El Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur informó que la doctora Alicia Partnoy realizará actividades académicas de grado, posgrado, extensión e investigación vinculadas a la Literatura, la Política y los Derechos Humanos entre los días 10 y 22 de agosto.

La doctora Partnoy fue alumna del “Profesorado en Humanidades. Especialidad en Letras” del Departamento de Humanidades entre 1973 y 1976. Fue secuestrada por personal del Ejército el día 12 de enero de 1977, trasladada a un centro clandestino de detención y, posteriormente, encarcelada como presa política hasta diciembre de 1979, cuando el Poder Ejecutivo Nacional posibilitó su exilio en los Estados Unidos.

La mencionada ha testificado ante las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Amnesty International, y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Así sus testimonios fueron registrados en la compilación de testimoniales por dicha Comisión. Actualmente vive en Los Ángeles (California) y enseña en la Loyola Marymount University. Visita la Argentina regularmente, el marco de su activa militancia por la defensa de los derechos humanos. Ha publicado ocho libros de relatos y poesías, donde expone su experiencia como presa política, entre otros temas.

“La concreción de su viaje y las actividades que desarrollará en la institución donde cursara en el momento de su secuestro político, constituyen un acto de reparación simbólica y material de las acciones vividas en nuestro país durante la dictadura cívico militar eclesiástica, además de significar un aporte para la formación académica de los estudiantes de grado y posgrado, dada su destacada trayectoria en investigación”, indicaron desde el Departamento. Para mayor información contactarse con la Secretaría de Posgrado, Investigación y Formación Continua: [email protected]

Seminario de posgrado: “Textos Testimoniales Argentinos: Herramientas para su análisis y diseminación”. Más información aquí.

Diez días después de asumir como subrogante del Juzgado Federal Nº1, Alejo Ramos Padilla remitió un informe de situación al Consejo de la Magistratura demostrando la “situación caótica” que dejaron Santiago Ulpiano Martínez y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno.

“En general se advierte una situación compleja, fundamentalmente en lo que hace a la Secretaría de Derechos Humanos y las dificultades que desde los diversos ámbitos confluyen para la correcta administración de justicia aparecen como evidentes y complejas, pues derivan de un proceso profundo y enmarañado, producto de dañosas relaciones interpersonales e institucionales a partir de las cuales se perdió el rumbo del juzgado”, aseguró.

Propuso analizar si los sumarios y denuncias cruzadas “respondían a otros intereses”  y afirmó que “el modo en que se llevaron todas esas actuaciones sin duda pudieron haber afectado el normal funcionamiento de la justicia y la independencia, imparcialidad y serenidad que tiene que tener un magistrado a la hora de resolver expedientes de esta naturaleza”.

Ramos Padilla reasumió su cargo el 9 de julio ante la Cámara de Apelaciones por orden de la Corte Suprema que, a pedido del ex espía de la dictadura Néstor Luis Montezanti, declaró nula la toma de posesión realizada ante funcionarios del Consejo de la Magistratura.

El principal inconveniente que encontró Alejo Ramos Padilla fue la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo titular Mario Fernández Moreno es “el único secretario que no asistió y no asiste al juzgado desde que asumí”, situación agravada por la centralización personal que hacía el funcionario sobre “los expedientes más sensibles, información que no compartía con ninguna de las personas que lo acompañaban en su oficina de trabajo”.

Fernández Moreno se escabulló ante los funcionarios que participaban de la asunción del nuevo juez tras pedir una licencia médica que sorprendió al personal dado que “había estado hasta el día anterior instruyendo causas y tomando declaraciones en la causa contra (Álvaro) Coleffi”.

Su ausencia “provocó que se tornara dificultoso el conocimiento del estado procesal actual de las causas por delitos de lesa humanidad, así como recabar información precisa sobre los asuntos urgentes y relevantes que permitieran iniciar la gestión en dichas causas para una más eficaz administración de justicia”, manifestó el subrogante que debió suspender provisoriamente las audiencias previstas para ordenar el despacho.

La Secretaría de Derechos Humanos tramita las causas madre sobre crímenes de lesa humanidad denominadas V Cuerpo de Ejército y Comando de Operaciones Navales. La primera de ellas, cuenta con un centenar de imputados y 750 víctimas y acumula 172 cuerpos y más de 400 incidentes. En el caso de la Armada el trámite reúne 120 cuerpos y 250 incidentes. Aparte, se investigan las responsabilidades civiles del ex secretario Hugo Mario Sierra, el dueño de La Nueva Provincia Vicente Massot, el ex juez provincial Francisco Bentivegna y la de las bandas paraestatales popularmente conocidas como Triple A.

Si bien no existían registros actualizados, el magistrado informó que son 64 los imputados privados de la libertad por orden del juzgado, que está pendiente de resolución el estado procesal de otros 76 desde febrero de 2014 y que en el caso del represor Carlos Enrique Villanueva “se hallaría vencido el plazo de prisión preventiva”.

Por otra parte, Ramos Padilla escribió que “la guardia permanente de la Policía Federal Argentina tenía llaves de acceso a la Secretaría y, de este modo, a todas las instalaciones, a los expedientes, documentación y demás efectos -incluso armas- que se hallaban dispersos en todos los despachos”.

Por ello, dispuso el inmediato cambio de guardia y de cerraduras de las puertas de acceso a la Secretaría y la permanencia de la guardia nocturna fuera de sus instalaciones “para preservar el secreto de las investigaciones” pues se trata de causas “sensibles en la que se investiga a las fuerzas de seguridad y donde se encuentran datos de denunciantes, víctimas, testigos e imputados que son menester preservar”.

La nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com

Integrantes del Centro de Periodistas Jubilados Rodolfo Walsh y del Sindicato de Prensa de Neuquén denunciaron esta tarde ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadxs la apropiación del complejo edilicio Torre de Periodistas por parte de la dictadura cívico militar y comentaron los avances judiciales en relación a la investigación de los hechos como delitos económicos de lesa humanidad.

Durante la mañana, Víctor Hugo Reynoso adelantó detalles de la historia a FM De la Calle. “Nos preocupa la reivindicación histórica y moral y luego la recuperación del cuantioso patrimonio que, de acuerdo a la tasación que hicieron martilleros amigos, supera los diez millones de dólares, todo patrimonio de los periodistas de Neuquén”.

A fines de la década del ’60 un pequeño grupo de hombres y mujeres periodistas crearon una cooperativa de viviendas y el Sindicato de Prensa. “Era un momento del boom de la provincia del Neuquén en cuanto al petróleo, la universidad, el nacimiento del canal de televisión regional, la amplitud de la potencia de la emisora única que era LU5 Radio Neuquén y la aparición del diario Sur Argentino, que por supuesto trajo consigo numerosos colegas de todo el país, dibujantes, guionistas, personal gráfico. Empezamos a nuclearnos y formamos primero el Círculo de Periodistas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén en el ’67”.

En 1971 se colocó la piedra fundamental del complejo edilicio Periodistas I en av. Argentina y Periodistas Neuquinos, pleno centro de la capital provincial. Se proyectó la primera torre de viviendas de la región, “un barrio en altura de planta baja y catorce pisos, 86 departamentos”, el primer centro cultural neuquino y una novedosa torre de cocheras en altura.

Tras el golpe de Estado, las fuerzas armadas impidieron que la torre y el centro cultural sean inaugurados el 6 de junio de 1976, tal como estaba previsto para el día del periodista. “Irrumpieron fuerzas militares y nos robaron, nos saquearon, nos humillaron. Se llevaron toda la documentación de la cooperativa que estaba en un obrador al Comando de la VI Brigada donde funcionó la intervención militar”.

“Esta intervención militar demoró un año y cuatro meses la inauguración que ya estaba prácticamente a un paso de concretarse, solo faltaba las conexiones de Obras Sanitarias, Gas del Estado y CALF la cooperativa de electricidad de la ciudad -contó Reynoso-. Se hicieron un replanteo de todos los adjudicatarios y propietarios de los 86 departamentos, empezaron a depurar y con argucias y argumentos falaces, persecuciones, aquel que se atrasó dos meses le sacaban el departamento, aquel que se sospechaba que tenía alguna sobrina o alguien estudiando en La Plata vinculado a un movimiento subversivo, afuera; otros empleados públicos provinciales que fueron prescindidos, al no poder responder con un sueldo a la cuota mensual también fueron despojados”.

23 departamentos se distribuyeron entre las fuerzas armadas y de seguridad: 15 para el Ejército, cuatro para Gendarmería, dos para la Armada y otros dos para la Policía Federal. “Desde entonces hasta el día de hoy están allí. Es un ejemplo al máximo de la corrupción, la impunidad, la complicidad de los civiles, acá está comprometida gente que se ha enriquecido, profesionales, agrimensores, escribanos, abogados, políticos”.

“El Fondo Nacional de las Artes había prometido que en dos meses llegaban por tren las butacas, el equipo de proyección cinematográfica, los telones para el escenario. Fuimos a consultar qué pasa con el centro cultural. La denominación era Centro Cultural Comunitario. Nos dijeron ‘olvidensé del centro cultural comunista, ya oportunamente se les va a informar”, resaltó Reynoso.

Finalmente un empresario se quedó con el edificio y lo puso en venta. “Se lo entregaron a una inmobiliaria que dibujó allí dos locales comerciales, doce cocheras y dos bauleras. Cuando fuimos a reclamar el aporte que habíamos hecho nosotros, los 120 socios -el terreno, el proyecto y la obra- nos dijeron que eso oportunamente se les va a comunicar. Jamás comunicaron, jamás nos devolvieron el dinero. Además del robo, dejaron a la ciudad sin su primer centro cultural. (…) Está tal cual en 1976 ahora transformado en una verdulería por un lado, una rotisería por otro, doce cocheras y dos bauleras”.

Además de la Torre Periodistas I, la cooperativa había diagramado un segundo complejo para atender la demanda de otros cuarenta asociadxs. “Cometimos el proyecto complejo edilicio Periodistas II en un triángulo céntrico. Eran dos torres de viviendas con locales comerciales, oficinas, cocheras y bauleras”. Cuando comenzó la dictadura ya habían comprado las tierras y logrado financiamiento del Banco Hipotecario Nacional.

“Todo esto lo heredó la dictadura cívico militar genocida y desde entonces manejan a voluntad y tales negociados y denuncias y juicios provocaron la quiebra de la cooperativa. Al Banco del Sud, que creo que era de Bahía Blanca, hoy Banco Macro, le pidieron 1.800.000 dólares de préstamos respaldados por todos los bienes que tenía la cooperativa. Así que estamos desde el ’83 remando y recién hace dos años logramos que la Legislatura de Neuquén, el Concejo Deliberante, los organismos de derechos humanos y  la Defensoría del Pueblo se expidan a favor de nuestra petición”.

Con el acompañamiento de los fiscales Adrián García Lois, Miguel Palazzani y Walter Romero, el Sindicato de Prensa y el Centro de Periodistas Jubilados Rodolfo Walsh buscan que la apropiación de sus bienes sea declarada delito de lesa humanidad.


Foto: La Mañana de Neuquén.

Este miércoles se inaugurará el monumento a Juana Azurduy, obsequio del Estado Plurinacional de Bolivia a nuestro país. La obra ya fue emplazada en el lugar que ocupaba la figura de Cristóbal Colón en cercanías de la Casa Rosada. En la última emisión del micro de Kumelen Newen Mapu del programa En Eso Estamos de FM De la Calle dialogamos con Andrés Zerneri, el autor de la escultura que ahora avanzará con la concreción del Monumento a la Mujer Originaria.

Llevó tres años de trabajo darle forma a los 25 mil kilos de bronce que se utilizaron para la escultura más grande del país de dicho material, aunque para Zerneri este punto es circunstancial porque lo importante es el mensaje  que transmite: “Un mensaje para las futuras generaciones que tiene que ver con una exhortación a nuestra conciencia independentista como latinoamericanos”.

“Viniendo justo de un país que debe ser el único en el mundo que tiene un Ministerio de Descolonización, justo nos regalan una Juana Azurduy que está en un lugar donde hubo que sacar a Colón, que hubo que descolonizar. No sé destruyó ese monumento a Colón sino que se llevó a otro lugar de la misma ciudad pero sí se cumple una especie de despedestalización a partir de ahora de la figura de Colón”, afirmó respecto al monumento que antes de ser restaurado motivó presentaciones judiciales para impedir su traslado.

El homenaje a Azurduy fue encargado a Zerneri por la Embajada Boliviana. “Empecé a realizar una serie de bocetos, de dibujos, y unas entrevistas con el historiador Mario Linares que es el director y custodio de la Casa de la Libertad en Sucre, un lugar donde hay un museo con algunas pertenencias de Juana Azurduy, una persona que sabe mucho de la biografía de Juana y este historiador es quizás la persona que más me nutrió de los datos para poder resaltar”.

Aquellos bocetos fueron aprobados por el presidente Morales aunque su par argentina propuso algunas modificaciones. “Yo había hecho en un principio también en una escala más chica a la figura de Padilla, Belgrano, Güemes, creo que había sido muy literal con todo lo que me habían dicho y la presidenta me dejó un mensaje más claro. Ella pensaba en un monumento exclusivamente de Juana. Así que le recorté algunas figuras y quedó el monumento de Juana, lo volvió a ver el presidente Evo Morales y después empezamos el trabajo”, recordó el artista.

En cuanto al diseño, Zerneri explicó que la heroína de la independencia sudamericana tiene una espada en la mano izquierda aunque era diestra porque “quería que no tenga el registro bélico” y para transformar la espada en “un estandarte, una bandera o una antorcha” que tuviera “un gesto de guía”. En la mano derecha “tiene un gesto como de quién antepone su cuerpo para cubrir a un niño o a alguien a quien queremos proteger”. Y atrás están representados “sus cinco hijos y todo el pueblo en doce figuras que son los indios tarabuqueños, aymaras, quechuas, coyas, un gaucho de Güemes”.

La orientación de la estatua será otra diferencia con la de Colón. “Cada figura es coherente con el proyecto que lo emplazó porque ese Colón fue un regalo de los italianos, una figura totalmente realizada bajo la escuela estética europea y es un Colón que va a estar mirando hacia donde le interesa que es Europa. Sin denostar, lo digo como una diferencia nada más”.

“Y esta Juana Azurduy mira hacia América, hacia la tierra, hacia la Pachamama, me parece que es más coherente. Y está realizada con un material realmente americano porque uno de los primeros productores en el mundo de los dos materiales con los que se constituye el bronce justamente es Sudamérica, el cobre de Chile y el estaño de Bolivia”, agregó.

El acto oficial de inauguración será este miércoles a las 19 con la participación de Evo Morales y Cristina Fernández y ya despierta críticas como las de la Confederación Mapuche del Neuquén que denunció que “hay micros y pasajes aéreos para una multitud que se le exige aplaudir acríticamente lo que va a acontecer” y que a “la situación de exclusión y discriminación”  de cientos de comunidades que “demandan derechos humanos para los pueblos indígenas” solo se responde con “actos simbólicos y retóricos, cargados de demagogia y resignación”.

Zerneri comentó que también “va a haber una serie de espectáculos propuestos por la comunidad boliviana y argentina. Pero este no es un acto que tiene que circunscribirse en estos dos pueblos nada más, me parece que Juana Azurduy -que no era ni boliviana o argentina porque ella antecede a la historia de estos dos países con sus respectivos límites- peleó por la independencia de toda la región sudamericana, entonces, como Bolívar, como San Martín, son luchadores de esta Patria Grande”.

Entregada la estatua de Azurduy, el escultor pondrá manos a la obra del Monumento a la Mujer Originaria: “Habíamos interrumpido un poco y ahora volvemos con la construcción, ya tenemos casi todo el bronce que necesitamos, tenemos nueve toneladas y media y un poco más, de esa obra que también creo yo que es muy legítima porque la construye el pueblo y con las llaves del pueblo se manifiesta también el deseo de apoyar a las comunidades de pueblos originarios y decir que están presentes en esta diversidad de la que tenemos que enterarnos más”.

“Seguimos con este recurso de juntar las llaves y a través de esas llaves construir símbolos que nos alimentan y nos nutren para que entendamos más sobre nuestra identidad”, insistió Zerneri.

Se solicita colaboración: Si viajas a Buenos Aires o conocés a alguien que pueda acercar el bronce juntado en Bahía Blanca, comunicate con la radio al 4523074 o al correo [email protected]

El gobernador Daniel Scioli envió a la Legislatura provincial el proyecto de Ley de Paritarias para las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial. Durante años desde la Asociación Judicial Bonaerense se bregó por la aprobación de una norma que regule la relación laboral entre lxs judiciales y el Estado empleador.

El secretario general del gremio, Hugo Blasco, aseguró en FM De la Calle que el proyecto consensuado entre las partes “contempla la aplicación o vigencia del sistema autárquico en la provincia, es decir, el manejo, la administración de los recursos del Poder Judicial en exclusiva responsabilidad de la Suprema Corte. Hay un proyecto de ley de autarquía que está en la Legislatura desde fin del año pasado que contempla la puesta en práctica del modelo autárquico a partir del 1 de enero de 2016”.

“Somos el único sector que no tenemos este instrumento, los últimos en acceder a ello fueron los municipales, un ámbito mucho más difícil porque son 135 partidos, por lo tanto 135 intendentes, y sin embargo hubo capacidad para poder lograr la ley de paritarias”, agregó.

Respecto a la negociación, Blasco comentó que “en uso de nuestra responsabilidad, que es la de representar los intereses y derechos de los trabajadores judiciales, había cosas que no podíamos aceptar. Por ejemplo, el ámbito de representación, es decir, quiénes estarían representados en la negociación colectiva, la regulación del derecho de huelga que la Corte pretendía para sí, cosa que es una atribución exclusiva y competencia del Congreso Nacional, ni siquiera la Corte nacional puede regularlo, y después algunas cuestiones relacionadas con las facultades reglamentarias y un par de cosas menores pero que impedían avanzar en un acuerdo”.

“Reivindicamos esto como un triunfo porque el tema de por qué no hay negociación colectiva prácticamente en ninguna provincia para los judiciales, inclusive a nivel nacional, tiene que ver con una cultura predominante en los ámbitos judiciales en los cuales se puede ser democrático con todo el mundo menos con los trabajadores de la justicia”, manifestó.

“Que entre luz en tribunales”

Consultado acerca del debate judicial en torno a la Ley de Subrogancias y el rol del Consejo de la Magistratura en la designación de jueces y juezas interinxs, el gremialista recordó que estuvieron de acuerdo cuando el gobierno nacional impulsó proyectos para “supuestamente democratizar” al Poder Judicial. Sin embargo, “nos parecía que no era simplemente aprobar leyes a libro cerrado porque había que hacer un debate profundo convocando a los sectores interesados, no solamente a los legisladores y a algunos jueces”.

“Se intenta cambiar una corporación muy conservadora, reaccionaria en muchos de sus integrantes, por otra corporación que tampoco es una maravilla. Analizando quiénes conforman Justicia Legítima, hay gente que consideramos que es valiosa y no nos cabe ninguna duda, pero también hay jueces que son impresentables. Algunos fueron denunciados por nosotros por violencia laboral contra los trabajadores o por sacar sentencias que son verdaderamente una vergüenza”, sostuvo Blasco.

El dirigente agregó que “todos los mecanismos de designación de jueces, conjueces y demás, creo que debería ser debatida. Desde la Federación Judicial Argentina, desde la AJB, desde la CTA Autónoma siempre hemos impulsado la participación popular, incluso desligada de los partidos políticos en la responsabilidad de la selección de los candidatos para jueces, fiscales y defensores. (…) Hay que abrir la puerta, las ventanas, todo, que entre luz a tribunales”.

El Senado provincial aprobó y giró a la Cámara Baja un proyecto que pretende crear un plan piloto de gas natural domiciliario para Bahía Blanca. La iniciativa busca regular la situación de los edificios con más de treinta años de construcción. Se propone conformar un comité que evalúe la situación de cada complejo y generar una herramienta financiera que permita a lxs vecinxs afrontar los costos de las reparaciones.

“Existen más de quinientos edificios en la ciudad de Bahía Blanca construidos en las décadas del ‘60, ‘70 y ’80. Es decir, con más de 30 años de antigüedad y se estima que más de cien necesitan resolver esta problemática. Por su parte, la mayoría de sus ocupantes pertenecen a un nivel poblacional de mediano poder adquisitivo, pero hoy se encuentran jubilados. También hay edificios construidos en la década del 70 por planes oficiales para obreros, que hoy resulta ser el sector más castigado por la situación económica”, aseguró el legislador Horacio López.

Según el proyecto, se crearía en el ámbito de la ciudad un comité evaluador de la situación de todos los edificios de más de treinta y cinco años, que establecería un orden de prioridades en función de la inseguridad que se advierta en los mismos. Al mismo tiempo, se prevé establecer una herramienta financiera que permita afrontar el costo de reparación de los edificios en cuestión, que varía de acuerdo a la magnitud de los mismos (entre 300 y 500 mil pesos).

“Esta herramienta podría ser un fondo de fideicomiso o una línea de créditos bancaria, garantizada con las boletas de las expensas, o con el cobro de una expensa extraordinaria, que constituya un fondo, tipo círculo cerrado, desde donde se irán pagando las reparaciones”, agregó el ex intendente de Puán.

Escuchá la entrevista con Horacio López:

Un falso robo en el estudio jurídico y un ataque con brea sobre el frente de la casa del abogado Lucas Beier. Un intento de incendio del auto de Ricardo Pasquali, el más activo de los pescadores denunciantes. Una amenaza de sujetos armados para que Eduardo Mena se deje “de joder con la denuncia por contaminación”. Otros dos pescadores -que no intervienen en la causa- fueron amenazados con frases similares en el interior del puerto de Ing. White, uno de ellos recibió un palazo y una fuerte golpiza por parte de varios hombres.

“Es muy difícil desvincular estos atentados con estas causas, con la que tienen Arellano y Beier patrocinando a la Asociación de Pescadores y también esta acción civil para el saneamiento de la ría que tramita la justicia provincial”, aseguró el fiscal Alejandro Cantaro en FM De la Calle. Los abogados mencionados querellan contra las empresas del polo petroquímico y ABSA por la pérdida de la fuente laboral de los pescadores artesanales y exigen la reparación ambiental del estuario bahiense.

El funcionario recordó que los trabajadores presentaron otra denuncia el año pasado vinculando las causas ambientales y laborales con “la confusa reparación patrimonial que le dieron a los pescadores que tenían que dejar de pescar, en el marco de un convenio o acuerdo de reorganización pesquera donde se les ofrecía a los que querían seguir mejores lanchas para ir a pescar más lejos y a los que no, una indemnización. Los pescadores denuncian que esto fue turbio, que se pagó a quienes no correspondía, que se hicieron firmar recibos por más dinero del que percibían”.

La justicia federal entendió que se trataba de delitos ordinarios y derivó la investigación al fiscal provincial Rubén Álvarez. “Habría que ver también cómo es la cuestión tributaria, de dónde salió ese dinero, cómo se pagó, si es que el dinero recibido de la provincia a través del Consorcio fue a parar a quien tendría que haber ido a parar y en qué condiciones”, detalló Cantaro.

El aporte del gobierno provincial alcanzaba en principio los diez millones de pesos aunque “los pescadores dicen que podrían probar que fueron muchos más, en el orden de los sesenta millones”. El Consorcio de Gestión del Puerto se deslindó de la repartija y contrató a la empresa Estibadores S.R.L. de Amílcar Osores.

El fiscal calificó como “llamativo” que haya sido una empresa privada la que definió a quién y cuánto debía abonarse para la reconversión pesquera o la indemnización de quienes se apartaron de la actividad. “Es una empresa de estibadores, ni siquiera tiene que ver con la pesca. Le dieron el dinero y Estibadores S.R.L. tenía que rendirle cuentas. A los pescadores les llama la atención porque el socio gerente es de apellido Osores y en el directorio del Consorcio del Puerto hay otro Osores (Marcelo) que está en representación del SUPA”.

“El Consorcio pretendía hacer una extensión del dragado que después fue impedida pero que llegó a comenzar a hacerse. Con el refulado del estuario que se saca se van construyendo como islas que, cuando se asientan, deben ser base para construcción de empresas o para ampliación de lo que gestiona el puerto. Cuando ese refulado se saca, naturalmente todo ese material sedimentado con tóxicos peligrosos que están en el fondo y que fue lo que impidió que el dragado se extendiese, eso queda todo en la superficie y cuando se seca, vuela”, afirmó Cantaro y agregó: “No es paranoia, es una conexión que existe. Justamente es el Consorcio el que les da el dinero a los pescadores para que no pesquen pero a la vez, esta distribución se hace en una forma de asociación muy extraña para ver a quién le dan el dinero. Pensar que todo esto está conectado no es una locura, una fantasía, porque uno está buscando la quinta pata al gato. Hay una conexión real y vamos a insistir con eso”.

El papa Jorge Bergoglio pidió perdón “por los crímenes cometidos contra los pueblos originarios de América en nombre de la Iglesia” durante el cierre un encuentro de movimientos populares en Bolivia. “Nos parece alentador el mensaje porque en América o Argentina hay una mayoría católica y por eso tenemos la esperanza de que ese catolicismo no se demuestre yendo a misa cada domingo solamente sino actuando cada minuto en este momento tan crucial”, opinó el integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nawel.

“Se han cometido muchos pecados contra los pueblos originarios de América Latina en nombre de la Iglesia y, tal como lo dijo Juan Pablo II, es tiempo que la Iglesia se postre ante Dios y pida perdón por los pecados pasados y presentes”, dijo Francisco y recordó a “millares de sacerdotes y obispos que se opusieron a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz. Hubo pecado y abundante pero allí también sobreabundó la gracia frente a esos pueblos originarios, recuerden a todos”.

Consultado por FM De la Calle, el referente mapuche Jorge Nawel afirmó que “el perdón es un primer paso fundamental para luego generar políticas de reparación, ese es el valor que tiene, se reconoce un hecho, se reconoce el daño y en consecuencia se asume y se reconoce que es necesaria una reparación. No lo veo solamente como una cuestión simbólica o redentora, cristiana, sino que tiene una connotación política muy importante. Es un mensaje para los gobiernos, en este caso, para el Estado argentino que es lo que a nosotros nos involucra”.

“La presidenta o los gobernadores, acá tenemos a Jorge Sapag que es declarado militante católico y sin embargo a la hora de respetar o de adorar están primero las multinacionales, están las extractivas y a ellos sí les rinden pleitesía y honores como corresponde. Pero después, a los mensajes que les pueda dar su pastor los ignoran totalmente y estamos como si el Estado no hubiese estado aquí en 200 años de historia”, agregó.

Nawel comentó que son “bastante escépticos” respecto al impacto del mensaje papal porque “acá hay un dios fundamental que es el que impera en este país y en todo América lamentablemente, incluidos los gobiernos llamados progresistas o de izquierda, y es el sistema capitalista o neoliberal el dios que nadie se anima a desobedecer”.

“El papa lo dice claramente, no tenemos salida bajo ese modelo, sin embargo el gobierno actual proclama que fuera de ese modelo estamos perdidos. Nosotros creemos todo lo contrario, que en la medida en que se profundiza este modelo extractivista que solamente ve a la naturaleza como algo para explotar y reventar, estamos todos perdidos. Están perdidos los pueblos indígenas, está perdida la naturaleza, está perdida la sociedad en general porque no hay futuro bajo estas reglas de juego extractivista”.

Finalmente, destacó que la Iglesia Católica de Neuquén es “una excepción” y les permite enfrentar en forma conjunta algunas problemáticas: “Venimos de Las Coloradas, un pueblo que está hoy amenazado por una posible explotación de cobre que va a afectar a dos ríos que dan sustento no solo a ese pueblo sino a todo lo que hay agua abajo y uno de los sectores más movilizados en contra de la explotación minera es la iglesia a través del obispo Bressanelli”.

“La impronta que dejó De Nevares aquí décadas después continúa pero no alcanza, porque mientras tanto tenemos un gobierno declarado ardientemente católico que nos da con un caño día y noche. La lucha es muy fuerte, hay un condicionamiento, una resignación enorme de la dirigencia política de que no hay otra forma de sobrevivir que no sea matando a la naturaleza y eso nos plantea un futuro sombrío. Los pueblos indígenas por supuesto no vamos a bajar los brazos porque está en juego nuestra vida, cultura y territorio, estamos en el centro de los planes de explotación y no podemos bajar los brazos de ninguna manera”, manifestó.

Foto: Nato Cantero.

El ex intendente Rodolfo Lopes aseguró ayer que su lista electoral no fue oficializada por la “intervención política” de sus competidores en la interna del Frente para la Victoria. “Acá no metió la cola ni una bruja ni un diablo, acá hay intereses concretos de la política de Bahía Blanca que operó sobre la junta partidaria, para que nuestra lista, nuestra gente y parte del pueblo que seguramente iba a confiar su voto en nosotros, esté proscripto”, dijo.

El dirigente de la UOCRA Guillermo Molina afirmó que “tanto Marcelo Feliú como Iván Budassi están a tiempo de tener un acto de grandeza cívica y no permitir que se materialice esta proscripción”. El apoderado de la lista, Alejandro Larriera anunció la presentación de una revocatoria ante la junta electoral y un amparo judicial para que suspenda las PASO del 9 de agosto.

En una conferencia realizada en la sede de la CGT de Mitre y Rodríguez, Lopes afirmó que “como peronistas que somos la mayoría de los que participamos en este Frente para la Victoria, sabemos que siempre nos ha tocado una cola larga, de mucha espera, de mucho sacrificio. Y hay algunos que han venido al peronismo, se han montado en la estructura. No tienen nada de peronistas, no les crean. No tienen nada de solidarios, no les crean. Solamente tienen proyectos personales”.

3“Incluso a algunos los he visto en estos días haciendo campañas vergonzantes donde esconden los logos del partido político por el cual están hoy usufructuando cargos y por el cual han vivido los últimos quince años colgados de la política. Desconfíen de ese, desconfíen del que le cuesta decir que es peronista. En una ciudad cuyos destinos y cuyos designios fueron marcados muy fuertes por un periódico que sabemos cuál es su ideología, sabemos que ha sido gorila, antiperonista y antipueblo y que sus dueños hoy están sospechados de haber mandado a matar obreros propios. Sin embargo esos candidatos gozan del beneplácito de ese medio”, agregó.

Durante el encuentro se explicó que ante la advertencia de la junta electoral por un error de orden del cupo en la lista original los apoderados viajaron a Buenos Aires y resolvieron el inconveniente. Luego, las autoridades provinciales solicitaron mayores datos a la junta del FpV-PJ y ésta no realizó la carga de la información.

“En plena democracia siento una profunda vergüenza ajena de tener que estar hablando de que no vamos a poder participar porque a alguien se le haya ocurrido, o tiene miedo, o no quiere y ha operado políticamente ante la junta provincial del FpV-PJ. No me cabe ninguna duda, no me alcanzan ni me sirven las explicaciones radiales de algunos personajes y candidatos que plantean, ‘cómo lo lamento que no está Lopes, me gustaría…’, no sirve. ¿Saben lo que sirviera? Que cada uno de los candidatos que hablan bajen sus listas y digan ‘hasta que no esté la lista de los compañeros no participamos’”, manifestó el médico y destacó que si alguno de sus oponentes resulta electo no lo será legítimamente “porque las reglas han sido totalmente profanadas”.

Lopes descartó responsabilidades del gobernador Daniel Scioli o el armador Wado De Pedro porque no cree que estén interesados en “una listita de Bahía Blanca” y puso el foco, sin nombrarlos, sobre Feliú y Budassi: “Ya me han dicho los que han ido a operar en la provincia, pero como no puedo probarlo no lo voy a decir”.

El representante de la Mesa político sindical de apoyo al Proyecto Nacional, Guillermo Molina, propuso preguntarse “quién se beneficia directamente con la no presentación de este espacio”. El ex intendente advirtió que “acá no hay militantes con cargo” a diferencia de las otras líneas internas que “manejan muchos fondos, manejan mucho dinero, todo se hace a expensa de la billetera”.

“Esto es un poquito perverso”

2El apoderado Alejandro Larriera subrayó que “el equipo que está aquí no ha cometido ningún error en este trámite, ninguna irregularidad, ninguna inobservancia. Nada. Ha sido todo en término, prolijo, completo, los avales triplicaban la cantidad necesaria”.

“La ley no prevé un mecanismo de apelación ante las resoluciones de la junta electoral, lo cual da para pensar que en determinados aspectos esto es un poquito perverso”, opinó y adelantó que el lunes presentará un recurso de revocatoria ante la justicia electoral pidiendo la nulidad del proceso de la junta del FpV-PJ por la falta de notificación.

Además, “estamos presentando un recurso de amparo que no está especialmente previsto pero hay principios generales del derecho que cuando la arbitrariedad es manifiesta y estamos en un proceso de absurdo legal y absurda interpretación de los hechos, se habilita otra instancia”. Allí solicitarán la suspensión del acto electoral y, de recibir una respuesta negativa, evaluarán recurrir a la Suprema Corte bonaerense o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “buscando una reivindicación política y moral”.

Para verificar la presencia en el padrón electoral y la mesa de votación para el las PASO del 9 de agosto ya se puede consultar las páginas web www.padron.gob.ar o a www.electoral.gov.ar. Además, la Junta Electoral de la provincia publicó las listas oficializadas para competir por la intendencia y doce bancas en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

Con sólo incorporar el número de DNI y el código de validación que aparecerá en la página para enviar la consulta, cada elector o electora podrá conocer el lugar y la mesa de votación, como así también el orden en el que figura en el padrón. De esta forma, destacó la Cámara Nacional Electoral al realizar el anuncio, se podrán “evitar demoras el día del comicio”.

También, consignó la CNE, la consulta se podrá realizar de manera telefónica a través del 0800-999-7237 (padrón) o en el Juzgado Federal local donde funciona la sede de la Secretaría Electoral distrital.

El próximo 9 de agosto las ciudadanas y los ciudadanos de todo el país deberán concurrir a las urnas para participar de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en las que se definirán lxs candidatxs que, por cada espacio político, competirán en las elecciones generales del 25 de octubre.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó las listas -ver abajo- que buscarán poner su boleta en las generales de octubre. Entre las registradas -hasta el momento- no se encuentra la del ex intendente Rodolfo Lopes, quien viajó a La Plata a resolver algunas “formalidades” en el orden de lxs integrantes que no respetaba el cupo femenino y pretendía competir con las impulsadas por el diputado Marcelo Feliú y el titular de ARBA Iván Budassi. Tampoco fue autorizada la precandidatura de Hernán González Bécares en el massista UNA, se le había señalado la falta de un concejal/a suplente y la presencia de una candidata menor de 25 años.

Por otro lado, la Cámara Nacional Electoral aprovechó para reafirmar que “todos los documentos son válidos para votar, siempre y cuando sea el último ejemplar”, con lo cual “no se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral”.

Según se desprende del padrón definitivo, en todo el país estarán habilitados para votar en el marco de las PASO nacionales un total de 32.064.323 ciudadanxs. Los distritos con mayor cantidad de sufragantes son la provincia de Buenos Aires con el 37,01 por ciento del total, Córdoba con el 8,68 por ciento, Santa Fe que representa el 8,36 por ciento y la ciudad de Buenos Aires con el 7,95

Las listas de Bahía Blanca completas:

UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) / LINEA RENOVADORA

FRENTE POPULAR / PROTAGONISMO Y PARTICIPACION

FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES / UNIDAD 2U

FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES / RENOVAR Y FORTALECER EL FRENTE 1 A

FRENTE PARA LA VICTORIA / LISTA CELESTE Y BLANCA K NESTOR KIRCHNER 6

FRENTE PARA LA VICTORIA / LISTA CELESTE Y BLANCA K NESTOR KIRCHNER 4

CAMBIEMOS BUENOS AIRES / 1 A AMARILLO

CAMBIEMOS BUENOS AIRES / 300 A ROJO

PROGRESISTAS / IGUALDAD Y DECENCIA

MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES/ UNIDAD

La precandidata a diputada para el Parlasur por el PTS-FIT, Andrea D’Atri, visitó el estudio Heinrich y Loyola de la FM De la Calle y se refirió a la agenda de demandas del movimiento de mujeres trabajadoras, la necesidad de expresión política del #NiUnaMenos y la falta de respuestas estatales contra la violencia machista.

Sobre el parlamento del Mercosur, D’Atri afirmó que “la expectativa no es mucha” porque “la integración latinoamericana en manos de los gobiernos nacionales que hay en la región ha sido puro discurso” y que “se crea más casta política, el cargo implica unas dietas escandalosas para cada uno de los diputados”.

Acompañada por la precandidata a concejala Daniela Rodríguez, la fundadora de Pan y Rosas repasó los orígenes de la agrupación de mujeres con perspectiva de clase integrada por tres mil militantes en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, México, España y Alemania. La organización “pelea por los derechos de las mujeres, el derecho al aborto, contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, el derecho de las mujeres trabajadoras pero también con una perspectiva socialista, es decir, anticapitalista”.

A poco más de un mes de la histórica movilización nacional #NiUnaMenos contra los femicidios, D’Atri destacó la masividad de la denuncia y que “al día siguiente se multiplicó mil por ciento la cantidad de denuncias por violencia de género en el Consejo Nacional de la Mujer. (…) Es decir, que las mujeres que sufren violencia hayan sentido que no estaban solas, había miles, decenas de miles, centenares de miles en todo el país que acompañaban su reclamo”.

Por otro lado, por su composición social, por la participación de mujeres y hombres, por la relevancia que tuvo la convocatoria en la cotidianeidad de sus adherentes y su participación activa, para la lic. en psicología #NiUnaMenos abrió “reflexiones sobre el machismo, ¿soy o no machista? ¿en qué lo reproduzco? ¿cómo trato a mi compañera?”.

“Creo que refleja un proceso más profundo que no solamente tiene que ver con la violencia. Fue una manifestación que demostró un cierto hartazgo con ciertas condiciones de vida que implican las mujeres que mueren, una cada treinta horas asesinada, una mujer que muere por día aproximadamente por las consecuencias del aborto clandestino, que la mayoría de la población viva en situación de precarización laboral que también es una forma de violencia, el 43 por ciento de las mujeres que trabajamos lo hacemos en situación de precarización laboral, un índice altísimo después de más de diez años de un gobierno que pretende enarbolar las banderas del pueblo trabajador”, comentó.

La manifestación “expresó algo más que el problema de los femicidios” y fue “la necesidad de expresión en la política de la voz del #NiUnaMenos”. Por ello, D’Atri subrayó la conformación del listado de aspirantes a la legislatura porteña invirtiendo el cupo e integrándola con el 70 por ciento de mujeres.  “Es la primera vez en la historia institucional de Argentina donde una lista invierte el cupo femenino que es una ley de 1991 porque hasta ese entonces las mujeres casi no existían en las listas de los partidos”, dijo.

Finalmente detalló algunos aspectos del Plan de Emergencia para mujeres víctimas de violencia machista, propuesto por el diputado y precandidato presidencial de su espacio, Nicolás del Caño: creación de refugios, créditos a tasa cero del Banco Nación, licencias con goce de sueldo para las trabajadoras y licencia para las estudiantes con derecho a pedir profesorxs a domicilio.

“También plantea de dónde sacar el dinero, tocar los intereses de los grandes grupos inmobiliarios, de las grandes empresas” con un impuesto, explicó y concluyó: “No es acabar con la violencia contra las mujeres, pero es un paliativo fundamental para quien está atravesando ese límite en el cual si no abandona esta noche su casa, puede ser mañana un nuevo caso de femicidio”.

Escuchá la entrevista completa:

Un nuevo episodio intimidatorio se sumó al contexto de la investigación judicial por contaminación del estuario bahiense. Tras el falso robo en el estudio del dr. Lucas Beier, el ataque con brea contra el frente de su casa y el intento de incendio del auto de uno de los denunciantes, otros dos trabajadores de la pesca fueron amenazados y golpeados en el interior del puerto de Ing. White.

La noticia fue confirmada por el abogado Luis Arellano, quien representa junto a Beier a la Asociación de Pescadores de la Ría de Bahía Blanca en la causa contra las empresas del polo petroquímico y ABSA.

Ayer por la tarde aseguró durante la emisión de Tarde Piaste que “a uno de nuestros clientes lo amenazaron con una referencia bien directa a que se dejara de joder con el juicio, así fue más o menos la expresión, y ayer a la noche otras dos personas también pescadores que no son clientes, no integran el grupo del juicio, tuvieron un altercado y uno de ellos recibió una paliza con referencias directas a las acciones judiciales”.

Dentro del área portuaria “se bajó una (persona) y le partió un palo en el cuerpo a la víctima que se defendió y como la defensa fue más fuerte que el ataque, bajaron el resto que estaba en el auto, cuatro o cinco, y entre ellos le propinaron la paliza”. El letrado afirmó que la justicia intervino de oficio y opinó que “es un camino errado tratar de resolver conflictos del modo violento”.

“Se está dejando pasar la oportunidad de afrontar de una vez por todas la problemática de la contaminación de la ría de Bahía Blanca -explicó Arellano-. Ese es el origen de todas estas causas, o sea, que hoy los pescadores no tengan más posibilidad de ejercer su industria, que hicieron en forma pacífica durante un tiempo larguísimo, familias enteras que de generación en generación se dedicaban a esto hoy han perdido su tren de trabajo, su forma de vida. Y ellos han sido quienes tomaron la iniciativa de defender un recurso que es de todos, la acción que están llevando a cabo es para beneficio de la comunidad toda, que se deba dejar de contaminar y tratar de hacer algo para sanear el estuario”.

Para el abogado, si la fuerza que se encamina hacia hechos violentos fuera “la misma voluntad de afrontar este problema, se apuntaría sobre las autoridades públicas para generar las normas” que permitieran el saneamiento, que son “posibles, no muy difíciles y no muy caras, sería mejor que esto de intentar tapar el sol con las manos”.

“De hecho hay empresas privadas que controlarían, recibirían el barro residual de la cloaca de Bahía Blanca a ABSA para limpiarlo y poder vender por lo menos el 30 por ciento del agua potable que consume el polo petroquímico para su ciclo productivo”, concluyó Arellano.

El ex fiscal general Hugo Cañón sostuvo, en diálogo con el programa En Eso Estamos de FM De la Calle, que la  marcha promovida ayer por “la corporación judicial” significa “una disputa de poder” impulsada por “un poder concentrado y endogámico como es el judicial, que se quiere autogobernar y quiere mantener un status quo que viene de hace muchos años sin ningún tipo de posibilidad de oxigenación”.

Lo demuestra el discurso del titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Ricardo Recondo. “Él pertenece al riñón de esa corporación judicial tradicional. Él fue funcionario como secretario letrado de la Corte en la época de la dictadura militar. Fue secretario de Justicia en la época de Alfonsín. Luego fue asesor del ministro de Justicia de Menem, Oyhanarte, que duró sólo tres meses, pero fueron tres meses en los que se dictó el indulto. Y él, como camarista en la actualidad, también ha exhibido la parálisis del poder judicial en relación al tema de la Ley de Medios, por ejemplo”, continuó.

Acerca de la campaña de reivindicación del juez apartado Luis María Cabral, Cañón dijo que “todo esto tiene que ver con mantener un ocultamiento en el manejo interno del Poder Judicial. El doctor Cabral entró en el año 1993 en el Tribunal Oral Nº 9 de Capital Federal a dedo por indicación del juez Madueño de la Cámara Nacional de Casación Penal y a los tres días asumió porque la corporación judicial funciona de esa manera”.

“Ahora, cuando sale la Ley de Subrogantes que establece un mecanismo institucional y a pedido de la propia Cámara de Casación se propone que se designe como corresponde legalmente a un subrogante en ese lugar que ocupa Cabral, se genera toda esta reacción colectiva que tiene que ver, insisto, con esa corporación judicial que se auto defiende para mantener el privilegio de autogobernarse. No se quiere democratizar”.

Además, Cañón afirmó que la AMFJN, es manejada “como un lugar que es un club social. Yo soy socio desde el año 1986 cuando asumí como fiscal pero nunca utilicé los servicios de privilegio que tienen en lugares de tiro al blanco, de prácticas para hacer vuelos. Es toda una élite que me hace acordar mucho también a esas élites de los militares cuando se auto manejaban con una inmunidad que no era alcanzada por todos los demás sectores que integran la sociedad argentina”.

En casa de juez…

“El caso de la prolongación de Fayt, desconociendo la Constitución con una resolución de la propia Corte que anula la clausura de los 75 años, demuestra la actitud corporativa. Por otro lado, hay una ley que establece que paguemos impuesto a las ganancias y la misma Corte establece que no pagamos los impuestos a las ganancias porque también es una élite privilegiada la pertenencia a este poder judicial”, ejemplificó en torno de la actitud corporativa de sendos sectores judiciales.

En el caso de la movilización y acto de ayer, “se pone como excusa que haya un procedimiento que desconoce las facultades que ellos tenían y siguen teniendo para poder atacar a una ley. En Bahía Blanca siempre la lista de conjueces la elaboró la Cámara Federal y la elegían a dedo. Tomaban la lista del Colegio de Abogados y en una relación de afinidad componían la lista a dedo. Así salió Pontet designado en Bahía Blanca. Ahí no se hacían olas porque se manejaba dentro de la corporación judicial. Cuando hay una ley transparente que establece un mecanismo de propuestas que pasa por el Consejo de la Magistratura, luego va al Poder Ejecutivo quien lo remite al Senado, puede ser objetado en el Senado y de esa lista surgen las designaciones, se arma este escándalo público que, en última instancia insisto, es una movida política”.

Montezanti: paradigma de la corporación

El presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, deberá presentarse ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura para defenderse de la acusación por mal desempeño en sus funciones derivada de la unificación de reiteradas denuncias en su contra el próxima 25 de agosto.

Consultado por el rol del ex PCI en el ámbito de la justicia, Cañón sostuvo que “si hablamos de corporación judicial, el caso Montezanti es un caso paradigmático. Un personaje que ha estado vinculado a la dictadura, que fue agente de inteligencia, que además tiene denuncias de los gremios por atropellos a los empleados, que desconoció un fallo del Tribunal de Trabajo que ponía a los trabajadores en el lugar que le correspondía y por la que la Corte tuvo que ordenarle a la Cámara que acatara la resolución judicial, es una persona que merece que se ponga bajo la lupa del Consejo de la Magistratura”.

“Bahía Blanca merece tener una justicia que no esté trabada y que esté manejada como lo está en este momento por sectores vinculados al poder real”, finalizó.

La Corte Suprema ordenó que se respete la decisión de un paciente para suspender medidas que desde hacía veinte años prolongaban artificialmente su vida. Se trata de Marcelo Diez, quien falleció horas después de difundirse el fallo que confirmó una decisión del Tribunal Superior de Justicia neuquino. Diez sufrió un incidente automovilístico y se encontraba postrado desde 1995.

El máximo tribunal realizó además consideraciones relevantes sobre los derechos de lxs pacientes y remarcó que, como regla, deben evitarse judicializaciones innecesarias de decisiones relativas al cese de prácticas médicas.

“Desde hace más de veinte años no habla, no muestra respuestas gestuales o verbales, no vocaliza ni gesticula ante estímulos verbales y tampoco responde ante estímulos visuales. Carece de conciencia del medio que lo rodea, de capacidad de elaborar una comunicación, comprensión o expresión a través de lenguaje alguno y no presenta evidencia de actividad cognitiva residual. Dado su estado, necesita atención permanente para satisfacer sus necesidades básicas y es alimentado por una sonda conectada a su intestino delgado”, señalaron las pericias que ratificaron “el carácter irreversible e incurable de su situación”

El paciente no había brindado ninguna instrucción formalizada por escrito respecto a qué conducta médica debía adoptarse en una situación como la que se encontraba, sin embargo, le había manifestado a sus hermanas que, en la eventualidad de hallarse en el futuro en esta clase de estado irreversible, no era su deseo que se prolongara artificialmente su vida. Por ello, sus hermanas pidieron la suspensión de las medidas de soporte vital que se le suministraron por dos décadas.

En el fallo, la Corte Suprema consideró que la Ley de Derechos del Paciente contempla la situación de quienes, como Diez, se encuentran imposibilitadxs de expresar su consentimiento informado y autoriza a sus familiares a dar testimonio de la voluntad del paciente respecto de los tratamientos médicos que éstx quiere o no recibir.

Además, aclara que no se trata de eutanasia, que la ley autoriza solicitar el cese de la hidratación y alimentación artificial en tanto constituyen una forma de tratamiento médico y que “es indiscutible” que los derechos fundamentales de Marcelo Diez debían ser protegidos sin discriminación alguna y que, por ello, gozaba del derecho a la plena autodeterminación de decidir tanto recibir las necesarias prestaciones de salud como también cesar su tratamiento médico.

“La única voluntad que debe tenerse en cuenta es la del paciente”, escribieron lxs ministrxs y agregaron que “a ningún poder del Estado, institución o persona distinta” a Diez le correspondía decidir si su vida merecía ser vivida. “En este supuesto, sus familiares sólo pueden testimoniar, bajo declaración jurada, la voluntad del paciente. Por lo que no deciden ni ‘en el lugar’ del paciente ni ‘por’ el paciente ni ‘con’ el paciente sino comunicando cual es la voluntad de este”.

La Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de la puesta en posesión -no de la subrogancia- del juez Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca. El acto efectuado por el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Daniel Candis, fue para el máximo tribunal “una clara intromisión” en los poderes que tiene “como titular del Departamento del Gobierno Federal”.

Días atrás la presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez, explicó a FM De la Calle que luego de la designación de Ramos Padilla “le comuniqué personalmente por oficio” al presidente de la Cámara, Néstor Montezanti, y que Candis anunció el acto con dos días de anticipación. “Ramos Padilla no necesita juramento porque ya es juez de la Constitución con acuerdo del Senado y ya juró cuando fue puesto en posesión en el juzgado federal de Dolores, la Cámara avisó que estaba anoticiada y que iba a concurrir pero luego no fue, estaba presente el dr. (Santiago) Martínez y otros funcionarios y personal del juzgado”.

La Corte Suprema no esperó la existencia de un “caso judicial” para poder pronunciarse sobre la nueva Ley de Subrogancias, que pone en el Consejo de la Magistratura la designación de jueces y juezas subrogantes.

Fue a través de la Resolución 1945/15, firmada en el acuerdo de este martes por lxs ministrxs Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Ayer Lorenzetti recibió a presidentes de las cámaras federales en el marco de una nueva movilización en defensa de la “independencia judicial” y del ex camarista de Casación Luis Cabral.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, aseguró desde el escenario que “por ahí” andaba Ulpiano Martínez, uno de los artífices de la impunidad de los civiles del terrorismo de Estado en Bahía Blanca cuya subrogancia no fue renovada por la Magistratura.

La nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com 

Trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional concluyen esta noche un paro por 48 horas en el marco de un plan de lucha ante la falta de respuesta de las autoridades de la emisora pública a las demandas salariales y por mejoras en las condiciones laborales.

El delegado de base y secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Carlos Saglul, comentó en diálogo con el programa Tarde Piaste de FM De la Calle, que la paritaria se caracteriza por maniobras dilatorias: “Fuimos a nada menos que cuatro audiencias donde la empresa no hizo ninguna propuesta. Imaginate que se hacen en Buenos Aires donde vienen compañeros de todo el país, es una falta de respeto ser citados a una reunión paritaria que no es tal porque la empresa no hace ninguna propuesta, no sé si es para desgastar o qué”.

Tras cuatro intentos fallidos la asamblea decidió iniciar la medida de fuerza e insistir este miércoles con las demandas. “La responsabilidad del paro, tiene que quedar en claro a los oyentes porque no nos permiten por primera vez difundir ni un comunicado, que no nos corresponde a nosotros que hemos tenido mucha paciencia y somos los que hemos mantenido históricamente la radio más allá de los funcionarios de turno”.

Saglul explicó que “hay una serie de problemas que para nosotros son muy graves como la situación irregular del personal contratado, no solo en Radio Nacional Buenos Aires, es más grave en el interior del país, en condiciones de irregularidad absolutas. Por otro lado, has tenido un gran número de concursos durante estos últimos meses pero los criticamos por la falta de transparencia”.

“Primero porque no sirve para que ingrese toda esta gente que está trabajando en la radio realmente y, por otro lado, no tienen control gremial, quien hace de jurado son tres o cuatro gerentes que bien podrían ponerse de acuerdo al no existir una auditoría de tipo gremial, no te asombres que haya amigos, familiares, primos, sobrinos y no realmente quienes  necesita la radio pública”, agregó.

El dirigente aclaró que el problema excede al Sindicato de Prensa y responde a una decisión de la dirección encabezada por Tristán Bauer, María Seoane y Vicente Muleiro de no recibir a ningún gremio. “Es como que los trabajadores no existieran, tienen un discurso muy piola al aire, nacional y popular, pero por dentro la otra cara es que ni siquiera reciben a los sindicatos. Es como que los trabajadores no tienen ni voz ni voto, nosotros somos delegados de base, no somos burócratas”.

Por último, Saglul informó que en la última asamblea fueron declarados personas no gratas lxs comunicadorxs Cinthia García, Roberto Caballero y Ari Lijalad: “Nos pareció una conducta muy reprobable el hecho de que el paro se iniciaba el lunes a las seis de la mañana y vinieron el domingo a la madrugada para simular que la radio está al aire. Muchos dicen que se debían a la audiencia y por eso lo hicieron, es estafar a la audiencia decir ‘esta mañana’ cuando vos no estás en el aire”.

“Por otro lado, si te debés a la audiencia es absurdo, porque es considerar que hay una sola radio en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina donde vos podés informarte. Estos comunicadores están además en varios medios donde podrían salir tranquilamente. Esta actitud es de rompehuelgas, no se puede justificar de ninguna manera, por eso la criticamos con dureza y también con dolor porque de alguna manera se trata de compañeros que, si bien al ser conductores cobran salarios o contratos mucho más altos, son compañeros, son periodistas”.

En reclamo de pago de salarios adeudados desde hace dos meses los 16 empleados de la firma decidieron tomar sus establecimientos. Según el sitio web oficial, “ha demostrado ser una de las líderes en el mercado” en construcción de silos.

Sergio Seguel, uno de los supervisores con 11 años de antigüedad, dijo a FM De la Calle que “hay trabajos ya tomados hace tiempo, pero no fueron entregados en su momento, no por falta del obrero sino por la mala gerencia de la patronal”.

El mecanismo de la mala gestión estaría en “pasar presupuesto y no comprar los materiales necesarios. Después llama gente que ha comprado algún silo, galpón, no lo tienen en la fecha que ellos le prometieron, nos llaman y nos preguntan, ¿y el galpón? Y no sabemos qué decirle. Nosotros tenemos la buena predisposición de venir a trabajar pero a nosotros no nos cumple, es más, tenemos cortada la obra social por faltas de pago, no nos hacen los aportes, no tenemos seguro de ART, estamos a la deriva”.

En respuesta a las demandas de los obreros, los titulares espetan: “muchachos, no les gusta, váyanse. Si los tengo que echar, lo voy a hacer, pero no van a  ver un peso”.

Seguel afirmó que hicieron reclamos “al sindicato, al Ministerio de Trabajo, pero no nos han escuchado nada. Nosotros somos simples obreros que nos levantamos 5:30 de la mañana, hay compañeros que tienen hijos con necesidades especiales, otros alquilan, todos venimos por lo mismo. Queremos cobrar lo que honradamente nos ganamos, no estamos pidiendo algo fuera de lo convenido, pedimos lo atrasado”.

El conflicto se remonta a “septiembre del año pasado. Se ha despedido gente de más de treinta años de servicio, gente que ha llegado a arreglos en el Ministerio, todo legal, bonito, pero no les han pagado nada”.

“Hasta acá cumplimos, ahora tienen que arreglarse con el Ministerio y dan un paso al costado. No somos gente de hacer despiole, somos gente tranquila que queremos llevar el pan a nuestros hijos, queremos trabajar, nadie va a romper nada de lo que está acá, esto es fuente de trabajo, para nosotros y los que pueden llegar a venir a trabajar” sostuvo.

Por su parte, el secretario general de la UOM Bahía Blanca, Daniel Gómez, informó que “PRIMA tiene una larga y lamentable historia de incumplimiento. La planta tenía unos cien trabajadores de la UOM y ahora deben quedar algo de cuatro o cinco”.

De esta forma, “los dueños han hecho mucho daño tanto a los trabajadores como al sistema, hace un año y medio que no pagan aportes ni obligaciones a la seguridad social, la planta viene trabajando muy mal”.

Respecto a mediaciones anteriores, el dirigente sostuvo que “se han hecho los trámites correspondientes. La conducta de los dueños de PRIMA fue consecuente, lamentablemente. Antes la fábrica trabajaba mucho y aprovechaba beneficios del gobierno, pero nos hemos encontrado con situaciones que nos únicas pero que se siguen dando”.

Actualmente, “se dan situaciones de patrones ricos pero con empleados super pobres. Se los permite alguna legislación. Se agarran de eso para no cumplir obligaciones, incluso algunas que se decidieron en el Ministerio de Trabajo”.

Sumado a esto, “han hecho empresas paralelas que también están sucias. La otra empresa se llama SIMES, es común que las empresas hagan alguna otra dentro de las mismas plantas, con otro nombre. Muy común en las SRL, SA. Lo hemos tomado como una burla. Hoy la planta tiene más supervisores que obreros, uno siente que trabaja todo el mes y muchos muchachos se han ido y se sienten burlados”.

Sobre el estado de la negociación actual, Gómez aseguró que están “a la espera de un pedido de audiencia que se tramitó hace unos días en el Ministerio. Obviamente que acompañamos y apoyamos a los muchachos. Si bien hacemos conciliaciones nada nos da resultado”.

“Es difícil mantener la cordura cuando los que están del otro lado te tratan tan mal, vamos a intentar mantenernos dentro de la legalidad y la cordura pero se hace difícil”, dijo el dirigente en referencia a la toma como método lucha.

El sindicato ASIMRA es quien detenta mayor cantidad de afiliados. Consultada la oficina local, informaron que la “parte gremial se maneja desde Buenos Aires” por lo cual no estaban al tanto de la situación.

Gastón Orellana intregra una de las 1200 familias estafadas a través de las viviendas que prometía D & F Fiduciaria S. A. Según el damnificado, la detención de los abogados Rafael Benedicto Díaz Flaqué y Roberto Daniel Carmona y el carácter de prófugo de Sergio Favretto “confirma que nuestra denuncia tenía asidero”.

“A Favretto inicialmente se lo investigada por estafa. Ahora hasta asociación ilícita. Esto nos llena de orgullo porque nosotros lo denunciamos incluso públicamente”, dijo a FM De la Calle en referencia a los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y estafas reiteradas por los que se imputa a las tres personas sobre las que recayeron las órdenes de detención.

Los letrados “presidieron varias reuniones dentro de nuestro fideicomiso. Por suerte no cerramos ningún acuerdo con esta gente. Tenía de nuestra parte todas las sospechas. Proponían inyectar fondos que no sabíamos de dónde procedían para seguir la construcción porque a Favretto se le había ido de las manos”.

Por otra parte, según Orellana se suceden nuevas estafas que denotan falta de controles públicos. “A consecuencia de esta investigación, hace seis meses atrás saltó una nueva estafa de características similares AMUCOBA, Las estafas continúan. El Estado no crea un organismo de contralor”, aseguró.

“Lo peor de todo es que bajo la figura de fideicomiso no se puede ir contra el patrimonio del administrador. Cuenta con el amparo de la propia ley que se ha hecho a la medida de los estafadores”, finalizó.