Las fiestas no son una fecha fácil para las personas con autismo y sus familias, a pesar de ser un momento de celebración no la pasan bien cuando de pirotecnia se habla. FM De la Calle charló con Pamela Moya, integrante del Comité de Autismo Bahía Blanca, sobre la campaña #BahiaSinPirotecnia.
La campaña surge por “el desconocimiento general de asociar a la gente con autismo y el ruido de la pirotecnia, generalmente lo asocian con los animales. Nos parecía importante empezar a hablar y relacionarlo, entender que estamos afectando a una persona no solo a los animales”, explicó Moya.
La gente con autismo recibe de otra manera la estimulación sensorial del ambiente exterior, además de haber diferentes grados de sensibilidad y casos de una hipersensibilidad “muy marcada, que es como si la pirotecnia la estuviesen tirando dentro de su cabeza; es tal la desesperación que le agarra a la persona que muchas veces se lesionan, se golpean, porque no saben qué hacer con esto que les está pasando, con este estímulo que reciben”, manifestó.
La campaña tuvo una respuesta positiva por parte de la comunidad, se sumaron muchas personas, pero quizás la adhesión más significativa vino de la mano de los jugadores de Olimpo, quienes se sacaron fotos y las subieron a las redes. Moya comentó también que se han sumado desde empresas, vecinxs, y desde ONGs que protegen a los animales. “Hicimos una campaña global, tanto nosotros como ellos”.
La integrante del Comité de Autismo Bahía Blanca explicó que hay una ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia, que también rige en Punta Alta, sin embargo no se cumple. “La ordenanza está, lo que nosotros instamos es a que la gente tome conciencia y no vaya a comprar, porque si nadie va a comprar no harían falta estos controles”.
Si bien hay alternativas para celebrar sin hacer uso de pirotecnia –además de que puede resultar en un accidente para quien hace uso–, y brindan otra opción “hay distintas luces que se pueden implementar”, Moya consideró que desde el Comité intentan cambiar el concepto de “asociar las fiestas con la pirotecnia, (…) que la celebración sea por otro lugar”.
“Aquella persona que se quiera sumar, se saca una foto con un cartel que diga #BahiaSinPirotecnia, la sube a sus redes, para ayudarnos a difundir. Está bueno este mensaje de que la gente sepa que se está afectando a una persona que tiene todo el derecho de pasar las fiestas lo mejor posible con sus familias. (…) A veces las acciones que nosotros tenemos afectan a otros”, concluyó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/12/olimpo-facebook-comite-de-autismo-bahia-blanca.jpg?fit=720%2C960&ssl=1960720FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-12-24 12:34:492017-12-24 12:37:43“Es como si la pirotecnia la estuviesen tirando dentro de su cabeza”
En el marco de la avanzada del gobierno nacional contra la Ley de Salud Mental y Derechos Humanos dialogamos con el periodista y escritor Pablo Galfré, autor de La Comunidad (Editorial Sudestada), investigación sobre las clínicas San Camilo y San Antonio.
En estas comunidades es frecuente el uso de la violencia, el maltrato y en algunos casos la muerte: “En mí libro hay tres muertos que son Felipe, Saulo y Matías; y ahora se suma un cuarto muerto que es Franco Ruíz Díaz. Saulo y Felipe mueren en San Camilo, Matías muere en San Antonio. Ahora me enteré de un muerto, que no está en mi libro, que murió en 2013, también en San Antonio”, dijo Galfré a FM De la Calle.
“Felipe es el único que no tiene causa judicial. Las otras tres causas, de las cuatro, las tiene el mismo juez de Garantías, Ceballos, y ninguna de las causas avanza salvo la de Saulo, que es el motor del libro. Es increíble como un juez de Garantías tiene tres muertos en dos lugares y no hace nada al respecto. Los jueces de Garantías tienen las manos un poquito más atadas que un juez de la Justicia Federal”.
Respecto a las causas de las muertes ocurridas en las comunidades, Galfré aseguró que “Saulo se suicida dentro de una celda; Saulo estaba privado de su libertad dentro de la comunidad y dentro de una celda de esa comunidad. No dio para más después de un año y pico de internación, con diabetes tipo 1, a su vez que sufría de depresión, y resolvió terminar con su vida por sus propios medios, pero aclaremos que eso es un homicidio culposo, porque Saulo estaba privado de su libertad dentro de una celda de 16 metros cuadrados con un colchón tirado en el piso”.
“En el caso de Matías, murió de un paro cardiorrespiratorio traumático porque era alérgico a la penicilina. Él estuvo toda la noche asfixiándose y termino muriendo asfixiado por un síndrome asfíctico y un edema pulmonar, sin nadie que lo atienda al cuidado de niños de quince años, que eran los responsables de la guardia de esa noche. Y Franco Ruíz Díaz, es la causa que todavía no me he metido del todo, si bien la he leído, aparentemente se suicida en su habitación, pero en la autopsia se describe que no tenía ningún rastro de droga en sangre, ni legales ni ilegales. Cuando era una persona que tenía que estar medicada porque aparentemente padecía de esquizofrenia”.
El modus operandi que tienen estas comunidades terapéuticas para con sus internos implican hasta patotas para ir a buscarlos a partir del acuerdo con las familias: “Axel (otro de los internos), para darte ejemplos prácticos, estaba en su casa de San Isidro durmiendo; de repente tres patovas grandotes entran, patean la puerta, se lo llevan y le dicen: ‘vení que nos vamos’. Axel piensa que es un secuestro extorsivo, ve a su madre llorando le dicen: ‘ahí está tu vecino, saludalo’, lo agarran como si nada y lo suben a un auto”.
“Si una persona se fugaba la iban a buscar, si esa persona iba a la comisaría a pedir ayuda, la comisaría avisaba a la comunidad o si esa persona llamaba a sus familiares y les decía: ‘papá te espero en el peaje’, el papá avisaba a la comunidad y Martín Iribarne, el dueño de la comunidad, iba con un empleado de seguridad o con algún paciente de la comunidad que iba ascendiendo de fase, entonces la comunidad como que lo ponderaba de alguna manera y le decían: ‘bueno, ahora vos sos un operador terapéutico encargado de seguridad’, y lo llevaban como mano de obra barata a secuestrar a sus propios compañeros” aseguró.
Sobre el rol que cumplen las familias en este sistema, Galfré comentó que hay dos variables: “Está la variable del familiar que no sabe absolutamente nada de nada y piensa que su hijo, por el mero hecho de fumar marihuana es adicto, entonces ponen en google ‘quiero internar a mi hijo’, y saltan estas páginas: San Camilo, San Antonio o Alejandro Merenzon. Y sino están los familiares de quienes, desde hace años desgraciadamente, tienen un consumo muy problemático (…) que pasaron por otros tratamientos ambulatorios y ninguno les funcionó, los familiares por la desesperación de ya haber internado a sus hijos en otras comunidades, y que se hallan escapado, terminan recalando en estas comunidades que funcionan de forma carcelaria”.
El rol del Estado
En relación las responsabilidades que el Estado tiene en estas comunidades, Galfré sostuvo que tiene que ver con “la ausencia total de políticas de drogas en este país desde siempre”. “Más allá de la implementación de la Ley de Salud Mental, que la aplaudimos, y ahora tenemos que salir a defenderla con mucha garra, creo que ya es absurdo que en nuestro país (…) rija el prohibicionismo por un lado y por otro, el abstencionismo. Y después sí, está obviamente, el no control de estas comunidades”.
“La Ley de Salud Mental yo la aplaudo, pero de 2010 a la fecha la verdad que el gobierno anterior, al que también por momentos aplaudí, a veces sentado y a veces de pie como digo en el libro, nunca se impulsó: las casas de medio camino, los tratamientos ambulatorios, los hospitales de día o las internaciones en los hospitales generales. Por eso, estas comunidades se hacen el caldo de cultivo y por eso el Estado no las controla, porque las necesita de alguna manera”.
Respecto de si estas comunidades recibían algún tipo de subsidio por parte del Estado, Galfré comentó que “San Camilo y San Antonio no. San Camilo hasta el año 2010, recibía subsidios y después no”.
“La Ley de Salud Mental de alguna manera le coartó los mecanismos. Lo que sí, la última vez que yo chequé, hace dos años, la SEDRONAR subvencionaba a 110 comunidades terapéuticas. Ya no importa tanto si son comunidades abiertas o cerradas, este sistema de comunidades terapéuticas en general no funciona”, finalizó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/12/FOTO-1-1.jpg?fit=1300%2C735&ssl=17351300FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-12-05 15:47:542017-12-05 15:47:54La Comunidad: viaje al abismo de una granja de rehabilitación
El gobierno de Bahía Blanca propuso una nueva ordenanza para instalar antenas emisoras de radiofrecuencias denunciadas por especialistas de diferentes ámbitos por su riesgo para la salud. Desde la ONG Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca invitan a asistir a la audiencia pública el 13 de diciembre a las 9 en el Concejo Deliberante. Las inscripciones cierran el 5 de diciembre.
FM De la Calle habló con Gladys Girotti, integrante de la ONG, quién aseguró que leyeron el documento y pusieron “a disposición todos los profesionales que nos asisten permanentemente, a fin de sacar una ordenanza lo más protectora posible y al mismo tiempo que asegure las comunicaciones”.
Sin embargo reveló que no fueron consultadxs a la hora de redactar el documento. De todos modos, “desde el Ejecutivo dicen que este es un primer proyecto, que irá a debate y a comisión del Concejo Deliberante el año que viene” con los aportes que se realicen en la audiencia pública.
“Por eso pusieron el proyecto a consideración online donde las personas pueden entrar a la pagina, dar una opinión de cada uno de los artículos de la ordenanza, una opinión general y elevar una propuesta”, explicó.
Girotti manifestó que la propuesta del oficialismo “es paupérrima”, a pesar de que “la ordenanza anterior dice que no se podían instalar [antenas] en escuelas, centros de salud y demás, nunca se hizo cumplir”.
Además, “el tema es que no resolvemos nada con que te instalen una antena terreno por medio de una escuela si no bajamos la potencia a la que emite. También [la ordenanza] tiene en cuenta bajar la altura de las torres, quedarán bastante más lindas pero estamos acercando más la radiación a la cabeza de la gente”. El proyecto propone que los soportes sean compartidos por más de una empresa, por lo que “estamos sumando más cantidad de antenas en el mismo soporte”.
Girotti aseveró que el documento “no habla de principio precautorio, no habla de salud, no habla de medio ambiente, no habla de contaminación, no se hace cargo de lo que son las mediciones”. A modo de ejemplo mencionó el Polo Petroquímico que “se puede comparar en el sentido de que el municipio tiene que tener elementos de medición para luego reclamar ante los organismos que correspondan sobre la contaminación que está generando”.
Sin embargo, manifestó que “el municipio tiene que realizar mediciones”. La ordenanza anterior tenía prevista participación ciudadana porque las mediciones si están hechas en puntos fijos o en puntos donde no hay radiación –la radiación de una antena no es pareja alrededor de la antena, tiene puntos muertos donde no hay señal– la medición no va a dar un resultado acertado. “La radiación hay que medirla de acuerdo a un protocolo”, explicó Girotti.
Reiteró la importancia de opinar y participar sobre el proyecto: “Es muy importante que lo hagan, sabemos que las audiencias no son vinculantes y que tenemos un Concejo Deliberante formado de doce contra doce, […] pero es una batalla que tenemos que dar. […] Quisieron dar un primer paso de debate, y esta bueno que se arranque por algún lugar, pero hay mucho para construir encima de esta ordenanza”.
La inscripción y el debate online se puede realizar hasta el 5 de diciembre en: www.bahia.gob.ar/dialogos/antenas y la audiencia pública está programada para el miércoles 13 de diciembre a las 9 de la mañana en el Concejo Deliberante.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/12/unnamed.jpg?fit=770%2C433&ssl=1433770FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-12-01 23:15:312017-12-01 23:15:31Audiencia pública sobre antenas
Ante la intención gubernamental de modificar la reglamentación de la Ley de Salud Mental, la licenciada Marcela Arzuaga, ex jefa del Hospital de Día de nuestra ciudad, dijo a FM De la Calle que “cualquier cuestión restrictiva a la hora de pensar las intervenciones en problemáticas de salud mental y de adicciones, que no tengan todo el abanico que es necesario para la inclusión de una persona en la sociedad, va a quedar resumida a una internación compulsiva”.
“La Ley de Salud Mental, es en realidad Ley de Salud Mental y Derechos humanos, este es un punto importante a tener en cuenta por lo que viene después. La ley nacional se promulga en el año 2010 y se reglamenta en el año 2013 y plantea que la salud mental ya no es solo un estado de bienestar psicosocial, dentro del marco de la salud, sino que se reconoce que hay condicionantes que son sociales, históricos, psicológicos, que trascienden el cuadro psicopatológico y, sobre todo, que la atención a las personas con padecimiento mental tiene que ser interdisciplinaria y mucho más abarcativa”, explicó.
Arzuaga agregó que “la ley nacional se promulga en 2013 teniendo en cuenta lo que fueron las 100 reglas de Brasilia, porque sabemos que en nuestros países no sólo tiene que estar la ley, sino que se garantice la accesibilidad. Porque sabemos que los grupos más vulnerados son los que no acceden a derechos (…) En el tema de la salud mental el estigma coarta todo tipo de derechos, porque uno lo tiene en lo cotidiano a esto. En la Ley Nacional de Salud Mental está abarcado en término de: el Poder Legislativo le dice al Ejecutivo que instrumente determinado tipo de políticas, más allá de las de salud, para garantizar la inclusión de estas personas.”
Respecto a la puesta en práctica de la norma, la licenciada comentó que “se fue ejecutando parcialmente, deficientemente. Entonces, los que venimos en la lucha por una salud mental en el marco de los derechos humanos lo que pedimos es, la plena implementación de la ley, que sabemos es compleja y no está instrumentada, no sólo en salud sino desde otros ministerios que es imprescindibles que se comprometan a la ley”.
“El planteo es: pidamos, exijamos la plena implementación de la ley, o la ampliación de derechos que plantea la ley. Pero no restrinjamos la ley, porque esa implementación de derechos no está. Esto es lo que nosotros venimos a decir”.
En relación a las modificaciones que planea el gobierno, Arzuaga sostuvo que este decreto “deja traslucir” la vuelta a la internación compulsiva en manicomios. “Con otro nombre, porque no habla de manicomios, sino de clínicas especializadas pero a la letra sabemos que es lo otro y que no es una cuestión voluntaria, o porque la gente es mala y quiere hacer manicomios”.
“Es porque, quienes venimos estudiando esto, tenemos los fundamentos para poder decir que cualquier cuestión restrictiva a la hora de pensar las intervenciones en problemáticas de salud mental y de adicciones, que no tengan todo el abanico que es necesario para la inclusión de una persona en la sociedad, va a quedar resumida a una internación compulsiva”.
Arzuaga comentó que en Bahía Blanca están “trabajando desde distintas organizaciones sociales, se está planteando también en la mesa del Concejo Deliberante, que ahí nos reunimos distintos organismos estatales y organizaciones no gubernamentales y estamos intentando generar, creo que el Colegio de Psicólogos también está en asamblea, para sentar una posición y fundamentarla”.
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El sábado 4 de noviembre se incendió una planta de acopio de granos y químicos de la empresa Glencore en la ciudad de América, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Una nube negra, producto de la combustión de diferentes agrotóxicos permaneció en el aire varias horas y preocupó a la comunidad.
FM De la Calle habló con Adelmar Funk, vecino del lugar, quien aseguró que se preocuparon cuando una leve brisa “empezó a movilizar la nube tóxica hacia el casco urbano”. Eso generó que las autoridades municipales dimensionaran lo que sucedía y emitieran un comunicado para que la sociedad “tomara algunos recaudos que se hacían imprescindibles, más considerando que en este tipo de situaciones no están preparados los municipios, ni siquiera defensa civil”.
Las autoridades propusieron que “la población estuviera encerrada en sus casas, que no ventilaran nada, que bebiera agua segura (de bidones)”, hasta puso a disposición el centro integrador “en el caso de que la gente tuviera que abandonar sus hogares hubiera un lugar más seguro”.
“Que se queme una planta que tiene agroquímicos es realmente sorprendente. (…) Estás viendo la combustión de ciertas partículas que tienen carbón (había silos bolsa), pero también hay elementos que no son visibles: los otros gases, productos de la quema de químicos; ni siquiera sabíamos qué tipo de químico había”.
El vecino de América explicó que a partir de otros casos el Concejo Deliberante “ha actuado en favor de las prohibiciones necesarias para asegurar de alguna manera la salud de la comunidad”. Y ratificó que es una situación complicada porque “uno no puede predecir qué tiene” la nube tóxica, y en su momento “la empresa tampoco supo explicar qué había, cuando quiso dar una explicación hizo un comunicado” y en vez de pedir disculpas relató lo que había pasado con los bomberos.
La limpieza del lugar donde se incendiaron los agroquímicos no es simple, de hecho Glencore tuvo que contratar a una empresa especializada para retirar los residuos e intentar recuperar las tierras donde se produjo la quema de dichos elementos.
Sin embargo, Funk cuestionó qué hacían esos agrotóxicos en ese galpón. “Los productos que estaban en ese depósito tenían un destino, ser volcados a la naturaleza; o sea que generamos un drama porque se quemaron (…). Solamente en el partido de Rivadavia, que tiene 370.000 hectáreas aproximadamente, se vuelcan entre 3 y 4 millones de litros todos los años. Equivaldría más o menos a la cantidad de material que transportan cien camiones de combustible”.
También manifestó que “estamos absolutamente rodeados de gases tóxicos en forma permanente. Lo demuestran no solamente patologías de nuestra comunidad sino que los propios organismos del Estado [INTA], plantan en el casco urbano de nuestras ciudades árboles testigo donde detectan la presencia de 2-4D, que es un arma de guerra”.
El hombre aseguró “en nuestro distrito, en su versión más volátil [2-4D] estaba prohibido y esta planta lo tenía. (…) el resto de los químicos estaba en otro galpón cruzando la ruta. (…) Si bien algunos químicos estaban autorizados, “el galpón no estaba autorizado, o sea que es clandestino”.
América se encuentra a menos de 3000 metros de la planta de Glencore, a la vera de la RN 33, y las viviendas más cercanas están a 1500 metros. Funk aseguró que se tranquilizaron cuando el viento viró al norte y la nube se disipó en dirección a General Villegas.
Respecto al comunicado que la empresa publicó cinco días después del suceso, concluyó que no agregó nada nuevo y “eso es lo que causa más indignación. Además se trata de empresas poderosísimas, multinacionales con grandes capitales (…) que realmente no se hayan ocupado de cumplir con las normas vigentes. Hacer las cosas bien para ellos sería un vuelto, no les costaría demasiado”.
Cabe destacar que la principal actividad de Glencore es la minería, y en la actualidad no sólo enfrenta la situación de tener agrotóxicos prohibidos en un galpón clandestino sino que está en el foco de los Paradise Papers por posible lavado de dinero en la mina de oro La Alumbrera. Esta investigación es llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que incluye a la periodista bahiense, Sandra Crucianelli.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/11/youtube.jpg?fit=1280%2C720&ssl=17201280FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-11-15 21:40:512017-11-15 21:40:51Glencore tenía químicos ilegales en una planta que se incendió
(Por Mauro Llaneza) Durante la semana se realizaron ocho allanamientos en empresas radicadas en el polo petroquímico de Ing. White que vierten sus desechos en el estuario bahiense. Los operativos son parte de la causa judicial que investiga la contaminación denunciada por pescadores artesanales en 2011.
“Todo para poder hacer la pericia que determine si la tesis de la Fiscalía es correcta”, aseguró Alejandro Cantaro, quien sostiene “que las empresas del polo vierten residuos tóxicos peligrosos en la ría poniendo en riesgo la salud pública y, por tanto, cometen delito”.
Lucas Beier, abogado de los denunciantes, declaró que “fue un arduo trabajo en conjunto con la Fiscalía para poder coordinar la fuerza de seguridad, la universidad, conseguir que la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires pueda realizar los estudios de las muestras tomadas”.
“La pericia es importante (…) para dejar tranquila a la población sobre si puede ir al muelle de Cerri, pescar una corvina y comerla o, al contrario, es mejor no comerla y tenemos que ir a la pescadería a buscar cualquier pescado que no sea de este ambiente”.
Se estima que en poco más de un mes el juez Walter López da Silva podría contar con anticipos informativos y luego incorporar los resultados definitivos. Los análisis, financiados por el Consejo de la Magistratura, estarán a cargo de la UBA y la Policía Federal colaborará en el estudio de “algunos sólidos” y de “la fauna ictícola” secuestrada.
“Determinado esto, se va a continuar con la causa y se van a atribuir las responsabilidades llamando a indagatoria y elevando a juicio la causa penal”, dijo Beier.
Cantaro agregó que secuestraron documentación relacionada “con las autorizaciones que las empresas tienen, las cantidades por las que están autorizadas para verter, si están dentro de los estándares correctos, si están vigentes, cómo es el circuito de autorizaciones entre provincia y Municipalidad”.
“Esto es muy importante porque los expertos van a valorar no solamente si encuentran en agua, en el fango de la ría o en los peces y crustáceos, elementos, material tóxico, sino también cuáles son las autorizaciones que tengan”.
Según pudo saber FM De la Calle, las multinacionales presentaron una gran cantidad de permisos con al menos un año de vencimiento. Desde el sector empresarial responsabilizaron al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible por no realizar los controles necesarios para la renovación de la documentación.
Sobre la ría hay tres, cercanas a Cerri, Ing. White y Punta Alta. “Están haciendo la planta de tratamiento de la que está pasando Ing. White y con eso el juez dio la orden por cumplida y nosotros apelamos”, sostuvo el abogado.
Tras el allanamiento del jueves en ABSA, fuentes judiciales afirmaron a FM De la Calle que “no hay ningún tipo de tratamiento de los líquidos cloacales”. Por la Primera Cuenca evacúan todos los sumideros locales con un filtro que evita el paso de algunos objetos. “Eso cuando funciona la planta y ahora no está funcionando, sale todo”.
No fue pericia, fue allanamiento
El fiscal Cantaro destacó que el polo es “públicamente reivindicado como un sector de poder económico y privilegiado por las conducciones políticas. Sin que esto signifique que haya ninguna presión ni intervención, pero en todo delito complejo y donde quien se investiga tiene resorte de poder siempre es mucho más difícil”.
Luego del primer día de allanamientos, la Unión Industrial desinformó a través de los medios de su vicepresidente, Gustavo Elías, que “seis compañías miembros de la institución recibieron peritajes en sus instalaciones por una orden dictada por el Juzgado Federal Nº2 Secretaria Penal Nº6”.
“Se tomaron muestras en los sitios de vuelco de efluentes líquidos de las distintas plantas y se obtuvieron registros relacionados a las mismas. Entendemos que estos procedimientos son parte de un proceso judicial, sobre el cual no contamos con mayor información dado que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario. De todos modos, las compañías y la institución brindarán su total colaboración y se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, firmaron el director industrial Roberto Elissamburu y el director ejecutivo Ricardo Rabbione.
El fiscal afirmó que “en algunas empresas hubo resistencia, llamaron inmediatamente a los responsables de las áreas que estaban involucradas, inclusive llegaron los abogados y cuestionaban la toma de las muestras o quiénes eran los testigos que estaban presentes. En algunos lugares hubo un clima más hostil, en otros no. Yo estuve en Indupar -donde era Solvay Indupa- y acompañaron en la toma de muestra, entregaron la documentación rápidamente”.
“A ese comunicado le faltan dos palabritas centrales”, dijo Cantaro, “no habla de allanamiento ni secuestro. Ayer no se perició nada, ayer se allanó. Y los hechos demuestran que fue oportuno que haya sido un allanamiento porque, insisto, hay alguna resistencia en la entrega de la documentación y en la posibilidad de tomar las muestras”.
Por otra parte, el mencionado “secreto de sumario” no existe en la causa sino en la línea editorial financiada por el “único equipo integrado por el sector público y privado” que saludó el presidente Mauricio Macri, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay, en la visita del martes a la planta de Dow.
*Las entrevistas a Alejandro Cantaro y Lucas Beier fueron realizadas por el autor de la nota en Radio Altos.
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Esa es la propuesta del Comité de Autismo de Bahía Blanca. Dos de sus integrantes, Alejandra y Julieta, visitaron los estudios de FM De la Calle el miércoles para participar de ¿Quién te juna? Son madres que trabajan para que el Trastorno del Espectro de Autismo deje de ser un tema tabú y sus hijas tengan un futuro mejor y más inclusivo.
Si bien el momento del diagnóstico fue diferente, en el caso de Julieta, antes de los dos años ya veían que algo no estaba bien, el diagnóstico correcto no llegó hasta que su hija cumplió seis. “Desde que los padres se dan cuenta hasta que se llega al diagnóstico por ahí pasa bastante tiempo. Y en mi caso tampoco tuve mucha suerte con los profesionales”, contó.
En cambio, la hija de Alejandra fue diagnosticada a muy temprana edad: “A los dos años y medio ya empezábamos las primeras terapias. No sabíamos qué era exactamente, pero sabíamos que había un problema. Si bien la pediatra me decía ‘ya tendría que estar diciendo las primeras palabras’, la que me dijo ‘andá a ver a un neurólogo’ fue la dermatóloga. Me dijo ‘antes de ser dermatóloga, soy pediatra’, y me derivó”.
Algunas señales comunes pueden ser “no hablar o no mirar a los ojos. A veces parecen sordos porque le hablas y no te miran, ni siquiera se dan vuelta, no responden al nombre”, explicó Alejandra.
“Lo primero que descartas es si tienen problemas con la audición, si tiene esto, lo otro. Aparte, mi nena es hiperactiva, entonces tenía otros síntomas. Si bien todos tienen más o menos el mismo problema son todos diferentes y hay, desde los chicos que son muy tranquilos –e incluso no hablan nada– a chicos que hablan muchísimo y son hiperactivos”, mencionó sobre el Trastorno del Espectro Autista.
Respecto a si los profesionales están bien informados como para diagnosticar el TEA, Julieta dijo: “Hay, pero faltan más. Por lo general el pediatra, que es la cara visible, el primero al que va a ver, por ahí minimiza y dice ‘ya va a hablar’ o en el caso de los varones, ‘siempre son más lentos’. Falta información en todos los ámbitos. En la educación, en la salud. El pediatra tendría que darse cuenta de esto. Si no habla y tiene dos o tres años… veamos, hagamos una evaluación”.
En el ámbito educativo, Alejandra afirmó que “hacen falta más maestras que tengan ganas de trabajar. Este año estoy en una escuela en la que la dirección tiene la cabeza abierta y tiene ganas de trabajar con nosotros, entonces de ahí para abajo todo fluye. Si vos tenés una maestra que tiene un montón de ganas de trabajar pero arriba no te lo permiten, no podes hacer nada. Tiene que ser un equipo, que le abran la puerta a lxs terapistas y a los papás que saben lo que su hijo/a necesita”.
Julieta agregó: “Tienen que trabajar en equipo, la escuela, las terapias y la familia. Las tres cosas son fundamentales. Si una de las tres no trabaja en equipo, no funciona. El chico queda boyando si, por ejemplo, en la escuela le dicen una cosa y en la terapia otra”.
Sobre la “Ley Integral de Trastornos del Espectro Autista (TEA)”, aprobada en el 2014, Alejandra hizo mención a un punto que “es bastante específico y hasta ahora no encontré a nadie que me haya dicho que lo logró sin un recurso de amparo. Para nuestrxs chicxs es fundamental tener un/a acompañante terapéuticx que lx asista en la escuela. Vos tenés el certificado de discapacidad donde dice que tu hijx tiene autismo –supuestamente ese certificado te avala para que tenga todas las terapias y la rehabilitación que necesite–, si vos expones que necesitas un/a acompañante terapéuticx, termina en recurso de amparo sí o sí, porque la obra social no te lo brinda”.
Y añadió: “Si no tenés obra social, te dan una pensión que no alcanza. Si vos no tenés obra social es muy probable que tu hijx no tenga todo lo que necesita. Entonces, yo creo que sí, que falta mucho”. A pesar de no verse afectadas por el recorte de pensiones de hace unos meses, aseveraron que tuvieron que presentar un recurso de amparo para tener acompañante terapéutico en el colegio.
Fausto y Atípico
A pesar de que se encuentran en tratativas para recibir apoyo del municipio, sí han tenido buena recepción en el Centro Cultural de la Cooperativa (Zelarrayán 560), donde ya exhibieron dos veces –el 10 de octubre será la tercera oportunidad– el documental de Fausto También, que cuenta la experiencia de un joven con autismo que llegó a la universidad.
Sobre esta segunda proyección, Julieta manifestó que “está enfocado a personas del ámbito educativo: maestrxs, profesorxs, maestras jardineras, hasta fueron docentes de la universidad (la vez anterior); y también chicos que estudian algún profesorado. Más que nada fue ambientado para ese lado, esta vez, porque nos interesa que lxs docentes sepan más del tema”.
Julieta contó que vio una de las series más nuevas de Netflix, Atípico (Atypical), y respecto a si está bien planteado el tema indicó que está bien “desde el punto de vista que no es como las películas de antes, que el chico con autismo no habla y se golpea contra la pared. Ahora es un chico que va a la escuela, que tiene 18 años y le empiezan a pasar cosas de la edad, quiere tener novia. También salió de esto de que ‘no tienen sentimientos’. Tienen sentimientos, pero por ahí no saben cómo manifestarlos. Además hay capítulos que hacen mención a la sensibilidad corporal que el personaje principal tiene, esta cosa sensorial que por ahí algunos tienen muy marcados”.
Comité de Autismo de Bahía Blanca
“Actualmente está compuesto por tres profesionales y cuatro o cinco mamás. La idea es que se siga sumando gente y que cada vez seamos más para trabajar”, apuntó Alejandra.
“Una de las cosas en las que estamos bastante enfocadas es la detección temprana del autismo. Y otro punto es la educación y el autismo. Por lo menos acá en Bahía es complicado el asunto. Hay que sacar un poquito el tabú de lo que se supone que se sabe del autismo, y ver que lxs chicxs pueden tranquilamente cumplir todas las funciones, estudiar, aprender, igual que cualquier persona. Solamente hay que entender que procesan diferente”.
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Después de conocerse que el Gobierno Nacional apeló el fallo judicial que dictaba restablecer las pensiones dadas de baja en el mes de junio, Mara Recondo –integrante de la fundación DISER (Discapacidad y Servicio) – habló con El Mejor Equipo sobre el trabajo que realizan en función de la decisión del oficialismo.
En primer lugar, Mara comentó cómo fue la situación en junio cuando “la gente que fue a cobrar el beneficio con el aguinaldo, se encontró que no tenían depositado el dinero. Después tomamos conocimiento de esta suspensión de la pensión no contributiva, y a raíz de una serie de reclamos que se hicieron a nivel nacional, trabajamos con la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados”.
A pesar de que en todos los casos en que intervino la fundación, se logró la restitución de la pensión, explicó que fue “muy angustiante y preocupante para muchas personas”.
En relación a algunas pensiones no restablecidas, Recondo afirmó que se debió a que los motivos de suspensión no estaban contemplados dentro de lo establecido por el Gobierno. “Por ejemplo, a los que se les había dado de baja porque tenían un cónyuge que cobraba jubilación, o a los que contaban con el beneficio de tener un vehículo para trasladar a la persona con discapacidad”.
Las situaciones más comunes por las que no se restauró el cobro son “porque [las personas] no alcanzan el porcentaje de incapacidad laborativa. Tuvieron que hacer todo el trámite de nuevo, y todavía están en espera”, aseguró.
Recondo aclaró que es muy engorroso realizar la documentación nuevamente, que en ciertos casos puede incluir hasta la visita a un médico legista que determine el nivel de incapacidad, ya que en el entreacto la persona pierde el beneficio. “En esos casos pedimos asistencia al Municipio o gestionamos ayudas económicas. Más allá de que se consigue y pueden percibir un ingreso hasta que se restablezca la pensión, sabemos que los tiempos de restitución son muy largos. A la persona le genera incertidumbre, temor de decir ‘¿qué voy a hacer si se me termina la ayuda económica? ¿De qué voy a vivir?’. Esa es la parte que más nos dolió de esta situación”.
En Bahía Blanca, DISER intervino directamente (en conjunto con la Defensoría Federal y la Defensoría del Pueblo) en veinte casos, a pesar de que en la ciudad hubo trescientas pensiones suspendidas. En relación a la quita de pensiones masiva de junio, que ya ocurría desde agosto de 2016, asegura que fue “sin criterio y sin sentido”.
Por otro lado, la semana pasada se creó la Agencia Nacional de Discapacidad, que absorbe a la Comisión Nacional de Discapacidad y a la Comisión Nacional de Pensiones, y que ya no dependería del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que preocupa es “con qué criterios van a otorgar pensiones. Porque si usan los criterios en los que se están basando ahora, el decreto 432/97, estamos mal. Estamos hablando de los mismos criterios que utilizaron para quitarlas”.
Para contrarrestar esta nueva situación, a través de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, “se está trabajando en conjunto, para que expliquen cuáles van a ser esos criterios, cómo van a trabajar el otorgamiento de pensiones y cuál va a ser la función de la Agencia. Todavía falta información y falta saber cómo va a ser el procedimiento de aquí en adelante”, ratificó.
“El miedo está instalado, la preocupación está y, si bien la ministra de Desarrollo Social y la vicepresidenta Michetti, declararon públicamente que ‘el que tiene la pensión no la va a perder’, nosotros queremos algo más concreto”, concluyó.
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Integrantes de la conducción provincial de CICOP visitan este miércoles Bahía Blanca para presentar junto a la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal el Movimiento por el Derecho a la Salud. El encuentro será a las 18 en Pasaje Tres Arroyos 538 (ADUNS) y tiene el objetivo principal de denunciar las implicancias de la Cobertura Universal de Salud (CUS) impulsada por el gobierno nacional.
La CUS fue implementada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 908/2016 con el argumento de la existencia de “una circunstancia extraordinaria que hace imposible seguir los trámites de rigor previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”. La medida instaura una nueva y peligrosa avanzada de los sectores del poder económico sobre un bien común fundamental para todxs los argentinxs: la salud pública, universal y gratuita.
“Sería un fondo destinado principalmente a obras sociales con ese viejo argumento de que lo público no funciona, que es ineficiente y que mucha gente queda por fuera. Lo que estamos denunciando es que queda por fuera gente cuando privatizamos el sistema que es lo que estaría haciendo la CUS”, dijo a FM De la Calle la presidenta de la APSM Selva Lamtzev.
La médica comentó que la intención del gremio es “que este movimiento que ya está funcionando en La Plata, en Buenos Aires, pueda generarse en Bahía Blanca y por eso la llegada de CICOP es auspiciosa”.
“Informar es una forma de acción, vemos que hay mucho silencio sobre esto, ocurre muy similar a lo que es el Plan Maestro en la educación, son estrategias de precarización de lo que ya existe público e informar y alertar a la población es nuestra primera instancia de organización y de evaluar que medidas se van a hacer”, agregó.
El decreto presidencial pretende “garantizar una serie de servicios específicamente a la población que debería presentar un carnet de pobreza. Esto no es suposición nuestra sino que lo vemos en otros países como ha sido en Colombia o Chile en los ’90. (…) Precarizan mucho más al sistema público de salud, el aporte se va en obras sociales que vienen incumpliendo incluso el plan médico obligatorio”.
La reunión en la sede de ADUNS contará con la participación del presidente de CICOP, Fernando Corsiglia, sus secretarixs Verónica Moyano, Mónica Berezovsky y Hugo Amor, de Asuntos Municipales, de Género y de Prensa, respectivamente y delegadxs gremiales.
“Ante el decreto nos surge una alarma muy grande y la necesidad de poder hablarlo y conformar este movimiento, que no lo conforman solamente espacios ligados a la atención de la salud sino que la idea es que confluyan diferentes sectores preocupados por el derecho a la salud, es una convocatoria absolutamente abierta a todas las organizaciones y personas interesadas en defender su derecho fundamental”, invitó Lamtzev.
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Se trata del “primer encuentro de un proyecto que es un poco más amplio y se propone discutir las diferentes problemáticas y conflictos que en Bahía Blanca se producen al calor del desarrollo del polo y del puerto desde una perspectiva de derechos humanos y a través de un diálogo de saberes que es la propuesta de esta minga”, dijo la economista Mariana Fernández Massi.
Este viernes a las 18:30 en el octavo piso de San Juan y 12 de octubre, hará su aporte académico en un panel que completarán el abogado laboralista del CELS, Diego Morales -quien participó de la Comisión de Apoyo al Juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra- y el dirigente de la CTA y el Suteba bahienses, Enrique Gandolfo. “Tercerización, precarización y derechos laborales” será la consigna.
La investigadora explicó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que en el polo petroquímico se registraron dos grandes oleadas de tercerización. “Cuando comienza su instalación y funcionamiento en la década del ’80 ya nace en un esquema en el que había cobrado bastante relevancia entre las estrategias empresariales”.
“En particular en un montón de actividades que quizás hoy nos parece naturales que lo sean, sin embargo, previo a la década del setenta, no eran tercerizadas. Eran trabajadores que estaban encuadrados en los convenios colectivos de la actividad, como es el caso de vigilancia, gastronomía, limpieza general”.
Con la privatización, las multinacionales empeoraron las condiciones laborales. “En Solvay hubo un proceso bastante más fuerte de precarización que el que se dio en Dow PBB”. Sobre todo en las áreas de mantenimiento industrial donde los trabajadores se exponen al mayor riesgo.
“Quizás es la parte más relevante para pensar sobre todo la violación extrema de los derechos humanos al punto de violar el derecho a la vida”, propuso Fernández Massi.
Las diferentes modalidades de organización del polo petroquímico tuvieron su contra relato en las diversas formas de fragmentación de los colectivos de trabajo.
La economista destacó como un hito el paro petroquímico del 8 de julio de 2009 “porque es un reclamo que unió a un sector específico, que eran los trabajadores de limpieza, que tenían un salario muy, muy, por debajo del promedio del de cualquier otro trabajador del complejo”.
“Eso fue en el marco de la primera paritaria que negocia la nueva conducción del sindicato que venía de un proceso desde 2008 -bastante escandaloso- de remoción de la conducción, elecciones y asunción de las autoridades que aún lo dirigen”, explicó.
La Nueva Provincia registró el discurso empresarial de la época, el cual argumentaba que no eran trabajadores propios de las grandes transnacionales.
“Por más que desarrollen sus tareas y aporten al proceso de producción de estas empresas principales, consideran que no son responsables de ningún modo de las condiciones de trabajo, ni por los salarios, ni por la estabilidad de esos puestos”. Si bien aquella paritaria no equiparó a los trabajadores, significó una clara mejoría para el sector tercerizado.
La mayoría del personal tercerizado suele estar encuadrado en los convenios de Uocra o Empleados de Comercio y, “en general, tienen menos derechos, menor escala salarial, que casi cualquiera de los convenios de sectores de ramas industriales”.
“Es interesante entender cuál es la lógica, por qué se disputan unos trabajadores y por qué otros no”, se preguntó Fernández Massi quien sostiene junto sus compañerxs de investigación que “los acuerdos intersindicales tienen un peso importante para entenderlo”.
Siempre me matan, me matan
Juan Cruz Manfredini murió tras cuatro días de agonía con el 95% de su cuerpo quemado. El 17 de octubre de 2010 la oficina de Camín Cargo Control donde trabajaba explotó. Allí se guardaban ilegalmente muestras de hidrocarburos, gases, naftas, fertilizantes y distintas sustancias inflamables.
Nicolás Biernat trabajaba en la planta de membranas asfálticas de EG3 Petrobras contratado por Narelco SA. El mediodía del 2 de septiembre de 2004 fue rodeado por las llamas en un espacio cerrado y cuya puerta no tenía picaporte. Dos semanas después falleció en el hospital Alemán de Buenos Aires.
Sus rostros serán pintados este sábado en un mural que coordinará el artista plástico Francisco Felkar en homenaje a las víctimas de la precarización laboral en Bahía Blanca. Desde las 15, en Alfonsina Storni y Manuel Alberti (Paseo de la Mujer – Parque de Mayo), FM De la Calle realizará una radio abierta con el testimonio de sus familiares y trabajadores y luego se presentarán Julián Esquivel y Nativos.
Convocan: Universidad Nacional del Sur, Departamento de Humanidades UNS, Subsecretaría de Derechos Humanos UNS, ADUNS y FM De la Calle.
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(Por ¿Quién te juna?) Semanas atrás se dieron a conocer incidentes ocurridos en la planta de cloro soda, de Unipar Indupa. El comunicado oficial, sostiene que el incendio producido en inmediaciones de la empresa fue controlado por la brigada de emergencia del lugar y que, por protocolo se convocó a los bomberos de Ingeniero White.
Si bien, esto es lo que sabemos sobre lo ocurrido en la empresa perteneciente al polo petroquímico de la ciudad, todavía quedan algunas dudas sobre el incidente. En dialogo con ¿Quién te juna? (miércoles de 21 a 22), Adrián Vlek integrante de Aukan y activista por el medio ambiente sostuvo: “Como siempre pasa en estos casos no hay demasiada información pública sobre lo que sucede en las plantas del polo petroquímico”, al mismo tiempo agregó: “Lo que no se dice, y todavía estoy esperando alguna respuesta para despejar dudas es que: la automática parada de planta, significa cortar la producción y que, cuando hay una producción contenida, en la mayoría de los casos se libera parte de ese compuesto a la atmósfera a través de las chimeneas. Eso, en ningún momento del informe se dice”.
Claro está que la falta de información por parte de las empresas, así como la desconfianza de la sociedad en general aumenta, cada vez que sucede algo en el polo. Al respecto Vlek comenta: “Todas estas cosas que deberían ser aclaradas de manera inmediata, no sólo por los jerárquicos de la empresa, sino también por el CTE que es responsable de los controles. No hacen más que abonar a la desconfianza sobre lo que realmente pasa en cada evento de las plantas del polo y que, reavivan en cada incidente lo que paso con el cloro y las plantas de Solvay. Eso es una herida que no va a cerrar fácilmente, por toda la desconfianza que hay sobre lo que ocurre dentro de las plantas”.
Asimismo, vale destacar que la planta de Indupa, fue vendida a fines del año pasado. En relación a esto Adrián Vlek comentó: “El año pasado la adquirió una empresa brasileña. La planta estaba en venta desde el 2014, y la mayoría de las acciones las tenía el Estado a través del ANSES, y la controlante era la belga Solvay”. Además agrega: “Todos sabíamos en ese momento, que la planta de Solvay-Indupa era que la menos actualizaciones tenía, sobre todo en materia de tecnología y sistemas de seguridad. Por lo tanto, cada accidente que hubo, y que sigue habiendo en la planta de Indupa. Nos obliga a pensar, si realmente la empresa tiene las medidas de seguridad actualizadas bajo normas internacionales, con exigencias muy fuertes sobre el control ambiental y nos gustaría saberlo”.
Siguiendo esa línea, se tomó un momento para recordar cómo se fue conformando el polo desde sus inicios y cuáles son las repercusiones que tiene hoy en la sociedad bahiense. “En la década del ’80 con las inversiones que venían llegando de distintas empresas al polo petroquímico, la promesa era que esto se iba a convertir en la California de Sudamérica. Pero hoy, con este presente y con lo que pasó a través de la historia en las empresas de polo, sabemos que eso no fue así. Sólo el 1% de la población tiene trabajo dentro de las empresas del Polo Petroquímico y que, ha generado más inconvenientes que beneficios”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/06/FOTO-1-POLO.jpg?fit=1024%2C683&ssl=16831024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-06-26 01:16:052017-06-26 01:16:05“Sólo el 1% de la población tiene trabajo dentro de las empresas del polo”
La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal realizó esta mañana una conferencia de prensa para informar a la comunidad sobre la situación del sector a partir de las demandas que no fueron escuchadas por las autoridades comunales en la última paritaria así como por el incumplimiento de otras que sí habían sido acordadas.
Según el gremio, el contexto se agravó al hacerse cargo el sistema público de la atención de pacientes de PAMI ante la crisis de la obra social que no avizora perspectivas de mejoramiento. Cabe destacar, que la población afectada por esta problemática demanda muchos más cuidados que los habituales.
La atención municipal también está recibiendo una sobredemanda de afiliados y afiliadas a obras sociales que no cubren las prestaciones básicas como la de aquellas trabajadoras y trabajadores que en lo últimos meses perdieron sus empleos y, por consiguiente, sus coberturas médicas y afrontan difíciles realidades socioeconómicas.
Ante este panorama no hubo adecuación de los recursos humanos ni materiales.
Al precario estado de la infraestructura de las unidades sanitarias y los centros de salud, se sumó el anuncio de la construcción de otros centros sin profesionales para cubrir las vacantes de cargos que todavía no fueron concursados.
Este faltante, advirtió la Asociación, se repite en otras áreas del sistema sanitario local o es cubierto por personal precarizado mediante distintas formas de contratación irregular.
En el aspecto salarial, el Departamento Ejecutivo firmó un aumento en las categorías profesionales a cobrar a partir de julio que no cumplió y demora su pago.
Finalmente, el acuerdo paritario incluía una bonificación para el conjunto de las y los profesionales de atención primaria en reconocimiento a la complejidad de su labor, sólo restaba definir el monto. “El Ejecutivo nuevamente intentó negar el pago aunque ante el insistente reclamo abonó 200 pesos como suma fija, monto que interpretamos como el valor que da el ejecutivo local a la labor de la atención primaria de la salud que realizamos día a día”, afirmaron.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/06/IMG_7781.jpg?fit=5472%2C3072&ssl=130725472FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-06-14 21:49:292017-06-14 21:49:29Profesionales de la Salud advierten falta de recursos y personal
(Por Observatorio Petrolero Sur) Vaca Muerta es la principal formación de shale oil y shale gas de Argentina y una de las más “atractivas” del mundo. Se ha repetido hasta el cansancio que tiene una superficie de 30 mil km2, es decir 145 veces la Ciudad de Buenos Aires, o el 30% de la superficie total de Neuquén. Sin embargo, sus tentáculos se expanden mucho más allá de esos claros límite geológicos y la vinculan directamente con Entre Ríos y Gaiman (Chubut), con Buenos Aires, Luxemburgo y China.
Vista aérea de Loma Campana, el área más desarrollada en Vaca Muerta / Fabián Ceballos
Según la Administración de Información Energética de EE.UU. Vaca Muerta es el proyecto de hidrocarburos no convencionales de mayor potencial a nivel global por fuera de norteamerica. Más allá de los recursos hidrocarburíferos, esa oficina valora positivamente la cercanía a importantes cursos de agua y la infraestructura ya existente. Así bienes subterráneos y superficiales se complementan con la historia local por que la instituciones e infraestructuras son necesarias para lograr extraer los hidrocarburos desde la formación geológica..
Así entendida Vaca Muerta se compone también de una red de infraestructura existente y en proceso de instalación. Sus límites, entonces, lejos de ser claros, como supone la idea de los 30 mil km2, se difuminan en amplias regiones. Caminos, rutas, ductos y transferencias bancarias constituyen lo que llamamos los tentáculos.
En ese extenso territorio se instalan otros procesos necesarios de la producción hidrocarburífera como, por ejemplo, la extracción y traslado de las arenas, y el traslado por ductos y procesamiento –en refinerías o polos petroquímicos– de los hidrocarburos. Pero, además, todas esas actividades comparten el suelo con otras producciones –como la de los crianceros de ganado menor o la frutihortícola– y con otros usos: centralmente las ciudades, áreas naturales protegidas, comunidades mapuche. Como se ve los límites son imprecisos y la diversidad en torno a los usos del suelo donde se asienta el megaproyecto es notable.
Si bien para Vaca Muerta se produce nueva infraestructura, en la mayoría de los casos ésta se asienta sobre inversiones anteriores. Así, por ejemplo, se multiplican las transformaciones en rutas y vías férreas ya existentes. Ninguna de esas instalaciones por sí es una obra de muy grandes dimensiones, como puede haber sido la construcción de las grandes represas, como El Chocón, a fines de la década de 1960. Sin embargo, la suma de esas modificaciones convierte a Vaca Muerta en un megaproyecto, en un pulpo que supera en mucho los límites de la formación geológica.
La superficie de Vaca Muerta se subdivide en 200 áreas hidrocarburíferas, que han sido concesionadas a distintas compañías para su puesta en producción. La parcialmente estatizada YPF es la que mayor superficie tiene y la más importante en Argentina en términos de extracción de gas y petróleo. Pero hay también otro sinnúmero de operadoras y de compañías de servicios, diferentes estados, fundaciones y consultoras que tienen intervención en la definición de este megaproyecto.
En los lugares donde se expande la extracción hidrocarburífera se constatan una serie de problemáticas sociales, sobre todo generadas por la presencia de muchos hombres solos y con disponibilidad de dinero. Alcoholismo, trata de personas, consumo de drogas y narcotráfico, se conjugan con la suba indiscriminada del valor de las propiedades y alquileres son algunas de las problemáticas que los hidrocarburos generan en los lugares donde se extrae. Pero además, ante las expectativas que los anuncios oficiales generan, se hace necesaria la adaptación de las ciudades para absorber el crecimiento desmesurado. Según prevén desde el gobierno, “la capital nacional del shale”, Añelo, pasará de 6.000 habitantes en 2015, a 41 mil en 2019, es decir su población prácticamente se multiplicaría por seis en cuatro años.
Finalmente, ya más allá de las infraestructuras tradicionales, este tipo de explotación generan infraestructuras financieras y jurídicas, que rozan lo ilegítimo. Esas instituciones permiten, como las empresas off shore (asentadas en paraísos fiscales como Delaware e Islas Caiman, entre otros), por un lado, gestionar la financiación necesaria para la explotación y, por otro, liberar a las corporaciones de las obligaciones en caso de demandas posteriores. Al mismo tiempo, la juridicidad internacional y sus cortes intervienen en las disputas situadas dentro de las fronteras estatales, como establecen los acuerdos arribados con las compañías trasnacionales.
De este modo, Vaca Muerta se convierte en un territorio que excede en mucho los ya extensos 30 mil km2 de la formación que le dio nombre.
Infraestructura del fracking en el Cono Sur
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Las rutas
En la zona el automotor es el principal medio de transporte. Calculan que tres mil camiones se mueven diariamente por la cuenca hidrocarburífera neuquina. Por las limitaciones que existen o prevén, desde las oficinas gubernamentales trabajan para extender la ampliación de la ruta provincial 7 con cuatro carriles desde Centenario a Añelo. Para favorecer el mismo recorrido, invertirán cuantiosas sumas en mejorar las rutas provinciales 51 y 151, cuyo recorrido es paralelo a la ruta 7. En el mismo sentido avanza la autovía sobre ruta 22 que une Villa Regina con la ciudad de Neuquén y se prevé ampliarla hasta Arroyito.
Los trenes
Las recomendaciones oficiales indican la necesaria reactivación de los servicios ferroviarios. Mencionan los mejoramientos y puesta en funcionamiento del ramal Buenos Aires-Bahía Blanca-Neuquén- Contralmirante Cordero. También se proyecta la prolongación del ramal desde Barda del Medio hasta Añelo, un nuevo ramal desde Chichinales hasta Rincón de los Sauces y la extensión de la línea desde Zapala hasta el paso internacional Pino Hachado. Se anunció, además, la intalación de una vía desde Trelew hasta Choele Choel para garantizar el transporte de arenas para fracking.
Procesamiento y basureros
Las refinerías, los polos petroquímicos y los basureros petroleros son inherentes a este tipo de explotación. Lo extraído en la region se vincula con las refinerías y los polos petroquímicos ubicados en Plaza Huincul (Neuquén), Luján de Cuyo (Mendoza), Ensenada, Bahía Blanca y Dock Sud (en Buenos Aires). Además, la extracción de no convencional es un proceso que genera cuantiosos residuos, por eso existen cuatro plantas de tratamiento en Neuquén a metros de la población. Por los reclamos, el gobierno las obligó a radicarse a ocho kilómetros de zonas urbanas y a cinco de áreas productivas. Comarsa junto a una nueva ompañía, Servicios Ambientales de Neuquén, se están instalando en las afueras de Añelo. Indarsa y Treater están “mudándose” al parque industrial de esa localidad, que no cumple con la normativa. Sobre el traslado de Real Work (Plaza Huincul) no hay novedades.
Vista aérea del basurero petrolero Comarsa en la ciudad de Neuquén / Fabián Ceballos
Gasoductos
Los gasoductos Neuba I y II que vinculan los yacimientos de la cuenca con Bahía Blanca y la zona Metropolitana de Buenos Aires utilizan actualmente a la mitad de su capacidad operativa. Así que no sería necesario ampliarlos en lo inmediato. El poliducto Mega, una empresa compuesta por YPF, Pampa Energía y Dow Argentina, también une la zona con Bahía Blanca. Una de las inversiones más destacadas para YPF ha sido la realizada en el área Estación Fernández Oro (Allen) para trasladar el gas extraído a los troncales y anunció que ampliará esa conexión. Este es otro paso en la brutal transformación que ha sufrido la localidad desde el boom del fracking. Otro gasoducto de relevancia es el Centro Oeste que vincula la zona con la región de Cuyo y posteriormente con Santa Fe. Dos gasoductos vinculan la región con Chile: el denominado Pacífico que une Loma la Lata con el puerto de Concepción (puerto de GNL), y GasAndes que vincula Mendoza con Santiago de Chile y Bahía Quintero (puerto de GNL). Pueden ser utilizados para exportar, como para importar gas.
Los oleoductos
En relación a oleductos, la compañía Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), mantiene los 1700 kms desde Rincón de Los Sauces y Challacó (ambas en Neuquén) hasta Bahía Blanca, por donde se transporta más el 80% del petróleo de la cuenca. Otro oleoducto de relevancia une el área de Puesto Hernández (Neuquén) con la refinería de Luján de Cuyo.
La arena del fracking
El agente sostén es un insumo fundamental para el fracking. La arena de sílice, causante de una enfermedad pulmonar llamada silicosis, es uno de los principales componentes usados con ese objetivo. Este insumo hoy se importa desde China, Brasil y EE.UU. A nivel local se extrae de Entre Ríos y Chubut. YPF adquirió campos en el departamento de Gaiman, a 120 kilómetros de Trelew, para convertirlos en yacimientos de esa preciada arena. Una compañía local comenzó a extraer, lavar y fraccionar la arena allí y la transporta en camiones hacía Vaca Muerta. En tanto, YPF, cuyo proyecto en Chubut permanece frenado, ya instaló una planta de procesamiento de arenas en Añelo.
Planta de tratamiento de arenas en Dolavon (Chubut) / Jorge Ariza
Pasos fronterizos y aduanas
Vaca Muerta está fuertemente integrada hacia el Atlantico, la planificación pública persigue vincularla también con el mercado del Pacífico. Esto se manifiesta en las modificaciones de las políticas aduaneras que apuntan en esa dirección, pero también en los proyectos de mejora de los pasos fronterizos. En este sentido, están intentado darle mayor relevancia al paso internacional Pichachen por el norte de Neuquén. El Paso de Pino Hachado es transitable todo el año y vincula los puertos atlánticos de Bahía Blanca y San Antonio Oeste con los puertos de Concepción, San Vicente y Talcahuano en Chile. A su vez, se complementa con el Polo Logístico de Zapala, zona primaria aduanera y punta de rieles del ferrocarril hacia Bahía Blanca.
Infraestructuras parainstitucionales
El acuerdo entre Chevron e YPF permitió conocer que la creación de sociedad “offshore” es un modus operandi. Para llevar adelante ese convenio se creó un complejo entramado de compañías radicadas en paraísos fiscales de Delaware (EE.UU.) y en las Islas Bermudas. Algo similar sucede en otros contratos. Así las empresas esquivan controles fiscales y regulatorios, y evitan posibles imputaciones judiciales. Otro de los elementos que emerge del contrato es que el marco jurídico aplicable es el del Estado de Nueva York y que el arbitraje internacional se radica en la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.
En octubre de 2016 se conoció el derrame de 240 mil litros de líquido de inyección. En la fotografía, realizada pocas semanas después, se observa las líneas de árboles ya secos que fueron afectados por los químicos / Fabián Ceballos
Las zonas de preservación
El avance extractivista se desarrolla mediante políticas públicas impulsadas por los gobiernos involucrados, permitiendo la exploración, explotación y las actividades conexas hidrocarburíferas. Como resultado, la actividad petrolera se ha incorporado a la vida cotidiana de miles de personas como un peligroso agente invasivo, que modifica el entorno en zonas urbanas, áreas naturales protegidas, tierras comunitarias mapuche, zonas de densidad productiva no petrolera y puntos críticos de riesgo sobre fuentes hídricas como ríos, lagos o acuíferos.
En la norpatagonia, más específicamente en las provincias de Neuquén y Río Negro, epicentro de la actividad de Vaca Muerta en la actualidad, hay factores que cimentan la expansión permitiendo que se dé sin ningún tipo de límites ni condicionantes. Así, el extractivismo sustenta su avance en: una tradición petrolera, una idea de progreso y hegemonía, un Estado rentista, y las mejoras de costos y subsidios para la extracción.
El avance de las fronteras extractivas se torna dinámico, sin límites y con pocos condicionantes. Los distintos gobiernos ven en la extracción la posibilidad de acceder a dinero inmediato para sortear las crisis recurrentes. En ese camino, la coparticipación petrolera en el caso de los municipios, las regalías en las arcas provinciales y las inversiones en las nacionales hacen que el disciplinamiento al capital internacional sea una norma.
En este contexto, creemos que más allá de la necesaria discusión más general sobre la necesidad de una transición hacia otras fuentes de energía, es urgente reclamar el establecimiento de zonas de preservación como forma propositiva en la búsqueda de un futuro mejor. En este sentido, encontramos cinco zonas de preservación prioritarias: zonas urbanas, fuentes hídricas, zonas de densidad productiva, territorios comunitarios indígenas, y las áreas naturales protegidas.
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Arroyos y ríos desbordados, rutas cortadas o con circulación limitada, cientos de viviendas inundadas, campos bajo agua donde apenas asoman los postes del alambrado y la población refugiándose en lugares precarios, son imágenes cada vez más frecuentes.
Esto no es casualidad. Hay certeza ya de que es el modelo agrobiotecnológico el responsable de esta situación cada vez más recurrente, caracterizada por desbordes inusuales, como las recientes lluvias que arrojaron un panorama desolador al registrarse solo en la provincia de Santa Fe más de un millón de hectáreas bajo el agua.
Para tener una noción del panorama actual, pueblos y ciudades enteras han quedado sumergidos como Pergamino, La Emilia, San Nicolás, Rafaela, Arroyo Seco, y casi un centenar en la región centro, en la pampa húmeda, una región que fuera una de las más fértiles y ricas del mundo.
En este marco, si bien son necesarias las obras hidráulicas, éstas solo maquillan un problema coyuntural: El deterioro manifiesto en el que se encuentran los suelos hace que los mismos no absorben lo que deben, escurriendo dichas aguas hacia las cuencas inferiores. Esto es lo que en definitiva agrava las inundaciones.
Estudios realizados por Universidades Públicas y especialistas de distintas disciplinas ratifican, entre otros, que los cultivos de raíces pequeñas como la soja transgénica no permiten la infiltración profunda o la evaporación; la eliminación de la actividad pecuaria provoca la subida de las capas freáticas, la desaparición de la fauna y flora por la aplicación de más de 300 millones de litros de agrotóxicos en cada campaña, compacta los suelos y los convierte en un vidrio en el que rebota el agua.
En efecto, la aplicación del paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos y siembra directa, base del agronegocio, significó la subida de las capas freáticas, la uniformidad de la granulometría superficial del suelo y la muerte directa de los micros y macros organismos edáficos alterando negativamente los ciclos del agua y los nutrientes, el flujo de energía y la dinámica de las comunidades por encima y debajo del suelo.
Se confirma, una vez más, que seguir insistiendo con las buenas prácticas agrícolas o de labranza, no constituyen una solución ni razonable ni ética a este problema, dado que nos encontramos frente a un modelo de producción hegemónico y fuera de control que, en modo similar a la minería, desequilibran la situación funcional del suelo y le exprime el suelo hasta sus últimos nutrientes.
Si a este panorama le agregamos los múltiples focos de incendios en las provincias de La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires, incontrolables por los escasos recursos de contención del fuego que hay disponibles, que provocaron la masiva mortandad de animales y cientos de hectáreas desbastadas por el fuego. Los ríos enteros contaminados por los numerosos derrames de cianuro provocados por la actividad minera, dejando a poblaciones enteras sin acceso a agua potable y una mortandad de peces incalculable. El impactante alud que enterró las localidades de Volcán, Bárcena y Tumbaya en Jujuy, cuyos habitantes se esfuerzan por recuperar sus casas, anegadas por el lodo y, de alguna forma, recuperar la vida cotidiana. Las millones de hectáreas de bosque nativo destruidas en aras de “supuestas inversiones” o mejor dicho de “especulaciones inmobiliarias”, comprenderemos que nuestro país atraviesa por una verdadera sitaución de catástrofe ambiental.
No cabe ninguna duda de que la aceleración de las desastres ambientales que hoy padecemos son la resultante de un modelo productivo extractivista salvaje que, violando las leyes de la naturaleza, ha seguido las leyes del Dios Mercado basadas en priorizar las máximas ganancias para unos pocos, con consecuencias que las paga todo el pueblo, no solo con la pérdida de sus bienes, sino también porque compromete su salud y su bienestar, como asimismo, su presente y su futuro.
Es claro que el modelo de producción aplicado no es amigable con el ambiente, y que los daños que genera son sufridos por miles de ciudadanas y ciudadanos argentinos, sumado a las incalculables pérdidas sociales, económicas y productivas que ello implica en general para nuestro país.
A 20 años de la implantación de este modelo productivo, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los investigadores y científicos, las universidades, las víctimas que se acumulan en cada rincón de la patria, vienen alertando de las consecuencias de envenenar masivamente el suelo, el agua, el aire, la naturaleza y la vida misma.
Los responsables debajo de esta catástrofe “natural”, sanitaria o ambiental. tienen nombre y apellido, son productores inescrupulosos, inversores y financistas, profesionales y funcionarios que pertenecen a una economía concentrada, monopólica y transnacional, que lucran desde hace décadas con el sufrimiento y la expoliación de los pueblos ,lo que hace que sostengamos que urge la toma de responsabilidad por parte del estado de gestionar otro modelo de producción, donde se respeten los equilibrios ecosistémicos y deje de lado las declaraciones de “emergencia agropecuaria”, que todos subsidiamos y cuyo destino final beneficia a unos pocos.
Sostenemos una vez más que hay una alternativa, una verdadera salida para enfriar el planeta y actuar sobre el cambio climático y no es con represión ni con su acción desenfrenada. Solo superaremos la difícil situación que atraviesa nuestro país, planificando revertir el camino desarrollado hasta ahora, y es optando por el modelo agroecológico de producción que se opone al agronegocio.
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) – Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) – Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Agroecología – Universidad Nacional de Luján (UNLu), Argentina.
Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales – Sede Trelew de la UNPSJB, Argentina.
Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria (CLAySA) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/01/soja.jpg?fit=400%2C265&ssl=1265400FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-01-25 11:15:522017-02-04 11:18:13Modelo productivo estractivista y sus consecuencias: inundaciones, incendios, derrames
La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó a la empresa Profertil SA por la emisión de olor a amoníaco detectada ayer por el sensor ubicado en las instalaciones del Club Náutico Bahía Blanca.
Según la comuna “inmediatamente el inspector recorrió las zonas aledañas a la empresa y específicamente el Club Náutico Bahía Blanca pudiendo constatar que el olor provenía de la empresa”.
“Esta situación generó preocupación y molestias en la población por lo cual se recibieron 14 denuncias vecinales a través de los teléfonos de emergencia, desde las 18:10 hasta las 19:30”.
A las 16:30 la empresa avisó que debido a una falla en el suministro eléctrico -“una variación en la frecuencia del sistema eléctrico nacional”- se produjo la parada total del complejo. Además informó que el amoníaco percibido en el aire provenía de la antorcha de la planta amoníaco.
El olor se calificó como Grado 4 de la Tabla I de intensidad y Grado 2 de la Tabla II de irritabilidad del anexo V del decreto 3395/96 reglamentario de la Ley 5965. Por lo tanto se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art.2 de la Ley 5965, Art.10 Decreto Reglamentario 3395/96 conformes Anexo V Tabla I y Tabla II y falta a la Ley 11459, Art.1 del Decreto Reglamentario 1741/96; por no desarrollar su proceso en un marco de respeto y promoción de la calidad ambiental. El acta el infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible OPDS.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/12/IMG_1962.jpg?fit=2160%2C1440&ssl=114402160FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-12-29 14:13:062016-12-29 14:13:06Escape de amoníaco en Profertil
La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó a la empresa Central Piedra Buena S.A por emisión de ruido molesto. El hecho se registró anoche 22:30 y generó temor en los barrios cercanos por el “fuerte temblor” que acompañó al ruido. Hubo 94 denuncias.
“A las 22:32 hs del día 02/12/16 inspectores del CTE constataron la emisión de ruidos intensos provenientes de la Central Piedra Buena, los mismos superaron los límites legales para emisión sonora en horario nocturno, con una duración de 6 minutos. Se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art. 1 del Decreto 1741/96, Ley 11459, conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) modificado por la resolución 94/02 (ex SPA)”, dice la secretaría a cargo de Adriana Chanampa.
Agrega que la empresa afirmó que la parada de la Unidad 29 fue “por una falla en el sistema de control” y que “como consecuencia de dicho evento se produjo un venteo de vapor de agua a la atmosfera, a través de la apertura de una válvula de seguridad con emisión de ruido intenso”. “El hecho no significó un riesgo a la comunidad, si bien generó preocupación entre los vecinos, a través del teléfono de emergencia 911 se recibieron 94 denuncias de los vecinos”.
Por su parte, el acta de inspección Nº 5405 del CTE sostiene que “la causa de la parada imprevista fue el apagado de los quemadores por falta de combustible, sin actuar el corte automático de las bombas de alimentación de agua a la caldera, obligando al personal a actuar las mismas en forma manual, en campo. De acuerdo a lo observado en la evolución de las variables operativas, el evento duró 2 minutos 30 segundos en los que se venteó vapor de agua por las válvulas de seguridad actuantes”.
Las explosiones en la central y las infracciones por ruidos fueron reiteradas durante el año. Las actas fueron enviadas al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, ente duramente cuestionado meses atrás por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/06/TORRE-TERMO.jpg?fit=2507%2C1147&ssl=111472507FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-12-03 13:19:292016-12-03 13:19:29Temor por ruidos en la termoeléctrica
El Concejo Deliberante alcanzaría esta semana el consenso necesario para transformar en ordenanza un proyecto que “regule” los concursos de belleza y las elecciones de reinas. De aprobarse, dichos eventos no podrán contar “con financiamiento, auspicio, apoyo ni promoción del Municipio” y solo podrán participar adolescentes desde los 16 años con consentimiento de “ambos padres” y mayores de 18 libremente.
“Sin necesidad de llegar a un extremo de la prohibición de los concursos de belleza, en procura de no atentar contra derechos personales e individuales, se propone establecer una serie de condiciones que regulen a los mismos, garantizando que se realicen en el marco de la legislación vigente en materia de igualdad de género y dejando en claro que este tipo de iniciativas no se incluyen entre aquellas que deberían recibir forma alguna de aliento, colaboración o auspicio por parte del Estado”, dice el texto que se votará.
El despacho establece que los concursos de belleza que se realicen en el partido de Bahía Blanca no contarán “con financiamiento, auspicio, apoyo ni promoción del Municipio” y prohíbe la participación de menores de 18 años en certámenes en que “se evalúen atributos físicos” aunque permite una “autorización especial” para mayores de 16 con “consentimiento escrito” de “ambos padres”.
Dispone que los certámenes que se realicen con apoyo comunal no estén “ligados ni asociados a la evaluación del aspecto físico de mujeres y hombres y sean sustituidos por el reconocimiento a personas que en forma individual o colectiva se destaquen en el cultivo de valores ciudadanos, participativos y solidarios, fortalecimiento de la identidad y las tradiciones positivas, superación personal, conocimientos académicos o aptitudes artísticas o deportivas”.
Sus organizadores deberán “simultáneamente” y “por su cuenta” realizar “actividades de promoción de la equidad de género, prevención de la violencia contra las mujeres y la discriminación y concientización sobre los efectos negativos de todos los tipos de violencia”.
La iniciativa prohíbe la participación de “funcionarios municipales y concejales como jurados” o en la entrega de reconocimientos, sugiere la conformación de una comisión asesora dentro del Consejo Local de las Mujeres para monitorear el cumplimiento de la ordenanza y “proponer acciones que acompañen, difundan y promuevan su espíritu”. Asimismo, quienes participen y “verifiquen acciones u omisiones contrarias” a la norma podrán denunciarlas “ante la autoridad que corresponda”.
Los fundamentos
Los bloques coincidieron en “la necesidad de trabajar en pos de la eliminación de determinados estereotipos de belleza que, sin duda, pueden menoscabar la dignidad de las mujeres, especialmente niñas y adolescentes a partir de su participación en concursos y/o elecciones de representantes”.
El proyecto se inscribe en el trabajo de “distintos sectores” que buscan prohibir dichos eventos para evitar la “cosificación de la mujer” y la “violencia simbólica” impulsadas por “organizaciones feministas e instituciones” y continuada, por ejemplo, por las que integran la Red Local de Violencia de Género.
Si bien considera “que los concursos de belleza son una tradición en fiestas populares” destaca que “se pueden seguir desarrollando certámenes, concursos, fiestas patronales, etcétera, que continúen alimentando la tradición y la construcción de la identidad de las comunidades sin que ello suponga la discriminación o estigmatización de las mujeres”.
Sobre su carácter discriminatorio suma argumentos de la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará, la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, del Comité de los Derecho del Niño y la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“La cancelación de estos concursos de belleza debería encontrarse incluida en una reflexión más amplia sobre la equidad de los géneros y el lugar que las prácticas sociales tienen en la búsqueda de ésta y nos plantea un desafío pendiente que deberíamos re-pensar a la luz de los instrumentos jurídicos analizados”, afirma el despacho y agrega que “como lineamiento de mínima, se impone con urgencia la eliminación de todo criterio discriminatorio y lesivo del principio de igualdad que, en los reglamentos de estos certámenes, se estipula en relación a las aspirantes, estableciendo distinciones arbitrarias de oportunidades y de trato que nuestro sistema vigente de protección de los derechos humanos claramente no admite”.
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Con participación de integrantes de Concejos Deliberantes, de organizaciones ambientales y habitantes de varios partidos de la Cuenca de Claromecó, se realizó el viernes en Sierra de la Ventana un nuevo encuentro para definir estrategias de resistencia al fracking y otras prácticas contaminantes en la región. Bahía Blanca no tuvo representación legislativa.
Se concluyó reforzar la presencia de la asamblea en los municipios que aun no cuentan con ordenanzas antifracking y propiciar la actualización de las normas existentes en relación a la gasificación subterránea de carbón, impulsar una ley provincial con los mismos objetivos, propiciar el uso de energías renovables e insistir en el pedido de informes a la gobernadora sobre los proyectos en marcha.
Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, destacó la necesidad de conocer las técnicas que pretenden utilizarse y los antecedentes internacionales de su aplicación para poder transmitir la preocupación a las comunidades de la cuenca.
Por ejemplo, los estados australianos de Victoria y Queensland prohibieron la gasificación subterránea de carbón y Escocia decidió este mes desalentar su uso. “Los estudios que la provincia de Buenos Aires financió para el aprovechamiento limpio de carbón ponen como referencia estos proyectos de Australia como que eran re seguros y ahora estamos viendo como los están tirando abajo y en una etapa piloto, no llegó a tener un desarrollo industrial”.
“Hay gente haciendo lobby, recorriendo los campos, hablando con la gente, les dicen que la extracción de gas de carbón va a servir para generar urea para fertilizar los campos. Nos están usando como chanchitos de la India”, dijo el periodista y agregó que “en Australia decidieron que el desarrollo económico que plantea la agricultura no se puede poner en juego con estas promesas de bienestar del desarrollo de carbón”.
En cuanto a la explotación, Scandizzo explicó que se trata de “mantos de carbón que están entre 400 y 800 metros de profundidad, muy cerca de los acuíferos. No se va a sacar el carbón sino que va a permanecer en el subsuelo. Hay dos técnicas, una es que en el manto hay carbón, hay agua y hay gas metano. Una de las posibilidades es el aprovechamiento -como dicen las empresas- del gas intersticial”.
“Al perforar, al fracturar ese carbón para que libere el gas, se saca el agua porque está haciendo presión para que el gas no se mueva. A partir de ahí se extrae el gas. El problema además es que el agua es salobre y viene acompañada de una cantidad de químicos que participaron de la generación del carbón y que también tiene restos de metano, la disposición final es un problema muy grande”.
En el aprovechamiento de gas asociado a carbón sucede que al fracturar, “si la presión es mayor a la presión hidrostática que tiene ese manto, se rompe la roca que está sirviendo como techo y deja migrar ese agua almacenada hacia los acuíferos de la superficie”.
Para la gasificación subterránea del carbón “se hace un pozo de entrada en el que se inyecta oxígeno, se genera la combustión del carbón que está en la veta y los gases que se generan son sacados por otro pozo productor. Ahí se separa el gas sintético, el metano y demás”. En los pozos de monitoreo australianos pasó que cuando llegó el rastro de contaminación “ya se habían mandado una macana muy grande”.
“No tienen constancia de que la roca sello haya quedado en buen estado porque ha habido migraciones hacia la superficie y en la cavidad no pudieron controlar que la combustión se haga por segmento, que se queme una parte de carbón y no avance hacia otros costados. Eso genera el fenómeno de subsunción, que se hunda el suelo, que tal vez en la superficie no se nota pero sí en las formaciones geológicas y se altera el curso de las aguas subterráneas”, detalló Scandizzo.
Ana Colantonio, del Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos, comentó a FM De la Calle que las exploraciones en la Cuenca de Claromecó existen “desde 1960 con la Ley de Hidrocarburos en la época de los militares” aunque las “dio a conocer el gobernador Scioli en 2010. No es algo improvisado que cae por sorpresa”.
Aseguró que “en Tres Arroyos tuvimos un lobista antes de que comenzara esta discusión de la gasificación subterránea, convocó a pocas personas y nos vino a vender esto como producto limpio. No es limpio para nada, la diferencia que el lobista te va a decir es que el fracking usa agua que es por lo que la gente protestaba y en esto se va a usar aire, pero es mucho peor. (…) Es más silencioso pero hay que tener cuidado con lo que nos venden las corporaciones porque a ellos no les va a interesar la salud ni romper con la economía regional”.
María Saint Martín, asambleísta de Laprida, comentó que en su partido se movilizaron y fueron casa por casa para juntar tres mil firmas que les permitieran avalar proyectos de ordenanza antifracking y “para el cuidado del agua y que prohibiera el depósito de residuos peligrosos”.
Las iniciativas fueron expuestas desde la Banca Ciudadana con el respaldo de un tercio de la población comunal aunque “no logramos nada porque el Frente para la Victoria era mayoría -y aun lo sigue siendo- y nunca decidieron tratar el tema”. “Incluso fue gente de YPF a querer convencernos de que los químicos que usaban eran los mismos que usaban en los chupetes de los bebés y en un montón de cosas que usábamos en la vida diaria. Nos reunieron a todos para decirnos eso y mucha gente se enojó y se fue de la exposición porque dijeron ‘nos están tomando el pelo'”.
El concejal de Pringles Osvaldo D’Annunzio (GEN) recordó que en su municipio la aprobación de la ordenanza contra el fracking “fue difícil porque había dos posiciones, a favor el oficialismo de ese momento, incluso vino gente de la provincia hablando de las bondades de este método, pero el Concejo Deliberante logró el consenso y se aprobó por unanimidad”. Además, valoró el interés del periodismo que “se ha comprometido más que la parte política”.
Tras la audiencia, el ex edil de Guaminí Ignacio Zavaleta (UCR) dijo a FM De la Calle que “hemos tenido avances enormes tanto en la construcción de la conciencia institucional por medio de ordenanzas, se va sumando muy lentamente la conciencia ciudadana que es el trabajo al que falta darle un poco más de impulso”.
“Los interesados en este tipo de explotación tratan por todos los medios que quede invisibilizado, eso les permite avanzar sin ningún tipo de contratiempo, por eso nuestro planteo resulta sumamente incómodo. Nos falta toda esa estructura y ese espacio en los medios para llegar a la gente, una política más incisiva en cuanto a la parte educativa, ir a los colegios, si bien ya lo estamos empezando a hacer”.
Finalmente, ante la falta de anuncios oficiales, Zavaleta afirmó que “el Estado nos brinda información cuando detecta que nosotros ya la tenemos, mientras tanto se hacen los sotas y miran para otro lado, pero cuando saben que vamos a buscar algo específico: ‘acá está’. La van demorando pero ya con lo que tenemos es suficiente para ir a fondo con este tema y pararlo de una vez por todas”.
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