El secretario judicial y ex juez subrogante en las causas por crímenes de lesa humanidad que se tramitan en Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez fue denunciado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por obstaculizar las investigaciones, demorar detenciones e indagatorias y desobedecer resoluciones de instancias superiores e incumplir deberes de funcionario público.

En esta ocasión, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos hizo lugar al recurso presentado por el fiscal Antonio Castaño, mantenido por el fiscal general Javier De Luca, en el expediente referido a la útima de dichas imputaciones.

Castaño había presentado el recurso de Casación contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que desestimó una denuncia contra Martínez por desobedecer una orden de la Cámara Federal de Bahía Blanca que mandaba a detener a personal del Ejército por crímenes de lesa humanidad.

La Cámara Federal de Apelaciones, en su momento, tuvo por desistido el recurso argumentando que “el escrito obrante (…) es notoriamente inoficioso, al estar firmado –y sellado- por el funcionario que interpuso el recurso y no por quien debe mantenerlo y tramitarlo en la segunda instancia”. Al respecto, Javier De Luca explicó que antes de emitir dictamen el propio fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, le había informado que le pidió al fiscal Castaño que suscribiera el escrito de mantenimiento del recurso ante dicha cámara por razones personales.

“Situaciones como estas se dan a diario y en este caso se buscó evitar el mecanismo de la excusación, pues nada impedía que Castaño representara al Ministerio Público Fiscal ante aquella Cámara”, dijo De Luca. Y agregó que a diario los fiscales firman escritos de colegas en el marco de “ausencia momentánea”, sin que ello implique que el recurso sea considerado como “no presentado”.

En este sentido, el camarista Mariano Borinsky, señaló que “el Ministerio Público Fiscal se rige por una unidad de acción externa y que la organización jerárquica que tiene de acuerdo a la ley responde a su funcionamiento propio e interno. El hecho de estar representado por diversos funcionarios, no obsta a la unidad que caracteriza al Ministerio Público, la que ya se encontraba prevista por la anterior ley 24.946 (B.O. 23/03/1998)”.

Asimismo, continuó diciendo que “la representación que se ejerce de dicho Ministerio ante los órganos jurisdiccionales es la misma, por lo que mal pueden los magistrados a quo tener por desistido el recurso por falta de actuación fiscal cuando ésta fue debidamente ejercida por el Dr. Antonio Horacio Castaño (Fiscal Federal) y consentida por el Dr. Alejandro Cantaro (Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca) quien conocía el procedimiento llevado a cabo por la Cámara, en virtud de las pertinentes notificaciones”.

Por su parte, Ana María Figueroa y Gustavo Hornos adhirieron a los argumentos de su par. La jueza también refirió a la actuación del MPF en el proceso penal, y destacó la “unidad e indivisibilidad de actuación de sus miembros”.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por el fiscal Antonio Castaño, sostenido por Javier De Luca, anuló la resolución y remitió las actuaciones a la cámara de origen para que -previa constitución del Tribunal, se dicte un nuevo pronunciamiento.

“Viendo que nosotros no nos tiramos para atrás están tratando de ensuciar a Lucas Beier, están buscando el punto para poder sacarlo del medio”, dijo a FM De la Calle Eduardo Mena, uno de los pescadores artesanales que denunció a las empresas del Polo Petroquímico, el Consorcio de Gestión del Puerto y ABSA por la contaminación del estuario y la pérdida de su fuente laboral.

Mena respaldó así a su representante legal que fue acusado por el Colegio de Abogados por un supuesto incumplimiento de normas éticas y violación de secreto profesional al hablar públicamente sobre la causa.

Como informáramos, la medida fue resuelta por el Consejo Directivo compuesto, entre otros, por el vocal Diego Ariel Blázquez y el secretario Martín Otaño Manterola, apoderados de Profertil y TGS respectivamente. Para Beier, se trata de “una acción sinérgica con los hechos mafiosos que han atentado contra mi vivienda particular procurando mi silencio, lo cual repudio y aborrezco rotundamente”.

El pescador afirmó que “ya estamos cansados, la seguimos peleando, sabíamos que iban a criticar a nuestro abogado y que lo iban a tratar de sacar del medio como están haciendo con la demanda que la trasladan para acá, la trasladan para allá, ponen trabas”.

“Estamos hablando de las empresas de Ing. White que es un poder muy grande, casi intocable. Las esperanzas por ahí las perdemos pero seguimos peleando porque no es solamente nuestra fuente de trabajo la que perdimos, la población entera está sufriendo las consecuencias porque en el aire, ya las personas están con unos problemas de piel tremendos, problemas pulmonares, de todo”, dijo.

Mena sostuvo que las empresas “están contaminando el poder judicial” y que varios integrantes de los denunciantes fueron presionados: “A Lucas se fueron contra la casa pero personalmente nosotros hemos sufrido agresiones o enfrentamientos que nos dicen ‘abrite del juicio porque vas a tener problemas’. Nosotros vamos a seguir adelante, nosotros ya estamos muertos en vida, ya nos mataron nuestra ciudad, lo que es Ingeniero White”.

Silencio en el Colegio

Ante la consulta de FM De la Calle el presidente del Colegio de Abogados, Gerardo Salas, rechazó hacer declaraciones sobre la sanción que tramita la institución contra el dr. Lucas Beier hasta tanto no culmine el proceso y adujo que de hacerlo podría ser recusado y verse impedido de intervenir en la decisión del Consejo Directivo.

Respecto a la participación de los abogados de Profertil y TGS, Diego Ariel Blázquez y Martín Otaño Manterola, en la acusación contra el representante de los pescadores, Salas afirmó desconocer la situación.

A instancias de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se reunió por primera vez en el año la Mesa de Discusión Social e Institucional que reúne a fiscales, querellantes, abogadas y abogados, representantes de organizaciones de derechos humanos y de organismos de los poderes del Estado para analizar la marcha de los procesos judiciales por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado.

Su coordinadora, Carolina Varsky, comentó ayer a FM De la Calle que del encuentro participaron representantes del nuevo gobierno y “manifestaron su compromiso de continuar con el trabajo que se venía haciendo. Es una buena señal porque el Ministerio de Defensa colaboraba mucho con las investigaciones que se aportan en las causas y el Programa Verdad y Justicia era quien estaba a cargo del acompañamiento de los testigos”.

“Sin embargo se mencionó que seis personas fueron despedidas del Programa Verdad y Justicia y en el marco del Ministerio estamos esperando cómo avanzan los distintos oficios que se tramitaron desde los juzgados y tribunales en el marco de los expedientes. También hubo muchos comentarios en relación con el desmantelamiento de las oficinas públicas que colaboraban con el proceso”, dijo Varsky.

Por la justicia federal bahiense intervinieron en la reunión de la Mesa Institucional el titular de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad, Miguel Ángel Palazzani, y el fiscal general Alejandro Cantaro. Varsky sostuvo que “como terminó el juicio hace relativamente poco” las prioridades de Bahía Blanca pasan por la falta de titular en el Juzgado Federal Nº1 y “resolver las cuestiones relacionadas con las imputaciones a los civiles y la complicidad de los civiles con el grupo Massot”.

En cuanto a la colaboración de las personas convocadas a brindar testimonio se notificaron inconvenientes respecto a las reiteradas citaciones. “Se conversó la necesidad de unificar la información y compartirla desde el punto de vista de evitar convocar a una persona que ya declaró diez o doce veces en una causa judicial, y hay cierta preocupación por parte de los testigos sobre quiénes van a estar a cargo de su cuidado porque no se trata solamente de un cuidado físico sino también de un acompañamiento psicológico para aquel que declara por primera vez, desconocemos quién quedó a cargo del Centro Ulloa, por ejemplo”.

“Sentimos que hay un parate en el marco de los tribunales que han relajado la convocatoria a audiencias y hay juicios que están convocados para hacer audiencias una vez por semana cada quince días, eso sí nos parece preocupante desde el punto de vista de lo que se demoran los procesos”, afirmó Varsky.

Por ejemplo, en Tucumán está por comenzar el debate en la causa por el Operativo Independencia para el cual fueron citados 1400 testigos y el tribunal pretende sesionar un día y medio por semana. Los megajuicios ESMA o La Perla llevan más de tres años.

Un verdadero obstáculo en el desarrollo de los debates orales es la falta de integración de tribunales en varias ciudades y provincias. “Le corresponde al Consejo de la Magistratura por un lado y después sí al Ejecutivo enviar las ternas para que estos tribunales sean integrados”.

“Hay jurisdicciones en las que no hay tribunal. Santiago del Estero lleva más de dos años sin juicio y no existe el tribunal oral, entonces hay que salir a convocar a jueces de la jurisdicción más cercana, a veces ellos son recusados o se inhiben de intervenir, lo que deriva a que se convoque a jueces de la jurisdicción de Buenos Aires en tanto el lugar más fácil desde el que se puede llegar”.

La funcionaria de la Procuraduría que conduce Oscar Auat explicó que entre el personal despedido y las personas contratadas que desconocen el estado de las investigaciones “es como volver a foja cero después de mucho tiempo”. Preocupa además que quienes deben responder oficios o pedidos de documentación de la justicia a las fuerzas armadas o de seguridad dejen de ser civiles y se delegue dichos trámites a los uniformados.

El desmantelamiento de oficinas dedicadas a analizar pruebas documentales implica a su vez el riesgo de perder el material recolectado en los últimos años. “Se están pensando algunas medidas, se supone que como dijeron los dos integrantes del Ejecutivo los equipos siguen, con lo cual esa información debería estar resguardada sin perjuicio de lo cual pedimos que se incorporen al expediente judicial”.

Al ser consultada sobre los procesos contra civiles cómplices o partícipes del genocidio, Varsky destacó como una “buena señal”que haya concluido el juicio a Marcos Levín en Salta. “El primer empresario condenado como instigador de las desapariciones. Sin embargo, las oficinas del grupo que trabajaba dentro del Banco Central fue desmantelada en su totalidad y es cierto que es uno de los temas que más nos preocupa en tanto la mayoría de los empresarios tienen relación con este gobierno y probablemente sean difíciles de ser investigados o que haya voluntad para investigarlos”.

“Si la clase trabajadora está dispuesta a votar en contra de aquello que supuso un cierto beneficio y vota al partido de la oligarquía, bueno, ahí hay un problema”, planteó esta mañana en FM De la Calle el profesor Mario Ortiz, horas antes de ofrecer un seminario sobre Sartre y el intelectual comprometido a las 18 en la carpa docente que ADUNS instaló en el playón de Alem 1253.

El escritor afirmó que más allá de las consecuencias “absolutamente nefastas” que en lo económico traen las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri, en el aspecto cultural-ideológico existen dos factores “muy complicados”.

Opinó que “por diversas circunstancias, fogoneado por los medios evidentemente pero también por algunos defectos del propio gobierno anterior que se encerró en un discurso un poco como autista y no escuchó los síntomas de mal humor de la sociedad, se ha generado una bronca y un odio que a mí, aunque no lo viví, me hace parecer un poco el odio gorila antiperonista de los cincuenta”.

“Ese malhumor hace que la clase trabajadora esté dispuesta por ese odio antikirchnerista a renunciar a genuinos beneficios que sí los hubo y que fueron muy buenos. Por ejemplo, jubilados que se beneficiaron de los proyectos del PAMI de la universidad y que hoy votaron en contra de todo eso y ahora lo consideran un despilfarro. Ahí hay claramente una batalla ideológica que se ha perdido y que lleva a que la clase trabajadora apoye al partido de los CEOs y de la patronal”, agregó.

Para Ortiz, “las teorizaciones de (Jean Paul) Sartre fueron una pieza clave, fundamental, en lo que fue la configuración de toda una intelectualidad crítica en América Latina en la década del 60. Esto que surgió fuerte y contundentemente en Francia, llamado existencialismo sartreano, del intelectual que es un especialista, un capacitado en un saber específico, un escritor por ejemplo, pero que al mismo tiempo se pronuncia y toma partido por las causas sociales”.

“La idea del intelectual como la conciencia crítica que le dice la verdad al poder hoy, evidentemente, resuena de un modo muy sensible, muy particular. De hecho este seminario cuando lo armamos el año pasado en el contexto de una campaña electoral tan fuerte, era como que cada uno de los textos que estábamos viendo tenía una resonancia a un presente politizado, en que se enfrentaban tendencias de centroizquierda, de extrema izquierda, la derecha que estaba empezando a resurgir. Es de plenísima actualidad”.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur desarrolla desde el lunes y hasta el viernes una “semana de protesta, movilización y luto por la universidad pública y sus trabajadores”. La medida incluye la instalación de una carpa en el playón de la UNS de avda. Alem y paro de actividades académicas por 72 horas los días miércoles, jueves y viernes.

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Foto Betania Cappato.

“No ingresaría en eso porque no lo siento y porque creo que hay un orden natural de las cosas”, dijo el intendente Héctor Gay tras ser consultado en un programa de LU2 sobre el matrimonio igualitario. Agregó: “Ahora, si alguien considera que su realización y su felicidad está allí, no tengo por qué oponerme”.

La organización Acciones Feministas salió al cruce inmediatamente y denunció que estas “expresiones dubitativas y que invocan a un ‘orden natural de las cosas’, además de evidenciar un profundo desconocimiento del tema y del marco legal vigente en Argentina, connotan negativamente al colectivo LGTBI, aportando a la discriminación que ya de por sí sufre dicho colectivo”.

“En Argentina rigen múltiples leyes y ordenanzas, desde la propiamente dicha ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, hasta la ordenanza aprobada en el HCD de Bahía Blanca que declara con forma permanente al día 7 de marzo como ‘Día de la Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género‘” y establece que las autoridades municipales deberán realizar campañas de “sensibilización y difusión tendientes a adoptar el criterio de aceptación de la existencia de diferentes orientaciones sexuales e identidades de género en las diferentes reparticiones públicas”.

Acciones Feministas exigió el cumplimiento pleno y efectivo de la norma por parte del gobierno municipal y una reunión con el jefe comunal “para tratar estos temas con el solo fin de propiciar una sociedad menos violenta, más informada y con mayor protección hacia los grupos más vulnerados”.

“Si como dice el intendente Gay ‘hay un orden natural de las cosas’ se desprende que existen por ende conductas y prácticas anti naturales. No se trata de ‘tolerar’, palabra tan de moda últimamente, se trata de concebir a la diversidad como un valor en si mismo. Por un lado Gay pareciera intentar esgrimir un discurso político correcto pero la incomodidad ante la pregunta, su silencio y sus primeras palabras, ‘¿Cómo definirlo para no ofender a nadie?’, develan su pensamiento reaccionario”, afirmaron desde el Grupo 83 en Solidaridad + Igualdad.

Para la agrupación “no se trata de algo meramente individual, ‘si alguien considera que su realización está ahí’, estamos hablando del rol del Estado en la formulación de políticas públicas, en la promoción del respeto y de la diversidad como un derecho. Hoy el Estado municipal carece de una política concreta en materia de diversidad sexual”.

En ese sentido, propusieron crear un Área de Diversidad Sexual que “promueva la igualdad y la no discriminación” y la urgente reapertura de una sede local del INADI. “El Estado comunal debe generar políticas públicas, que más allá de la legislación progresista existente a nivel nacional, presenten el debate cultural necesario para considerar y sostener en el tiempo que la diversidad sexual es un valor de las sociedades modernas y democráticas, que reconocen la pluralidad de orientaciones sexuales como elemento constitutivo del mosaico social. Cabe recordar que en las últimas semanas se han conocido hechos de extrema violencia contra integrantes del colectivo LGTB, como los sucedidos en la ciudad de Mar del Plata”.

El Grupo 83 presentó además un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para que sus integrantes repudien los dichos de Gay y exijan políticas públicas de diversidad sexual a la comuna.

Por otra parte, miembros de la Secretaría de Diversidad del Partido Justicialista Delegación Bahía Blanca se mostraron “asombrados” por las manifestaciones del intendente: “A meses de cumplir seis años de que nuestro país aprobó una ley histórica, que iguala la diversidad de matrimonios, y que impulsa a nuestro país como vanguardia en materia de derechos humanos. Nos encontramos con preocupación y asombro ya que el intendente habla de un ‘orden natural de las cosas’ haciendo referencia a la tradición heterosexista y machista hegemónica”.

“Así estigmatizando todas las diferencias, por no ser parte de tal orden, y en ese caso dejarlo a la libertad individual. Olvidando las luchas colectivas de toda la sociedad para ampliar derechos en nuestra región. Nosotros creemos que nuestro pueblo es heterogéneo, en todos sus aspectos, cultural, religioso, y obviamente sexual”, afirmaron Nicolás Huss y Juan Reyes.

Mientras la investigación por contaminación del estuario contra las empresas del Polo Petroquímico, el Consorcio del Puerto y ABSA avanza lentamente, las intimidaciones y cuestionamientos contra los denunciantes suman nuevas modalidades. Primero fueron las amenazas a pescadores artesanales y los atentados contra el estudio y la vivienda de su representante legal, Lucas Beier, y ahora el Colegio de Abogados pasó de solidarizarse con él a tramitar un proceso en su contra por violación a las normas éticas de la profesión en sus “reiteradas exposiciones mediáticas”.

La medida fue resuelta por el Consejo Directivo compuesto, entre otros, por el vocal Diego Ariel Blázquez y el secretario Martín Otaño Manterola, apoderados de Profertil y TGS respectivamente. Para Beier, se trata de “una acción sinérgica con los hechos mafiosos que han atentado contra mi vivienda particular procurando mi silencio, lo cual repudio y aborrezco rotundamente”.

“Tal vez estoy paranoico y no es más que una simple casualidad que pese a que hablo con la prensa de este conflicto ambiental desde el año 2009, justo 15 días después del atentado a mi casa, y cuando en el marco de la misma tanto un fiscal como un juez tomaron medidas importantes contra las empresas, esta Comisión Directiva intente acallarme. Tal vez es solo paranoia mía desconfiar que los abogados de Profertil y TGS tengan algún interés en que no hable más con la prensa sobre la cuestión ambiental del estuario y hayan utilizado el órgano directivo del CABB para sancionarme por ello”, dijo en su descargo.

Según manifestó el letrado a FM De la Calle “las empresas no necesitan que los abogados salgan a hablar porque directamente pagan las pautas publicitarias y hacen difusión. Si a mí me prohíben hablar, ¿cómo informo a la sociedad los avances que va teniendo la causa?”. Cuatro notas de diarios digitales y cinco entrevistas del programa de nuestra emisora “En eso estamos” son toda la prueba en su contra. “La denuncia es imprecisa, dado que si consideran que he realizado alguna de las conductas prohibidas, debieron haberlo indicado expresamente con total claridad y no haber realizado un simple ‘copia y pega'”.

Lo que no prohíbe el juez de la causa lo hace el Colegio de Abogados. Cabe destacar que la conducción institucional que hoy reprocha a Beier, como en su momento a otros abogados, la violación de “las normas de ética profesional” por “publicitar” las causas en las que intervienen, es la misma que supo y sabe contener y cobijar a imputados por crímenes de lesa humanidad como los secretarios judiciales Hugo Sierra y Gloria Girotti o el ex juez Néstor Luis Montezanti.

Beier afirmó ante las autoridades del Colegio que “este conflicto entre pescadores y empresas multinacionales es el paradigma de la desigualdad de recursos. Pero esa desigualdad, puede compensarse con el acceso a una justicia objetiva y neutral y la utilización de la difusión a través de la prensa de los avances y sucesos relevantes del proceso. Todos estos recursos son legítimos y no solo pueden, sino que deben ser utilizados por los operadores del conflicto, de no hacerlo, existiría una mala praxis”.

“No me escapa que las empresas contra las que me encuentro litigando desean que esta causa no sea pública, a raíz que he dado a conocer informes medio-ambientales que perjudican gravemente la imagen social de las empresas, y principalmente porque un fiscal ha considerado que se encuentra probado que el estuario está contaminado, lo que lo motivó a pedir el cese de los vertidos industriales, y un juez ha dictado una medida cautelar contra ABSA, por entender que existe un gran aporte de contaminantes por medio de los desechos cloacales”, agregó.

¿En qué está la causa?

Si la causa debe desarrollarse en el fuero federal o en la justicia provincial es un debate que aún no fue saldado en la Cámara de Casación. Mientras tanto, la investigación sigue en manos del fiscal Alejandro Cantaro y el Juzgado Federal 2 -a cargo de la jueza Gabriela Marrón, quien se declaró incompetente y viajó de licencia a Cuba por dos años-.

Hoy venció la medida cautelar que ordenaba a ABSA presentar un Plan Director que contemple las obras necesarias para realizar el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales que se vuelcan en el estuario. “La provincia no denunció ningún avance más allá de los anuncios, (…) el juez puede aplicar una sanción diaria por el retraso o instar a una nueva audiencia para que ABSA dé explicaciones”, dijo Beier.

En tanto, para el primer semestre de 2017 se espera una pericia “muy complicada” para evaluar la contaminación en la ría. Las empresas del Polo pretenden que sea realizada por el Instituto Argentino de Oceanografía dependiente del CONICET y los pescadores prefieren que sea una universidad nacional. “No queremos que lo haga el IADO porque lo hacen hace veinte años y si pese a esos informes no han denunciado… Ellos encuentran metales pesados tanto en los peces, como en el agua, como en los sedimentos y han tenido una actitud pasiva”.

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¿De qué lo acusan?

La Comisión Directiva del Colegio de Abogados le reprocha a Beier la supuesta infracción de la siguiente normativa:

  • Segundo párrafo del artículo 18 de las Normas de Ética Profesional: “No debe publicar ni inducir a que se hagan públicas noticias o comentarios vinculados a los asuntos en que intervenga, a la manera de conducirlos, la importancia de los intereses comprometidos y cualquier ponderación de sí mismo. Debe abstenerse de publicar escritos judiciales o las discusiones mantenidas con relación a los mismos asuntos”.
  • Artículo 58 inciso 6 de la ley 5177 que obliga guardar secreto profesional respecto de los hechos que ha conocido con motivo del asunto que se le hubiere encomendado o consultado, con las salvedades establecidas por la Ley.
  • Artículo 60 inc. 7 de la ley 5.177: “Publicar avisos o realizar propaganda, por cualquier medio de difusión que pueda inducir a engaño a los clientes u ofrecer servicios contrarios o violatorios de las leyes. La publicidad profesional se habrá de limitar a su nombre, dirección del estudio, títulos científicos, horario de atención al público, fuero, materia o asuntos a los que especialmente se dedique.”

Más de 20 colectivos de todo el país que integramos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) nos reunimos entre el 22 y 24 de abril en FM La Tosca (FM 95.1), Santa Rosa, La Pampa, en la primera Asamblea de 2016. En las jornadas, de intenso debate y participación, se atravesaron distintos ejes en una coyuntura de amenaza y avasallamiento de nuestros derechos.

El encuentro se vio atravesado por las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) impuestas por el actual gobierno nacional a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) número 13 y 267 y Decreto Presidencial 236, ratificados por el Congreso Nacional y que apuntan a favorecer la concentración de medios. Entre otras cosas, disolvieron el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual en el cual AMARC Argentina era una de las organizaciones representantes del sector sin fines de lucro. En este marco, la Defensoría del Público brindó un taller en materia de derecho a la comunicación.

El vaciamiento de las políticas públicas de comunicación incluye la suspensión de los Fondos de Fomento Concursable (FOMECA), lo que que atenta aún más al desarrollo de los medios comunitarios. Sólo en este concepto el Estado adeuda a las diversas radios integrantes de la red una suma mayor a 5 millones de pesos sin dar respuestas concretas en un contexto de devaluación e inflación.

En el plano local, y a modo de ejemplo de la situación de las emisoras comunitarias, se menciona el caso particular de Radio Cooperativa La Tosca que se encuentra desamparada por la falta de reconocimiento legal de parte de la autoridad competente y que a pesar de haber sido registrada en el primer censo desde la aprobación de la ley, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual adjudicó una licencia a una escuela en la misma frecuencia, enfrentando a dos actores reconocidos de la comunicación popular pampeana; y a pesar  de la buena voluntad y el trabajo conjunto de ambas instituciones, sus reiterados reclamos no han tenido respuesta.

Desde AMARC también vemos con mucha preocupación el avance y despliegue de las políticas represivas no sólo en la provincia de La Pampa sino a nivel nacional  y continental. Mientras se desarrollaba la Asamblea la policía pampeana detuvo en forma arbitraria en la vía pública a la periodista Cintia Alcaraz, colega de una radio local, que estaba registrando un abuso de autoridad sobre dos jóvenes madres y sus pequeños hijos. La red se hizo presente en la comisaría número 3 de Santa Rosa para solidarizarse con la colega y repudiar el accionar de la fuerza represiva al mando del Ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno.

Consideramos que el ejercicio de  la comunicación popular es un derecho fundamental para caminar y organizarnos hacia una sociedad más justa y solidaria.

Con este horizonte, Radio Comunitaria La Voz Indígena 95.5 de Tartagal será la anfitriona de la próxima asamblea de AMARC Argentina reforzando nuestra vocación de pluralismo y federalismo en las voces que nos integran.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur realizará entre el lunes 25 y el viernes 30 una “semana de protesta, movilización y luto por la universidad pública y sus trabajadores”. La medida incluye la instalación de una carpa en el playón de la UNS de avda. Alem y paro de actividades académicas por 72 horas los días miércoles, jueves y viernes.

Los gremios se manifestaron “humillados” por la propuesta del gobierno nacional de un incremento salarial del 15% a cobrar en junio y reanudar negociaciones a fines de octubre. “Una vergonzosa propuesta que recibió el total rechazo de todas las federaciones docentes nacionales”.

“La crisis no es sólo salarial y laboral. Las universidades nacionales están sufriendo objetivamente un ahogo presupuestario que se pone de manifiesto en reducción o baja de programas, becas, subsidios, designaciones, compras, utilización de servicios públicos, etcétera, que nos retrotraen, temporalmente, a los inicios del año 2001”, dijeron desde ADUNS.

El armado de la carpa será “como símbolo y expresión para conmover y sumar cada vez más adhesiones a las medidas de acción y protesta. Esperamos que se complete con clases públicas, charlas debate, propuestas y actividades. Convocamos a docentes, no docentes, Centros de Estudiantes, gremios, organizaciones sociales y público en general a pasar por ella, compartir nuestra preocupación y encontrar una salida de conjunto”.

Apoyo estudiantil

Con la intención de “visibilizar y entender la lucha docente”, el Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior convocó a una clase abierta en la calle dictada por las profesoras Alejandra Barna y Adriana Ressia y sus pares Luis Sagasti y Mario Ortiz. Será el jueves 28 a las 11 en 11 de abril 445.

“Al extraer una clase de su contexto convencional y trasladarla a la calle, es decir al ámbito público, se hace visible lo que muchas veces queda oculto tras las paredes de las instituciones escolares: la práctica educativa. Confío en que será una experiencia hermosa que permitirá demostrar por qué valoramos, apoyamos y queremos tanto a nuestros y nuestras docentes”, dijo en las redes sociales Julieta Centeno, una de las organizadoras.

Agregó que “entre esas razones están la relación que se crea entre alumnado y docente, el tiempo compartido, su vocación, sus ganas de comunicarnos lo que saben, entre tantas otras cosas… Y también, será una oportunidad para visibilizar la gran importancia de la tarea que realizan y la necesidad de unión entre cada integrante de la comunidad educativa (padres, madres, alumnado y docentes) por nuestro objetivo común: la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, además de exigir que se valore al grupo docente por el importante y fundamental servicio que nos ofrecen: la educación”.

“Gracias infinitas a cada profe, creo que lo mínimo que podemos hacer es batallar para que se les retribuya dignamente por todo el tiempo que nos dedican. Si algo aprendemos en la escuela, es que nada está garantizado de por vida, y es por ese motivo, que a los derechos se los gana luchando. Esperamos a toda persona que se sienta interesada en vivir en carne propia lo lindo, transformador y elemental del proceso de educar y aprender”, finalizó.

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La excarcelación de Pablo Cuchán, condenado a 17 años de prisión por el asesinato de Luciana Moretti (15) en octubre de 2004 en Ing. White, motivó fuertes protestas sociales e institucionales en Bahía Blanca y Monte Hermoso, lugar donde pretende residir. El femicida estaba detenido hace 11 años y fue liberado por el Tribunal Criminal 1 -integrado por los jueces Hugo De Rosa, Ricardo Gutiérrez y Eduardo d’Empaire- por su “conducta carcelaria ejemplar” y por cumplir los dos tercios de la condena sin sentencia firme. “Lo único que se pedía es que cumpliera la pena”, dijo la abogada de la familia Moretti.

Ayer, vecinas y vecinos de Monte Hermoso se concentraron frente a la vivienda de Los Horneros 463 para repudiarlo. La columna fue encabezada por familiares de Luciana y de Katherine Moscoso -asesinada en la ciudad balnearia en 2015. “Me preguntás cómo estoy yo, cómo está mi familia, y tenemos una bronca terrible porque es una gran tomada de pelo todo esto. Mi vida la tengo que seguir igual pero la lucha de Katy no la quiero dejar, pero todo esto te indigna, queremos saber todo lo que pasó con Katy, quiénes fueron los asesinos, los queremos presos, estamos pidiendo justicia y que venga este tipo y se instale acá…”, dijo a FM De la Calle Wanda Banegas.

“Le hicieron una nota en el cable de Monte Hermoso, fueron hasta la casa, habla como si él no fuera el asesino, como que la familia Moretti no existiera y el protagonista de todo esto es él, encima riéndose y burlándose del pueblo. Dice que va a esperar a que la gente lo acepte”, agregó la prima de Katy. Wanda comentó que conversó con Antonella, hermana de Luciana Moretti, y “no quiere saber más nada, esto la indigna, está cansada, aparte cada uno tiene que retomar su vida y es difícil, yo la entiendo y me pongo en el lugar de ella. Hay personas que juzgan no a los asesinos ni a los que cometen esas cosas sino a los familiares de las víctimas”.

“Acá los que tienen que poner las cartas sobre la mesa son los jueces y los fiscales y decir esto está mal y esto está bien: Que dejen de llenarse los bolsillos y actúen rápido contra esta gente, este es un psicópata enfermo que lo puede volver a hacer, yo hoy tengo miedo por mí, por mi hijo y mi marido y mi familia”, manifestó.

Viviana Lozano, abogada de la familia Moretti, explicó a FM De la Calle que la libertad asistida de Cuchán fue posible “indefectiblemente habiendo cumplido dos tercios de la condena que hasta este momento tiene y no habiendo sentencia firme”. Por la demora apuntó a las “apelaciones que se hicieron fuera de Bahía Blanca”, las idas y vueltas entre la Cámara de Casación y la Suprema Corte, y la “falta de recursos, jueces y empleados”.

La querellante informó que trabajan para “cuestionar la libertad en los términos que se otorgó” y dejó para que decida la familia de Luciana la posibilidad de pedir juicio político a los responsables del fallo: “Lo único que se pedía es que cumpliera la pena”.

Por otra parte, Lozano pidió “que no nos produzca todo esto una psicosis, todos los días sale gente de la cárcel, no nos empecemos a enloquecer, tengamos un poco de calma porque ya vemos lo que sucede cuando la gente se altera y lamentablemente cuesta vidas como pasó en Monte Hermoso, no caigamos en eso por favor, estamos en un Estado de derecho”.

Antes de la protesta realizada por la Colectiva Feminista frente al palacio de Tribunales bahiense, Nadia Guzmán dijo a FM De la Calle que tomaron la decisión judicial “con mucha bronca porque una vez más este sistema muestra que los asesinos y violentos están en las calles y las víctimas siempre nos llevamos la peor parte”.

“En la justicia y en todo el sistema que debería cuidar a las mujeres que son víctimas de violencia hay una tendencia a hacer todo lo contrario, a culpabilizar a la víctima, a ponernos a las mujeres en un lugar como si hubiéramos buscado esa situación o como si estuviéramos pretendiendo que nos pasen cosas malas cuando en realidad es una decisión que determinados hombres toman pensando que tienen más poder sobre las otras, pensando que pueden hacer uso y abuso de los cuerpos y la vida de las mujeres”, agregó.

“Desde el Ejecutivo y desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria se decidió transmitir la voluntad del pueblo de Monte Hermoso y declararlo persona no grata”, afirmó en conferencia de prensa el intendente Marcos Fernández. La resolución será tratada en el Concejo Deliberante el martes 26 y una vez aprobada se presentará ante el Poder Judicial para rectificar el lugar de residencia del reo.

El jefe comunal aseguró, en relación al femicidio de Katherine Moscoso y el posterior homicidio de Carlos Canini González, que “esto está enmarcado dentro de la sensibilidad que tiene nuestro pueblo que tenemos dos casos resonantes, realmente aberrantes, tenemos dos personas muertas y no tenemos solución de esos expedientes todavía”.

monteEn el deliberativo bahiense la edila de Compromiso Bahía Vanina González afirmó que “necesitamos que haya una modificación en la legislación vigente, en los recursos que hoy tiene la justicia para poder tomar las decisiones que toma, para que pueda cumplir con los plazos que son necesarios y también en las condenas”.

“Es momento que se trabaje de manera comprometida, responsable, de que las personas que están detenidas puedan tener cuando cumplen su condena una verdadera reinserción y una recuperación. También ser conscientes que hay gente que cumple su condena y que lamentablemente no puede ser reinsertada en la sociedad, que necesita otro tipo de tratamiento”, dijo y destacó que “necesitamos que sigan haciendo denuncias, que cada vez se animen más, a pesar de esta situación”.

La concejala de Integración Ciudadana Miriam Iantosca leyó durante la sesión del jueves el comunicado de la Red Local de Violencia de Género en el cual se recuerda que “Cuchán se reconoció a sí mismo culpable de los hechos, aunque nunca contó con una sentencia firme desde el momento de su detención”.

“Sumado a ello, la reciente decisión de dejarlo en libertad debido a su conducta carcelaria ‘ejemplar’, demuestra a las claras la misoginia de la justicia, y el valor que la misma le otorga a la vida de una adolescente bahiense de 15 años. Para que no sea una mera la consigna el NI UNA MENOS, necesitamos una sociedad, instituciones y una justicia comprometida para que femicidas como Cuchán no pongan en peligro la vida de mujeres y niñas de nuestra ciudad”.

(Por Julia Giménez) El domingo 17 de abril, Brasil entero asistió en la Cámara de Diputados a las votaciones del pedido de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Entre los discursos de los legisladores que dieron la victoria a la continuidad del proceso contra la presidenta, el del diputado Jair Bolsonaro, del Partido Progresista de Rio de Janeiro (PP-RJ), recibió el repudio internacional, al dedicar su voto al coronel Carlos Alberto Bilhante Ustra, responsable de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Brasil.

Para analizar este hecho, Brasil de Fato se comunicó con la abogada Nadine Borges, miembro de la Comisión de la Verdad y coordinadora de Relaciones Exteriores de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Con una larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos, Nadine afirmó que “todos pudimos asistir a lo que hablamos todo los días los defensores de derechos humanos […] Ahora puedo hablar con gente y decir: ‘¿te acuerdas lo que pasó el domingo? Así es el Congreso, así son los que deciden sobre nuestra vida’. Y eso si la gente acepta y la gente pasa a mirar esto con una nueva mirada. Porque lo que la prensa hace es impedir, imposibilitar que la gente sepa lo que pasa. Pero el domingo todos pudimos mirar lo que está pasando y creo que eso puede ayudarnos a quienes defendemos los derechos humanos en Brasil”.

Durante la entrevista, Nadine criticó la falta de avances en las políticas de memoria, verdad y justicia en Brasil y reivindicó la necesidad de avanzar en una nueva regulación del sistema de comunicación en el país.

Brasil de Fato – ¿Cómo es posible que estos discursos pro dictadura y que reivindican el accionar de represores y torturadores siga vigente en la Cámara de Diputados de Brasil?

Nadine Borges – Aunque sea diputado y tiene el derecho de decir de lo que quiere, porque vivimos en una democracia, lo que habló es criminoso. Pero sólo habló eso porque en Brasil no abrimos los archivos de las Fuerzas Armadas y tampoco hicimos una revisión de la Ley de Amnistía, una nueva interpretación de ella. Después de la Comisión de la Verdad, seguimos sin saber lo que pasó en la dictadura en Brasil. Y si la gente no puede saber, tipos como ese no se pueden meter en la cárcel, no se puede hacer justicia, asi como no se pudo hacer con [Carlos Alberto Brilhante] Ustra, como no se pudo hacer con todos los otros torturadores, no sólo de Dilma, sino también con una generación que fue molestada, torturada, desaparecida. Y bueno, seguimos sin revisión de la amnistía, seguimos sin saber lo que pasó. Y como seguimos así, no se pude decir que vivimos en una democracia plena.

En las calles se ven carteles que llaman a la dictadura, como si la solución de la crisis está en una intervención militar y en un quiebre violento de la institucionalidad democrática. ¿Hay una relación entre los procesos de memoria, verdad y justicia, y estos discursos que nos permitan repensar las democracias?

Por suerte, no son tantos carteles. Lo que pasa es que los medios, la gran prensa – que el gobierno no hizo nada para cambiar el sistema de comunicaciones del Brasil -, hace que esos pocos parezcan muchos. Por suerte son pocos, te juro que tengo mas familiares que carteles en la calle que dicen que vuelva la dictadura. Pero es un peligro, porque hay una nueva generación de jóvenes que siguen sin saber lo que pasó porque seguimos con la amnistía y los torturadores siguen caminando por la calle. Entonces, es posible que en poco tiempo tengamos más carteles.

Todavía no hay tantos, por suerte no tenemos. Porque la gente que está en el gobierno, son personas que fueron torturadas, detenidas como la presidenta Dilma, pero los que vienen, los que hicieron el domingo en el Congreso Nacional, ellos si pueden estar con eso carteles, y eso es lo dramático y lo más peligroso para toda Sudamérica. Porque tenemos una ola conservadora que empezó en Colombia, en la municipalidad de Bogotá, después siguió con la elección de Macri para la presidencia de Argentina, y ahora tenemos en Brasil un escenario muy malo, porque lo que Dilma intentó hacer con una nueva política económica y relaciones internacionales, el capitalismo nunca va a aceptarlo. No importa que es lo que hace cualquier gobierno que sea mínimamente de izquierda, no va a tener éxito mientras la religión y las empresas sigan involucradas en el Congreso. No tenemos un Congreso, tenemos una empresa. Eso es lo que tenemos en Brasil.

¿Existe algún tipo de medida que se pueda realizar contra el diputado Bolsonaro por estos discursos que son un aval a las dictaduras, a las prácticas de tortura?

Él tiene fueros privilegiados, que es un asco. Pero claro que se pueden hacer denuncias en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es otro problema, porque quien está en el Tribunal son personas que fueron ubicadas en un espacio de poder muy grande y como llegaron allá es una cuestión que tampoco nadie entiende, porque tienen posiciones que son contrarias a la democracia, que no son justas, que no son legales, que no poseen el sentido de justicia social. Entonces, hacer eso es una opción, otra son denuncias internacionales, son los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos como la ONU [Organización de Naciones Unidas], como la OEA [Organización de los Estados Americanos].

Pero pasa que Brasil sigue sin acatar la sentencia de la Corte Interamericana que condenó al país por los crímenes contra la Guerrilla de Araguaia [en Pará]. Entonces no es que no crea en el sistema interamericano, yo creo porque trabajo con eso y sé que es importante que en el mundo sepa lo que pasa en Brasil. Pero si el país no hace lo mínimo para garantizar una sentencia de condena sobre lo que pasó en la dictadura, como vamos a creer que va a pasar algo con Bolsonaro si su caso llega a la Corte. Quizá cambie la manera de Brasil de respetar los tratados internacionales de derechos humanos, y quizás un día tengamos una responsabilidad efectiva, pero aun no tenemos.

Durante la sesión del domingo (17) El diputado por el Partido Socialismo y Libertad de Río de Janeiro (Psol-RJ) Jean Wyllys – reconocido defensor de derechos humanos y referente en la lucha LGBTT – escupió en la cara de Bolsonaro. ¿Cuál es tu mirada sobre la actitud de Jean Wyllys?

Pienso que cualquier diputado, cualquier persona que tiene una posición pública no debe tener una actitud así. Pero el caso de Jean Wyllys es muy distinto de cualquier otro que uno puede comparar. Porque él sufre todos los días, desde el momento que despierte, hasta que vuelve a su casa. Y el Congreso Nacional es el órgano más sexista, misógino y machista que hay en el país. Entonces, todos los días, todos los días, durante las 24 horas de su vida, sufre las más distintas violaciones de todos aquellos hombres blancos, ricos y creo que fue el momento que el país todo, toda la gente que acredita en los derechos humanos, que lucha por los derechos humanos, tenía ganas de escupir en Bolsonaro.

Lo que hizo como diputado no podía hacer algo así, sabemos que no se pude, pero tampoco Bolsonaro pude decir lo que dijo. Entonces la defensa de Jean Wyllys tiene que ser algo incontestable, porque me parece que las fuerzas conservadoras que hay en el Congreso Nacional es suficiente si para sacar a Jean Wyllys de la Cámara. Pero tener fuera de la Cámara a una de las personas más importantes de Brasil en la defensa de los derechos humanos, por ese grupo conservador que tiene soporte en la gran prensa de Brasil, eso no me parece imposible que suceda.

Tu has sido presidenta de la Comisión de la Verdad del Estado de Rio de Janeiro y asesoras la Comisión de la Verdad Nacional, que durante los años 2014 y 2015 se desarrolló intensamente gracias a abogados, defensores y, principalmente, familiares y víctimas. ¿En que quedó todo eso?

Bueno lo que le quedó es que un montón de gente que no tenía como hablar sobre eso, porque no tenía instrumentos gales ni garantía del Estado, empezaran a hablar. Pero la gente que habló fue la gente que sufrió con la dictadura; y los que cometieron los crímenes hablaron muy poco, siguen sin hablar y seguimos sin saber. Por suerte, hay gente que tuvo condiciones de hablar. Pero hay un montón de gente que son grandes y que no sabemos cuánto tiempo van a estar entre nosotros, y eso es lo más dramático. Porque aunque los archivos no sean más secretos – que eso tenemos también la Ley de Acceso a la Información –, antes del 2035 las cosas que fueron consideradas secretas en el último año de la dictadura [1985], aun no saberemos que son. Y los militares dicen que destruyeron todo, pero sabemos que no destruyeron. Aunque un día tengamos condiciones de abrir todo, ese día no tendremos a ninguna persona vida. Eso es algo que no podemos perdonar.

Por eso tenemos que garantizar la democracia y garantizar que lo que ha pasado con Dilma, lo que ha pasado con tanta gente que ha sido torturada desaparecida, que no vuelva a pasar. Porque esto no pasa sólo una vez. Nunca pasa sólo una vez. Lo que pasó en Alemania con el nazismo, lo que pasó en Italia con Mussolini, lo que pasa todos los días en el contiene africano, lo que pasa todos los días en las favelas de Rio de Janeiro, eso va a seguir pasando mientras que la gente que hace crímenes como Bolsonaro sigan cometiendo crímenes y no pasa nada con ellos. No se trata sólo de justicia penal, se trata de justicia social. Porque personas así no pueden estar donde están. No pueden. Y solo están porque la prensa lo soporta. Y esa es una gran responsabilidad de los gobiernos de Dilma y de Lula, que no han movido un paso para cambiar el papel de los grandes medios en Brasil. Y eso lo estamos pagando muy caro.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) renovó sus autoridades manteniendo los principios de pluralidad, representatividad y democracia que guían el trabajo del organismo desde su creación. Víctor Mendibil ocupará la copresidencia junto a Adolfo Pérez Esquivel, mientras que el Padre José Pepe Di Paola fue designado como nuevo pro-secretario de la institución, pasando a integrar de esta manera su mesa directiva. Mauricio Tenembaum es el nuevo vicepresidente y Roberto Cipriano García asumió como Secretario del organismo.

Como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria ha estado conformada por hombres y mujeres que son referentes de estos espacios de militancia: organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas.

Respetando los principios que caracterizan a la CPM desde sus inicios, el organismo anuncia la designación de las nuevas autoridades y reafirma su labor como promotor de políticas públicas en materia de derechos humanos y como institución de articulación entre los poderes del Estado y la sociedad civil.

En virtud de estas definiciones, el pleno de la CPM decidió la designación de Víctor Mendibil como co-presidente del organismo, junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. El nombramiento de Mendibil es un reconocimiento a su sostenido trabajo en la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos tanto en su larga trayectoria como militante sindical como así también en la activa participación que desarrolla desde nuestra institución.

Desde los años setenta, Víctor Mendibil se destacó por su compromiso con la clase trabajadora. Fue protagonista de las luchas combativas y el fortalecimiento de la organización de los trabajadores judiciales, ocupando distintos espacios de conducción en la Asociación Judicial Bonaerense, la Federación Judicial Argentina y también de la CTA, desde donde se desplegó la dura confrontación con el neoliberalismo y las múltiples violaciones de derechos que implicó para el conjunto del pueblo. Mendibil, además, realizó una frondosa tarea en las distintas instancias internacionales que nuclean a las organizaciones sindicales buscando articulaciones regionales que fortalezcan su lucha.

Mauricio Tenembaum -miembro fundante del organismo, referente de la comunidad judía y de una extensa trayectoria en la lucha por derechos humanos y la democracia- fue elegido como vicepresidente. El padre Pepe Di Paola, recientemente sumado a la CPM e integrante del grupo de “curas villeros” -símbolo de la lucha contra la pobreza y las múltiples violencias que de ella devienen- fue elegido como pro secretario. Roberto Cipriano García, quien fuera en su momento el Director del Comité contra la Tortura de la CPM, ocupará el cargo de secretario del organismo.

Completan la lista de autoridades: Elisa Carca que seguirá ocupando su cargo como vicepresidente, mientras que Susana Méndez y Ana Barletta se mantienen como tesorera y pro-tesorera, respectivamente.

Fuente: CPM

Durante la mañana de ayer profesorxs de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar se movilizaron solicitando una audiencia al intendente Héctor Gay ante la falta de respuesta por parte del Instituto Cultural. Fueron acompadxs por miembros del Consejo Cultural Consultivo, madres y la Unión de Músicxs del Sur.

Luego de la exposición pública del reclamo y del ingreso de la solicitud de audiencia por Mesa de Entrada, Rubén Gomez quien oficia de secretario del secretario de intendencia, invitó a las personas que se manifestaban a ser recibidas por Ricardo Margo. Se encontraban también en la oficina el secretario de Políticas Sociales Fabio Pierdominici, la subsecretaria de Formación y Promoción Educativa Morena Rossello y la concejal Soledad Pisani.

Los funcionarios sostuvieron que tienen “buena predisposición” para con la orquesta. Sin embargo, no asumieron nuevos compromisos concretos sobre el reclamo de mejoramiento económico. Adujeron que no tenían potestad de resolver la normalización de las retribuciones y que sólo podían comprometerse a “realizar gestiones”.

Margo dijo hoy en conferencia de prensa que “peleaban por una mejora salarial en concepto de las clases que dictan en la orquesta escuela. Le otorgamos un 40 por ciento de aumento dilatado en el tiempo ya que las paritarias municipales nos regían los montos a pagar, nadie, ningún gremio consiguió ese aumento”.

Sin embargo, en números concretos, ese porcentaje significa que la orquesta completa (9 profesores más todo lo que implica su funcionamiento) funcionaba con $9000 mensuales y ahora deberá funcionar con algo más de $12000. En cambio, por la misma tarea, destajistas de otros proyectos cobran más de $3000 por persona. De esta forma, el funcionario de cultura no dio otra respuesta que ratificar el monto por el que ya había fijado la suma que percibirán los docentes. Por otra parte, se comprometió a “realizar gestiones” para que la orquesta vuelva a funcionar en la escuela 29.

Esta mañana, el coordinador de la orquesta Albin Cedeño y el profesor Marcos Marchegiani visitaron el estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle y explicaron lo ocurrido.

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata entregará el Premio Rodolfo Walsh a la trayectoria a los miembros de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca, Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani. La ceremonia se realizará el jueves 28 de abril a las 17:30 horas en el Aula “Rodolfo Walsh” del edificio “Presidente Néstor C. Kirchner” (Diagonal 113 y 63).

La labor de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, fue indispensable para que se investigara el rol de los directivos del diario local La Nueva Provincia –hoy La Nueva- y de su director, Vicente Massot, durante la última dictadura cívico- militar. Los magistrados comprendieron que ningún genocidio se puede llevar a cabo sin la participación de un fenomenal aparato de acción psicológica y que La Nueva Provincia facilitó, habilitó, encubrió y justificó el exterminio en Bahía Blanca.

La familia Julio-Massot, dueña del multimedio, no se limitó a la publicación de editoriales y artículos que encubrían y daban una versión falseada de los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado; sino que existen pruebas recabadas que dan cuenta de la relación que mantenían los miembros de la junta directiva de entonces con la Junta Militar, así como de la persecución contra los dos obreros gráficos del diario, asesinados en junio de 1976, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

En el alegato del juicio por los crímenes de la causa “Armada”, los fiscales solicitaron la publicación de la sentencia en La Nueva Provincia como acto moralmente reparatorio a la biografía de las víctimas. Sin embargo, Vicente Massot, fue desvinculado de la causa en tiempo récord. El motivo que esgrimen los jueces para el sobreseimiento es que el diario hizo ejercicio de su libertad de expresión, sin considerar el derecho que tiene la sociedad a informarse verazmente y el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la Verdad, Memoria y Justicia.

Por promover e impulsar investigaciones inéditas en torno a la participación de los medios de comunicación en la última dictadura cívico-militar; por ser pioneros en la solicitud del derecho a “rectificación colectiva” para las víctimas del genocidio; por su incansable labor y compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la democracia como sostén fundamental de su práctica profesional; la Facultad de Periodismo y Comunicación Social comprende que Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani encarnan los valores que representa la figura de Rodolfo Walsh.

Fuente: Facultad de Periodismo UNLP.

Personal de la Fiscalía Federal 2 y la Prefectura Naval rescataron a 25 mujeres que eran sometidas a explotación sexual en locales de Bahía Blanca y Punta Alta. Los allanamientos se realizaron la madrugada del viernes en la parrilla El Gran Chaparral y el bar Brodway, ambos del barrio El Saladero, y el cabaret rosaleño La Esquinita. La jueza de Viedma Mirta Susana Filipuzzi rechazó hacer detenciones hasta conocer informes de los equipos del Ministerio de Justicia que atendieron a las víctimas.

El fiscal Alejandro Cantaro informó que en la causa confluyeron tres investigaciones que se tramitan desde hace varios meses sobre “distintas personas que en locales como bares o parrillas en algún momento cambiaban la cuestión y había mujeres explotadas, en estos casos el comercio sexual no era en el mismo lugar, no había habitaciones sino que iban a otro lugar”.

“La madrugada del viernes el equipo de la Fiscalía Federal 2 se concentró a las once de la noche, hicimos todos los contactos, y los operativos fueron: uno en Punta Alta, se rescataron catorce mujeres, dos en el Saladero, entre el Guanaco y White que había un bar Brodway y la parrilla El Gran Chaparral donde también se rescataron algunas mujeres. Se las trajo hasta la fiscalía y con presencia de los equipos de psicólogos y trabajadores se les recibió declaración y se confirmó los indicios que teníamos”, aseguró.

El funcionario judicial afirmó durante el programa Enredados* que “los tratantes ejercen violencia y todo tipo de amenazas, ayer (por el viernes) estaba en la combi de Prefectura en el que habían trasladado a las chicas, como la Fiscalía 2 tiene todo vidriado adelante vimos que había un auto estacionado, alguien lo identificó, se bajó un tipo del auto y empezó a mirar hacia donde estaban las chicas y nos dimos cuenta que era uno de los tratantes, cuando bajamos salió arando. Hay una presión constante y para quien probablemente no haya conocido mucha alternativa o provenga de una familia donde el ejercicio de la prostitución es común es difícil y el sometimiento al tratante es una cosa bastante naturalizada”.

 “La esclavitud o el sometimiento no es esa imagen estereotipada de varias mujeres encerradas y desgreñadas. Aparte las imágenes dicen cosas, cuando se quiere comunicar eso es porque, si fuera ese el estándar, de ahí para abajo es simple libertad. Hemos escuchado declaraciones de los tratantes que dicen ‘pero si las mujeres salen todos los días, yo no las tengo encerradas con llave, no las tengo encadenadas’.

“Claro, la nueva esclavitud es que a las chicas paraguayas se les paga el pasaje, se lo van descontando de los servicios sexuales, como el pase vale promedio 400 pesos ella se lleva la mitad, de esos 200 les descuentan la comida, el alojamiento -si es que la alojan-, la peluquería, el ginecólogo y entonces le quedan 80 pesos y esos 80 se imputan a la cancelación del viaje. Y el dinero para los hijos y la familia lo manda el proxeneta y les retiene el documento”, relató Cantaro.

El director del Consorcio de Gestión del Puerto y presidente de Huracán, Marcelo Osores, junto al imputado Víctor Hugo Iglesias. (Foto LNP)

Los operativos incluyeron el allanamiento del hotel del ex presidente del Club Huracán Víctor Hugo Iglesias, ubicado en Guillermo Torres al 4000. Allí se secuestraron 170 mil pesos y celulares.

“Iglesias tiene una causa ya por trata de personas y nosotros pretendemos probar alguna conexión con estos otros, porque hay conversaciones telefónicas donde lo mencionan y donde dicen que a la chica la llevaron acá (…) Se secuestró  mucho dinero, como se trata de una persona que no se le reconoce una actividad lícita es dable sospechar que viene de la actividad ilícita y también hasta podría estar involucrado en una cuestión de lavado de dinero”, explicó el fiscal.

Las mujeres rescatadas fueron atendidas por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctima (DOVic) y del Centro de Atención y Asistencia a la Víctima.

La investigación se había iniciado el 13 de febrero de 2014, a raíz de un llamado anónimo recibido en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que daba cuenta de la existencia de un posible caso en Ingeniero White.

En esa oportunidad, indicaron que mujeres menores de edad serían trasladadas desde Bolivia, Paraguay y la provincia de Salta dentro de camiones de cereales con fines de explotación sexual. El denunciante agregó que las jóvenes habrían sido entregadas por $40.000 a un hombre de aproximadamente 40 años, quien, además, fue identificado como dueño de un prostíbulo en la zona del puerto, solapado como negocio de venta de bebidas.

Las tareas de investigación encomendadas a la Prefectura Naval Argentina permitieron vincular a la persona denunciada con el bar nocturno “Brodway”. Asimismo, se detectó el traslado rotativo de las presuntas víctimas entre los distintos locales.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

Estudiantes y docentes bahienses y algunos bloques del Concejo Deliberante reclaman el financiamiento transitorio del boleto educativo por parte de la Municipalidad ante la negativa de la gobernadora María Eugenia Vidal a reglamentar y cumplir la ley 14.735.

La norma aprobada por unanimidad en 2015 dispone la creación de “un régimen especial de boleto para los usuarios del sistema de transporte provincial ferroviario, fluvial y de colectivo de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado en todos los niveles, incluidos los de formación profesional y bachilleratos populares que tengan asiento en la Provincia de Buenos Aires”.

Mediante la ordenanza 18.253 el Concejo Deliberante adhirió a la legislación bonaerense y fijó que “la Provincia debía garantizar la implementación de la Ley y que el beneficio establecido no fuera en desmedro de los Recursos Municipales, Fondos de Administración Municipal o del servicio que se brinda al resto de los usuarios del Transporte Público”.

teatroEl proyecto presentado esta semana por el bloque de Integración Ciudadana dispone “el financiamiento transitorio” por parte del municipio “hasta que disponga la Provincia la remisión de los fondos correspondientes, afectando parte de lo recaudado en concepto de R.A. Tasa de Seguridad e Higiene abonada por las empresas del Polo Petroquímico y en concepto de Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados”.

“Una ley no es prioridad para la gobernadora, ¿dónde está el apego a las instituciones del que se habla durante su campaña? Una ley provincial que el actual intendente (Héctor Gay) siendo diputado votó a favor. Una ley votada por el consenso de todos los actores y por unanimidad”, aseguró en sesión la concejala Betiana Gerardi (FpV) y se preguntó si solo fue para la foto la reunión del subsecretario de Transporte con diputados provinciales para analizar la reglamentación.

Soledad Martínez, integrante del bloque de Cambiemos prometió “tomar la inquietud” del financiamiento municipal transitorio propuesto y “trabajar sobre eso” en las comisiones.

Fotos: Estudiantes del Conservatorio y la Escuela de Teatro. Facebook Coordinadora por el Boleto.

En el día de hoy se conoció el fallecimiento de Esteban Latorre, trabajador de Biblioteca Nacional que fue despedido y luego reincorporado por las autoridades al enterarse que había sido operado en enero del corazón. Ya son tres los trabajadores muertos en una semana por las políticas del gobierno nacional.

Latorre, de 41 años y una hija de seis años, fue operado en el mes de enero donde se le realizó un triple bypass por problemas que venía arrastrando de salud. Estando de licencia médica debido a esta situación, el 21 de marzo recibió el telegrama de despido por parte de las autoridades de Biblioteca Nacional.Afiliado a ATE, Latorre tuvo que presentar los comprobantes de su deterioro de salud por lo que terminó siendo reincorporado.

Sin embargo, este lunes se hizo presente en Biblioteca Nacional para presentar los certificados correspondientes con el fin de mantener la licencia.Según cuentan sus compañeros, Latorre se encontraba muy angustiado por los despidos (240) en su sector de trabajo y por la situación que le hicieron pasar tras ser operado del corazón. Este mismo lunes, mientras volvía en moto a su casa de José C. Paz, se descompuso y falleció en el camino.Esteban Latorre era trabajador del sector de Seguridad e Higiene, con 7 años de antigüedad estaba sujeto a la resolución 48, una renovación de contrato anual que padecen miles de trabajadores estatales.

Con el fallecimiento de Latorre ya son tres los compañeros muertos producto de los despidos y las políticas que impulsa el Gobierno Nacional. El fin de semana pasado, Yolanda Mercedes, auxiliar docente de Mar del Plata tuvo un infarto que le produjo al advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 por el descuento que le habían aplicado de más de $6.000. Y este martes, Melisa Bogarin, trabajadora precarizada del Inta del Chaco, en el marco de una reunión con autoridades del sector, se descompuso y murió mientras era trasladada a un hospital.

Fuente: http://www.eltrabajadordelestado.org/

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur adhirió al Paro Nacional de Estatales convocado por ATE junto a otras organizaciones sindicales que se realizará el martes 19. Las y los docentes universitarios concurrirán ese día a las 10 al Encuentro – Debate de Trabajadores organizado por la CTA en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense -Luiggi 63-. El Consejo Superior de la UNS se sumó a las demandas.

Tras la elección de delegadxs al Congreso de la ConaduH, el gremio decidió impulsar la realización de un paro general de trabajadorxs a través de la convocatoria de todas las centrales sindicales y ratificar el pliego de reivindicaciones de la federación universitaria buscando confluir en “unidad de acción” con organizaciones similares en futuras medidas de fuerza.

“Con respecto al mandato de plan de lucha de la Federación, nuestra delegación tomará conocimiento de la resolución que adoptará el Congreso Extraordinario sobre el particular y la pondrá a consideración de una Asamblea, que se convocará la semana que viene, para ratificarla o adecuarla a las decisiones que se tomen en la misma”, informó ADUNS.

Por otra parte, lxs trabajadorxs apoyaron la denuncia penal formulada por el gremio SOEME contra la gobernadora María Eugenia Vidal a raíz del fallecimiento de la auxiliar docente Yolanda Mercedes y acompañaron el reclamo por la urgente reglamentación e implementación de la Ley del Boleto Estudiantil Gratuito.

Respaldo del Consejo Superior de la UNS

 Una resolución que solicita a las autoridades nacionales “que realicen todos los esfuerzos necesarios para concretar, a la brevedad, en el marco de la paritaria nacional la formalización de una oferta de incremento salarial satisfactoria dada la inflación verificada”, y también que “se regularicen las transferencias de las partidas presupuestarias que financian el funcionamiento de las Instituciones Universitarias Nacionales, y se considere un incremento de las mismas” emitió en su último plenario el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur.

 La declaración tuvo su origen en un petitorio de ADUNS presentado ante las autoridades el 4 de abril. Entre sus considerandos, el Consejo expresó “que el último acuerdo paritario docente por el cual se obtuvo un incremento salarial, ha sido largamente superado por la inflación verificada en el período acordado provocando un importante deterioro del salario real”; que “junto a otros reclamos, ha motivado la adopción de  medidas de fuerza que provocan la retención e interrupción en la prestación de los servicios docentes en los ámbitos universitario y preuniversitario”, y que “es imprescindible la regularización del flujo de financiamiento y el incremento del mismo, para asegurar el normal funcionamiento de las Instituciones Universitarias Nacionales”. También, “que las condiciones presupuestarias están en estrecha vinculación con  la calidad académica de la Universidad pública en materia de docencia, investigación y extensión, afectando directamente al estudiantado”.

La Resolución CSU 168/2016 completa puede descargarse aquí:  http://servicios.uns.edu.ar/data/noticias/docs/77.pdf

La presidenta del Consejo Escolar Susana Rodríguez confirmó esta mañana que la provincia devolverá los cupos en comedores escolares recortados a principios de año y duplicará los montos asignados a desayunos, meriendas y almuerzos. Los anuncios se efectivizarán a partir del próximo mes.

“Estuve en La Plata con el director de Consejos Escolares de la provincia, fui específicamente por el reclamo de cupos de comedor del recorte que nos había llegado a principios de año que nosotros nunca pusimos en práctica porque dijimos que íbamos a seguir trabajando con los mismos cupos porque no éramos quienes para decidir quién come y quién no. Esos cupos nos los devolvieron, vamos a seguir trabajando con los cupos de 2015 hasta la nominalidad y si necesitamos más cupos de comedor o copa de leche el director dijo que no iba a tener problema en darnos los que necesitáramos”, dijo Rodríguez a FM De la Calle.

La funcionaria afirmó que “otra alegría que me dio el director fue que el DMC, el desayuno y merienda completa, va a ser de $7,90 con un incremento del cien por cien y el comedor va a ser de $12,60 también un incremento del cien por cien. Con estos montos estamos hablando de la posibilidad de otros menús”.

Por otra parte, la consejera se refirió a la continuidad de la problemática de los roedores en algunas instituciones -hoy se denunció la aparición de una rata muerta en la Escuela 5- e informó que, a partir de la renuncia de Adriana Perdriel, asumió Pablo Coleffi en el bloque de Cambiemos y Carolina Recalde fue designada vicepresidenta del cuerpo.