Luego de que el Ministerio de Trabajo dictaminara a la conciliación obligatoria a los trabajadores de refinería Trafigura y el posterior envió de telegramas de despidos por parte de la empresa, el dirigente del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Fabio Pierdominici, conversó con FM De la Calle.

“Lo que pudimos avanzar es que, en el acta firmada quedan sin efecto todas esas cartas documento, sino creíamos que era imposible iniciar cualquier tipo de negociación. Después la conformación de una mesa de trabajo, porque a las claras quienes habían venido en representación de la empresa no tenían mandato para discutir cuestiones técnicas”, aseguró.

Consultado sobre si en el marco de esta conciliación están contemplados todos los trabajadores, incluyendo a los jerárquicos despedidos previo a esta situación, Pierdominici argumentó que “entendemos que sí porque es extraño porque la conciliación se la dicta a la institución de primer grado. Pero entendemos que así lo entendió la empresa y el Ministerio”.

Respecto a la reunión con el Ministerio planteada para el próximo jueves 19 sostuvo que “esperamos que todos los actores vengan con las ganas de trabajar y aportar ideas. Nosotros estamos convencidos de que esta refinería tiene que estar en marcha”.

“Ningún espacio político manifiesta otra herramienta como camino para sacar Argentina que no sea tomar la materia prima de nuestro país, agregarle un valor agregado y dar empleo de calidad. Bueno, eso es lo que hace la refinería”, finalizó.

Organizaciones indígenas, campesinas, de pequeños productores y de la agricultura familiar rechazaron la decisión del Ministerio de Agroindustria de dar de baja el Monotributo Social Agropecuario.

El MSA es un derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la tierra desde el año 2009 y que les permite entre otras cosas, poder acceder a una obra social, facturar y contar con aportes jubilatorios.

Nahuel Levaggi, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra sostuvo en FM De la Calle que “hace más de un año que el Ministerio de Agroindustria no estaba inscribiendo nuevos monotributos y en los últimos días nosotros presentamos un amparo para que reabran la inscripción para pequeños productos y, lejos de reabrir la inscripción, el Ministerio e Agroindustria anuncia formalmente que va a darlo baja a partir del primero de enero del año que viene. Esto significa dejar desamparados a miles y miles de pequeños productores que dependen de esa herramienta social básica para tener acceso a la salud”.

“Este gobierno lo que tiene son todas políticas a favor de generar las condiciones macroeconómicas para que los grandes exportadores ganen cada vez más plata, mientras que los pequeños productores que compran sus insumos en dólares para vender después en pesos estén cada vez más pobres”, aseguró.

Esta mañana trabajadores de la refinería iniciaron medidas de fuerza luego de saberse que 200 compañeros perderían sus puestos de trabajo. Gabriel Matarazzo, titular del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible (SPGyB), se refirió al respecto en FM De la Calle: “Los telegramas no han llegado pero la empresa envió abogados, y a personal fuera de convenio se les está notificando personalmente”.

Desde la empresa aducen que los “números no cierran” pero según el sindicalista no hay ningún argumento válido para los despidos, “es una estupidez total, es tomarnos de idiotas a todos. […] Si la refinería tiene que ser ajustada en este número, quiero saber si echan a 200 trabajadores cómo van a poner en marcha la planta. No tienen ninguna intención de poner en marcha la planta”, concluyó.

También estimó que alrededor de mil familias están en relación directa con la actividad de la refinería, y aclaró que a pesar de que “la situación coyuntural -y más en la actividad energética- no ayuda, la misma situación ocurre en otras refinerías (Refi Pampa o Refinor) y ninguna despidió gente o paró. Claramente es una política de esta empresa de no venir a producir, de rebalsarnos de productos importados, cagandose en nosotros”.

Matarazzo indicó que tuvo contacto con el Intendente, quien se puso a disposición para intentar mediar, “contamos con que lleve el conflicto al gobierno, al Ministerio de Energía y nos acompañe. […] Recién termino de hablar con el Ministro de Trabajo, donde apuran una reunión de una mesa de trabajo que contenga organismos nacionales, provinciales, empresas y nosotros, para poder salir del conflicto”.

“Entiendo que el Ministerio va a convocar una audiencia, probablemente emitiendo alguna conciliación obligatoria que obligue a la empresa a retrotraer los despidos y nosotros las medidas”. Asimismo manifestó que entiende que hoy, en relación al valor del crudo y combustibles hay un problema, “pero hacer foco en los trabajadores, el menor de los costos que tienen, es tomarnos de giles”.

Al momento continuarán con el paro total, el bloqueo de despacho de combustibles por tiempo indeterminado y la planta tomada. Por otro lado, diferentes gremios expresaron su solidaridad y apoyo en comunicados a través de las redes sociales.

En el marco del paro general convocado por la CGT (la cual no movilizó) y las CTA, diversos gremios y bahienses de a pie se concentraron en Plaza Rivadavia y marcharon por el centro de la ciudad. Hablaron referentes sindicales de CTA-Suteba, ASTRAMyC, Aceiteros de Bahía Blanca-Daireaux, UMSur, Asociación Judicial Bahiense, CICOP y Asociación de Profesionales de la Salud Municipal, Federación de Educadores Bahienses y ADUNS.

Ana Canullo, secretaria general de CTA manifestó la “gravedad de la situación que atravesamos, […] las paritarias congeladas o el ofrecimiento del 15% que es insuficiente”.

  • Grave es la condena al futuro de nuestro pueblo, a hacerse cargo de una deuda externa, ilegítima e inmoral como todas las deudas con usureros.
  • El ajuste fiscal en las provincias es la desfinanciación de todo lo público, el vaciamiento de salud, educación, justicia, derechos de nuestro pueblo.
  • La semana pasada nos enteramos de una resolución que saca de las escuelas -para convertir en equipos distritales- a los Equipos de Orientación Escolar que trabajamos en las escuelas, que acompañamos las trayectorias pedagógicas de alumnos/as, que trabajamos con las familias, comunidades. No es más que un ataque a los sectores más vulnerables, un ataque a la educación de los sectores que más la necesitan.
  • Estamos en la calle porque no nos resignamos a que este ajuste caiga sobre los salarios, las familias, las jubilaciones… mientras los que nos gobiernan tienen cuentas offshore. No nos resignamos a los tarifazos, a que aumente la pobreza, a que los/as niños/as y ancianos pasen hambre, […] le vamos a seguir dando pelea.
  • Estamos en la plaza porque esta unidad la construimos en la calle y en cada lugar de trabajo, en cada escuela, fábrica, juzgado, hospital, ahí construimos la unidad, la organización y la lucha. No nos representan esos dirigentes atornillados a sus sillones y escritorios lujosos, esos dirigentes que son empresarios, socios de nuestros patrones.
  • Canullo reivindicó al movimiento de mujeres: Debemos tomar el ejemplo del movimiento más dinámico y revolucionario que hemos vivido en los últimos años, aquellas que nunca esperaron que nadie nos llamara, las primeras y las únicas que le hicieron una movilización enorme a Donald Trump el día que asumiera, aquellas que le hicimos el primer paro a Mauricio Macri, el movimiento de mujeres. Debemos seguir ese impulso que día a día en la calle pelea por sus derechos contra la violencia machista y para que ninguna mujer más muera por aborto clandestino.
  • Y finalmente se refirió a las dos víctimas de la Masacre de Avellaneda: Hoy debemos seguir en la calle, se lo debemos a los dos pibes que perdieron la vida defendiendo a su clase, Maximiliano Kosteki y Dario Santillán.

Por su parte, Jonathan Landa del sindicato de trabajadorxs de las motos (ASTRAMyC) dijo que se trata de “un sector fuertemente golpeado por las políticas que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos, y –a pesar de la presión mediática y cámaras patronales que se expresaron en los últimos días– el paro es contundente en Bahía y a lo largo y ancho del país. […] Estamos siendo sometidos a un ataque gravísimo que plantea sacarnos el plato de comida de la mesa. No alcanza con trabajar 8, 10, 12 horas, estamos viendo todos los días cómo hacemos para ponerles el plato de comida a nuestros hijos en la mesa”.

Cristian Montaño, secretario de prensa del gremio de Aceiteros delegación Bahía Blanca- Daireaux aseguró: adherimos al paro y a salir a la calle porque creemos que la lucha está acá. […] Este gobierno no tiene un plan B, vino a hacer lo que está haciendo, tiene un desprecio sobre toda la clase trabajadora, sobre nuestros maestros, hijos, jubilados, lo nacional y popular, y van por nosotros.

Por la Unión de Músicxs del Sur habló el secretario de prensa, Nicolás Fernández Vicente, quien lamentó que no estén todos los sectores movilizándose. ”Estamos con presencia no solo de afiliadxs sino de estudiantes de los centros de las escuelas de arte”.

  • Se refirió a lxs docentes de artística “que sufren la misma realidad que los Equipos de Orientación Escolar (EOE) en el paso a distrito”.
  • En el sector de la cultura la situación de los establecimientos como la Orquesta Infanto-juvenil de Miramar (que no funciona hace dos años pero en distintos ámbitos circula el falso rumor de que la van a reabrir) o la Escuela Municipal de Música de Coronel Pringles que hoy se ha vuelto a poner en funcionamiento con la decisión de contratar a nuevas personas pero exigimos la reincorporación de lxs docentes.

Desde la Asociación Judicial Bahiense, Nestor Alende señaló: “Le decimos ‘no’ al endeudamiento y al FMI porque sabemos que no vienen a rescatar a nadie, paralelamente al pedido de 50 mil millones de dólares se bajan cada vez más las políticas sociales. Nosotros que trabajamos con los sectores más vulnerables vemos cómo se pierden pensiones por discapacidad a nivel nacional y cómo se bajan los subsidios municipales a quienes más lo necesitan”.

La médica Selva Lamtzev se expresó por CICOP y la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal: “Nos encontramos presentes quienes para este sistema somos gasto, quienes no tenemos derecho a la salud o educación gratuitas y debemos pagar el costo del ajuste, y nuestros derechos son la moneda de cambio a la hora de reingresar al nefasto FMI”.

“Desde CICOP y APSM denunciamos lo que nos pasa en el sistema de salud: nuestros reclamos no son nuevos, luchamos por salarios y condiciones laborales dignas para todxs lxs profesionales de la salud, y queremos ser parte de un sistema de salud público, gratuito y de calidad; que cese la precarización laboral y la reapertura de las paritarias que cerraron en el 15%. […] Cuando las autoridades dicen que recién ahora están elaborando un plan entre instituciones de salud, les decimos que nuestras guardias no pueden esperar. […] Existe un plan y se llama CUS: un sistema de salud precario y quien no pueda pagar simplemente no tendrá atención”.

Además, desde la Federación de Educadores Bahienses, la docente Ana Laura indicó “es una vergüenza tener que reclamarle al gobierno por algo que ya había sido logrado, que daba excelente resultado en las escuelas, los EOE. Para los docentes, directivos, padres, alumnos, los EOE son nuestra mano derecha porque se encargan de atender todas las necesidades institucionales que surgen a diario. […] Estamos solos si nos quitan a nuestros equipos. […] Hay que tener en cuenta que los niños son los que más van a sufrir por esta vulneración de derechos”.

Sergio Zaninelli, titular de ADUNS, comentó: Ni los más pesimistas, ni los más escépticos pensamos hace dos años y medio que nos íbamos a encontrar con un gobierno miserable, sin escrúpulos, que nos ataca laboralmente, personalmente, y vulnera día a día los derechos que hemos sabido conquistar.

Finalmente, previo a la movilización por el centro bahiense, Gabriela Delfino de Suteba expresó su parecer: “Para quienes trabajamos en educación estos dos años fueron duros. Tantas veces nos hemos encontrado en la calle quienes trabajamos en las escuelas para defender tantos derechos. Esta semana fue como un tsunami la noticia de que los equipos pasarían a distrito. […] Los EOE son el lugar donde van a contar los problemas, donde en las escuelas… –cuando no había nada, cuando en 2001, en los ’90, el Estado estaba destruido–, era el único lugar donde se escuchaba a las familias, el único lugar donde seguían siendo sujetos de derecho. […] Defendíamos sus derechos, por eso nos quieren sacar. Si nosotros no los dejamos, no pasarán”.

El fin de semana pasado se conoció la salida del gobierno del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, reemplazado por Javier Iguacel (otro gerente de grandes petroleras). José Rigane, secretario general de Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA) y secretario adjunto de CTA-Autónoma, se refirió a ese “cambio de figuritas” en FM De la Calle.

El dirigente aludió el ‘cambio de figuritas’ porque “el gobierno necesita tratar de moderar una situación que no piensa modificar, que es el modelo energético del país y la profundización de la utilización de energía como un bien suntuario en el marco de una política donde las empresas que cotizan en valores son las que tienen que garantizar alta rentabilidad, y el gobierno viene ejerciendo una política para que así suceda”.

Asimismo manifestó que la llegada de Iguacel “no va a cambiar nada, la política no se va a modificar, la energía va a ser para una minoría de usuarios que está en condiciones de pagarla y el resto estará con serios problemas para poder acceder. El gobierno ha ratificado la política que venía ejerciendo Aranguren y ha ratificado en sus declaraciones que va a mantener el régimen de incremento en tarifas por el resto del año”.

También aseguró que el gobierno generó “un desarrollo político en el modelo energético para hacerle creer a la gente una mentira” de que hay competencia y por eso hay que pagar tarifas tan altas. “Han defendido el negocio, le dieron una base a la posibilidad del fracking en Vaca Muerta y necesitan que el barril del petróleo tenga un precio mucho más alto sino la ecuación económica de las multinacionales no cierra para poder hacer inversiones ahí. […] Macri vendió Vaca Muerta como el súmmum de las buenas noticias para la Argentina y hay una entrega directa de nuestra soberanía, nuestros recursos, hipotecando una situación que no vislumbramos cuál va a ser su dimensión real”.

Según el secretario general de FeTERA, Aranguren dio pasos muy sólidos: dolarizó las tarifas, quitó los subsidios –“que eran altos pero no imprescindible llegar a donde quieren llegar” – y aplicó los tarifazos. “Tres cuestiones centrales que exigían los grupos multinacionales para que el pueblo argentino termine subsidiando a las empresas petroleras, las que más rentabilidad tienen en el país”.

Respecto a las elecciones internas del 28, aseguró que están “mucho mejor de lo que esperábamos por el compromiso, nivel de adhesiones y participación de compañerxs que han presentado listas a lo largo y ancho del país, demostrando que este es un proyecto que tiene vigencia y que se hace imprescindible profundizar en la etapa actual. Tenemos por delante una fuerte tarea de desarrollo organizativo, […] se hace imprescindible transformar y cambiar para mejorar, lograr mayor participación, mayor democracia, eso depende de la apertura que tengan los dirigentes”.

Gabriel Matarazzo, secretario general del sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, se refirió en FM De la Calle a la situación que atraviesan casi 1000 trabajadores debido a la parada de la planta Eliçabe por falta de petróleo crudo. “El lunes 11 notificaron que se había cerrado la provisión de petróleo crudo, el martes la refinería entró en proceso de paro y el viernes la planta estaba completamente parada”.

Aseguró que esta situación sucede por el contexto de la política energética del gobierno que “liberó el mercado de hidrocarburos a mediados de 2017 llevando el crudo a un precio internacional a principios de este año. Por suerte los combustibles no han sido llevados al precio del crudo internacional sino estarían un 40% más caros”.

Respecto a la refinería, el secretario general comentó que “produciendo y vendiendo normalmente tenía un desfasaje de 12 a 13 millones de dólares mensuales y estando parada tiene una pérdida de 9 millones de dólares; es una cosa de locos perder menos plata con una fábrica parada que con una en producción. […] Había gestiones en el Ministerio de Trabajo y en el de Energía para que estas empresas puedan compensar el desfasaje de manera que sigan produciendo y no afecten mil puestos de trabajo”.

Matarazzo comentó que el lunes pasado se reunieron con el Intendente y hoy hicieron uso de la Banca 25 “para que Gay presente la situación a los ministerios correspondientes y que revean alguna política que hace que las fábricas como esta terminen cerrándose”.

También aclaró que no hacen lobby para que aumente el precio de los combustibles “ni en favor de otras figuras, como una empresa que no conocemos que ha tenido muy poco contacto con nosotros, que se ha presentado en el país ante funcionarios diciendo que venían a reconvertir la refinería porque es obsoleta y que la iban a transformar para exportar petróleo e importar combustible”.

El sindicalista desmintió “categóricamente” esto último y manifestó que “es llevarnos a la época de las colonias cuando se llevaban nuestro oro y nos traían espejitos de colores, ‘me llevo sus recursos naturales y lo traigo refinado’. El valor agregado se lo dan afuera y acá son 200 puestos de trabajo menos. Me preocupa la naturalización de estas situaciones”.

Finalmente, se refirió al paro del 25 de junio y la CGT: Mañana tenemos reunión con cuerpos de delegados (de Mar del Plata, La Pampa, Chivilcoy, Junín) para tomar una decisión –que por teléfono ya está definida porque adherirán al paro–. Hoy no hay una CGT, estamos en proceso de tratar de agruparnos, pero la ciudad necesita que los gremios se junten. Deberíamos concentrar todas las problemáticas de trabajadores y encararlas en conjunto”.

Manifestó el Mg. Gonzalo Semilla, economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), quien también se refirió a la inflación del mes de mayo en FM De la Calle. “De enero a mayo ya tenemos acumulado 11,3%, estamos a 72% de la meta oficial del gobierno a fines del año pasado. Hablar del 15,7% ya es historia”, opinó.

El economista aseguró que el “resultado es el esperado en función de un mayo muy convulsionado, con corrida cambiaria y devaluación del tipo de cambio”, y agregó que los pronósticos de algunas consultoras privadas porteñas “es de un piso de 25 o 30%” de inflación para fin de año. “Con el acuerdo con el FMI el dólar también subió y se prevé que el tipo de cambio a diciembre sea $29,70”.

Para medir el 2,2% de mayo, desde el CREEBBA midieron 9 capítulos y analizaron 6300 precios durante el mes. El “mayor impacto fue en bienes y servicios, equipamiento y funcionamiento, transporte, comunicaciones, alimentos y bebidas. Todos esos arriba de los 2 puntos”. Algunos de los artículos que más aumentaron fueron los de tocador, descartables, cigarrillos, textiles, accesorios para decoración, comunicación –con la entrada en vigencia de un 10% de aumento en valores de telefonía celular–, alimentos y bebidas.

En referencia al acuerdo por 50 mil millones de dólares con el FMI, Semilla opinó “los próximos años hay vencimientos de deudas similares a esa cantidad (de dinero), esto demuestra a los mercados que estamos cubiertos para esos vencimientos. Es un crédito a tres años, un monto importante, hay que ver cómo lo toman los mercados pero el común de la gente lo vamos a sentir mucho. El ajuste gradual que se venía dando hasta abril ahora va a ser más agresivo”.

Sobre el FMI agregó: “Es deuda para pagar deuda con un ajuste del gasto público. En el 2020 estaríamos en equilibrio en cuanto al déficit fiscal, pero va a haber un 2018 perdido con ajustes en las tarifas para bajar subsidios, va a ser un año duro y después la recuperación no es tan rápida”.

En relación a cómo nos ve el mundo y qué visión tienen lxs argentinxs sobre nuestra economía comentó: “El mundo no confía en nosotros. Argentina históricamente crece, desaparece del mercado, cambia de gobierno con políticas de inserción; no tenemos una política económica no importa el gobierno. Desde adentro tampoco hay mucha confianza, desde que pensamos culturalmente en el dólar es porque no creemos en nuestro propio peso”, concluyó.

La Asociación de Docentes de la Universidad del Sur reclamó a los departamentos de la casa de altos estudios que fijen su postura respecto al ajuste del gobierno nacional mediante su adhesión o no a una Carta Abierta.

“Claramente es necesario que la universidad como institución deba emitir una opinión, fundamentalmente porque está siendo atacada. No solamente están siendo atacados sus trabajadores, sino que están siendo atacados sus estudiantes y está siendo atacada como institución educativa”, aseguró Sergio Zaninelli.

El dirigente se refirió a los dichos de la gobernadora Vidal sobre el acceso a las universidades públicas: “Claramente eso es un claro aviso a donde pretenden las políticas del gobierno empezar el ajuste”.

“Por eso es muy entendible y necesario, porque es casi en defensa propia, que la institución a través de sus órganos de gobierno que son: los Consejos Departamentales, el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria se posicionen en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad pública, en defensa de los estudiantes y en defensa de sus trabajadores. No pretendemos una actitud corporativa de defensa laboral y salarial”.

Además del reclamo salarial Zaninelli sostuvo que “claramente a inicio del año desde el Ministerio de Educación de la Nación se anunció que, se iba a recortar 3 mil millones de pesos del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional y hoy un presupuesto que, producto de la devaluación de nuestra moneda ha quedado de alguna manera devaluado”.

“Tenemos un convenio colectivo de trabajo, tenemos también de alguna manera el ataque del gobierno cuando nos dice el presidente Macri: ‘Estamos yendo al choque con los gremios pero no les vamos a soltar la mano’, en relación a la lucha docente y creo que ese es un ataque al trabajador. Tenemos un convenio colectivo de trabajo desde el 2015 que no llega a aplicar todavía en su totalidad, ni en nuestra universidad y mucho menos en otras que inclusive lo desconocen. Y el último punto es el tema de las jubilaciones”.

Después de meses sin ser llamados por el gobierno de María Eugenia Vidal a discutir paritarias, lxs profesionales de la salud provincial decidieron recurrir a la justicia. Fernando Corsiglia, presidente de CICOP, aseguró a FM De la Calle que “es lamentable, va terminando el quinto mes del año y no tuvimos una reunión”.

“Lo que hemos decidido es en primer lugar, mandarle una carta documento que está saliendo en el día de hoy, al Ministro de Trabajo para que convoque a la paritaria obligándolo a que en un plazo de 72 horas esto ocurra y, luego, sí haremos la presentación judicial. La verdad, no es nuestra intención judicializar algo que el gobierno debiera estar permitiendo desde hace bastante tiempo”.

Expresó que “el 10 de mayo, luego de medida de fuerza y movilización que llevamos adelante trabajadores judiciales, ATE y algunos gremios docentes, nos convocaron a una reunión informal donde estuvieron presentes los vice ministros de Trabajo y de Economía”.

“Planteamos lo que planteamos habitualmente: la situación de salud, las condiciones en las que se trabaja, la situación salarial que es grave en esta dificultad para conseguir personal y, la imperiosa necesidad de tener una convocatoria. Pero no solo una convocatoria, sino propuesta salarial que se emparente con mejorar en serio las condiciones salariales de los profesionales de la salud”, aseguró.

Marco Teruggi, cronista de Telesur y autor de ‘Lo que Chávez sembró’ (ed. Sudestada), analizó en FM De la Calle el resultado de las elecciones en la república bolivariana de Venezuela. “¿Qué se ganó? Se ganó renovar el poder político, mantenerse en el gobierno y desde ahí abordar con urgencia los problemas apremiantes que hay sobre la población”, comentó.

Primero resaltó que es “la cuarta elección que gana el chavismo en menos de un año, contra muchos pronósticos. No es poco considerando el contexto material y geopolítico en el que estamos, donde se saben las presiones internacionales y económicas sobre Venezuela”. Sobre las presiones manifestó que “hubo declaraciones del Secretario de la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá… ya diciendo que iba a haber fraude. Estaba en juego algo grande y en ese contexto, haber logrado una victoria por más de 4.000.000 de votos de diferencia sobre el segundo no es poca cosa”.

Teruggi aseveró que “hay un llamado del Presidente a encontrarse en una mesa de trabajo, pero evidentemente enfrente hay una voluntad política muy diferente, […] están construyendo otro escenario. […] El chavismo tiene la vocación de abrir puertas al diálogo con empresariados, sectores privados, sectores de la oposición, pero enfrente veo una decisión inmodificable de dar por tierra con el proceso venezolano”.

Para mejorar la situación económica del país “lo más importante en términos de pensar espacios unitarios es con los sectores de la economía. […] Hay un sector internacional (Rusia, China, Irán) donde se han visto pasos claros relacionados con lanzar una criptomoneda para sortear un bloqueo financiero (fuertemente instalado). Después hay que hacer un debate a nivel interno porque es un país que tiene una lógica importadora muy fuerte pero poco arraigado el tema productivo. También están los males internos: la corrupción es algo que está y que ha atacado núcleos centrales de la economía como el petróleo y las exportaciones”.

Respecto a la percepción de las comunas sobre estas elecciones, consideró que “hubo un chavismo que no votó producto de un desencanto con la dirección chavista y que hay una necesidad urgente de respuestas. […] Veo a un pueblo que ha vuelto a apostar […] o se recupera o se está entrando en una situación que se agrava y que golpea sobre todo a los sectores populares; acá no están perdiendo los ricos, están perdiendo los pobres”.

Cristina Muñoz y Luzmira Villagrán, integrantes de la asociación de jubiladxs “La Norma Plá”, hicieron uso de la Banca 25 el jueves en el Concejo Deliberante para manifestar una serie de demandas y padecimientos a partir de las políticas de este gobierno. Muñoz visitó el estudio de FM De la Calle para profundizar sobre los reclamos.

“Desde el año pasado intentamos comunicarnos con el Intendente para plantearle la situación de los 48.000 jubilados de la ciudad. Nunca nos recibió, por esa razón pedimos la Banca 25, el espacio adecuado para formular reclamos que los que nos representan deben atender. […] Si hay una demanda que no es tratada por otro espacio, el HCD tiene la facultad de armar una comisión que responda a esas necesidades. Pedimos que armen una mesa para el adulto jubilado y pensionado”.

La lista de demandas incluyó la “situación de precariedad en la que se encuentran muchísimos jubilados, agravado por el tarifazo, la jubilación mínima de $7600 y la inestabilidad monetaria –los cambios que empobrecen cada vez más ese salario–, y la deficiente prestación de PAMI […] que incluye “la falta de médicos de cabecera que cubra la cantidad de afiliados (actualmente hay 9.000 jubiladxs sin cobertura); costos de gestiones médicas para personas que están en situación de precariedad (que el municipio afronte esos gastos); la demora con la que se dan turnos son de hasta 73 días (hasta en enfermos oncológicos), entre otros”, comentó Muñoz.

“El corolario de la Banca 25 lo dio Luz porque fue muy impactante su testimonio, conocer en vivo y en directo, para personas que evidentemente no están conociendo el padecimiento de muchísima gente, fue sorpresivo y movilizó. […] Algún concejal se acercó y comentó que la idea era tramitar la comisión para la atención de los adultos mayores y jubilados; el tema es perseverar” hasta que cumplan. […] “Sabemos que en 2017 una concejala presentó un proyecto para declarar la emergencia sanitaria para adultos mayores jubilados y pensionados, nunca fue tratado”, expresó.

“Yo lo tengo en mi cuerpo”

  • El jueves, luego de la exposición de Cristina, Luzmira compartió su testimonio: “yo lo tengo en mi cuerpo, invito a vivir a muchos con $7000, con enfermedades, con dolores, con aumentos de luz y de gas que no puedo usar porque no se puede pagar, una mujer que luchó y pagó sus aportes…”
  • “Cargué 30 kilos de carne, bolsas de cebolla y de papas, creyendo que iba a ser feliz porque iba a tener un buen aporte. $7000 que no me sirven ni para vivir, cuando salí tuve que comer polenta hervida.
  • “Necesitamos un subsidio porque PAMI lo niega. ¿Sabe cómo es ver eso en carne propia? Yo lo viví, es tremendo. Dicen ‘no hay pobreza’, ‘se vive bien’, ‘pague las boletas con $7000’”. […] Lo llevo en carne propia”.
  • “Necesitamos cooperación y ayuda para que ahí la que abra la puerta [en el centro de jubiladxs de Nocito] tenga su pedazo de pan y su taza de leche, con amor”.
  • “Me hice todos los estudios para hacerme mis operaciones y conseguir mis remedios, para que me digan que no. ¿Cómo yo cuantas habrán?

Edgardo Form, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, visitó FM De la Calle para conversar antes de su presentación en la sede local de la entidad sobre los desafíos que enfrenta el cooperativismo en la actualidad. Al momento también está a cargo interinamente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) –mientras Ariel Guarco preside la Alianza Cooperativa Internacional–.

El cooperativista comentó que Guarco está “cumpliendo su rol al frente del organismo fundado en 1895. Es un orgullo porque es la primera vez que un compatriota accede a la presidencia y fue electo sobre la base de una propuesta que procura poner a la ACI de cara a los desafíos del cooperativismo y contribuir a debates de la agenda contemporánea (generar trabajo decente, relaciones pacíficas entre países, creación de bienes y servicios con sentido social y solidario entre otros)”.

Respecto a la reinstalación de políticas neoliberales aseguró que “estamos ante un escenario complejo, hay que agudizar la inteligencia para preservar los logros que se obtuvieron en años previos, garantizar la continuidad de las entidades, explorar alternativas para sortear los obstáculos y un tema clave es la integración, hacemos mucho hincapié en la cooperación entre cooperativas (sexto principio de la cooperación)”.

“La unión hace la fuerza y a la hora de peticionar a las autoridades no es lo mismo ir por separado”, expresó en relación al freno a os artículos de la reforma tributaria que incluían la aplicación del impuesto a las ganancias para cooperativas y mutuales. “Es una vulneración de la naturaleza de las cooperativas que, por definición, no tienen fines de lucro. En conjunto fuimos a diferentes bloques del parlamento nacional y durante la sesión de diputados se eliminaron los dos artículos que pretendían aplicar el impuesto”.

Sobre los tarifazos afirmó que “impactan de manera dramática. Un estudio de un Observatorio de la Economía Social y Solidaria explicaba que hay 16.000 trabajadores de empresas recuperadas que corren el riesgo de quedar sin trabajo por el impacto que tienen las tarifas”. Si bien en el Congreso se está discutiendo el tema, “el presidente advirtió que no hay posibilidades de modificar el régimen tarifario”.

Form comentó que tuvieron una reunión –junto con representantes de distintas federaciones que agrupan cooperativas eléctricas– “con uno de los funcionarios que está en la Secretaría de Energía de la Nación, donde planteamos la necesidad de estudiar la configuración de un fondo compensador a nivel nacional que ayude a compensar los mayores costos”.

Sobre el emprendedurismo que pregona el gobierno opinó que “suena a solución individual, nosotros hablamos de soluciones colectivas. […] Para afrontar grandes desafíos es necesaria la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Paulo Freire decía que ‘la lucha por la esperanza es permanente y crece en la medida que se percibe que no es solitaria’”.

El intendente Héctor Gay presentó un proyecto de ordenanza para establecer un régimen de “estabilidad fiscal” para que la Tasa de Seguridad e Higiene no sufra modificaciones desde su promulgación hasta el 31 de diciembre de 2023.

En diálogo con FM De la Calle el concejal de Cumplir, Ezequiel Gimeno, comentó que “como no conocemos todavía el texto de la ordenanza, mucho no podría hablar de eso. Lo que sí puedo decir es cuál es la opinión que tenemos nosotros: nosotros creemos, de hecho hemos presentado un par de ordenanzas al respecto, que la reducción de tasas municipales es una excelente herramienta de política fiscal para generar la radicación o ampliación de empresas en Bahía Blanca.”

“Lo que te da la herramienta de la Ordenanza Fiscal Impositiva es ver qué clase de ciudad queremos, si queremos una ciudad industrial, si queremos una ciudad comercial. Y a partir de ahí bajar, reducir o eximir alguna tasa municipal para poder fomentar la radicación de empresas”.

Asimismo explicó que “hace ocho años que las tasas prácticamente en su totalidad no se tocan. Nos parece que es una medida que tiene más que ver con un anuncio mediático que con una efectiva radicación de empresas o que esto repercuta en los bolsillos de los que están obligados a pagar la tasa que son las industrias y los comercios”.

La semana pasada AFIP ordenó que los clientes de frigorífico recuperado Incob debía realizar sus pagos en una cuenta especial del Banco Nación. El jueves las trabajadoras y los trabajadores denunciaron un pedido de coima desde Buenos Aires y el viernes se manifestaron frente a la delegación de San Martín al 100 donde les ofrecieron una solución momentánea.  Hoy se reunen con senadores en La Plata.

Orlando Acosta denunció en FM De la Calle que la deuda “fue hecha por Garaggiola (ex presidente de la empresa) y ex-funcionarios de la AFIP. El jueves pasado llamó un funcionario de Buenos Aires proponiendo que le demos el 20% del monto de la deuda para que sacara el expediente. […] Así se creó la deuda en primer lugar, Garaggiola pagaba para bajar el expediente y cuando volvía a subir, volvía a pagar la coima. Tenemos pruebas, se hizo una denuncia penal y nos vamos a sentar ante el gobierno para decirle que es la AFIP que sigue generando estas deudas”.

El trabajador aseguró que se encuentran más tranquilos: “Cuando fuimos el viernes a movilizarnos mantuvimos una reunión con distintos directivos de cada área y pudimos explicarles la complicación de la cooperativa para pagar la deuda de once millones de pesos heredada de Garaggiola. Desde ese momento la cooperativa vive con lo del día a día y en el medio pasamos por los aumentos de impuestos y servicios”.

Acosta comentó que la situación con ARBA (ente recaudador provincial) es más fácil de solucionar, “yendo a las presentaciones –por ser cooperativa– estás exento de pagar. Hace tres semanas la Cámara de Diputados de la Provincia votó un amparo ante cualquier acción legal que llegue a una cooperativa –desalojo, embargo–, lo que vamos a proponer es la última media sanción a esa ley”.

“Los directivos manifestaron que si como agente de recaudación no pueden pagar parte de la deuda es negligente de su parte –y eso lo entendimos–”. La propuesta que les hicieron desde AFIP consiste en que la cooperativa entregue cuotas mensuales de $20.000 para registrar antecedente de que hay voluntad de pago pero no capital. “Ellos, ante un embargo desde Buenos Aires, tienen cómo ‘defendernos’ hasta que salgan las leyes de condonación que ya tienen media sanción en Diputados”, explicó Acosta.

Luego de que le dieran media sanción a la quita de impuestos en las boletas de servicios, Andrés De Leo (senador provincial por Cambiemos) habló sobre el tema en FM De la Calle. También se refirió al embargo que la AFIP le realizó a Incob, y aseguró que los recibirá el martes en La Plata. “En principio el proyecto no abarca deudas nacionales, la cooperativa más allá de un componente social no deja de ser una empresa comercial que se rige por normas impositivas nacionales”.

El alcance del proyecto sí tiene que ver con ARBA, “vamos a intentar avanzar con lo que tiene que ver con la provincia”: la condonación o eventual suspensión de deudas que hayan podido tener en Buenos Aires y la prórroga de la ley de expropiación de la propiedad. De Leo aseguró que van “a hacer un esfuerzo para tratar de sacar adelante” al frigorífico.

Respecto al tema impositivo el senador manifestó que “va a haber que avanzar en otras líneas, con otras autoridades, y ver posibilidades de encuadramiento en algún esquema impositivo de regularización para que puedan seguir operando”. De los funcionarios de AFIP que no realizaron ningún tipo de control durante la última década permitiendo el endeudamiento, advirtió: “si hablamos de que en otra etapa el funcionario público incumplió con sus deberes, deberá ventilarse las responsabilidades y hacerlo”.

Por otro lado, el senador hizo referencia a la desfinanciación de los municipios a raíz de la media sanción al proyecto de quitar impuestos a las tarifas: “Eliminamos impuestos distorsivos (de muchos años) que 17 millones de bonaerenses abonaban en las boletas de luz, agua y gas, que nada tenían que ver con la prestación del servicio”.

“La realidad es que Buenos Aires va a recibir de coparticipación un monto sustancial mucho más importante que lo recaudado con impuestos. […] Entre enero y abril de 2018 la coparticipación se incrementó en casi 6.000 millones de pesos, un 41% más que el año 2017”. Asimismo explicó que la Gobernadora “duplicó los fondos que le van a girar a los municipios por recaudación de bingos y casinos. Está garantizado que los municipios tengan financiamiento, y a las críticas que hizo el FpV –que se van a desfinanciar obras– tenemos que decirle: durante años se cobraron muchísimos impuestos y dejaron al país y a la provincia absolutamente quebrada”.

De este modo, estiman que el monto a recibir por la recaudación de bingos y casinos será de “15 millones de pesos, y por coparticipación entre 80 y 100 millones de pesos (respecto de años anteriores)”. En cambio, lo que se dejará de recaudar por impuestos de tarifas “seguramente oscilará los 100 millones de pesos”.

Sindicatos estatales bonaerenses pararon ayer y realizaron un acto en Plaza Rivadavia para visibilizar de manera conjunta las dificultades que están atravesando como consecuencia de las decisiones del gobierno provincial, que avanza en su plan de ajuste y precarización.

En diálogo con FM De la Calle el titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, explicó que “nosotros como docentes de universidades nacionales en todo el país iniciamos un paro por 48 horas, en este plan de lucha que afortunadamente lo venimos cumpliendo todas las federaciones docentes”.

“El reclamo en principio general es salarial. Esta imposición que pretenden los gobiernos del 15%, distribuidos en cuotas sin la opción de una cláusula gatillo de aplicación automática, algo que venimos rechazando y los gobiernos no atendiendo”.

 

Por su parte, la secretaria general de SUTEBA Bahía Blanca, Ana Canullo, afirmó que “desde el mes de febrero que empezamos a concurrir a las escuelas que vamos viendo que el ataque es sistemático, que no es casual, y esto lo vimos en: cierre de cursos, jubilaciones de oficios, muchos problemas en los cambios con las licencias médicas de los compañeros que están enfermos”.

“Hemos visto, la verdad, con mucho dolor e indignación y peleando la calle en contra de los cierre de los bachilleratos de adultos. Porque la verdad que algunas funcionarias y funcionarios hablan con eufemismos y lo que estamos presenciando lisa y llanamente es cierres de escuelas”.

Desde la Asociación Judicial Bonaerense, Claudia Barrio denunció “el trabajo insalubre que en muchos casos realizamos en edificios poco apropiados, con sobrecarga de trabajo y sobrecarga de horas. Hay compañeros y compañeras que trabajan más allá de las 2 de la tarde, que se hacen cargo de sus propias viandas y que nadie les recompensa eso”.

A nivel provincial, la vicepresidenta del CICOP, Marta Márquez, explicó la situación que atraviesan lxs trabajadores de la salud bonaerenses: “Volvemos a parar exigiendo llamado a paritarias a los profesionales de salud de la provincia de Buenos Aires, que es una paritaria que está vencida desde diciembre de 2017 y no hemos tenido una sola convocatoria para discutir salarios y para discutir las gravísimas condiciones en las que está el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires”.

 

“Podríamos hacer una larga lista de deficiencias a cual más grave y a cual más preocupante. Y además, venimos padeciendo la falta de profesionales en muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires con servicios cerrados o semicerrados, algo directamente relacionado con los bajos sueldos y las malas condiciones en las que trabajamos”, aseguró.

(Por Alejandro Olmos Gaona) Es suficientemente conocida la relación que tuvo la Argentina con los organismos internacionales de crédito. Hay que estar viviendo en una dimensión distinta de la realidad para dudar de la complicidad operativa de los organismos multilaterales (FMI, BM y BID) con los grandes grupos financieros internacionales. El Plan Brady es un ejemplo de cómo colaboraron para salvar a los bancos, y liberarlos de créditos presumiblemente incobrables, articulando toda una estructura que fue impuesta en casi todos los países de Latinoamérica, a principios de la década del 90, mediante la cual además de incrementar el endeudamiento externo, permitieron comprar empresas públicos a precios irrisorios, lo que determinó en la Argentina, un desguace integral del Estado.

Aunque, este organismo multilateral, es solo en apariencia una institución que se dedica a la cooperación monetaria, en realidad tiene una estructura y un poder mucho mayor aún que un estado soberano. Si bien el FMI no tiene regulada ni establecida ninguna responsabilidad internacional por las acciones que realiza, es el que decide y consolida espacios de poder a través de la maniobrabilidad del dinero recaudado en los estados tributarios del sistema, generando un esquema plutocrático sin ninguna bandera ni frontera específica, que ha manejado los esquemas económicos del mundo entero, mediante la eufemística justificación de la existencia de un mundo globalizado, donde la interdependencia de los estados hace posible el funcionamiento de estos mecanismos de control. Si se recorre el documento donde está establecido su funcionamiento, se podrá ver que goza de todo tipo de inmunidades, aún respecto de la acción que puedan ejecutar gobiernos que eventualmente se sientan damnificados por alguna decisión de su directiva.

El resultado de la aplicación de estos programas de ajuste determinó durante la década del 90 el notable deterioro de nuestra calidad de vida, que se vio involucrada en medio de un sistema en el cual los indicadores de crecimiento de la productividad, la generación de empleo y los índices económicos en general mostraron una abrupta e indetenible caída. El sueldo real de los trabajadores disminuyó, al producirse recortes de salarios, mientras se flexibilizó la legislación laboral para permitir que el empresariado nacional y extranjero manejara discrecionalmente el empleo, sin limitaciones de carácter legal que pudieran encarecer lo que ellos llamaban sus costos de producción. Se redujeron los servicios sanitarios y educativos; reaparecieron con más fuerza las llamadas enfermedades de la pobreza (dengue, paludismo, cólera, etc) y aumentaron los precios de los servicios básicos (luz, agua, teléfono, combustibles, gas) debido a los procesos de privatización. Hubo una apreciable transferencia de recursos a la economía informal, como consecuencia de los despidos o en razón de la falta de puestos de trabajo, lo que determinó un auge exponencial del cuentapropismo. Creció la desocupación, la subocupación y los contratos laborales “basura”.

Pareciera que, pasan los años, y se repiten los mismos esquemas de auxilio financiero, ante crisis repetidas, y discursos mentirosos de una transparencia que no existe. El presidente Macri, dijo hoy que siempre habla con la verdad, pero la realidad que puede observarse muestra que su discurso resulta insostenible. La recurrencia al FMI, es un salvataje, porque las reservas del Banco Central están comprometidas, y la llamada “prevención” del auxilio financiero, no es tal, sino contar con dólares que ya no pueden obtenerse de los grandes bancos, cuyas ganancias han crecido exponencialmente y lo siguen haciendo

Los datos de la realidad son preocupantes:

En el presupuesto 2018 hay vencimientos por 1.284.400 millones de pesos y se contempla emitir nueva deuda por 2.180.700 millones, lo que significa un endeudamiento nuevo equivalente a 46.200 millones de dólares.

La deuda creció en el año 2016 34.500 millones de dólares, 38.200 en el 2017 y sumada la nueva deuda prevista en el Presupuesto el endeudamiento neto llegaría a los 119.000 en tres años. La dictadura en 7 años, elevó la deuda de 8.000 a 45.000 millones de dólares, que actualizados estarían en el orden de los 70.000 millones.

Colocar la deuda prevista este año 2.180.700 millones de pesos (113.000 millones de dólares) significa un promedio 6.000 millones de pesos por día y 250 millones de pesos por hora.

A diferencia del capital refinanciado, los intereses se pagan y son parte muy importante del gasto público, y lo que no se puede pagar se capitaliza por anatocismo. El año pasado estaba previsto pagar 247.600 millones de pesos, pero la cifra se elevó a 320.000 millones de pesos. En el presupuesto 2018 se prevé pagar 406.500 millones de pesos, lo que significa casi 21.000 millones de dólares solamente de intereses.

El pago de los intereses de la deuda es el que tiene mayor ritmo de aumento interanual 28.0% en el 2018 contra un promedio del gasto público primario (sin contar los intereses de la deuda) del 16% del 2017

El pago por intereses constituye el 14% del gasto público total, pero representa el 28.3% del gasto de la Administración Central.-
Las corridas de los últimos días se produce pocos días antes del mega-vencimiento de Lebac a renovar por el BCRA el Martes 15.5 por 680.000 M$ (Millones de Pesos), que representan el 55 % del stock total de estas letras (1.3 B$-Billones de Pesos). No está demás apuntar que ante la suba de la tasa de política monetaria, vamos a tener que pagar más de 400.000 millones de pesos de intereses de las Lebac durante el 2018.

La Política institucional de compra de Reservas con Deuda Pública – la deuda cuasi-fiscal del BCRA por Lebac – que fue utilizada en gran escala por la administración Kirchner y que ahora ha sido potenciada hasta límites inmanejables por la nueva administración se ha convertido así en el agujero negro de las finanzas del Estado Argentino, con consecuencias difíciles de dimensionar y que pueden llevar nuevamente a la Nación a una crisis de la deuda, al no poder afrontar sus obligaciones.

Los 30.000 millones de dólares, que posiblemente aportaría el FMI, es casi lo mismo que las Lebac que vencen el martes 15, y veremos que ocurre con su refinanciación.

Pareciera una constante de la dirigencia política actual y la de anteriores gobiernos, ocultar al pueblo lo que negocian en secreto, aunque después las consecuencias de lo que acuerdan deban ser asumidas por toda la comunidad. A esto se suma la hipocresía de referentes del gobierno anterior, que se han olvidado de lo que acordaron con los organismos internacionales, mientras pronunciaban encendidos discursos criticando sus acciones.

Dos ejemplos puntuales: 1.- El 31 de agosto del año 2011, la ex presidente Cristina Kirchner, solicitó al Congreso autorización para capitalizar al BID en 7525 millones de dólares, los que serían pagados en cinco cuotas diciendo que el BID tenía entre sus metas “el logro de una mayor equidad social y la reducción de la pobreza en los países de menor desarrollo de América latina y el Caribe y, asimismo mediante el fortalecimiento de las operaciones de cooperación técnica y productos no financieros a países, reforzar sus estructuras institucionales” La necesidad de esa capitalización, tuvo origen en una serie de operaciones del BID, que le significaron importantes pérdidas debido a inversiones especulativas en hipotecas subprime., y su capital operativo disminuyó considerablemente. 2.- El 21 de febrero de 2013, Cristina Kirchner volvió a solicitar la autorización del Congreso para elevar la cuota de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional en Derechos Especiales de Giro (DEG) en 3.187 millones, eso determinó que la Argentina debió pagar el equivalente a 1600 millones de dólares en DEG para esa capitalización de la cuota de la Argentina. En ese proyecto la Sra. de Kirchner decía que el FMI tiene entre sus objetivos “ fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos y poner a disposición de los países miembros con dificultades de balance pagos los recursos de la institución”

Un dato importante, que generalmente se soslaya, es que este descomunal endeudamiento, es de responsabilidad compartida entre el gobierno y la mayor parte de la oposición que votó favorablemente las leyes de presupuesto del 2016 hasta hoy, incluida la ley de pago a los buitres.

Como siempre lo he sostenido, una es la retórica declamatoria de los gobiernos que dicen una cosa y hacen otra, lo que se contrapone con los datos que surgen de lo que finalmente se acuerda y nadie se entera, como pasó con el acuerdo firmado con el Club de París por el ex ministro Kicillof, que reconoció una deuda que en un 60% era de la dictadura militar para compra de armamentos e importaciones no declaradas. En estos temas, nadie puede tirar la primera piedra, porque todos han sido parte del reconocimiento de una deuda fraudulenta que NINGÚN GOBIERNO QUISO INVESTIGAR, y seguimos pagando las consecuencias.

En el último informe del FMI, se deslizaron los ajustes que debía hacer el gobierno, ahora se van a ejecutar férreamente. Ya observaremos las consecuencias que pagaremos todos los argentinos, excepto el sector privilegiado que gobierno, cuyos fondos están debidamente protegidos en el exterior.

Así lo confirmaron desde el frigorífico en la carta abierta que publicaron, donde narran los logros de los últimos años y las deudas adquiridas de la gestión anterior. Orlando Acosta, integrante de Incob, se refirió sobre el tema en FM De la Calle:“la AFIP toma una medida que pone en jaque el trabajo cotidiano. […] Es como que te embarguen el 100% del sueldo pero igual tener que pagar luz, gas, y comer”. El viernes a las 10 se manifiestan frente a la dependencia de San Martín al 100.

“Todos estos logros se ven en peligro por una decisión arbitraria y maliciosa –que podría dejar a 67 familias en la calle– por parte de AFIP, quien ha tomado la decisión de embargarnos los clientes por medio del Fisco Nacional, prohibiendo el pago de las cuentas corrientes a la empresa, teniendo estos que depositar el dinero en una cuenta del Banco Nación”, reza el comunicado.

Acosta aseguró “no teníamos noción de que existía la deuda” sino que se anoticiaron cuando cambiaron de autoridades y removieron a Enrique Garaggiola (ex presidente) de su cargo. “Si bien reconocemos la deuda, estamos denunciando que hubo ex funcionarios -que ya no están mas en la AFIP- que fueron copartícipes de esta situación. ¿Cómo puede ser que una empresa que no paga retenciones, haya trabajado durante diez años sin tener una sola inspección? ¿Cómo nunca llegó una multa?”

También explicó que con la nueva dirección de AFIP, “los que ingresaron vieron que INCOB no pagaron retenciones durante 10 años y entraron con los tapones de punta. […] Acá no hubo dialogo, la AFIP no tuvo el tupé de decir ‘muchachos le vamos a embargar los clientes’. […] La forma de subsanar esto es que paguemos pero ¿qué vas a hacer con esta falta que hubo de los ex funcionarios que participaron?”

Esta misma deuda están negociando hace tiempo en la Legislatura y tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Al respecto, el integrante del frigorífico dijo: “Buscamos la condonación de la deuda o algún tipo de facilidad de pago, teniendo en cuenta que en algún momento el estado fue responsable (porque los funcionarios eran nacionales). Además se pide que se investigue el caso de INCOB. […] Conocemos varios senadores y diputados de Bahía Blanca, y los diputados se han puesto la situación al hombro”, pero por el lado de los senadores les “está costando muchísimo, es imposible encontrar un senador”.

En relación al tarifazo reveló que han sabido organizar la parte administrativa “para que estos tarifazos no impacten en el precio de la carne. Hace un año y medio que la carne no tiene aumento, esta semana aumentó por el dólar y es mentira porque no manejamos la carne a precio dólar si es para consumo interno”. Sin embargo los costos por la energía eléctrica se perciben, mientras que en octubre de 2016 pagaban alrededor de $20.000 pesos, “hoy estamos a $220.000 y este aumento nos lleva a $350.000”.

“Si INCOB cierra sus puertas tienen que tener noción que en Bahía solo hay dos frigoríficos que abastecen la ciudad. Viñuela estaba trabajando al máximo –igual que INCOB– y no tiene la posibilidad de abastecer el 50% de la ciudad como hacemos nosotros; eso provocaría un efecto dominó a las otras carnicerías que se van a quedar sin productos”.