En el día de la fecha, miércoles 6 de septiembre de 2017, mientras estábamos al aire con el programa informativo, recibimos el siguiente mensaje.

“Como un ciudadano de bien que paga sus impuestos les digo que están tirando demasiado de la soga,

después a llorar a la Plaza de Mayo. Están avisados”.

El mensaje llega en el momento en que se expone al aire un hecho acontecido en el día martes 5 de septiembre: un vehículo que amenazó con atropellar a vecinxs que estaba realizando una marcha reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, frente a uno de los casinos de oficiales de Gendarmería Nacional.

Este no es el primer mensaje de estas características que recibimos en la emisora. Recordamos que el día 2 de diciembre de 2016, cubriendo otro hecho de relevancia política llegó un mensaje similar. Inmediatamente, se llevó adelante una denuncia en la Fiscalía Penal de la localidad de El Bolsón, y aún aguardamos el avance de la investigación para su esclarecimiento.

Esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Pintadas en las paredes y en la plaza “Che Guevara”, declaraciones de funcionarios contra integrantes de la radio, roturas de vehículos en la vereda de la emisora. Estos sucesos han sido informados a la relatoría especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con este nuevo hecho ampliaremos nuestro informe.

Como es de público conocimiento, la Comarca Andina está viviendo situaciones de violencia institucional, hostigamiento a las organizaciones y amenazas directas a vecinxs de la comunidad.

A pesar de estos hechos que pretenden intimidar, FM Alas seguirá habitando el aire.

Sin medios comunitarios no hay democracia. Aparición con vida de Santiago Maldonado.

FM Alas 89,1

Asoc. Civil Alas para la Comunicación Popular

Desde Bahía Blanca hacemos llegar nuestro abrazo a las compañeras y compañeros de FM ALAS ante las amenazas recibidas.

Asimismo, renovamos nuestra solidaridad con las comunidades mapuche que siguen siendo víctimas de la persecución y el hostigamiento de la Gendarmería y los servicios de inteligencia de distintas fuerzas que responden al Gobierno Nacional.

 

DEVUELVAN A SANTIAGO.

Colectivo FM De la Calle.

 

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Integrantes de la conducción provincial de CICOP visitan este miércoles Bahía Blanca para presentar junto a la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal el Movimiento por el Derecho a la Salud. El encuentro será a las 18 en Pasaje Tres Arroyos 538 (ADUNS) y tiene el objetivo principal de denunciar las implicancias de la Cobertura Universal de Salud (CUS) impulsada por el gobierno nacional.

La CUS fue implementada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 908/2016 con el argumento de la existencia de “una circunstancia extraordinaria que hace imposible seguir los trámites de rigor previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”. La medida instaura una nueva y peligrosa avanzada de los sectores del poder económico sobre un bien común fundamental para todxs los argentinxs: la salud pública, universal y gratuita.

“Sería un fondo destinado principalmente a obras sociales con ese viejo argumento de que lo público no funciona, que es ineficiente y que mucha gente queda por fuera. Lo que estamos denunciando es que queda por fuera gente cuando privatizamos el sistema que es lo que estaría haciendo la CUS”, dijo a FM De la Calle la presidenta de la APSM Selva Lamtzev.

La médica comentó que la intención del gremio es “que este movimiento que ya está funcionando en La Plata, en Buenos Aires, pueda generarse en Bahía Blanca y por eso la llegada de CICOP es auspiciosa”.

“Informar es una forma de acción, vemos que hay mucho silencio sobre esto, ocurre muy similar a lo que es el Plan Maestro en la educación, son estrategias de precarización de lo que ya existe público e informar y alertar a la población es nuestra primera instancia de organización y de evaluar que medidas se van a hacer”, agregó.

El decreto presidencial pretende “garantizar una serie de servicios específicamente a la población que debería presentar un carnet de pobreza. Esto no es suposición nuestra sino que lo vemos en otros países como ha sido en Colombia o Chile en los ’90. (…) Precarizan mucho más al sistema público de salud, el aporte se va en obras sociales que vienen incumpliendo incluso el plan médico obligatorio”.

La reunión en la sede de ADUNS contará con la participación del presidente de CICOP, Fernando Corsiglia, sus secretarixs Verónica Moyano, Mónica Berezovsky y Hugo Amor, de Asuntos Municipales, de Género y de Prensa, respectivamente y delegadxs gremiales.

“Ante el decreto nos surge una alarma muy grande y la necesidad de poder hablarlo y conformar este movimiento, que no lo conforman solamente espacios ligados a la atención de la salud sino que la idea es que confluyan diferentes sectores preocupados por el derecho a la salud, es una convocatoria absolutamente abierta a todas las organizaciones y personas interesadas en defender su derecho fundamental”, invitó Lamtzev.

Lo afirmó uno de lxs 31 detenidos tras la masiva marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de la represión en Cushamen. Ezequiel Medone es periodista de Antena Negra TV y de la Red Nacional de Medios Alternativos y contó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que estaba a más de doce cuadras del lugar de los incidentes cuando lo capturó injustamente la policía porteña.

Luego de la convocatoria que reunió a aproximadamente 250.000 personas en la Plaza de Mayo, Medone se dirigía hacia Congreso cuando “un policía se acerca e intenta detener a una chica que estaba filmando. Empiezan a intervenir trabajadorxs de prensa que estaban en el lugar, para explicarle que no estaba haciendo nada malo. No tenían motivo para llevársela”.

“En eso nos agarran a nosotros y se genera un forcejeo en medio de un tumulto de gente –porque había bastante gente alrededor– además de la policía que se fue sumando. Nos llevan a una comisaría en Chacarita y nos dicen que estábamos incomunicados”.

Las 31 personas detenidas no podían hablar con sus familiares que estaban afuera, ni con sus colegas, ni con la abogada de CORREPI María del Carmen Verdú, ni siquiera entre ellxs. “Estábamos todos en celdas separadas”, explicó Medone.

Recién en la comisaría se enteraron de qué los acusaban: “intimidación pública” y “alentado de resistencia a la autoridad”. “En la presentación que hace el juzgado, dicen que nos detienen en Plaza de Mayo a las 20.20, tirando una reja… lo cual es totalmente falso. Yo a las 21.30 estaba en otro lado, ni siquiera estaba cerca”.

El periodista dijo que “en general fue bastante irregular el procedimiento y la acusación; no tienen mucha prueba de nada. Queda en evidencia que fue una orden y un plan de detener gente. De hacer un espectáculo de esa represión que se estaba dando”. Y agregó que “hubo amenazas a gente, maltratos a compañeras. La verdad es que fue un desastre lo que hicieron”.

Medone contó que recién el domingo, cuando fueron a declarar ante el juez Martínez Di Giorgi lo dejaron comunicarse. “Con Verdú pude hablar cinco minutos antes de declarar. Después la volví a ver a ella, a Norita Cortiñas, al ‘Turco’ (Ismael Jalil) de CORREPI cuando nos comunican que nos liberaron. Fue re emocionante”, confesó.

También afirmó que gracias al acompañamiento de la gente que se acercó a la radio abierta realizada por la RNMA el fin de semana, bajo condiciones climáticas desfavorables, “se pudo torcer la voluntad de tenernos todo el fin de semana –y  más–, porque sino hubiésemos declarado recién ayer, quizás hubiésemos salido hoy, quizás no”.

“Estábamos aislados. Recién al final pudimos vernos y hablar [con lxs otrxs detenidxs]. Al momento de la declaración te leen todas esas mentiras que pusieron y te indigna. Es cuestión de, por un lado, denunciarlo y por otro contestar, les dijimos cómo fueron los hechos de verdad”, aseveró.

A pesar de que tienen todo el material que habían registrado, salvo el celular de su compañero Juan Pablo Mourenza (que sigue confiscado), “estamos haciendo un pedido: si alguien tiene algún video de cómo fue la detención, que lo mande para reconstruir bien el hecho y presentarlo como prueba”.

Ezequiel Medone y otras treinta personas finalmente quedaron imputadxs. En diez días el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi tiene que expedirse y resolver si les procesa o no.

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(Por Astor Vitali) En el nombre de Santiago Maldonado residen diferencias sustanciales del modo de ser y de pensar argentino. La evocación del detenido-desaparecido genera en nuestra sociedad, al menos, tres reacciones: envalentonamiento gozoso de los fascistas de siempre; dolor por revivir los métodos del terrorismo de Estado; y finalmente una indiferencia que, hasta que no se demuestre todo de una manera escandalosa (como ocurrió con los crímenes de la dictadura), funciona más como condena social hacia las víctimas que como indiferencia en sí misma.

Un hippie. Un drogadicto. No era profesional. Un sucio. Un amigo de los chilenos apátridas. Que vayan a laburar. Kirchnerista mugriento. Por qué no hablan de los otros desaparecidos. Qué cuentan la Historia completa. Por qué no preguntan por Nisman.  ¿Y Julio López? Seguro que está comiendo un asado en el sur o, por qué no, en Chile. Vagos de mierda. Yo me rompo el culo y pago mis impuestos para mantener vagos. No quieren el cambio. Fuerza Mauricio.

Y Mauricio se siente con fuerza. Nadie en el rol de la FasciMinistra Bulrich puede decir las barbaridades que dice (y hace) si no se siente con la libertad ancha de hacer y deshacer a su antojo.

El fenómeno social actual tiene elementos de antaño y tiene novedades. Es viejo que hay un segmento de la sociedad argentina que avala sin miramientos los métodos que sean necesarios para sentirse occidentales y cristianos: blancos y europeos. De Videla les molesta lo salvaje, que muestren el trabajo sucio, pero no sus objetivos ni sus métodos. Eso está acá, hoy y ahora y con esas mentes se convive. Y cabe aclarar, una vez más, que no necesariamente su ideología responde a su condición de clase.

En todo caso, quienes hayan tenido responsabilidad política en el ejercicio de los gobiernos democráticos del 83 a esta parte deberían replantearse qué tan superficiales fueron las transformaciones postuladas como para que final mente notemos que han dejado intactos en la suciedad argentina el rencor y el anhelo de cazar cabecitas negras. ¿No era que había vuelto la política? ¿No era que otra historia se enseñaba en las escuelas? ¿No era que no había retorno del progresariato? Sus pregoneros conocen a la perfección la realidad: operaron con utensilios de utilería, gruesos, sin filo. Jamás agarraron el bisturí.

¿Qué es lo nuevo, entonces? Si, como todos los elementos publicados indican, se produce la confirmación de que Santiago Maldonado fue chupado por gendarmería, estamos hablando de que los flamantes gobernantes surgidos del voto popular llevó adelante una desaparición forzada. Estamos hablando de que un gobierno de origen democrático utilizó los métodos del terrorismo de Estado.

Y con esto ¿Qué se hace? ¿Qué legislación está pensada para hablar de terrorismo de Estado en el marco de la democracia? ¿A qué Naciones Unidas se acude? ¿A qué organización internación de derechos humanos se apela? ¿Cómo nos organizamos y para qué? Anonadado por la falta de respuesta ante lo ocurrido; no del todo sorprendido por la temeridad del gobierno actual; por su falta de límites, por su profundidad de fines y por el uso de métodos insospechados, uno piensa que es mejor que la mayor cantidad de voluntades organizadas posible comencemos a responder estas preguntas. Más temprano que tarde.

El fiscal José Nebbia realizó hoy sus réplicas en el Juicio Ejército III y destacó que “los que están sentados acá atrás o mirando por tele” son los que saben dónde están los jóvenes apropiados luego de nacer en cautiverio en el centro clandestino de detención, torturas y extermino La Escuelita.

Minutos antes, el defensor oficial Gustavo Rodríguez había finalizado sus alegatos. La audiencia se reanudará este miércoles a las 9 en Colón 80 con las dúplicas. Una nueva sentencia se acerca a pesar de las esporádicas sesiones del tribunal.

“Llama la atención la postura de la defensa oficial. Sucintamente ya hay condenados en esta jurisdicción por esos hechos y esas condenas han sido confirmadas por Casación”, dijo José Nebbia en relación al robo de bebés en Bahía Blanca.

El fiscal recordó que, “respecto del hijo de María Graciela Izurieta, la defensa dijo que el hecho no existió, que la mataron antes de dar a luz. Respecto del hijo de Metz dijo que nació pero que no se sabe quién lo apropió. No es ninguna novedad. Lo estamos buscando hace mucho, todos lo están buscando. El tribunal lo está buscando. Los organismos lo están buscando. Su hermana lo está buscando incesantemente”.

“Si a María Graciela Izurieta la mataron antes de que diera a luz, la pregunta que surge es dónde está su cuerpo, dónde está el cuerpo de esos once desaparecidos y dónde está o quién se llevó al bebé apropiado”.

“Los que saben dónde están los cuerpos están sentados acá atrás, lo están mirando por tele. Son los defendidos de la defensa oficial los que saben dónde están esos chicos. Esas personas nunca dijeron nada, nunca colaboraron, nunca se arrepintieron. Como explicamos en los alegatos, son los responsables por la apropiación de estas dos personas y por eso deben responder”, concluyó Nebbia.

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Fotos: archivo FM De la Calle.

(Por Daniel Feierstein/ Fotos M.A.F.I.A.) Si algo dejó la lucha contra la dictadura genocida en la Argentina fue la construcción de un “límite”: la participación en el genocidio o su legitimación quedaban por fuera de la discusión aceptable.

No fue así en Chile, donde algo menos de medio país siguió defendiendo a Pinochet cuanto menos hasta su detención en el Reino Unido. No fue así en Uruguay, en donde algo más de la mitad de la población votó a favor de impedir el proceso de memoria, verdad y justicia. No fue así en Brasil, donde nunca se juzgó a los responsables y donde se pudo utilizar la legitimación de los represores en el propio proceso vergonzoso del golpe institucional a Dilma Rousseff.

En Argentina ese límite estuvo claro desde 1983: el que reivindica a los genocidas pierde. Alfonsín perdió la pulseada por la posibilidad de enjuiciarlos a partir de las asonadas militares de 1986 y 1987, pero jamás los legitimó y justificó la impunidad sin dejar de condenar sus acciones. Menem decretó los indultos e insistió numerosas veces en los beneficios de una reconciliación, pero cuidándose muy bien de ubicarse en el rol de víctima (“yo, que estuve preso, los puedo perdonar”, fue la frase de justificación). De la Rúa (que tenía algún lazo familiar con los represores) tampoco se animó a una legitimación explícita y sólo Eduardo Alberto Duhalde la ensayó (ya no como presidente sino en la oposición a los Kirchner) y terminó con el 2% de los votos en la elección en la que explicitó su pensamiento.

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Es cierto que Bussi, Rico y Patti ganaron elecciones, pero fueron fenómenos locales y, salvo el caso de Bussi que da cuenta de la especificidad de Tucumán, no lo hicieron legitimando explícitamente su rol en el genocidio. Ese límite fue de lo mejor que ha construido la sociedad argentina en medio siglo. Y es importante entender que no es un límite natural y que no todas las sociedades posgenocidas lo han logrado, ni siquiera fue un límite homogéneo en todo el país.

Destaco este punto porque es este límite el que nos quieren correr en este último tiempo, con una ofensiva mediática de la que no tengo recuerdo desde los tiempos de la campaña sucia dictatorial. Nunca los medios de comunicación estuvieron dispuestos a desparramar las versiones de los servicios de inteligencia con tanta potencia como hoy.

Sobre todo las versiones sobre una desaparición forzada: “que está escondido en Chile, que lo mató un puestero, que la familia entregó ropa de tres personas distintas para despistar a los perros, que los gremios usan políticamente el caso, que por qué no reclaman por Julio López (los que jamás reclamaron por Julio López), que dónde están los asesinos de Nisman”, etc etc.

Hay variadas responsabilidades para comprender cómo llegamos aquí. Y debemos revisarlas porque es condición indispensable para evitar una derrota que sería muy costosa para toda la sociedad argentina. Pero esas responsabilidades se resumen en la fábula de Pedro y el Lobo.

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Ya lo hemos sufrido con el desarme del límite ante el antisemitismo: la denuncia de cualquier postura como antisemitismo (las críticas al Estado de Israel, las posturas cuestionadoras del sionismo, entre otras) llevaron a la incapacidad de identificar al verdadero antisemitismo. Si todo es antisemitismo nada lo es. Y al tratar de antisemitas a todos los críticos del establishment israelí se logró como resultado que reaparecieran los verdaderos antisemitas relegitimados, los que sí utilizan cualquier cosa (también las críticas al Estado de Israel) para desparramar su odio antijudío. Utilizar el límite para forzarlo generó su quiebre.

Del mismo modo, se abusó durante la última década del límite frente a los genocidas. Desde sectores del gobierno k se acusó a todo crítico opositor de ser “la dictadura”, se utilizó el valioso límite construido frente a los genocidas como herramienta partidaria con la que salir a golpear, por ejemplo, a periodistas que (pese a defender posiciones cuestionables desde distintos puntos de vista) jamás tuvieron ninguna cercanía con los genocidas ni con la impunidad (se me ocurren Ernesto Tenenbaum y María O´Donnell, por poner algunos nombres, pero seguramente haya muchos más). Hasta Patricia Walsh o Luis Zamora podían ser “el enemigo” en estas visiones paranoicas.

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Simultáneamente se quiso construir un nuevo límite desde la oposición al kirchnerismo: el propio kirchnerismo como límite, la corrupción como equivalente del genocidio en la escala moral. Para muchos sectores de la izquierda o de un periodismo opositor más bien liberal, estar al lado de un kirchnerista pasó a ser algo equivalente a estar al lado de un genocida. “Kirchnerista” pasó a transformarse en insulto y lo es hoy en muchas redes sociales. Amistades, familias, grupos políticos, organismos de DDHH se han quebrado por la famosa “grieta”.

Frente al límite aceptado socialmente en la ilegitimidad de los genocidas, cada uno comenzó a construir su propio límite: Clarín, los troscos, el peronismo, los k. Hasta irónicamente vale la pena mencionar que, para Carrió, el límite hace unos años era Macri. Límites que son subjetivos, múltiples y cambiantes. O sea, límites que dejan de ser límites.

Cuando cada uno pone el límite que se la canta, entonces no hay más límites. Ese fue el momento donde los genocidas salieron de sus cuevas para hacer oír sus voces. Ellos también tienen sus límites. Los que no podían hablar hoy pueblan los medios de comunicación masiva y acusan de subversión, terrorismo, uso político del caso de Santiago Maldonado, traen a las “víctimas del terrorismo de los ´70” y deben ser escuchados porque “todos tenemos derecho a hacer oír nuestra voz”. Cuando todos son antisemitas ninguno lo es. Cuanto todos están más allá del límite, ninguno lo está. Sólo así puede explicarse que, más de treinta años después, tengamos que escuchar los cuentos de los servicios de inteligencia sobre una desaparición forzada en el prime time televisivo y sean repetidos por miles de personas, ingenuamente o no, sin recibir el repudio público que recibieron durante treinta años.

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Necesitamos reconstruir el límite que fuimos capaces de establecer como respuesta ante el genocidio. El que debe dar respuestas ante una desaparición forzada es el Estado nacional. Ni los desaparecidos estaban en Europa ni se mataban entre ellos ni Santiago Maldonado está en Chile ni se esconde con los “indios subversivos”. Y nadie “adoctrina a nuestros niños” sino que todos, absolutamente todos, tenemos no sólo el derecho sino la obligación de preguntarle una y otra vez al gobierno nacional allí donde podamos: ¿Dónde está Santiago Maldonado? Como le preguntamos en su momento dónde estaba Jorge Julio López. Todos los que seguimos marchando los 18 de septiembre y todos los que no vienen pero deberían venir, por mucho que ahora se hayan acordado, bastante tardíamente por cierto.

Hoy, viernes 1 de septiembre, tenemos otra posibilidad para dejar en claro cuál es nuestro límite. No importa lo que pensás del kirchnerismo. No importa lo que pensás de la izquierda. No importa lo que pensás de TN ni de 678. Hoy tenemos que estar todos juntos para gritarle a Patricia Bullrich, al gobierno nacional, a los servicios de inteligencia que difunden difamaciones a diario y a sus esbirros periodísticos a sueldo… aparición con vida YA de Santiago Maldonado.

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Desde este jueves se desarrolla en la sede de Textiles Pigüé el Encuentro Internacional “La Economía de las y los Trabajadores”, un evento que reúne a integrantes de empresas recuperadas y autogestionadas, cooperativas y organizaciones sociales y populares, así como también sindicatos y académico@s.

El primer Encuentro fue organizado en el año 2007 por Facultad Abierta, un programa de extensión universitaria de la Universidad de Buenos Aires y actualmente el comité organizador está integrado por un número cada vez mayor de organizaciones y movimientos alrededor del mundo.

Andrés Ruggeri, integrante de Facultad Abierta, adelantó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que el contexto nacional e internacional para el sector es difícil. “La política económica y en general del gobierno de Mauricio Macri está atacando las experiencias de autogestión, está generando una situación social y económica bastante complicada y desde el punto de vista de los participantes argentinos seguramente se va a discutir este tema.

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En el plano internacional “aparecen desafíos similares en países como Brasil o situaciones muy complicadas como las de Colombia, Venezuela, México y ni hablar de los países centrales donde con Trump y con determinadas políticas mundiales”.

Ruggeri destacó que los gobiernos de Cambiemos están apelando al “veto sistemático” como política ante las leyes de expropiación que fueron aprobadas en los últimos meses en los parlamentos de la provincia, la ciudad de Buenos Aires y la Nación.

“Lo hizo el presidente con el Hotel Bauen, el jefe de gobierno de la Ciudad con varios casos de empresas recuperadas y no solamente el veto -destacó- también uno puede observar que cuando hay conflictos laborales, lo primero que aparece es la represión como respuesta. A partir de los vetos se han producido desalojos, el caso más claro es el de Acoplados del Oeste, la fábrica Petinari en Merlo, que estaba siendo autogestionada, había sido expropiada por unanimidad por la Legislatura, vetó la gobernadora la ley y al poco tiempo fueron desalojados por un operativo de 600 policías”.

En cuanto a los desafíos de las empresas recuperadas, cooperativas o autogestivas el sociólogo apuntó que “hay un camino hecho, ya forjado, creo que lo más complicado es, por un lado, a veces las condiciones de inicio, de falta de capital, maquinarias o instalaciones que están abandonadas, más el problema jurídico que generalmente se origina por un abandono patronal, una quiebra fraudulenta, etcétera”.

“Pero desde un punto de vista un poco más amplio es cómo se encara la gestión colectiva, cómo se reemplazan funciones que antes ejercía personal jerárquico o directamente los patrones en manos de un colectivo de obreros, creo que la experiencia de las fábricas y de empresas recuperadas en nuestro país y en otros lugares ha sido bastante exitosa en eso a pesar de todas las dificultades”, agregó.

Finalmente subrayó el trabajo de la anfitriona de la segunda parte del encuentro: “Textiles Pigüé es un caso muy paradigmático de empresa recuperada exitosa desde el punto de vista que es una textil grande que era parte de Gatic, que era la que tenía hasta el 2000-2001 la licencia de Adidas. Eran muchas plantas en el país, algunas cuando quiebra la empresa en 2003 se recuperan y una es Textiles Pigüé que realmente ha logrado construir una empresa cooperativa muy eficiente y participativa en cuanto a lo político y social, con mucha importancia en el lugar donde están”.

Más información en 

https://laeconomiadelostrabajadores.wordpress.com/

Fotos: Encuentro Trabajadores y La Vaca

El abogado de la familia de Gabriel Burgos Melo, el obrero que murió en la excavación de Soler al 100 a fines del año pasado, habló con El Mejor Equipo de FM De la Calle luego de conocerse el resultado de una “pericia trascendental en ingeniería civil”.

El letrado detalló que el perito analizó documentación pertinente y las medidas precautorias tomadas en la obra realizada por MAPSA y determinó que en el programa de seguridad -el cual detalla todo lo planificado y proyectado– “no estaba previsto el riesgo de derrumbe como acontecimiento posible, por lo tanto no se tomó ninguna medida de protección y seguridad para con los trabajadores en torno a ese riesgo”.

“Demuestra la plena responsabilidad de las personas que estaban a cargo”, agregó Chazarreta, y explicó que según el resultado del perito de La Plata: “En el programa de seguridad no se incluyen los dos riesgos básicos para cualquier zanja o excavación. Uno es la caída de personas dentro del pozo, y la segunda es el debilitamiento de las paredes y el derrumbe”.

Respecto a las imputaciones, dijo que será cuestión del fiscal determinar quiénes son las personas imputables. También remarcó que la causa ha sido calificada como ‘homicidio culposo’ y que todavía no se terminó de precisar todos los profesionales que intervinieron en la planificación del programa.

Asimismo, comentó cómo debió ser el proceder ante la obra en materia de seguridad: “Se contrata una ART (el seguro de riesgo en el trabajo), hay un licenciado en seguridad e higiene –que puede ser particular o a veces lo brinda la propia ART–, un director de obra, y a veces se suma otro profesional en el caso de las obras privadas”.

En el derrumbe ocurrido el 6 de noviembre de 2016, Burgos Melo perdió la vida, pero tres compañeros que también cayeron al pozo, sobrevivieron. Al respecto el abogado comentó: Las tres personas que han quedado lesionadas están bajo tratamiento psicológico y de licencia. Ha sido un hecho totalmente traumático, sobre todo por la cantidad de horas que han tenido que sobrevivir en ese estado. Les ha cambiado plenamente la vida, y es muy difícil seguir desarrollando su actividad después del acontecimiento sufrido”.

En relación a los dichos respecto a que un particular había pedido la celeridad de la obra frente a su lugar de trabajo, el representante de la familia Burgos Melo dijo que no le cabría ningún tipo de responsabilidad y aseguró que no era la única sección de la cuadra que se había dejado para trabajar el domingo.

Sin embargo, falta determinar si los responsables de la obra solicitaron el respectivo permiso ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, conforme lo indica la reglamentación pertinente, que los habría habilitado a trabajar un día domingo.

(Por Julieta Revelli) Katherine Gabriela Moscoso tenía 18 años el 23 de mayo de 2015, día en que apareció su cuerpo sin vida semienterrado en un médano en Monte Hermoso. Tras estar seis días desaparecida luego de ir a un boliche, la familia recibió la peor noticia. A más de dos años, aun no hay personas detenidas por el crimen.

Ezequiel Moscoso, tío de la joven y querellante de la causa que investiga su muerte, aseguró que hay evidencias contundentes para detener a quienes fueron responsables. El fiscal a cargo es Mauricio Del Cero, y según la familia no ha trabajado en el caso.

Si bien en diciembre del año pasado pidieron la remoción de su cargo, fue rechazada. Lo cierto es que han declarado más de treinta personas gracias al trabajo en conjunto de la familia de Katherine y Leandro Aparicio, su abogado.

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Investigación

Ante un caso de estas características, la primera duda que surge es por qué ni la policía de Monte Hermoso ni la Unidad Fiscal de Investigación N°5 de Homicidios, a cargo de Mauricio Del Cero y en la que se encuentra el crimen, avanzaron en la investigación.

El único trabajo fue realizado por cuatro investigadores los tres primeros meses. Pese a haber logrado avances, abandonaron la investigación por falta de recursos: la nafta para viajar a la localidad balnearia salía de su bolsillo, al igual que cualquier gasto que necesitaran. El alquiler del departamento para tomar declaraciones, sin embargo, corrió por cuenta de la familia Moscoso.

Después de esos tres meses y hasta el momento, ningún representante de la fiscalía a cargo del caso se acercó a Monte Hermoso a investigar. Mauricio Del Cero, sólo fue dos veces.

Según explicó a Ezequiel, el fiscal tiene “muchas fiscalías a cargo que lo mantienen ocupado”, por lo que no ha podido ocuparse de la causa.

“Todo va al mismo lugar, siempre se nombran a las mismas personas. Entonces si a esas personas no las citas a declarar es muy difícil avanzar”, indicó el tío de Katherine respecto a los autores del crimen.

Irregularidades

El caso cuenta con innumerables interrogantes: el incendio de una camioneta en la que se había encontrado ADN de la joven, el lavado del cuerpo que evitó obtener pruebas, la falta de imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en el centro de la localidad balnearia y la aparición de Katherine en un lugar donde ya se había rastreado, entre otros.

Quizás la más reconocida de ellas sea el linchamiento de Juan Carlos “Canini” González, que ningún policía pudo evitar.

Hasta el sábado 23 de mayo, día en que apareció el cuerpo de la adolescente, González era apuntado como el único sospechoso. Esa misma noche, fue agredido por nueve individuos. Su hermano denunció en reiteradas oportunidades la desprotección de policías que debían ir a custodiarlo y la familia Moscoso afirma que efectivos arengaron la violencia contra “Canini” y permitieron que el crimen ocurra.

Por estas razones, desde el primer momento la familia habló de una complicidad política y policial en Monte Hermoso, que evitó que hasta el día de hoy haya novedades.

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“En Monte nos conocemos todxs, somos ocho mil personas. No se sabe nada porque no se investiga, porque no se trabaja, investigaron tres meses y no hubo más nadie. A nosotrxs Triches, que era el secretario de Seguridad de Monte nos dijo que él no podía hacer nada, que era un ciudadano más del pueblo. Es más, nos quisieron poner psicólogxs para ver si nosotrxs habíamos matado a la nena. Fue una tomada de pelo”, manifestó Ezequiel.

Incluso, la familia sabe qué personas están ligadas al caso.

Hay gente muy poderosa atrás de todo esto sino el caso ya estaría resuelto. La línea investigativa más fuerte vincula al hermano del intendente Marcos Fernández, y si lo ves por ese lado te cierra todo. Tiene más lógica que hayan lavado el cuerpo. La policía de Monte Hermoso es comunal, la maneja el intendente. Tuvieron tiempo para todo. Si querían trasladar el cuerpo decidían que a esa camioneta no la paren y listo. Se llevan el cuerpo, después lo traen, lo plantan ahí, hacen y deshacen como quieren porque tiene todo el poder, manejan todo”, destacó.

Respecto al accionar de lxs funcionarixs de Monte Hermoso ante el caso, Ezequiel afirma que lo minimizaron desde un primer momento, e incluso nunca mostraron interés.

“Cuando apareció el cuerpo no se acercó nadie, ni siquiera para disimular. De ellxs nadie le fue a dar el pésame a mi mamá. Lo único que fueron a hacer, durante la búsqueda, fue llevarle ocho colchones, que mi vieja nunca pidió nada. Y estuvo el intendente dos minutos hablando con ella, y le dijo que estaban a disposición y no sé qué más. Durante los siete días que estuvimos buscando a la nena estuve en la comisaría, anduvimos de acá para allá. Nunca vi al intendente, nunca vi al senador Alejandro Dicchiara, nunca vi a nadie. A los seis meses tuvimos la reunión con el intendente, que dijo que había que dejar que la justicia actúe y recalcó que ponía las manos en el fuego por su familia”, contó.

Cada quince días, la familia Moscoso lleva adelante marchas en la que sólo participan familiares y allegadxs, porque, según afirman, la comunidad de Monte Hermoso les da la espalda. En total llevan 106 y en una de ellas, la número 91, Ezequiel realizó una denuncia a Martín Fernández, hermano del actual intendente que denuncia como uno de los implicadxs.

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“Cuando veníamos subiendo la loma del casino en el recorrido que hacemos de la marcha, venía el hermano del intendente con el camión y nos amagó a tirarnos el camión encima y se nos reía en la cara. Yo lo denuncié y a los dos días me llegó que la causa quedaba en el archivo por falta de méritos. El hermano es el que estaba encargado del boliche Arenas, donde fue Katherine antes de desaparecer”, subrayó.

En cuanto a la “hipótesis” en la que cree la familia Moscoso, la muerte de Katherine se produjo en la madrugada del domingo 17 de mayo de 2015, día en que desapareció.

“Fue todo bien armado. Para mí a la nena la matan el mismo día que desaparece. Y han armado incluso testimonios falsos. Hay una mujer, Blanca Danuncio, que dice que la vio a Katherine el lunes, el martes, y que la pudo haber invitado a tomar mate y la salvaba”, afirmó.

“Katherine debe haber visto algo que ellos no esperaban que viera. O ha participado de alguna fiesta en la que no quiso, la han llevado a tener relaciones y ella no ha querido y al negarse la han matado. Era muy espontánea, si ella vio algo ha dicho que lo iba a denunciar y pasó lo que pasó. Yo en un momento pensé que no la han querido matar a propósito pero le han pegado, la nena se desmayó, la han creído muerta y cuando la enterraron muere de asfixia. O puede ser que la hayan enterrado apropósito”, finalizó Ezequiel Moscoso.

La dirigente porteña de la CCC y el PCR Julia Rosales fue baleada anteayer al llegar a su casa. “Tiraron a matar, no es que fue una amenaza, fue muy grave, tiene dos balas alojadas en el codo y en el antebrazo por cubrirse la cara. Y descartado un robo o lo que sea porque tiró cinco tiros y siguió de largo”, dijo a FM De la Calle su hijo César García.

El ex precandidato a concejal por el Frente Socialista y Popular bahiense denunció que el ataque “es para acallar las voces, es una ola represiva de parte del gobierno de Macri, que quiere hacer pasar el ajuste a como de lugar”.

“Mi madre es Julia Rosales, la coordinadora de la Corriente Clasista y Combativa de una de las zonas de Capital Federal. Ayer a las cuatro de la tarde más o menos está llegando a su casa, cuando va a estacionar el auto ve por el espejo retrovisor que viene un flaco en una moto con el casco puesto a plena luz del día y, cuando va a abrir la puerta, ve que desenfunda un arma y se la apoya en el vidrio”, relató.

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Agregó que su madre “se tira para el costado y tipo reflejo se pone la mano en la cara y el tipo este le tira cinco tiros que le impactan dos en el brazo, en el codo que estaba cubriendo la cara, otro le pasa por el pecho. Termina de hacer eso y sigue de largo, o sea, descartado un robo, tira los cinco tiros y sigue de largo”.

García detalló que cuatro horas después, cuando su madre ya estaba internada en el Hospital Italiano donde se encuentra fuera de peligro, “le saltan arriba del auto de mi viejo que también es dirigente del PCR y del PTP de acá de Buenos Aires y le dejan rallado todo el auto”.

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El atentado “se da en un marco de que un conjunto de organizaciones sociales como la CTEP, Barrios de Pie y la CCC pusieron sobre el eje la política en relación a lo del hambre, en un contexto donde el día 22 el movimiento obrero se puso de pie contra la flexibilización laboral en relación a no avasallar los derechos del movimiento obrero y principalmente lo que está pasando en el sur con el tema de Santiago Maldonado”, concluyó.

A horas de cumplirse el primer mes desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida durante la represión de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, desde la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego aseguraron que “Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha y constituirse en el acuerdo prioritario” para que en la ciudad se realice una manifestación unitaria.

Para este viernes, la central llamó a un acto a las 18 mientras que media hora más tarde comenzará en el Teatro Municipal la concentración convocada por H.I.J.O.S., APDH, Red por la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo.

“Si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quienes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha”, afirmaron desde CTA.

Además, propusieron cerrar la movilización “al grito de: APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO, CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS y EL ESTADO ES RESPONSABLE”.

El comunicado completo:

A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, hacemos responsable al Gobierno Nacional en la persona del Presidente Macri, a la Ministra de Seguridad, al Jefe de Gabinete y a la Gendarmería, al gobernador Mario Das Neves (con enfrentamientos desde larga data con la comunidad mapuche) a la justicia y a la oligarquía terrateniente, entre otrxs.

Son los representantes del Estado Argentino quiénes la convalidan, negando y manipulando lo evidente, cuando hay muchísimas pruebas de que fue secuestrado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto en una violenta represión a la comunidad mapuche de Cushamen. No casualmente, se produjo dentro de las tierras patagónicas saqueadas junto a los bienes comunes por parte de empresas extranjeras, en este caso bajo el dominio de Benetton. Conflicto de larga data, al igual que los reclamos y la lucha del pueblo mapuche por recuperarlas.

Desde la CTA Bahía Blanca estamos convencidos/as que la construcción de un acto único es indispensable. La única diferencia en este marco debiera ser entre quienes queremos la aparición con vida de Santiago y quienes por acción u omisión no.

En esta oportunidad Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha, y constituirse en el acuerdo prioritario.

Por lo tanto, si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quiénes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha, y sería loable culminar con una gran movilización al grito de:

APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO
CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS
EL ESTADO ES RESPONSABLE

CTA BAHIA BLANCA-DORREGO
http://www.santiagomaldonado.com/comunicado-oficial-la-familia-2482017/

Ayer, 29 de agosto de 2017, en la sede de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, se reunieron la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, y el Dr. Mario Coriolano con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán Garavano.

En dicha reunión se le entregó la petición que figura al pie, que fue analizada pormenorizadamente por los presentes.

El señor Ministro se comprometió a evaluarla y dar respuesta en el término de 24/48 horas.

La Plata, 29 de agosto de 2017

Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán GARAVANO
S/D

La familia de Santiago Maldonado junto a nuestra abogada Verónica Heredia, peticionamos:

1.- El reconocimiento público del Gobierno de la Desaparición Forzada de Santiago Maldonado a partir del 1 de agosto de 2017 en el Departamento de Cushamen de la Provincia del Chubut;

2.- Garantice la efectiva participación de las víctimas en el proceso penal Expte. 8232/2017 “MALDONADO Santiago 5/ Desaparición forzada de personas -art. 142 ter CP” en trámite en la Fiscalía Federal de Esquel, Provincia del Chubut. A tal fin se solicita:

a) se adopten de manera urgente las medidas pertinentes para concretar la participación de investigadores de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y colaboradores que ellos convoquen;

b) se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago;

3.- Garantice una investigación independiente, pronta y exhaustiva que inicie la búsqueda con vida de Santiago, la determinación de las circunstancias de su desaparición, la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales, y establecer las diversas responsabilidades. A tal fin se solicite la cooperación y asistencia técnica a la Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos con sede en Chile, para la conformación de un grupo de expertos independientes que supervisen y, en su caso, colaboren con la investigación.

Saludamos al señor Ministro atentamente.

VERÓNICA HEREDIA
ABOGADA

(Por Marcelo Musante*) Los discursos racistas contra los pueblos originarios recrudecieron salvajemente hace unos años. La gente pide “mano dura” y los medios hablan de usurpación y ocupaciones. El gobierno, reprime. Y el que se mete, puede desaparecer.

Hace un año atrás el entonces ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, anunciaba en Choele Choele -sin sonrojarse- el inicio de una nueva campaña al desierto.

Ayer en horario central televisivo del domingo, dos programas periodísticos se hicieron eco de un tema que comenzó a circular a partir a de la desaparición de Santiago Maldonado y definieron la agenda de discusión de los próximos días en bares, oficinas y transportes públicos.

En Periodismo Para Todos, Jorge Lanata, dedica un programa entero al tema indígena y la propiedad de la tierra. La pregunta, ingenua, se cae sola: ¿Por qué le interesa ahora este tema siempre residual en la agenda de los grandes medios de comunicación?

Quienes trabajamos y acompañamos estos temas sabemos de la dificultad de plantear en pantallas, papeles prensa y radios los conflictos por la tierra. Generalmente son temas de las propias comunidades indígenas, que una y otra vez, lo sostienen con el apoyo de medios alternativos y voces cercanas al mundo indígena.

Sin embargo, de pronto, Lanata dedica una columna en Clarín del sábado y un programa entero el domingo en Canal 13.

“¿Quién carajo va a escuchar la radio de los wichis?”, se preguntaba el periodista en plena discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, develando así su racismo, su creencia de superioridad y su sentido únicamente utilitario de los medios de comunicación. ¿Por qué ahora destinar un programa entero a los “inescuchables” indígenas?

Roca

En Debo Decir, programa de Luis Novaresio en América TV, están como invitados Rolando Hanglin y el historiador Felipe Pigna, entre otros. Tras preguntarle a Pignia por sus 5 “Padres de la patria” (porque sólo pueden ser varones parece), el conductor le pregunta a Hanglin por los suyos, y en segundo lugar menciona a Julio Argentino Roca. El director parte la pantalla en dos y lo toma a Pignia. El conductor se sonríe y dice “acá hay una grieta”.

Enseguida Hanglin comienza a hablar de que los Mapuche no aparecen en los libros de historia argentina, que son chilenos y que por lo tanto no tienen nada que reclamar.

La línea argumental es conocida. No están en los libros escritos justamente por quienes propagandizaron la campaña, como Estanislao Zeballos: Los mapuche eran araucanos que mataban a nuestros indios tehuelches. Entonces Roca avanzó sobre los usurpadores de la Patagonia.

Si el reclamo es ilegítimo, la violencia es legítima.

Cambio de canal. De nuevo El Trece.

Lanata asegura que hubo 77 atentados en 4 años. ¿Alguien con un poco de sentido común puede creer que esa cantidad de “actos terroristas” hayan ocurrido y que ese minúsculo grupo subversivo esté operando y entrenado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC)?

En el programa de al lado, según Telecentro, Novaresio le pregunta a Rolando Hanglin por Santiago Maldonado. El nudista responde pétreo: ¿Qué Santiago? Y agrega que no creía que estuviera haciendo tatuajes mientras acompañaba a sus amigos mapuche a cortar la Ruta Nacional 40. La ruta más larga del país. “Eso es un delito. Seguro que está vivo. En cualquier momento aparece por ahí sano y salvo. Estoy seguro”, dice Hanglin.

“Ojalá así sea”, dice Novaresio sin repreguntar. “Ojalá así sea”, dice Rolando.

Desalojos

La Ley 26160 promulgada en 2006 pone en cuestión el tema de los conflictos por la tierra que sufren los pueblos originarios en nuestro país. La legislación promueve la suspensión de los desalojos hasta tanto no realizar un relevamiento territorial con la participación estatal e indígenas.

La existencia de la ley que funcionaba como amparo legal al uso de la violencia “legítima” del Estado sobre las comunidades no logró evitar represiones y desalojos en Formosa, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco. Chubut, Tucumán, Misiones, Salta, Jujuy, etc. El petróleo, el litio, campos universitarios, el turismo, la soja, son algunos de los culpables. Siempre sustantivos sin nombre propio. Y las comunidades al fondo de la grieta. El Senado debía tratar su prórroga para poder continuar con el relevamiento, pero ya pospuso su discusión dos veces.

Desde diciembre de 2015, las amenazas y represión recrudecieron salvaje y públicamente. El pedido y necesidad de disciplinamiento es un círculo vicioso que engorda desenfrenado.

“La gente pide mano dura”, los medios titulan inseguridad, usurpación, piquete y ocupaciones. El gobierno escucha y actúa. O actúa y genera condiciones de justificación represiva.

Los “dueños” de la tierra de vuelta financian una campaña sobre los pueblos originarios.

El territorio se configura violento. Lo configuran violento. Hay fuerzas policiales y mediáticas desenfrenadas.

Y el que se meta, como Santiago Maldonado, será porque “algo habrá hecho”.

— Aparición con vida de Santiago Maldonado —

(*) Sociólogo, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina

Ilustración: Juan Paz, Facebook: Disculpen la molestia

(Esta nota de opinión puede ser reproducida libremente, en forma parcial o total).

#ApariciónConVidaDeSantiagoMaldonado #ElEstadoEsResponsable#GenocidioIndígena
#DesapariciónForzada #SantiagoMaldonado

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A pocos meses de la conformación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), los dirigentes Adrián García y Martín Parada pasaron por El Mejor Equipo de FM De la Calle para hablar sobre la situación laboral, el gremio opositor y varios temas más.

El SITRAIC surge hace ocho años a nivel nacional, principalmente en el conurbano bonaerense (La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús). Hace tres años obtuvieron la inscripción gremial nacional, que conlleva la posibilidad de tener delegaciones en todas las provincias. El 2 de marzo crearon la sede bahiense.

Desde entonces están en campaña para “normalizar la situación” en Bahía, ya que observan mucho trabajo en negro y precarización laboral (como ocurre en diversos rubros). En el caso de García y Parada, se afiliaron al nuevo sindicato “porque teníamos un gremio [UOCRA] que nos había desamparado totalmente, donde la corrupción es muy evidente y no podías hacer uso de la libre expresión”.

¿Cómo llevan adelante el reconocimiento por parte del Estado y la representación gremial?

 El dirigente afirmó que es un problema porque “a medida que avanzamos como sociedad se generan estos planteos. La Constitución dice que sólo un gremio por cada rubro puede tener la personería jurídica (que los habilitaría a participar de las paritarias, por ejemplo), que no quiere decir que sea el gremio de preferencia”.

Sin embargo, cuando se consiguió la inscripción gremial “fue un paso muy importante”. El próximo, asegura García, es “demostrar que el sindicato que tenemos enfrente no es el que lleva ‘la batuta’. Ellos lo enmarcan solamente en tratar de llevar el poder que han conseguido con los años, directamente con violencia, discriminación. No conocen otra forma, no conocen lo que es la democracia, hacer respetar al compañero, lo que realmente el compañero quiere. Prácticamente se han perdido todos los derechos en nuestro rubro”.

También comentaron que en los primeros meses de trabajo sufrieron hechos de violencia y discriminación por parte de la UOCRA. Por ejemplo cuando denunciaron las precarias condiciones en que trabajaban en una obra de Los Chañares. Una inspectora se acercó al lugar para clausurarlo y minutos después de retirarse, el delegado regional del Ministerio de Trabajo levantó la clausura. García habló con él y “nos dijo ‘me apretaron, tuve que levantarla’. Y pienso ¿cómo puede ser que un grupo de matones pase por encima del Estado?”.

Los compañeros de trabajo tuvieron que volver a la obra porque “no se podían resistir. El apriete era ‘laburen o los despiden’”. El gremialista asegura que el Municipio no tomó cartas en el asunto, y hasta lo consideró una ‘interna gremial’.

El 7 de marzo los integrantes de SITRAIC presentaron un petitorio ante el intendente y el Secretario de Obras Públicas “porque queríamos hacer un planteo respecto a nuestra bolsa de trabajo y cómo íbamos a trabajar en Bahía. Hasta el día de la fecha no nos atendieron”.

También denunciaron que quienes se acercan al gremio son despedidos o no consiguen trabajo. Y esto no es de ahora sino que “funciona así hace años. La conducción UOCRA lleva 14 años en el mando. Cada vez que se han presentado compañeros a una lista opositora automáticamente después no consiguen trabajo en ningún lado”.

El caso más reciente fueron los despidos en Indupa a principios de agosto, razón por la que tuvieron que cortar el ingreso al Polo para obtener alguna respuesta de sus empleadores, APB (Alta Presión Bahiense), una empresa tercerizada: “Niegan todo. Niegan el apriete de UOCRA. Han sido citados al Ministerio, el viernes pasado y no hay arreglo. Salieron diciendo que nunca fueron apretados”.

La semana pasada hicieron uso de la Banca 25 en el Concejo Deliberante, y presentaron un petitorio que reclama “que se respete la igualdad de condiciones, que se abra la bolsa de trabajo para afiliados de SITRAIC, que es lo que corresponde”. Piden que se sancione como ordenanza, para revalidar lo que ya dice la Constitución. “Esto lo queremos trasladar también a nivel privado. Sobre todo con las obras de envergadura que se vienen en Bahía Blanca”, afirmó García.

Los afiliados a SITRAIC tuvieron que llegar a estas instancias ya que, según Martín Parada, “el empresario tiene miedo a denunciar. Y también es cómplice. Hay empresarios en Bahía Blanca y la región que son cómplices de estos distintos aprietes [por parte del sindicato opositor]. Se lavan las manos con el obrero”.

Si el Municipio no acompaña, “no te abre las puertas y dice ‘acá hay dos gremios’… Estamos hablando de 600 afiliados en una bolsa de trabajo, de los cuales, 100 han sido despedidos en el último mes y medio”. Esa es una de las razones primordiales por las que han realizado marchas. “No podemos seguir haciendo oídos sordos, y el Estado tampoco”, aseveró Parada.

Mientras que en Carmen de Patagones lograron un convenio para que ambos gremios trabajen en Vialidad, acá no sucede lo mismo. García asegura que “cuando pasan estas cosas y se consigue la pluralidad sindical, el gremio opositor pierde fuerza. Ese es el miedo realmente”. Y considera que “en poco tiempo, como hemos avanzado, vamos a poder pedir de participar en las paritarias”.

Pedro Peralta, presidente de la ONG Seac (Seguridad Social Ecológica y Asistencia Social), denuncia la venta irregular de terrenos y la connivencia del gobierno de Héctor Gay a través del ocultamiento administrativo y la facilitación de tierras mediante la delegación municipal que ejerce el radical Alberto Sangre.

En 2015 la entidad presentó proyectos de vivienda social. “Hicimos todo como marca la ley y nos encontramos con la venta irregular de tierras”, dijo el titutal de la asociación civil en el programa El mejor equipo  de FM De la Calle.

Seac intentó hacer el seguimiento del expediente que documenta el proyecto en cuestión, mediante la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, donde está a cargo el arquitecto Luis Pites, persona que designa el intendente. El funcionario les “negaba información”.

Luego de exigir reiteradas veces esa documentación “hace unos días atrás pudimos acceder a la copia del expediente y nos encontramos con serias irregularidades. No solamente el desvío de notas y pedidos de audiencia al intendente sino también la pérdida, un año atrás, de la denuncia concreta de que se venden (terrenos) bajo forma irregular”.

“Siempre planteamos que esto roza la estafa porque para concretar la denuncia buscamos a través de estos dos años de poder acceder a una tierra con sus papeles hasta que la encontramos. Hace unos días atrás compramos una hectárea, pagamos $65 mil y nos encontramos con que, más allá de tener escritura, está un sector usurpado”.

Al mismo tiempo, “en una hoja A4 con un planito dibujado en lapicera y firmado con una gestora, un abogado de la zona y autorizado por la delegación municipal, la gente paga entre $150 y $200 mil. Sienten que son dueños de eso porque han gastado los ahorros de su vida. (La transacción) no les brinda absolutamente nada porque la gente no accede a un lote con servicios”.

Las connivencias

Luego de los reclamos de la ONG, “empiezan a aparecer muy suavemente las notas que se habían perdido en 2016. Planteamos que el Concejo Deliberante y el intendente nos tienen que recibir y escucharnos”.

El delegado Alberto Sangre ya había desempeñado esa función entre 1991 y 2003. “Supuestamente volvía un delegado que íbamos a elegir entre todos. ¿A qué se dedica Sangre? A lo mismo. No podés dejar una rama porque Sangre tiene una sociedad con volquetes y tenés que llamar a ese servicio si no te multan”. En Cerri “el trabajo no existe”.

Peralta destacó que Sangre “se dedicó a denostar nuestro proyecto. A decir que él iba a manejar las tierras. Lo invitamos. Fuimos a verlo. Nunca respondió”.

También pidió que Sangre “se disculpe con el grupo de mujeres de la ONG que fue visitarlo, a verlo y a expresarle de qué se trataba todo esto para invitarlo a trabajar en conjunto y las denostó, las ninguneó y encima las prepoteó. Ese tipo de gente tiene que dejar la política. No está para la política: que se dedique a sus negociados”.

Sangre: el más demócrata de la nueva política

Alberto Sangre realizó una declaración testimonial en 2013 en defensa del coronel (R) Alejandro Osvaldo Marjanov, luego condenado a prisión perpetua por genocida, en el marco del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad.

En aquella oportunidad, el delegado de Gay sostuvo que “Marjanov no tenía todas las vocaciones de militar, era un excelente profesional ingeniero electrónico. Nunca lo vi salir vestido de verde a la calle. Terminaba las actividades, se vestía de civil y ni llevaba el arma personal de los oficiales. Yo terminaba acomodando su habitación. No usaba custodia. Su familia contaba con cuatro hijos y cuando me estaba por ir nació el quinto. Era una persona de familia, ¿no? Con muy, muy, muy, con mucha raíz familiar”.

En esta nota se puede leer como el hábil declarante se consideraba asimismo un “hijo de la democracia”.

Se realizarán las primeras actividades de “Polo/Puerto y conflicto social: desarrollo y derechos humanos en Bahía Blanca”. El viernes habrá una charla y el sábado radio abierta, música y un mural en homenaje a Juan Cruz Manfredini y Nicolás Biernat, víctimas de la precarización laboral.

Se trata del “primer encuentro de un proyecto que es un poco más amplio y se propone discutir las diferentes problemáticas y conflictos que en Bahía Blanca se producen al calor del desarrollo del polo y del puerto desde una perspectiva de derechos humanos y a través de un diálogo de saberes que es la propuesta de esta minga”, dijo la economista Mariana Fernández Massi.

Este viernes a las 18:30 en el octavo piso de San Juan y 12 de octubre, hará su aporte académico en un panel que completarán el abogado laboralista del CELS, Diego Morales -quien participó de la Comisión de Apoyo al Juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra- y el dirigente de la CTA y el Suteba bahienses, Enrique Gandolfo. “Tercerización, precarización y derechos laborales” será la consigna.

La investigadora explicó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que en el polo petroquímico se registraron dos grandes oleadas de tercerización. “Cuando comienza su instalación y funcionamiento en la década del ’80 ya nace en un esquema en el que había cobrado bastante relevancia entre las estrategias empresariales”.

“En particular en un montón de actividades que quizás hoy nos parece naturales que lo sean, sin embargo, previo a la década del setenta, no eran tercerizadas. Eran trabajadores que estaban encuadrados en los convenios colectivos de la actividad, como es el caso de vigilancia, gastronomía, limpieza general”.

Con la privatización, las multinacionales empeoraron las condiciones laborales. “En Solvay hubo un proceso bastante más fuerte de precarización que el que se dio en Dow PBB”. Sobre todo en las áreas de mantenimiento industrial donde los trabajadores se exponen al mayor riesgo.

“Quizás es la parte más relevante para pensar sobre todo la violación extrema de los derechos humanos al punto de violar el derecho a la vida”, propuso Fernández Massi.

Las diferentes modalidades de organización del polo petroquímico tuvieron su contra relato en las diversas formas de fragmentación de los colectivos de trabajo.

La economista destacó como un hito el paro petroquímico del 8 de julio de 2009 “porque es un reclamo que unió a un sector específico, que eran los trabajadores de limpieza, que tenían un salario muy, muy, por debajo del promedio del de cualquier otro trabajador del complejo”.

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“Eso fue en el marco de la primera paritaria que negocia la nueva conducción del sindicato que venía de un proceso desde 2008 -bastante escandaloso- de remoción de la conducción, elecciones y asunción de las autoridades que aún lo dirigen”, explicó.

La Nueva Provincia registró el discurso empresarial de la época, el cual argumentaba que no eran trabajadores propios de las grandes transnacionales.

“Por más que desarrollen sus tareas y aporten al proceso de producción de estas empresas principales, consideran que no son responsables de ningún modo de las condiciones de trabajo, ni por los salarios, ni por la estabilidad de esos puestos”. Si bien aquella paritaria no equiparó a los trabajadores, significó una clara mejoría para el sector tercerizado.

La mayoría del personal tercerizado suele estar encuadrado en los convenios de Uocra o Empleados de Comercio y, “en general, tienen menos derechos, menor escala salarial, que casi cualquiera de los convenios de sectores de ramas industriales”.

“Es interesante entender cuál es la lógica, por qué se disputan unos trabajadores y por qué otros no”, se preguntó Fernández Massi quien sostiene junto sus compañerxs de investigación que “los acuerdos intersindicales tienen un peso importante para entenderlo”.

Siempre me matan, me matan

mapa mural

Juan Cruz Manfredini murió tras cuatro días de agonía con el 95% de su cuerpo quemado. El 17 de octubre de 2010 la oficina de Camín Cargo Control donde trabajaba explotó. Allí se guardaban ilegalmente muestras de hidrocarburos, gases, naftas, fertilizantes y distintas sustancias inflamables.

Nicolás Biernat trabajaba en la planta de membranas asfálticas de EG3 Petrobras contratado por Narelco SA. El mediodía del 2 de septiembre de 2004 fue rodeado por las llamas en un espacio cerrado y cuya puerta no tenía picaporte. Dos semanas después falleció en el hospital Alemán de Buenos Aires.

Sus rostros serán pintados este sábado en un mural que coordinará el artista plástico Francisco Felkar en homenaje a las víctimas de la precarización laboral en Bahía Blanca. Desde las 15, en Alfonsina Storni y Manuel Alberti (Paseo de la Mujer – Parque de Mayo), FM De la Calle realizará una radio abierta con el testimonio de sus familiares y trabajadores y luego se presentarán Julián Esquivel y Nativos.

Convocan: Universidad Nacional del Sur, Departamento de Humanidades UNS, Subsecretaría de Derechos Humanos UNS, ADUNS y FM De la Calle.


La familia de Santiago Maldonado querellantes en la causa penal 8232/2017 del Juzgado Federal de Esquel, junto a nuestra abogada Verónica Heredia decimos:

  1. Santiago es víctima de desaparición forzada desde el 1 de agosto de 2017 en la Provincia del Chubut, Argentina;
  2. La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado –Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades;
  3. La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado;
  4. Es un delito continuado: todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago;
  5. Por eso la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;
  6. Tenemos el derecho a que no se presuma el fallecimiento de Santiago y exigimos que las autoridades respeten nuestro derecho;
  7. Hasta la fecha la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada. Por ser un delito de Estado la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis;
  8. Al despejar todas las dudas sobre la hipótesis mayor se llegará a cualquiera menor. Por el contrario el paso del tiempo garantiza la impunidad;
  9. La impunidad garantiza la repetición de los hechos, como los de Iván Eladio Torres Millacura, Sergio Avalos, Julio López, Luciano Arruga, Facundo Rivera, Daniel Solano, César Monsalvez, entre otros;
  10. La familia y la sociedad tenemos el derecho absoluto a conocer la verdad.

Por eso exigimos a las autoridades judiciales y políticas tomen todas las medidas a fin de garantizar:

  1. La inmediata aparición con vida de Santiago;
  2. Se inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;
  3. Se requiera la colaboración del Dr. Mario Coriolano a fin que se conforme un equipo de investigación a cargo del Dr. Alejandro Mejías Fonrouge;
  4. Se garantice a la familia la participación activa en la investigación y su control;
  5. Garantice seguridad física y psicológica a los familiares, amigos y a todas las personas que colaboran con la investigación en calidad de testigos.

 A los medios de información les solicitamos que asuman un rol responsable frente a este hecho que impacta en las bases del Estado de Derecho; requieran la información a las autoridades del Gobierno Federal y Provinciales; sean respetuosos con Santiago y nuestra familia evitando todo tipo de hostigamiento.

A los organismos de derechos humanos, sindicales, sociales y a todas las personas que nos han acompañado desde el inicio nuestro más profundo agradecimiento y les solicitamos que acompañen este documento.

Fuente: http://www.santiagomaldonado.com

Luego de los primeros seis meses del Relevamiento Nacional de Barrios Populares que llevan adelante distintas organizaciones sociales ya se entrega el Certificado de Vivienda Familiar, un documento creado por el Decreto Nacional 358/17 que permite solicitar el acceso a los servicios públicos como agua corriente, cloacas, energía eléctrica, red de gas natural.

Asimismo, sirve de título suficiente para la acreditación de domicilio legal o fiscal ante cualquier autoridad nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas. Con este certificado se puede solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) y prestaciones de salud, previsionales y educativas. Para el caso de habitantes extranjeros, el CVF sirve directamente como certificado de domicilio.

Según informaron CTEP, CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas ya fueron recorridos más de 4100 villas y asentamientos en todo el país. “Lograr el acceso de forma igualitaria a todos los servicios públicos es el desafío más importante. Hoy se estima que más de tres millones de personas viven en condiciones de absoluta precariedad, sin acceso a agua potable, electricidad o cloacas. Pero los servicios públicos también incluyen la recolección de residuos, transporte, acceso a salud y educación, derechos fundamentales para tener un techo digno, que hoy están negados para gran parte del pueblo”.

En diálogo con El Mejor Equipo de FM De la Calle Yanina Lencina, integrante de Techo, comentó que “desde diciembre estamos pasando casa por casa en los barrios populares, en toda la periferia de Bahía, relevando a las familias que hace muchísimo tiempo están en asentamientos y barrios populares”. Ya pasaron por 9 de Noviembre, Paloni, Ferrocarril Roca, Los Mexicanos y continúan su trabajo en Caracol I y Caracol II.

“Todas las personas que ya fueron relevadas pueden pasar a buscar el Certificado de Vivienda Familiar por ANSES”, agregó. Para las familias que aun no fueron censadas, las organizaciones locales explicaron que junto a vecinos y vecinas siguen recorriendo los barrios populares. “Las visitas se realizarán en distintos horarios y cualquier habitante de la casa, mayor de 16, puede contestar la encuesta”.

Más información puede encontrarse en la página de Facebook “Barrios Populares” o escribiendo a [email protected]

Foto: Interbarrial Sur.