Ante los momentos de crisis económica afloran las estrategias populares. Más de cien personas forman parte del Club del Trueque que se instaló en Centro de Jubilados del barrio Loma Paraguaya.

Jose Antonio Pastorutti, uno de los productores de verduras que comenzó con la iniciativa, dijo a FM De la Calle que “hace mas o menos una año éramos un grupo de productores de feria en feria que nos costaba vender la producción. Un día dijimos: empecemos a intercambiar entre nosotros. Así empezamos en el patio de una casa. Ahora somos más de cien”.

Se trata de productores de “panificados, artesanías, alguno que tiene una huerta”.

“Para la mayoría, participar de los clubes de trueque es la única actividad. Uno intenta vender los productos en el mercado formal y cuesta muchísimo”, explicó.

Comenzaron “medio desorganizados” pero en función del crecimiento progresivo fueron estableciendo “normas para la resolución de conflictos. En la ferias tradicionales vimos que empezaban a haber decomisos que el Municipio estaba intentando regular. Nos acercamos y nos dieron un curso de manipulación de alimentos para productores que participaban, para tener resguardo”.

La práctica nos lleva a un pasado muy reciente. “Hay gente que ya sabia de esto en el 2001, pero hay otra que no”. Como entonces “la gente se acerca porque no encuentra otra oportunidad, la situación es conflictiva, no encuentra otra salida laboral o económica”.

Respecto del estatuso social de quienes integran la iniciativa, el productor explicó que “si bien hay personas que tiene planes sociales, hay otra personas que ni siquiera tienen acceso a la tarjeta social que da el Municipio. Hay gente que incluso viene de la zona del Hospital Penna, de Villa Nocito, Villa Rosario”.

Se trata de “un espacio de encuentro” ya que “el intercambio beneficia en lo individual” pero “también genera otras cosas”. Por ejemplo “esa red de contención social que está destruida” porque “en estas crisis aflora el sálvese quien pueda y el beneficio individual”,

Todos los miércoles y viernes 17 hs en Coronel Vidal 754, la sede del Centro de Jubilados de Loma Paraguaya.

El concejal del PJ Cumplir Gustavo Mandará opinó en FM De la Calle acerca de la propuesta del intendente Héctor Gay para que el abogado Carlos Salgado reemplace a Ricardo Germani como juez de Faltas. El candidato es actualmente secretario de bloque del Frente Renovador.

“¿A Monardez no la votamos y ahora que hay un juez amigo sí lo votamos? Es la peor manera de designar un juez sea del fuero que sea”, comentó el edil. Recordemos que la ex secretaria de Políticas Sociales fue propuesta para ser titular del Juzgado de Faltas Nº2 aunque aún no logró el apoyo suficiente para su designación.

“Me parece que Salgado podría estar un poco más preparado para el cargo que Monardez. Igualmente me gustaría que esto surgiera de otras consideraciones porque sé que hay otras personas que están muchísimo más preparadas. Si bien no existe la especialización, hay algunos abogados que se han preparado, hay gente que trabaja con mucho ahínco en el Tribunal de Faltas que podría ser considerada”, advirtió Mandará.

El concejal argumentó que “no es un tema menor en el desarrollo de una ciudad. Desnuda una vez más la hipocresía de Cambiemos. Proponen a una secretaria saliente en circunstancias poco claras, lo que hacen no es buscar alguien mejor. Y va más allá de que es un trabajo, porque cuando surgió lo de Monardez dijeron ‘che piénsenlo, está sin laburo’. Yo conozco mucha gente sin trabajo y no por eso los pongo de juez de Faltas”.

Carlos Salgado es representante legal de la UTA y fue el defensor de su secretario general y ex concejal, Ricardo Pera, cuando en 2015 ocurrió el incidente en el que agredió a sus pares Sergio Massarella, Gustavo Mandará y Manuel Mendoza.

“Mejoró mucho el tema con la presencia de Salgado, parecía como que lo atemperaba. A partir de que estuvo como secretario retorno la calma. Pera me pidió disculpas de manera personal, no pública, pero me consta que Salgado tuvo una intervención. ¿Eso alcanza para ser juez de Faltas? Me parece que no”.

La Unión de Jerárquicos Petroquímicos solicitó a la Subsecretaría de Gestión Ambiental su incorporación al Comité de Control y Monitoreo.

Destacan la “gran experiencia y responsabilidad en la operación productiva, el mantenimiento de activos y la sujeción a normas relacionadas con la seguridad y el cuidado del medio ambiente” de sus afiliados.

La nota, firmada por Alejandro Barrera y Carlos Gauna -secretarios general y adjunto, respectivamente- ingresó el miércoles pasado.

Como muestra del aporte técnico que pueden realizar, el gremio difundió en sus redes sociales un video que explica el “funcionamiento de un circuito de generación de vapor, que contiene un circuito secundario de recuperación de condensado”, similar al involucrado en la explosión del 28 de junio en la planta de Dow.

La justicia habilitó a las distribuidoras de gas para que puedan cortar el servicio a quienes no puedan pagar. El juez de dolores, Alejo Ramos Padilla, había interpuesto una  cautelar que prohibía a las empresas interrumpir el suministro si los usuarios acreditaban una situación de vulnerabilidad. La medida quedó sin efecto luego de la intervención de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Desde Consumidores Argentinos, Elvis Toto explicó a FM De la Calle que la cautelar de Ramos Padilla “le ordenaba a las distribuidoras que previo al corte tenía que analizar si las personas podían hacerle frente al pago de la factura. Esto evitó que se produjeran cortes y habilitó que otorgaran planes de pago. La tarifa social no está funcionando”.

Por otra parte, el fallo de la Cámara estableció que “para reclamar derechos de los consumidores hay que ir a litigar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso significa que ningún habitante va a tener derecho a iniciar una acción si no va a Capital”.

Toto destacó que “la medida protegía a un universo de 180 mil personas en todo el país. La semana pasada se hizo una reunión en el Enargas para cuestionarla, hay un universo que no alcanza a pagar con tarifa social. Las distribuidoras manifestaron que se comprometen a no hacer cortes y que iban a seguir con planes de pago flexibles. El Enargas lo que dijo es que como no estaba en la orden del día no se podía tratar. El Enargas tiene cero preocupación por los usuarios”.

“El Estado nacional planteó que iba a haber una quita de subsidios, que al 2010 estaba subsidiado un 80% y que para el 2019 se iban a quitar todos los subsidios. Se fijó el precio del gas en 6,80 dólares. Esto depende que el dólar se mantenga estable, que el salario tenga recomposición y que no haya inflación. Cuando se dio esta discusión el dólar estaba en 15 pesos”.

El problema de fondo que plantea Consumidores Argentinos es cuál es el valor real de gas: “Hay una medida estándar que se llama millón de BTU, equivale a 27 metros cúbicos. Actualmente está en 2,40 dólares el millón de BTU. En Argentina si vemos el valor del componente del gas en extracción de pozo estamos pagando 4 dólares y pico. Pagamos más caro que la media”.

“A Vaca muerta se le está pagando una extracción que no es convencional 7,50 dólares cuando en todo el mundo se le paga 2, 40. Hay una traslación de 3 mil millones de dólares, la estamos pagando nosotros. Nos quitan los subsidios, dolarizan la tarifa y encima el Estado gasta casi 3 mil millones de dólares. Por supuesto que eso se traslada a los consumidores”, finalizó Toto.

La Asociación Judicial Bonaerense advirtió que de 2016 a junio de este año tuvieron un 19,1% de perdida del poder adquisitivo en los salarios de sus afiliadas y afiliados .

Flavio Meles, titular de la seccional Bahía Blanca, señaló a FM De la Calle que “no existe paritaria, el aumento del 13% no fue producto de una negociación salarial. Fue producto de una voluntad de la gobernadora que especula con las elecciones próximas. Si no hay una mesa de negociación salarial, brindar este 13% es un manotazo de ahogado de la gobernadora”.

“La inflación de junio ya supera el aumento de este año, queremos garantizar una pauta salarial que nos garantice que nuestros salarios van a ir a la par de la inflación hasta fin de año”.

Respecto a la propuesta del Mapa Judicial que presentó el gobierno provincial para suprimir o abrir juzgados en distintas ciudades, Meles comentó que “es el Mapa Judicial del ajuste, pretende optimizar recursos escasos y redistribuirlos de forma conveniente en función de lo que es desastre laboral en algunos fueros”.

“No podemos decir que hay que optimizar los recursos escasos. Los fueros Civil, Familiar y Laboral están viviendo un colapso y lo sufren nuestros compañeros, son quienes ponen el lomo ante la escasez de recursos. No sobran recursos, faltan. Esto tiene que ver con una cuestión presupuestaria”, opinó.

Tras la explosión de un sector de la planta de Dow se reconstituyó la Asamblea por el ambiente, la salud y la vida. Desde allí partió la convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco del su inauguración junto a la selección nacional de básquetbol.

La docente Jessica Visotsky dijo a FM De la Calle que las reuniones de los últimos días tuvieron “una convocatoria que superó las expectativas” y recordó el espacio es fruto de un proceso que acumula experiencias previas.

“La lucha por el dragado, la lucha por los escapes de cloro y amoniaco. Es un espacio diverso porque hay quienes han participado de las instancias previas y gente joven que no ha participado previamente y es la primera vez que lo hacen. Esto va a tener una gran complejidad, pero también una gran riqueza”, afirmó.

Las denuncias vecinales se fueron confirmando: “Las investigaciones siempre venían desde abajo. Desde lo que fue el censo de salud, desde las distintas expresiones artísticas, documentales, siempre fueron hechas por el pueblo. No había investigaciones oficiales y serias que dieran cuenta de lo que estaba pasando. La gente veía que sus casas se desarmaban, que se enfermaba de cáncer en una misma manzana. Hoy se cuenta con investigaciones de la UBA, una muy contundente, que avalan lo que la gente sospechaba. Iban a pescar y pescaban peces deformados”.

“A diferencia de hace 5 años, hoy se cuenta con investigaciones y con causas judiciales. A las transnacionales se les ha hecho juicio con tribunales populares como en Colombia o Mexico”, aunque Visotsky admitió que ya no basta con lo simbólico. Es hora de empezar a concretar: “Están empezando a haber casos que fallan a favor del pueblo, por ejemplo, el juicio a Petrobras. Se puede ir por el lado de la justicia si hay un proceso popular que lo acompaña”.

Somos la “Asamblea por el ambiente, la salud y la vida”, conformada a raíz de la explosión en la Planta de Etileno de la Empresa Dow Chemical, vivida el pasado 28 de junio. Explosión de la que aún ignoramos el origen y las dimensiones que tuvo.

El martes 23 de julio la misma empresa Dow Chemical, responsable de dicha explosión, casi como una tomada de pelo, inaugurará en la ciudad un Centro Deportivo, denominado DOW CENTER, con la presencia de la Selección Argentina de Básquetbol e invitando a 300 niñxs y jovenxs de la ciudad, con la presencia de funcionarios y abierto al público, en una jornada que denominan “Open Day”.

Nosotros convocamos como asamblea a repudiar esta inauguración, a repudiar las políticas de Responsabilidad Social Empresaria por las que a través de, millones de pesos que “invierten” en esos lugares (insignificantes para ellos) encubren la cadena de despojo, de explotación, contaminación y muerte que generan estas empresas.

Hoy contamos también con una investigación de la Universidad de Buenos Aires en la que consta que, entre otras empresas emplazadas en el polo, PBB Polisur-Dow está contaminando seriamente la ría local con cadmio, plomo, cobre, cromo poniendo en riesgo la vida de peces y la vida humana de una población que ha vivido históricamente de la producción pesquera.

No nos olvidamos de los escapes de cloro y amoniaco que se dieron el 20 de agosto del año 2000 en Solvay Indupa, otra empresa que junto a Dow opera en la producción de químicos derivados del petróleo en el Polo local, y Profertil.

No nos olvidamos de Juan Cruz Manfredini, quien murió con el 95% de su cuerpo quemado en una explosión (en una casa no habilitada), trabajando para una empresa tercerizada al servicio de actividades para varias de las empresas del Polo.

Así como tampoco nos olvidamos que en Solvay Indupa, en la otra fabricante de plásticos del polo, Fabíán Ernesto Monterroso (jugador de básquet justamente), falleció cayendo a un piletón de soda cáustica en el año 2012 porque las barandas del mismo estaban oxidadas y podridas.

Ni de Adrián Valente, que en 2011 murió en una explosión en Petrobras, fábrica cuyas cañerías estaban podridas y sus permisos y habilitaciones vencidos (Petrobras fue clausurada incluso en el 2013 en el marco de una denuncia por contaminación).

Fuera de nuestro país, no nos olvidamos que la Dow, empresa que hoy inaugura un Centro Deportivo, mientras pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida, es responsable del mayor desastre industrial y ambiental de la historia.

En una ciudad llamada Bophal, en la India en 1984, en una fábrica de pesticidas, por un escape de gases tóxicos fallecieron entre 6.000 y 8.000 personas en la primera semana tras el escape tóxico. Otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de este desastre que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales siguen sufriendo graves secuelas y han pasado 35 años sin remedación.

Es también la empresa que fabricó un químico llamado “agente naranja”, principal componente del Napalm, utilizado por primera vez en Vietnam en una guerra.

DOW no es vida, es riesgo para todxs nosotros, es muerte.

No queremos sus migajas.

Convocamos a la población de Bahía Blanca y de Ingeniero White el martes 23 a las 18 frente al Dow Center en Sarmiento 4700.

El intendente Héctor Gay propuso al abogado Carlos Salgado para reemplazar a Ricardo Germani al frente de uno de los juzgados de Faltas de la ciudad.

Salgado es secretario del concejal Roberto Ércoli, único integrante del “opositor” Frente Renovador que permitió a Cambiemos aprobar presupuestos, rendiciones de cuentas y tarifazos varios.

Además, integró la Secretaría Legal y Técnica del intendente Gustavo Bevilaqcua, es especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, docente y representante legal de varios gremios. Entre ellos, la UTA de Ricardo Pera.

Germani llegó al cargo tras ocultar su participación como “agente secreto” del Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado y se jubilará próximamente. Una vez conocidos los listados de espías del Batallón 601 su cargo fue cuestionado por la APDH aunque su continuidad fue ratificada por la justicia y el Concejo Deliberante.

El voto del dirigente lucifuercista, Roberto Ércoli, sirvió para no dejar en soledad al oficialismo ni obligar el doble voto de Nicolás Vitalini en varias ocasiones. Por ejemplo, en mayo de 2018 al aprobarse la rendición de cuentas municipales del año anterior, criticada por la oposición por la política de subejecuciones presupuestarias sistemáticas en áreas que debían prestar asistencia a una población cada vez más golpeada por el modelo económico de macristas, lilitos y radicales.

Con el destrato del PRO y la cúpula de la UCR bahiense hacia la concejala Gabriela Schieda, el cual derivó en su ruptura con el bloque mayoritario, la mano de Ércoli se hizo indispensable para definir las votaciones del oficialismo.

Así, a fines de 2018 el Frente Renovador aportó su voto para la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva que trajeron un tarifazo cercano al 40% de las tasas de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública y de los derechos de construcción, comercio y patentes vehiculares y de un 30% para el cementerio.

“Voy a hablar para que me puteen. No podemos acompañar pero tenemos necesidad de aprobar ley de leyes”, dijo en la sesión del 4 de enero al habilitar el doble voto de Vitalini para aprobar el Presupuesto 2019. Minutos después salió en defensa de los empresarios del transporte para permitir el tarifazo del boleto del 33% para el primer semestre y la cláusula de actualización automática que hoy comienza a regir con casi otro 20% de incremento.

Finalmente, ante las renovadas críticas por la subejecución de partidas, el 23 de mayo Ércoli lo hizo de nuevo al tratarse la Rendición de Cuentas de la gestión Gay en 2018.

Desde el verano, los rumores señalaban que el oficialismo buscaba intensamente resolver el futuro de los hombres del “compañero” que dejará la banca a fin de año.

Monardez espera

Desde su salida de la Secretaría de Políticas Sociales, la abogada Soledad Monardez espera el acuerdo del Concejo para hacerse cargo del segundo juzgado de Faltas local, vacante por el paso de Gabriel Nardi a la justicia provincial.

“¿Monardez es mejor que quién? ¿En comparación con quién? En otros casos ha habido una especie de concurso de antecedentes. (La concejala Gabriela) Schieda dijo que Gay evaluaba la posibilidad de mandar una terna, ¿qué fue lo que cambió de la terna a la oferta única? Si en algún momento estuvo la posibilidad, ¿por qué no se hizo?”, se preguntó semanas atrás el concejal Gustavo Mandará en FM De la Calle.

El oficialismo apura el tratamiento del expediente del fideicomiso para construir cocheras subterráneas en la ex Plaza del Sol. Sin embargo, desde la oposición advierten que en el expediente falta información sobre la concesión de la explotación del estacionamiento por 50 años.

“Entiendo que hay cierto apremio porque el momento de sacar estos árboles es ahora en invierno pero no hay elementos suficientes como para poder tomar una decisión de esta naturaleza”, comentó a FM De la Calle, la concejala del PJ Cumplir Paola Ariente.

Opinó que “como iniciativa de promoción público privada el mecanismo no es malo, habría que mejorar la ordenanza un poco, hay que repensar que los mecanismos de concesión tendrían que ser mejor revisados”.

“Pediré que la gente del fideicomiso venga a explicarnos, que nos anexen los informes económicos. Tampoco queda claro si lo que nosotros declaramos de interés municipal implica aceptar los 50 años. Si es así ya te diría que no lo aprobaremos porque con la documentación que tenemos nos faltaría la ponderación económica”.

La titular de la Comisión de Obras Públicas manifestó que “es necesario hacer este cambio, Bahía necesita una refuncionalización de la zona y esto la pondría en valor”.

En cuanto al impacto que tendría en el tránsito la incorporación de 150 cocheras en un sector que tiende a la semipeatonalización, Ariente aseguró que “siempre decimos que el tránsito es de norte a sur y de sur a norte y los ejes para venir de un lado a otro pasan por Alsina-O’Higgins y todo ese sector se desviaría y congestionaría otro. Volvemos a lo mismo, son elementos que a priori en los informes de cada área faltan”.

La misma falencia se evidenció al intentar conocer detalles sobre el estado de salud de los árboles patrimoniales y su preservación.

 

 

Vanesa Troncozo, integrante del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, manifestó a FM De la Calle el desacuerdo del organismo con la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores por parte de la ministra Patricia Bullrich.

“Creemos que hay que reorganizar recursos para poder brindar lo necesario a nuestros hijos. Si el propósito es llegar con la educación a estos adolescentes, bienvenidos sean todos los esfuerzos dentro de lo que la ley de promoción y protección de los derechos de la niñez enmarca”.

Troncozo agregó “si el interés principal es brindar una educación de calidad y que se reinserten en el sistema educativo, entonces que expliquen por qué quisieron eliminar los equipos de orientación escolar que son justamente los que se encargan de que no dejen la escuela”.

Como también escasean recursos en sistemas educativos no formales como el programa Envión, clubes barriales, organizaciones sociales o “incluso las iglesias que cumplen funciones educativas y de valores muy importantes dentro de los barrios, a contrario de los dichos de Bullrich”.

En un comunicado, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia afirmó: “Vemos con preocupación esta clase de iniciativas que tienden a la militarización de la niñez. Las fuerzas de seguridad, son para la seguridad”.

Troncozo sostuvo que es muy difícil estimar el abandono escolar y agregó que ven “con preocupación la falta de infraestructura edilicia para los programas provinciales como Envión, que es uno de los pocos dispositivos que tenemos para acercarnos a esa edad (de 12 a 21 años)”.

Se cumplen hoy 25 años del atentado a la mutual judía de la AMIA, en el cual murieron 85 personas. “Hay pruebas contundentes de la responsabilidad del Estado nacional y, seguramente, hay muchas más pruebas en los archivos secretos que Macri sigue ocultando”, dijo a FM De la Calle la titular de APEMIA, Laura Ginsberg.

“Todo el esfuerzo del gobierno de Macri está puesto en una campaña de propaganda. La han armado con el Congreso Judío Mundial, han presentado a la sociedad un combo que incluye declarar terrorista a Hezbollah, la ley de juicio en ausencia que cuenta con apoyo del oficialismo y de la oposición y toda esa propaganda lo único que hace es ocultar que hay responsabilidades del Estado argentino que ya están demostradas. El Estado argentino no solo participó en el encubrimiento, ha puesto a sus fuerzas de inteligencia y de seguridad como partícipes del crímen. Y de eso no se habla. Es evidente que no es el Estado el que va a proveer justicia”, afirmó.

La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de Amia, organización conformada por víctimas, familiares y amigos de las víctimas del atentado de 1994, sostienen que aquel ataque “fue un crimen del terrorismo de Estado en democracia”.

“A diferencia de la dictadura militar que tenía un plan sistemático de exterminio, que cometió un genocidio durante muchos años, en democracia los restos de esa criminalidad participaron y ayudaron a encubrir el atentado a la AMIA”.

“En Argentina tuvimos tres atentados en tres años: la Embajada, la AMIA y, después, Río Tercero. Luego de esa sucesión incomprensible de crímenes, en años donde no existía el terrorismo internacional como se conoce hoy, en esas condiciones, la Argentina recibió un premio. Fue incorporado como un aliado extra OTAN y fue y sigue siendo en la región el líder de la lucha contra el terrorismo internacional. Es una historia diferente a la que vivimos en el sentido de que el terrorismo como lo padecimos en la dictadura tiene otro origen, los resabios de eso no solo participaron en el atentado sino que fueron quienes ayudaron a encubrir”, afirmó Ginsberg.

Destacó que “lo cierto es que ningún juez demostró o afirma que Irán o Hezbollah tienen alguna responsabilidad. Canicoba Corral dijo que la pista iraní es una hipótesis y desde entonces no hubo nueva prueba que vincule al régimen iraní con Hezbollah. Lo último que hay es un dictamen que escribió Nisman. Nuestra conclusión es que Nisman hizo una serie de conexiones sin sustento de esa responsabilidad genérica pero que nunca se plasmó en ninguna conclusión desde el punto de vista jurídico. Durante 25 años no pudieron mostrar una sola prueba que justifique esa responsabilidad”.

Analía Bernardi, trabajadora del Museo Ferrowhite, fue una de las pocas participantes en la primera reunión convocada por las autoridades del Proceso Apell en el barrio Saladero luego de la explosión en la planta de Dow.

“Me enteré de casualidad de esa reunión a través de una vecina”. El encuentro estaba pautado de antemano, sin embargo, el hecho del 28 de junio fue ineludible por la incertidumbre que generó en la comunidad.

“A pesar de que a veces se arman estas construcciones para brindar seguridad, son insuficientes. Las respuestas son bastante pobres, sobre todo para una comunidad que convive con pequeños y grandes incidentes y que ninguno de ellos va a llegar al Nivel 2 donde se activa ese supuesto protocolo”, comentó Bernardi a FM De la Calle.

Comentó que “al museo nos han traído un kit de confinamiento, algunos elementos de botiquín de primeros auxilios mínimos, pero nunca tuvimos una capacitación, teniendo en cuenta que además de la comunidad están los chicos del taller Prende de los sábados. Nos hablaron de generar una sala de confinamiento, a eso se agrega una serie de cintas a las ventanas y puertas y luego encerrarse ahí y escuchar Radio Nacional”.

Respecto a los procedimientos a seguir en caso de una emergencia, dijo: “Las salidas de evacuación son muy pocas, no sabemos a cuál hay que ir, nos explicaban que eso depende del viento y de condiciones climáticas. Una gran demanda fue que tendría que haber una respuesta inmediata, aunque más no sea para decir que no había información pero que sí estaban investigando”.

“Hay una cierta naturalización de la gente que vive o trabaja acá, conviven con ruidos y pequeños riesgos que suceden todos los días. Es un poco paradójico que para poder seguir viviendo acá hay que generar los mecanismos de acostumbramiento”.

El concejal Carlos Quiroga dijo a FM De la Calle que el bloque de Unidad Ciudadana aun no tiene una definición sobre el proyecto privado que pretende construir cocheras subterráneas y una nueva plaza en la ex Plaza del Sol a cambio de la concesión del estacionamiento.

Entre los temas que les generan dudas se encuentra la conveniencia de aplicar la ordenanza de Iniciativa Privada, la pérdida de árboles patrimoniales y el estímulo a la circulación vehicular en el sector. “Acá alguien va a sacar un provecho y eso hay que tenerlo en cuenta”, dijo.

El edil aclaró que “está muy bueno poner la plaza en condiciones de accesibilidad” pero se preguntó por qué la Municipalidad no licita la obra directamente si es un proyecto del BID y la comuna.

“La Iniciativa Privada tiene una serie de beneficios importantes que aplica cuando el privado propone algo que el municipio no tiene pensado hacer y esto hace veinte años que está previsto”.

Quiroga mencionó que “hay una cuestión contradictoria, si hay políticas de moda de desalentar el uso del auto, ¿van a poner una playa de estacionamiento en pleno centro en donde está previsto que sea peatonal?”.

“Después está el otro costo o la deseconomía que representa la pérdida de árboles de treinta o cuarenta años. Apenas el 10% de los árboles van a persistir y al resto los van a trasladar, pero no hay garantía de que esos árboles puedan sobrevivir. No es un tema menor porque la política de esta administración es cero prioridad para el árbol. Bahía es una especie de isla de calor y vamos a sacar árboles para poner autos… suena un poco raro”.

El concejal adelantó que de confirmarse la realización del proyecto, desde su bloque pedirán que se aplique una plusvalía: “La ley habla de un 10 a un 30%. Nos parece que 20% sobre cocheras a 20 mil dólares cada una es razonable porque van a hacer la obra pero el techo de la cochera es el espacio público, es la plaza, el terreno que nos pertenece a todos”.

Más de 50 docentes de las escuelas medias y de la Universidad Nacional del Sur manifestaron su oposición a la “visión mercantilista” de la flamante Licenciatura en Deportes.

La carrera fue aprobada por la Asamblea Universitaria y dependerá del Departamento de Economía. Su década, Andrea Castellano, afirmó que “está pensada para formar un profesional que pueda hacer consultoría para entidades públicas y privadas, vinculadas al diseño de políticas y estrategias deportivas. (…) El egresado podrá hacer evaluaciones técnicas y económicas, y desarrollar planes de negocios y proyectos de inversión, como por ejemplo el que se hizo en el Dow Center”.

“A partir de estos datos, hemos leído las transcripciones del debate del Consejo Superior y la Asamblea Universitaria y vemos esta orientación dirigida al deporte como mercancía y al deporte de alta competencia”, comentó Enrique Gandolfo, docente de educación física de las escuelas medias.

Se preguntó “por qué la universidad, que se sostiene con fondos públicos, tiene que capacitar a profesionales que se dediquen a actividades meramente lucrativas. Un enfoque opuesto de la concepción del deporte que tenemos los profes de las Escuelas Medias, orientado al disfrute del propio cuerpo, sin que quede atado al rendimiento, favoreciendo la solidaridad, el compañerismo, valores opuestos a los que siguen quienes dicen que con el deporte se pueden hacer buenos negocios”.

“No fuimos consultados. En la escuela existe un Departamento de Educación Física que, entre otras cosas, se ocupa de las actividades deportivas en las instituciones escolares. Esto tiene una tradición, sin embargo, en la misma nota donde se habla de la creación de esta licenciatura se habla que se convocaron actores del deporte con presencia internacional y nacional, autoridades de clubes pero no se nos consultó”, argumentó Gandolfo.

Agregó que “viendo el planteo integral, hablar de que no hay recursos pero se crea la carrera deja la puerta abierta a recursos externos, a partir de empresas que hacen negocio con el deporte. El camino va a hacia ese lugar. Nos parece auspicioso que se abra un debate en la comunidad universitaria acerca de cómo se toma el deporte, en una ciudad donde el deporte social, comunitario, escolar tiene una fuerte presencia”.

El columnista de economía de FM De la Calle, Francisco Cantamutto afirmó que el Fondo Monetario Internacional sostiene la credibilidad del gobierno de Mauricio Macri a través de la estabilidad del dólar.

“Gran parte de la calma en los mercados tiene que ver con intereses geopolíticos, hay una asociación muy evidente entre la imagen de gobierno y el dólar: cuando el dólar está planchado la imagen repunta y cuando levanta la imagen se va al tacho”.

El economista destacó que el dólar se está conteniendo “porque el FMI le ha dado apoyo y poder de fuga al gobierno. No solamente entró el quinto desembolso del Fondo, que ya lleva ejecutado el 80%, sino que le permitieron vender más dólares futuro. Lo mismo por lo cual llevaron a Kiciloff y Vanoli a juicio. Estamos hablando de cifras de miles de millones, es una fiesta para muy pocos. Esto tiene que ver con una situación geoestratégica de EE.UU., que le dice al FMI: ‘a este gobierno hay que sostenerlo'”.

“El gobierno lanzó el programa para financiar la compra para autos, incluso te subsidian la compra de autos importados, han reformulado y están a punto de salir con una salvaguarda para los créditos UVA, para evitar que si tu salario crece por debajo del aumento te pongan un tope, esto significa que van a alargar los plazos de pago, no que te van a bajar los montos. La ANSES largó un programa de créditos de 55 mil pesos. El FMI está acordando todas estas medidas y le acaba de dar el visto bueno para que incremente los montos de asignaciones. Lo que necesitamos no son prestamos, es que aumenten los salarios. Esto no se soluciona con el préstamo, se soluciona con poder de compra”.

Por último, Cantamutto comentó que “las perspectivas del programa económico del gobierno están muy bien estructuradas de acá hasta las elecciones. ¿Cuál es el gran precio de esto? La reforma laboral y la reforma previsional, la reforma de la carta del Banco Central, las privatizaciones”.

En virtud de los lamentables sucesos ocurridos el pasado 9 de Julio en nuestra ciudad, en los que fueron detenidos arbitrariamente un compañero de la Coordinadora de los Centros de Estudiantes de las Escuelas Artísticas y otro de la Federación de Estudiantes Secundarios, las organizaciones abajo firmantes repudiamos el violento accionar desplegado por efectivos de la Comisaría Segunda.

Mientras el intendente Héctor Gay participaba del desfile cívico-militar en el marco por los festejos por el Día de la Independencia, policías uniformados y civiles detenían en forma violenta a ambos compañeros, quienes reclamaban, a doscientos metros del palco oficial, por la implementación de la ley que regula el boleto escolar gratuito en la provincia de Buenos Aires. Que esta ley, a cuatro años de su sanción, aún no se haya aplicado, ha provocado un crecimiento en los niveles de deserción estudiantil, dado que los progresivos aumentos en el transporte impiden que muchxs estudiantes puedan continuar con sus carreras.

En un lapso breve de tiempo -entre la aprehensión y las primeras horas que fueron detenidos- ambos compañeros fueron sometidos a diversos vejámenes. Hablamos de abuso sexual, golpes y agresiones verbales de carácter sexista e ideológico. En simultáneo, otros efectivos de civil perseguían e intimidaban a un grupo de estudiantes que se dirigía hacia la Comisaría.

Como estrategia de organización, les estudiantes convocaron rápidamente a organizaciones sociales, partidos, espacios feministas, centros culturales, sindicatos, centrales de trabajadores y medios de comunicación. La solidaridad del arco de las organizaciones que allí se convocaron fue indispensable a la hora de dar contención a les estudiantes, responder de manera colectiva y, pensar alternativas que agilizaran la liberación de los dos compañeros.

Ese mismo día, en Bueno Aires, organizaciones sociales intentaron levantar una carpa solidaria para los sin techo y la Policía de la Ciudad, con un gran despliegue operativo y el uso de gases lacrimógenos, lo impidió.

En este contexto, sentimos la necesidad de visibilizar y denunciar el estado de las políticas públicas de control y seguridad. La aplicación extendida de la llamada doctrina Chocobar defendida por el Gobierno opera como una amenaza contra las libertades democráticas de quienes ejercen el legítimo derecho de la protesta. Al mismo tiempo, esta política disciplinadora se constituye como la otra cara del ajuste sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador.

A nivel local, nos preocupa la intensificación del accionar policial y la impunidad con la que opera; si lograron manejarse con tanta seguridad en el marco del acto oficial es porque contaron con el aval del poder político. Queda a las claras de la propia boca de la policía: “nosotros sólo cumplimos órdenes”.

Frente a este estado de cosas:

– Manifestamos el más enérgico repudio a estos atropellos que se consuman cada vez con mayor frecuencia.

– Condenamos el uso de la violencia en todas sus formas. ¡Basta de violencia institucional, provocaciones y amenazas de las fuerzas de seguridad!

– Exigimos al intendente Héctor Gay que se manifieste y se comprometa con el juzgamiento de los policías implicados.

CTA Bahía Blanca

Acciones Feministas

ADUNS

Asociación Trabajadores de Museos- Bahía Blanca

Astramyc

Bahiensas Feministas

Brujabrújula Producciones Feministas.

Cardumen

Cehum

Centro de Estudiantes del Instituto Avanza

Cuerpo de Delegados/as de Suteba

Comisión Gremial Interna Banco Credicoop

Coordinadora Estudiantil Artística

DesBandadas

FM De la Calle

Frente Feminista Nacional y Popular

Lista Bordó, No Docentes – UNS

Nuevo Encuentro

Nuevo Encuentro Géneros y Disidencias – Bahía Blanca

Nuevos Vientos

Poder Popular

PO – Bahía Blanca

Pueblo en Lucha

Unión de Músicxs del sur

“Vamos” en el Frente Patria Grande

Watu Corriente Comunista

La arquitecta Rosana Vecchi destacó que el proyecto privado para eliminar la ex Plaza del Sol y construir un estacionamiento subterráneo y un nuevo espacio público arriba es “un debate de hace 20 años atrás”.

“Hoy el debate de la ciudad pasa por otro lado. Hay una tendencia mundial a retirar el auto de la zonas centrales, a peatonalizarlas. Con este tipo de proyectos estamos a contramano de lo que deberíamos pensar”, dijo a FM De la Calle.

Vecchi comentó que “siempre se pensó en por qué no empezar a cubrir algunos sectores de O’Higgins que nos protejan de los fríos terribles o de los calores, pensar en generar mejores espacios de encuentros y no que sea sacar árboles para poner autos. Es un debate anacrónico. En realidad lo que habría que hacer es peatonalizar el sector, proponer espacios de encuentro nunca va a ser darle prioridad al auto”.

¿Es prioritario para la ciudad la reforma en la ex Plaza del Sol? “Creo que no, que la ciudad pasa por otro lado. Las reformas no están mal pero me pregunto que pasa con las plazas de las periferias“.

“No puede ser que siempre desde el Estado estemos a expensas de que un empresario venga a decirnos qué negocio le conviene. Estamos permanentemente poniendo el carro delante del caballo. Es el Estado quien tiene que proponerle a los privados los negocios. La calidad de las ciudades se mide en función de la calidad de sus espacios públicos”.

La integrante de Hipotecados Autoconvocados UVA, Perla Figueroa, dijo a FM De la Calle que los anuncios del gobierno nacional para “aliviar” la situación de las familias endeudadas “no son nada concreto” y destacó que el presidente sigue sin darles una audiencia.

El oficialismo sostiene que los índices inflacionarios evidencian una leve mejoría y, por ende, los créditos son un “éxito”.

“El índice UVA se cotiza todos los días con el valor del Índice de Precios del Consumidor. Una vez ganado ‘un precio’ es difícil que se retrotraiga, ¿qué servicio por más que haya bajado el dólar tuvo una baja de precio? Es bastante capcioso creer que va a tener un impacto positivo en un escenario inflacionario”.

Las familias hoy corren el riesgo de la securitización de las hipotecas. “Esto consiste en que la deuda es vendida a otro banco u organismo financiero, por lo tanto, la deuda deja de ser de quien fue tu acreedor inicial y pasa a jugar como un valor dentro de la especulación financiera. Es uno de los puntos fuertes a demandar, no solo pedían por la prohibición de la ejecución sino que también por la prohibición de la securitización de la deuda”.

El deudor es el eslabón débil en este sistema, ningún banco asume riesgos. Figueroa aseguró que “ya no solo es la cuota, sino que también la deuda se ha incrementado de tal manera que no tiene tope”.

“Eso ha significado que el valor total ha llegado a términos siderales. En 2018 una persona que tomo un crédito a 2.500.000 hoy tiene que enfrentar una deuda capital de 3.500.000 habiendo pagado todos los meses, con una cuota que inicio de 16.000 y hoy es de 28.000”.

La gobernadora Vidal anunció en abril un mecanismo de evaluación para que las cuotas de los créditos hipotecarios tomados en el Banco Provincia no excedan el 30% del salario hasta fin de año, la suspensión de ejecuciones hipotecarias por un año y la condonación de intereses punitorios.

“Eso se está aplicando de manera muy lenta. Hay que llamar a un 0800, luego son citadas al banco. Eso hace que se entorpezca un poco el proceso y que la persona pierda oportunidades de ganar a la inflación. El banco podría acelerar esos tiempos. Se pierden entre 15 y 20 días hasta que se terminan los trámites y es solo una dilatación a nuestro problema”, concluyó Figueroa.