Luego del femicidio ocurrido el viernes en Villa Mitre y a días de que comience el juicio a Jonathan Luna por el caso de Micaela Ortega, la abogada Fernanda Petersen habló con El Mejor Equipo de FM De la Calle.

Sobre la muerte de Mónica Esteban afirmó que no avanza el cambio de actitud y respuesta de lxs agentes del Estado.Empieza con la violencia verbal y terminamos con la institucional. Después de más de diez denuncias no podemos estar hablando de que la justicia no tomó ninguna medida, que este hombre no pudo ser notificado o que no se presentó”.

Y aseguró que “si a una de sus ex parejas le robó el botón antipánico estamos ante la presencia de una persona que evidentemente no va a cumplir ninguna ley, ninguna restricción que se le imponga, se tendrían que haber tomado otras medidas”.

“Obviamente que el Estado es responsable por esta inacción y por la falta de preparación en perspectiva de género: de entender la problemática de las denuncias por violencia, lo que es un círculo de violencia, y por qué muchas veces las mujeres vuelven con los violentos. Esta mirada errada de la situación hace que, lamentablemente, el viernes hayamos tenido que sufrir otro femicidio en Bahía Blanca”, aseveró la abogada.

Petersen consideró que para transformar esa mirada del Poder Judicial “la capacitación es fundamental. Y es una regla de oro creerle a la víctima. Si una mujer denuncia en diez o quince ocasiones violencia (verbal, física, económica, etc.), y tenemos como antecedente otra pareja que también había hecho denuncias. La medida de ‘no acercamiento’ está comprobado que no sirve. Como jueces o como parte de un sistema de justicia, pidámosle a lxs legisladores que lo modifiquen. Evidentemente este tipo de delitos tendría que tener otro tipo de abordaje”.

A raíz de estas situaciones, en el Colegio de Abogados están armando un consultorio gratuito para las víctimas de violencia y van a disponer un día de atención específico con abogadxs de la matrícula que trabajen esta temática. “Para tener también otro lugar porque, lamentablemente, la consulta es cada vez mayor”, afirmó Petersen, quien ya confirmó su participación.

El fin de semana también se supo que Jonathan Luna, femicida de Micaela Ortega, contaba con una cuenta activa de Facebook desde el penal de Saavedra. Al respecto, la abogada de Mónica Cid aseguró que “es una provocación”.

“El Estado está ausente en muchísimos espacios y nos toca a lxs particulares en cada situación hacer la denuncia y llevar adelante las acciones que tienden a corregir esto. Nosotras no estamos pidiendo que a Jonathan Luna no se le respeten los derechos, estamos pidiendo que las medidas de seguridad y de conducta que tiene que cumplir, las cumpla.

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“En las manos de Jonathan Luna, un dispositivo tecnológico con acceso a internet, es un arma. Es una persona que está imputada del delito de femicidio, de grooming (captación de menores por redes sociales), y que ha tenido otros intentos de captación antes y después del femicidio de Micaela. Me parece que, como mínimo, se debe tomar alguna medida al respecto”.

“Desde lo legal, es inentendible. Desde lo personal y particular, hay que decirle a la familia ‘este sujeto tiene una cuenta activa de facebook y publica fotos de él, con su compañero de celda, etc’. Se genera una situación de mayor vulnerabilidad para los familiares de las víctimas, que sienten que el Estado, como muchas veces estuvo ausente en temas de la búsqueda o recursos de la fiscalía, también está ausente en la supervisión de estas medidas particulares”, explicó.

Petersen también representa a la artista Olga Corrales, quien fue detenida el último Ni Una Menos (3 de junio), luego de realizar pintadas en Punta Alta. Si bien tuvieron tres instancias para reunirse con la persona que representa al Municipio de Coronel Rosales, optaron por ir a juicio “porque lo único que hacía era dilatar una situación que, consideramos, no era la intención de ninguna de las chicas pedir disculpas”.

Y reflexionó al respecto: “Una puede compartir o no la decisión de pintar un monumento –que no fue un monumento, sino la arcada de la entrada a la plaza de Punta Alta–, pero eso en media hora y con una lata de pintura se solucionó. Las mujeres que faltan, no vuelven más. Las mujeres abusadas tampoco vuelven a vivir una vida como la que tenían antes”.

“Cada vez que una mujer hace una denuncia y Tribunales no la escucha, eso no vuelve para atrás. El Estado está presente, pareciera, en el respaldo al femicida, al violento, y da mensajes violentos. Esto envalentona a cualquier machista que ande suelto, a sentirse con derechos para hacer lo que se le antoja”.

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21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Se trata del tercer tramo de la causa V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo solicitado por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Los jueces José Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava afirmaron que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por mayoría, declararon que “fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívica militar”. Además, mandaron que las penas se cumplan en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal.

A su vez, los magistrados rechazaron otras medidas de reparación simbólica dirigidas a las universidades nacionales del Sur y del Comahue y a la Municipalidad bahiense.

El fiscal José Nebbia comentó que el debate mostró el “montaje en todo el territorio de la Patagonia con epicentro en Bahía Blanca”. “Lo distintivo del juicio es que se muestra la articulación con la represión en Rio Negro. Eso se había visto respecto de Viedma, pero aquí vimos qué fue lo que pasó con el Alto Valle y Neuquén”.

Recordó que la causa involucró a 105 víctimas, “un tercio de esas personas están desaparecidas y por eso la cantidad de pedidos de condena de prisión perpetua es tan alto y para aquellos que no están imputados por víctimas asesinadas o desaparecidas, la cantidad y la gravedad de los hechos hace que las penas sean también altas”.

“Me acuerdo de 1984, ’85, que estábamos acá junto a los compañeros de Bahía Blanca -porque las causas estaban juntas todavía- y lo que era Bahía todavía aplastada por los militares, los marinos y todo lo que los rodeaba y cómo se han levantado, se han organizado, han protestado y han tenido estos juicios contra el Ejército y contra la Marina que son ejemplo”, dijo a FM De la Calle Noemí Labrune mientras esperaba ingresar a la sala.

En cuanto a las declaraciones del ex guardia de La Escuelita, Arsenio Lavayén, quien se refirió a la apropiación de uno de los bebés nacidos en cautiverio, Nebbia afirmó que la información ya la tenían pero “es la primera vez que uno de los imputados rompe ese pacto de silencio y esperemos que eso tenga consecuencias no solamente para el imputado que tuvo una necesidad de contar lo que había hecho, lo que había visto, sino también en el resto, que se quiebre el muro de silencio y que nos permita encontrar a los chicos y a los cuerpos de las personas que desaparecieron y no sabemos dónde están”.

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La titular de la APDH de Neuquén opinó que el pacto de silencio de los genocidas “se va a mantener porque los que están apalabrados, los que estaban promoviendo este sistema criminal, saben que siguen torturando. Deben estar muy contentos de negar lo que saben porque es parte del crimen compuesto, permanente y continuo del delito de lesa humanidad”.

Luego de la sentencia, el fiscal Miguel Ángel Palazzani aseguró que “la Fiscalía se va muy conforme” y agregó que Alejandro Magno Nieva “fue absuelto por el beneficio de la duda, veremos los fundamentos y apelaríamos esa parte”.

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Consultado por el cumplimiento efectivo de la orden judicial para que las penas sean en cárceles comunes, sostuvo que dependerá de la situación de cada represor: “Recorrimos todos los caminos procesales pidiendo la revocación de esas domiciliarias para el caso de los que entendemos que por las pericias están en condiciones de estar en cárcel común y lo solicitamos, el tribunal termina resolviendo caso por caso. Por lo pronto, el principio es cárcel común”.

En cuanto a los planteos rechazados por el tribunal dijo que “hay que seguir siendo creativos, pidiéndolos, apelándolos y dando fundamentos y argumentos porque la lucha sigue, esto no termina acá”.

El 5 de diciembre se realizará la audiencia preliminar de la segunda etapa del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción de la Base Naval de Puerto Belgrano de la Armada Argentina.

Las penas y los nombres

Las condenas a prisión perpetua fueron para los integrantes del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal y Osvaldo Lucio Sierra. Para Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Enrique José Del Pino y Víctor Raúl Aguirre del Destacamento de Inteligencia 181 y para los miembros de la Agrupación Tropas Julio Guillermo González Chipont, Pedro Ángel Cáceres y Carlos Alberto Ferreyra.

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La pena máxima alcanzó también al jefe del Batallón de Comunicaciones 181 Jorge Enrique Mansueto Swendsen y Alejandro Lawless, jefe de sección en dicha unidad militar; a los guardias del CCDTyE La Escuelita Gabriel Cañicul, Raúl Artemio “el abuelo” Domínguez, Desiderio Andrés “perro vago” González, Arsenio “zorzal” Lavayén y José María Martínez; y a los policías bonaerenses Pedro José Noel y Jesús Salinas.

Para el integrante de la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, Oscar Lorenzo Reinhold, los jueces sentenciaron 14 años de cárcel; 10 para el policía federal de Viedma Osvaldo Vicente Floridia y 9 para el jefe de la Policía Federal de Neuquén, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, y los militares de la Agrupación Tropas Miguel Ángel Chiesa, Jorge Horacio Rojas y Miguel Ángel Nilos.

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Los jefes de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Héctor Luis Selaya y Andrés Reynaldo Miraglia recibieron castigos de 6 y 3 años de prisión, respectivamente. Y también 3 recibió el comisario rionegrino Antonio Alberto Camarelli. En tanto, fue absuelto el ayudante del comandante del V Cuerpo e integrante de la Agrupación Tropa, Alberto Magno Nieva.

Durante el juicio murieron Carlos Andrés Stricker, Hugo Jorge Delmé y Raúl Oscar Otero, todos condenados a prisión perpetua en juicios anteriores. Previamente habían sido apartados del proceso Enrique Braulio Olea, Julio Manuel Santamaría, Mario Alberto Gómez Arena y Luís Alberto Farías Barrera. En tanto, el comisario bonaerense Gustavo Boccalari recusó al tribunal y fue condenado a perpetua por otros jueces.

Continúan este jueves los allanamientos encabezados por la Fiscalía Federal en busca de muestras de sedimentos y vertidos líquidos para la realización de una pericia sobre el estado del estuario en el marco de la causa judicial que investiga la contaminación en la ría.

Ahora es el turno de la empresa ABSA que vierte líquidos cloacales y otras substancias sin el tratamiento adecuado.

La denuncia fue presentada por pescadores artesanales años atrás e involucra además a Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.

Participan la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona. El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.

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Esta mañana la Fiscalía General encabezó un operativo en el cual se tomaron muestras de vertídos líquidos y sedimentos y se secuestró documentación de las firmas TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar y Profertil.

Participaron integrantes de la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona.

La medida fue solicitada por el fiscal Alejandro Cantaro en el marco de la causa judicial que investiga la responsabilidad de las empresas del polo y otros organismos gubernamentales en la contaminación del estuario. La denuncia fue realizada por pescadores artesanales.

El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.

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Esta mañana, artistas de la ciudad realizaron una intervención en el marco de las expresiones culturales que denuncian desguace cultural en Bahía Blanca. Intérpretes musicales y actores convirtieron el hall del palacio municipal en su escenario de denuncia. “No pasa naranja”, fue el poema de León Peredo abordado por Lucas Sánchez, Leonardo Fabrizi y Lucas Magallán. Luego, el guitarrista acompañó a Clementina Zivano haciendo “Para un amanecer” de Verónica Condomí.

A su vez, se anunciaron una serie de actividades emanadas de la asamblea realizada el sábado pasado en la sala El Tablado de la que participaron artistas de todas las disciplinas. De esta forma, el próxima miércoles 11 de octubre se llevará a cabo una charla debate en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur (Além 1253). La misma se realiza para reflexionar en torno de los 8 años de funcionamiento del Consejo Cultural Consultivo. Al día siguiente, habrá una conferencia de prensa en el hall municipal y posterior movilización con presencia también en el Honorable Concejo Deliberante.

¿Qué es el desguace cultural?

El pasado 2 de agosto, una movilización de trabajadores/as de la cultura solicitó una audiencia oficial al intendente Héctor Gay. El mandatario aún no ha respondido, así como a otros pedidos de audiencia como la de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar. En esa oportunidad se  enumeró y describió el listado de problemáticas que atraviesa el sector.

  • Insuficiencia presupuestaria y ajuste.

Ya en el primer semestre de 2017 los recortes a nivel municipal están condicionando la actividad de diversas áreas, en particular las de la cultura, para cuya actividad, que reviste características especiales, existen recursos imprescindibles (por ej., horas extras, inversión en infraestructura e insumos, etc.).

  • Precarización laboral de los/as trabajadores/as de la cultura.

Ausencia de soluciones para las situaciones de irregularidad arrastradas desde hace años y generación de nuevos problemas (por ej., no regularización de la planta temporaria que realiza tareas permanentes, empeoramiento de las condiciones laborales de quienes se encontraban en régimen de destajistas, etc.).

  • Avasallamiento de la carrera administrativa y la idoneidad.

Designaciones directas de cargos políticos que terminan convirtiéndose en planta municipal, colocaciones de funcionarios/as no idóneos en los espacios culturales-artísticos municipales.

  • Desarticulación de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar.

Tras una serie de promesas incumplidas, la Orquesta no comenzó sus tareas en lo que va de 2017, dejando a los/as estudiantes sin este espacio de referencia y formación y a sus trabajadores/as que tienen más de 8 años de labor ininterrumpida sin su fuente laboral. Desprecio por los/as músicos/as que desempeñan sus funciones en la misma. Ausencia de transparencia respecto a los compromisos asumidos en la dilatada negociación.

  • Desarticulación de los Museos Municipales.

A través del ajuste y la desinversión, la ausencia de políticas en esta área, el avasallamiento de la carrera administrativa y la precarización de sus empleados/as.

  • Desarticulación de los Talleres Barriales.

Generalización de la contratación por régimen de monotributo, retrasos en los pagos de haberes, desconocimiento de los acuerdos anteriores que fijaban una remuneración mínima.

  • Desapoyo al Teatro Municipal.

Su actividad de ve afectada por una creciente derivación de las actividades hacia su presupuesto. Temor por la continuidad de los talleres gratuitos que allí se dictan.

  • Subestimación y tratamiento discriminatorio a los artistas del colectivo Los Chopen.

Inestabilidad en las condiciones de apoyo brindadas a sus funciones, subestimación de su carácter de artistas, falta de atención y respuestas.

  • Incumplimiento de la ordenanza de Espacios Culturales Independientes.

Con dilaciones en su aplicación y medidas gubernamentales que dificultan el desarrollo de los mismos, incluso atentando contra la existencia de algunos (por ej. La Nave)

  • Dilaciones en la aplicación de los subsidios de Hechos Artísticos y Culturales con continuidad en el tiempo.

Pese a la disponibilidad de este Fondo existente desde principios del año, cuya ordenanza se ha aprobado por unanimidad, y a los acuerdos arribados en el seno del Consejo Cultural Consultivo, desde el área de Economía se encuentran demoradas las entregas, lo cual condiciona la realización de estas actividades, para muchas de las cuales el área de Cultura había comprometido recursos.

 

El Ministerio Público Fiscal encabezó esta mañana una serie de allanamientos en seis empresas del polo petroquímico de Bahía Blanca en el marco de la investigación por la contaminación del estuario.

Desde las siete de la mañana se recogieron muestras de vertídos líquidos y sedimentos y se secuestró documentación de las firmas TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar y Profertil.

La medida fue solicitada por el fiscal Alejandro Cantaro al juez federal Walter López da Silva quien autorizó el operativo del cual participaron la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona.

El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.

En mayo de 2015, la Fiscalía General requirió a la titular del Juzgado Federal Nº2, Gabriela Marrón, la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público.

La presentación llevaba la firma del fiscal Cantaro y agregaba documentación a la Causa 135623/2011 “MENINATO, Rolando (PBB Polisur S.A.) y otros s/ inf. Ley 24051” originada años atrás por pescadores artesanales de la localidad portuaria ante la disminución de peces en el estuario.

A su vez, se tramita una demanda civil en la cual están imputadas Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, ABSA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.

El proceso civil busca definir “la calidad ambiental del estuario”, detener el vertido de residuos tóxicos y sanear la ría. Además, pretende una indemnización por daño moral colectivo.

En paralelo se tramitan causas individuales de medio centenar de pescadores artesanales que impulsan la demanda con el fin de lograr un resarcimiento económico porque no pudieron seguir ejerciendo su oficio.

Foto: Canal 7.

A dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado 87 organizaciones bahienses respondieron este domingo a la convocatoria de la familia del joven y realizaron actividades y una movilización en la ciudad.

En una carpa instalada en Plaza Rivadavia compartieron su testimonio Julio Saquero y Mabel Sánchez de la APDH Regional Noroeste de Chubut, quienes presentaron la primera denuncia ante el ex juez de la causa, Guido Otranto, tras la represión de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen.

También brindaron su testimonio integrantes de Mujeres Originarias por el Buen Vivir y Kumelen Newen Mapu.

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Estas son las organizaciones adherentes. y convocantes 

1. ADUNS
2. CTA B. Bca.
3. CTA Autónoma Pcia. de Buenos Aires
4. SUTEBA Ba. Bca.
5. Asociación Bancaria. La Bancaria Ba. Bca.
6. AJB (Asoc. Judicial Bonaerense)
7. SADOP Bahía Blanca
8. ASTRAMyC
9. UMSur
10. ATE (Deleg. Orq. Sinfónica)
11. SUTEP
12. Lista Encuentro en ADUNS
13. Lista Azul No Docentes UNS
14. Lista Violeta No Docentes UNS
15. Lista Colectivo Político de Humanidades – UNS
16. Depto. de Humanidades UNS
17. La WATU en Humanidades
18. Cátedra Libre de DDHH Depto. de Humanidades UNS
19. Coordinadora de Escuelas Artísticas de Bahía Blanca
20. Centro de Estudiantes de Humanidades UNS
21. Centro de Estudiantes Escuela de Teatro
22. Centro de Estudiantes de la Escuela de Artes Visuales
23. Centro de Estudiantes del Conservatorio de Música
24. Centro de Estudiantes de la Escuela de Danzas
25. Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior
26. Centro de Estudiantes Trabajo Social
27. Puño y Letra UNS – Estudiantes para la liberación
28. Voluntariado Jóvenes y Memoria – Reg. B. Bca – P. Alta
29. Cardumen
30. Mujeres Inorgánicas K
31. Interbarrial Sur
32. Teatro Estable del Departamento de Humanidades UNS
33. Artistas Peronistas
34. Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca
35. Colegio de Trabajadores Sociales Distrito Ba. Bca
36. Acciones Feministas
37. Espacio Bruja Brújula
38. Bahiensas Feministas
39. Colectivo Pueblo en Lucha
40. El Grito. Movimiento desde abajo
41. Desbandadas
42. Mujeres Originarias por el Buen Vivir
43. Comisión de Apoyo a los Juicios
44. CCB Cofradía Cannábica Bahiense
45. Libreseiguales.org – Publicación colectiva
46. FM de la Calle
47. Asoc. Arg. de Actores (filial B. Bca.)
48. La Máquina Radial
49. Néstor Barral (Sec. Gral. Asoc. Bancaria)
50. Cristianos, Pastores y Curas en Opción por los Pobres
51. Agencia Paco Urondo
52. NI UN PASO ATRÁS
53. CTEP
54. MTL – Bahía Blanca
55. APYME
56. ConBahía
57. KumeleMapu
58. Corriente Nacional de la Militancia
59. UNIDAD CIUDADANA Bahía Blanca
60. Corriente Comunista David “Watu” Cilleruelo
61. Partido Justicialista
62. CCC
63. Movimiento Evita
64. Juventud Sindical Peronista
65. Corriente Luche y Vuelve Partido de la Victoria
66. FJC (La Fede)
67. PTP
68. Partido Gen Ba. Bca.
69. Dr. Rodolfo Lópes
70. Polo Social
71. Nuevo Encuentro
72. Grupo 83
73. Kolina Frente Femenino
74. MST en Izquierda al Frente
75. Kolina Juventud Bahía Blanca
76. Bloque Concejales FPV 27 de Octubre
77. PC
78. PO
79. Agrupación “14 de Septiembre”
80. Comunismo Revolucionario (Partido MLM)
81. Integración Ciudadana
82. Unidos y Organizados
83. PTS en el FIT
84. Nuevos Vientos
85. Unidad Socialista para la Victoria
86. Agrupación Diversidad Peronista B. Bca.
87. Patria Grande

Eugenia Justo, integrante de Suteba Bahía Blanca, analizó en FM De la Calle la reforma educativa que propone el macrismo para la provincia a través del Plan Maestro y la “secundaria del futuro”. La charla se dio en el marco de la toma de colegios porteños por parte de estudiantes que exigen participar en la discusión sobre las modificaciones impulsadas por el gobierno de Cambiemos.

En diálogo con El Mejor Equipo (martes de 10 a 14) la docente dijo que el proyecto Secundaria 2030 es más de lo mismo con “reminiscencias de lo viejo”.

“Es una segunda generación de reformas. La primera generación arrancó en los ’90 con Ley Federal de Educación. Luego tuvimos una continuidad con la Ley Nacional de Educación del 2006 del kirchnerismo. Es la profundización de las reformas anteriores”, sostuvo.

Justo aclaró que desde el gremio no se oponen “bajo ningún concepto a reformar. Nosotros entendemos que esta escuela secundaria ya no da respuestas; que esta escuela secundaria ya no cumple con los objetivos que alguna vez tuvo, que eran: generar jóvenes para el mundo del trabajo, para la continuidad de los estudios superiores. Es una escuela secundaria que tiene que replantearse funcionamientos, metas, pero no bajo la lógica que propone el Plan Maestro o el gobierno de Cambiemos”.

“Hay una tendencia hacia la mercantilización y a convertir la educación en un negocio, en el cual no hay que dar a conocer tanta información. Por lo tanto, enajenar a las familias y a lxs alumnxs, no tiene que saberse”.

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La docente explicó que el principal objetivo de la reforma será preparar a las y los jóvenes para el mercado del trabajo. “Hay un fuerte pedido del mercado laboral de generar un determinado tipo de mano de obra. Esa mano de obra tiene que ser formada por la escuela secundaria. El mercado necesita una mano de obra abaratada, emprendedora, es decir, que sea responsable de la propia búsqueda de su empleo. Pero un empleo que no va a encontrar fácilmente sino que lo va a tener de elaborar y a su vez adaptándolo a la flexibilización”.

Justo destacó que los contenidos se reducirán porque “solo se van a ofrecer capacidades a las que llamamos blandas. Estamos diciendo que se está borrando el conocimiento. Por lo tanto, estxs chicxs para qué van a querer resolver tanto si lo que van a tener que resolver es de qué van a vivir”.

Respecto al impacto local, la dirigente de Suteba comentó que “la provincia de Buenos Aires está entre las que van a iniciar la secundaria del  futuro. Las experiencias van a ser pilotos, plantean una gradualidad de acá al 2021. La provincia ya tiene escuelas seleccionadas y Bahía tendría tres escuelas piloto de la secundaria 2030”.

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Los niveles primaria e inicial también tendrán cambios: “Los jardines de infantes uno de los mayores problemas que tienen es que no tienen los edificios que deberían tener. La publicidad del Plan Maestro y de Cambiemos -apenas asumieron- era que se iban a crear tres mil jardines, entendiendo que era una necesidad que realmente falta. Hay matrícula que no tiene jardín, niñxs que no pueden insertarse en ningún jardín o en ningún aula. La promesa fue construir tres mil jardines en el transcurso de los cuatro años. Hasta el momento tienen construidos 26 y ya el nuevo ministro de Educación está diciendo que no se van a construir jardines sino aulas. Por lo tanto, el nivel inicial tiene que ser urgentemente atendido”.

“En Bahía Blanca ha crecido mucho, hay sectores como Villa Delfina que tenemos excedente de chicos, que quedan fuera. Alrededor de 60 chicxs por barrio, estamos diciendo que esto impacta en la comunidad directamente. Esas familias no van a poder trabajar porque van a tener que cuidar a esxs niñxs. En Bahía Blanca falta siete jardines más o menos, todavía no se ha construido nada. Los jardines del centro no tienen excedente de matrícula, esto ocurre en los barrios de la periferia”.

Finalmente, Eugenia Justo dijo que “en la primaria la gran modificación que se viene es esto de hacer trabajar a la escuela por proyecto, ofrecer no escuelas como las conocíamos ahora sino ofertas educativas”.

“Cada escuela presenta su oferta educativa, la tiene que organizar y la tiene que llevar adelante. La autogestión es una palabra clave, que todavía no se erradicó y sigue estando presente, es muy propia de la Ley Federal de los años ’90 y, sin embargo, vuelve como paradigma en esta idea de que el Estado se corre de algunas responsabilidades, la comunidad ingresa como responsable de generar, de sostener esos proyectos educativos de la mano del sector privado”, afirmó.

Juan Martín Guevara está en Bahía Blanca para humanizar y cargar de contenido al mito del Che, su hermano mayor, fusilado hace cincuenta años en la selva boliviana. Invitado por la Comisión de Homenaje a Ernesto Guevara se presentará a las 18:30 en Luiggi 63.

“Mi hermano el Che” es el nombre del libro que servirá de excusa para reflexionar acerca del pensamiento político y la vigencia de la lucha del comandante de la Revolución Cubana.

En diálogo con FM De la Calle, Juan Martín comentó en la última emisión de El Mejor Equipo que “a pesar de que no era una familia proletaria, obrera, en el sentido de clase”, la suya no tenía “nada que ver con la oligarquía o con la aristocracia” como refieren muchas biografías.

“Primero porque no había un mando en la casa y segundo porque eran lo más rupturista y anticonservadores que te puedas imaginar, tanto mi viejo como mi vieja. Iglesia y militares no cabían, sonaba alarma en la casa. Política sí, todo entraba en la bolsa, que también era bastante diversa, nada que ver con algo que viniera de arriba, o una especie de mandato o que tuvieras que pensar de alguna manera. De ahí fuimos surgiendo”.

“De una familia no normal salió un tipo muy poco normal”, dijo Guevara y recordó la frase de Galeano sobre su hermano: “El más nacedor de todos, el que cada vez crece más”.

Comentó los viajes de “Ernestito” a dedo por las sierra de Córdoba, en buques petroleros desde sur hasta el Caribe, en bicicleta a motor hasta Santiago del Estero, con La Poderosa junto a Granados por Latinoamérica y el último camino que lo convertiría en el Che.

“Era muy lindo cuando estaba”, dijo Juan Martín y explicó que cuando partía llegaban las cartas enviadas sin costo desde los consulados argentinos. Primero las de “un viajero social” y luego “más profundas y políticamente comprometidas”.

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El cambio se produjo durante la visita a la Guatemala de Jacobo Árbenz, quien “había hecho una reforma agraria y gobernaba bajo un frente en el cual había sectores del Partido Comunista, marxistas y distintos sectores”.

Tras la caída de Árbenz, Ernesto se fue a México. “Las primeras cartas son más o menos pero de pronto empiezan a ser light de nuevo, de nuevo viajero. Evidentemente en ese momento estaba metido en el tema con el 26 de Julio, con los cubanos y ya no escribía lo que hacía pero recién cuando caen presos Fidel y los compañeros cubanos más él salta la cosa”.

“Cuando sale de la cárcel se va a meter en la casa de un guatemalteco. El acuerdo era que salía para volver a la Argentina, pero se mete en esa casa y a los dos días se embarca con los compañeros en el Granma”.

Luego de los combates de Sierra Maestra y la victoria de la Revolución la familia Guevara se reencontró en La Habana. “Era dejar a Ernestito y encontrar al Comandante, un poco distinta la cosa. (…) Cuba era un revoltijo, una situación compleja, muy complicada. El gobierno de Batista era muy sanguinario, mucha gente exiliada, y el 26 de Julio iba creciendo en todos lados”.

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Juan Martín era por entonces un militante popular porteño, fundador del centro de estudiantes de Avellaneda y ya contaba con los primeros palos de la policía sobre sus espaldas. “Llego a una revolución que viene a hacer un antes y un después en toda América Latina, era impresionante. Y que mi hermano fuera comandante era una cosa doblemente impresionante, indescriptible transcribir aquello”.

“Todo estaba revolucionado, todo era ebullición, movilización, encontrarse con la gente del Ejército Rebelde. Fuimos a parar al comando general que era el Hotel Habana Hilton, estábamos en enero, ahí nomás del triunfo y al mismo tiempo te encontrabas con turistas. Era una mezcla increíble, conocerlo a Camilo, a Almeida, al coronel Bayo, al que era presidente en ese momento. Una serie de cosas que, para quince años de venir de jugar a la pelota en el barrio a encontrarte con eso, era algo realmente de novela”.

El mito y la conciencia

En cuanto a la apropiación de la figura de Ernesto Guevara por parte del capitalismo, Juan Martín opinó que el mercado “obviamente hace negocio con todo, todo es mercadería, todo es producto y el producto Che vende y entonces se usa. Por otro lado vulgarizarlo, banalizarlo, mercantilizarlo, de alguna manera le quita el valor revulsivo, revolucionario, de pensamiento o de referente”.

“¿Por qué crece este mito? Porque los mitos son siempre producción de las sociedades, no vienen de cualquier lado, las propias sociedades van elevando cada vez más un personaje a nivel de mito. Hay una necesidad de ese referente y son las desigualdades que cada vez crecen más, las injusticias que cada vez están más al día, la mercantilización de todo. Los valores están deshumanizados absolutamente”.

CHE CUBA EN NACIONES UNIDAS

Guevara manifestó que “los personajes históricos revolucionarios más intragables y digeribles por el imperialismo y el capitalismo han sido Lenin y el Che. Lenin está callado, el Che no. El Che sigue hablando, sigue presente, en cualquier lugar del mundo uno ve una bandera del Che, que suele ser una bandera de protesta, una bandera de jóvenes. Entonces ese es el fondo real de la cuestión. Sigue siendo referente por lo que el peleó, luchó, enfrentó. Sigue estando presente”.

“La ventaja es que el mito existe. Entonces no tenés que generarlo, tenés meterle contenido y humanizarlo. Esa es un poco la militancia mía hoy. (…) Hay 4288 páginas publicadas de él y solo se conoce el diario del Che en Bolivia y alguna biografía”.

“El capitalismo está en crisis y ya no genera nuevas posibilidades. A medida que la tecnología avanza genera nueva gente sin trabajo y una acumulación cada vez mayor a partir de esa misma tecnología en cada vez menos grupos económicos y más poder militar, etcétera. Siempre se habla del Che y lo identifican con la guerrilla, con la lucha armada, no con el pensamiento político”, aseguró Juan Martín.

Para el “Tín”, hay que dar vuelta la situación y “solo la historia va a decir cómo”. “Nadie pudo imaginarse cómo fue el 17 en Rusia, ni como fue Vietnam, ni China, ni en Cuba, ni el Cordobazo, nadie imaginó el 2001. Los pueblos en un momento dado responden”.

“Ahora, en su pensamiento hay una cosa que es la cuestión del estudio profundo de cómo y cuáles son las crisis. Dos, que los actores sociales que están perjudicados, estén consientes o no de que son perjudicados, se aglutinen y enfrenten esa situación. La tercera es la conciencia. Hay que ser conscientes de que esa situación es así y hay que cambiarla”, concluyó.

La gobernadora María Eugenia Vidal denunció en Bahía Blanca supuestos “pedidos desmedidos” por parte de la UOCRA a empresarios locales referidos a la contratación de determinadas empresas de transporte y viandas de alimentos. La Unión Industrial y la Cámara de la Construcción se manifestaron públicamente en el mismo sentido y el intendente Héctor Gay pidió que la Fiscalía actúe de oficio.

Tras designar a Gustavo Zorzano para tal fin, el fiscal general Juan Pablo Fernández dialogó con El Mejor Equipo de FM De la Calle.

“La investigación comienza en función de una gran cantidad de notas periodísticas por las cuales se dan a conocer una serie de irregularidades, que podrían consistir en hechos de naturaleza delictiva como, por ejemplo, el delito de extorsión”, dijo.

Agregó que “alguna de ellas ya planteaba un hecho concreto, que se podía llegar a individualizar. Esto generó la decisión de realizar una investigación penal preparatoria”. “Será el fiscal Zorzano, quien con todo el material periodístico compilado, podrá empezar a tomar declaraciones y realizar la averiguación correspondiente sobre la existencia de hechos específicos, circunstanciados”.

Sin embargo, “en alguna de esas notas periodísticas sí se daba la pauta de un hecho referido a un acontecer histórico determinado. A partir de ahí, se puede tomar la punta de ese ovillo y empezar a desarmar la madeja”, explicó.

En relación a si el hecho concreto serían las supuestas presiones por parte de UOCRA a empresarios, para la contratación particular de empresas vinculadas a determinado transporte o servicio de viandas, el fiscal general afirmó: “Hay un hecho circunstancial, hay que ver si esto efectivamente fue así. En eso consiste la investigación”.

Juan Pablo Fernandez

“Más allá de comentarios al respecto que se venían haciendo en la ciudad sobre esta modalidad operativa, hay que señalar que nunca hubo una denuncia concreta por parte de las presuntas víctimas. Y esto es importante: que las víctimas de esta clase de hechos se presenten en la justicia, se comprometan y denuncien porque es la forma de acabar con esta circunstancia”.

Respecto a si les cabe algún tipo de responsabilidad a las empresas ya que no habían hecho las denuncias pertinentes y accedieron a esas condiciones de trabajo, Fernández dijo: “Si estamos frente a una situación de extorsión, no; porque el sujeto extorsionado no tiene la libertad de elegir, es la víctima del delito”.

“Distinto puede ser otro tipo de situaciones en que puede llegar a haber alguna connivencia empresarial. Acá se está hablando de otra cosa, de circunstancias en las cuales, empresas constructoras serían victimas de aprietes ilegales que encarecerían la construcción, en función de exigencias ilegales de contratación determinadas, o determinadas sumas de dinero”.

“En principio, si esto efectivamente se corrobora, estaríamos frente a un delito de extorsión, donde el único sujeto activo del delito –para llamarlo con propiedad– es el extorsionador. La otra persona, el que paga, es el extorsionado y la víctima”, ratificó.

Luego del accidente que sufrió el lunes por la tarde Fernando Merino, obrero de la empresa Ecosur –contratada por ABSA–, El Mejor Equipo se comunicó con el titular de Defensa Civil, José Luis Holzman, para saber cómo fue el rescate en la obra de Garibaldi al 100.

El funcionario aseguró que “el personal de guardia lo que me refiere es que esta persona se hallaba presionada por la tierra que se derrumbó. La tarea de rescate demandó entre 45 minutos y una hora”, ya que la filtración de agua que estaba reparando, mezclada con la tierra produjo barro; Merino tenía botas colocadas, que generaron un efecto ‘ventosa’ a la hora de intentar extraerlo de la zanja.

Respecto a las condiciones de trabajo que se apreciaban, el titular de Defensa Civil dijo: “Lo que nosotros pudimos observar –no somos técnicos ni entendidos en el tema–, para el trabajo que estaba realizando, quizás hacía falta contención dentro de la zanja, algún sistema que evitase que la tierra se desmoronara”.

El arnés que tenía el obrero ayudó al momento de la extracción. Holzman indicó que de ahí “se hacía la tracción para retirarlo [de la zanja]. También tenía un cabo de vida, una soga adicional, que sirve para llegar en forma inmediata hasta la persona”. Además, reiteró que “se hizo muy difícil la tarea para retirarlo” debido al barro que se había formado.

“Mínimamente, cuando uno está trabajando bajo estas condiciones, se puede presuponer que puede haber algún derrumbe por la condición de la tierra empapada en agua; por lo menos arbitrar los medios mínimos para que esto no ocurra. No somos técnicos ni especialistas, por eso se dio intervención a personal de la policía y policía científica. Ellos determinarán las condiciones en cuanto a riesgo de vida y seguridad que se pudieron haber cumplido o no en el trabajo”, afirmó.

Defensa Civil trabajó en el lugar hasta que Merino fue trasladado al Penna, luego le dieron lugar a policía científica para que analice la situación. “La parte de la evaluación pasa por una cuestión de que hay que investigar si estaban dadas las condiciones de seguridad para trabajar en el lugar”, concluyó Holzman.

Foto: Canal 7.

El lunes por la mañana, organizaciones sociales, sindicales y gente de a pie manifestaron su apoyo al reclamo de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar. El organismo convocó a realizar un “vacío simbólico” basado en hacer unos minutos de silencio a modo de representación de la falta de respuesta que atraviesan muchos proyectos culturales y educativos de la ciudad.

La orquesta ha pedido audiencia con el intendente municipal, Héctor Gay, ya que la subsecretaria de Formación y Promoción Educativa, Morena Llanca Rosello, responsable política del cuerpo, no ha resuelto el normal funcionamiento. Treinta niños, niñas y adolescentes no tuvieron clase en todo el año. Sesenta esperan por ingresar. Nueve docentes sin cobrar.

Pese a haber aprobado una orden de compra el 30 de julio, la misma subsecretaría ha trabado la firma de los contratos.

Astor Vitali, Secretario General de UMSur, abrió el acto recordando la situación de la orquesta y destacó que “buscan generar depresión y desánimo a través del maltrato y la falta de respuesta. Es un riesgo caer en un estado de desaliento. Podemos perder mucho si dejamos que avasallen nuestros derechos. Necesitamos reflejarnos en las necesidades del prójimo y estar mano a mano con todos los sectores que se vean atacados por estas políticas de precarización y  deshilvanamiento social. Su capacidad de avanzar sobre nuestros derechos es inversamente proporcional a nuestra capacidad de organización. Seamos capaces de trabajar en conjunto”.

Luego, el Delegado General de la Asociación Argentina de Actores, Leonardo Fabrizi, expresó “el apoyo incondicional” a la orquesta y destacó que “lo que falta es voluntad política. Cuando uno ve publicado los aumentos de los funcionarios, desde el intendente a los asesores, uno puede ver que esto no es un problema presupuestario. El resto son movimientos de dilación y el bastardeo de la cultura local”.

Por su parte, Viviana Marfil, Secretaria General de ATE Bahía Blanca, aseguró que “es muy grave lo que está pasando, fundamentalmente porque hay una ley que dice que tenemos que trabajar con los pibes. Desde que se encuentra la orquesta las cosas cambiaron. Que esté dentro del ámbito de educación y que realicen esta parada por los pibes es muy grave. Los trabajadores han sido precarizados. Se sigue haciendo el abandono de la cultura. Todo lo que es arte ayuda a que nuestros pibes sean creativos y puedan resolver. Señor Gay: revea esta situación y piense en los pibes ya”.

Graciela San Román, representante del Consejo Cultural Consultivo, manifestó el apoyo del cuerpo hacia la orquesta. Digo que se “encuentra dentro de lo que llamamos el desguace cultural. Así como la orquesta está en esta situación límite hay muchas otras agrupaciones, eventos e instituciones de la cultura que están sufriendo el ninguneo y situaciones de maltrato institucional”.

“Desde el SADOP nos acercamos a apoyar la lucha de los compañeros”, dijo su titular, Analía López. “Estamos en presencia de un proyecto de gobierno que va en contra de la educación, en contra de lo cultural y en contra de lo popular. Defendemos la función social que tienen las orquestas infanto juveniles y estamos en contra de cualquier tipo de precarización laboral que son los primeros pasos hacia la flexibilización total”.

Ana Canulo, desde SUTEBA y CTA, manifestó el acompañamiento del reclamo. “Nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras están siendo muy atacados. Lo cultural y lo artístico le importa muy poco a este gobierno. En el Plan Maestro lo artístico tiene muy poca importancia, casi ni figura. Sabemos lo importante para los barrios y lo importante de la formación artista. Debemos seguir en la calle defendiendo estos espacios y lo debemos hacer en unidad, como un bloque en la calle, en las escuelas, en las aulas, en los barrios”.

Por último, Marcos Marchegiani, docente de la orquesta, agradeció la presencia y el acompañamiento y convocó a la realización del “vacío simbólico”. Unos minutos de silencio profundo generó la curiosidad de los y las transeúntes, algunos funcionarios de paso y el alto impacto sensorial de la falta de respuesta.

Se espera que el intendente Héctor Gay de respuesta a los reclamos de la orquesta y, finalmente, otorgue el pedido de audiencia solicitado. Por el momento, Gay da la espalda a la comunidad.

FUENTE: UMSur

Evis Millán, referente en Bahía Blanca de Mujeres Originarias por el Buen Vivir e integrante de la comunidad Pillan Mahuiza, visitó FM De la Calle en el marco de la campaña de persecución contra los pueblos originarios desplegada por el gobierno nacional y el Poder Judicial al amparo de los medios masivos de comunicación.

Afirmó que “hay muchos intereses por parte de las megaempresas, sobre todo en la Patagonia, por eso se meten en las comunidades en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, no es por casualidad esta represión”. En pocos días se cumplirán dos meses del operativo de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen en el marco del cual desaparecieron a Santiago Maldonado.

“Estamos conmocionados con esta situación que se está viviendo a diario en las comunidades. Si bien los pueblos originarios en general siempre nos vimos avasallados por este Estado que se formó a través del genocidio, en estos últimos años es terrible la represión que se comete a diario”.

La familia Millán pertenece a la comunidad mapuche Pillan Mahuiza de Corcovado, a 130 kilómetros de Esquel, y recuperó su territorio hace casi dos décadas. “Es un espacio donde hay un río, hay un bosque. Cuando lo recuperamos sabíamos que había empresas cómplices con el gobierno que querían llevar a cabo cinco represas”.

“Vivíamos en Esquel y una de mis hermanas decidió recuperar el espacio porque estaba con sus hijos, no tenía trabajo, vivía una situación extremadamente mala. También activábamos en otra organización conformada por comunidades y lo que decidimos era empezar a recuperar esos espacios para poder vivir bien”, recordó.

Así lograron frenar las represas en aquella época aunque saben que las empresas no abandonaron su objetivo. “No solamente nos vamos a ver afectados como mapuches sino el pueblo de Corcovado, un montón de lugares van a quedar bajo agua, bosques enteros. Y sabemos que este tipo de emprendimientos no es para dar ayuda a la comunidad como generalmente dicen, que van a generar trabajo y demás, el fin de esas empresas es abastecer a las mineras”.

Entre el “montón de cosas” que pasaron a partir de la recuperación territorial reiteraron las amenazas por parte de la policía. “Esas tierras eran de comunidades y en el ’37 fueron desalojadas por un plan sistemático de los gobiernos y, en compensación, parte de esas tierras se las dieron a la policía para levantar una comisaría que hoy funciona como casa, donde está mi familia. La comisaría se trasladó y quedó todo abandonado. Dentro de la comunidad hay un cementerio mapuche donde están muchos de los familiares de los primeros pobladores, nosotros tenemos nuestra madre ahí”.

“Somos pueblos preexistentes a este Estado. Me parece necesario hacer una revisión histórica porque siempre nos tratan de negar derechos porque dicen que venimos de Chile. Hace 13 mil años que estamos, no existían para nosotros las fronteras de Chile y Argentina. Esto es un montaje que se hace de un sistema opresor”, manifestó.

Para comprender el contexto, comentó que “en Gulu Mapu (Chile) hace rato que viven esto, el Estado chileno se maneja con la ley antiterrorista y nuestros hermanos por defender su territorio contra las represas, las mineras, la tala de los bosques, hoy están siendo encarcelados. En este momento hay un juicio contra una de nuestras referentes espirituales que es la machi Francisca y ella está siendo condenada por defender su lugar, por oponerse al emprendimiento de una empresa que está avasallando el territorio”.

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“Se quiere trasladar ese marco a la Argentina, entonces, los mapuches y los pueblos originarios que defendemos nuestro espacio somos terroristas”.

Millán planteó que urge que el Congreso apruebe la prórroga de la Ley 26160 de “emergencia territorial” que frena los desalojos de comunidades originarias hasta tanto se realice un relevamiento a nivel nacional.

“Hasta ahora ningún partido ha hecho algo realmente por los derechos de los pueblos originarios. Lamentablemente esta ley, que en cierta manera nos permitiría vivir tranquilamente en nuestros espacios, está tratando de que llegue a su fin. Vence el 23 de noviembre y eso va a permitir que las empresas se sigan metiendo en las comunidades, que desalojen a la gente”, dijo.

Agregó que “dentro de la lógica de los pueblos no existía la propiedad y el Estado fue metiendo la propiedad privada. Hoy nos vemos en una situación complicada porque si no contamos con título vamos a ser desalojados y la mayor parte de las comunidades a lo sumo tienen títulos provisorios, pero no hay nada legal. Sí el gobierno en muchas oportunidades ha logrado hacer aparecer como arte de magia el título de propiedad para las empresas”.

El 27 habrá una movilización al Congreso. Millán invitó a las agrupaciones sociales y políticas “para organizarnos y parar esta situación porque no es solamente contra los pueblos originarios”. “¿Queremos que sigan las empresas metiéndose y explotando y destruyan todo o realmente queremos una mejor sociedad para todos, un buen vivir?”, preguntó.

Fotos: Foro Pueblos Originarios (cabecera) y FM De la Calle.

Ex trabajadoras y trabajadores de Servicios Integrados Bahía Blanca levantaron el acampe que mantenían en la vereda de la empresa desde que sus dueños la cerraron a fines de mayo. Presentaron una denuncia penal contra Luciano Lorenzo por estafa y vaciamiento de la firma.

“Ni siquiera fuimos despedidos, la patronal nos cerró las puertas de un día al otro y quedamos más de 900 en la calle porque no fue solamente Bahía”, dijo a FM De la Calle Alejandra Navarrete.

En la ciudad trabajaban una “400 personas ente obreros de maestranza y personal de oficina, después estaba toda la Patagonia, Mar del Plata, Buenos Aires, un tendal de gente que quedó sin su fuente laboral, sin su pan en la mesa”.

En cuanto a los responsables del cierre de SIBB aseguró que uno es “Luciano Mauro Lorenzo, que vive en Bahía Blanca y en Punta Alta. Gracias a todas las cagadas que hace se da el lujo de tener pisos en Bahía y casa en Punta Alta, cagando al laburador”.

Por otra parte, recordó el escrache que realizaron durante la toma a Marcelo Vitón, frente a su casa del barrio Palihue. “Él es fundador de la empresa, 35 años adelante de ella, dijo que la vendió a Lorenzo y a la mujer Milagros Medina, la justicia dirá si tiene que ver o no”.

Respecto a la búsqueda de alternativas laborales, Navarrete comentó que “nos dijeron que no podíamos hacer una cooperativa porque en Bahía existe Borlenghi y hay una ordenanza que Borlenghi no lo permite. Toda ordenanza se puede caer si uno quiere”.

Poco más de una decena aceptó una propuesta municipal de integrar cooperativas de trabajo pero “son monotributistas, firman contratos por tres meses”. Otros y otras pudieron conseguir otros empleos.

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“En cuanto al Estado, ¿qué te puedo decir? Al Estado que nos dejó tres meses tirados en la vereda, que tenía el sartén por el mango y no movió un papel judicialmente”, se quejó.

Fueron más de cien días de acampe en 9 de julio 954 “pasando fríos, vientos, lluvias y hasta nieve”, abandonados por el gremio de Maestranza y acompañad@s por otros sindicatos, “agrupaciones y personas que pasaban y querían ayudar con poco o mucho”.

“Pedimos que no vuelva a haber otro SIBB, que alguien haga algo con ese gremio tan corrupto que nos dejó tirados como si ellos no tuvieran nada que ver”, dijeron en un breve comunicado que circuló por las redes sociales.

El senador nacional Jaime Linares se refirió en la última emisión de El Mejor Equipo de FM De la Calle a la prórroga de la Ley 26.160 de 2006 que frena los desalojos de tierras donde vivan comunidades originarias hasta que se realice un relevamiento de dichos territorios. Además, dio su opinión sobre el ingreso de tropas norteamericanas para realizar ejercicios con la Armada en la Base Espora y otras de la Patagonia.

“Hay algunos senadores que creen que hay que hacer alguna corrección. Nosotros creemos que en primer lugar hay que definir la prórroga y si quieren hacer alguna modificación que la trabajen”, dijo el ex intendente bahiense sobre la norma que se trataría el próximo miércoles 27.

Linares afirmó que como “no se hacen los relevamientos” resulta “muy complejo determinar en muchos lugares el tema de cómo está la propiedad” y destacó que en el norte “los wichis, son pueblos nómades que se van moviendo dentro de un área en función de la necesidad de pesca o de mantenimiento. Después hay, como en todos lados, tipos que se van apropiando de las tierras, los van desplazando y están cambiando culturalmente los derechos de la gente”.

La necesidad de la prórroga de la norma resulta urgente en un contexto de intensificación de la permanente persecución estatal a las naciones originarias en el marco de la cual la Gendarmería desapareció a Santiago Maldonado en la Pu Lof en Resistencia Cushamen.

“Hace un tiempo se hizo una ley que limita la tierra en manos de extranjeros cosa que todavía estamos esperando noticias del otro gobierno que iban a hacer un catastro en un año y ya llevamos como cinco y no sabemos cuál es exactamente las tierras que disponen Benetton”, manifestó el legislador.

Agregó que “por otro lado, hay una fuerte presión por parte de algunos locales, para impulsar la soja para zonas en donde no estaba, entonces me parece que hay muchos intenciones dando vuelta, y la verdad es que la Constitución del ’94 crea la tenencia de la propiedad comunitaria, que es exactamente para involucrar este tipo de casos”.

En relación a la desaparición forzada de Maldonado y al desempeño del gobierno sobre la causa judicial, Linares comentó: “Hubo un muy mal manejo del gobierno de la situación. Me parece ha habido una clara sobreactuación de la ministra cuando vino al Senado, diciendo que ella banca a los gendarmes. En realidad lo que debe poner es un claro límite, una cosa es la responsabilidad de una fuerza, y otra cosa es la eventualidad de un exceso que hay que castigarlo y hay que controlarlo”.

“La Gendarmería es la fuerza del Proyecto X de Berni. Entonces hay que tener control muy fuerte sobre estas fuerzas, en donde siempre se generan para reprimir y, a veces, están formados para este tipo de represión y en ese marco hay que tener una fuerte auditoria de las fuerzas”.

Tropas norteamericanas en Patagonia

Por otro lado, el senador se refirió al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores en el que se permite a fuerzas extranjeras realizar ejercicios conjuntos en nuestro país: “Yo estaba en contra, como estaba en contra de las fuerzas armadas argentina en Haití. Como estuve en contra de la base China en Río Negro, porque me parece que es otro tema bastante complejo para tener insertado ahí en la Patagonia”.

“Son temas que se tratan muy rápidamente por intereses de los gobiernos de turno y, me parece, que no le hace bien un debate tan corto y de tan poca visión”, concluyó.

Rechazo de la CTA rionegrina

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro manifestaron su absoluto rechazo e intimaron a las y los diputados que representan a su provincia para que se expidan al respecto.

“Quieren aumentar la represión y el disciplinamiento en una de las regiones de mayor conflicto del país. Con las tropas extranjeras intentan garantizar el saqueo de nuestros recursos, la extranjerización de la tierra y el uso de ríos, lagos y mares”, señaló el secretario general Rodolfo Aguiar.

La Central advirtió sobre el peligro que el Gobierno Nacional avance con esta norma y que varias de las fuerzas políticas que se dicen opositoras, presten su aval -votando afirmativamente esta ley- justo en un contexto en el que las autoridades y las fuerzas de seguridad están bajo sospecha, además de fuertemente cuestionadas en todas las provincias al sur del río Colorado.

Para la CTA esta denominada autorización de rutina para el ingreso de fuerzas militares extranjeras genera una situación grave, ya que está vinculada de manera directa, no solo con el caso Maldonado, sino con la posibilidad de perseguir, reprimir y seguir debilitando las garantías constitucionales en la región del país que tuvo el 50% del total de conflictos que se sucedieron en los últimos 18 meses.

El proyecto de ley, girado por el Poder Ejecutivo, que autoriza el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional denominado “Cormorán” fue tratado por la Cámara de Senadores en la sesión legislativa del 7 de septiembre pasado y lleva por número de expediente 308/17.

Con las últimas palabras de los acusados frente al tribunal bahiense, terminó este miércoles el debate del Juicio Ejército III. La sentencia contra 31 de los 39 imputados elevados a la instancia oral se conocerá el próximo miércoles 4 de octubre a las 17, en Colón 80.

Varios genocidas hicieron uso del derecho a hablar antes de escuchar el veredicto pero ninguno dijo quiénes se apropiaron de los bebés nacidos en La Escuelita ni dónde están las compañeras y los compañeros detenidos desaparecidos.

Uno de los guardias del mayor campo de exterminio que funcionó en Bahía Blanca, Arsenio Lavayén, declaró que no presenció el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Romero y Raúl Metz. Afirmó que lo retiró un médico del V Cuerpo y que Santiago Cruciani manifestó que “un mayor y su esposa” se lo llevarían a Buenos Aires.

El proceso comenzó el 11 de octubre de 2016 y tramitó lentamente con audiencias cada quince días. Es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad iniciado en Bahía Blanca y el tercer tramo de la causa Ejército. Durante su transcurso, el comisario Gustavo Boccalari fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal, con una composición alternativa.

La investigación incluyó más de un centenar de víctimas. Los represores pertenecieron a distintos organismos del V Cuerpo y fuerzas policiales y penitenciarias subordinas que desplegaron el plan genocida en las Subzonas 51 y 52. El tribunal está integrado por José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava.

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La Fiscalía pidió penas de prisión perpetua para 25 imputados y de entre 13 y 19 añospara los siete restantes. Exigió el cumplimiento de las condenas en cárceles comunes y propuso medidas de reparación simbólica. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó 24 perpetuas y otras condenas de entre 15 y 20 años.

Entre las clásicas declaraciones de inocencia, ataques a la legitimidad y constitucionalidad de los juicios y victimizaciones varias, se destacó de la audiencia del miércoles el pedido de desalojo de la sala por parte del ex guardia de La Escuelita, Arsenio Lavayén, uno de los involucrados en el robo de bebés nacidos en cautiverio.

Adriana Metz, hermana de uno de los hombres que aun no conocen su verdadera identidad, dijo a FM De la Calle que “el misterio creó más expectativa pero no aportó nada nuevo. Según lo que me contaron después de la audiencia sí confirmó lo que habían declarado Noemí Labrune y Diego Martínez que había sido cuestionado por su abogado defensor”.

“Me voy de franco, cuando vuelvo al lugar, siempre volvía a las doce y media de la noche, éramos doce hombres, seis de servicio y seis de franco. Doce y cuarto, doce y media de la noche, estaba el comentario del personal que estaba en servicio, que había ocurrido el caso, que había nacido el bebé. Yo no lo vi, no lo presencié, ni lo hice”, dijo Lavayén.

El represor relató que ese día llegó un grupo de interrogadores al mando de Santiago Cruciani y que “el Tío” comentó que un mayor de Buenos Aires y su esposa se llevarían al bebé. “¿Qué me dijeron? Que a la hora y cuarto, hora y media que había nacido el bebé, vino el médico de la unidad, del Comando V Cuerpo y retiró al bebé”, agregó.

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“Como que me llamo Lavayén lo asumiría, pero yo no lo hice, no lo hice, el delito del nacimiento. Yo no estaba, no lo vi, ni lo presencié”, insistió el Zorzal.

Respecto a la imputación sobre el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Izurieta, el guardia negó que se haya concretado en La Escuelita porque la sacaron con un estado de embarazo avanzado.

El 4 de octubre -desde las 17- el tribunal juzgará los hechos ordenados desde el Comando V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado. Mayores de 18 años con DNI podrán ingresar al aula magna universitaria de Colón 80. Jóvenes a partir de los 16, con docentes, pueden coordinar con el tribunal escribiendo a [email protected]

FM De la Calle trasmitirá en vivo por la 87.9Mhz y delacalle.org  

Integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar junto la Unión de Músicxs del Sur denunciaron la grave situación que continúa atravesando el organismo y entregaron una nota al Municipio.

“Señor intendente Héctor Gay ¿quiere usted cerrar la orquesta y dejar sin docentes a treinta niños, niñas y adolescente? Si es así: dígalo y termine con esta situación de maltrato sistemático”, exigieron.

En el texto insistieron con el pedido de audiencia con el jefe comunal. “Hacemos responsables a los funcionarios políticos Ricardo Margo y Morena Llanca Rossello de intentar destruir este organismo de gran valía social”.

Marcos Marchegiani explicó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que “el planteo de base nuestro es el pase a planta porque tenemos ya ocho años comprobados de relación de dependencia con el Municipio. Arrancó con dos años de contrato, luego la figura de destajo y cuando se termina, veníamos viéndolo con el Instituto, era claro que correspondía exigir el pase a planta. No hicieron nada para que esto suceda y terminamos aceptando tener que ir por contrato”, agregó.

Los contratos se tramitaron a través de la Asociación de Actores aunque lxs docentes firmaron en disconformidad, “que es solo dejar en claro que no es lo que queríamos pero queremos trabajar y continuar el proyecto”. Lxs funcionarixs municipales utilizan esa queja para frenar el trámite: “Ven la firma como un rechazo a querer trabajar o a aceptar el contrato”.

El músico comentó que “siempre hay una gran cantidad de chicos y terminamos dejando lista de espera, si tuviésemos el pase a planta que nos corresponde podríamos estar dándoles un servicio más amplio, gestionar actividades en otros barrios”.

“Los padres estan en contacto y preguntan qué pasa porque los chicos extrañan la orquesta, volver a las clases, a los profesores, los viajes de fin de año, tenemos la respuesta de ellos y a los chicos me los cruzo y algunos decidieron que este año no pueden pero no les es indiferente, están todos a la espera de que esto comience”.

Desde la Orquesta barrial y el gremio demandan también “responsabilidad política para la aplicación de un plan pedagógico articulado” y “el cese de las presiones hacía los/las trabajadores/as”.

Las respuestas oficiales, por ahora, fueron solo a los medios por parte de Morena Rossello. De mantenerse esta situación, se anunciará un plan de lucha en las próximas horas.

Victoria Morales, presidenta del centro de estudiantes de la Escuela de Danza dijo en relación al riesgo que corren algunas carreras de fusionarse o cerrarse que sostenerlas es “una decisión política”.

La institución, una de las cuatro artísticas de la ciudad junto a la Escuela de Teatro, Artes Visuales y el Conservatorio, atraviesa una grave situación que puso en alerta al cuerpo docente y estudiantil.

Morales comentó que “se habla de un supuesto cierre del anexo en la Escuela 6 (Caronti entre Estomba y Zelarrayán), donde funcionan las carreras de Tango y Folklore”. También explicó que actualmente hay un cierre de inscripción a la formación básica para el 2018.

“Estos cambios se estarían dando por una falta de matrícula –son necesarixs entre 20 y 25 alumnxs–”, aseguró.

Por otro lado, el docente Nicolás Fernández Vicente dijo en El Mejor Equipo de FM De la Calle: “Concretamente, en palabras que se dijeron en una reunión institucional, se trata de un ajuste. Es cierta la falta de matrícula en algunos cursos, pero esto funciona de pantalla para una gran reestructuración institucional que tiene que ver con el cierre de los turnos vespertinos en el anexo de calle Caronti”.

El traslado de esos turnos a la sede principal de Brown 128 complicaría los turnos actuales que ya se dictan ahí, además de que “se cerraría un turno de la formación Niñxs de Clásico, porque la escuela no cuenta con el espacio suficiente”, ratificó. “Conlleva un efecto cadena, porque al cambiar de turno las carreras que funcionan por la tarde, muchxs de esxs estudiantes no podrán continuar sus estudios porque la mayoría trabaja”.

 “En un turno y en una formación en la que sí hay inscriptos reales, como la formación en Danza Clásica, se están reteniendo esas inscripciones [2018] para poder cerrar el turno y poder dar continuidad al pase de los turnos”, denunció Fernández Vicente.

La dirección del establecimiento, lejos de convocar al cuerpo docente y al alumnado, para alertar de esta grave situación, llamó de manera unipersonal a lxs docentes que cesarían con una clara intención de fragmentar al gremio docente.

Lxs docentes se declaran en alerta, asamblea y movilización; si cae el nivel de tensión estudiantil y sindical, lo que harán es cerrar la inscripción, y seguirán cursando lxs que ya lo hacen actualmente. Pero con el paso de dos o tres años, Folklore y Tango, dos espacios que no existían en la ciudad y se construyeron hace poco tiempo, se perderían.