La Municipalidad denunció ante la justicia federal el brote de contagios de Covid 19 en el parque eólico del grupo Pérez Companc en Mayor Buratovich para que se analice si hubo responsabilidad de parte de las autoridades de las empresas y las autoridades del Partido de Villarino.

Por el momento son 11 los contagios vinculados a los trabajadores que tres el cierre de los alojamientos de Villarino se instalaron en nuestra ciudad. “Me hubiera gustado que nos hubieran avisado que venían”, dijo el intendente Héctor Gay.

Agregó que “queremos que la justicia investigue si todos los actores, no nos detenemos en nombre propio ninguno, cumplieron lo que tenían que cumplir. Si lo hicieron y no hubo ningún dolo, bien, nos entró el virus y tenemos que aguantar las consecuencias. Pero no es justo de la comunidad de Bahía Blanca tenga que soportar esta situación”.

El jefe comunal advirtió además que algunos empresarios pretendían que el Municipio corriera con los gastos de los empleados que hoy están en cuarentena y se quejó de que en algunos casos las obras sociales no respondieron y tuvo que recurrirse al hospital público.

Para Gay “de no ser por este episodio del parque eólico de Villarino estaríamos en el día 18 sin contagios, lo cual es realmente muy plausible. Hemos tenido durante todo el fin de semana un trabajo arduo para identificar a cada una de las contratistas y subcontratistas de todos los parques y todos los emprendimientos que están autorizados en la región porque evidentemente hay comportamientos difíciles”.

“En general se han ido adecuando pero inicialmente no lo hicieron y nos trajeron trabajadores del AMBA, que hoy es la peor zona del país, y no se cumplieron los protocolos de cuarentena y demás. En esto también hay responsabilidad de algunos, por suerte no de todos, de quienes brindan alojamiento. A veces en función de obtener un dinero se pasan por alto situaciones sanitarias”.

Por ejemplo, el intendente mencionó: “Este fin de semana cinco trabajadores que venían para otra empresa fueron a alojarse en un hotel, con mucha responsabilidad les dijeron que si se alojaban tenían que estar en cuarentena porque venían del AMBA, no lo aceptaron, se fueron y alguien les alquiló un departamento en calle Villarino. Ahora estamos controlando pero en ese momento nos habían generando incluso una situación de malestar en todo el consorcio del edificio, todo porque algún propietario o algún intermediario quería hacerse unos pesos independientemente de dónde venían los trabajadores”.

En cuanto a los controles, Gay afirmó que “se hacen” pero destacó que “las personas que iban y venían tenían el certificado de tránsito y que estaban prestando servicios para un bien esencial. No se hacen las 24 horas, hay un control en el fitosanitario y en el acceso pero estamos hablando de mucha gente. (…) Pero no va por ahí la cuestión, sí hubo negligencia de que algún contratista trajo gente del AMBA y no hicieron la cuarentena ahí está el problema. No podés controlar a 300.000 habitantes”.

“Es una responsabilidad compartida, es muy difícil que sepamos quiénes vienen. En una persona que tiene un permiso de trabajo esencial se supone que tiene que tener una cuarentena. De la gente que viene de afuera no tenemos conocimiento. Los controles los hace cada municipio”, dijo a FM De la Calle el titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Nuñez Fariña.

De los 46 casos de Covid 19 confirmados en la ciudad, 10 están vinculados al personal del parque eólico de Mayor Buratovich, uno de ellos es el conserje de un apart donde se alojaba parte del contingente.

Nuñez Fariña agregó que “es muy difícil para nosotros, tanto la parte sanitaria como municipal, saber quién entra a Bahía y si tiene o no cumplida la cuarentena. Si la empresa no cumple tendrán que hacerse cargo”.

“Sabemos quiénes son, dónde están, lo importante es de dónde viene cada uno de los brotes. Si viene alguien y le da positivo y es un empelado de estas empresas, me quedo dentro de todo tranquilo”, comentó.

Destacó que el resto de los trabajadores “están siendo seguidos y vigilados por Región Sanitaria, Secretaría de Salud de Bahía y de Villarino. Es un control diario, para saber cómo están, cómo es la sintomatología, en caso de síntomas se hace el PCR y el test. A medida que vayan surgiendo síntomas se los lleva al hospital”.

Respecto a los controles en las empresas, comentó que “normalmente las personas que vienen de donde hay circulación del virus tienen que hacer cuarentena. No se cómo lo habrán hecho. Hay protocolos y cada empresa tiene que saber cómo se hace”.

Desde la Secretaría de Salud del Municipio señalaron que en la última semana trabajaron con lo casos relacionados al conglomerado en el parque eólico de Mayor Buratovich. Hay 10 casos confirmados y 9 casos sospechosos de distinto origen en estudio.

“Venimos trabajando en el control de los casos confirmados relacionados al parque eólico, están involucradas más de una empresa. De eso se desprenden las 56 personas monitoreadas. De la investigación epidemiológica estamos llegando a la conclusión de que el punto de contagio han sido los espacios comunes que compartían en el parque eólico”, comentó el jefe Departamento de Epidemiología, Ezequiel Jouglard.

La llegada del contingente a la ciudad fue entre el 20 y 27 de abril y provienen desde Ciudad Autónoma, AMBA y Córdoba donde hay casos de circulación comunitaria. “Entendemos que ha venido de forma asintomática y ha contagiado al resto. Compartían espacios donde no se respetó el distanciamiento social, el lavado de manos, uso de barbijo”, mencionó Jouglard.

Agregó que “toda persona que venga o ingrese a una localidad de zonas de circulación comunitaria tiene que estar 14 días en aislamiento y seguimiento epidemiológico porque puede ser que esa persona sea asintomática”.

Salidas del fin de semana

“En cuanto al comportamiento y acatamiento estamos muy conformes de cómo se desarrollo en fin de semana”, comentó el secretario privado del intendente, Pablo Romera.

En relación a los operativos policiales destacó que “se recorrieron 95 espacios públicos, se identificaron a 1242 personas, con una actitud preventiva para ver si les correspondía por el número de documento. Hubo 4 aprehensiones, tuvo que ver con personas que hicieron actividad recreativa fuera del horario convenido”.

Respecto de la apertura de comercios comentó que “hubo 32 actuaciones, que tuvieron que ver con el distanciamiento social que no se cumplían, rubros que no estaban habilitados para funcionar, hubo secuestros de alimentos que no estaban aptos para ser consumidos y controles de ordenamiento vehicular”.

(Por La Garganta Poderosa) Apretando los dientes, golpeando el teclado, aguantando la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para decirles todo eso que Ramona les dijo en tiempo pasado, todo eso que nos cansamos de gritar durante dos meses, todo eso que no quisieron escuchar, ni cuando postergaron 4 años la relocalización de su familia, ni cuando pedimos que registraran a los grupos de riesgo, ni cuando escondieron sus denuncias para cuidarse, ni cuando callaron por plata, ni cuando nos dejaron sin insumos en todas las postas de salud, ni cuando maquillaron la realidad con programas fantasmas, ni cuando jugaron a cubrirse las espaldas, ni cuando publicamos el primer contagio en la Villa 31, ni cuando demostramos que no habían aislado a tiempo a la primera fallecida, ni cuando denunciamos que no estaban asistiendo a los demás, ni cuando dejaron 12 días al barrio sin agua, ni cuando gritó desesperada que tenía 7 personas de riesgo viviendo hacinadas, ¡Ramona no se murió!

A Ramona la mataron los dueños del silencio, los cómplices de la indiferencia, los mudos de la justicia, ¡la mataron! Y ahora quién carajo nos explica cómo seguir, cómo seguirá su familia íntegramente internada, cómo seguirán sus hijas Maia y Guada, en silla de ruedas, contagiada, con oxígeno, con discapacidad, sin hablar, totalmente dependiente, ¡ahora sin su mamá!

Esto es un crimen.
Y no vamos a parar,
¡hasta que paguen todos los responsables!

NO PODEMOS MÁS.

JusticiaPorRamona

El Frente de Todos propuso declarar la emergencia cultural por 180 días y crear un fondo especial para atender las urgencias “económica, social y laboral de los espacios culturales y de las y los trabajadores de la cultura bahiense”.

“Nos parece imprescindible no solo por la situación de hombres, mujeres y no binares que se dedican a la cultura sino porque la producción artística resulta clave y hasta terapéutica en tiempos donde no hay otra que quedarse en casa si pretendemos cuidar la salud de la gente. Así como el oficialismo logró que sus tres proyectos de emergencia tuvieran el acompañamiento unánime del cuerpo, no hay ninguna razón para que esta vez sea diferente”, dijo a FM De la Calle el concejal Carlos Quiroga.

El titular de la Comisión de Cultura manifestó que “el gobierno ha gastado mucha plata en cuestiones que en una situación como esta son secundarias y hay recursos de otras partidas que pueden destinarse, hay que tomar la decisión política”.

El proyecto toma la propuesta de UMSur y la Asociación de Actores respecto a la creación del “Plan de Contingencia Psicológica en Contexto de Emergencia” para la elaboración de contenidos artísticos dirigidos a las y los vecinos de la ciudad.

De aprobarse la iniciativa, el Fondo de Emergencia de la Cultura podría “asistir a los espacios culturales y a todos aquellas instituciones y entidades dedicadas a la formación, exhibición, capacitación de artistas de diferentes disciplinas” y brindar asistencia económica a las y los trabajadores.

Además, buscaría “financiar la realización de las actividades pautadas en el calendario anual del Instituto Cultural que puedan ser realizadas en el marco de la Emergencia Sanitaria a través de medios digitales y virtuales” y garantizar aquellas que ya cuentan con recursos afectados en el Presupuesto 2020.

Se podrían realizar programas y proyectos específicos, promover clases virtuales dedicadas a la formación artística y otorgar subsidios a base de contrataciones futuras.

También se debería sostener a las y los miembros de la Orquesta Escuela Municipal Infantil y Juvenil Barrio Miramar, de la Serenata Municipal y de la Comedia Municipal de Bahía Blanca y a los talleres comunales.

Quiroga comentó que desde la comuna “están diciendo que como no hay contraprestación por parte de la Comedia Municipal no debería pagarse. Puede haber una contraprestación donde semanalmente cuenten la historia que van a realizar, que haya exposición de directores, técnicos y generar expectativa para cuando pueda realizarse a instancias públicas”.

Consultado respecto a si no es la misma situación que la de quienes se encuentran en cuarentena y tienen salarios garantizados, dijo: “Lo entendemos de ese modo pero tenemos que asumir después de cuatro años y pico que este gobierno ha demostrado que la cultura no está dentro de sus preferencias”.

El 64,4% de los hogares de Bahía Blanca cuenta con computadora y el 84,4% con acceso a internet. Además, el 83% de la población mayor a 4 años accede a internet, el 42,2% a computadoras y el número crece al 83,3% en el caso del celular.

Los datos surgen del módulo de acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2019.

El relevamiento ofrece información básica sobre los accesos a computadora e internet en los hogares urbanos, como así también sobre el uso de telefonía móvil, computadora e internet por las personas
residentes en dichos hogares.

A fines del año pasado se registró que el 60,9% de los hogares urbanos tiene acceso a computadora y el 82,9%, a internet.

Además, los datos muestran que en la Argentina 84 de cada 100 personas emplean teléfono celular y 80 de cada 100 utilizan internet.

En la distribución territorial se registran diferencias en el acceso hogareño entre aglomerados de 500.000 y más habitantes y aquellos más pequeños; en estos últimos hay 1,5 puntos porcentuales más de acceso a internet. En el contexto regional, Patagonia, Noroeste y Gran Buenos Aires registran el mayor acceso de los hogares a internet (89,7%, 86,4%, y 83,7%, respectivamente), y superan la media nacional. Se advierte mayor incidencia en el acceso a computadora en los hogares de las regiones Patagonia y GBA (69,4% y 61,9%, respectivamente).

Población que utiliza las TIC: celular, computadora e internet

En la Argentina, 80 de cada 100 personas utilizan internet y 84 de cada 100 emplean teléfono celular.

En términos comparativos, se registra un incremento en el uso de internet (2,3 puntos porcentuales) y de teléfono celular (0,8 puntos porcentuales); acompañados de un descenso en la utilización de computadora (1,2 puntos porcentuales) respecto del mismo período del año anterior.

La región Patagonia encabeza el conjunto de aglomerados que, en promedio, muestran mayor uso de telefonía móvil (88,8%), computadora (45,1%) e internet (86,8%). Entre las 6 regiones, el Noreste presenta el menor uso de internet (76,2%) y se ubica a 3,7 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, próximo a otras regiones como Cuyo y Pampeana. La región Noroeste del país es la que registra menor incidencia en el uso de computadora (36,3%), con una diferencia de 5,1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.

El celular es la tecnología con mayor uso, debido a que 8 de cada 10 habitantes emplean teléfono móvil (el 84,3% de la población de los aglomerados relevados, 0,8 puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior).

El uso de las TIC según edad y sexo

Se registra el mayor uso de internet en los grupos comprendidos entre los 13 y los 29 años, 90 de cada 100 personas de esas edades lo utilizan (entre el 90,7% y 91,9% de la población).

El teléfono móvil resulta ser la tecnología de uso más extendida para la población joven y adulta. Utilizan celular entre el 94,6% y el 95,9% de las personas de 18 a 64 años y el 67,7% de la población de 65 años y más. En la mayoría de los grupos de edad (18 años y más) se utiliza más el teléfono móvil que la computadora e internet.

Los niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años constituyen los grupos en que la utilización de internet supera la de celular y computadora, con una diferencia sustantiva en el primer caso (22 puntos porcentuales en el grupo etario de 4 a 12 años).

Los adolescentes comprendidos en el grupo de edad de 13 a 17 años son los que más usan computadora (56,0%). Entre los 18 y los 29 años, las personas hacen mayor uso del teléfono celular que los demás grupos etarios; también se advierte su empleo extendido entre los 30 y los 64 años.

La diferencia en la utilización de las TIC relevadas entre varones y mujeres es estrecha, con un porcentaje mayor en el caso de los varones en todas las tecnologías. Los varones se encuentran por encima de las mujeres por 1,4 puntos porcentuales en el uso de internet y 0,6 en el empleo de computadora. En cuanto al uso de celular, los varones están por encima de las mujeres solo por 0,2 puntos porcentuales.

Usos de las TIC según el máximo nivel educativo alcanzado

El nivel educativo alcanzado muestra diferencias en relación con el uso de celular, computadora e internet (gráfico 6). Los mayores usos de las tres tecnologías indagadas se observan en la población residente en hogares urbanos que alcanza el nivel superior y universitario (completo o incompleto), tendencia que se expresa a nivel de la media del total de aglomerados como en los grupos de edad de 18 años y más. También es importante el uso en la población que alcanza el nivel secundario.

La secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, intimó a trabajadores municipales a reasumir sus tareas con la amenaza de iniciar acciones legales civiles y penales.

Les trabajadores cumplieron sus funciones durante el aislamiento hasta entrar en contacto con un caso sospechoso de Covid 19, a partir de lo cual reclamaron un protocolo de seguridad que nunca fue diseñado por las autoridades comunales. “Nunca imaginé que nos pasaría esto”, afirmó Pedro Riquelme, quien se desempeña hace 26 años en Niñez.

El Sindicato de Trabajadores Municipales y el bloque del Frente de Todos reclamaron la confección del protocolo para la guardia de Niñez.

Agregó que “nunca dejamos de trabajar, exponiéndonos con mis compañeros y nunca tuvimos un protocolo de salud ni elementos de seguridad, tanto para nosotros como para las personas de las cuales abordábamos en distintas situaciones de la emergencia por la cual asistimos, ya que nuestra guardia es en hospitales, comisarías, hogares convivencionales y particulares, tanto en la ciudad como en las localidades de General Daniel Cerri y Cabildo”.

“Es tanto para choferes, operadores, servicios locales, como así también niños, niñas y adolescentes que suben a los vehículos municipales. La guardia de Niñez tiene un rol sustancial en la restitución y protección de derechos”, dijo a FM De la Calle la concejala Lucía Martínez Zara.

Comentó que el personal “no fue recibido por las autoridades de Niñez. El sindicato armó un Comité de Crisis y los acompañó en una reunión. Cuando van y se encuentran que nadie los recibió, se dirigieron a hablar con el secretario de Gobierno que no sabía esta situación, que era importante que contaran con este protocolo y que hasta no estuviera no se estuviera prestando ese servicio”.

“Hay niños que están con medidas de abrigo, el chico que está con una medida y que está en una institución está ahí, no puede irse por este motivo. Por ahí la guardia cuando interviene, se toma una medida de abrigo, que ingresa a un hogar, ese chico sube al vehículo municipal de la guardia y después va al hogar y no se toman recaudos”, finalizó.

“El fallo de la Suprema Corte atrasa seis años. Pareciera que no existiera crisis sanitaria, ni superpoblación, ni hacinamiento, por eso me retrotraigo a seis años cuando había 26 mil detenidos. Actualmente hay 50 mil y el cupo es de 24, tenemos más de 120% de superpoblación”, dijo a FM De la Calle el defensor oficial Jorge Sayago.

La crítica apuntó a la decisión de la Suprema Corte de “reencauzar” el fallo de Casación que ordenaba aplicar medidas morigeratorias de la prisión para las personas en situación de riesgo ante el COVID-19

Sayago explicó que “la Corte dice que cada juez, a los fines de salvaguardar cada caso, decida individualmente. Propicia soluciones individuales a un tema general como la superpoblación. El mensaje de la Corte es absolutamente contradictorio”.

“Lo plantea como una cuestión de competencia. Es una revocación, revoca las pautas del fallo de Casación. Dice que lo que dijo Casación lo tiene que resolver individualmente, con todas las instancias y esperar a que quede firme. Eso se torna inacabable, es interminable y a los fines de salvaguardar la vida y frente a una situación provisoria, eventualmente la tutela va a ser ineficaz o se va a llegar tarde”, agregó.

El defensor oficial afirmó que “lo de la Corte dice es que la distinción entre delitos leves y graves no va. Va todo para atrás. Da una serie de pautas a los fines de morigerar, que son más gravosas que las que establece el Código sin pandemia y sin superpoblación. Muy poca gente o casi nadie va a salir y entiendo que esto obedece a las condiciones mediáticas y políticas”.

Sobre la notificación a las víctimas en caso de otorgarse domiciliarias a detenidos por delitos graves, mencionó que ” la Ley de Víctimas establecía una modificación del Código, cómo y cuándo notificar a la víctima. A eso el legislativo de la provincia no adhirió. Es decir, no hay una obligación legal de notificar a las víctimas porque no está la ley en la provincia”.

El director asociado de Región Sanitaria I, Lauriano Alimenti, aseguró días atrás a FM De la Calle que “hay condiciones” de aislamiento en las cárceles y que el organismo brinda “el soporte para que se puedan llevar a cabo” y el Servicio Penitenciario lo ejecuta.

Al respecto, Sayago comentó: “Me da un poco de liviandad, hay que decir qué soporte y en qué situación. Si la cuidad no está capacitada para soportar un contagio masivo, difícilmente la unidad pueda soportar algo”.

La emergencia de la pandemia ha impedido que miles de familias bahienses trabajen para asegurarse su subsistencia.

En este marco las familias de trabajadoras y trabajadores de la cultura son un sector que sufre especialmente esta crisis.

Frente a esta necesidad la Asociación Argentina de Actores, Unión de Músicos del Sur y la Red de Espacios Culturales Independientes han presentado una serie de propuestas destinadas a la construcción de alternativas que permitan sobrellevar la situación ante la secretaria de Cultura y Educación del Municipio, Morena Llanca Rossello sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

Las políticas públicas culturales se sostienen y han sido posible en nuestra ciudad en base al compromiso, la formación, la perseverancia y la calidad de las propuestas de músicos, actores, artistas plásticos, escritores, directores, talleristas, bailarines, pequeños espacios culturales.

Somos conscientes de la gravedad de la crisis y de la necesidad que enfrenta el gobierno municipal de atender todas las situaciones y determinar las prioridades de asignación de recursos. En este contexto resulta innegable que el sector de las expresiones culturales es uno de los que va a sufrir y sufre, por sus características particulares, los efectos de la pandemia que impide e impedirá por más tiempo una vuelta a la posibilidad de desarrollar su trabajo.

Es esta particularidad lo que determina la imperiosa necesidad del apoyo y acompañamiento del estado municipal no solo para atravesar esta etapa sino para la elaboración de estrategias que permitan asegurar en el tiempo una nueva “normalidad” en sus ´posibilidades laborales. El estado municipal no debe ni puede abandonarlos en esta crisis.

En este sentido se ha pedido la continuidad de los contratados para talleres municipales y la ejecución del presupuesto para la Comedia Municipal.

Por esto las agrupaciones sociales, sindicales y políticas abajo firmantes solicitamos al Intendente Gay una reunión urgente con dichos espacios de representación para implementar ayudas específicas a este grupo de trabajadoras y trabajadores que sostienen la actividad cultura de nuestra ciudad, discutir e implementar las propuestas elevadas y sin respuesta por parte de Cultura de la municipalidad.

COMITÉ DE EMERGENCIA CULTURAL

Ana Concepción Civitella – Carlos Fabaro – Carlos Quiroga – María de los Ángeles Roson – Raúl Ayude Virginia Linares

ADHIEREN

Espacio Progresistas en Red – Frente de Todxs – Frente de Todxs Bloque de Concejales – La Watu – Nuevos Vientos – Nuevo Encuentro Bahía Blanca – Causa Nacional/Polo Social – Movimiento Popular Liberación – Movimiento Mayo – Partido Político Vecinalista Integración Ciudadana

Asociación Argentina de Actores B. Blanca – Asociación de Trabajadorxs de Museos – Asociación de Murgas y Agrupaciones de Carnaval Bahiense – Bahía Blanca Che – Centro de estudiantes del Conservatorio de Música de Bahía Blanca – Centro de estudiantes de la Escuela de Danza – Coordinadora de Centros de Estudiantes de Artística – ECI (Espacios Culturales Independientes) – Hemisferio Derecho Ediciones – La Masmédula Libros –

Movimiento Federal de Danza Bahía Blanca – Observatorio Cultural Pcia. de Bs. As. – Peces de Ciudad Ediciones – Representantes de lxs trabajadorxs en el CCC – Talleristas del Teatro Municipal – UMSur (Unión de Músicos del Sur)- Acciones feministas – Comedor Corazones Solidarios – Frente feminista Nacional y Popular – Desbandadas – Red Local contra la Violencia de Género –

ADUNS (Asoc. De Docentes de la UNS) – APA (Asoc.del Personal Aeronáutico) – CTA Autónoma pcia de BsAs.- CTA Bahía Blanca – CTA De los Trabajadores – Sadop – SatSaid (Sind. Arg. De Televisión, Serv. Audiovisuales Interact, y Datos) – Secret. de DDHH e Igualdad de Género Secasfpi Anses – SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) Secc. B.Bca. – Sindicato del Personal de Vialidad Nacional – Unión Ferroviaria – Suteba Celeste – La Bordó No Docentes UNS – FM De la Calle – La Máquina Radial – Red de Comunicadoras Bahía Blanca –

Elba Mansilla es jefa de una de las áreas de Enfermería del Hospital Penna. Egresada de la UNS, ejerce la profesión hace doce años y le toca estar “de los dos lados del mostrador” en medio de la pandemia de coronavirus. El viernes pasado terminó su internación en el Hospital Interzonal y hoy espera, aislada en su casa de Punta Alta, los resultados que confirmen su recuperación.

En el marco del Día Internacional de la Enfermería atendió a FM De la Calle y describió las condiciones de trabajo, cómo se planificó la atención a personas contagiadas y cómo fue su propia experiencia tras contraer la Covid-19.

La fecha alusiva a la labor de enfermeras y enfermeros fue designada para reivindicar a Florence Nightingale, profesional que promovió el lavado de manos como principal medida higiénica para disminuir la tasa de mortalidad de soldados hospitalizados durante la guerra de Crimea.

“Enfermería está las 24 horas del día al pie de la cama. Es la que trata de satisfacer todas las necesidades, alimentación, medicación, contención emocional, valoración del estado crítico -afirmó en relación al trato con personas infectadas-. En esta circunstancia de aislamiento se trata de organizar las tareas para ingresar la menor cantidad de veces pero estamos constantemente. El esfuerzo por tratar de que la humanización no se pierda, es increíble”.

Mansilla destacó el abordaje del nuevo virus desde el trabajo interhospitalario: “A finales de enero comenzamos desde el Departamento y Servicio de Enfermería a trabajar con las enfermeras que pertenecen al Servicio de Infectología. Empezamos a capacitarlas. Luego comenzamos a trabajar más concretamente sobre la obtención de recursos materiales, sobre la reorganización del hospital, hicimos una reorganización edilicia de circulación, la redistribución del sistema humano, tuvimos que ver cómo hacíamos con el recurso que teníamos”.

“En todas las áreas se designaron unidades o habitaciones solo para eso. No se comparte habitación ni baño, solamente es para la persona que está infectada. En el caso de cuidados críticos se dividió la sala en dos, un lado es área Covid y el otro área no Covid. Esas áreas tiene circulación independiente, médicos, enfermeros, limpieza, están designados para cada área y no se cruzan”.

Consultada sobre cómo transitó la enfermedad mencionó que “fue bastante súbito, el 25 de abril comencé con síntomas, inmediatamente le informé a la jefa del hospital, me realizaron el hisopado y al otro día me dieron el resultado. Quedé internada en el área de Emergencia, luego tuve el alta hospitalaria. En casa se agudizaron los síntomas, me internaron en el Eva Perón de Punta Alta porque yo vivo acá y después me trasladaron al Penna”.

Comentó que “se me hizo un poco largo cuando empezaron a aparecer complicaciones, estaba físicamente muy decaída, con cansancio generalizado, tuve bastantes episodios de fiebre. Todavía no tengo el alta, se contabilizan 14 días a partir de que se dejan de tener síntomas y se hace un nuevo hisopado”.

Mansilla aseguró: “Fue un mal trago, me va a marcar de por vida, sirve para que la sociedad pueda revalorizar a la enfermería, que podamos posicionarnos y que desde las autoridades sanitarias puedan dirigir políticas donde el enfermero sea un integrante clave porque el aporte que puede hacer es muchísimo”.

Agrupaciones activistas por los derechos de los animales reclamaron al Municipio la reanudación de los servicios de castraciones gratuitas por el peligro que significa el descontrol de la alta tasa de superpoblación canina y felina de la ciudad.

“Cuestionamos que se permita el servicio de veterinaria privado y no se lo proporcione desde el Estado. Esto no es una especulación, los animales se reproducen de forma exponencial, estamos hablando de un incremento en la población canina y felina muy grande, una cantidad de 75 animales se deberían haber castrado”, dijo a FM De la Calle Mariana Sierra, integrante de MAPA.

La proteccionista explicó que “hay que llegar a castrar por año entre el 15 y el 20% del total de la población animal. Si logramos ese resultado controlamos la superpoblación. Hasta este momento nunca llegamos. Entonces, todas estas pariciones o no castraciones van a dar un incremento de los animales en situación de calle, aumento del abandono, de enfermedades zoonóticas y del sufrimiento animal”.

Sierra destacó que “la solución para los que nos gustan los animales y para los que no es la misma: esterilizar. Tratamos de resolver la cuestión operativa, queremos que se reanuden pero entendemos el contexto en el que estamos y que hay que mediar cuestiones de cuidado tanto para profesionales como para nosotras que llevamos animales. Si se cumplen estos requisitos no habría motivo para no reanudar. Estamos esperando respuesta”.

El Programa de Control Ético de Fauna Urbana fue suspendido el 20 de marzo. Para reactivarlo paulatinamente las organizaciones firmantes -MAPA, Mascoteros Bahienses, APAS, ABPA, 4 Patas y proteccionistas independientes- proponen lo siguiente:

  • Utilización de un único espacio de cirugía.
  • Reducción de personal interviniente al mínimo necesario (profesionales y ayudantes).
  • Provisión del equipo de protección para los profesionales y ayudantes que conste de guantes, máscaras, tapabocas, camisolines y material desinfectante.
  • Atención de un número reducido de turnos únicos semanales divididos en diferentes días de la semana.
  • Dichos turnos serán destinados a asociaciones proteccionistas de la ciudad con personería jurídica.
  • Los voluntarios de las asociaciones asignadas con turnos, deberán contar con permiso de circulación habilitante previa, ser quienes acerquen a los animales al quirófano, no interviniendo mas de dos personas por día (de ésta manera se evitaría la aglomeración de personas) y respetando las precauciones impuestas imprescindibles (distanciamiento, uso de tapabocas).

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocó el fallo colectivo del Tribunal de Casación que otorgaba prisiones domiciliarias a las personas detenidas por delitos leves y que integren los grupos de riesgos frente al COVID19. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza esta decisión que significa un grave retroceso frente a la única medida estructural efectiva que tomó la justicia bonaerense para descomprimir el hacinamiento y sobrepoblación en cárceles y comisarías, tal como lo recomendaron organismos internacionales de derechos humanos.

La Corte bonaerense ordenó además revisar las morigeraciones otorgadas, pero no definió ninguna norma práctica de actuación judicial. Como si se tratara de una situación normal, cada juez deberá analizar los pedidos de arrestos domiciliarios que formulen sus detenidos, en un trámite lento e ineficaz frente a la gravedad y necesidad de medidas urgentes.

Luego de admitir el recurso de queja que presentó el fiscal de Casación, Carlos Altuve, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCJBA) decidió “reencauzar” el fallo del 8 de abril del máximo tribunal penal de la Provincia, que ordenaba aplicar medidas morigeratorias de la prisión para las personas en situación de riesgo ante el COVID-19.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza la sentencia de la Corte provincial que, en los hechos, revoca las líneas de actuación recomendadas por Casación y así clausura la única iniciativa estructural efectiva  para atender la crisis sanitaria que se vive en cárceles y comisarías bonaerenses por el avance del coronavirus.

El máximo órgano de justicia de la Provincia reconoce “el grave problema estructural de la superpoblación y hacinamiento” —situación sobre la que ya se explayó en varias ocasiones—, que se aprecian “hechos que comprometen la dignidad humana y la integridad personal de los detenidos» configurando un «estado de cosas lesivo de derechos humanos básicos» y, por último, advierte la grave contingencia y amenaza que genera la pandemia para las personas detenidas.

Sin embargo, a pesar de este lapidario diagnóstico, revoca un fallo que había significado la posibilidad de iniciar un camino de resolución estructural a esta grave situación. En este punto, la sentencia de la Corte bonaerense no sólo anula las reglas comunes de actuación dispuestas y recomendadas por el juez Víctor Violini sino que, además, no dicta ninguna norma práctica para la actuación judicial.

El fallo del Tribunal de Casación Penal, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 defensores generales —la CPM adhirió como amicus curiae y fue parte en un pedido de ampliación—, resolvió otorgar el arresto domiciliario de las personas detenidas por delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, y mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. En los casos que estén verificados estos supuestos, la resolución aclaraba que el “el arresto deberá aplicarse e implementarse desde los juzgados y tribunales que tienen a su cargo a los prevenidos”. Por otra parte, respecto a las personas en grupos de riesgo que hubieren cometido delitos graves, señala que cada uno de los casos deberá ser analizado por cada Juzgado o Tribunal.

Esas líneas de actuación no sólo estaban en consonancia con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que además coincidía con resoluciones emitidas por la Corte bonaerense y la Procuración General.

En marzo pasado, mediante la resolución n° 52/20, la misma Corte pidió a los jueces  competentes “evaluar la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad, que se encuentran abarcadas dentro de los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19”. La demora en estas resoluciones o el rechazo directo a estas presentaciones motivó el habeas corpus colectivo presentado por todas las defensorías generales.

Ahora, la Corte bonaerense remite nuevamente a esos jueces para que resuelvan los pedidos de morigeración de la prisión.

Lo preocupante es que los jueces deciden con criterios regresivos y contrarios a estándares internacionales de derechos humanos. Tal es así que, en diciembre pasado, la Corte los convocó a una reunión y les llamó la atención sobre la crisis carcelaria, el uso poco racional de las prisiones preventivas y la necesidad de apelar a medidas alternativas a la prisión, adecuando sus resoluciones a lo dispuesto por el Sistema Interamericano de DDHH.

Por último, en las más de 60 páginas de la resolución, los jueces de la Corte no consideraron en ningún momento la situación conflictiva que se vive en las cárceles y comisarías, por la desesperación que provoca en las personas detenidas conocer su vulnerabilidad extrema frente a la pandemia. A esto debe agregarse que la atención sanitaria es inexistente y no se proveen elementos para la prevención del coronavirus (jabones, alcohol en gel, barbijos, etc).

En definitiva, un lamentable retroceso de la Corte provincial en la protección de los derechos humanos y la lucha contra el  coronavirus en los lugares de encierro.

Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.

El fiscal Pablo Fermento destacó la necesidad de analizar cómo reanudar los juicios de lesa humanidad. “Es una situación que no sabemos qué plazo va a tener. Lo cierto es que no se va a normalizar todo de un día para el otro y que no se van a poder realizar concentraciones de gente. En vista de eso, está bueno que se ponga en el tapete, que empiece a planificarse”.

“Va a haber un sacrificio cualquiera sea la vía que se adopte. Tenemos este juicio con estas características, no es lo mismo Triple A que Ejército. Al de Ejército vamos a llegar con muchísimas víctimas que ya pasaron por juicios, los acuerdos con la defensa de cuáles van a ser los puntos a probar, cosas que se utilizan en otros juicios y acá no: la existencia de un plan criminal y situaciones tales que ya ni se discuten. Hay que sentarse, pensarlo, buscar soluciones, medios, escuchar a las partes y tratar problemas concretos”, dijo a FM De la Calle.

La Cámara de Casación recomendó que los tribunales orales que tengan en trámite causas sobre el terrorismo de Estado reanuden los debates «con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria» respecto de los procesos «cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes».

Entre los mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A. El TOF bahiense solicitó al Consejo de la Magistratura la adecuación del sistema de videoconferencias.

“Los juicios, por las características que tienen, se vienen haciendo de manera mixta. Cada vez hay más jueces e imputados por videoconferencia. No es novedoso pero sí algo que va a avanzar más allá de lo que pase con la pandemia en lo inmediato. Plantea toda una cuestión, hay sectores que dentro de los organismos de derechos humanos y de las víctimas que tienen posiciones no del todo coincidente“, dijo Fermento.

Dentro de los motivos para no demorar más el debate, mencionó que el paso del tiempo “juega con las domiciliarias o el cese de preventivas, los plazos siguen avanzando, se van estirando y las miradas desde la justicia empiezan a titubear, hay idas y vueltas con respecto a los criterios que son difusos y después el punto final biológico”.

Según el fiscal, la plataforma que utiliza el Poder Judicial es de “una calidad muy inferior que Zoom y Jitsi, con lo cual es todo un problema porque la mediación en el juicio depende de eso y de las medidas sanitarias”.

Las falencias del sistema ya generaron demoras e inconvenientes en los juicios anteriores y podrían ser verdaderos obstáculos en causas como la de Ejército que llegará con el debate más numeroso en cuanto a imputados, defensores, jueces, querellantes y testigos.

En cuanto a las y los testigos Fermento afirmó que “muchos quieren estar presentes, es el caso del hermano de Víctor Oliva Troncoso. Vino al principio del juicio y quiere volver cuando haya que declarar porque entiende que no es lo mismo que los jueces lo vean por una pantalla que tenerlos cara a cara”.

“Yo voy a plantear estar en sala y que los jueces estén en sala. Hay una cuestión que es que hay dos que no son de acá. La cuestión será con los grupos de riesgo”, adelantó.

Agregó que”lo primero que van a querer sacar es el público por la concentración”. Si bien en muchas audiencias la participación mermó, “lo cierto es que el volumen simbólico de los juicios en gran medida se va a perder. Son situaciones complejas, miradas encontradas, lo estamos charlando todos”.

Domiciliarias y excarcelaciones

El fiscal destacó que en la jurisdicción no se otorgaron prisiones domiciliarias por la pandemia de coronavirus. “La situación de detenidos en sede carcelaria, de acuerdo con los informes que mandaron los servicios, es muy diferente a lo que se ve en un escenario común. Están en pabellones muy por debajo de la capacidad, con otras condiciones de higiene, ventilación”.

Respecto a la excarcelación de tres represores ordenada por Casación la semana pasada, explicó que “no guarda relación con la pandemia en un punto y sí guarda relación indirectamente. En el criterio en cuanto a la razonabilidad de los plazos de preventivas de detenidos por delitos de lesa ya se viene haciendo una lectura favorable a los imputados desde hace unos años. Sin embargo, en estos casos la decisión respecto a Gandolfo, Bonini y Maidana es contraria al criterio de Corte”.

“El fallo Acosta dice que el plazo de la preventiva debe analizarse caso por caso de acuerdo a situaciones concretas y no aplicar el plazo de la ley de los dos años y prórroga por un tercer año. La Sala II de Casación no hace mención a Acosta, omite toda consideración sobre ese tipo de parámetros que la Corte dice que hay que contemplar”.

“A los tres imputados se le prorrogó el cese de la prisión en marzo aplicando el fallo Acosta, cantidad de víctimas, complejidad de los hechos, dificultades para investigar este tipo de hechos. Va a Corte y no dice nada de eso, dice que es infundado porque el juicio está parado y no hay una fecha de inicio del debate.

¨Ahí sí ya está la pandemia porque uno de los factores por los cuales está parado es ese. Si bien ese juicio no tenía fecha, depende de la realización del juicio de Triple A. Ahí sí hay una incidencia, más allá de que se podría plantear que se realicen juicios simultáneos”, concluyó.

Luego de la confirmación del contagio de coronavirus por parte de dos cordobeses que trabajan en un parque eólico cercano a Mayor Buratovich y residen en Bahía Blanca, profesionales de la salud reclamaron a las autoridades municipales la profundización del plan de acción “con la finalidad de controlar de manera permanente todos los accesos a nuestra localidad”.

“Nos preocupa que veníamos bastante tranquilos en los últimos diez días, no había registro de casos, de pronto aparecieron dos trabajadores, que han venido de Córdoba, una zona caliente, al que uno le diría que se aísle 14 días. Si bien había un seguimiento, esta gente estaba desarrollando sus tareas, no tiene que ver con estas dos personas sino con una política de desplazamiento”, comentó a FM De la Calle Horacio Romano, integrante de la Sociedad Argentina de Medicina.

El texto está firmado por 14 asociaciones de profesionales y colegios de distintas especialidades, hospitales y organismos académicos.

Agregó que “si no cuidamos las entradas a Bahía y a quienes vienen desde regiones de riesgo, ponemos en peligro a toda la población. No había controles por parte de Gendarmería en las entradas, eso se ha relajado, esto implica una situación de peligro”.

Respecto de los nuevos infectados, Romano comentó que “hasta donde sé estaban siendo monitoreados por la empresa. Habían llegado los últimos días de abril y estaban trabajando en Buratovich, ahí no pasaron 14 días. Si uno viene de zonas donde la cuestión es más complicada, puede haber una fase de contagiosidad en personas asintomáticas”.

“Queremos cursar esa etapa de la pandemia pero sin exponer a la población y que el pico no nos encuentre con el sistema colapsado. Sabemos que estamos entrando en el invierno, no perdamos lo que logramos que ha sido muy bueno por el trabajo que ha hecho el personal de salud, personal de epidemiología”, argumentó el médico.

Tras la extensión del aislamiento con nuevas actividades habilitadas, recordó las medidas de seguridad a seguir: “cuidar a las personas de riesgo: adultos mayores o enfermedades crónicas. Lavado de manos, la ayuda de tapaboca, para uno no contagiar más que para no contagiarse. Ventilar los ambientes, alcohol en gel y el distanciamiento social”.

Días atrás, integrantes de La Garganta Poderosa difundieron en FM De la Calle la tarea que realizan de acompañamiento y ayuda a centenares de familias de tres barrios. «Brindamos asistencia a 721 familias y nos bajaron 120 bolsones de alimento», afirmaron.

Parte de la mercadería recolectada para ese fin fue robada a fines de la semana pasada.

“Nos encontramos con que nos habían palanqueado El Vagón y entraron e hicieron muy rápido, se llevaron todos los pañales que habíamos comprado, productos de limpieza, lavandina, detergente, todo lo que les damos a los vecinos y cosas que todavía no nos damos cuenta. Los pañales vienen todos los días a buscarlos y eso es lo que nos tiene más apenados”.

La Poderosa solicita donaciones para recuperar los materiales y continuar su labor en los barrios Tierras Argentinas, Puertas del Sur y Martín Fierro.

“Los pañales serían lo más urgentes, teníamos como 20 o 30 bolsones de pañales. Esto es un golpe, un cachetazo al alma, estaría bueno que quien se quiera copar y podamos recuperar los pañales nos acerque”, dijo Julieta, militante de la organización, a FM De la Calle.

Los materiales se pueden acercar a Santa Cruz 3300 “El Vagón” o comunicarse al 291 155 261 664.

“Tengo la sensación de que nos están haciendo perder el tiempo y que esta situación les vino bárbaro porque en enero querían derogar las ordenanzas y ahora están manejando los recursos como quieren”, dijo a FM De la Calle Elisardo Tunessi, representante de los Espacios Culturales Independientes.

UMSur, Asociación Argentina de Actores y Espacios Culturales Independiente expresaron su preocupación por la ausencia de políticas públicas destinadas al ámbito cultural, en especial, las apuntadas a combatir el impacto económico que tiene el aislamiento para el sector.

“Nos encontramos sin respuestas y gestionando permanentemente. Al principio de esta cuarentena hemos elevado propuestas para llevar adelante. En ningún momento pusimos oposición a una acción y, sin embargo, tampoco dio sus frutos. Hacemos responsables a quienes están cobrando un sueldo y no gestionan”, comentó Tunessi.

Se refiere a la directora del Instituto Cultural, Morena Rosselló, al director de Cultura de dicho organismo, José Ignacio González Casalli, y al intendente municipal, Héctor Gay. “No sólo por no generar propuestas sino por no ejecutar ninguna de las iniciativas que les han sido acercadas”.

Tunessi agregó que “esto no se trata de falta de dinero porque acá tienen un presupuesto aprobado para la cultura. Tampoco es cierto que esto va a la emergencia porque los recursos afectados salen por ordenanza. La ordenanza de Espacios Culturales Independientes tiene recursos afectados, eso se puede usar para gestionar. No hay una decisión política para eso”.

Respecto a la Comedia Municipal, Tunessi comentó que se resolvió el concurso del primer semestre pero no se ejecutó ni están cobrando los artistas. Debería haber un segundo llamado para el segundo semestre “queda claro que no hay voluntad de gestión para que esto siga adelante”.

“Propusimos que de la misma manera que existía el presupuesto de emergencia sanitaria existiera un presupuesto de emergencia cultura y tampoco tuvimos respuestas”.

Por último, aseguró que de no resolverse recurrirán a la justicia: “Estamos en una situación de incumplimientos de deberes de funcionario público, incumpliendo ordenanzas que están vigentes. Donde se pierda un espacio cultural vamos a tener que solicitar un recurso de amparo”.

Desde el próximo martes podrán abrir sus puertas de 9 a 17 todos los comercios salvo los rubros indumentaria y calzado, los cuales deberán esperar la confección de protocolos específicos.

También se habilitarán nuevas profesiones liberales y algunas actividades industriales, peluquerías y la construcción privada, entre otras que se detallan más abajo.

Las salidas de esparcimiento todavía no están autorizadas. Se está trabajando en los protocolos que podrían implementarse desde el próximo fin de semana.

Así lo informó este mediodía el Municipio tras la extensión del aislamiento hasta el 24 de mayo anunciada anoche por el presidente Alberto Fernández.

“Las nuevas excepciones son fruto de la responsabilidad de cada uno y de eso dependerá que sigamos avanzando hacia una nueva normalidad y que no tengamos que retroceder”, dijo el intendente Héctor Gay.

Bahía Blanca lleva nueve días sin sumar casos confirmados de coronavirus. De las 36 personas que se contagiaron hasta este sábado 18 ya se recuperaron y una falleció la semana pasada. 17 casos continúan activos, 284 fueron descartados y quedan cinco sospechosos en estudio. El tiempo de duplicación es de 26 días.

CORONAVIRUS ⚠️ Extensión de cuarentena hasta el 24 de Mayo.

? Nuevas Excepciones. A partir del Martes 11 de Mayo en Bahía Blanca.

? Comercios:

✔️ Todos los rubros menos Indumentaria y Calzados.

? Atención, días: Lunes a Viernes de 9 a 17 horas.
? Envíos a domicilio para todos los comercios (físico y online): de 9 a 17 horas.

? Profesiones:

✔️ Agrimensura.
✔️ Arquitectura.
✔️ Ciencias Económicas.
✔️ Estudios Jurídicos.
✔️ Escribanía.
✔️ Fonoaudiología.
✔️ Ingeniería.
✔️ Kinesiología.
✔️ Nutrición.
✔️ Psicología.
✔️ Podología.
✔️ Terapia ocupacional.

? Otros Rubros:

✔️ Peluquerías.
✔️ Lavaderos de Autos.
✔️ Industria Metalúrgica.
✔️ Industria Textil.
✔️ Construcción Privada.
✔️ Concesionarias de Autos.
✔️ Actividad en el Aeroclub.

⛔ En todos los casos se deben cumplir con las medidas estrictas de seguridad e higiene.

? Información actualizada con los protocolos de funcionamiento: www.bahia.gob.ar/coronavirus/

❌ Prohibiciones generales por Decreto Nacional:

➖ Dictado de clases presenciales.
➖ Eventos públicos y privados (Sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos).
➖ Centros Comerciales.
➖ Cines.
➖ Teatros.
➖ Centros Culturales.
➖ Bibliotecas.
➖ Museos.
➖ Restaurantes.
➖ Bares.
➖ Gimnasios.
➖ Clubes.

“No queremos juicios virtuales, queremos juicios públicos, con gente en la calle, con actividades en las escuelas. Para nosotros los juicios son un elemento de la lucha cultural no un ejercicio de reparación que, por supuesto, respetamos y no vamos a obstaculizar”, dijo a FM De la Calle el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman.

La Cámara de Casación recomendó que los tribunales orales que tengan en trámite causas de lesa humanidad reanuden los debates “con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”. Entre los mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A.

Schulman afirmó que “hay que diferenciar entre los juicios que están comenzado si queremos que terminen pero prestamos mucha atención a la repercusión social de los juicios. Nosotros buscamos disputar contra las ideas de quienes eliminaron y desaparecieron a los compañeros y para eso los juicios virtuales nos quedan muy chicos”.

“Por supuesto, en todos los casos nos atendremos a la opinión de las víctimas y de los sobrevivientes, no somos nosotros los que vamos a decidir por encima de ellos. Sí recibimos la opinión de muchos compañeros que no quisieran que sus juicios sean virtuales, esperaron 40 años para otra cosa”, agregó.

El titular de la Liga concluyó que “como en tantas otras cosas, después nos moveremos dentro del terreno de lo posible pero vamos a intentar que los juicios sean lo más públicos posibles. Tengo en mi memoria el inicio del primer juicio en Bahía cuando estábamos todos en la calle y después entramos a la Universidad Nacional del Sur. Eso es lo que queremos, eso es lo que tiene sentido, lo que le duela la derecha. No creo que un juicio por zoom le moleste mucho”.

Piden activar la Comisión Interpoderes

Las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, la puesta en funcionamiento de la “Comisión Interpoderes” para delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la pandemia COVID-19.

“Conscientes de las dificultades que conlleva el aislamiento social, preventivo y obligatorio para la continuidad de los juicios, pero también atentos a los derechos de las víctimas como de los imputados en los procesos que se están llevando adelante, manifestamos ante la Corte que ‘se hace imprescindible la creación en su ámbito de un grupo de trabajo interdisciplinario que pueda planificar y poner en marcha estos procesos de una manera coordinada e integral, de acuerdo a las particularidades de cada jurisdicción, ya que lo realizado hasta el momento ha demostrado ser ineficaz e insuficiente’”.

El 30 de abril, los organismos también reclamaron a la Cámara de Casación Penal que se reanuden los juicios y, a su vez, que se convoque a la Comisión Interpoderes para atender inmediatamente la situación de estos procesos y pedir además el acompañamiento de testigos víctimas del terrorismo de Estado en el contexto de aislamiento social.