gabriela Moscoso tenía 18 años el 23 de mayo de 2015, día en que apareció su cuerpo sin vida semienterrado en un médano en Monte Hermoso. Tras estar seis días desaparecida luego de ir a un boliche, la familia recibió la peor noticia. A más de dos años, aun no hay personas detenidas por el crimen.

Ezequiel Moscoso, tío de la joven y querellante de la causa que investiga su muerte, aseguró que hay evidencias contundentes para detener a quienes fueron responsables. El fiscal a cargo es Mauricio Del Cero, y según la familia no ha trabajado en el caso.

Si bien en diciembre del año pasado pidieron la remoción de su cargo, fue rechazada. Lo cierto es que han declarado más de treinta personas gracias al trabajo en conjunto de la familia de Katherine y Leandro Aparicio, su abogado.

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Investigación

Ante un caso de estas características, la primera duda que surge es por qué ni la policía de Monte Hermoso ni la Unidad Fiscal de Investigación N°5 de Homicidios, a cargo de Mauricio Del Cero y en la que se encuentra el crimen, avanzaron en la investigación.

El único trabajo fue realizado por cuatro investigadores los tres primeros meses. Pese a haber logrado avances, abandonaron la investigación por falta de recursos: la nafta para viajar a la localidad balnearia salía de su bolsillo, al igual que cualquier gasto que necesitaran. El alquiler del departamento para tomar declaraciones, sin embargo, corrió por cuenta de la familia Moscoso.

Después de esos tres meses y hasta el momento, ningún representante de la fiscalía a cargo del caso se acercó a Monte Hermoso a investigar. Mauricio Del Cero, sólo fue dos veces.

Según explicó a Ezequiel, el fiscal tiene “muchas fiscalías a cargo que lo mantienen ocupado”, por lo que no ha podido ocuparse de la causa.

“Todo va al mismo lugar, siempre se nombran a las mismas personas. Entonces si a esas personas no las citas a declarar es muy difícil avanzar”, indicó el tío de Katherine respecto a los autores del crimen.

Irregularidades

El caso cuenta con innumerables interrogantes: el incendio de una camioneta en la que se había encontrado ADN de la joven, el lavado del cuerpo que evitó obtener pruebas, la falta de imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en el centro de la localidad balnearia y la aparición de Katherine en un lugar donde ya se había rastreado, entre otros.

Quizás la más reconocida de ellas sea el linchamiento de Juan Carlos “Canini” González, que ningún policía pudo evitar.

Hasta el sábado 23 de mayo, día en que apareció el cuerpo de la adolescente, González era apuntado como el único sospechoso. Esa misma noche, fue agredido por nueve individuos. Su hermano denunció en reiteradas oportunidades la desprotección de policías que debían ir a custodiarlo y la familia Moscoso afirma que efectivos arengaron la violencia contra “Canini” y permitieron que el crimen ocurra.

Por estas razones, desde el primer momento la familia habló de una complicidad política y policial en Monte Hermoso, que evitó que hasta el día de hoy haya novedades.

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“En Monte nos conocemos todxs, somos ocho mil personas. No se sabe nada porque no se investiga, porque no se trabaja, investigaron tres meses y no hubo más nadie. A nosotrxs Triches, que era el secretario de Seguridad de Monte nos dijo que él no podía hacer nada, que era un ciudadano más del pueblo. Es más, nos quisieron poner psicólogxs para ver si nosotrxs habíamos matado a la nena. Fue una tomada de pelo”, manifestó Ezequiel.

Incluso, la familia sabe qué personas están ligadas al caso.

Hay gente muy poderosa atrás de todo esto sino el caso ya estaría resuelto. La línea investigativa más fuerte vincula al hermano del intendente Marcos Fernández, y si lo ves por ese lado te cierra todo. Tiene más lógica que hayan lavado el cuerpo. La policía de Monte Hermoso es comunal, la maneja el intendente. Tuvieron tiempo para todo. Si querían trasladar el cuerpo decidían que a esa camioneta no la paren y listo. Se llevan el cuerpo, después lo traen, lo plantan ahí, hacen y deshacen como quieren porque tiene todo el poder, manejan todo”, destacó.

Respecto al accionar de lxs funcionarixs de Monte Hermoso ante el caso, Ezequiel afirma que lo minimizaron desde un primer momento, e incluso nunca mostraron interés.

“Cuando apareció el cuerpo no se acercó nadie, ni siquiera para disimular. De ellxs nadie le fue a dar el pésame a mi mamá. Lo único que fueron a hacer, durante la búsqueda, fue llevarle ocho colchones, que mi vieja nunca pidió nada. Y estuvo el intendente dos minutos hablando con ella, y le dijo que estaban a disposición y no sé qué más. Durante los siete días que estuvimos buscando a la nena estuve en la comisaría, anduvimos de acá para allá. Nunca vi al intendente, nunca vi al senador Alejandro Dicchiara, nunca vi a nadie. A los seis meses tuvimos la reunión con el intendente, que dijo que había que dejar que la justicia actúe y recalcó que ponía las manos en el fuego por su familia”, contó.

Cada quince días, la familia Moscoso lleva adelante marchas en la que sólo participan familiares y allegadxs, porque, según afirman, la comunidad de Monte Hermoso les da la espalda. En total llevan 106 y en una de ellas, la número 91, Ezequiel realizó una denuncia a Martín Fernández, hermano del actual intendente que denuncia como uno de los implicadxs.

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“Cuando veníamos subiendo la loma del casino en el recorrido que hacemos de la marcha, venía el hermano del intendente con el camión y nos amagó a tirarnos el camión encima y se nos reía en la cara. Yo lo denuncié y a los dos días me llegó que la causa quedaba en el archivo por falta de méritos. El hermano es el que estaba encargado del boliche Arenas, donde fue Katherine antes de desaparecer”, subrayó.

En cuanto a la “hipótesis” en la que cree la familia Moscoso, la muerte de Katherine se produjo en la madrugada del domingo 17 de mayo de 2015, día en que desapareció.

“Fue todo bien armado. Para mí a la nena la matan el mismo día que desaparece. Y han armado incluso testimonios falsos. Hay una mujer, Blanca Danuncio, que dice que la vio a Katherine el lunes, el martes, y que la pudo haber invitado a tomar mate y la salvaba”, afirmó.

“Katherine debe haber visto algo que ellos no esperaban que viera. O ha participado de alguna fiesta en la que no quiso, la han llevado a tener relaciones y ella no ha querido y al negarse la han matado. Era muy espontánea, si ella vio algo ha dicho que lo iba a denunciar y pasó lo que pasó. Yo en un momento pensé que no la han querido matar a propósito pero le han pegado, la nena se desmayó, la han creído muerta y cuando la enterraron muere de asfixia. O puede ser que la hayan enterrado apropósito”, finalizó Ezequiel Moscoso.

La dirigente porteña de la CCC y el PCR Julia Rosales fue baleada anteayer al llegar a su casa. “Tiraron a matar, no es que fue una amenaza, fue muy grave, tiene dos balas alojadas en el codo y en el antebrazo por cubrirse la cara. Y descartado un robo o lo que sea porque tiró cinco tiros y siguió de largo”, dijo a FM De la Calle su hijo César García.

El ex precandidato a concejal por el Frente Socialista y Popular bahiense denunció que el ataque “es para acallar las voces, es una ola represiva de parte del gobierno de Macri, que quiere hacer pasar el ajuste a como de lugar”.

“Mi madre es Julia Rosales, la coordinadora de la Corriente Clasista y Combativa de una de las zonas de Capital Federal. Ayer a las cuatro de la tarde más o menos está llegando a su casa, cuando va a estacionar el auto ve por el espejo retrovisor que viene un flaco en una moto con el casco puesto a plena luz del día y, cuando va a abrir la puerta, ve que desenfunda un arma y se la apoya en el vidrio”, relató.

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Agregó que su madre “se tira para el costado y tipo reflejo se pone la mano en la cara y el tipo este le tira cinco tiros que le impactan dos en el brazo, en el codo que estaba cubriendo la cara, otro le pasa por el pecho. Termina de hacer eso y sigue de largo, o sea, descartado un robo, tira los cinco tiros y sigue de largo”.

García detalló que cuatro horas después, cuando su madre ya estaba internada en el Hospital Italiano donde se encuentra fuera de peligro, “le saltan arriba del auto de mi viejo que también es dirigente del PCR y del PTP de acá de Buenos Aires y le dejan rallado todo el auto”.

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El atentado “se da en un marco de que un conjunto de organizaciones sociales como la CTEP, Barrios de Pie y la CCC pusieron sobre el eje la política en relación a lo del hambre, en un contexto donde el día 22 el movimiento obrero se puso de pie contra la flexibilización laboral en relación a no avasallar los derechos del movimiento obrero y principalmente lo que está pasando en el sur con el tema de Santiago Maldonado”, concluyó.

A horas de cumplirse el primer mes desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida durante la represión de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, desde la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego aseguraron que “Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha y constituirse en el acuerdo prioritario” para que en la ciudad se realice una manifestación unitaria.

Para este viernes, la central llamó a un acto a las 18 mientras que media hora más tarde comenzará en el Teatro Municipal la concentración convocada por H.I.J.O.S., APDH, Red por la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo.

“Si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quienes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha”, afirmaron desde CTA.

Además, propusieron cerrar la movilización “al grito de: APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO, CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS y EL ESTADO ES RESPONSABLE”.

El comunicado completo:

A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, hacemos responsable al Gobierno Nacional en la persona del Presidente Macri, a la Ministra de Seguridad, al Jefe de Gabinete y a la Gendarmería, al gobernador Mario Das Neves (con enfrentamientos desde larga data con la comunidad mapuche) a la justicia y a la oligarquía terrateniente, entre otrxs.

Son los representantes del Estado Argentino quiénes la convalidan, negando y manipulando lo evidente, cuando hay muchísimas pruebas de que fue secuestrado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto en una violenta represión a la comunidad mapuche de Cushamen. No casualmente, se produjo dentro de las tierras patagónicas saqueadas junto a los bienes comunes por parte de empresas extranjeras, en este caso bajo el dominio de Benetton. Conflicto de larga data, al igual que los reclamos y la lucha del pueblo mapuche por recuperarlas.

Desde la CTA Bahía Blanca estamos convencidos/as que la construcción de un acto único es indispensable. La única diferencia en este marco debiera ser entre quienes queremos la aparición con vida de Santiago y quienes por acción u omisión no.

En esta oportunidad Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha, y constituirse en el acuerdo prioritario.

Por lo tanto, si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quiénes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha, y sería loable culminar con una gran movilización al grito de:

APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO
CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS
EL ESTADO ES RESPONSABLE

CTA BAHIA BLANCA-DORREGO
http://www.santiagomaldonado.com/comunicado-oficial-la-familia-2482017/

Ayer, 29 de agosto de 2017, en la sede de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, se reunieron la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, y el Dr. Mario Coriolano con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán Garavano.

En dicha reunión se le entregó la petición que figura al pie, que fue analizada pormenorizadamente por los presentes.

El señor Ministro se comprometió a evaluarla y dar respuesta en el término de 24/48 horas.

La Plata, 29 de agosto de 2017

Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán GARAVANO
S/D

La familia de Santiago Maldonado junto a nuestra abogada Verónica Heredia, peticionamos:

1.- El reconocimiento público del Gobierno de la Desaparición Forzada de Santiago Maldonado a partir del 1 de agosto de 2017 en el Departamento de Cushamen de la Provincia del Chubut;

2.- Garantice la efectiva participación de las víctimas en el proceso penal Expte. 8232/2017 “MALDONADO Santiago 5/ Desaparición forzada de personas -art. 142 ter CP” en trámite en la Fiscalía Federal de Esquel, Provincia del Chubut. A tal fin se solicita:

a) se adopten de manera urgente las medidas pertinentes para concretar la participación de investigadores de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y colaboradores que ellos convoquen;

b) se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago;

3.- Garantice una investigación independiente, pronta y exhaustiva que inicie la búsqueda con vida de Santiago, la determinación de las circunstancias de su desaparición, la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales, y establecer las diversas responsabilidades. A tal fin se solicite la cooperación y asistencia técnica a la Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos con sede en Chile, para la conformación de un grupo de expertos independientes que supervisen y, en su caso, colaboren con la investigación.

Saludamos al señor Ministro atentamente.

VERÓNICA HEREDIA
ABOGADA

Magalí Gómez, integrante de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, afirmó que a partir de la vulneración de derechos de las audiencias buscan transformar la matriz comunicacional. “Es un camino lento pero más interesante porque si a un medio grande vos le pones una multa, la paga y ya está, no cambiaron nada”.

La licenciada en Comunicación llegó a Bahía Blanca invitada por el Centro de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar El Nido para participar de talleres con estudiantes de secundaria y de periodismo.

En dialogó con El Mejor Equipo de FM De la Calle comentó que, desde el vencimiento del mandato de Cynthia Ottaviano, el organismo se encuentra acéfalo y a la espera de la selección de su reemplazante por parte de la Comisión Bicameral del Congreso.

“María José Güembe es la Directora de Protección y hoy quedó a cargo básicamente de la Defensoría. Estamos en una situación en la que podemos seguir trabajando, seguir defendiendo los derechos de las audiencias pero con algunas limitaciones que vamos sorteando día a día”, afirmó.

Gómez aseguró que siguen “trabajando en la recepción de denuncias y de reclamos por parte de las audiencias cuando les parece que haya habido alguna vulneración de derechos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual plantea que la comunicación es un derecho humano, en ese contexto implica que lxs ciudadanxs tenemos derechos comunicacionales, por eso somos audiencias”.

Ante las denuncias, la Defensoría se acerca a los medios involucrados para informarles acerca de las quejas o la vulneración de derechos y si bien no tiene la posibilidad de sancionarlos como la tiene el ENACOM (ex AFSCA), cuenta con la capacidad de buscar mediante el diálogo algunas transformaciones.

“Lo que buscamos es eso. Por un lado, ir transformando la matriz comunicacional, que es un camino lento pero más interesante porque si a un medio grande vos le pones una multa, la paga y ya está, no cambiaron nada. De esta manera vamos buscando una reparación. ¿Qué significa? Un pedido de disculpas, un informe que revierta el mensaje que se había dado anteriormente, un spot. Hay muchas posibilidades. Y, por el otro lado, lo que hacemos es todo este proceso de capacitación con audiencias, estudiantes y periodistas”.

Respecto al modo en el cual los medios retratan a las mujeres y a las denuncias que reciben por esas prácticas, Gómez destacó que “lo interesante de este momento histórico es que las audiencias están bastante sensibilizadas en relación al tema de géneros. Lo más interesante es que hay una demanda fuerte en relación al tema de la sexualización de las mujeres, la cosificación, la revictimización y también de las personas LGBT. De todo el abanico de temas que recibimos en torno a la discriminación el 60% son de estos temas”.

“Se está desarrollando una sensibilización mayor. El movimiento de mujeres ha tomado un protagonismo hoy en las calles, se ve con el Ni Una Menos que a nivel internacional ha tomado un impacto increíble. Me parece que hay mayor sensibilización y estamos más despiertxs mirando estas cuestiones en los medios de comunicación. Se ha logrado, por ejemplo, que se hable de femicidio, que la mayoría de los medios incluyan el 144 cuando hablan de violencia de género. Entonces me parece que estamos avanzando, por eso también las audiencias están más atentas”, agregó.

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina (AMARC-Arg), en el marco del 97º aniversario del comienzo de la radiofonía en nuestro país, nos movilizamos y exigimos que se garanticen nuestros derechos.

Este viernes presentamos ante el Ente Nacional de Comunicaciones un escrito pidiendo la apertura de concurso para acceder a licencias sin fin de lucro para obtener la legalidad de nuestros medios.

Esta acción se replicará en Santa Rosa, La Pampa, Bahía Blanca y Buenos Aires ante las delegaciones de ENACOM.

Lo que exigimos está contemplado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Ni el organismo ni los funcionarios cumplen con lo dispuesto en la norma.

Exhortamos al Estado y a los funcionarios correspondientes a que tomen en cuenta nuestras necesidades y nos den respuestas efectivas y concretas a nuestras históricas demandas. Exigimos:

•Que se realice el Plan Técnico que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios “Sin Fines de Lucro”. Hasta tanto no se formalice el mismo, pedimos que esto no condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares.

•Que se explicite dentro de ese 33% de los medios “Sin fines de lucro” la distinción de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, tal como están definidos en el artículo 4 de la LSCA, y que se realice el llamamiento a concursos para nuestras licencias.

•Que se democratice la distribución de la Pauta Publicitaria Oficial.

•Que se concrete el pago de la totalidad de los FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) adeudados.

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A pocos meses de la conformación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), los dirigentes Adrián García y Martín Parada pasaron por El Mejor Equipo de FM De la Calle para hablar sobre la situación laboral, el gremio opositor y varios temas más.

El SITRAIC surge hace ocho años a nivel nacional, principalmente en el conurbano bonaerense (La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús). Hace tres años obtuvieron la inscripción gremial nacional, que conlleva la posibilidad de tener delegaciones en todas las provincias. El 2 de marzo crearon la sede bahiense.

Desde entonces están en campaña para “normalizar la situación” en Bahía, ya que observan mucho trabajo en negro y precarización laboral (como ocurre en diversos rubros). En el caso de García y Parada, se afiliaron al nuevo sindicato “porque teníamos un gremio [UOCRA] que nos había desamparado totalmente, donde la corrupción es muy evidente y no podías hacer uso de la libre expresión”.

¿Cómo llevan adelante el reconocimiento por parte del Estado y la representación gremial?

 El dirigente afirmó que es un problema porque “a medida que avanzamos como sociedad se generan estos planteos. La Constitución dice que sólo un gremio por cada rubro puede tener la personería jurídica (que los habilitaría a participar de las paritarias, por ejemplo), que no quiere decir que sea el gremio de preferencia”.

Sin embargo, cuando se consiguió la inscripción gremial “fue un paso muy importante”. El próximo, asegura García, es “demostrar que el sindicato que tenemos enfrente no es el que lleva ‘la batuta’. Ellos lo enmarcan solamente en tratar de llevar el poder que han conseguido con los años, directamente con violencia, discriminación. No conocen otra forma, no conocen lo que es la democracia, hacer respetar al compañero, lo que realmente el compañero quiere. Prácticamente se han perdido todos los derechos en nuestro rubro”.

También comentaron que en los primeros meses de trabajo sufrieron hechos de violencia y discriminación por parte de la UOCRA. Por ejemplo cuando denunciaron las precarias condiciones en que trabajaban en una obra de Los Chañares. Una inspectora se acercó al lugar para clausurarlo y minutos después de retirarse, el delegado regional del Ministerio de Trabajo levantó la clausura. García habló con él y “nos dijo ‘me apretaron, tuve que levantarla’. Y pienso ¿cómo puede ser que un grupo de matones pase por encima del Estado?”.

Los compañeros de trabajo tuvieron que volver a la obra porque “no se podían resistir. El apriete era ‘laburen o los despiden’”. El gremialista asegura que el Municipio no tomó cartas en el asunto, y hasta lo consideró una ‘interna gremial’.

El 7 de marzo los integrantes de SITRAIC presentaron un petitorio ante el intendente y el Secretario de Obras Públicas “porque queríamos hacer un planteo respecto a nuestra bolsa de trabajo y cómo íbamos a trabajar en Bahía. Hasta el día de la fecha no nos atendieron”.

También denunciaron que quienes se acercan al gremio son despedidos o no consiguen trabajo. Y esto no es de ahora sino que “funciona así hace años. La conducción UOCRA lleva 14 años en el mando. Cada vez que se han presentado compañeros a una lista opositora automáticamente después no consiguen trabajo en ningún lado”.

El caso más reciente fueron los despidos en Indupa a principios de agosto, razón por la que tuvieron que cortar el ingreso al Polo para obtener alguna respuesta de sus empleadores, APB (Alta Presión Bahiense), una empresa tercerizada: “Niegan todo. Niegan el apriete de UOCRA. Han sido citados al Ministerio, el viernes pasado y no hay arreglo. Salieron diciendo que nunca fueron apretados”.

La semana pasada hicieron uso de la Banca 25 en el Concejo Deliberante, y presentaron un petitorio que reclama “que se respete la igualdad de condiciones, que se abra la bolsa de trabajo para afiliados de SITRAIC, que es lo que corresponde”. Piden que se sancione como ordenanza, para revalidar lo que ya dice la Constitución. “Esto lo queremos trasladar también a nivel privado. Sobre todo con las obras de envergadura que se vienen en Bahía Blanca”, afirmó García.

Los afiliados a SITRAIC tuvieron que llegar a estas instancias ya que, según Martín Parada, “el empresario tiene miedo a denunciar. Y también es cómplice. Hay empresarios en Bahía Blanca y la región que son cómplices de estos distintos aprietes [por parte del sindicato opositor]. Se lavan las manos con el obrero”.

Si el Municipio no acompaña, “no te abre las puertas y dice ‘acá hay dos gremios’… Estamos hablando de 600 afiliados en una bolsa de trabajo, de los cuales, 100 han sido despedidos en el último mes y medio”. Esa es una de las razones primordiales por las que han realizado marchas. “No podemos seguir haciendo oídos sordos, y el Estado tampoco”, aseveró Parada.

Mientras que en Carmen de Patagones lograron un convenio para que ambos gremios trabajen en Vialidad, acá no sucede lo mismo. García asegura que “cuando pasan estas cosas y se consigue la pluralidad sindical, el gremio opositor pierde fuerza. Ese es el miedo realmente”. Y considera que “en poco tiempo, como hemos avanzado, vamos a poder pedir de participar en las paritarias”.