En la última sesión del Concejo Deliberante el oficialismo rechazó conformar una “mesa social articulada de trabajo, gestión y planificación en el marco de la pandemia” para analizar la situación de los sectores vulnerables ante la segunda ola de Covid.

Romina Pires, una de las autoras del proyecto, dijo a FM De la Calle que el espacio que se conformó e 2020 “dejó de funcionar en septiembre”.

“El martes se juntaron directores de hospitales, integrantes de Región Sanitaria y el intendente. En esa misma línea, pretendemos sentarnos a pensar y retomar el diagnóstico del año pasado junto a organizaciones sociales y al Consejo Local de Niñez”.

Pires remarcó que “lo social no es sólo lo alimentario, también hay cuestiones de vínculos, de dispositivos, de contención, de propuestas territoriales, con un abordaje más integral: hay personas que no salieron de sus domicilios y otras que quedaron golpeadas por la pandemia”.

“No es menor que se diga que está por venir una segunda ola, esto nos tiene que llevar a pensar que la ciudadanía requiere respuestas distintas a las de estos últimos seis meses. Hay que sumar el frío, las lluvias y la complejidad en los barrios”, afirmó.

Por último, la concejala expresó que “desde el Municipio existen varias tarjetas: una de $860, otra de $1660 y la última de $1860 por mes. Habría que preguntarle a la secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, el criterio de estas tres tarjetas”. Un ejemplo de coordinación podría ser que, a través de la mesa, “junto a las organizaciones sociales, se releve si todos los que la necesitan tienen tarjeta, hay familias que por distintos motivos aún no accedieron a este beneficio”.

El debate en el Concejo

“¿Qué es lo social?”, preguntó durante la sesión el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Nicolás Vitalini. “Creo que se confunde lo social con el asistencialismo. Dicen que no nos interesa lo social. Cuando uno habla de esto, puedo decir que es bregar por el asistencialismo en las escuelas, cosa que se han negado sistemáticamente en post de la obsecuencia al gobernador”.

Vitalini ejemplificó: “Fue año sin presencialidad, ¿dónde está la parte social de la vinculación de los chicos con sus pares? Lo social también tiene que ver con evitar restringir los derechos: durante un año hubo un Estado policíaco, te pedían un permiso para entrar a un lado y otro”.

“A veces se hace un enfoque en los barrios que más necesidades tienen, pero muchas medidas del presidente y del gobernador tuvieron impacto negativo en lo social. Porque esas personas más vulnerables son las que precisan que sus hijos se eduquen para salir de dicha situación, necesitan tener un trabajo y no perderlo. Argentina tiene un índice de alto crecimiento de la desocupación por las medidas desacertadas tomadas durante la pandemia”, afirmó.

Finalmente, el edil expresó: “Terminemos con el planteo de que somos insensibles. Se le da una connotación a lo social que en definitiva es la consecuencia pero no se ataca nunca la causa. Que Argentina tenga una pobreza estructural de más del 30% hace cuarenta años tiene que ver con lo social y si no hay generación de empleo, si no hay libertad, si no hay educación, va a ser cada vez más grave”.

La concejala del Frente de Todos, Analía López, interpeló a la oposición al decir que “ya que desde su espacio político se arengó tanto por la vuelta a la presencialidad y por el sostenimiento de las escuelas, principalmente las de explotación o responsabilidad privada, también pedimos que haya una mirada atenta hacia el cumplimiento de los protocolos y de lo que establece el plan jurisdiccional”.

“Debemos ser promotores de los derechos pero, a su vez, como veedores y fiscalizadores, tenemos la responsabilidad que la normativa se cumpla porque es en pos de la protección y cuidado de todas y todos”, finalizó la docente.

En respuesta al bloque opositor, Lucía Pendino afirmó que “el proyecto que presentaron propone algo que ya existe. Se logró trabajar en forma efectiva y con amplia convocatoria: participaban la Universidad del Sur, representantes de distintos cultos, organizaciones sociales, el Municipio desde la Secretaría de Políticas Sociales y la Secretaría de Gobierno, PAMI, concejales, la senadora provincial, Ayelén Durán, la presidente del bloque Frente de Todos y el Consejo Local de Niñez”.

Pendino dijo que rechazaron el proyecto presentado por Pires “porque la mesa de contención y colaboración social es un trabajo comprometido que se viene realizando desde el 2020 y que sin duda, atento a las necesidades, va a seguir trabajando en forma conjunta”.

Nuevamente, desde el Frente de Todos, Paula Echeverría retrucó que “la mesa que existió no se junta desde septiembre. Esto fue hace seis meses. ¿Vamos a decir que no existieron en estos meses problemáticas y urgencias dentro de nuestros territorios? Estas instituciones no tuvieron un lugar de encuentro” y, a pesar de eso, “las organizaciones sociales, la universidad, las iglesias, la organización comunitaria y territorial sigue dando respuesta y acompañamiento”.

“Nos falta como Estado municipal dónde encontrarnos y articular, pensar desde lo local de qué manera vamos a hacer frente a esta próxima ola de Covid que golpea a todos y todas pero mucho más fuerte en nuestros territorios. Para eso necesitamos no solamente poder decir qué es lo social sino que solicitamos una gestión, una planificación, un abordaje y un trabajo serio, desde los sectores que durante este tiempo le pusieron el hombro a la pandemia”, expresó.

La concejala Lucía Martínez Zara dijo que “perdemos una gran oportunidad de crear un espacio, de tener una agenda común. Pensamos distinto, tenemos concepciones de Estado muy diferentes, pero por fuera de estas cuatro paredes hay una realidad social compleja y delicada. Muchas personas que la pasaron súper difícil y otras que se pusieron a disposición de manera solidaria, voluntaria a ayudar, se merecen ser escuchados, tenidos en cuenta”.

Por último, desde el mismo bloque, Carlos Moreno Salas planteó que “si hubo un gesto del señor intendente de juntarse con los médicos y con los directores de hospitales, también cabe juntarnos con los referentes que las vivieron en carne propia, gente humilde, sencilla, que ofreció su casa para hacer un plato de comida caliente y poder distribuir en el barrio. Hay hipocresía, dejamos de reconocer las cosas que ocurrieron. Debemos tener la responsabilidad y la madurez política para pasar este difícil momento”.

El economista y columnista Francisco Cantamutto analizó en FM De la Calle la reciente aprobación de la reforma al impuesto a las ganancias.

El especialista señaló dos aspectos de la iniciativa. El primero es que “se siguen discutiendo elementos del impuesto sin revisión integral, significaría modificar las alícuotas progresivamente, hoy cuando empezás a pagar muy rápidamente pagás el máximo porque las escalas están muy reducidas”.

“El segundo aspecto a revisar son las exenciones del impuesto, control y fiscalización. Una de las críticas es que se está discutiendo cuántos trabajadores o trabajadoras lo pagan pero no se están discutiendo las exenciones de, por ejemplo, a quienes hacen las operaciones inmobiliarias”.

“Esto no fue parte del debate, lo que se hizo es aplicar una exención por la cual quienes reciben salario bruto de hasta 150 mil pesos, no pagarían”, comentó.

El economista agregó que “esto hace que 1 millón 267 mil personas dejen de pagar, se vuelve a la situación de 2015. Es un 10% de personas asalariadas pagan el impuesto a las ganancias”.

“En el 2019 por la falta de actualización de los mínimos llegó a pagar un cuarto de los asalariados. Esto genera un efecto distributivo desigual”.

Cantamutto comparó que “la canasta de pobreza es de 58 mil pesos por mes y el salario promedio del sector privado es de $56.550. Los asalariados ganaban en promedio por debajo de la canasta de pobreza familiar. La mayor parte de los asalariados ganan mal pero, una vez que logran superar esa barrera, muy rápidamente saltan en la escala y pagan el tope de ganancias”.

“Esto nos habla de que se erosionó el salario de la clase media. Es decir, la mayor parte gana un salario de pobreza y, cuando logra saltar esa brecha, pasa a ser incluido entre quienes más ganan. Esto es un efecto de la desigualdad de distribución del ingreso, es de fondo y va más allá del impuesto”.

¿Por qué esta medida se sanciona ahora?

“Más allá del gesto político en el año electoral, la lectura económica tiene que ver con reactivar la economía. Mientas se negocia con el FMI, se habla de reducción de déficit fiscal, las exportaciones no reaccionan con la velocidad esperada, la inversión pública está atada, los salarios no suben, la mejora tiene que generar incentivos para que sectores medios y altos vuelquen el dinero en el consumo. No solamente mediante esta medida que libera fondos para que se vayan al consumo atrasado, sino también las iniciativas para el fomento a la construcción”.

El economista señaló que “se habla de un crédito hipotecario que en lugar de actualizar por UVA sea por índice salarial para que, si aumenta la inflación y no el salario, no se vaya la cuota al demonio. Todas las medidas que fomenten a la construcción especialmente, porque es mano de obra muy intensiva, generan muchos encadenamientos”.

“No es solamente un arreglo o un gesto político sino que tiene que ver con cómo hacer para reactivar la economía”, finalizó.

El Municipio cedió a la empresa San Gabriel las líneas de colectivos 502 y 504, las cuales eran gestionadas por Bahía Transporte SAPEM.

Varios días después se informó que el traspaso incluyó 17 unidades a un costo de 16 millones de pesos -incluyendo intereses por el pago en cuotas- y a 32 de alrededor de los 70 trabajadores de la SAPEM .

El ex concejal y dirigente de Nuevos Vientos, Raúl Ayude, analizó en FM De la Calle qué implica el traspaso de líneas para el sistema de transporte público.

“Nos enteramos que le vendieron colectivos a menos de un millón de pesos cada uno, transfirieron 32 empleados, sin debate previo y sin que los miembros del directorio de la SAPEM lo sepan. Eso hace a una complejidad que es repudiable”, señaló.

Agregó que hay “una crisis muy grande debido a que la pandemia bajó la cantidad de gente que circula en transporte, con un agravante que es el aumento automático, sin revisión del funcionamiento del sistema, a partir de la mayoría automática de Cambiemos en el Concejo”.

“Tenes el boleto que aumenta de manera automática, la concentración en dos empresas privadas del sistema público de transporte, el vaciamiento de SAPEM, menos cantidad de pasajeros transportados y mucha dependencia de los subsidios de provincia y Nación para el sostenimiento del sistema”.

Sistema de cobro

El sistema de cobro no es propio de SAPEM sino que depende de SUBE. “Eso implica determinados costos y obligaciones que tienen que ver con SUBE. Durante todos estos años se incorporó personal. Si para una empresa privada el servicio le permite tener ganancia, en el caso concreto parte de esa reinversión se estaba haciendo para brindar trabajo”.

“Pareciera que una misma línea a San Gabriel le da ganancias y al Municipio da pérdidas. Ahí hay una diferencia entre la concepción del Estado, de lo público”.

Rol de la SAPEM al momento de su conformación

En sus inicios el reparto de recorridos estaba compuesto por “combos de líneas estrellas, las que tenían muchos pasajeros en relación a los kilómetros recorridos y otras que se llamaban de carga. Lo que se pedía es que el Estado intervenga para tener líneas testigos”.

“Al no tener pretensión de ganancias puedo tener un servicio para personas con discapacidad, que los pibes lleguen a una escuela de otra manera que capaz no es tan rentable, tengo mi propia estructura de parada, de cambio de parada. Manejar tres líneas permitía tener esos elementos y sentarte a discutir con empresas, gremios y usuarios”, comentó Ayude.

El Estado y lo público

La 19 A “es una línea que da pérdida, SAPEM se quedó con la peor de las tres, con más empleados que los que necesita. Lo que tenés que explicar a los usuarios es porqué tomás esta decisión, explicando números, estrategias”.

El ex concejal mencionó que con SAPEM se aplicó una “concepción en la que se privatizan espacios públicos” donde, por ejemplo, “en gastronomía con experiencias que son rentables se cede a una estructura privada”. “Lo mismo se hizo con SAPEM. Es la visión política que tienen por la cual cerraron talleres en los barrios dejando de atender la primera infancia”.

¿Se debería discutir una reforma integral del sistema?

Queda pendiente una reforma estructural del sistema de transporte, aunque Ayude sostuvo que “no se puede repensar en este momento de pandemia o en plena crisis”.

“La mayoría de líneas pasan por el centro, la mayoría de recorridos son muy largos, sigue habiendo mucha centralidad, pasan por calles angostas, el sistema de transporte escolar hace que sea necesario refuerzos en diversos momentos”, apuntó para la futura discusión.

El dirigente de Nuevos Vientos destacó finalmente que, con la cesión de líneas, SAPEM y el Municipio “perdieron la posibilidad de ganancia cuando mejore el sistema porque ya se quedó con cosas deficitarias”.

Los grupos asociados que ofrecen cada mes las bolsas con Producciones de la Agricultura Familiar inaugurarán este domingo al mediodía un nuevo punto de comercialización: se trata de la Feria del Puerto que funcionará los fines de semana de 12 a 19 en Ing. White.

El espacio es impulsado por el Consorcio de Gestión del Puerto, organismo que convocó a INTA Pro Huerta y Cambio Rural, sumando a una red de trabajo que integran Cáritas Arquidiocesana, los centros de formación profesional N° 402 y 401 (anexo UP N°4) y FM De la Calle. Se podrán adquirir hortalizas, panificados, huevos, harinas integrales, mermeladas y conservas, plantas aromáticas y próximamente hongos, pescado, carne de cerdo y pollos.

Si bien la apertura del mercado estaba prevista para este sábado por cuestiones climáticas el puerto no abrirá.

Marina Huentenao, integrante del área de Economía Solidaria de Cáritas, comentó que el público ser encontrará con un patio de gazebos que muestran las propuestas de emprendimientos que se aglutinan en el local de comercio justo Reloj de Arena y la Red de Comercialización de la Economía Solidaria, junto a otros artesanos locales.

Luego, accederá al mercado donde tendrán sus puestos Moras Brix, Productores Hortícolas de Sauce Chico y Colonia La Merced, Runtu Thani, Don Atilio, Trigo Limpio, Cocinando Ilusiones, Somos Andando y proyectos productivos que acompañan las Cáritas Parroquiales como trabajo de promoción humana.

Huentenao señaló que esta alternativa de comercialización estable «es un punto importantísimo porque hace muchos años hemos ido caminando en distintos lugares con todo lo que implica el armado y desarmado. Poder contar con un espacio fijo que esté pensado para eso, donde la infraestructura está dispuesta para eso, es impensado. Cuando inauguremos lo vamos a poder creer».

«Desde los pequeños productores se generan puestos de trabajo concretos. Con el desarrollo y el acompañamiento del Estado o instituciones intermedias, con apoyo financiero, se puede ver la calidad de vida que adquieren», enfatizó.

La integrante de EcoSol comentó que la apertura del mercado en el puerto coincide con la llegada de un banco de herramientas que le permite a las emprendedoras, por ejemplo, pasar del horno casero a un horno pizzero e incorporar amasadoras y cuadruplicar la producción.

«En esta economía donde su costo fijo es el cuerpo, poder contar con maquinaria de este estilo significa que no se levantan a las tres o cuatro de la mañana. Eso que no se puede cuantificar y que está acompañando por instituciones hace que estos espacios mejoren la calidad de vida estos integrantes de esta red».

Otro gran desafió es la autonomía. Huentenao resaltó «lo positivo que ha sido el momento de crisis que nos lleva a pensar alternativas. Se constituyeron bancos de herramientas, un fondo rotativo para la producción de harinas y de alimentos balanceado que nace desde Cáritas y habilita la compra de insumos de manera colectiva con un pequeño interés para generar fondos y ampliarlo».

«Estamos acompañando todo el paso previo para que la producción vaya tomando escala de a poco para que no se termine autoexplotando el productor si no que sea un crecimiento paulatino», finalizó.

La madre de Facundo, Cristina Castro, dialogó con FM De la Calle a un mes de cumplirse el primer aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro.

El lunes, la querella denunció la desaparición de un testigo clave, quien fue localizado varias horas después. Se había escondido por temor a las amenazadas recibidas en el marco de la causa que tiene a la Bonaerense en la mira de la justicia.

“Buscan amedrentar, yo perdí el miedo el día que me mataron a mi hijo. Seguimos en pie de lucha sin importar quién caiga, son muchas las personas que están cubriendo este asesinato”, dijo Cristina.

Como cierre de la semana de la Memoria, afirmó que “cambiaron los Falcon por la Hilux. Estamos viendo una vena de la dictadura que no logramos cerrar. Es lo mismo, solo que en democracia avalados por muchos, por el poder político y judicial”.

“Lamentablemente me tocó pasar por lo mismo que les pasó a las Madres y las Abuelas. Me acordaba de tantas cosas, veo que la lucha de Facu era genuina, tuve que empezar a estudiar historia de verdad, tuve que aprender de lucha”.

En relación al testigo de identidad reservada contó que “desapareció, venía siendo amenazado de muerte él, su familia, su hijo. Nos dijeron que habían activado protocolos de búsqueda. Estos policías tienen un abogado, la jueza (Gabriela) Marrón levantó el secreto de sumario, así tuvieron acceso a las iniciales de estos chicos y empezaron a amenazarlos”.

“Gendarmería tardo casi cinco horas en llegar a Luro y ni siquiera fueron a la casa del chico. Yo creo que apareció por la presión de las redes, los grupos activaron el protocolos de búsqueda”, enfatizó.

Cristina relató que “la ministra Frederic me aseguraba que ya lo habían localizado y estaba todo bien y no era así. Terminé de hablar con ella y a los cinco minutos tenía a la familia en mi casa diciendo que no, que era mentira lo del mensaje de voz, que era un mensaje escrito por Whatsapp, y nos pidieron que no lo dejáramos de buscar hasta que apareciera, que querían verlo con vida. A la madrugada cuando apareció hicieron lo mismo y me pidieron que tuviera un poco de calma y pidiera reserva y tranquilidad para ellos, imagináte el momento que pasaron”.

Respecto a las pericias judiciales realizadas esta semana, en las cuales el perro del adiestrador Marcos Herrero volvió a señalar los patrulleros que detuvieron a Facundo el 30 de abril, Castro destacó la marcación de la Hilux del Puesto de Origone: “Ni bien soltó a Yatel, se clavó en el patrullero, no hay dudas de que mi hijo estuvo ahí y lo trasportaron en ese móvil”.

Consultada sobre el pedido de revisión del teléfono del presidente del Concejo Deliberante de Villarino, Omar Promenzio, explicó que está relacionado a una testigo “que se presenta a declarar de forma espontánea algo que escuchó. No la conozco, ella se acercó, tuvo una entrevista conmigo y después de un tiempo de animó a declarar porque tiene mucho miedo. Recuerden que a los amigos de Facundo los están persiguiendo todo el tiempo, tenemos ocho cartas documentos por un valor de 200 mil pesos cada una (por realizar pintadas). La policía los sigue hostigando, no pueden salir porque les ponen un patrullero atrás”.

“Esta testigo hace referencia a la jueza Marrón y a su amiguismo particular con la familia Bevilacqua, el intendente de Villarino. Nos resulta extraño que siga al frente de la causa cuando dijo que iba a cerrar el caso a finales del año pasado. Vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias. Estamos esperando resultados para las imputaciones, la salud me jugó una mala pasada, no puedo estar al frente, están mis abogados y mi familia ocupándose”.

Los policías sospechados -Siomara Flores, Mario Gabriel Sosa, Jana Curruhinca y Alberto González- “siguen trabajando y portando un arma, siguen desparramados por acá. Es inevitable no cruzarlos, siguen gozando de un sueldo que le pagamos los ciudadanos y ahora están patrocinados por un abogado que puso el Municipio”.

“Vamos por lo que el Flaco peleaba, por un Nunca Más en serio, porque en Villarino no nos vuelva a desaparecer ni un pibe, porque no los golpeen en las comisarías, porque no tengamos más femicidios, por todo eso. Sabemos que la lucha es larga y contra gigantes, pero no se preocupen que desde este lado les vamos a dar pelea”, concluyó.

Foto: Cristina Castro junto a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin en el Puesto Policial de Origone.

Cintia Villega denunció por violencia de género en reiteradas oportunidades al padre de su hija, Gustavo San Román. El 21 de agosto el hombre se llevó a la nena de nueve años impidiéndole todo contacto con la madre.

En la puerta de la Fiscalía General, la mujer junto a su abogada y organizaciones sociales reclamaron celeridad para que la niña pueda volver con su familia y que citen a declarar al agresor.

“Hace nueve años estoy juntada con él, siempre me amenazó con que me la iba a sacar y lo hizo, manipuló la situación. A mi hija la tiene manipulada, no la vi más a la nena. No se cómo está, la sacó de la vida que ella tenía, iba a natación, inglés, él la veía todos los días. Se enojó conmigo, me pegó y se la llevó”, dijo Cintia a FM De la Calle.

Relató que fue a la Comisaría de la Mujer a denunciar que la “ahorcó” aunque “justo el servicio local estaba con otro caso”.

“Me cruzo un amigo de él que le avisa que estoy ahí. Él va con Sofía a la comisaría, le dice al servicio local si puede tener a la nena durante tres días porque era el cumpleaños del hermano y no me la trajo nunca más”.

La abogada Alicia Busteros afirmó que “la justicia tiene que ser más expeditiva porque si no no es justicia. La criatura tiene un problema de salud grave, no se la medica en tiempo y forma. Ahora se agravó porque tampoco la lleva a la escuela”.

“La escuela fue la que dio aviso de que no estaba yendo la nena, el servicio local nos dijo ‘vamos a comunicarnos la semana que viene'”, señaló.

Hay varias denuncias: una está radicada en el Juzgado de Familia Nº3 y otra en la UFIJ Nº3 a cargo de la fiscal Agustina Olguín.

Busteros destacó que el hombre se “manifiesta humillando a la madre, golpeándola físicamente, psicológicamente. El servicio local no se había dado cuenta que se ejercía violencia psíquica contra ella porque la violencia que ejercía contra la madre era siempre enfrente de la nena”.

Por último, Cintia contó que “Sofía estaba todos los días conmigo, ella hacía deportes, iba a canto, estaba todos los días con los hermanos. Tiene a su perro, su gato, su rana, todo en mi casa. Ella no se quedaba nunca a dormir con él porque no quería. No puedo creer que hace siete meses que la tiene y que no se cómo está. Necesito que me ayuden”.

El secretario general del Sindicato de Guardavidas de Monte Hermoso fue censurado mientras se refería al conflicto gremial que mantienen con el Municipio durante el acto por el 24 de marzo.

Un hombre le sacó el micrófono al dirigente cuando este mencionó la situación de persecución y hostigamiento que sufren por parte del Ejecutivo, hechos denunciados penalmente ante la justicia bahiense con el acompañamiento de las secretarías de Derechos Humanos de la provincia y la Nación.

“No tenía pensado hablar, habíamos hablado con la gente de Suteba que iban a ser ellos los encargados del acto pero bueno, quiero pedir disculpas en nombre de los montermoseños por este mal momento, al compañero si se sintió agredido, no era la intención seguramente, el ámbito donde se va a resolver seguramente el litigio es el judicial no en el ámbito de un día festivo“, dijo el intendente Alejandro Dichiara

En diálogo con FM De la Calle, Brian Ollearo afirmó que la persona que le impidió cerrar su discuro “es cercano al Municipio” y aclaró que “no buscamos detenernos en personas concretas, más allá de que lo que hizo es horrible”.

El dirigente señaló que “es un acto de censura en un momento que rememora entre otras cosas, la censura en la dictadura. Lo que queríamos decir es la situación delicada por la que estamos pasando. Cómo no vamos a expresar la persecución y violencia que estamos pasando los guardavidas en Monte Hermoso”.

Mencionó que “queremos que se reincorpore a los trabajadores y que se termine con la persecución de trabajadores organizados. Por primera vez nos organizamos para que se respeten nuestros derechos. Recibimos esta represalia injusta, irracional e ilegal”.

Agregó que “por ley el servicio mínimo es de 150 días y el Plan de Seguridad Acuática presentado por el Municipio establecía que los 75 guardavidas íbamos a trabajar desde el 1 de diciembre hasta el 4 de abril. Todo eso fue violado”.

A 45 años del inicio de la dictadura cívica militar eclesiástica, Jorge Nawel, coordinador zonal de la Confederación Mapuche de Neuquén, comentó que la mirada de los pueblos originarios “en relación al 24 de marzo ha sido siempre acompañar la lucha de los organismos de derechos humanos para que el ‘Nunca más’ realmente lo sea”.

En diálogo con FM De la Calle, el werken mapuche reflexionó sobre la importancia de “no tener una memoria sesgada, limitada, si no nunca vamos a entender por qué ocurrieron los acontecimientos en los ‘70”.

Sobre las familias y los grupos de poder concentrados que participaron en el golpe, Nawel afirmó que “tienen origen cien años atrás, cuando nuestro territorio fue invadido por un naciente Estado que era una tercera parte de lo que es hoy y que luego se convirtió en lo que conocemos como Nación Argentina. Fue genocidio y, por ende, es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Debe haber una política de reconocimiento y reparación del daño que han causado durante 145 años de represión cultural e invasión territorial”.

Nawel será uno de los participantes del Conversatorio “145 años de terrorismo contra el pueblo mapuche” organizado en el marco de la semana de la memoria. La charla, contará también con el docente, ex detenido-desaparecido, Orlando “Nano” Balbo; el activista, periodista y escritor, Adrián Moyano; y la antropóloga feminista de la Lof Newen Mapu, Meli Cabrapan Duarte. La transmisión en vivo será este jueves 25 a las 19hs a través de los canales de Facebook y YouTube de la Confederación Mapuche de Neuquén.

“Poner en agenda del poder judicial este genocidio es una forma de ejercitar la memoria y buscar la verdad y la justicia, ya que no se puede considerar como error o producto del pasado”, explicó Nawel.

Añadió que “son delitos que tienen plena vigencia, deben ser juzgados y tiene que haber condena y, fundamentalmente, reparación. La condena de por sí no va a modificar nada, el Estado debe asumir esa masacre ya que tuvo un alto precio en vida, en cultura y en cosmovisión. Y que se generen acciones de reparación ya que tiene una responsabilidad directa en la política pública. Si no el contexto de relación hoy con el gobierno de turno es de una permanente criminalización, persecución y violencia contra la lucha de las comunidades mapuches en la Patagonia”.

En relación a las medios empresariales de comunicación, el referente mapuche ejemplificó que “cuando se escucha hablar a una Bullrich, a un Pichetto, a un Weretilneck y tiene semejante impacto y dimensión su palabra, no por la importancia de estos personajes porque son marginales en la política sino porque hay otro poder que se impone, que es el mediático y que las sobredimensionan y las convierte en voces poderosas, ahí es donde aparece este nuevo actor que es muy peligroso: los poderes de la comunicación, controlados por esos que ayer se enriquecieron producto del despojo del territorio mapuches”.

Agregó: “La voz de los pueblos originarios quedan soslayadas, quedan marginales al lado de esas otras voces que toman el poder y lo convierten en una palabra peligrosa”. Por último, Nawel afirmó: “No podemos aceptar que los mapuches sean percibidos como un sector terrorista violento cuando se está en semejante estado de empobrecimiento material. Las familias salen a recuperar tierras para desempeñar la vida comunitaria, para forjarse un futuro. Existe una injusticia estructural que hay que modificar y no se puede asumir sin ver que tiene un origen. Por eso esta semana de la memoria es importante agitar esa parte de la historia que no es mostrada, que no es transmitida”.

El médico Horacio Romano analizó en su columna en FM De la Calle la labor médica en Cuba para la producción de vacunas y medicamentos contra el coronavirus.

“Cuba tiene una historia de epidemiologia muy fuerte, tiene una amplísima experiencia en el desarrollo farmacológico, entre ellos el de vacunas”, comenzó.

Romano destacó que “ya llevan cinco proyectos de vacunas, dos de ellas ya pasaron a fase 3 y una, la Soberana 2, tiene 150 mil voluntarios. Están en una fase avanzadísima de aplicación, piensan que entre abril y mayo estaría lista. Un país bloqueado, con enormes dificultades de índole alimentaria, para conseguir aparatología, está desarrollando con gran éxito cinco tipos de proyectos vacunales”.

“Pero no se quedan ahí los cubanos”, argumentó el médico, “están planificando vacunar a países con ingresos bajos que no tengan posibilidades de acceder a vacunas, en parte porque las provisiones están acaparadas por potencias y por los costos más bajos que tiene producirla”.

“Hay 16 proyectos, entre otros tipos de medicamentos. Uno que me llamó la atención es que ya están trabajando con apoyo de China en hacer algún tipo de vacuna que incorpore a las distintas cepas que van surgiendo, que sirva como refuerzo de las vacunas que se están dando. Esto va a ser fundamental porque no sabemos si las vacunas que estamos dando son efectivas para las otras cepas”, detalló.

Asimismo puso énfasis en el “relativismo ético, entendiendo la ética como el estudio del bien y mal”. Destacó un informe del Ministerio de Salud de EE.UU. y su oficina de estudios globales que plantea que “previendo la mala influencia de países como Venezuela, Cuba y Rusia presionaron a gobiernos, por ejemplo de Panamá y Brasil, para que no acepten vacunas rusas o médicos cubanos. Es una vacuna que podría haber ayudado a salvar vidas en Brasil. Las brigadas cubanas elogiadas en todo el mundo, son candidatas a Premio Nobel”.

“Te tenés que sentir bastante inseguro para que una vacuna te haga tambalear el gobierno de la democracia y la libertad”, refirió.

Por último, agregó que “no pueden ponerse más allá de ganar un dólar más. Esa es la diferencia entre EE.UU. y Cuba, que piensa en su gente y más allá, pensando en los que no tienen nada en el mundo”.

En el aniversario 45º del Golpe de Estado cívico-eclesiástico- militar, FM De la Calle realizó un programa especial de En Eso Estamos.

Se escucharon los testimonios del secretario de Derechos Humanos de la CTA, Dante Patrignani y de Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén invitando a un conversatorio a 145 años de terrorismo de Estado contra el pueblo mapuche.

Por otro lado, Pablo Stefanoni, autor del libro “¿La rebeldía se volvió de derecha?”, analizó cómo calan en la sociedad la reconversión de los discursos de extrema derecha.

Escuchalo acá.

En un recorrido por el arco político local se compartimos las voces de referentes y referentas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales reflexionando sobre el significado de este nuevo aniversario del golpe genocida.

Saira Millaqueo, coordinadora de Ciudadanas Trans y Viviana Marfil, secretaria general de ATE.

Fernanda Petersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Alberto Rodríguez, miembro del Centro Cultural La Panadería.

Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio y la CGT y Nahuel Blanco, integrante de la organización barrial Talita Kum.

Ana Canullo, primera secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA y Elisardo Tunessi, representante de la Red de Espacios Culturales Independientes.

Pilar, integrante de Sureando y Verónica Bajo, activista de Acciones Feministas.

Luciano, miembro del Centro de Estudiantes del Colegio La Piedad y Carolina, integrante de la organización social El Puente.

Anabella Tarabelli, integrante de la Comisión del Sindicato de Prensa y Diego Dorcazberro, referente de Sureando.

Juan y Victoria, estudiantes de la FES.

María Belén López, delegada general de la Asociación Argentina de Actrices y Actores.

Los cables de la embajada de Estados Unidos en Argentina permiten acceder a detalles de los preparativos del golpe de Estado: entre mostrarse eficaces en la lucha contra el comunismo y proyectar una buena imagen internacional, el objetivo de la intervención militar y el plan de los primeros días de gobierno que mencionan, inicialmente, con el nombre de “intervención militar en el proceso nacional”. Los documentos también son reveladores de la lectura política de Estados Unidos sobre el anunciado golpe: esperaban un “gobierno militar por un periodo prolongado y de una severidad sin precedentes”.

Desde varios meses antes, la Embajada sabía de los planes golpistas y mantenía canales de comunicación con la inteligencia militar. En paralelo a la diplomacia oficial, en los días previos al golpe de Estado, también se menciona en los documentos desclasificados la visita de un senador republicano y un ex subdirector de la CIA y las reuniones extraoficiales para lograr que altos mandos militares se encuentren con autoridades norteamericanas.

Los documentos forman parte de una selección publicada por el National Security Archive (NSArchive) en Washington DC, y accedidos como una primicia para ser difundidos aquí en el marco del convenio de cooperación entre la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el National Security Archive y la universidad William & Mary [Para más información contactar al Director del Proyecto de Documentación del Cono Sur del NSArchive, Carlos Osorio].

A 45 años del golpe de Estado, en el marco del convenio con el National Security Archive y la universidad William & Mary, compartimos esta selección, un recorrido de los días previos al 24 de marzo, los militares y la diplomacia, el relato de un golpe militar anunciado largamente y que ya, en ese entonces, dejaba ver lo que se avecinaba: un despliegue represivo nunca visto.

El 14 de marzo de 1976, en una reunión con Raymond Molina, el General Alberto Dalla Tea, afirmó que, entre el miércoles 17 y el jueves 18, las Fuerzas Armadas argentinas derrocarían a la presidenta Isabel Martínez de Perón y que los militares mantendrían el control absoluto durante los primeros diez días del golpe.

La información está contenida en un cable secreto que el agregado legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina Robert Scherrer le envía al director del FBI el día siguiente a la reunión. Entre los muchos puntos cubiertos por el general Dalla Tea durante el encuentro con la fuente, Scherrer destaca tres: “1. Las Fuerzas Armadas argentinas desean una estrecha cooperación con los Estados Unidos; 2. El comandante en jefe del ejército argentino será reconocido el líder golpista; 3. Luego de los primeros diez días del golpe, los militares argentinos pretenden incorporar civiles con perfil técnico al gobierno para cubrir los cargos de ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Economía y ministro de Hacienda”.

La fuente, Raymond Molina, es presentado en los documentos del FBI de esos días como un ciudadano estadounidense, quien participó en la invasión de Bahía de los Cochinos en Cuba. La reunión entre Molina y Dalla Tea fue programada por el empresario y dirigente político Jorge Antonio, quien fuera muy cercano a Juan Domingo Perón y enemistado públicamente en esos años con José López Rega. Según los mismos cables desclasificados, Jorge Antonio tenía la expectativa de “ser elegido presidente de un gobierno civil, que seguirá al golpe de Estado militar”.

El mismo cable del FBI del 15 de marzo también aporta detalles del plan militar, indicios de lo que serían las principales líneas de acción de la dictadura: la persecución al movimiento obrero y el proyecto económico liberal.

“El general Dalla Tea le dijo a Molina que los militares argentinos reconocieron el hecho de que tendrán que ocuparse de varios sindicatos que se opondrán a un golpe militar pero que estaban dispuestos a hacerlo”, transcribe el agregado legal de la Embajada. Y agrega: “[…] creen también que el gobierno ha tomado el control de demasiadas industrias privadas y que muchas de ellas deberían volver al control privado con el fin de alentar la inversión”.

Cuando los militares se fueron del poder en 1983, los resultados de esos lineamientos de gobierno quedaron claros: el 32 % de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado eran obreros fabriles, la estructura productiva del país quedó severamente resentida y la deuda externa ilegítima contraída durante esos años se arrastró por décadas.

Los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) —archivo que gestiona la CPM desde el 2001— ponen algo de perspectiva sobre la represión a trabajadores y trabajadoras. En los años previos a 1976, las fuerzas armadas y de seguridad incrementaron las acciones de inteligencia sobre el movimiento obrero, desde la CGT hasta los cuerpos de delegados.

En mayo del 75, por ejemplo, ya estaba funcionando el “acantonamiento militar de Campo de Mayo” una coordinación de las áreas de inteligencia del Ejército Argentino y varias de las Delegaciones DIPPBA, en la persecución de obreros de la zona industrial del norte del conurbano de Buenos Aires. Zona donde se encuentran las mayores empresas industriales transnacionales y que tuvieron una gran cantidad de trabajadores desaparecidos.

La información está en el documento de la mesa Ds [Delicuentes subversivos] carpeta Varios Nº 2981 y tiene el siguiente título. “Hecho: reunión informativa en acantonamiento militar de Campo de Mayo el día 8-5-75”. La reunión se efectuaba en razón de la creación del Destacamento de Inteligencia e Informaciones en ese acantonamiento “tendiente a cooperar en estrecha colaboración con los organismos de seguridad en la represión subversiva e infiltración de elementos ideológicos dentro de la masa obrera de las organizaciones extremistas”, según lee en el documento.

En esa misma reunión acordaron que iban a juntarse todos los meses del 5 al 10 para intercambiar ideas y que iban a pedir a las delegaciones de la DIPPBA que “facilitaran informes sobre establecimientos fabriles existentes en la zona de su jurisdicción para tener un control sobre los mismos en caso de una emergencia”. La vigilancia a establecimientos industriales y fábricas tenía el objetivo de captar el conflicto en el lugar de trabajo.

Los contactos militares por fuera de la diplomacia oficial

En un teletipo también secreto enviado el 16 de marzo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada Robert Scherrer retoma la información obtenida por la fuente. En el documento se lee que, durante esa reunión del 14 de marzo, Raymond Molina enfatizó «la absoluta necesidad de que se lleve a cabo un programa de relaciones públicas bien preparado en Estados Unidos para contrarrestar cierta reacción desfavorable a un golpe de estado militar contra un gobierno constitucionalmente electo”.

El comentario habría tenido una aceptación casi inmediata. A las pocas horas, Molina dice que lo visitaron en el hotel donde se hospedaba con el mensaje de que el general Jorge Rafael Videla dio instrucciones para establecer contacto con el mayor general retirado del Ejército de Estados Unidos Daniel Graham “para explorar en detalle las recomendaciones del general sobre el aspecto de relaciones públicas del proyectado golpe de Estado de las Fuerzas Armadas Argentinas”. En el mismo mensaje, Dalla Tea también avisaba que, a la luz de estos comentarios, la fecha del golpe de Estado parecía que iba a pasarse para la semana siguiente.

El Teniente General Daniel O. Graham había sido subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entre 1973 y 1974 y luego director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), cargo que abandonó en diciembre de 1975.

Graham fue parte de una comitiva que viajó el 12 de marzo a Argentina, junto al Senador republicano por Carolina del Norte Jesse Helms. En un memorándum del 17 de marzo, en respuesta al teletipo del director del FBI, el Teniente Graham confirma esa visita al país, pero se desvincula de cualquier contacto con los militares argentinos: ante los rumores del Golpe de Estado, “sintió que su presencia allí sería imprudente y agregó que no tiene intención de establecer ningún contacto con el general argentino ni sus representantes aquí en Estados Unidos ni en el exterior”.

Por el contrario, en un cable enviado a Washington en esos días, el Embajador en Argentina Robert Hill reconoce que fue él mismo quien lo instó a abandonar rápidamente el país. Y agrega: “Espero que este problema haya quedado atrás. Sin embargo, podría haber sido extremadamente vergonzoso como mínimo y, como mucho, muy perjudicial para nuestras relaciones”.

Su compañero de viaje el republicano Jesse Helms volvería a la Argentina en una visita oficial pocos meses después: el 5 de julio Videla lo recibió en la Casa Rosada. Helms señaló que representaba a un grupo de 17 senadores preocupados por el comunismo y que estaba visitando Argentina, Chile y Uruguay porque “sus gobiernos parecen compartir el deseo de pararse frente al comunismo”. El dictador argentino le dijo que compartía la preocupación por la amenaza del comunismo y le regaló una edición del Martín Fierro.

Los informes de la inteligencia militar a la Embajada  

Más allá de la información remitida por Raymond Molina a las autoridades de la Embajada y la presencia en el país de esa comitiva de miembros del partido Republicano, durante las semanas previas al golpe de Estado se intensificaron los informes de fuentes del Ejército al agregado legal de la Embajada de Estados Unidos.

El 18 de marzo, en un nuevo teletipo dirigido al director del FBI, el agregado legal dice que un oficial de rango del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino le indició que el golpe de Estado se dará el sábado 20 ó domingo 21.

La fuente confidencial también le informa sobre otros detalles de la preparación del golpe: “El agregado militar superior argentino en cada embajada en todo el mundo ha recibido instrucciones de pasar por alto al embajador respectivo en cada país y presentarse ante el gobierno anfitrión, notificando que el gobierno de Perón será reemplazado por un gobierno militar. Esta notificación a los altos agregados militares argentinos en las distintas embajadas del mundo se programará para que el agregado militar superior tenga al menos doce horas de anticipación sobre la hora real del golpe de estado militar”.

“Según un informe reciente emitido por el alto mando del ejército argentino, diez países ya informaron informalmente a los agregados militares argentinos en esos países que se otorgaría un reconocimiento inmediato a un gobierno militar argentino”, agrega Robert Scherrer. 

El 20 de marzo, en un nuevo teletipo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada en Buenos Aires informa que los militares argentinos pospusieron el golpe de Estado hasta el martes 23 de marzo, “debido a problemas no especificados en Rosario relativos a la efectiva imposición del control militar”. Y agrega: “No consideran el derrocamiento del gobierno peronista como una revolución o un golpe de Estado en el sentido más estricto de estos términos, se refieren a sus acciones como una ‘intervención militar en el proceso nacional’”.

La actualización de información, nuevas incidencias, quedaron registradas en esos cables de los días previos al golpe de Estado: la postergación de la fecha del derrocamiento, los problemas no especificados en Rosario, discusiones en los círculos políticos y militares en torno a los nombres que se mencionaban para el gabinete militar, la mención a un atentado de Montoneros.

Esta información no solo da cuenta del flujo de comunicación entre la Embajada y las fuentes del Ejército argentino sino también del interés y el grado de conocimiento que las autoridades diplomáticas tenían sobre los hechos. La antesala de un golpe militar anunciado: de acuerdo a los archivos recientemente desclasificados, la Embajada conocía desde hace mucho tiempo el plan de derrocamiento.

Tal como explica el National Security Archive en esta gacetilla de prensa, si bien hay referencias anteriores, el primer informe sustantivo sobre un “posible golpe de Estado” en Argentina es de mediados de febrero de 1976. En un cable, el subsecretario de Estado William Rogers le advierte al secretario de Estado Henry Kissinger: “[…] al intensificar la lucha contra la guerrilla, es casi seguro que un gobierno militar argentino incurrirá en violaciones de derechos humanos que generen críticas internacionales. Esto podría llevar a presiones públicas y del Congreso de Estados Unidos que complicarían nuestras relaciones con el nuevo régimen».

En esa misma fecha, en otro cable aparece un elemento revelador: el propio Embajador Robert Hill reconoce que “la embajada ha indicado discretamente y a través de terceros a los militares que el gobierno de los Estados Unidos reconocerá un nuevo gobierno en Argentina”. El 23 de marzo en una nota al Consejo de Seguridad Nacional, Hill dice que, mientras redacta el documento, Argentina está en un estado de cambio. Y agrega: “Argentina ha sido uno de nuestros principales interlocutores y es poco probable que esto cambie”.

Equipo de producción integrado por:
Carlos Osorio, director del proyecto de documentación del Cono Sur del NSArchive
Silvia Tandeciarz, profesora William & Mary
Área de comunicación y programa contra la corrupción y la inteligencia ilegal – CPM

1025 genocidas fueron condenados tras la reapertura de las causas de lesa humanidad hace 15 años y 165 personas fueron absueltas. En total, son 3490 las investigadas de las cuales solo un cuarto está privado de la libertad.

Según información de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida.

Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas.

En la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado: 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso.

Entre febrero y marzo inicaron los debates de cinco causas y para abril se espera el inicio de otra. La situación de emergencia sanitaria influyó en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados antes de la cuarentena, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite. Entre estos últimos, el debate de la causa Triple A de Bahía Blanca.

De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia.

A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.

De las 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas 1661 -es decir, un 47% del total- transitan los procesos en libertad, mientas que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio. Esta modalidad de detención predomina desde 2016.

La Procuraduría destacó, además, que en relación al tiempo que insume la tramitación de estas causas, transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme.

Analizado ese lapso por tramos, el organismo estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.

El secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, dijo a FM De la Calle que el testigo de identidad reservada cuya desaparición se denunció ayer, “está otra vez con su familia, muy afectado y asustado por todo lo que le viene pasando”.

Afirmó que se trata de “una serie de llamados telefónicos, amenazas y hostigamientos, hacia él y su familia, todo en función de haber sido testigo en la causa de Facundo”.

Respecto a la protección judicial que debió tener el testigo, Cirpiano contó que “es bastante deficiente, lo venimos señalando, ha costado mucho que la justicia se haga cargo de la protección de testigos, funciona con intermitencias y desprolijidades. Son testigos que hay que cuidarlos mucho porque aportaron información muy importante”.

“En algún momento el temor y el terror que sentía por esos llamados y el involucramiento de algunos de sus familiares lo llevó a esconderse por temor a que esas amenazas se convirtieran en algo real. Después conversando con sus familiares regresó con ellos. Estamos haciendo presentaciones para que se lo cuide y se le de un tratamiento adecuado”, agregó.

En cuanto al estado de la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo, el abogado de la CPM comentó que “hay muchos elementos que dan cuenta de la participación de la Bonaerense en el hecho. Tenemos un problema serio con la jueza que claramente quiere imponer la versión del accidente y no está dispuesta a investigar la pista policial”.

“El fiscal Martínez lo mismo, ahora se inhibió en la causa y están los otros dos fiscales designados especialmente para esto. Pero la jueza tiene una actitud, incluso extraña, de negar prueba pertinente y necesaria. Hubo que recurrir a la Cámara, tendría que aceptar que se investiguen todas las pistas, no la que ella cree que debe ser. Creemos que tiene intenciones de cerrar la causa y en función de eso la hemos recusado”.

Días atrás, el Municipio de Villarino facilitó un defensor para los policías sospechados. Recordemos que el intendente Carlos Bevilacqua pretendió vincular a Facundo con el narcotráfico mientras el joven permanecía desaparecido.

Se trata del abogado Sebastián Martínez, quien ahora vela por los intereses de Mario Sosa, Jana Curruhinca, Siomara Flores y Alberto González.

Cipriano destacó que aun “no hay una imputación concreta” aunque “hay muchos elementos que relacionan a estas personas con la causa”. Para avanzar con pedidos de indagatoria esperan que se defina la continuidad o no de la jueza recusada: “Cada vez las pruebas nos van convenciendo más de la hipótesis de la responsabilidad policial”.

En julio del 76 Guillermo Quartucci se fugó de los genocidas que lo habían secuestrado junto a un grupo de profesores. Corrió una fría noche por los campos pampeanos de Jacinto Arauz, caminó seis días y llegó a Bahía Blanca. Permaneció en la clandestinidad por tres meses y emprendió el exilio mexicano.

Juan Pablo Felix y el bahiense Esteban Garelli dirigen la película “Fuerzas vivas” en la cual relatan la historia del Operativo Arauz. Se podrá ver a partir de mañana en el festival del BAFICI de manera presencial en CABA y estará disponible online durante 72 horas.

“Conocí la historia de Guillermo hace mucho tiempo y siempre fue increíble. Fue secuestrado en el Operativo Arauz, logró fugarse y la fuga es un relato apasionante pero hay mucho más detrás de eso. Surgieron cosas muy interesantes, no solo sobre lo que pasó sino por qué sucedió ese operativo”, comentó Garelli a FM De la Calle.

Señaló que “Guillermo, antes de salir del país, estuvo clandestino tres meses, durante muchos años borró este episodio de su vida. Hasta que a principios del siglo, cuando se reabrieron los juicios, se metió de lleno en la investigación de lo que pasó con su detención. La película también cuenta cómo llegó a descubrir estas denuncias que hicieron las fuerzas vivas del pueblo”.

El largometraje se grabó en abril del 2018 y estuvo listo para estrenarse el año pasado pero la pandemia cambió los planes. Durante el rodaje “sucedieron muchas cosas fuertes”, dijo el director.

“Los profesores secuestrados de las aulas del colegio frente a sus alumnos fueron ocho. Algunos fueron liberados el mismo día, quedaron cuatro en un puesto caminero. Tres estuvieron presos blanqueados en Santa Rosa y Guillermo se escapó. Ninguno había vuelto a la escuela, Guillermo pudo volver, reconocer el aula de dónde fue sacado por los militares y hablar con los alumnos actuales del colegio. También pudo visitar el puesto caminero de la Ruta 35, en el límite entre Buenos Aires y La Pampa, donde estuve en cautiverio una tarde y de allí se escapó”.

1La historia de persecución estuvo oculta durante mucho tiempo: “Si se contaba era como una anécdota, pero nunca se iba a contar a fondo por qué pasó. Eso es lo que plantearon como querellantes, ir más allá, entender que los militares llegaron a ese pueblo con un operativo desmesurado a raíz de denuncias de vecinos que decían que en ese colegio se estaba contaminando las mentes de la juventud”.

“Hay diferencias en las visiones de acuerdo a las diversas generaciones. Ahora los chicos están recibiendo otra información sobre eso que pasó y están pudiendo construir una nueva mirada. Seguramente sigue habiendo resistencias a que se destape el tema, en la misma escuela y en el pueblo, hoy conviven familiares de denunciantes y de denunciados. Siempre fue difícil hablar del tema porque fue una herida abierta”.

El estudio Buenos Aires Arquitectura Grupal ganó el concurso para rediseñar el Parque Independencia. Se trata de una puesta en valor en la que planean reutilizar y conservar la infraestructura actual, construir un anfiteatro y abrir una calle que comunique D’Orbigny con Balboa.

“Es un parque público que tiene una cercanía privilegiada con la ciudad y el centro y está en un proceso de degradación hace varios años. Es importante ver ideas para revitalizarlo. El parque tiene que ser convocante y útil, garantizar su permanencia y continuidad en el tiempo. Eso garantiza el uso y movimiento continuo. El parque empieza a ser útil e incluso sustentable”, comentó a FM De la Calle Bruno Marcolini, uno de los arquitectos, oriundo de la ciudad.

Ex zoológico y nuevo paradigma

El profesional mencionó que el parque responde a un paradigma de hace 100 años con respecto a la fauna y la flora: “Se traían especies de plantas foráneas y con los animales la lógica era la del zoológico. Bahía por suerte dio un paso adelante y mostró una apuesta superadora pero quedó en abandono”.

“Nuestra idea en general es reutilizar toda la infraestructura del parque salvo aquella que no esté en condiciones. En general hemos utilizado todas las prexistencias, dándole un uso y una nueva propuesta. Las jaulas son espacios dentro de un parque público que puede usarse como apoyo para realizar actividades o para guardar equipamiento y mobiliario”, dijo.

Entre la infraestructura propuesta hay “un gran espacio multifunción, puede servir para show, para anfiteatro, para manifestaciones. Eso se ubica en el corazón del parque donde estaba la pista de carreras hípicas”.

“Se plantea una recuperación y fomento de la diversidad regional, allí conviven varios ecosistemas y de ellos se puede aprender. Garantizar un mantenimiento, una permanencia de las especies. Sería una idea inteligente empezar a tener un plan a largo plazo de forestación”, destacó.

La Feria del Parque

Dentro de las pocas actividades que hay actualmente en el espacio, la feria es la más importante. “Ese impulso lo tiene gracias a la familias. Decidimos ubicar a la feria en otro lugar del parque de mayor centralidad. Planteamos incluso la apertura de una calle que separa el parque y el Tiro Federal que vendría a ser como un fondo. Para interpretar ese borde aparece una calle que incluso abastece y nutre la feria y el patio gastronómico. Se planeta descomprimir Balboa y Pringles y se plantean ingresos y estacionamientos”.

La fuente con la forma de la provincia de Buenos Aires

“La volvemos a usar como una fuente, no como un espejo de agua, entendiendo algunas lógicas de humedal y estuario de ciertas especies de fauna autóctona, donde se puede tener un ojo de agua receptor de lluvias”, mencionó Marcolini.

Tránsito y circulación hacia el parque

“La no planificación urbana ha dejado al parque con barreras para llegar. Entre el Paseo de las Esculturas, el Parque de Mayo, el Paseo de la Mujer y La Carrindanga generan continuidades urbanas vehiculares, peatonales y recreativas y eso le da impulso”.

Destacó que “es importante realizar una intervención urbana en el área circundante del parque porque si no quedaría en un punto intermedio sin que se garantice un mejor recorrido. Tenemos propuesta para articular con el Boronat que a su vez articula con el Paseo de las Esculturas”.

Por último, comentó que los próximos pasos hasta la concreción del proyecto dependen de reuniones con el Municipio.

ACTUALIZACIÓN 23/3 8:40: Leandro Aparicio confirma: el testigo apareció y “se encuentra bien”. Denunció que “Gendarmería tardó 4 horas en llegar al lugar y ni siquiera fue a su domicilio”. Cristina Castro, testigos de identidad reservada y amigues son hostigados y amenazados por la Bonaerense. #Facundo

Durante la tarde de hoy, Cristina Castro difundió que no podían localizar a “uno de los testigos protegidos en la causa”.

A través de un audio, pidió “ayuda a todos” y su aparición. Según contó la mamá de Facundo, se trata de un joven que “venía siendo hostigado, venía siendo amenazado desde el día viernes”.

“Han amenazado de muerte a su familia. Lo citaron en un lugar en Pedro Luro o que se entregara él. El chico este accedió a entregarse él para que no maten a su hijo”, expresó.

Además, advirtió que “es testigo protegido. Nadie lo protegió. Nadie nos protegió. Estamos a merced de la Bonaerense”.

De inmediato se desplegó una red alerta y se apeló al Ministerio de Seguridad de la Nación.

Diferentes organismos de derechos humanos que colaboran con la querella dieron aviso a autoridades y difundieron la noticia a través de redes sociales y servicios de mensajería de voz y texto.

Minutos después de las 21, se dio a conocer que el testigo, temiendo por su seguridad, buscó refugio y se encontraba resguardado.

A su vez, mediante un mensaje de voz, anotició a Cristina que se encuentra con vida.


Sin embargo, pasadas las 22, un nuevo posteo en Facebook de la mamá de Facundo ratificó que el testigo permanece desaparecido: “Mil disculpas a familiares de J., se reunieron conmigo, a nosotros también nos informaron mal. Él sigue desparecido, solo envió un texto y como ya sabemos lo pudo escribir otra persona seguimos buscándolo. Que aparezca, esto no puede pasar, hasta cuándo tantas amenazas, no bajemos los brazos hasta que aparezca”.

Yatel, el perro de Marcos Herrero, volvió a marcar rastros de Facundo Astudillo Castro en dos patrulleros de la Policía Bonaerense. De la pericia judicial participó personal de Gendarmería Nacional, testigos y el abogado Leandro Aparicio.

El relevamiento se realizó un predio de Vialidad donde se encuentran los patrulleros de Buratovich, Origone y el auto particular de la oficial Siomara Flores, quien aseguró haber acercado a Facundo hasta la entrada de Origone.

Los coches ya habían sido peritados por Herrero y su can en la sede de la Policía Federal con resultados positivos. “Había identificado un filamento o cabello con ADN de Facundo, a pesar del tiempo, nuevamente el perro volvió a reconocer, ahora en mejor medida porque el auto fue desarmado y periciado detalladamente, se pidió un barrido, que se analice la caja, los asientos, los paneles. Eso se puede hacer ahora con efectividad con personal de Gendarmería y el recurso canino”.

En diálogo con FM De la Calle, el adiestrador agregó que se secuestraron pequeños objetos y filamentos de cabellos que deberán ser analizados en el laboratorio. Este martes continuará la tarea personal de Gendarmería.

Los dos patrulleros señalados por Yatel son las camionetas Toyota Hilux N° 23360 -delante de la cual la oficial Jana Curruhinca fotografió a Mario Gabriel Sosa posando junto a Facundo- y la N°22788 que conducía el efectivo de Teniente Origone Alberto González, quien detuvo al jóven la tarde del 30 de abril en el km 750 de la Ruta 3.

“Gendarmería Nacional y el equipo de Criminalística y Estudios Forenses se trasladaron con el móvil pericial a la balanza que se encuentra sobre la parte de Vialidad. Todo estaba precintado y fajado”, explicó Herrero.

Agregó que “se trabajó con una toma de olor que estaba en la sede judicial, fue transportada y mostrada a los peritos de Gnedarmería. Se le dio una toma de olor a Yatel, se les explicó a los testigos el procedimiento y luego pasé con correa al perro por cada uno de los vehículos para que identifiquen uno de estos”.

“Al perro le llamó la atención el vehículo con el N° 22788, que es el de Teniente Origone, el perro fue muy determinante, hizo una marcación ladrando sobre la parte de atrás, en la compuerta de la caja y luego en la parte de lo que sería el dibujo de la parte de atrás de las cubiertas. Seguí con correa trabajando sobre el mismo vehículo de la foto de Facundo, ahí el perro si bien no ladró tuvo una alerta porque tuvo un cambio en el lenguaje corporal por lo tanto procedí a alejarme unos diez pasos y a soltar el perro sin correa. Recorrió cada uno de los vehículos y específicamente volvió a marcar el de Origone. Si bien le dio una alerta al vehículo de la foto de Facundo, giró alrededor, movió la cola, olfateó cada una de las puertas, pasó con tal insistencia que se subió al capot de un vehículo que estaba al lado y ladró sobre el de Origone”.

Al patrullero Toyota Etios de Buratovih y al Corsa blanco de Flores “no les dio atención, si bien el perro fue muy minucioso al buscar punto por punto, en las aberturas de las puertas, en la parte del baúl”.

“Era un medio ambiente abierto, si bien es un predio que está cerrado, el perro se concentró en esos dos patrulleros. El perro los reconoció mediante la impronta de olor de la ropa de Facundo Astudillo Castro, por eso es tan importante la pericia”, afirmó el perito.

En el Día Mundial del Agua vecinos y vecinas autoconvocados marcharán para pedir la adecuación de ABSA al amparo colectivo presentado semanas atrás y que la empresa presente un plan real de contingencia ante la falta del servicio.

“En el barrio Pacífico hubo gente que casi no tuvo agua, pese a que la temperatura baja y la demanda es menor, ABSA no puede garantizar una distribución adecuada domiciliaria y hay gente que requiere de los camiones para que le recarguen los tanques”, dijo Alejandro Méndez a FM De la Calle.

Agregó que “el amparo judicial colectivo obliga a la empresa a tener un un plan de contingencia pero parece que hay conflicto ente ABSA y el sindicato porque los empleados no pueden subirse a los techos. Muchos vecinos mayores no están en condiciones de subirse a su techo”.

En relación a la reunión que mantuvieron integrantes de la Mesa del Agua con el subsecretario de Recursos Hídricos en La Plata, Méndez aseguró que “no hay novedades”.

Mañana habrá una nueva reunión en el Concejo Deliberante. Sin embargo, como oficialismo y oposición “saben que el problema es de fondo y que implicaría una revisión, nadie está dispuesto a ponerle el pecho y darle una respuesta a la gente”.

La situación no está superada: “No se ve un plan de obras y de adecuación, es todo bastante lamentable, todos se tiran la pelota, Bahía está en una crisis hídrica que no garantiza el servicio a usuarios pero sí sabemos que está garantizado el servicio a las plantas del polo”, comentó Méndez.

“Hay gente que está vendiendo sus casas porque no tienen agua casi nunca, Chañares, Palos Verdes, hay gente que tiene agua de cinco a ocho de la mañana y no es solo de ahora”, argumentó.