“Gracias a la perseverancia de nuestra búsqueda y a la labor de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), hoy el nieto 122 puede conocer la verdad sobre su origen”, afirmaron las Abuelas de Plaza de Mayo al comunicar la restitución del hijo de Iris García Soler y Enrique Bustamante, desaparecidos el 31 de enero de 1977 durante la última dictadura cívico-militar.

Al momento del secuestro, Iris estaba embarazada de tres meses. Había llamado a sus padres para avisar que pasaría de visita, pero luego canceló el encuentro y su familia nunca más supo de ella ni de su compañero ni del niño que debió nacer en julio de 1977.

Las Abuelas manifestaron que “esta nueva restitución es la demostración de que la verdad y la justicia siempre vencen al olvido y el silencio. Muchos años llevó determinar la identidad de Iris y Enrique, muchos más dar con sus familiares que desconocían la existencia de un niño robado a quien le habían sustituido la identidad. El propio nieto debió esperar que le dijeran que podía ser hijo de desaparecidos para conocer su origen”.

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“Este caso es la muestra de que los juicios han sido y siguen siendo una herramienta fundamental y que el Estado debe acompañar con políticas públicas el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. A la sociedad le pedimos que nos siga ayudando a encontrar a nuestros nietos. Este año cumplimos 40 años de búsqueda y son cientos las familias que anhelan el abrazo con su ser querido. Por favor rompamos el silencio y nos los dejemos con la duda a los más de 300 hombres y mujeres que todavía no saben quiénes son”.

Iris Nélida nació el 15 de mayo de 1952 en la ciudad de Mendoza. Estudiaba Sociología en la Universidad Católica Argentina (UCA), y su familia y amigos la llamaban “Susuki”. Enrique nació el 5 de junio de 1951 y era conocido como “Bebé”. Iris comenzó su actividad en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y luego compartió su militancia con Enrique en la organización Montoneros. Allí, sus compañeros la conocían como “Tita”, “Pajarito” o “La Gallega”, y a él como “El Lobo” o “El Chamaco”.

Ambos fueron secuestrados por personal de la Policía Federal en la pensión en la que vivían, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Tacuarí al 400. Fueron vistos en el centro clandestino de detención “Club Atlético” y, por testimonios de sobrevivientes, se supo que Enrique fue llevado a la ESMA y luego devuelto al Atlético. Iris estuvo en Atlético hasta mayo de 1977, momento en que fue llevada a la ESMA para dar a luz. Sus compañeros de cautiverio la llamaban “la Lobita”. Este hecho muestra la coordinación represiva entre la Armada Argentina con otras fuerzas de seguridad, en este caso con la Policía Federal Argentina.

Por otro lado, testimonios de sobrevivientes de la ESMA dieron cuenta de que “Tita” había dado a luz a un varón en julio de 1977, y que llegó a tenerlo en sus brazos. La diversidad de apodos y testimonios hicieron que llevara tiempo identificar que “Tita” y “la Lobita” -una secuestrada embarazada y la otra que había dado a luz en la ESMA- eran la misma persona.

La investigación

La denuncia sobre el embarazo y la desaparición forzada de Iris Nélida García había sido realizada por su padre, Manuel García. Al mismo tiempo, desde Abuelas de Plaza de Mayo, gracias al testimonio de Nilda Orazi y otras sobrevivientes de la ESMA, tomaron conocimiento de una joven embarazada apodada “la Lobita”, que había sido trasladada desde el centro clandestino Club Atlético a la ESMA para dar a luz. Pero las piezas encajarían mucho después.

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En 2004, la Conadi comenzó a trabajar para dilucidar la identidad de dos mujeres. Una de ellas era apodada “Tita” y había sido vista por distintos liberados del Atlético; la otra, “la Lobita”, había sido vista en la ESMA.

A partir de la investigación, pudo saberse que uno de los sobrenombres de Iris era “Tita”, por lo que se determinó la conexión con la embarazada vista en el Atlético. Más adelante, se supo la identidad de su compañero, “el Lobo”, y se descubrió que no estaba denunciado como desaparecido. El apodo de Enrique permitió establecer que Iris era “La Lobita” vista en el ESMA.

A fines de 2004, una persona liberada de la Escuela de Mecánica de la Armada, que había militado en el mismo ámbito que la pareja, pudo identificar al “Lobo” y a “la Lobita” o “Tita” como Enrique Bustamante e Iris Nélida García. De esta manera, pudo incorporarse un nuevo caso al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Sin embargo, hasta ese momento no había familiares de Enrique Bustamante para contactar, ya que no estaba denunciado como desaparecido y sus padres ya habían fallecido. Recién en 2010, una prima se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos para solicitar información sobre Enrique y se pudo realizar la denuncia e incorporar el grupo familiar al BNDG.

Cabe destacar que tanto la desaparición de Iris como la apropiación de su hijo están siendo juzgadas en el juicio por los crímenes de la ESMA que comenzó en 2013, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de la Capital Federal.

La búsqueda

Frente a numerosas denuncias recibidas por Abuelas, la filial de Córdoba decidió contactar, a través de su equipo de acercamientos, a un joven que presumiblemente era hijo de desaparecidos. El hombre accedió a realizarse los exámenes de ADN de forma voluntaria y el 18 de abril último, el BNDG informó a la Conadi que se trata del hijo de Iris García y Enrique Bustamante.

La falta de civiles en el banquillo de los acusados por crímenes que la dictadura cívico militar eclesiástica cometió en la región será destacada desde hoy en el alegato de los fiscales del Juicio Ejército III. Más de un centenar de víctimas y 32 represores demandarán al menos unas seis audiencias para que José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani analicen la prueba y pidan condena. Arrancan a las 15 en Colón 80 y continuarán mañana desde las 9.

“A pesar de las resistencias históricas que hubo en el avance de estos procesos desde las distintas estructuras locales, Bahía Blanca fue punta en el señalamiento a los responsables civiles y desde un comienzo se los señaló desde la justicia inclusive”, dijo Nebbia*. La Nueva Provincia, los secretarios judiciales Hugo Sierra y Gloria Girotti y el juez Francisco Bentivegna son algunos de los impunes.

Este es el tercer juicio de la causa Ejército -a los que se suman los de Armada y Boccalari-, sin embargo, “no está todo dicho” sobre el genocidio en la región. Los alegatos permitirán profundizar los roles que tuvieron las policías Bonaerense, de Rio Negro y de Neuquén y “el rol central que tuvo en toda la Patagonia el V Cuerpo”.

“Es un juicio que se extendió durante más de un año, hay imputados que fueron saliendo ya sea por muerte o por impedimentos mentales”, sostuvo Nebbia y confirmó el deceso del genocida Hugo Jorge Delmé -ya condenado a perpetua-. “Falleció en la prisión que hay en Campo de Mayo, esa prisión había quedado deshabilitada en el gobierno anterior porque queda dentro de un predio militar”.

Nebbia dijo que “por primera vez en mucho tiempo el Servicio Penitenciario Federal está sobrepoblado, se han pasado holgadamente los 11 mil presos, entonces el Poder Ejecutivo está buscando estos lugares para alojar más detenidos”.

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El también integrante de la Procuraduría contra la Violencia Institucional aseguró que “hay un endurecimiento (de las excarcelaciones) para los criminales comunes y hay un relajamiento para quienes cometieron los crímenes más atroces desde las estructuras del Estado”.

“Contrariamente a lo que se quiere instalar, las estadísticas de la Procuraduría de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal muestran que menos de la mitad de los acusados por crímenes de lesa humanidad están con prisión. Y de aquellos que están con prisión son menos de la mitad a su vez los que están con prisión efectiva. El resto está con domiciliaria. Los organismos que las controlan tienen deficiencias a partir de falta de personal y lo que implica controlar que una persona esté dentro de su casa todo el tiempo. El tema de las pulseras electrónicas fue una lucha y sigue siendo para que se las instale a los detenidos por lesa humanidad lo cual hace todo mucho más complejo y da la sensación de impunidad”.

Ningún civil en el banquillo

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Nebbia recordó que el Tribunal Oral ordenó investigar las responsabilidades penales de Massot, Sierra, Girotti y Bentivegna y “sin embargo cuando esto fue retomado en la etapa de instrucción, y apoyado con más pruebas por la Fiscalía, no fue receptado por los órganos judiciales. Hablo de la justicia de instrucción federal como así tampoco por la Cámara Federal”.

“No hay ningún civil sentado en el banquillo de los acusados. Hemos avanzado respecto de los crímenes anteriores al golpe de Estado con anuencia de las estructuras estatales, la Triple A, pero lo que es La Nueva Provincia y la pata judicial en el momento del terrorismo no se ha podido avanzar. Recordemos lo que pasó con el cura Vara, estuvo prófugo un año, tuvo complicidades de las autoridades actuales de la Iglesia Católica, esas autoridades fueron procesadas en primera instancia y luego por la Cámara fueron desprocesadas”.

“Eso le costó al juez que procesó al obispo Garlatti su cargo en la justicia bahiense. Fue quien procesó a Garlatti por encubrir a Vara, quien sentó dos veces a indagatoria a Massot, quien habilitó el allanamiento a La Nueva Provincia pedido por la Fiscalía donde surgieron muchísimas pruebas sobre lo que les había pasado a Heinrich y Loyola como del rol que tuvo LNP en el resto de los casos. La única persona que tuvo consecuencias civiles por la dictadura es actual, estamos hablando de Álvaro Coleffi”, afirmó.

*Entrevista realizada en el programa Ángeles y Demonios que se emite los sábados de 10 a 12 por Continental Bahía Blanca 103.9″.

(Por NiUnaMenos) No en nuestro nombre. Ni demagogia punitiva ni garantismo misógino ¡Ni Una Menos!

Las enormes movilizaciones que atraviesan el país desde el 3 de junio de 2015 cuando salimos a las calles con la consigna de Ni una menos no piden más penas, no piden menos libertades. Piden más prevención y más cuidado, más igualdad y más justicia. La demanda al Estado fue muy clara y puede resumirse en políticas integrales de prevención de la violencia machista y respuesta adecuada a las víctimas. Dos años después, seguimos pidiendo lo mismo. Nos matan al ritmo escalofriante de una por día: cada 18 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en Argentina.

Las respuestas como la que busca ahora el Poder Legislativo no modifican en absoluto las violencias en que vivimos. Como Ustedes bien saben, el derecho penal llega tarde: se activa cuando estamos muertas. El proyecto de reforma que se tratará en el Senado busca aumentar la cantidad de tiempo que tiene que estar una persona detenida para lograr salidas transitorias, libertades anticipadas y condicionales, y en algunos casos se busca incluso prohibirlas. Pedimos políticas que eviten los asesinatos: que refuercen la educación con perspectiva de género, la capacitación de agentes judiciales y de seguridad, la velocidad de la respuesta estatal ante las denuncias. El endurecimiento de la penalización y la ampliación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia punitiva ante la indignación social.

Claro que hay jueces y fiscales que no toman en serio la voz de las denunciantes o que no se preocupan por la especificidad de violaciones y femicidios. Esa sospecha sobre nuestra propia voz es parte de las complicidades que fundan un garantismo misógino que trivializa y minimiza las violencias que nos afectan, y que está en la base de denuncias no consideradas y en las excarcelaciones apresuradas. El punitivismo no es menos machista: al grito de más cárcel evita el análisis oportuno y preciso que permitiría estrategias de prevención y cuidado que efectivamente salven vidas. Cuando la familia de Micaela fue a denunciar su desaparición a la comisaría, le dijeron que podía tratarse de un suicidio, el fiscal siguió esa hipótesis. Esas son las respuestas judiciales que nos encontramos cuando pedimos ayuda. Hoy buscamos a Araceli Fulles en San Martín, desaparecida hace 15 días. La fiscalía de San Martín no aceptó la ayuda de la Unidad especializada de Trata de personas para descartar esa hipótesis. En otras palabras: nos ningunean, y todas las medidas que efectivamente existen para prevenir y erradicar la violencia machista son desoídas una a una.

Se elude sistemáticamente la desigualdad estructural que imponen las jerarquías de género. De esta forma no se incorpora una dimensión de análisis más necesaria para erradicar la violencia machista: el carácter particular de los delitos sexuales. Entonces nuestros legisladores optan por la respuesta fácil, aquella que no mejora nuestras vidas, y con manifiesta facilidad realizan anuncios punitivistas con una ligereza sorprendente que demuestra la falta de compromiso que tienen con el bienestar de mujeres, niñas, adolescentes y personas trans.

Reformas que ya existen

En 2004, tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg y las marchas que encabezó su padre, el Poder Legislativo tuvo una respuesta igual de súbita e igual de ineficaz. El ejemplo de la actuación en este recinto hace trece años es pertinente porque ya en ese momento se limitaron las salidas de prisión de quienes habían cometido delitos: homicidios criminis causa, delitos contra la integridad sexual seguido de muerte, secuestro seguido de muerte, homicidio en ocasión de robo.

Ocho años después, en diciembre de 2012, ante la conmoción que generó la violación seguida de femicidio de Tatiana Kolodziej, se promovió una extensa reforma a la misma ley 24.660, con el objetivo de restringir la posibilidad de conceder libertades anticipadas a quienes resultaran condenados por la comisión de delitos contra la integridad sexual. Esto mismo que se alega hoy, usando el femicidio de Micaela.

Esa reforma de 2012 reguló, además, distintos dispositivos para evaluar la situación de los condenados por violencia sexual y someterlos a un seguimiento específico, junto con el cumplimiento de su condena. Entre las exigencias previas a la concesión de una libertad anticipada para condenados por agresiones sexuales, se estableció la necesidad de elaborar un informe especial por parte de una comisión interdisciplinaria y se estableció el acompañamiento de un equipo especializado durante el periodo en que la persona se encuentre en libertad.

El proyecto que hoy se discute no dice nada de los resultados de esta reforma. No sabemos si se implementaron estos mecanismos, cuántos agresores sexuales fueron incorporados a ese régimen y si fue efectivo. La necesidad del establecimiento de políticas específicas para ofensores sexuales durante su condena resulta central a la hora de discutir el posible daño causado por los condenados al momento de recuperar su libertad. La reforma de 2012 los preveía.

Ahora, haciendo un uso oportunista y cínico del femicidio de Micaela, se busca extender prohibiciones que ya existen a un universo más vasto de delitos. El camino recorrido hasta ahora, y en el que se insiste, es el de descansar en el límite del sistema penitenciario. Se trata de un capítulo más de la banalización que hace el Estado, en este caso el Poder Legislativo, de la violencia machista y de los efectos que tiene en nuestras biografías. Si de verdad hay interés en resolver con eficacia la intervención penitenciaria, estas definiciones no pueden, no deben depender del límite del sistema penitenciario: no se trata de privilegios de quien es condenado/a sino de considerar adecuadamente cuáles son las condiciones por las que la violencia se perpetúa dentro y fuera de la cárcel.

Políticas de prevención ausentes

¿A quién le sirve responder con el Código Penal cuando estamos muertas y cuando al mismo tiempo se desmantela, desjerarquiza y desfinancia el Programa Nacional de Educación Sexual Integral? Le pedimos seriedad a las y los legisladores: no disfracen con modificaciones penales la inacción estatal respecto de la prevención y el cuidado, la falta de presupuesto adecuado, el deterioro de las líneas de atención, la escasísima formación con perspectiva de género de los agentes judiciales –que evitaría la sospecha sistemática sobre la palabra de las víctimas o sus familiares o amigos–, la destrucción de los programas educativos. Les pedimos seriedad y no actos publicitarios.

Queremos traer el debate que damos en las calles, que dimos en una asamblea abierta en la Plaza de Mayo mientras feminismos y grupos de mujeres, lesbianas, travestis y trans de distintos sectores nos dolíamos con rabia por contar un femicidio más y sin embargo ninguna pidió lo que en este proyecto de ley se propone. Creemos que dos años después de salir masivamente a las calles una y otra vez es hora de que llegue al Senado lo que se vive extramuros.

El femicidio de Micaela, como el de Chiara, Melina, Daiana, y las 329 jóvenes de 16 a 21 años que fueron asesinadas en los últimos 9 años son responsabilidad del Estado.

El Estado es responsable de cada voz que se apaga por una serie de faltas de acciones y omisiones. En primer lugar no hay políticas de prevención, la Educación Sexual Integral no se cumple ni tiene un presupuesto acorde, el 80 por ciento del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación se va en ladrillos: con lo que a una necesidad real (la capacidad de resguardo y cuidado de quien debe salir del círculo de violencia machista) se la transforma en una respuesta que termina por considerarse erróneamente total cuando, como sabemos, es apenas una parte de un tratamiento integral al problema. También existe un patrocinio jurídico que aun convertido en ley no se implementa. Como si todo esto fuera poco, ni los operadores judiciales ni las fuerzas de seguridad reconocen que esta problemática es estructural. Y, tal como se colige de la propuesta que discute el Senado, reduce el problema a uno penal. Necesitamos licencias por violencia de género, acceso al trabajo para las personas victimizadas dentro del encierro doméstico, acceso a la vivienda. Ninguna mujer puede defenderse de la violencia machista si no puede sostener su autonomía económica y la soberanía sobre su cuerpo; pero de todo esto rara vez se habla.

Estamos acá porque no vamos a permitir que se hable en nuestro nombre ni en el de los feminismos. Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos.

Foto: Mariana Carbajal.

(Por Carlos Iaquinandi Castro – Redacción de SERPAL) Murió en Madrid Carlos Slepoy, abogado argentino que llegó a España en 1977 como uno más de los miles de exiliados de la dictadura argentina. Lo expulsó del país el gobierno de facto del General Videla, tras un año de cárcel. Ya en Madrid, participó en todas las denuncias contra el terrorismo de Estado en su país y, luego de validar su título, ejerció como jurista en la defensa de víctimas de las dictaduras de Argentina y Chile. Defensor del concepto de Justicia Universal, reclamó que las instituciones se abrieran a los ciudadanos para que pudieran presentar sus denuncias ante violaciones de derechos fundamentales cometidos por gobiernos autoritarios. Ejerció como abogado laboralista, y defendió a delegados y activistas sindicales.

El grave incidente de 1982

En enero de 1982, intercedió ante un guardia civil que en estado de embriaguez y fuera de servicio intimidaba con su arma a un grupo de adolescentes en una plaza madrileña. El policía le disparó un tiro en la espalda que le afectó la región lumbar. Ese impacto le dejó una invalidez de la que pudo recuperarse parcialmente, aunque le quedaron secuelas que nunca logró superar. Sin embargo “Carli” lo asumió con fortaleza y tuvo entereza y sonrisas para continuar su tarea en defensa de los derechos humanos.

Acusación popular

En marzo de 1996, Slepoy presentó una denuncia ante los tribunales españoles contra los responsables de la represión en Chile y Argentina, patrocinando una querella de familiares de las victimas. La causa fue aceptada, y eso permitió dos años después que el juez Baltasar Garzón solicitara a la justicia británica la captura del dictador Augusto Pinochet durante su estadía en la capital del Reino Unido. Tras más de un año retenido en Londres, y a pesar de que el tribunal aprobó su extradición a España, las presiones internacionales consiguieron que finalmente el gobierno británico consintiera su regreso a Santiago de Chile, argumentando “razones de salud” y el compromiso del gobierno chileno de que allí sería juzgado. (Cosa que finalmente, nunca ocurrió). De todos modos durante esos meses quedó en evidencia judicial la responsabilidad del dictador chileno en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas.

Contra otros represores latinoamericanos

La querella presentada por Carlos Slepoy también permitió la condena del ex oficial de marina argentino Alfredo Scilingo, implicado en los llamados “vuelos de la muerte”, el lanzamiento al mar desde aviones navales de cuerpos de “detenidos-desaparecidos”. Y también la extradición y procesamiento del represor Ricardo Cavallo, oficial de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó un centro clandestino para detención y tortura de militantes políticos. Slepoy también brindó asistencia jurídica al Premio Nobel alternativo paraguayo Martín Almada cuando entregó en la Audiencia Nacional española documentación relacionada con el Plan Cóndor de exterminio de los opositores a las dictaduras sudamericanas y cuando se reclamó el juzgamiento del General guatemalteco Efraín Ríos Montt por la masacre de comunidades campesinas.

Los crímenes del franquismo

Años después, sus esfuerzos consiguieron que la justicia argentina asumiera investigar crímenes del franquismo, afirmando su criterio de universalizar esa lucha por la memoria y contra la impunidad. “Que la humanidad quede liberada de ese flagelo, que se respire mejor en el mundo” fueron sus palabras. Carlos Slepoy, consideraba que esa decisión, era una correspondencia con la de la justicia española al considerarse facultada ante los crímenes de las dictaduras latinoamericanas. Tras la instrucción, la justicia argentina solicitó la extradición de ocho ex ministros de la dictadura franquista y de otros doce imputados por delitos de lesa humanidad. El gobierno de Rajoy no aceptó la petición, alegando entre otras cosas, la prescripción de los delitos por haber transcurrido más de 15 años. Los demandantes replicaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, y que el principio de legalidad internacional obliga a cualquier estado a investigar este tipo de delitos.

El “cortafuegos” del PP contra la justicia universal

En febrero del 2014, el Parlamento español, con los únicos votos de la entonces mayoría absoluta del Partido Popular (M.Rajoy) aprobó en trámite de urgencia su propuesta de ley que limita que un juez español pueda investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional. Esto significó un duro golpe para el principio de justicia universal. Dejaron sin posibilidad de actuación a la justicia española para actuar -entre otros- en los casos del asesinato del cámara español José Couso por militares norteamericanos, los asesinatos cometidos en el Sáhara, los genocidios en Guatemala y Ruanda, los bombardeos contra Gaza, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria durante la dictadura pinochetista, o las detenciones ilegales y torturas en Guantánamo por fuerzas de los Estados Unidos.

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El caso de Israel

Slepoy también impulsó propuestas para que Israel fuera juzgado “por delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio”, tres figuras penales que no prescriben. “En todo el mundo hay mucho espanto ante la impunidad absoluta con la que cuenta Israel para desobedecer las resoluciones de la ONU y para provocar masacres sistemáticamente, aparte de avances sobre los territorios ocupados y la instalación de colonias”, declaró entonces al diario “Público”. Los vetos de Estados Unidos a las resoluciones de las Naciones Unidas condenando a Israel y la imposibilidad de que actúe la Corte Penal Internacional porque el estado judío no forma parte de su Estatuto, llevó a Slepoy a proponer que en España o en otros países (por ejemplo latinoamericanos), se pudiera ejercer la jurisdicción universal con respecto a estos crímenes.

Esta enumeración, es apenas un resumen de la entrega personal de Slepoy en la defensa efectiva de los Derechos Humanos. Su ausencia, seguramente destacará su trayectoria, su coherencia y su constancia.

Muchos hemos perdido a “Carli”, un amigo, un compañero, un luchador. Pero todos hemos perdido un ser humano especial, irremplazable arquitecto de un mundo mejor, más justo y habitable. Su ejemplo, su mejor legado.

Fotos: Mónica Hasenberg

Durante su participación en Bahía Blanca desde la Calle, el poeta Mario Ortiz se refirió a la renovada alianza entre sectores políticos, empresariales y mediáticos que confluyen estos días en la FISA y calificó como un “gesto social y resistente” al contrafestejo convocado por la FM De la Calle.

Ortiz dijo que “hay una foto que pueden buscar en La Nueva Provincia que para mí es emblemática del momento en que estamos viviendo en cuanto al tramado económico y de los medios de comunicación. Y es la foto -creo que de febrero- en la que aparecen reunidos en el ámbito de La Nueva Provincia la Corporación del Comercio y la Industria, la Unión Industrial, junto con (Gustavo) Elías, el dueño de La Brújula y ahora La Nueva Provincia”.

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“Todos ellos realizando un compacto núcleo económico periodístico, pensando en futuros proyectos bahienses, etcétera, en el marco del cual se está desarrollando ahora la FISA. Hay un tramado muy compacto entre el poder económico de Bahía Blanca, o una parte del poder económico o al menos de la burguesía local junto con el poder mediático ampliamente hegemónico. El mismo dueño de La Brújula es el de La Nueva Provincia y, a su vez, el vicepresidente de la Unión Industrial que está sentado en el escritorio en ambas partes”.

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“En ese contexto”, concluyó el escritor, “realizar esta reflexión aquí en la FM De la Calle es verdaderamente todo un gesto social, es verdaderamente todo un gesto que no dudo en calificar de resistente. Sobre todo en una radio que fue y es resistencia. Y estoy pensando en esta radio que también ha sido a título personal una especie de casi segundo hogar en los ’90 cuando junto con Luis Sagasti y Miguel Martos teníamos Maldición llegó el verano, y que era también en ese momento un núcleo de resistencia contra el menemato. Quería poner todo esto en situación para ver dónde estamos parados y dónde tenemos que proyectarnos”.

Integrantes de la organización mapuche Kumelen Newen Mapu participaron del encuentro y la transmisión “Bahía Blanca desde la Calle”, contrafestejo del aniversario de la ciudad realizado por FM De la Calle. “¿189 años de qué?”, se preguntó Fabiana Méndez y denunció: 189 años “de invisibilización, de persecución, de matanza, de contaminación, de no considerar que esta ciudad fue fundada sobre un genocidio”.

“Siempre se dice que la ciudad de Bahía Blanca se funda cuando llega el extranjero, vienen a hacer inversiones. Pero todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios que ya habitaban y habitan este lugar no lo cuentan en la escuela. Nuestro objetivo, nuestro trabajo, desde hace mucho tiempo tiene que ver con esta visibilización”.

Méndez manifestó que “si bien hace 500 años se ‘descubre’ América la historia no ha cambiado. Los pueblos originarios siguen sufriendo el empobrecimiento a través de la represión, de que se le van quitando las tierras, se los va marginando, corriendo de su lugar y por supuesto el Estado es cómplice”.

“Qué tipo de ciudad, de país, qué territorio podemos tener cuando se funda sobre un relato tergiversado, cuando hay una parte que no está visibilizada, que está negada directamente. Porque si uno habla con cualquier persona de a pie le va a decir que indios no hay más. Había, lo que hay son descendientes”, dijo Wuaira González Romano.

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Agregó que “sigue siendo el mismo relato de la generación del 80. Lo que están haciendo no es más que lo que hicieron, fundar una ciudad a espaldas de, negando, y hoy están haciendo exactamente lo mismo. Hay una parte que festeja y hay otra gente negada. Si tienen que utilizar la mano armada la van a usar, pero siempre con los grandes empresarios por delante. (…) Hasta que no haya verdad sobre la mentira no se puede construir absolutamente nada”.

¿Qué intereses motivaron la fundación de la ciudad? ¿Quieren “los vencedores del pasado y los herederos del presente” repetir la historia? ¿Cuánto sabemos de la barbarie de quienes nos “civilizaron”? Son algunos de los interrogantes que desentrañaron las historiadoras Diana Ribas y Fabiana Tolcachier y el poeta Mario Ortiz durante “Bahía Blanca desde la Calle”, el contrafestejo del aniversario de la ciudad que realizó FM De la Calle en La Panadería con transmisión por la 87.9Mhz.

Ribas aseguró que más allá de que haya sido el coronel Ramón Estomba quien “efectivizó” la fundación de Bahía Blanca: “el debate es Rosas o Rivadavia”. “Por un lado está claro que es una marca del Estado en relación a la frontera interior, es como hacer un enclave dentro de territorio indígena. Pero también hay que pensar que hacia comienzos de 1828 las Provincias Unidas del Rio de la Plata estaban en guerra con el Brasil”.

“Entonces esto también tiene una cuestión territorial pero frente al imperio de Brasil que había intentado atacar Carmen de Patagones no mucho tiempo antes porque allí era donde se abastecían los corsarios argentinos. Era previsible un nuevo ataque y para reforzar las fuerzas del entonces Estado de las Provincias Unidas del Rio de la Plata es que también se crea la Fortaleza Protectora Argentina”.

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Tolcachier descubrió la persistencia de aquella Fortaleza en la actualidad. “Si pensamos en el imaginario y en términos simbólicos, ¿por qué no visibilizar -nosotros que tratamos de observar la ciudad desde las marcas materiales, de los monumentos, las calles- esos carteles azules que se han propagado desde el 76 hasta el presente, que han continuado en democracia, en una comisión que propaga este mismo imaginario del progreso acrítico vinculado con esos intereses y sectores hegemónicos que son los que hablan de una primera fundación, de una segunda fundación y por qué no de una tercera sobre la que estamos trabajando?”.

“Me refiero a la Comisión de Reafirmación Histórica, piensen el peso de esto, hay que reafirmar la historia en ese marco terrible de la última dictadura que se autodenominaba Proceso de Reorganización Nacional como la Organización Nacional del roquismo”.

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“Esos cortes en el espacio público revalorizan todo lo que tiene que ver con esa ideología de civilización/barbarie y de los términos del progreso desde el punto de vista de estos sectores hegemónicos que fueron los que tradicionalmente escribieron esa historia que vulgarmente entendemos como la historia oficial que humildemente intentamos revisar con el imperativo de Walter Benjamin ‘pasar el cepillo a contrapelo’ y revisar ese pasado omitido porque, si lo reproducimos tal cual como lo contaron, son generalmente los vencedores del pasado y los herederos del presente que quieren repetir la historia”.

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Ribas acotó que “no es casual” que la Comisión de Reafirmación Histórica se haya constituido en 1976 cuando se reforzó la “alianza militar con intereses económicos atrás”. “La segunda fundación de Bahía Blanca, que es la que tiene que ver con la construcción del nudo ferroportuario, la pudieron hacer -capitales argentinos pero fundamentalmente británicos- porque previamente se realizó la ‘Campaña al Desierto’, campaña que fue financiada con la compra anticipada de las tierras por la Sociedad Rural, en la cual estaba Martínez de Hoz que vuelve a estar como ministro durante la dictadura”.

“Ya desde el nombre están indicando algo muy importante”, dijo Mario Ortiz, “Reafirmación Histórica. Afirmar y reafirmar. Porque hay allí un relato que constantemente debiera ser recitado para evitar que surjan otros contrarrelatos como el que acabamos de escuchar recién de nuestras amigas y compañeras de los pueblos originarios“.

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“Pienso en otra frase de Benjamin: no hay documento de cultura que al mismo tiempo no lo sea de barbarie. Entonces, por debajo de estos festejos, por debajo de nuestra bonita y emprendedora ciudad, tenemos la sangre, tenemos la opresión”.

“Comenzabas preguntando cómo se cuenta en las escuelas, qué es lo que los chicos saben. Y creo que, por ejemplo, muy pocos saben lo que significa el 19 de mayo, lo que significó la barbarie completa y absoluta de los civilizados, de una represión brutal y de un escarmiento ejemplarizador hacia los pueblos originarios con quema de cuerpos en la plaza”, concluyó.

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Más de una decena de organizaciones feministas y de mujeres repudiaron la presencia de Zambayonny en la FISA por considerarlo “un artista exponente de la violencia simbólica contra mujeres y niñas”. Afirmaron que “desde el Estado, no deberían financiar, promover ni auspiciar actividades que tengan este tipo de contenidos, sino adoptar una política activa, mediante acciones concretas que colaboren con la erradicación de la violencia machista”.

“Estamos seguros que esta será una feria superadora y va a representar todo el potencial de la ciudad”, dijo el intendente Héctor Gay al presentar la iniciativa de la Corporación del Comercio y la Unión Industrial en el marco de la cual se realizarán los actos centrales del aniversario de Bahía Blanca. “Solicitamos se considere, para próximas actividades, priorizar la participación de artistas locales que no promuevan ni reproduzcan contenidos misóginos, sexistas, violentos o que incurran en otros tipos de discriminaciones”, agregaron.

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En el comunicado sostuvieron que la obra del músico Diego Perdomo contiene “un alto contenido de violencia simbólica hacia las mujeres, presente en muchas de sus canciones, como ‘Electra es Magolla’, ‘La incogible’, ‘Volviste muy muy puta de Gesell’, ‘El día de la verga está llegando’ y varias más”.

Las agrupaciones advirtieron que “en un contexto de alarmante crecimiento de la violencia hacia las mujeres y niñas, con cifras escalofriantes y un femicidio cada 20 horas, en una ciudad con una larga lista de femicidios y el último caso del militar que prendió fuego a su ex pareja y a sus 3 hijas/o, creemos imprescindible que el Estado no promocione, auspicie ni financie a artistas y/o personajes que incurren en este tipo de violencia, tipificada en la Ley 26.485”.

“Entendemos que auspiciar eventos que contengan violencia simbólica (ya sean elecciones de reinas, concursos de belleza, artistas que incurren en dicha violencia, expresiones artísticas sexistas o misóginas, etc.) va contra las libertades y derechos de las mujeres y en incumplimiento de la ley 26.485, creada para erradicar las violencias que padecemos las mujeres. En este sentido estamos convencidas que las políticas culturales del Municipio deben trabajar en concordancia con esta ley y reconociendo la realidad de las mujeres en el país”.

El documento fue firmado por Bahiensas Feministas, Acciones Feministas, Desbandadas, Red Local de Violencia de Género, Puño y Letra UNS, Comunismo Revolucionario, Frente Julieta Lanteri, Mujeres Autoconvocadas Punta Alta, BrujaBrújula Producciones Feministas, Nido, Juntas y a la Izquierda – MST y Creer sí.

Entre las actividades que ofrece el museo público FerroWhite, este fin de semana iba a reiniciar el taller Prende. Sin embargo, el mal estado de la infraestructura hizo que una simple lluvia apague la iniciativa. “Estábamos con ganas de arrancar de nuevo el taller de los sábados Prende, de volver a vernos con lxs chicxs y el equipo de trabajo del Programa Envión Saladero- Bulevar, de encontrarnos por primera vez con Alejandra Santucho y Anahí Junquera de la agrupación H.I.J.O.S. que se habían hecho un hueco en sus agendas para venir a compartir con todxs nosotrxs sus historias de vida”, informa el blog Museotaller.

“Teníamos todo listo. Habíamos ordenado y limpiado el taller, acomodado las estanterías recién terminadas, habíamos puesto caballetes y tablones, traído sillas y trasladado los banquitos. Habíamos preparado los lápices de colores, las tijeras y los cartones. Habíamos dejado listas las galletitas y las leches para que las amigas de la Asociación, que habían confirmado su presencia, prepararan la chocolatada que les sale tremenda”.

Sin embargo, la garúa tenaz que habitó la noche anterior y esa mañana de sábado ahogó las expectativas. “Parte del taller Prende amaneció inundado. Porque aunque esté en la planta baja del castillo, el agua de la lluvia, en teoría arriba, en el techo, por algún lado se va filtrando. Y entonces es en días como este, cuando llegamos y nos encontramos con este panorama, en que nos preguntamos por qué no habrá llegado el subsidio que si bien no alcanzaba para reparar todo el techo, al menos hubiera servido para limpiar las canaletas de este Monumento Nacional y Provincial”.

Además de la situación dentro del establecimiento, “también las calles de tierra del Boulevard y el Saladero amanecieron hechas un barrial. Un lodo patinoso con olor a cereal podrido que hace muy difícil que puedas salir de tu casa sin resbalarte, caerte o ensuciarte. Un barro que con estos días de calor y de humedad, además, se llena de moscas y mosquitos. De modo que, aunque el taller hubiera estado en condiciones, lo que habría fracasado igual, y muy a pesar de la convocatoria, es la asistencia. Porque lxs chicxs y las familias del taller Prende y de Envión no podían salir de sus casas, no podían caminar el barrio, no podían llegar hasta el museo”.

En la misma ciudad donde las autoridades municipales y culturales decidieron por estos días hacer un gasto millonario en contratación de artistas capitalinos para animar la fiesta que organiza la FISA, situaciones como esta evidencian la desinversión en el ámbito cultural y los criterios de prioridad fijados por el estado municipal. Desinversión que, en la esfera pública, implica el incumplimiento de los deberes de preservación de patrimonio público evidenciados en el  deterioro sistemático de este “edificio patrimonial y emblemático de esta localidad portuaria”.

“El barro con el que convivimos cada lluvia, el cartel que nos sacaron cuando repararon una sección de cableado eléctrico y no volvieron a colocar, las cloacas que desbordan, el colectivo que tiene que cambiar el recorrido para evitar encajarse en el lodazal… En este museo y en estos barrios de los cuales formamos parte, también los reclamos son históricos”.

Continuarán esta semana las audiencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región. El martes desde las 15 y el miércoles desde las 9 habrá actividad del Juicio Ejército III y el viernes 7 desde las 9 se escucharán los alegatos de la querella en la causa contra el comisario (r) de la Policía Bonaerense Gustavo Boccalari. Siempre en Colón 80 con ingreso libre para mayores de 18.

En el tercer tramo de la causa Ejército, con 33 imputados y más de un centenar de víctimas, los acusados pertenecieron a distintos organismos del V Cuerpo y fuerzas policiales y penitenciarias subordinas que desplegaron el plan genocida en las Subzonas 51 y 52. Varios de ellos ampliaron sus declaraciones indagatorias durante las últimas jornadas de debate perorando por horas sin romper el pacto de silencio.

El martes volverán a ser citados los ex militantes del Peronismo de Base Julio Ruiz, Pablo Bohoslavsky y Rubén Ruiz. Si bien ya brindaron testimonio sobre sus secuestros, sus cautiverios en La Escuelita y el consejo de guerra al que fueron sometidos, las defensas de algunos imputados que participaron de aquellos crímenes pretenden hacerles preguntas. Se espera también que otros dos reos hagan uso de su derecho a declarar.

El miércoles se incorporará prueba por lectura y se anunciará la programación de alegatos que comenzarían el próximo 24 de abril con la exposición de los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia.

En la causa que tiene como único acusado al ex segundo jefe de Cuatrerismo de la Bonaerense, Gustavo Abel Boccalari, Nebbia pidió su condena a prisión perpetua por el secuestro, las torturas, el homicidio y la desaparición del cuerpo de Julio Mussi. El viernes hará lo propio Mónica Fernández Avello por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Luego, alegará en defensa del represor el abogado Walter Tejada (h).

Foto: “¿Querés sacar una foto más? Hijo de puta”, saludó el genocida Walter Tejada al salir camino a su casa, donde burla su condena a prisión perpetua mientras espera la segunda.

A las 18, al cumplirse 42 años del asesinato de David “Watu” Cilleruelo por parte de la Triple A, la Corriente Comunista que lleva su nombre realizará un acto en el ala de Ingeniería de la UNS (Alem 1253). Watu era estudiante, dirigente de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista.

La universidad conmemorará el “Día de los Derechos Humanos de la UNS” a las 11 en el acceso al Complejo Alem con la participación de Alberto Rodríguez (amigo y compañero de militancia de Watu), Francisco García (La Watu Humanidades) y la subsecretaría María del Carmen Vaquero. A mediodía dará una charla Víctor Hugo Castañeda de la FJC.

A las 19 en el CHC de Rondeau 29, será inaugurada la muestra de la Biblioteca Nacional “Cartas de la dictadura” con la presencia de Laura Giussiani Constela. Se trata de una exposición de la correspondencia mantenida entre los años setenta y ochenta desde cárceles o exilios en donde se entrelazan manuscritos de protagonistas sin trascendencia pública junto a personalidades como Ernesto Sábato, Eduardo Galeano, Juan Gelman, Jaime de Nevares y Jerónimo Podestá, entre otros.

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(Por Paula Ercoli) Diana Maffia es Directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, docente de grado y posgrado e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Además es una feminista comprometida con el movimiento de mujeres desde hace ya muchos años. El viernes 31 de marzo, en el marco del Programa de Género, Igualdad y Derecho, Maffía llevó adelante el seminario “”Género y derecho: teoría y aplicaciones prácticas”.

Esta iniciativa organizada conjuntamente con la Secretaría de Extensión de la UNS, el Colegio de Abogados de Bahía Blanca y el Colegio de Magistrados es la primera entrega del Programa Género y Derecho, donde Maffía problematizó, desde una perspectiva feminista, los orígenes de la construcción de la ciudadanía dentro de un sistema patriarcal y androcéntrico, la discusión acerca de las representaciones de lo público y lo privado respecto al lugar de las femeneidades y las consecuencias que aparejan estos procesos en el actual acceso a la justicia.

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Problematizar esta cuestión desde una perspectiva feminista es para Maffía abordarlo desde tres principios. Uno descriptivo que da cuenta de la situación de las mujeres a través de datos innegables -estadísticas- de nuestra sociedad. Otro relacionado con aspectos prácticos y éticos que es que “muchos/as vemos que esta situación es injusta y no debería ser así donde hay un establecimiento de jerarquía de la diferencia” (de género) y por último un principio de actuación. “Una persona es feminista si a estos enunciados descriptivo y prácticos le agrega un compromiso de acción. Es decir un compromiso para revertir esta situación. Sin ese compromiso no diría que alguien es feminista”.

Tomando este análisis como punto de partida, la expositora abordó el acceso a la justicia dando cuenta que desde Aristóteles hasta hoy la concepción de ciudadanía, es decir quienes podían ser sujetos de derecho, ha sido construida desde un sistema androcéntrico donde “el todo del lenguaje no es el todo de la realidad, todos (universal y abstracto) somos sujetos de derecho no se corresponde con la realidad”. En la política, por ejemplo, solo el varón, adulto, propietario y blanco era el sujeto que podía ser parte de los espacios de decisiones y no así las mujeres que en un principio se les negaba el acceso por una supuesta emocionalidad excesiva. “Ser demasiado emocionales es una acusación actual hacia las mujeres, entonces éste como tantos otros ejemplos, nos ha separado de la política y también nos ha apartado del derecho, de nuestros derechos”.

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La doctora en Filosofía también expuso, producto de las investigaciones que llevan adelante desde el Observatorio de Género, las barreras epistémicas, subjetivas, políticas, geográficas, económicas y culturales que existen a la hora de que, por ejemplo, una mujer quiera acceder a la justicia para denunciar una situación violatoria de sus derechos. Expresando además el esfuerzo que debe tener esa sujeta de derechos para denunciar, sostener y ver cumplida la demanda realizada.

Por ultimo especificó las estrategias que se pueden proponer para garantizar un acceso justo a la justicia, siempre teniendo en cuenta una cuestión fundamental que es “el entrecruzamiento de lo diverso y la planificación de estrategias interseccionales, donde la diferencia, en algunos casos de géneros, sean tomadas en cuenta a la hora de hablar de derechos”.

La Unión de Jerárquicos Petroquímicos (UJPe) informó que la empresa Unipar Carbocloro, adquirente de Solvay Indupa, realizó despido de personal a meses del inicio de operaciones. La firma comenzó a funcionar en Bahía Blanca en diciembre del año pasa. “Lamentamos que su primera decisión haya sido el despido de personal, una medida que nos muestra el perfil de acción de la nueva compañía y condiciona negativamente el futuro de la relación con los trabajadores”.

Tras las definiciones patronales, la asociación gremial se declaró “en estado de alerta y asamblea permanente, en defensa de los puestos de trabajo”.

Alejandro Barrera, Secretario General de la entidad, sostuvo que reafirma su “vocación de colaborar con la gestión de la compañía siempre y cuando no se tomen medidas que afecten una premisa fundacional de nuestro sindicato como es la conservación del empleo”.

Además, el gremio recordó a través de un comunicado que “cada vez que la empresa emprendió el camino de la confrontación sus resultados fueron penosos y duraderos para todos: trabajadores y empresa”.

El sindicato llamó a que “prime la razonabilidad y la búsqueda de soluciones inteligentes y superadoras” y reafirmó su “compromiso ineludible con todos y cada uno de nuestros afiliados”.

Integrantes de las dos CTA, con la adhesión de la CGT local, se manifestaron esta mañana frente al municipio en apoyo al paro docente y contra el ajuste. “Vamos por trabajo genuino, sueldos dignos, iguales a la canasta familiar, paritarias libres, defensa de las fábricas recuperadas y en apoyo a la lucha docente porque esta es la paritaria testigo”, manifestaron.

La titular de Suteba, Gabriela Delfino, se preguntó antes de marchar, “¿por qué la educación pública pasó a ser un problema cuando tenía que ser un derecho garantizado por el Estado, con la inversiones necesarias y que fuera la opción -como fue para mí, como fue para mis padres, como fue para muchos de ustedes y sus familias- la primera opción para ir a estudiar porque era el lugar donde nos enseñaban, donde se nos brindaban las herramientas para construir nuestro futuro?”.

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“Los gobiernos quisieron que esto fuera un problema porque no conviene que los hijos de la clase trabajadora sepan, aprendan y construyan su futuro. Además saben que el conocimiento puede convertirse en un gran negocio para pocos que manejen los contenidos y los dineros del pueblo porque lo que buscan es que la escuela sea un bien comercial, no un derecho, un bien comercial que se pague en el mercado y que quienes quieran estudiar lo tengan que pagar”.

Delfino subrayó que “esto lo venimos peleando y resistiendo desde los noventa” y que “sin el aporte de los que trabajamos la escuela pública no podría funcionar, eso no lo dicen cuando hablan del ausentismo docente, no dicen del dinero que ponemos día a día para que la escuela pueda seguir adelante”.

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La secretaria de la CTA local, Ana Canullo, dijo que “sabíamos que estas decisiones que se estaban tomando iban a perjudicar aún más a nuestra clase, recordemos que en el primer mes de gobierno tuvimos devaluación, reducción de impuestos a los sectores más poderosos, los exportadores agrarios, los industriales, quita de retenciones a las mineras, sabíamos que todo eso iban a ser menos recursos que el Estado iba a tener para afrontar inversiones en salud, en educación, en justicia”.

“Durante el año seguimos saliendo a la calle para enfrentar ajuste y tarifazo, mientras tanto seguían diciendo algunos que teníamos que darles tiempo. (…) No nos cabe ninguna duda para quiénes están gobernando y que vienen por todo. Eso es venir por nosotros, por nuestros derechos laborales y por nuestras asociaciones sindicales”, aseguró.

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Guillermo Molina llevó la adhesión de la CGT y afirmó que “a pesar de tener una pertenencia como la tenemos todos los gremios, eso no nos impide reconocer la pertenencia al territorio y al lugar donde uno vive y donde da la lucha. Por eso la CGT Regional Bahía Blanca, independientemente de lo que ha decidido a nivel nacional la CGT, el 6 de abril va a movilizar y va a marchar por las calles de Bahía Blanca, porque queremos darle la posibilidad a todos los vecinos que se encuentren alcanzados por este modelo de exclusión de poder manifestarse y decirle al poder político que no quiere más vivir así”.

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Néstor Alende, dirigente de la Asociación Judicial Bonaerense, celebró que las dos CTA estén “juntas nuevamente en la calle” y la adhesión de la CGT porque es la única manera de enfrentar “estas políticas antipopulares, antiobreras, proimperialistas y oligárquicas”. “Si bien estamos peleando una paritaria, hay mucha gente que no tiene para comer, que está fuera de toda protección de un sistema de salud y de trabajo y que le cuesta llevar el pan a la mesa para sus hijos”, agregó.

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El secretario general de ADUNS, Sergio Zaninelli, destacó “la virulencia del ataque a los trabajadores y particularmente a los de la educación” y afirmó que por ello hay “una Argentina movilizada”. El docente recordó que “el 30 de marzo del 82 la CGT de ese momento también le hizo un paro general a la dictadura y una movilización a Plaza de Mayo. Había dos CGT, una CGT Brasil que comandaba Saúl Ubaldini y una CGT (Azopardo) comandada por -¿saben quién?- Jorge Alberto Triaca, el padre del actual ministro de Trabajo, y esa CGT se venía haciendo la distraída, por eso es esta fecha del paro”.

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“La tarea es colectiva y también individual, es muy importante abrazar la huelga docente, hacer nuestro papel como padres en la escuela, dar el debate, porque lo que se está jugando es mucho más que una cuestión salarial. Este plan maquiavélico que aún no se terminó de desarrollar tiene por finalidad aumentar las condiciones de explotación de la clase trabajadora”, aseguró Joni Landa de Astramyc.

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Lucas Nielsen, del Centro de Estudiantes del Avanza que ayer participó de una clase pública en Vieytes y Colón, anunció una actividad similar junto al Centro de Estudiantes de Educación Física para el miércoles que viene “con la doble finalidad de denunciar la situación del salario docente” y “la necesidad de la inversión en infraestructura”.

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(Por Paula Ercoli) En el marco de las actividades del paro activo del sector universitario, las agrupaciones estudiantiles La Crecida y Puño y Letra, ADUNS y el Departamento de Humanidades, organizaron la charla debate “Hacia la construcción de un protocolo contra la violencia de género en la UNS” de la mano Vanesa Vázquez Laba, directora del Programa contra la Violencia de Género de la Universidad Nacional de San Martín.

Con la asistencia de docentes y estudiantes con voluntad de conocer precedentes respecto a cómo crear protocolos de actuación frente a situaciones de violencia de género, Vanesa contó la experiencia de la creación del programa dentro de la Universidad Nacional de San Martín; proceso que tuvo como resultado la aprobación del protocolo en diciembre de 2015.

El programa en la UNSAM surgió luego del doble femicidio de Valeria Gioffre, estudiante de la institución y de su mamá Silvia Eiriz en San Martín. Desde entonces, llevan adelante a través de un equipo de trabajo la tarea de formar, sensibilizar, investigar y generar estadísticas sobre los casos de violencia que se dan dentro del ámbito académico. Además articulan a través de redes nacionales para que otras instituciones universitarias tomen la iniciativa . Ya se aprobaron 13 protocolos de actuación frente a estos casos.

Descargá el Protocolo contra la Violencia de Género de la UNSAM

“Somos muchas feministas que damos clases, que tratamos de dar seminarios de grado, de posgrado pero en las estructuras cuando hacemos un pantallazo de cuantas mujeres están en los cargos de decisión somos muchas menos. Y poco sabemos, sí de manera intuitiva, pero no con datos duros, qué es lo que pasa dentro de las universidades. Entonces para poder gestionar programas de éstas características es importante tener un diagnóstico y un panorama mas general”, comentó Vanesa sobre los fundamentos iniciales de estos procesos.
Además, la directora del programa expuso la importancia de que el protocolo esté enmarcado en iniciativas más amplias, ya que es un instrumento de intervención que necesariamente tiene que ser pensado con otras líneas de acción y de trabajo; incluidos otros programas provinciales como el de Salud y Procreación Responsable el cual, según la expositora, hoy está “sobreviviendo”.

La charla se interrumpió unos minutos ya que estudiantes de distintas agrupaciones expresaron su incomodidad ante la presencia de Silvia Francisco, Jefa de la Comisaría de la Mujer, avalados/as por el derecho de autonomía universitaria que prohíbe el ingreso de las fuerzas de seguridad a las universidades nacionales, ante lo cual la comisaria debió retirarse del establecimiento.

Vázquez Laba continuó relatando otros tres grandes logros: un seminario optativo de grado dentro de la UNSAM, una diplomatura en temas de salud sexual y que el tema de la violencia de género y hacia las mujeres sea considerado como una –falta grave- ante un tribunal académico, lo que habilita la actuación de las autoridades académicas ante una denuncia por parte de cualquiera de los tres claustros (estudiantil, docentes y no docentes). Sobre el final promovió a las docentes y estudiantes que asistieron a la charla a pensar las estrategias para iniciar, también dentro de la UNS, estos procesos: “El objetivo político es que el tema esté circulando todo el tiempo”.

Escuchá la exposición completa:

 

A 40 años del asesinato del periodista, escritor y militante Rodolfo Walsh se realizó esta tarde un acto homenaje frente a la sede del diario colaboracionista La Nueva Provincia. La unidad frente al negacionismo y la reivindicación de lxs 30 mil compañeras y compañeros desaparecidos fue el punto de encuentro ante otro aniversario del golpe con dos marchas en la ciudad.

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“Me parece tan importante la unidad de acción frente al negacionismo como frente al ajuste económico. Los motivos que nos juntan, que están representados en la consigna de Fueron 30000 y Fue un genocidio son más que suficientes para que este 24 de marzo podamos marchar todos juntos. Eso ya de por sí es toda una razón”.

Laura García Vázquez, hija de desaparecidos y militante política, social y gremial

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“Es importante por la memoria de los 30 mil desaparecidos que los sueños de ellos no se conviertan en una cosa utópica”.

Jorge Molina, ex delegado de La Nueva Provincia en la década del 70 y compañero de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola (en la foto junto a Hugo Martínez, también ex trabajador de LNP).

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“Debíamos estar presentes aquí para poner un límite a esta política negacionista del gobierno en vísperas del 24 de marzo y sobre todo honrando la memoria de Rodolfo Walsh que para los que trabajamos de periodistas es una referencia del tipo inclaudicable, del coraje cívico, del compromiso asumido más allá de la mera cuestión de dar noticias u opiniones, el tipo se jugó la vida. Esta pieza brillante que hoy vamos a leer acá de manera compartida que es la Carta Abierta a la Junta Militar fue la primera denuncia precisa que conoció el mundo respecto de las atrocidades que la dictadura genocida cometía. Rodolfo Walsh hubiera estado hoy acá, sería un orador mañana en los actos del 24 de marzo, sería el tipo que estaría desde su ancianidad y su experiencia guiándonos.

No pudo ser, entregó su vida por la causa colectiva que todos hoy procuramos honrar y nos ha dejado un legado formidable que lo importante es sostenerlo, divulgarlo y hacer justicia para con él de esta forma: juntándonos y en un escenario más que emblemático. Mientras Walsh denunciaba las atrocidades de la dictadura en este diario se hacía la apología de la dictadura, se defendía la tortura, la desaparición de personas y el genocidio. Acá estaba la grieta entre el pueblo y sus representantes, sus mentes más lúcidas. Del otro lado, la dictadura representante de los intereses poderosos que hoy vuelven a enseñorearse en el país mandando desde un gobierno democrático pero en aquella época hacía falta sangre, desaparición de personas, crimen organizado desde el Estado y eso fue lo que tuvimos que padecer”.

Carlos Quiroga, periodista de Radio Urbana.

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“La consigna significa muchas cosas, la principal hoy es que no se puede pelear contra la impunidad desde el sectarismo, necesitamos la unidad del conjunto de los que resisten, del conjunto de los que han luchado durante estos 40 años. Luchar contra la impunidad es sinónimo de unidad. Todo lo otro, las barreras que hemos construido no ayudan a terminar con la impunidad”.

José Lualdi, Corriente Watu.

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“Hoy más que nunca hay que estar presente en estos actos, tanto a los 40 años del asesinato de Rodolfo Walsh como a los 41 años del golpe de Estado porque tenemos enfrente a un enemigo común, que es el gobierno nacional, que intenta imponer esta doctrina del negacionismo, el disimular este virulento ataque al pueblo argentino que vivimos a partir del año 76. De alguna manera ellos también simbolizan en parte esa política económica y social que regulaba la década del 70 con los milicos al poder. Estamos viendo casualmente más empobrecimiento, más deuda externa y obviamente más oprobio y más agravios hacia los trabajadores”.

Sergio Zaninelli, ADUNS.

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“En el último tiempo se empieza a reflotar un discurso negacionista que vuelve a hablar de la teoría de los dos demonios, que vuelve a discutir el número de desaparecidos y nos parece que eso tiene un correlato con un avance represivo. Este ajuste no termina acá, va a seguir y con las movilizaciones masivas que tuvimos las últimas semanas ese ajuste no va a ser posible sin represión. Seguir levantando la memoria, seguir diciendo que ciertas discusiones saldadas como campo popular, como organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales no vamos a dar ni un paso atrás.

Hay sectores que creemos que eso fue insuficiente y que hay que ir hacia adelante pero vemos como se empieza a habilitar el espacio para que por ejemplo venga Biondini a los medios masivos de comunicación de esta ciudad a decir que la pobreza es un problema de la democracia. Esos sectores están muy intrincados con el macrismo. También vemos a un militante de Bandera Vecinal parte del equipo de Bullrich provocando el 8 de marzo, la persecución a las compañeras de Tucumán, vemos un caldo de cultivo para que se empiecen a replicar ciertas prácticas que tienen que ver con construir cierto relato de lo que fue la dictadura. No tenemos que dejar que se vuelva atrás con la legitimación de los juicios y de la verdad histórica del genocidio”.

Luciana Foulkes, Colectivo Pueblo en Lucha, La crecida en la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades.

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“Me parece que es importante la unidad contra el negacionismo porque es algo esencial a nuestra identidad. Somos como país a partir de las dictaduras que sufrimos, de los asesinatos, de las víctimas, de los desaparecidos. Plantear la discusión sobre la cantidad de desaparecidos o sobre el tipo de delitos que cometió la dictadura es negar parte de nuestra historia y es sembrar injusticia sobre aquellos que fueron víctimas”.

Raúl Ayude, Nuevos Vientos.

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“Esta movida en contra del negacionismo y la impunidad nos pone a no pocos y pocas en sintonía con lo que tiene que ser este momento grave de la historia de nuestro país en el que nuevamente todo aquello que fue defendido, sostenido e impuesto violentamente por la dictadura militar vuelve a tener su chance en nuestro país a través de un gobierno elegido democráticamente pero sin duda que bajo el ropaje del engaño, del golpe mediático y económico, no ya el golpe de Estado o militar.

Y estoy aquí presente también un poco haciéndome cargo de lo que le toca a nuestra Iglesia Católica como memoria dolorida por un lado por lo que dignatarios y parte del pueblo de nuestra iglesia no hizo o no estuvo a la altura de aquellas circunstancias aciagas de nuestro país y agradecido por aquella porción de la iglesia que en las personas, por ejemplo, de Enrique Angelelli, Carlos Mujica, las monjas francesas, los curas palotinos sí lo estuvieron”.

Rodolfo Viano, Grupo de Curas en Opción por los Pobres, cura franciscano.

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“Para mí estar presente hoy acá es casi una obligación por lo que nos está pasando a los argentinos, queremos Nunca Más en serio, por eso hay que tener memoria. Como trabajador, como dirigente social y como ciudadano de Bahía Blanca estoy presente por la obligación de mis nietas y de mi hija porque creo que vienen por todo y eso a algunos nos dolió muchísimo”.

José Alberto Muzzi, ex dirigente del Sindicato de Molineros-CGT.

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“Nos parece muy importante estar en la calle otro 24 de marzo, rechazar la impunidad, el negacionismo, el olvido. Hacer fuerte la memoria y hacernos fuerte con la memoria en un momento en el cual en el país asolan las injusticias a las que hacía referencia Rodolfo Walsh como una miseria planificada, porque eso y no otra cosa es el plan económico que hoy se abate en el país. Juntos en la calle por la Verdad, la Memoria y la Justicia como cada 24 de marzo”.

Enrique Gandolfo, Lista Granate Suteba.

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A cuarenta años de la desaparición de Julio Argentino Mussi la Fiscalía solicitó la pena máxima para uno de sus responsables. En su alegato contra el comisario de la Policía Bonaerense Gustavo Abel Boccalari, José Nebbia exigió también que se revoque la detención domiciliaria del represor y se señalice a la ex delegación de Cuatrerismo como centro clandestino de detención y torturas.

“No nos podemos hacer los distraídos de los intentos actuales -sin éxito- por torcer el curso del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Es este juicio, es la sentencia, una oportunidad y sobre todo una obligación de ratificar desde el Poder Judicial de un Estado democrático, de derecho, que crímenes como los aquí juzgados nunca quedarán impunes y que estos juicios son, tal como lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema, política de Estado”, afirmó Nebbia.

El 7 de abril el tribunal escuchará los alegatos de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Mónica Fernández Avello y del defensor Walter Tejada.

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Mussi fue secuestrado el 22 de marzo de 1977 en Comodoro Rivadavia y trasladado junto a varias personas al V Cuerpo del Ejército. Acusado de facilitar vehículos para la “subversión”, en un vagón de ferrocarril abandonado al que los captores llamaban “el avión de madera”, fue torturado por días hasta que enfrentó a los policías y militares que lo asesinaron y desaparecieron.

Boccalari está imputado como coautor del secuestro, torturas y homicidio bajo la modalidad de desaparición forzada para lograr impunidad desde su cargo de segundo jefe de la Sección Cuatrerismo.

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El fiscal comenzó su exposición advirtiendo a los jueces Luis Salas, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido que serán ellos los primeros en “contarle a la sociedad bahiense un capítulo de la historia del terror que aún no ha sido relatada con la voz de la justicia”. Se trata del entramado local y provincial dispuesto por la Policía Bonaerense de Camps y Etchecolatz para estar “a la altura de los requerimientos criminales del Comando V Cuerpo de Ejército”.

A pesar de la particularidad del juicio, desprendido de la causa Ejército III con solo un imputado y una víctima, el equipo de la Fiscalía se propuso y logró detallar la actuación del Ejército al mando de la alegada “lucha contra la subversión” y la intervención policial bajo su control operacional, “la discrecionalidad de los captores, la acción psicológica que la fuerza de seguridad llevó adelante y una actuación trazada íntegramente por mecanismos de impunidad”.

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Respecto al crimen de Mussi, el Ministerio Público probó “cómo fue secuestrado, fue trasladado a un centro clandestino de detención, que allí fue torturado, que allí fue interrogado y esa perversa modalidad criminal del Estado terrorista que es la desaparición forzada. El móvil de esas acciones criminales fue la imputación de colaborar con la subversión”. “Todos los hechos fueron ejecutados por el acusado. Cuando no fue personalmente fue personal de la dependencia en la que él mismo dice haber ocupado el segundo eslabón de mando”, dijo Nebbia.

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La Fiscalía destacó que “la aplicación efectiva de las penas de quienes infringen normas construidas sobre valores que la sociedad entiende como trascendentes resulta la forma de reafirmar esos valores violados. Al imponer una pena y no morigerarla el mensaje que se está dando es que creemos que esos valores valen: la vida vale, la dignidad vale, la integridad física vale, la integridad psíquica vale, la integridad sexual vale. Esos valores deben ser ratificados mediante la aplicación de una pena justa y proporcional”.

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“Los acusados detentaban la suma del poder público y no han quebrado el pacto de silencio hasta hoy. Boccalari habló mucho pero no lo quebró. Siempre habló para despegarse de los hechos y ponerse él mismo como víctima de las acciones que lo involucran. No aportó el menor indicio sobre el destino que le dieron a Julio Argentino Mussi”, afirmó el fiscal.

Condenado

El teniente coronel Mauricio Gutiérrez, defensor de varios represores en las causas locales, siguió la audiencia desde la platea destinada a la prensa y a familiares de los imputados. El abogado fue condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer su profesión y dejó la representación de Boccalari en manos del hijo homónimo del genocida Walter Tejada.

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Así lo informó el TOF en la última sesión del Juicio Ejército III según notificaciones del Colegio de Abogados y del juez de Ejecución Penal, Claudio Brun. El castigo corresponde al delito de supresión de documento público cometido entre fines de 2000 y principios de 2001 en el marco de una causa de la justicia ordinaria.

Frente a la proximidad del 24 de Marzo y con más intensidad en el momento político actual, se impone un debate en cuanto a los grados de unidad necesaria para que la acción de condena a la Dictadura cívico-militar-eclesiástica se exprese con mayor contundencia. La hora actual nos exige un esfuerzo mayor para superar “hábitos” del sectarismo, debemos estar a la altura de las circunstancias construyendo hechos concretos.

Unidad que se  expresó en la acción con una participación masiva del pueblo junto a sus organizaciones en  las jornadas del 6, 7 y 8 de marzo. La realización de estas tres movilizaciones consecutivas de lucha con concurrencias multitudinarias,  marcarán un nuevo hito en la protesta social, en la respuesta de trabajadores y trabajadoras, organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, en la organización del gran paro de mujeres con respuestas ejemplificadoras en nuestro país y en muchos otros,  todas y todos  decididos a “parar la mano” en diferentes aspectos  de las políticas del gobierno actual. Se mostró en la acción una unidad como hacía tiempo no ocurría.   No la de los libros  la pura y perfecta sino la real con miles en las calles, en cada ciudad, en cada pueblo, en diferentes países como en el caso de las compañeras.  Unidad para terminar con los beneficios a los poderosos y con el intento de retrotraernos al individualismo de los 90.

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Quienes participamos orgánicamente de los actos en la ciudad y reivindicamos estas pertenencias pero las reconocemos insuficientes,  entendemos que es necesario construir un camino de encuentro más  amplio y profundo que exprese aquello que conversamos a diario con preocupación cuando nos encontramos en las calles, organizaciones gremiales, políticas, de género, religiosas, referentes de la cultura, del pensamiento, dar pasos  más contundentes  no para negar lo construido sino para hacer visible esta urgente necesidad de la hora actual. 

Está claro que  la coalición gobernante ( PRO,UCR ,C.C,P .FE ) niega el genocidio en la Argentina al poner en duda que fueron 30000 los compañeros/as detenidos desaparecidos en un acto de provocación a los organismos, los familiares, las organizaciones políticas del campo popular, al pueblo todo. Y esto va mucho  más allá  volviéndose  a reflotar la teoría de los dos demonios en un intento por golpear la memoria histórica, cuando en la Argentina se van a cumplir 30 años el 4 de Junio de la promulgación de la ley de obediencia debida, rechazada por el pueblo.

Deberíamos urgentemente desterrar la cultura del sectarismo, esa que nos divide en muchas circunstancias y sin ocultar las diferencias políticas e ideológicas que tenemos poder  reconocer la multiplicidad de actores/as en la lucha por los derechos humanos,  tantos y tan valiosos sin los cuáles no se podría haber ganado la batalla político-cultural, esa que hace que en Argentina, en América Latina y en el mundo no se pueda negar que lo que ocurrió en nuestro país fue un genocidio.

Por eso proponemos Unidad contra la impunidad y el negacionismo (de las clases dominantes),  y eso debería ser una distinción que mostremos con orgullo. SON 30000 Y FUE UN GENOCIDIO.

Con la convicción anteriormente expuesta decidimos   construir en el tiempo que se cumplen 40 años del asesinato de Rodolfo Walsh un homenaje  a su figura, a su militancia, a su pasión revolucionaria, leyendo en un acto entre todas las organizaciones su CARTA ABIERTA A LA JUNTA MILITAR  del 24 de marzo de 1977, con el convencimiento de que es imprescindible ir encontrando y construyendo acciones comunes de confluencia.

Los y las abajo firmantes decidimos reafirmamos en conjunto que a  la Impunidad y al Negacionismo, le respondemos en forma contundente:

SON 30.000 y FUE GENOCIDIO

30.000 compañeros Detenidos Desaparecidos PRESENTES!

Organizaciones que adhieren

  • Cardumen
  • Corriente Comunista Watu
  • Colectivo Pueblo en Lucha
  • Patria Grande
  • Emancipación Sur
  • Nuevos Vientos
  • Grupo 83 Solidaridad + Igualdad
  • Unión de Músicos del Sur
  • Asociación Argentina de Actores
  • Lista Granate del SUTEBA
  • Bahiensas Feministas
  • El Grito, movimiento desde abajo
  • ADUNS
  • Lista Acción Estudiantil (ESAV)
  • APYME
  • Comisión Gremial interna del Banco Credicoop
  • Integración Ciudadana
  • Grupo de curas en opción por los pobres de Bahía Blanca
  • Fm de la Calle 
  • Agrupación Celeste de SUTEBA Bahía Blanca
  • DesenKlaustrados
  • Nexo, Artes y Culturas
  • Los Irrompibles
  • Sociedad Argentina de Escritores Filial Regional Bahía Blanca
  • PTP en el Frente Popular
  • ATE Bahía Blanca

 Firmas individuales:

  • Anibal Sicardi Pastor de la Iglesia Metodista.
  • Carlos Quiroga Periodista.
  • Rodolfo Viano Grupo de curas por la Opción por los Pobres.
  • Alberto Muzzi Molineros – CGT.
  • Laura Garcia Hija de desaparecidos, militante social, politica y gremial.
  • Rodolfo Lopes Referente del Peronismo.
  • Sergio Zaninelli Secretario de ADUNS.
  • Dante Patrignani Militante por los DD.HH.
  • Manuel Jorge Molina Ex delegado gráfico en LNP en los años 70.
  • Flavio Meles, dirigente gremial.
  • Marcelo Díaz, poeta.
  • Alberto Rodríguez, referente de la cultura y militante por los DD.HH.
  • Cesar García, coordinador de la CCC.
  • Jose Pastorutti, desocupado.

Para sumar tu adhesión al documento y homenaje enviar un mail a [email protected]