(Por Francisco J Cantamutto) Tal como señalamos a principios de año, el programa económico de Cambiemos estaba orientado por el relanzamiento de la ruta de la deuda. Esa era el significado del slogan de “volver al mundo”: retornar al mercado de deuda internacional, a cualquier costo.

Primero fue el anuncio realizado a fin de año, mientras los medios cubrían fugas de delincuentes por medio país, del remate a precio vil de bonos en manos del Banco Central, repartidos entre JP Morgan, Citibank, HSBC, Deutsche Bank y Goldman Sachs, por el cual 16.000 millones de dólares de deuda cambiaron de acreedor: del propio Estado a bancos internacionales. El siguiente episodio fue el bochornoso arreglo con los fondos buitres remanentes (remanentes porque otros buitres habían conseguido arreglo antes), por la friolera de 12.500 millones de dólares, a los que se sumaron otros 4.000 millones para apuntalar reservas. Entre ambas onerosas operaciones, las tasas de interés en dólares se ubicaron por encima del 7% anual en dólares, una estafa de escala internacional. Esto se suma a las emisiones de deuda aprobadas en el presupuesto enviado al Congreso por el gobierno anterior, por 23.400 millones de dólares.

Un auténtico festival de deuda, para el cual el legado kirchnerista fue muy importante. El gobierno previo buscó infructuosamente reinsertar al país en el mercado de deuda durante 12 años. En los últimos años, merced del deterioro del saldo comercial, se condujo una política contradictoria para resolver el problema externo. Por un lado, se intentó conciliar con el capital extranjero –productivo y financiero- las demandas compatibles con el funcionamiento de la economía: se pagó a REPSOL por encima del valor contable de su participación en YPF –a pesar de los conocidos fraudes cometidos-, se reconocieron los fallos del CIADI del Banco Mundial –tribunal que reconoce fallar siempre a favor de las transnacionales-, se reconoció la deuda proveniente de la dictadura con el Club de París –aumentada en un 60%-, se abrió por vez tercera el canje de los buitres en 2013, se declaró al pago de la deuda “de interés público” (Ley 26.984),  y se proclamó –como si fuera motivo de orgullo- que Argentina era una “pagadora serial”.

Debido a que estas concesiones no provocaban el efecto buscado en lo inmediato, el gobierno de Fernández buscó contener dentro del país los recursos externos mediante controles a las importaciones, a la remisión de utilidades y a la compra de dólares con motivos de atesoramiento o consumo suntuario. Estas medidas hacían que las demás concesiones no articularan un programa claro, por lo cual el capital financiero internacional –que obtuvo ingentes ganancias- no terminó de habilitar sus recursos. Ante este escenario, el kirchnerismo optó por endeudarse con China –créditos swap- y con organismos multilaterales de crédito. Los cambios en la moneda de denominación y de acreedores permitieron un manejo financiero más holgado, mientras los recursos externos abundaron, pero no alteraron los fundamentos de la relación de la deuda. La negativa de más de una década a auditar la deuda, el reconocimiento de jurisdicción extranjera en la materia y la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo constituyen el eje de la continuidad de la deuda durante el kirchnerismo.

La prueba está en la rapidez con que Cambiemos pudo revertir los “logros” previos, montado sobre el resultado previo. Junto a los pedidos de perdón del ministro de finanzas Prat Gay en España, las invitaciones de Macri al presidente Obama, las rondas de ambos entre los foros de Davos, G20 y Mini-Davos, lo que se ha promovido es una subordinación sin ambigüedades a los dictados del capital internacional.

¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora?

El Banco Central presenta mes a mes los resultados del balance cambiario, donde se pueden constatar los resultados del intercambio de Argentina con el mundo. De acuerdo este instrumento oficial, en el mes de agosto las reservas cayeron en 1.362 millones de dólares, cerrando con stock total de 31.150 millones. Este valor está aún por encima del nivel de noviembre de 2015, debido a los dos momentos de ingresos de reservas comentados antes –el canje de bonos en enero y la emisión sobrante del pago a buitres en abril.

Este saldo resulta de una ecuación similar a la que caracterizó al kirchnerismo desde 2013: déficit en la cuenta corriente y superávit en la cuenta capital y financiera. Es decir, un regreso a los dólares “especulativos” ante la insuficiencia de los dólares “comerciales”, tal como antes comentamos. Si bien el balance de mercancías arroja aun superávit, este se ve anulado por el déficit en el sector de servicios: al igual que en el período enero-agosto del 2015, del intercambio de bienes y servicios con el exterior, Argentina ya no genera excesos sistemáticos. De aquí los reclamos por nuevas devaluaciones, flexibilización del mercado de trabajo, mayor desgravación fiscal: búsquedas espurias por obtener mayor competitividad.

Desde principios de año, el ingreso de capitales se produjo por la vía estrictamente financiera: 9.553 millones por deuda privada, 15.893 millones por deuda pública, 1.096 millones por préstamos de organismos multilaterales, y 1.237 millones por inversión de cartera. Esta gran acumulación de recursos financieros ha tenido en los títulos públicos su principal destino: la cantidad de bonos se han incrementado para ser hoy equivalente al 85% de la base monetaria, pagando en su última colocación casi 27% anual en pesos a 35 días. En varios de estos casos se trata de resultados netos que oscurecen un movimiento más grande aún de capitales; en el caso de los organismos de crédito, por ejemplo, se trata del resultado 13.467 millones ingresados y 12.372 millones pagados.Argentina se está tornando una gigantesca máquina de reciclar ganancias en dólares: entran por una ventana y salen por la otra.

Al mismo tiempo, los pagos al capital se incrementaron de manera brutal: en estos 8 meses, respecto de igual período de 2015, los pagos de intereses se duplicaron (8.602 millones) y las remisiones de utilidades aumentaron 11 veces (1.916 millones). La fuga de capitales alcanzó un mínimo registrado de 8.993 millones, el doble que el año pasado. Es decir, la entrada de capitales financia la salida de capitales.

La prueba de esta falta de compromiso en actividades productivas que exijan algún tipo de compromiso de mediano plazo es que la inversión extranjera directa apenas alcanzó los 1.642 millones, a pesar de las promesas del gabinete y los gobernadores. Más de un cuarto está explicado por el sector petrolero, siendo la inversión nula en la mayor parte de las actividades.

El endeudamiento juega un papel central en el esquema económico de Cambiemos: financia el déficit fiscal y el déficit externo. Y lo hace a costa de una muy acelerada ruta, que consolida las continuidades previas, despojándolas de toda contradicción. Estamos mirando de frente a un esquema explosivo, cuya cualidad inflamable ya hemos conocido en el pasado.

El viernes el Tribunal Oral Federal de Neuquén leyó el veredicto del juicio Escuelita IV en el cual otorgó absoluciones y penas menores a 10 años de prisión. Solo recibió prisión perpetua el jefe de inteligencia del comando de la Sexta Brigada del Ejército, Oscar Reinhold. Fueron juzgados 22 genocidas por los casos de 28 víctimas de las cuales la mitad permanecen desaparecidas.

Según manifestó a FM De la Calle la abogada querellante por el Ceprodh, Natalia Hormazabal, fue “una sentencia escandalosa que no condice con la verdad histórica de nuestros compañeros y compañeras pero sobre todo con lo acontecido en este juicio que ha durado casi un año, hemos presenciado testimonios muy importantes donde ha quedado claro, no solo en este juicio sino en los anteriores, cómo funcionó el circuito represivo, cuál fue la responsabilidad de las distintas fuerzas, de sus integrantes”.

Los jueces Alejandro Silva, Guido Otranto y Marcos Aguerrido condenaron a 10 años a los oficiales de inteligencia del Ejército Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín. Osvaldo Laurella Crippa y Raúl Guglielminetti recibieron 8 años de prisón, Gustavo Vitón y Alberto Camarelli 6 años, Nestor Castelli 5 años, Saturnino Martínez, Hilarión de la Paz Sosa y Jorge Alberto Sosa recibieron 4 años de prisión por condena y Emilio Rozar 3 años. Los represores Enerio Huircain, Enrique Sires, Gustavo Sommer y Julio Héctor Villalobo fueron absueltos. José Luera, Enrique Braulio Olea y Luis Alberto Farías Barrera fueron apartadas del juicio por “incapacidad sobreviniente”.

Reinhold, Laurella Crippa, Olea y Farías Barrera integran la lista de los genocidas que deberían ser juzgados a partir del 11 de octubre en Bahía Blanca en el marco del cuarto juicio de lesa humanidad, tercer tramo de la causa Ejército. Al igual que ahora los últimos dos, tiempo atrás fue apartado de las causas bahienses el jefe del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén Mario Alberto Gómez Arenas.

Hormazabal aseguró que el fallo “tiene por finalidad estar acorde con los aires de época, en un momento donde se discute desde el gobierno nacional el número de desaparecidos, se reeditan teorías anacrónicas como las de la guerra o los dos demonios, también en boca de los imputados a lo largo del debate, sin dudas es una sentencia que atiende esta situación y genera mayor impunidad para cada una de esas fuerzas” y demuestra “la necesidad de redoblar los esfuerzos para seguir luchando por cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas”.

Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, dijo en una radio abierta que la RNMA realizó en las puertas del tribunal, que “hace 40 años que caminamos las calles de Neuquén, que colgamos el delantal en la cocina sin saber a dónde, ni cómo, ni cuándo, ni quién nos iba a recibir; tantos lugares que hemos recorrido con la esperanza de saber qué carajo hicieron con nuestros hijos, dónde están, eso es lo que queremos saber” y “este Tribunal le ha dado a los asesinos de los argentinos una miseria de años, tienen que ir a cárcel perpetua, para toda la vida; cuántos jóvenes no van a volver, siguen desapareciendo en este país y nadie se preocupa, ningún gobernante, ni los jueces, total les pagan bien”. Concluyó diciendo que van a “seguir en la calle hasta el último día de nuestros días, porque queremos justicia, porque esta no es la verdad”.

Fuentes: http://juicioescuelita2.blogspot.com.ar/ y FM De la Calle.

Ayer, el ministerio de Educación recibió a dirigentes mandatados por las bases de docentes de universidades nacionales. “Lo que esperábamos y lo que nos llevamos fueron resultados coincidentes”, dijo el titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, a FM De la Calle.

La cartera viene reafirmando en diferentes declaraciones que no habrá reapertura de paritarias. El gobierno también lo hizo “a través del presidente de la nación” quien manifestó “que no había posibilidad de reabrir las paritarias. Por eso la reunión fue protocolar. Se hizo porque estaba incluida en el acta acuerdo firmada en el mes de mayo”.

El gobierno dijo a los y las representantes que “no están dispuestos a reabrir la discusión salarial, que quieren seguir monitoreando la inflación, que para ellos la inflación iba en franco descenso”.

Con la negativa como respuesta, se pautó una nueva reunión para el 12 de octubre.

Concluido el trámite por las parte, “en forma inédita la Conadu y la Conadu Histórica llamaron a una conferencia de prensa conjunta y anunciaron frente al ministerio de educación un paro para este próximo martes 4 de octubre y la continuidad del plan de lucha en unidad de acción”.

solidaridad

Por parte, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina recibió muestras de solidaridad y adhesión a la campaña contra los despidos a dirigentes y delegados del sindicato docente de la provincia. Desde el SUTEF y la CTA Autónoma de Tierra del Fuego impulsan iniciativas de solidaridad con recolección de firmas.

Luego, la Conadu Histórica tuvo su congreso para el cual el martes ADUNS definió en asamblea a sus delegados y delegadas. Zaninellí informó que se determinó “adherir al paro y fijar como paro de 48 horas los días jueves 13 y viernes 14 de octubre en coordinación con la Conadu y con otras organizaciones que quieran seguir reclamando esta justa reivindicación que es de reapertura de la discusión paritaria, la desaparición del impuesto a las ganancias sobre el salario a los trabajares y un presupuesto educativo acorde a las necesidades los trabajadores y los estudiantes”.

El economista Julio Gambina analizó, en diálogo con FM De la Calle, los números sobre pobreza difundidos por el INDEC y resaltó que el 32,2 por ciento de la población viva en esa condición es una cifra “abrumadora” aunque “lo ideal hubiese sido generar una estimación estadística entre el último dato de 2013 y la actualidad”.

“El INDEC prefirió tomarlo como punto de partida y políticamente el gobierno de Macri lo utiliza y dice quiero que me evalúen desde ahora, con lo cual está obviando todo el ajuste que hubo en estos diez meses. La Universidad Católica cuando dio su dato, que era a marzo de 2016, señaló que la pobreza había pasado de un poquito más del 29 por ciento al 32,4 por ciento a marzo”, afirmó.

El economista precisó que “la inflación de abril fue del 6,5 por ciento, o sea que el deterioro de los ingresos populares en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ha sido brutal. Al mismo tiempo que se informan estos datos del INDEC ayer se conoció que hay una caída del consumo en el mes de agosto, algo que es bastante inesperado” y “los datos del PBI a junio hablan de una recesión consolidada con caída de la producción de junio de 2016 contra junio de 2015 del 7,9 por ciento de la industria manufacturera que es el sector más importante en pérdidas de empleo”.

“Los datos de la pobreza consolidan y confirman el ajuste de redistribución regresiva que hay en la Argentina, por eso es incorrecto que Macri salga a decir que a él tienen que evaluarlo a partir de ahora. Y es más, ya corrigió su primer mensaje presidencial cuando asumió el 10 de diciembre, dijo que el objetivo es pobreza cero y ahora dice que no alcanza un período presidencial para eliminar la pobreza en Argentina”.

“Eso que solo estamos hablando de la pobreza por ingresos, si habláramos de la pobreza estructural, lo que en los censos nacionales se habla de necesidades básicas insatisfechas, es decir, esas condiciones de pobreza absoluta en que vive una parte importante de la población, veríamos que hay una situación estructural de pobreza en Argentina y que se ha subido el piso”, concluyó Gambina.

Un@ de cada tres habitantes en Argentina es pobre, y el 6,3 por ciento de la población es indigente según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El relevamiento del organismo, que corresponde al segundo trimestre del año, mostró que alrededor de 8,7 millones de personas que viven en grandes centros urbanos son pobres, lo que equivale al 32,2 por ciento de la población, y, entre ellas 1,7 millones de personas son indigentes.

El presidente Mauricio Macri abandonó la principal promesa de campaña al destacar que “es obvio que no alcanzan cuatro años” para llegar a la “pobreza cero” y a pesar de los despidos, el ajuste y los tarifazos -entre otras políticas de tranferencia de ingresos hacia los grupos económicos concentrados- aseguró que las medidas tomadas por su gestión generarán empleo y mejorarán la educación pública y serán el camino para reducirla.

Las mediciones del Indec se basan en la consideración de indigente a aquella persona o grupo familiar que no cuenta con los ingresos mínimos como para comprar los alimentos indispensables de subsistencia comprendidos en la Canasta Básica Alimentaria, que costaba 5.175,92 pesos en agosto para una familia compuesta por dos mayores y dos niñ@s de 6 y 8 años.

Ese mismo grupo familiar requirió de 12.489,37 pesos para poder adquirir la Canasta Básica Total (CBT) -compuesta por alimentos, indumentaria y servicios básicos-, para no caer por debajo de la línea de pobreza, informó el Indec.

“Esta no es la única forma de medir la pobreza e indigencia, pero para realizar una medición multidimencional, que sería complementaria al método actual, se requiere mucho trabajo, y en esta etapa de emergencia estadística, tratamos de centrarnos en nuestras potencialidades”, explicó Jorge Todesca, al dar a conocer las cifras en una conferencia de prensa en la sede del organismo.

La región con mayor porcentaje de pobreza es el Noreste, con el 40,1 por ciento, seguido por el Noroeste (35,8), Cuyo (35,6), Pampeana (32,6), Gran Buenos Aires (30,9) y Patagonia (24,7 por ciento). En los aglomerados mayores a 500 mil habitantes, la pobreza se ubicó en 31,8 por ciento, mientras que en las ciudades por debajo de ese nivel de población, en el 34,2 por ciento. En el caso de la indigencia esa relación es inversa: es el 6,6 por ciento en las ciudades más grandes y 5,0 por ciento en las de menor porte. El Noreste es en general la región de peores indicadores y la Patagonia muestra los mejores números.

El Gran Buenos Aires (GBA) es la región de mayor relevancia para explicar la cantidad de pobres e indigentes. El Indec registró 4.543.000 pobres en el GBA y 917.000 indigentes. En segundo lugar, en la región Pampeana hay 1.925.000 personas pobres y 453.000 indigentes.

Por edades, el sector más afectado por la pobreza es el de los adultos de entre 30 y 64 años, que representan el 40,3 por ciento de la población y concentran el 34,9 por ciento de la pobreza y el 32,1 de la indigencia. Le siguen los niños y adolescentes de 0 a 14 años, con 32,3 y 33,1 por ciento, respectivamente. Luego los de 15 a 29 años, con 29,5 y 32,2 por ciento. Y finalmente los de más de 65, con 3,3 y 2,6 por ciento.La región del Noroeste, con el 40,1 por ciento es la que tiene mayor tasa de pobreza, seguida por la del Noreste con el 35,8 por ciento y Cuyo 35,6 por ciento.

La directora de la Encuesta Permanente de Hogares, Cynthia Pok, destacó que las mediciones hechas por la intervención del Indec, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “no se pueden comparar” con los nuevos números porque las anteriores “estaban mal hechas. No se puede mirar frescamente eso como un dato”.

El último relevamiento de este tipo de datos se realizó a mediados del 2013, durante el último mandato de la Cristina Fernández de Kirchner.

Las explicaciones sobre por qué se dejaron de difundir estas cifras vinieron mucho después, en marzo de 2015, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió desconocer “el número de pobres” y consideró esa medición como “bastante estigmatizante”.

Pero tres meses más tarde, y sin que se supiera ninguna medición oficial, la propia presidenta, ante la 39na Asamblea de la FAO aseguró que el índice de pobreza se ubicaba en Argentina “por debajo del 5 por ciento, y el índice de indigencia en 1,27 por ciento”, gracias a las políticas activas implementadas a partir de 2003.

Ya en esos momentos el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), estimaba que el índice de pobreza trepaba en el 2014 al 27 por ciento de la población, mientras que la propia CTA oficialista la había estimado en el 17,8 por ciento.

Para fines de 2015, el Observatorio Social de la UCA estimó que la pobreza alcanzaba a 29 por ciento de la población, y la indigencia a 5,3 por ciento.

Fuentes: Télam, Página/12, FM De la Calle.

(Por ¿Quién te juna?) Históricamente se conocía al acto de adoptar como una obra de caridad, sin embargo, mediante fueron pasando los años el significado fue cambiando, hasta el día de hoy, que es conocido como el acto que realizan muchas parejas, como también padres/madres solteros, cuando no tienen la posibilidad de concebir o ya tienen un hijo y deciden cuidar de otro niño. Para poder tener la tenencia de un menor, los padres deben atravesar una etapa, donde el juez, analiza si poseen los requisitos para brindarle el amor y contención necesario en su crianza.

En el año 2015, Marcelo Feliú impulsó una nueva ley que puso como eje principal el agilizar el proceso de adoptabilidad, con un plazo fijo de seis meses para que los jueces analicen los expedientes, donde se cuenta desde que se toma la primera medida de protección del menor que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, y con el resguardo de las debidas garantías del debido proceso para todas las partes involucradas, para que el juez decida si están dadas o no las condiciones de “desamparo moral o material” y así resolver la situación de adoptabilidad del menor cuyos derechos se vean afectados.

Con respecto a los postulantes para adopción, algunos de los requisitos fueron modificados, entre los que se encuentran la diferencia de edad entre adoptante y adoptado que antes era de 18 años y ahora bajó a 16. También se permite que adopten las uniones convivenciales, algo que antes no se consentía y se mantiene la posibilidad para personas solas y matrimonios. En este último caso se extiende la posibilidad también a los matrimonios igualitarios.

Este nuevo código, se enfocó principalmente en los tiempos del proceso, el cual implica tres etapas: un estado de adoptabilidad del niño; una guarda provisoria; y el juicio de adopción.

Todos estas reformas fueron pensadas a favor del niño, para evitar que generen lazos afectivos con guardas provisorias con las que no puedan mantener el vínculo a futuro y con el objetivo de garantizarles una estabilidad emocional.

El amor más allá del deseo

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En nuestra ciudad se encuentra la agrupación “M.A.M.A.-Movimiento de Ayuda a Matrimonios Adoptantes” la cual brinda apoyo desde 1985, con los objetivos de dar información y contención psicológica para a aquellos que todavía no se iniciaron el proceso de adopción, también a las personas que se encuentran en lista de espera, como también los casos que se encuentra vinculado con algún niño o las que ya tienen un menor por la vía de adopción.

Con respecto a los temores que enfrentan los padres antes, durante y luego del proceso, Carolina Recalde directora de MAMA explica “hay muchos miedos, incertidumbres. Hay un poco de idealización en los pretensos adoptantes, en que cuando llega el niño ‘bueno llegó y ya se termino todo, y le damos para adelante’ o la historia de ese niño y ya está. No, hay que respetarla, uno adopta con la historia, entonces hay que estar preparados. Lo que nosotros tratamos es que los papás estén lo mejor preparados para cuando llegue ese niño a la familia”.

Por otra parte, refiriéndose a la otra cara, en que los padres que adoptan, luego de un periodo junto al niño los devuelven a la justicia, Recalde afirmó: “el tema es que la gente necesita pedir ayuda. Porque esto tiene que ver con la idealización. Vos idealizás un chico o una nena y después no cumplen esas expectativas que vos tenes, entonces decís bueno, al primer berrinche lo devuelvo. Entonces, ante esa situación, hay que pedir ayuda”.

“Si estuviste idealizando a ese niño, tal vez, ese niño también idealizó a sus padres “¿cómo serán mis papás cuando los encuentre?”. Entonces, creo que cuando uno tiene el deseo y cuando llega el hijo, ya el hijo es para siempre” agregó.

Respecto al hecho que muchas parejas deciden adoptar bebés y no niños de dos años en adelante, explicó que “para muchos implica, que tiene menos historia, lo amoldo a mi manera…le puedo dar la mamadera, cambiar los pañales y lo puedo llevar al jardín. Básicamente es eso. Bueno, bárbaro… sí. Pero, cuando vos adoptas un niño más grande, no le cambiaste los pañales, no le enseñaste a caminar, pero le podés enseñar otras cosas. Hoy por hoy, el 95% de los matrimonios o los homoparentales quieren niños menores de 3 años. Pero la realidad, es que la mayoría de los niños que hoy están en estado de adoptabilidad son mayores de 6 años”.

En cuanto a la relación del chico con el padre adoptivo el psicólogo Alejandro Osorio aseguró: “Uno ve diferentes relaciones con los padres adoptantes, mucho tiene que ver la postura y la actitud de estos padres hacia esos hijos. El hecho de transmitirle la verdad. El poder haberle dado amor, seguridad, contención, puede transformar el hecho de haber sido adoptado en algo no necesariamente traumático. Porque estamos constituídos desde lo psicológico desde el cariño, el amor, nos identificamos a partir de ahí, entonces cuando nos encontramos con adultos contenedores y que saben dar amor, que saben poner este deseo, no desde el narcisismo, sino desde construir una familia. Uno observa que no necesariamente debe quedar una huella en ese hijo adoptado”.

También recalcó: “La familia, no viene dado desde lo sanguíneo. La familia es quien te da amor y quien te cuida, entonces se sienten realmente hijos y adquieren características propias de la familia, estilos familiares. No así, que he tenido también pacientes a los que se les ha ocultado la verdad hasta la adolescencia, pueden tener una huella más traumática”.

Con referencia a los temores que enfrentan “están el no poder dar amor, no congeniar con el niño y en esto entra el secreto de la adopción. El amor es libre, no ata, no prohíbe. Es desde la libertad que uno se relaciona en el seno familiar o en las amistades, como en la pareja. Y la condición de la libertad es necesaria también con los hijos. Un papá, sean hijos adoptados o biológicos, no puede coartar la libertad de este hijo. Acompaña, aconseja, habla desde la experiencia, pero nunca puede dirigir la vida de ese hijo, entonces ahí se necesita un acompañamiento hacia el adulto, ese papá y esa mamá para que puedan sentir esa seguridad, de que si han creado en vínculo, pueden ir con la verdad”, aclaró Osorio.

Para finalizar, al hablar sobre los prejuicios que se les tiene a los matrimonios igualitarios afirma “me parece que va por la capacidad de brindar esta contención, este apoyo, amor. Pero por otro lado, a mi entender, la sociedad le falta evolucionar, lamentablemente, porque no está preparada para aceptar esto”.

Con una movilización desde el Obelisco a la Cancillería se conmemoró en Buenos Aires el segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La actividad convocada por la Asamblea de Mexicanxs en Argentina contó con la presencia de Cristi Bautista, madre de una de las víctimas del crimen de Estado terrorista que conduce Enrique Peña Nieto.

“Ayotzinapa a todas luces es un crimen de Estado, no solamente por la participación explícita y probada de policías municipales y ministeriales de la ciudad de Iguala sino también por la participación de militares la noche de aquel 26 de septiembre de hace dos años”, afirmó a FM De la Calle Mónica Mexicano.

La integrante de la Asamblea destacó “la omisión del Estado mexicano ante las primeras horas, que eran cruciales para empezar a buscar a los chicos, cuando ya se evidenciaba mediante las pruebas que se trataba de una desaparición forzada. Hay numerosos testimonios de los sobrevivientes, así como videos que muestran que fueron los policías municipales quienes se llevaban a los chicos en las camionetas”.

“Eso se contrasta con esa supuesta verdad histórica que el Estado mexicano quiere hacer creer mediante el cerco mediático que los medios de comunicación en México hacen, con esta gran mentira que dice que los chicos fueron llevados por el crimen organizado, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. El Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinario, donde también participa el Equipo de Antropología Forense, mediante pruebas científicas han podido determinar que esa supuesta verdad histórica es una mentira”.

Mexicano dijo que continúan exigiendo junto a los familiares “la aparición con vida de los chicos” porque “hay pruebas que dio el GIEI que siete días después de que desaparecieron los celulares siguieron activos dentro del campo militar de la zona de Guerrero. Sabemos que ellos saben dónde están los chicos y es lo que queremos que nos digan: dónde están”.

“Hay un par de personas detenidas que fueron los que el Estado inculpó como parte del crimen organizado pero sabemos que son lo que acá llaman perejiles, personas que mediante la tortura hacen declaraciones falsas. Además está preso el gobernador de Iguala, la ciudad donde acontecieron los hechos, junto con la mujer, pero no acusados por este crimen de Estado sino acusado por lavado de dinero, lo cual no tiene nada que ver con la situación que se está planteando. Para nosotros fue un intento de lavado de cara del Estado mexicano ante la presión internacional”, manifestó la activista.

La integrante de la Asamblea de Mexicanxs comentó que “en repetidas ocasiones hemos ido a Cancillería exigiendo al gobierno argentino que se pronuncie contra las graves violaciones sistemáticas que el gobierno mexicano está cometiendo, entendemos que es un crimen de Estado y que hay Estados que bancan esta situación, ningún mandatario se ha pronunciado sobre Ayotzinapa nunca. No nos queda más que apelar a la solidaridad de la gente, de los pueblos, y continuar con esta exigencia de justicia”.

“Los 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos son estudiantes que quieren ser maestros, la escuela normal de Ayotzinapa es un espacio que posibilita la formación de profesores de gente que viene del campo, que no tiene recursos para estudiar en otra escuela, da la posibilidad de internarlos, de que vivas en la escuela, te pagan la comida, la estancia, te pagan para estudiar”.

“Además tiene una tradición de militancia siempre solidaria con las luchas del pueblo mexicano sobre todo donde la mayor parte son comunidades indígenas y campesinas, las cuales están en una situación de violencia política y económica, ellos siempre han sido solidarios y obviamente esa es otra de las razones por las cuales el Estado mexicano apunta a la desaparición, al hostigamiento de los militantes sociales” concluyó.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier, se mostró conforme con el avance en la causa por contaminación ambiental en el estuario y adelantó cómo sigue la investigación. La semana pasada la Cámara de Casación resolvió que sea la justicia federal la que estudie las responsabilidades penales de integrantes de los directorios de las empresas del polo petroquímico y ex funcionarios públicos del municipio y de la provincia.

Beier detalló que junto a la Fiscalía avanzarán ahora con una serie de pedidos pendientes, “son temas con relación a la representación de la parte querellante, algunas medidas de prueba y principalmente de la etapa investigativa. Todavía no se ha pedido ni llamado a indagatoria ni elevación a juicio que vendrá una vez que podamos hacer la prueba que venimos pidiendo”.

Tanto en el marco de la causa penal en cuestión como de la demanda civil que tramita el juez Agustín López Coppola en la justicia provincial, los denunciantes solicitaron un profundo estudio sobre el estado de la ría.

“Hubiese sido lo mejor que la pericia la haga uno solo para que no haya dispendio de horas de personal, de trabajo”, dijo Beier y agregó que “lamentablemente el juez en lo Contencioso Administrativo entendió que debería ser la Universidad del Sur la que haga la pericia, lo cual tampoco está resuelto porque la universidad tiene que aceptar, es una diferencia con la UBA que ya había aceptado. Según tengo entendido, por decisión de la Asamblea la universidad no hace pericias”.

Desde la casa de altos estudios local afirmaron que el tema está siendo analizado por la Asesoría Letrada a la cual el juzgado solicitó tiempo atrás copia de los convenios firmados entre la UNS y las empresas acusadas. Si descartan realizarlo, será la Facultad de Agronomía de la UBA la responsable. En la causa penal ya está definida la intervención de la UBA y la Policía Federal y se busca que el Consejo de la Magistratura corra con los costos.

El abogado explicó que “en la causa civil la pericia es una prueba más y dentro de las pruebas ofrecidas está el expediente penal. O sea que el juez, sea este o la Cámara o la Corte o el último en resolver, cuando analice la prueba va a tener que analizar tanto la producida en la civil como en la penal porque esta va a ser como un antecedente de la civil”.

En cuanto al plan de obras exigido a ABSA por parte de López Coppola para que la empresa bonaerense deje de verter líquidos cloacales sin tratamiento al estuario, Beier informó que a pesar de las noticias sobre la puesta en marcha de la planta de reutilización en Ing. White, nada fue oficialmente comunicado al juzgado.

El magistrado les dio un plazo de 180 días para hacerlo, se venció, la querella pidió que se lo dé por incumplido y el juez le otorgó unos veinte días más. “Se están por vencer, en la causa civil no figura nada de todo esto, solo lo que hemos denunciado nosotros acompañando artículos periodísticos de internet o de diarios, pero ni ABSA ni la provincia han denunciado la construcción de esta obra. No entendemos por qué porque es justamente cumplir con uno de los objetos del juicio”.

“Cuando se le venza el plazo vamos a reiterarle al juez que tome una medida a ver si se lo da por incumplido o si por los recortes del diario y por lo que es de público conocimiento el juez lo considera. De todas formas el cumplimiento sería parcial porque la intima tanto por la planta de Bahía como la de Punta Alta”, concluyó el denunciante. Las sanciones contra ABSA podrían ser una multa diaria y el pase de la causa al fuero penal “porque habría una desobediencia judicial”.

A fines de octubre, se realizará una larga audiencia en la cual declararán ante López Coppola medio centenar de pescadores artesanales y una decena de testigos propuestos por las defensas de las empresas.

Los datos relevados durante el 2015 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad, vuelven a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal, y exigen reformas estructurales de manera urgente.

En el acto, que se realizará este martes 27 estarán presentes los presidentes del organismo, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, y el secretario, Roberto Cipriano García. Además, participará el vicegobernador, Daniel Salvador, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini. El presidente del Parlasur, Jorge Taiana comentará el Informe. La cita es en el salón Eva Perón del Anexo del Senado, avenida 7 esquina 49, La Plata a las 18.

Torturas sistemáticas, muertes evitables, sobrencarcelamiento, violencia policial, desprotección de los derechos de la niñez y adolescencia, crisis del sistema de salud mental y falta de acceso a la justicia son los principales indicadores de este nuevo informe. La provincia de Buenos Aires nunca tuvo tantas personas detenidas ni tantos policías en las calles como en la actualidad; sin embargo, esta política punitivista lejos de solucionar los problemas de seguridad ha incrementado las violaciones a los derechos humanos.

Entre los principales números que señalan el colapso del sistema de encierro en la provincia se encuentran: a) el récord histórico de 39.927 detenidos que llevó la tasa de encarcelamiento provincial a 255 c/100.000 habitantes, de los cuales un 56 % está detenido en prisión preventiva; b) las 145 muertes por cárcel dónde el 65 % fueron por cuestiones de salud que habrían podido evitarse; c) el registro de 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención; d) 12.787 casos de tortura denunciados judicialmente por la CPM; e) 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad de las cuales sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes con penas leves; f) 2 menores de 18 años murieron en las cárceles de jóvenes; g) 79 personas murieron solamente en dos hospitales neuropsiquiatricos públicos; h) Un 59,8 % de sobrepoblación en el sistema penitenciario, donde 34.096 personas se alojaban en las 20.732 plazas existentes en los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales.

En reiteradas oportunidades, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha advertido sobre el colapso del sistema penal. El Informe Anual 2016 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad constata, una vez más, esta grave situación. Si bien los datos expuestos son del período enero-diciembre 2015 y dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, el escenario actual no es muy diferente ni lo será a menos que se modifique la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal desde hace al menos 15 años: la persecución casi exclusiva de los sectores más pobres.

En todo este tiempo, el colapso no sólo fue denunciado internamente por la CPM mediante informes a todos los poderes, sino a nivel internacional mediante informes y presentación de medidas cautelares por la situación particular de las personas privadas de libertad en cárceles y comisarías. Estas denuncias —avaladas, en diciembre pasado, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y, más recientemente, reconocido por las nuevas autoridades provinciales— requieren medidas urgentes y herramientas institucionales que reviertan este cuadro grave de violaciones a los derechos humanos.

Es imprescindible implementar la policía judicial, las fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional, la autonomía de la defensa pública, la selección amplia, democrática y participativa de los jueces y la ley de salud mental. A esto debe agregarse la necesidad de cumplir con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de ONU y, en ese caso, reconocer la trayectoria de la CPM como organismo local o provincial de prevención de la tortura, para designarla en tal carácter.

En este sentido, desde el año 2005 la CPM viene realizando, a través del Comité Contra la Tortura, el trabajo de inspecciones sistemáticas en lugares de encierro, que se desarrolla con protocolos de intervención respetuosos de los estándares internacionales de monitoreo y se inscribe en los principios de autonomía funcional y financiera establecidos por las Naciones Unidas. Autonomía que le permite actuar con independencia de los cambios de gobierno.

En esta oportunidad, la presentación del Informe Anual. El sistema de la crueldad X se da en un contexto de reciente cambio en las gestiones del gobierno provincial y el nacional, y los datos que este trabajo deben servir como un diagnóstico y una herramienta para discutir las políticas de penitenciarias, de seguridad, de niñez y de salud mental en la Provincia. Las violaciones a los derechos humanos que se desprenden de la aplicación de estas políticas punitivistas atentan contra el sistema democrático y obligan a fortalecer la lucha contra la tortura y otras formas de violencia institucional.

(Por Francisco J Cantamutto) La semana entrante el gobierno anunciará su nuevo esquema de tarifas para el gas, en respuesta a la audiencia pública. En noviembre, una nueva revisión integral.

El tarifazo era (y es) integral al programa económico de Cambiemos. Lo anunciaron en campaña, bajo el eufemismo de “corrección” de las tarifas, y lamentablemente, en ese brío coincidieron los tres principales candidatos, cuyas fuerzas políticas no han ofrecido mayores trabas a su aplicación. En el esquema de gobierno de Cambiemos, elevar las tarifas significaba la promesa de restituir los precios que consideraba “naturales”, los de mercado, aun si esto implicaba vulnerar derechos. Para los funcionarios del gobierno, que el pueblo tenga derechos “no era normal”.

Fue la presión social el factor que puso cota a esta ofensiva, extendiendo en el tiempo la completa aplicación del ajuste. Mediante movilizaciones, actos, manifestaciones y demandas por la vía judicial se terminó forzando –por vía de la Corte Suprema- a llamar a una audiencia pública, contra la voluntad del gobierno. Debe resaltarse que Cambiemos esperaba a esta altura del año tener resuelto el problema de las tarifas, y esta serie de traspiés le ha implicado una demora, que abre disputas al interior del propio gabinete respecto de los plazos del ajuste. Los empresarios reunidos en Buenos Aires la semana pasada le reclamaron una falta de transparencia y previsibilidad en la materia, afirmando que ello amenaza sus inversiones.

La falta de argumentos consistentes produjo al menos 3 propuestas de aumento para el caso del gas, ninguna de las cuales explica la necesidad del tarifazo, dejando la discusión tan solo en los plazos del incremento. Aunque el llamado a audiencia pública, tarde y forzado por la Corte, fue presentado como la voluntad de diálogo del nuevo gobierno, pero lo cierto es que no parece haber alterado el programa original. Además de haber ocultado información y haber evitado que algunos actores se pronuncien, la propuesta del ministro Aranguren en la audiencia no difiere sustancialmente de lo antes buscado. Luego del primer intento de aumento, el gobierno puso una cota de 400% a usuarios residenciales y de 500% para PyMEs, aunque el fallo de la Corte dejó sin efectos al primero hasta la realización de la audiencia. Por ese motivo, las empresas distribuidoras de gas no han podido refacturar sino hasta ahora, contemplando un severo incremento de los impagos por falta de información clara. El silencia contemplativo de los entes reguladores es un evidente signo de complicidad. Estos argumentos fueron discutidos en el III Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que se realizó en Tucumán la pasada semana.

El gobierno debería presentar a principios de octubre su revisión, fundada en los planteos realizados en la audiencia, pero no se esperan grandes cambios. El ministro anunció que contemplará la situación de los clubes, cooperativas y PyMEs, a pesar de que estos actores no eran contemplados de manera directa por la audiencia. La propuesta es prorratear el aumento del precio del gas en boca de pozo, llevándolo de 1,29 dólares por millón de BTU a 3,42 dólares, actualizando cada 6 meses hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. De esta forma, y fuera de toda razonabilidad, se propone un sendero de aumento en dólares para los próximos 3 años. A esta suba es necesario agregarle el impacto de las devaluaciones, que el propio gobierno prevé.

Según afirman los funcionarios oficiales, es esa forma de establecería un precio equivalente al costo de oportunidad de importarlo, fomentando así la producción local. Ahora bien, dado que no hay plan de inversiones asociado, no hay ninguna garantía de que esto efectivamente ocurra. El costo de “sacar” el gas en Argentina está muy por debajo de ese precio, el problema indefinido es qué nivel de ganancias requieren las empresas para, además de extraer el recurso, explorar para poner nuevos pozos en funcionamiento. Las tarifas de gas dolarizadas de los noventa no fomentaron mayor exploración y puesta en funcionamiento, sino el desarrollo del mercado de exportación que vació de reservas el país mediante la exportación de un recurso escaso. Sin compromisos claros, mayores precios solo se traducen en mayores ganancias, pero no en mejor servicio. Las principales beneficiarias de este aumento –por su participación en el mercado- son YPF, Total Austral, Petrobras y Tecpetrol.

Por otra parte, en 2008, las tarifas de diversos usuarios en el Gran Buenos Aires subieron hasta 75%, aumentando entre 3 y 7 veces desde ese año a 2014. Estos aumentos –que Cambiemos “olvida” de mencionar- se combinaron con planes específicos –el Plan Gas- que pagaron por incrementos en el abastecimiento. Es decir, las tarifas, tanto como los subsidios, venían creciendo: la pregunta es qué hicieron las empresas con esos recursos; algo que Aranguren se niega a auditar.

Desde 2012, la producción creció de manera paulatina, centralmente por la inversión de YPF, que disminuyó en términos relativos la remisión de utilidades –recordemos que es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York- y utilizó parte de esos fondos para la exploración. Este año, la nueva “administración”, en flagrante demostración de inconsistencia, decidió remitir mayores ganancias a los accionistas, disminuyendo las inversiones en un contexto de falencias de abastecimiento. Se trata de la misma práctica de vaciamiento que promovió REPSOL (por el que luego fue “recompensada” por el kirchnerismo con un pago por encima del valor contable de su participación en YPF). La expectativa de nueva producción está centrada en el yacimiento de Vaca Muerta, cuya explotación requiere de altos precios que cubran los costos de extracción –se trata de shale gas. El gobierno espera tentar a otras petroleras a invertir, otorgando privilegios como los acuerdos secretos con Chevron.

El tarifazo no se detiene aquí. En noviembre deberá realizarse una nueva revisión integral de la tarifa, que incluya no solo el traslado del precio en boca de pozo, sino que sumen aumentos en los tramos de transporte y distribución. Debe enfatizarse que además del gas, el aumento del transporte y el agua están firmes, quedando aún en debate el eléctrico, para el cual se estaría llamando a una audiencia pública específica.

El gran resultado del tarifazo ha sido una transferencia de recursos, desde los consumidores a las petroleras. Se abandona la idea del abastecimiento energético como un derecho, para suponerlo–erróneamente- como un commodity, una mercancía. Falta de argumentos, ostensible intencionalidad ideológica (fomento a un mercado que de libre no tiene nada), y oportunidad de magníficos negocios son la trama de este tarifazo, que aun en ciernes, el gobierno no termina de estructurar.

(Por Mauro Llaneza) La justicia federal bahiense debe seguir el trámite de la causa contra las empresas del polo petroquímico, ABSA y ex funcionarios públicos por la contaminación de la ría bahiense. Luego de un largo intercambio de excusas entre juzgados del ámbito nacional y provincial, la Sala I de la Cámara de Casación Penal comprendió que los análisis ambientales demuestran la “afectación interjurisdiccional de los recursos naturales del estuario” dado que “los peces y el agua presentan altos niveles de concentración de metales que son considerados nocivos para la salud”.

El fiscal Alejandro Cantaro celebró la decisión porque no tenía “razonabilidad” el pase a la justicia ordinaria sobre todo porque no se trataba de una disputa para impulsar la investigación sino todo lo contrario. “Habíamos seguido pidiendo algunas medidas y ahora supongo que vamos a seguir avanzando con los estudios de los vertidos en el agua”, dijo a FM De la Calle.

Cantaro destacó la labor del abogado de los pescadores artesanales y recordó que en su momento se pidió al juzgado prohibir los vertidos y buscar una solución “a este tema que es grave” y planteó que “la mejor razón que podemos alegar ahora es que estuvo la gobernadora acá inaugurando una planta de tratamientos cloacales de ABSA que se pedía, se pedía y nunca ocurría y con el avance de esto, no me voy a adjudicar que se haya decidido por esta causa pero cuando hay un trabajo intenso en este sentido algunas cosas se modifican”.

La Fiscalía solicitó recientemente “un nuevo control de vertidos de sustancias en el agua y en el fondo para determinar cómo es que se van manteniendo todos estos estándares que superan las posibilidades que la ley permite” y cuestionó la aplicación de la Ley de Aguas porque regula aguas abiertas y “el estuario son 1.400.000 metros cuadrados cerrados y es además zona de pesca”. Por eso entiende que debería tomarse la Ley de Pesca que exige la inexistencia absoluta de contaminantes.

Por otra parte, Cantaro comentó que se contactó con el juez Contencioso Administrativo Agustín López Coppola, quien interviene en la demanda civil por la cual los pescadores buscan ser indemnizados, para realizar de manera conjunta el estudio sobre el estado de la ría. Para ello el magistrado provincial debería dar marcha atrás con la decisión de que sea el IADO bahiense el cual realice el análisis. El fiscal federal pretende que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA porque “sin que seamos paranoicos, todos los entes que tienen que ver con los estudios y las mediciones en la ría están patrocinados y subsidiados por las empresas del polo”. Se requirió al Consejo de la Magistratura que se haga cargo de los aproximadamente 70 mil pesos que se demandarán.

La causa

empresas polo cartel

La denuncia original fue presentada en 2011 por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría Bahía Blanca, representada por Lucas Beier y Luis Arellano, contra miembros del directorio de PBB Polisur S.A., su controlante Dow Química Argentina S.A., Solvay Indupa S.A.I.C., Profertil S.A., Compañía Mega S.A., Petrobras Argentina S.A., Transportadora del Gas del Sur S.A. y Oiltanking Ebytem S.A. por la posible comisión de los delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo y adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables.

Además, los trabajadores apuntaron contra los ex funcionarios provinciales y municipales -Eduardo Conghos, subsecretario de Gestión Ambiental municipal, y José Manuel Molina, director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable- por considerarlos cómplices necesarios de los aludidos delitos, y por la comisión de los delitos de encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público.

En mayo de 2015, la Fiscalía General requirió a la jueza Gabriela Marrón la “inmediata prohibición” del vertido en la ría de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público y agregó documentación a la causa.

Un mes después la flamante magistrada evitó hacerse cargo de la investigación y se declaró incompetente. La Cámara Federal, con la firma de Pablo Candisano Mera y el renunciado agente de la inteligencia genocida Néstor Luis Montezanti, avaló a Marrón argumentando que “corresponde a la justicia local continuar con el trámite de las actuaciones” porque los planteos de la Fiscalía y la querella respecto “a que el daño excede las fronteras locales, no está probado” dado que “la presencia de contaminación en especies migrantes no es suficiente para sostener que el daño se propague más allá del ámbito provincial”.

Los denunciantes habían manifestado que “la interjurisdiccionalidad del daño ambiental se verifica a partir de los informes ambientales realizados en autos, que evidencian los elevados niveles de metales en el hígado y músculo de los peces característicos del estuario de Bahía Blanca (especies saraquita, pescadilla común, tiburón gatuzo, lenguado y corvina rubia), que cumplen con sus respectivos circuitos migratorios (en algunas especies, desde Río de Janeiro, República Federativa Brasil hasta la Patagonia argentina, pasando por Bahía Blanca)”.

Así lo entendieron Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación al afirmar que “de momento, no cabe descartar la afectación de recursos naturales interjurisdiccionales como consecuencia de la contaminación ambiental denunciada” y por ende, la causa debe volver a la justicia federal.

Cabe destacar que durante los meses de mayor actividad de la investigación tanto el abogado Lucas Beier como varios de los pescadores denunciantes fueron víctimas de reiterados episodios mafiosos e intimidaciones para que “se dejen de joder” con las empresas del polo y ABSA. Por su parte, el Colegio de Abogados -con el voto de varios de sus directivos que a su vez son abogados de las empresas- inició un proceso en contra de Beier por violación a las normas éticas de la profesión en sus “reiteradas exposiciones mediáticas”.

En Bahía Blanca rige la Emergencia por Violencia de Género la cual otorga al municipio facultades y presupuesto para revertir el número víctimas. La medida fue renovada en junio de 2015 y luego de nueve meses del cambio de gestión se presentó el Plan Integral contra la Violencia de Género. Algunos aportes.

El martes 13 se presentó el Plan Integral contra la Violencia de Género municipal; el mismo cuenta con el trabajo  de las áreas de seguridad, políticas sociales e infraestructura. FM De la Calle dialogó con Soledad Monardez, subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos, quien comentó que el servicio de asistencia por casos violencia está en el municipio desde hace varios años. El mismo cuenta con profesionales interdisciplinarios que ahora, bajo la impronta de la nueva gestión, “empezaron a tomar un registro de las denuncias y presentaciones espontáneas para poder llevar adelante una estadística”. Antiguo reclamo de las organizaciones que trabajan con esta problemática ya que el Servicio de Prevención de Violencia Familiar y Maltrato Infantil  (PROMOVER) funciona desde el año 1993 asistiendo y asesorando a mujeres víctimas de violencia.

Además se comenzaron a estudiar los protocolos de intervención para analizar cuáles son las herramientas más efectivas, contemplando que “el trabajo rico se verá más adelante”. En la presentación del nuevo Plan se mencionan dispositivos que ya venían funcionando, como grupos de reflexión (2015), atención a la Violencia Masculina (2014) –ahora con modificaciones-, nuevos botones antipánico y el hogar Refugio (2010) con la novedad de la construcción de un nuevo refugio en terreno municipal, promesa que la antigua gestión de Lucía Martínez Zara también había realizado. Para este año el intendente  afirmó a la Red Local de Violencia de Género que la licitación de la obra será sobre fin del 2016.

Respecto a este tema Nora Dinoto, referente de la Red Local, remarcó a FM De la Calle que “el refugio es una necesidad importante que veníamos  advirtiéndole no a esta gestión, sino a la anterior, porque es insuficiente la capacidad del refugio que está funcionando. No hay lugares protegidos para alojar a las personas que son víctimas de violencia, así que esperemos que se logre”. El primer módulo de construcción de la nueva obra tendrá capacidad para cuatro familias, en su segunda instancia “el proyecto general abarcaría cuatro habitaciones más”. Cabe resaltar que según Monardez toda la actividad del antiguo espacio de contención se trasladaría a este nuevo dispositivo.

Quizá una de las apuestas más grandes que propone la presentación del Plan es la apertura de la nueva Oficina de Políticas de Género con Víctor Andenoch como coordinador de esta área, ex trabajador de la guardia de niñez. Los ejes de trabajo que se desarrollarán a partir del 2017 serán, en palabras del funcionario; identidades sexuales, trata y aborto. ¿Cómo se implementarán algunas de estas políticas públicas en un gobierno donde su principal referente Héctor Gay, este año declaró creer “sólo en un orden natural de las cosas” refiriéndose al matrimonio igualitario?

La presentación del Plan Integral contra la Violencia de Género suma la participación del área de seguridad con capacitación a Guardia Urbana y Policía, creación de un equipo especializado para el abordaje en situaciones de violencia de género y la adquisición de un móvil especializado. Estas propuestas se estaban debatiendo en la Red Local de Violencia organismo donde participa la Comisaría de la Mujer, con Liliana Pinedo y Silvia Francisco como referentes de la misma. Dinoto resaltó que para este espacio es “importantísimo formar a la policía para que sepan cómo atender a las personas que atraviesan situaciones de violencia ya que intervienen en operativos bien puntuales”.

Así como muchas organizaciones sociales que trabajan con problemáticas vinculadas a las mujeres, la Red Local colabora con iniciativas desde el 2011, dato que el Intendente Héctor Gay tuvo conocimiento, según Nora Dinoto, en la última visita de la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez.

Este año desde la Red planean también formalizar una base de datos con estadísticas de denuncias que ingresan a la Comisaría de la Mujer y de la Fiscalía departamental de la oficina de violencia de género, con la intención de hacer un seguimiento de todas las puertas que las mujeres van golpeando hasta lograr o no resolver su situación. “Es algo pendiente que tenemos como red, porque necesitamos contar con estadísticas que releve la situación de nuestra ciudad para evaluar y optimizar recursos”. Además ya están programando la Cátedra de Violencia 2017 que organizan en conjunto con la Universidad Nacional de Sur.

La Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca decidió no apelar el fallo de la Suprema Corte que anuló un amparo que impedía la instalación de una antena de telefonía celular en el Club de Equitación. Trabajarán para que no corra la misma suerte la cautelar del juez Ares contra otra antena en el mismo lugar.

Para el abogado Leandro Aparicio la resolución correspondiente a la causa “Gómez, María Amparo contra Municipalidad de Bahía Blanca, Club de Equitación Bahía Blanca y Telefónica Móviles Argentina” es abstracta “porque no tiene ninguna consecuencia práctica”.

El letrado explicó a FM De la Calle que hubo dos amparos: el primero cuando las familias vecinas al club advirtieron la presencia de una antena de 35 metros en la esquina de Agustín Álvarez y Javier Rizzo en marzo de 2013. La jueza de Garantías Susana Calcinelli hizo lugar “parcialmente” e instó a las empresas a cumplir la Ordenanza 17.130, sancionada cuando la disputa judicial ya había comenzado.

La Cámara en lo Contencioso de Mar del Plata le dio la razón a la empresa, la ONG apeló a la Corte y mientras el máximo tribunal provincial analizaba el tema la antena cayó: “El fallo hace referencia a una torre que se desmanteló”.

“De la misma manera en que hicieron la primera vez, sin avisarle a ningún vecino, sin hacer la consulta, sin que nadie esté enterado de lo que estaba pasando, ponen otra antena, más escondida, más camuflada, apenas perceptible para los vecinos que igual la ven y se hace el segundo amparo”, recordó Aparicio.

En octubre de 2015, el juez José Luis Ares ordenó quitar la antena en un plazo de tres meses bajo apercibimiento de una multa de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento. Además, remitió la causa a la Fiscalía para investigar al entonces intendente y actual diputado nacional Gustavo Bevilacqua y los ex titulares de la Agencia Urbana, Planificación y Desarrollo y la Agencia Ambiental por posibles delitos violación, omisión o retardo de los deberes de funcionario público.

“Por más que sean antenas, en el mismo lugar y demás, sin cuestiones distintas porque acá sí hay más prueba aportada por la parte actora, por nosotros, el bioquímico Montenegro, el ingeniero Mata y otras pruebas técnicas habilitan a impedir que se instale esa antena en ese lugar, más aun cuando hay niños y jardín de infantes cerca”, comentó Aparicio sobre la causa que también deberá resolver la Suprema Corte.

Este sábado la localidad de Bernasconi recordará a Eduardo Sergio Korsunsky, militante del PRT desaparecido en San Nicolás a principios de la dictadura genocida en 1976, hijo de la Madre de Plaza de Mayo de Bahía Blanca Celia Jinkis. La directora de Coordinación Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos pampeana, Ana Inchaurraga, aseguró a FM De la Calle que Dado “no es uno más del listado de desaparecidos de La Pampa sino que tiene un nombre, tiene una identidad y está presente en el pueblo”.

El acto será este 24 de septiembre a las 11 en el Instituto Mariano Moreno -Urquiza 447- al que concurrió Eduardo en su juventud. Se colocará una placa en su memoria y se inaugurará un mural en una plaza cercana.

Inchaurraga contó que la idea “surge el 24 de marzo cuando Celia fue a Jacinto Aráoz, nos vimos comprometidos con la situación de que ellas ya son muy mayores, están grandes, la necesidad de que sean visibles los desaparecidos pampeanos, esto tiene que ver con una decisión no solamente política sino también afectiva, de cómo uno desde un lugar aporta y piensa en la memoria colectiva, de qué manera posicionarnos”.

“Es muy emocionante, muy emotivo todo cómo se va dando, cómo lo vamos pensando, Bernasconi tiene sus particularidades como todos los pueblos chicos donde el silencio se plantó y dejó su marca, los jóvenes prácticamente no conocen a Dado, no se habla”, dijo y agregó que “también surgió de qué manera podíamos proponerle al pueblo que eso salga para afuera y que en la localidad se instale el nombre de Dado Korsunsky y que se repregunte, romper con ese silencio. Y fue así como sucedió, hicimos el mural, los vecinos se iban acercando, de a poquito pudimos recabar testimonios, ponerle color, ponerle una cara, el nombre de Dado, que uno pasa y lo ve, tiene una impronta muy emotiva”.

Entre los primeros recuerdos que brotaron en el pueblo se escuchaba que “la vecina de allá sabe pero no te va a decir, nunca más nadie habló del tema, se comenta que ese día que lo estaban buscando a Dado hubo un operativo grande pero nunca trascendió”.

“Cuando estábamos pintando el mural sacaron a los chicos del secundario a ver y aprovechamos para contar quién era, transmitir, porque además Dado tiene la impronta de que fue hiperinteligente, un seductor, brillante, le gustaba la astronomía, entonces poder captar a las nuevas generaciones con eso, volverlo a poner en nombre de quién es Eduardo Sergio Korsunsky, que nació en Bernasconi, que fue a ese secundario, no es uno más del listado de desaparecidos de La Pampa sino que tiene un nombre, tiene una identidad y está presente en el pueblo”, concluyó.

El Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la Universidad de Rio Negro repudió los dichos del ministro de Educación Esteban Bullrich, quien comparó el avance de la casa de altos estudios en términos de una “nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación”. “Todas las políticas van intentando construir un orden oligárquico liberal que esta clase, este sector político, estos partidos vinieron a imponer”, dijo a FM De la Calle Walter Delrio.

El investigador del CONICET destacó la “indignación” de la comunidad y advirtió que “desde el retorno de la democracia se ha venido construyendo un conocimiento histórico que fue cubriendo aspectos dejados de lado o mal conocidos sobre la historia argentina y las palabras del ministro desconocen todo lo que se ha venido trabajando” y “la memoria social de un pueblo en el cual se está hablando”.

“No fue una campaña con la espada como dice el ministro, una campaña al desierto, sino que todo lo contrario -explicó-, fueron políticas de Estado que se implementaron en un momento determinado que implicaron movimiento de tropas pero también de otras instituciones del Estado y de la sociedad civil, fundamentalmente, que participaron en la expropiación, en el sometimiento, en la concentración de personas, la deportación, la distribución en otras provincias y regiones del país como fuerza de trabajo semi esclavizada, el reparto y la separación de los niños de su familia y el borramiento de la identidad. Son políticas de Estado comprendidas por lo que en los términos del derechos internaciones, sancionado por la Naciones Unidas, es un crimen de genocidio, un Estado que opera para que ciertos pueblos desaparezcan como tal”.

Delrio afirmó que “a nadie se le ocurriría hablar del holocausto, de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura para hablar de las políticas que se proponen. Al mismo tiempo es una opinión sino informada, formada por un sector de poder, por grupos políticos que tienen el mismo discurso con el cual ascendieron al poder en la generación del 80. En este caso se da que la misma familia Bullrich y otras participan de esa construcción de un poder oligárquico que es el que se quedó con la mayor parte de las tierras y los beneficios que esas campañas aportaron, es un discurso de esa clase”.

“Siguen teniendo la visualización de nuestra región como un desierto y lo que implica esa frase es que deben seguir haciendo cosas porque el desierto subsiste más de cien años después”, agregó. El docente comentó que cada una de las medidas oficialistas lo demuestran: “Por ejemplo acá en la provincia de Rio Negro en los últimos años se vino trabajando con las denuncias que había sobre irregularidades en las entregas de tierras rurales y se había conformado una comisión en la Legislatura que investigaba cuáles habían sido históricamente. Todo eso terminó y al mismo tiempo, por decreto del presidente Macri, se interviene en la legislación sobre tierras habilitando nuevamente la extranjerización”.

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El gobierno de María Eugenia Vidal busca dar continuidad a los proyectos de explotación de carbón en la cuenca Claromecó que motivó años atrás la movilización de asambleas y concejales para frenar la posibilidad del uso del fracking en la provincia. Según aseguró a FM De la Calle el periodista Hernán Scandizzo funcionarios y sectores académicos impulsan la técnica de gasificación subterránea. “Se empezó a dar una batalla cultural de ir generando consensos en torno a este tipo de explotación” disfrazada bajo el mito del carbón verde.

Como advierte en esta nota, “si bien a mediados de la década de 1990 comenzaron los trabajos exploratorios de Barranca Sur Minera, empresa del grupo Bridas, el anuncio del descubrimiento de carbón en Laprida se conoció recién en 2010. Por esos días Daniel Scioli, al frente de la gobernación provincial, firmaba un convenio de exploración de hidrocarburos con YPF-Repsol en el que se destacaba el interés por la cuenca sedimentaria de Claromecó. Poco después el tema quedo en nada y volvió a la palestra dos años más tarde, cuando se produjo la expropiación parcial de la petrolera e YPF renovó sus votos de interés”.

El Observatorio Petrolero Sur recibió de la Dirección de Minería un listado de proyectos vinculados a la explotación del carbón presentados hasta 2014. Se trata de “más de un centenar de expedientes de solicitud de cateo minero y hay cuatro manifestaciones de descubrimientos”.

Las alternativas de uso son: la posibilidad de generar energía eléctrica -como pretende la australiana Delmo- o  usos no energéticos del gas sintético que se produzca. “En ambos casos el polo (de Bahía Blanca) sería como un destino ‘natural’. Esto que se plantea de la ampliación del polo necesitaría una ampliación de la capacidad eléctrica instalada y es interesante porque parece que están haciendo circular el rumor en la zona de Tres Arroyos y demás de que el carbón, la explotación, sería para generar fertilizantes, esta forma de ir presentándose amigables con el ‘campo'”.

Scandizzo explicó que en el sistema de gasificación subterránea que se analiza “como el carbón se encuentra en profundidad y los métodos de minería a cielo abierto o por galería no serían aplicables, se hace una perforación hasta la veta de carbón, se abre la veta para que pueda circular el gas, en el otro extremo se abre otro pozo, entonces por uno se produce una ignición, se lo pone en combustión al carbón, se inyecta oxígeno o monóxido de carbono como para ir regulando la intensidad del fuego y por el otro pozo el carbón al hacer combustión en un medio donde hay agua genera gases. Esos gases son los que luego podrían ser tratados como insumo químico -gas sintético- o como energético”. Dichos pozos “se multiplican de acuerdo a las dimensiones del proyecto”.

Uzbekistán es el único país del mundo donde se está utilizando la técnica para la explotación comercial. “Australia intentó darle un desarrollo grande, tiene un gran potencial en carbón, hubo al menos tres proyectos de etapa piloto y tanto el Estado de Queensland en abril último como el Estado de Victoria en agosto prohibieron la técnica por la cantidad de impactos que se verificaron”. En la zona agropecuaria de Queensland “hay un radio de 320 kilómetros cuadrados en los que no se pueden hacer perforaciones de más de dos metros por los gases y tóxicos químicos que han migrado hacia las superficie”.

Según informó el especialista, la provincia de Buenos Aires realiza desde 2010 estudios sobre energías “limpias” a partir del carbón: “Esta es la alternativa verde porque dicen que se reducen emisiones y que los residuos quedan en el fondo”.

“Otra de las situaciones que se da es cuando se termina de explotar una veta -esto se va haciendo por paneles, por succiones-, queda un hueco, una cavidad vacía y se puede producir el hundimiento de suelo. Eso puede ser imperceptible en superficie pero afecta el perfil del suelo y la circulación de las aguas subterráneas y, por otro lado, la inundación de estos pozos con agua disuelve las cenizas, los residuos que quedan, y eso también migra hacia aguas subterráneas”.

Laprida es el municipio que encabeza la lista de posibles territorios a explotar seguida por La Madrid, Coronel Pringles, González Chávez, Tres Arroyos y Guaminí. Scandizzo destacó además la participación académica detrás de estos emprendimientos: “El Instituto de Recursos Minerales de la Universidad de La Plata está interesado en desarrollar este tipo de técnicas, estuvo haciendo estudios de impacto ambiental para una de las filiales de la empresa Delmo con la cual firmaron un convenio de colaboración”.

(Por Mauro Llaneza) La artista y militante bahiense Karina Zukerman falleció esta madrugada a los 46 años. Integró la Asociación Mundial Pintores con la Boca y el Pie, Mundo sin Guerras y sin Violencia y el Movimiento Humanista. Participó de la Asociación de Discapacitados Autoconvocados y fue una de las impulsoras del Mes por la Diversidad. Enfrentó cada obstáculo con perseverancia y un objetivo claro: “abrir cabecitas y disparar al corazón, abrir corazones para entender que las personas necesitamos esa cuestión de desarrollarnos, relacionarnos con otros”.

“Soy una mujer, una persona con una discapacidad motora, una discapacidad de la cual tengo la única movilidad de la cabeza y hago todo con la boca, desde agarrar un objeto hasta ponerme a escribir o a dibujar o a manejar la compu”, contó en una entrevista realizada en el micro de Acciones Feministas del programa En Eso Estamos de FM De la Calle en octubre de 2012.

Dijo entonces que hizo “todo lo ha estado a mi alcance y de acuerdo a mis posibilidades” a partir de “una especie de aspiración, una cosa fuerte interna y una necesidad de poder salir adelante”. “Una rebeldía de querer pasar a otra cosa, a vivir una vida lo más feliz, lo más alegre posible y en relación con los demás. Tiene que ver también con el acompañamiento que tuve en todas las edades y etapas de mi vida de gente muy querida”.

Así logró independizarse, vivir sola, enamorarse: “Mi familia me decía ‘vos no vas a poder tener un novio, formar una pareja el día de mañana’. Pero básicamente pasaba por muchos miedos, mucho temor a que uno sufra. Hay que tratar de ir viviendo la vida que una elige vivir”.

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En aquel diálogo junto a Verónica Bajo destacó que pudo cumplir con “algo que amo profundamente que es mi actividad social donde trato de llevar mi mensaje de que podemos todas las personas desarrollarnos en la vida, en muchas cosas, y lo que tiene que ver con la discapacidad, con lo mío, también he tratado de hacer muchas cuestiones a nivel social, me parece que uno tiene que defender su lugar, su espacio y sus derechos”.

“En el ’88 oficialicé esta cuestión de ser pintora y fue cuando ingresé a la Asociación Mundial de Pintores con la Boca y el Pie, los que nos denominábamos en otro tiempo como Pintores Sin Manos. Empecé este recorrido con la pintura donde además de tener una búsqueda desde lo artístico, pintar y mandar obras a la asociación para que después sean editadas en tarjetas, calendarios, en todo lo que después se vende, a mí me ha dado la posibilidad de relacionarme, de conocer gente nueva, de viajar a distintos lugares y eso fue una experiencia muy linda”.

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El Mes por la Diversidad fue un espacio generado por distintas organizaciones y militantes locales que pretendían sensibilizar y reflexionar sobre la diversidad, la pluralidad y la multiculturalidad y analizar críticamente situaciones de exclusión, discriminación, intolerancia y prejuicios. Karina recordó que para ella “fue fantástico porque este tipo de actividades abre cabecitas, de niños, de adultos, de hombres, de mujeres, eso es lo importante: abrir esas cabecitas y disparar al corazón, abrir esos corazones para entender que las personas necesitamos esa cuestión de desarrollarnos, necesitamos relacionarnos con otros”.

“Era una tambora sin tambor”

La cantautora y creadora de DesBandadas, Silvia Palumbo, quien tuvo “el honor y el privilegio” de compartir con Karina la obra Mujer de Tierra Firme, aseguró esta mañana a FM De la Calle que su compañera era “una mujer que tenía todo el universo vital en sí misma”.

Se conocieron en el primer Mes por la Diversidad en 2007 y se “flecharon”: “Tuvimos una empatía, nos hicimos amigas, compañeras de lucha y en un momento decidimos que queríamos hacer algo juntas, unir nuestros activismos, nuestras artes, y así fue como nació Mujer de Tierra Firme”.

“Karina es una mujer que está viva en tantas cosas que ha dejado como legado en Bahía Blanca, para mí es la luna que ilumina mi camino de activismo porque es un ejemplo. No sé cómo fue vivir como vivió Karina, sin brazos y sin piernas que la ayudaran a transitar esta vida terrestre, lo digo en forma cruda porque era la realidad más tremenda que veías cuando veías a Karina, y sin embargo ella tenía muchísima más fuerza que todas y todos nosotros juntos”.

“Muchísimas veces ella daba fuerza a otra gente, daba esperanza, era solidaria, era entera, era amplia de conceptos, no tenía conceptos mezquinos ni políticos ni religiosos ni relacionados con las diferentes mal llamadas minorías de este mundo. Abrazaba sin brazos a toda la humanidad en su diversidad completa”, agregó Silvia.

Finalmente afirmó que “era un cohete, nos cagábamos de la risa, con sus dichos, sus palabras, sus encantos, sus sueños que estaban recién arrancando. Además Karina se atrevió a ser madre con su compañero Sergio, eso le daba un mérito mayor en todo este despliegue de vitalidad de Karina Zukerman”.

Eso de durar y transcurrir

no nos da derecho a presumir.

Porque no es lo mismo que vivir…

¡Honrar la vida!

 

Sus restos son velados hasta la medianoche en Mitre 470 desde donde partirá mañana a las 11 hacia el cementerio Parque de Paz.

(Por Mauro Llaneza) El sociólogo Daniel Feierstein disertó en Bahía Blanca sobre el genocidio como práctica social en el marco del 10° aniversario de la desaparición en democracia de Jorge Julio López y a 40 años de La Noche de los Lápices. Con la invitación de la Comisión de Apoyo a los Juicios el experto puso el foco en la concreción simbólica y las continuidades del exterminio de parte del grupo nacional que se oponía a los intereses de las corporaciones económicas que recurrieron a las fuerzas armadas para “reorganizar” el país.

“Cuando es quebrada la confianza no hay posibilidad de articularse políticamente y así el disciplinamiento es total porque cada uno está aislado en sí mismo –dijo en FM De la Calle-. Esas consecuencias las seguimos sufriendo y es uno de los grandes desafíos del momento político actual. (…) Esa gran línea que ha dividido sobre todo los últimos cuatro o cinco años la política argentina -lo que los medios hegemónicos llamaron ‘la grieta’- es un efecto de esto y ha quebrado relaciones de confianza en organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, barriales, que facilitan la realización de los objetivos de los sectores hegemónicos, de los que en su momento fueron los que plantearon la necesidad de la implementación del genocidio”.

Para regenerar dicho lazos no hace falta “un acuerdo absoluto en la caracterización de la realidad política” y “quizás el proceso de juzgamiento de los genocidas es un ámbito privilegiado para producir esa articulación porque siempre hubo fuertes niveles de acuerdo”.

Feierstein es doctor en Ciencias Sociales y docente en las universidades de Buenos Aires y Tres de Febrero donde dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio y la Maestría en Diversidad Cultural. Es experto independiente por las Naciones Unidas para la elaboración de las Bases de un Plan Nacional de Derechos Humanos argentino. Presidió la Asociación Internacional de Estudio sobre Genocidio y fue juez del Tribunal Permanente de los Pueblos en numerosas sesiones, entre ellas las vinculadas a los hechos ocurridos en Sri Lanka y en México. Además, es autor de numerosas publicaciones sobre la temática.

El genocidio como práctica social

Feierstein explicó que el polaco Raphael Lemkin, a pesar de ser jurista, aportó una definición de genocidio “muy sociológica” que lo define como la destrucción de la identidad de un pueblo y “fundamentalmente la destrucción de la identidad de los oprimidos y la imposición de la identidad del opresor”, proceso en el cual “la muerte no es el objetivo sino el medio”. “Cuando el derecho lo tiene que construir como figura es muy difícil y termina definiéndolo como el intento de destrucción de un grupo”. Las interpretaciones jurídicas posteriores fueron “vaciándolo de contenido”.

Cuando el caso argentino comenzó a discutirse en la Audiencia Nacional Española bajo la figura de genocidio se intentó recuperar aquella construcción y “articularla con la figura legal”. “Esa interpretación sociohistórica, es en verdad la posibilidad de aprovechar la herramienta jurídica (que brinda la Convención de Genocidio). Así lo han entendido muchos tribunales, en el caso de Bahía Blanca también”.

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La posición mayoritaria del tribunal subrogante que está a cargo de los juicios en nuestra ciudad se replica en la cuarta parte de los tribunales del país. El reconocimiento del genocidio enriquece “los procesos de construcción de memoria colectiva porque nos permite entender lo que nos ocurrió de una manera muy distinta que cuando solo se utiliza el concepto de crimen de lesa humanidad que no tiene nada de esto en cuenta, habla de hechos indiscriminados, de población civil en general, y cuesta ver la conexión entre esos hechos, pese a que se habla de un plan sistemático nunca se aclara para qué”.

Quienes descartan el concepto de genocidio advierten que los grupos políticos no están entre los religiosos, étnicos, raciales o nacionales que especifica la Convención. Feierstein propone superar la discusión advirtiendo que la represión fue mucho más abarcadora y apuntó a la eliminación de una parte del grupo nacional para reconfigurar social y económicamente el país.

“El genocidio buscó ir mucho más allá, buscó desmontar redes de relaciones sociales que en algunos casos involucraban organizaciones políticas pero no siempre. Involucraban a organizaciones sindicales, que por supuesto tienen contenido político pero no eran lo mismo. Organizaciones barriales, centros de estudiantes, montones de organizaciones donde lo que se buscaba -incluso el propio vocabulario de los genocidas- era transformar, reorganizar la sociedad. Cuando lo describen tanto Díaz Bessone como Videla esta reorganización de la sociedad pasa por transformar incluso los valores morales”.

Feierstein destacó que los genocidas buscaron “transformaciones económicas que sin embargo se lograron después del genocidio. Eso tiene lógica cuando uno entiende cómo operan las prácticas sociales pero nos obliga a abandonar ciertos dogmatismos teóricos, esto de que la economía siempre determina la política, esa determinación es más compleja. Para lograr determinadas transformaciones económicas, que en Argentina se implementan sobre todo en los noventa bajo el menemismo, se requería quebrar relaciones sociales porque sin ese quiebre, sin ese disciplinamiento, sin ese terror, la resistencia no hubiese permitido implementarlas”.

Recién durante la crisis de 2001 hubo “intentos de recomposición pequeños, muy singulares”, de esas relaciones. El sociólogo afirmó que el presente “es particularmente desafiante en ese sentido porque nos va a poner contra el espejo de ver qué nivel de reconstrucción de los lazos sociales se logró en función de qué tipo de resistencia se va a poder ejercer a las nuevas transformaciones económicas que se quieren imponer” para “volver a la distribución del ingreso de 2001 para seguir avanzando desde ahí”.

Como a los nazis

“Argentina no tuvo una experiencia de extermino industrial como el caso del nazismo pero sí tuvo una experiencia concentracionaria. Todo el territorio plagado de campos de concentración que operan no solamente para aterrorizar a la gente que es secuestrada sino que su efecto fundamental es aterrorizar a la gente que no es secuestrada pero vive cerca de un campo de concentración y que sabe que eso puede ocurrir y que, por lo tanto, se ve obligada a modificar sus prácticas en función de eso”, dijo Feierstein.

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Recordó que en Alemania, entre 1933 y 1936, 100 mil personas fueron encerradas en campos de concentración de las cuales aproximadamente cinco mil fueron asesinadas y la gran mayoría torturada y liberada. “Esa liberación irradió el terror en el conjunto de la sociedad alemana y permite entender algo que sino no se explica: ¿qué pasó? ¿por qué los alemanes adhirieron al nazismo? Adhieren producto del terror”.

El Partido Nazi ganó “apenas” las elecciones de 1933 frente al Partido Comunista Alemán. El boicot a los comercios judíos en mayo del ’33 fracasó, “la población sale a comprarle a los judíos pese a que la SA está frente a los locales para intentar pegarle a la gente que sale a comprar y así y todo la gente manifiesta su solidaridad”.

“Cinco años después de atravesar la sociedad con la experiencia de campos de concentración, aterrorizarla y mandar a toda esa gente de vuelta a la sociedad para que disperse y difunda el terror La Noche de los Cristales logra altos niveles de silencio o de adhesión y efectivamente la población judía es perseguida, sus casas rotas, quemadas, deportada. Acá no hay solo una convicción ideológica sino los efectos del terror”.

Sobre América Latina y Argentina Feierstein subrayó que cada vez es más evidente que “la tasa de supervivencia fue mucho mayor de la que suponíamos”. “Esto tiene mucho que ver con la famosa discusión de los números. Las denuncias en los años ’84, ’85, eran muy pocas y tenían que ver con la gente que estuvo mucho tiempo en un campo de concentración. Lo que uno va descubriendo sobre todo a partir de las denuncias que comienzan en 2008, 2009, 2010, 2012, es que muchísima gente fue secuestrada por un día, por unas horas y luego liberadas”.

“Me han enseñado los sobrevivientes de experiencias genocidas, en particular los ex detenidos desaparecidos en Argentina, que el objetivo de ese secuestro era usarlos como herramienta de difusión del terror. Esta es la respuesta que ellos mismos se dan y que los pone en una encrucijada. La pregunta para ellos era: ‘¿Qué hacemos? Si nos callamos somos cómplices de no haber divulgado lo que ocurrió, si hablamos logramos el objetivo que ellos querían que es que aterroricemos’. La respuesta que se dan también es brillante: ‘Tenemos que hablar pero no solamente de lo que el poder le hizo a nuestros cuerpos sino de esa identidad que quisieron destruir: ¿quiénes éramos nosotros antes de que el terror nos secuestre?”.

Tres puntos sobre los juicios

Feierstein dijo que las políticas contra el terrorismo de Estado durante los gobiernos kirchneristas tuvieron un punto “altísimo” en “el modo de haber implementado el juzgamiento” y dos puntos bajos en torno a los sitios de memoria y las reparaciones.

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En materia de juicios en comparación con otros casos internacionales “Argentina ha llegado más lejos que nadie”, sobre todo por la modalidad empleada: “por medio de jueces naturales, con todas las garantías que corresponde a los imputados, que sea en todos los lugares del país, de las regiones donde ocurrieron los hechos, que involucre al conjunto social en esa discusión”.

Respecto a la política vinculada a los sitios de memoria “no se ha cobrado conciencia de la importancia de la voz de los sobrevivientes y hasta de la sacralidad de ese espacio en una necesidad de elaboración, particularmente en el caso más emblemático, esta especie de disneylandia de los derechos humanos que se ha hecho en la ESMA, que ha llevado a casos como la organización de un asado y sobre todo a la respuesta gubernamental ante la indignación de los sobrevivientes, diciendo ‘esto lo vamos a seguir haciendo’, ‘no nos importa que alguien se enoje, que a alguien le duela que se queme carne en un lugar donde se quemó la carne de sus compañeros'”.

El sociólogo cuestionó finalmente que las reparaciones hayan sido económicas e individuales: “El dinero es el equivalente general de las mercancías, con lo cual no garantiza nada. La reparación es mensurar económicamente el daño y dar una cantidad de dinero por ese daño a los individuos que sufrieron eso o a sus seres queridos. Esto ha sido muy complicado porque no se ve que el daño es grupal, es colectivo, que afecta al conjunto social, empieza la discusión de quién debe recibirlo y quién no, qué es lo que uno hace con ese dinero”.

“El Estado debe hacerse cargo más de servicios que de dinero y pensar más colectiva que individualmente”, dijo y puso como ejemplo el caso colombiano que en materia jurídica fue “infinitamente peor” pero “en términos de reparaciones fue más interesante porque se piensa en relación a las comunidades afectadas y al Estado proveyéndoles servicios”.

“Si a un hijo le fue sustraído su futuro en función de que el Estado asesinó a sus padres uno podría pensar que el Estado puede ofrecerle inserción laboral, vivienda, salud, una cantidad de servicios que el Estado está obligado a ofrecer que no es lo mismo que darle el dinero para acceder a esos bienes”.

¿Por qué deberías ir a una audiencia?

“Lo primero que le diría a una persona que nunca fue a una audiencia: uno puede leer 800 libros, ir a 500 conferencias y clases y todo eso tiene un valor relativo frente a ir a una sola audiencia de este juicio”, dijo Feierstein. Si bien resta confirmación por parte del tribunal, el 4 de octubre comenzaría el cuarto juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca. Es el tercero de la causa V Cuerpo de Ejército y hubo uno sobre los crímenes de la Armada. Las audiencias fueron y serán públicas, semana por medio, los martes por la tarde y los miércoles a doble turno en Colón 80.

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“¿Qué le va a contestar a sus hijos y a sus nietos cuando le pregunten ‘vos estuviste en alguna de esas audiencias históricas’? Aunque sea para poder dar una respuesta como corresponde como padre o como abuelo tendría que ser capaz de poder ver la escena que se arma ahí”.

“Es tremendamente reparador y va mucho más allá de la pena. En los juicios la pena no es ni lo único ni lo más importante, menos en este momento donde los perpetradores son muy mayores, no es el tema central más allá de que no pueden no tener pena después de semejante destrucción de lazo social”, manifestó.

Lo destacable es que “aquel que tuvo la disposición de la vida y de la muerte de decenas, centenares, miles de personas, llegue a una instancia donde debe escuchar a sus víctimas, ese testimonio de las víctimas es legitimado por un tribunal, debe hacerse cargo de ese testimonio, y ese tribunal califica esos hechos, los representa, plantea que estuvieron mal y asigna responsabilidades, esto es la sanción a quienes fueron los encargados, los responsables de implementar esas prácticas”.

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Al ser consultado sobre la última Marcha de la Resistencia que convocó la Asociación Madres de Plaza de Mayo con la consigna “Cristina conducción”, Feierstein opinó que en principio le “produjo preocupación que se decidiera suspenderla” porque “parte de la historia del movimiento de derechos humanos argentino era que articulaba muy pluralmente, identidades políticas muy distintas, y que le señalaba al Estado la violación de los derechos humanos que siempre es cometida por todo Estado más allá de que algunos gobiernos puedan intentar confrontarlo más que otros o profundicen la violación más que otros”.

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“Tampoco está mal señalar la cercanía que uno pueda tener o no con cierto gobierno. Pero eso es una cosa que uno hace individualmente y no como organismos de derechos humanos y de ninguna manera justifica detener la resistencia porque la resistencia ante el ejercicio de la violencia estatal va a existir siempre (…) porque es parte de la propia lógica del funcionamiento estatal. Y entonces requeriría organismos de derechos humanos que le señalen esas violaciones”.

“Doble gravedad adquiere decir que ante un cambio de gobierno se reestablece una Marcha de la Resistencia con la consigna de la conducción de un líder político que pensemos lo que pensemos, yo tengo esta visión dual de reconocer muchísimas cosas y de ver otros problemas, pero tengo claro que hay miradas muy distintas dentro del mundo de los derechos humanos y que parte de construir relaciones de confianza es construir en esa pluralidad y no obligar a nadie a tener que sentirse incluido o excluido a partir de esa identificación partidaria”, concluyó.