Juntos por el Cambio trataría en la próxima sesión del Concejo Deliberante la declaración de utilidad pública del proyecto de cocheras subterráneas en la actual Plaza Lavalle/ del Sol/ de la Memoria.

El grupo Abrazo convocó a una asamblea este sábado a las 18 y a movilizar hasta el próximo jueves al recinto de Sarmiento y Estomba.

En los últimos días, la Comisión de Obras Públicas recibió nuevos informes de parte de la consultora Longoni & Asociados y de la desarrolladora Fidetrust.

El documento intenta licuar el impacto ambiental de la intervención en el área del Mercado Municipal en una proyección de mejoras en la movilidad, el arbolado y el mobiliario urbano del eje Belgrano-Donado. Si bien dichas obras se proyectan desde hace años, hoy no están ni presupuestadas ni comprendidas en la iniciativa privada.

“La extracción de ejemplares es de por sí una acción que genera un impacto negativo de cierta relevancia sobre la vegetación del lugar, sin perjuicio de lo cual, en este caso debe considerarse que los ejemplares a extraer no poseen valor ecológico de relevancia y que algunos de ellos se encuentran en mal estado fitosanitario o decrepitud”, afirman desde Fidetrust.

Los privados proponen “rescatar” tres especies autóctonas “de gran porte y copa para mantener las áreas de sombra”. Un ombú, un almez y un jacarandá, además de dos ejemplares de palmeras, no autóctonas. “El resto del material vegetal es trasplantable y ser llevado a otros espacios públicos (sic) según lo determinado por la autoridad de Parques Municipales (ing. agron. Erica Gutiérrez) en una entrevista de material vegetal sobre plaza Lavalle”.

Sostienen que se aumentará la superficie absorvente mediante la colocación de gramíneas y herbáceas de bajo mantenimiento y consumo de agua que formaran grandes matas: “poca variedad, mucha cantidad”.

El ing. forestal Ramiro Vicente es el resposable del informe “Alternativas de trasplante, conservación y extracción de árboles y arbustos”. Destaca que hay 18 arbustos de diez especies que podrían ser trasplantadas sin problemas y, respecto a los árboles, manifiesta que son trece sin contar las lagerstroemias ubicadas en la vereda de O´Higgins que no se transplantan.

Los divide en tres subgrupos: “Los que se quedan y para los que hay una propuesta de obra civil para contenerlos (cuatro en total, un alméz, un ombú y dos palmeras); el segundo, aquellos ejemplares que se propone su trasplante (seis árboles, dos lapachos, un árbol de judea, un grinkgo, un palo borracho y un jacarandá); y, por último, el grupo de los árboles que se extraen sin trasplantarlos (son tres, un jacarandá, y dos acacias bola)”.

El dr. Horacio Romano afirmó que la dismorfia se da “en la autopercepción de cosas que consideramos feas o defectos o problemas estéticos -tengo una arruga más, me quedé pelado- puede ser real o no”.

“El tema es que eso produce mal estar, uno se ‘enferma’, genera ansiedad o depresión y acentúa estas cuestiones. Te sacás una selfie a 30 cm y a esa distancia se sabe la nariz es más grande, la cara más redonda y los ojos más grandes. Como se puede arreglar, uno la selfie la toquetea un rato y sale con mejoras”, dijo el médico en su columna de Salud de FM De la Calle.

Agregó que “el zoom eso lo ha abolido, pasamos tantas horas, que es un nuevo trastorno, la dismorfia de zoom. No estamos acostumbrados a hablar y vernos y el comparar con otros que están en la misma situación ha llevado a cuadros de ansiedad y angustia”.

Respecto al rol de la redes sociales mencionó que “indudablemente nos exponen permanentemente y esas cuestiones pueden generar trastornos, encima en un contexto donde uno está encerrado. Es una fuente más de ansiedades y miedos, una de las consultas más importante en Google en temas de piel es acné y caída de cabello”.

En relación al uso de las pantallas de niños, niñas y adolescentes en tiempos de pandemia y la incomodidad durante clases virtuales destacó que son edades particulares porque aun no se está acostumbrado a la propia imagen. “Es muy fuerte, hay que prestarle mucha atención a estas cuestiones”.

La principales consecuencias de la dismorfia de zoom son “ansiedad y depresión y afecta también a quienes pueden acceder a cirugías plásticas que terminan lastimándose. Esto no es patrimonio de los jóvenes, han aumentado muchísimo por estas cuestiones de la juventud eterna y cosas que no me gustan, no todas las personas por más bellas que sean están conformes, esto nos puede llevar a casos extremos”.

El médico sostuvo que “las tecnologías no están probadas masivamente, nos damos cuenta mucho tiempo después que son negativas. Nadie las prueba, salen a la cancha así, es un de los principales negocios en estos momentos e impactan directamente en nuestras vidas. La aceptación o no pasa por el like o por las redes”.

El investigador Matías Alamo dijo a FM De la Calle que “la economía popular lo que intenta hacer es una reproducción ampliada de la vida, donde el eje no es maximizar la ganancia en el menor tiempo posible sino valores de reciprocidad, de ayuda mutua”.

El docente del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur es coautor de uno de los capítulos del libro “Territorio, movimientos sociales y conflictividades”. La compilación de Pablo Becher y María Belén Nieto fue editada por Ediciones De la Calle y el CEISO y se presentará el jueves 26 a las 19 por el canal de YouTube FMDELACALLETV.

“La mayoría de los autores provenimos de la UNS. Estas prácticas y las distintas investigaciones nos permitieron plasmar todas esas experiencias que son fruto de un trabajo colectivo”, comentó.

El estudio que firman Alamo, Cristian Garabito y María Belén Nieto se titula “Experiencias de Economía Social y Solidaria desde una perspectiva de género. Los grupos de emprendedoras Moras Brix y Runtu Thani en la ciudad de Bahía Blanca en la actualidad”.

El docente señaló que “siempre se discute la pertenencia popular en términos de la economía social y solidaria y ponen el eje de la reproducción ampliada de la vida y se corren del modelo de acumulación capitalista donde las lógicas son la reproducción en términos de ganancia”.

Moras Brix y Runtu Thani integran y abastecen experiencias de comercialización de la economía solidaria como las Producciones de la Agricultura Familiar impulsadas por Cáritas, INTA y FM De la Calle.

“El trabajo marca sus trayectorias y experiencias en términos de una perspectiva de género y de visibilizar estas prácticas comunitarias, un poco para sacar ese estigma de muchos y muchas que cuando hablan de economía popular piensan en una economía que está por fuera de la ley o encuadrada en la informalidad”.

En relación a la perspectiva de género Alamo señaló que “hay una producción social de cómo esas emprendedoras, van formando su trayectoria a partir de ciertas prácticas de empoderamiento, en darle la disputa al patriarcado. Se sale de la mujer pensada en actividades de cuidado y en ese proceso se dan cuenta que pueden producir sus materias primas y convertirlas en mermeladas y conservas, que hay una salida desde el punto de vista comercial”.

El docente destacó que “es interesante pensar en términos de cómo visibilizan estas experiencias y fomentan otra economía promoviendo estas prácticas de producción y de comercialización y disputan el espacio y el territorio al modelo de acumulación capitalista”.

La periodista Sandra Crucianelli participará esta tarde en un encuentro virtual sobre pauta oficial organizado por Integración Ciudadana. “Está bueno que la gente sepa lo que pasa dentro de los medios de comunicación”, adelantó a FM De la Calle.

“El poder político y la pauta oficial, ¿cuánto nos cuesta la publicidad del municipio?” será el eje del panel que sumará las intervenciones del creador de Gasto Público Bahiense, Manuel Aristarán, y del director de Poder Ciudadano, Pablo Secchi.

“En Bahía se producen situaciones muy injustas en desmedro de medios pequeños o con nichos de audiencia legítimos, en favor de empresas más grandes y con recursos. En lo que va desde el 2020 se han gastado más de 80 millones de pesos en no comunicar y en no rendir cuentas. Pareciera que la pauta financia medios de comunicación y, lo que es peor, financia periodistas. Eso está mal, el problema es que es legal”, dijo Crucianelli.

La coordinadora de la Unidad de Inteligencia de Datos de Infobae agregó que “esto hace que se produzcan distorsiones con algo tan sensible como el dinero público. Hay mucho dinero que va a pocas manos, sin ningún objeto, es dinero desperdiciado. Si se ve la distribución, en 2008 el grupo Massot se llevaba el 60% de la pauta. Cuando lo dije en Canal 7, la respuesta que obtuve fue un mail de uno de los directivos de la agencia Rex Publicidad a Artear pidiendo literalmente mi cabeza”.

“El despido de periodistas por no ajustarse a lo que el Municipio quiere que se diga o se opine, se ha visto en la época más oscura que vivió Bahía Blanca en ese aspecto, que fue durante el gobierno de Cristian Breitenstein, en el que Rex concentraba más de la mitad de la pauta y la distribuía discrecionalmente ejerciendo presión directa sobre los medios”.

Durante la gestión de Gustavo Bevilacqua no cambió la situación: “Hubo despidos, corrimientos, castigos, acoso y amedrentamiento de periodistas, de lo cual hablo con conocimiento de causa porque fui una de las afectadas. Este tema merece por lo menos una ordenanza, no para financiar medios porque el financiamiento tiene que ser privado, sí hacer un aporte para que se comunique como la contraprestación de un servicio y para la rendición de cuentas”.

Respecto de la implicancia en los contenidos y su repercusión en las audiencias, Crucianelli destacó que “se difunde un mensaje único, eso es peligroso en los años electorales para la audiencia porque empieza a comprar un paquete que es el que paga el gobierno de turno si quiere ser reelecto. Se utiliza la pauta para mostrar lo buenos que son, se usa ese dinero para financiar este mensaje, esto me parece asqueroso”.

“En vez de usar dinero público para comunicar servicios, te dicen mirá qué bueno es el intendente, qué bueno que hizo esta obra. La gente compra este paquete como algo que está bien confiando en el medio en el que consume. Esto se ve en la gente que escucha LU2 a la mañana, por costumbre. Tenemos un grupo de gente de 60, 70 años que están acostumbras a escuchar una radio que se lleva más del 10% de la publicidad, que transmite el mensaje del diario La Nueva y de La Brújula”, apuntó.

Las nuevas tecnologías y el desmanejo de la pauta han favorecido la concentración: “Han creado plataformas que después terminan en las mismas manos para recaudar más. El grupo La Nueva concentra el 43% del dinero público, si le sumamos el 25% de La Brújula -sumando el dinero que reciben sus periodistas- es casi el 70% en mano del mismo empresario que te va a dar el mismo mensaje”.

“Sabemos que cuando hay pauta oficial, cuando ponés publicidad en un medio la libertad periodística es acotada, cuando te cuenten otra cosa es mentira”.

Por último, destacó: “Hay 80 millones de pesos en juego, entiendo que es incómodo que hablemos de esto para los colegas, que quienes están trabajando en los medios no pueden hablar porque saben que van a tener represalias o corren riesgo de ser despedidos. Mucho de esto pasó en los últimos despidos que hubo en Bahía. Cuando hablás de la pauta sos boleta, en otras palabras”.

Marcela Arceo vive en uno de los edificios lindantes a la Plaza Lavalle/ del Sol/ de la Memoria. Esta mañana dijo a FM De la Calle sobre las cocheras subterráneas que, “si bien no nos sorprende porque esta sombra siempre está acechando, teníamos la palabra de que no se iban a hacer. Nos ha dejado sorprendidos y preocupados, organizándonos para resistir a este proyecto”.

Desde el grupo Abrazo a la Plaza del Sol reclamaron una audiencia pública: “Nuestra preocupación radica en los puntos que tantas veces hemos enumerado, no solamente la defensa del espacio público que se ha visto amenazado con la toma de algunos como la vera del arroyo Napostá sino también la defensa del patrimonio verde de la ciudad”.

Arceo afirmó que las napas “están muy cerca, por lo tanto 3 metros o 2,70 -como decía el proyecto- genera indefectiblemente llegar al agua. Como vecina escucho todas las noches las bombas que extraen agua del Mercado Municipal. Cuando se restauró el Hotel Italia se escuchaba la cantidad de agua que se extraía y que iba por la alcantarilla. Los edificios tienen problemas en sus bases por inundaciones en los sótanos. ¿Qué se persigue con esto?”.

“Hay cosas que mejorar porque la plaza no tiene mantenimiento de ningún tipo y (Tomás) Marisco se comprometió a hacerlo. Él sostenía que el proyecto cocheras no se iba a hacer. La plaza obtuvo solamente dos tachos de basura y una canilla en el centro, vinieron y rompieron algunos pasos para iluminar el anfiteatro, sacaron los adoquines y quedaron los agujeros. Hay actividades permanentemente en la plaza pero de higiene y mantenimiento no podemos hablar”, apuntó la vecina.

Agregó que “hay más de 15 árboles de infinito valor y en el proyecto final solo quedan cuatro. Sabemos por experiencia que se apoderan del espacio público, el polo gastronómico va a terminar extendiendo sus mesas a la plaza y las actividades que allí se realizan -yoga, los chicos de parkour, hip hop, las ferias- corren riesgo. Los proyectos privatizadores de llenar el espacio de emprendimientos comerciales restarían a la plaza esta posibilidad de libertad”.

“Esta pandemia debería habernos hecho reflexionar con respecto a lo que nos está pasando, al medio ambiente y al uso de la tierra. Aumentar el uso vehicular en el centro pensando en dejar solo cuatro árboles es un nuevo atentado contra el planeta”, finalizó Arceo.

“Como decimos las Garcías, venimos cuatro generaciones acá, mi madre, nosotras, mis hijas y mis nietos pidiendo justicia”, dijo Julia García a fines de octubre ante el tribunal oral que juzga a cuatro ex integrantes de la Triple A.

La hermana de Luis Jesús declaró después que su madre Marcela Egues, quien se preguntó por qué hubo tanto complicidad con el crimen de su hijo. “Tenía 18 años y lo masacraron, lo torturaron y lo tiraron en la ruta. Es una vergüenza lo que hicieron. Fue un gran militante, se organizaba para que todos tuvieran su buen sueldo y lo que necesitaban para trabajar”.

Julia destacó que el gran ausente en el juicio es el Poder Judicial. “Los jueces Hugo Cavallaro y José Montone son los que actuaron en la investigación del asesinato de mi hermano y le garantizaron la impunidad a los miembros de la Triple A. Sin su complicidad no estaríamos sentados acá, después de 46 años”.

Las audiencias continúan jueves y viernes desde las 9. Declararán la historiadora Belén Zapata, la directora del Archivo Provincial de la Memoria, Claudia Bellingeri, el presidente del Equipo Nizkor, Gregorio Díaz Dionis, y el ex legislador pampeano Eduardo Tindiglia.

Marcela recordó que el Negrito estudió hasta que comenzó a trabajar en la construcción de un barrio en Ing. White para la empresa Interamericana. Rápidamente “vio la necesidad de organizarse con los compañeros porque no tenían botines, guantes, iban como podían. Hacían asambleas y paraban la obra”. Con su moto repartía la prensa del partido y volanteaba “con mucha alegría”. Su militancia le valió varias amenazas y despidos.  

La familia García luchaba también contra el “abandono” del barrio. Organizaban reuniones de vecines de Noroeste y Villa Nocito porque “correspondía que viviera mejor la gente”.

La noche del secuestro del Negrito, Marcela había hecho empanadas. “Llegó de la militancia en el barrio con dolor de panza, le hice unas al horno.  Nos acostamos y, alrededor de las tres y algo, lo vinieron a buscar. Pensé que lo iban a tomar detenido”.

Afuera había dos autos y varios hombres armados. Dos de ellos entraron. “¿Qué pensaban que iban a encontrar en mi casa?”, se preguntó Egues. “No pasa nada mamá, enseguida vuelvo”, dijo Luis.

“Nunca pensé que iban a hacer la masacre que hicieron con mi hijo, lo torturaron bárbaramente, tenía todo el cuerpo con manchas negras de la tortura, tenía 18 años. Ojalá esos miserables se mueran de viejos, que sus nietos los recuerden como los asesinos que son”.

Tras el secuestro, familiares y compañeros salieron a buscarlo. En las comisarías decían “algo habrá hecho” en un clima amenazante. Al amanecer, Marcela y Oscar “Pinky” Bertollini -quien luego sería desaparecido- fueron a tomar un café a la Galería Plaza donde se encontraron con cuatro de los matones armados.

Respecto al funeral del Negrito, Marcela recordó: “La prensa dice que 30 mil personas acompañaron a mi hijo. La CGT mandó coronas y las rompimos en la calle. Quedé totalmente muda, no pude despedir a mi hijo, lo hizo Pinky”.

Identificó a Chacho Pérez como uno de los asesinos, un hombre que solía participar en las reuniones de la CGT y que previamente había amenazado al joven.

Tras el homicidio, las intimidaciones continuaron sobre la familia García, cada hecho era denunciado en tribunales. “La última vez que me amenazaron decidí irme al norte con lo puesto”. El exilio interno las llevó a Buenos Aires y a Salta, donde fue secuestrada Julia. “Estuve condenada a no volver a mi barrio por muchísimos años”, afirmó Marcela.

“Estábamos convencidos que teníamos derecho”

“Vengo a contarles de una Julia que tenía 18 años y acá está sentada una Julia que tiene 66”, dijo la mayor de las Garcías ante el tribunal, ratificando “el compromiso de seguir luchando por la verdad y la justicia hasta la muerte”.

Al Negrito no lo puede recordar “fuera de la política”, desde la adolescencia compartieron la militancia en la Federación Juvenil Comunista. Son una familia inquieta, de obreros con necesidades, “convencidos que teníamos derecho”.

“Buscábamos respuesta a las desigualdades, a las carencias que sufríamos y encontramos la política como herramienta. Para mí la Fede, el socialismo, fue ese gran amor de nuestra vida. No puedo olvidar la felicidad con que trabajábamos, con la que recorríamos el barrio, hablando de la prensa con los vecinos. No puedo olvidar la sonrisa de Raúl Metz -que está desaparecido-, la de su hermano Néstor. Tratábamos de convencer al otro de que era posible otro país, que teníamos derecho a otra vida”.

Por eso el Negrito fue perseguido desde la secundaria. Los servicios de la Bonaerense archivaron “una redacción que se titulaba ‘El buque de Granaderos, una cárcel flotante”. Julia todavía se pregunta quién informó eso desde la escuela.

“Al tiempo, por diferencias sobre la coyuntura, Luis se incorporó al FAS y comenzó a militar en el PRT en la Corriente Clasista y Combativa que era el espacio de los trabajadores por fuera del peronismo”. Ella trabajaba en un puesto de flores frente al cementerio, el Negrito se incorporó a la Interamericana y se transformó en la voz de sus compañeros. 

Julia afirmó que la Triple A “era una organización criminal en la que (el diputado y secretario de la CGT, Rodolfo) Ponce sería el responsable de la zona pero que respondía a una política nacional”.

El Consejo Nacional del Partido Justicialista declaró la guerra contra el marxismo por los medios que sean necesarios. “La batalla que Perón impulsa es contra aquello que cuestione al sistema y hace alianza con la burocracia sindical. Necesitaban recuperar y disciplinar a los gremios”.

“Acá aparece Ponce impulsando en el Congreso la Ley de Asociaciones Profesionales. Se arma la disputa en Bahía Blanca con Roberto Bustos que había sido elegido por paliza en el 73 y le intervienen el sindicato. Esta represión tenía que ver con la lucha de la clase trabajadora”, detalló.

Pensó en su hermano y las empresas que cuestionaba: “Son todas multinacionales, la Interamericana, la Petroquímica, Techint, tenían fuerte vinculación con la burocracia sindical, su tarea era limpiar. Los primeros afectados fueron los propios peronistas”.

Según consta en los legajos de la Dipba, en 1974 los operativos “antisubversivos” tenían como blanco “exclusivos” espacios y militantes de organizaciones marxistas. Ella y su hermana de 16 años fueron detenidas. En la Fede sabía que eran “las reglas del juego” pero “nadie pensó que a mi hermano iban a secuestrarlo y matarlo de la forma en que lo mataron”.

La madrugada del 22 de septiembre de 1974 un grupo de civiles entró impunemente a la casa de Jujuy y Entre Ríos. “Nos arrinconan contra la pared y van directamente a la pieza de mi hermano. Estaba en la cama tranquilo, como entregado, lo llevan a la rastra con un calzoncillo y una camisa”.

Por una ventana Julia vio la GTX verde que solía estar en la puerta de la CGT. El cuerpo del Negrito apareció “destrozado” horas después.

Recordó la presencia de organizaciones, estudiantes, obreros y vecinos en el funeral de su hermano, largas horas de dolor y bronca cuidando al cajón y a la familia. Y los servicios registrando todo. “Tengo la certeza de que ese velorio marcó el destino de muchos compañeros, muchos están desaparecidos”.

Julia pudo identificar a Miguel Ángel Chisu y a Chacho Pérez en una rueda de reconocimiento. “Tiene que estar muy segura, puede tener una pena muy grande si acusa injustamente”, la apretó el juez Cavallaro. Al salir de la comisaría las amenazas vinieron de un auto en el cual estaba uno de los acusados.

Julia fue detenida y torturada en Salta y pasó más de dos mil días secuestrada. “Perdimos la casa, la felicidad de vivir ese momento, perdimos un hermano. (…) Tenemos el alma atravesada por todas las muertes que tuvimos que sufrir, las desapariciones, las encarcelaciones”.

“Mi hermano vive en este juicio, en cada uno de sus compañeros -en Bahía Blanca la gente lo recuerda-, en quienes están en la calle pidiendo por mejoras salariales, por un techo. En las luchas de los 30 mil desaparecidos y todos los asesinados por la Triple A. Mataron a mi hermano pero no la necesidad de justicia y la ilusión de un país justo”, afirmó.

Eugenio Navarrete era vecino de la familia García y militaba con el Negrito en el PRT. “Era un hermano para mí, un compañero muy querible. Tenía algo que en la sociología marxista se llama la conciencia posible y un potencial extraordinario. Un joven que estudiaba, honesto, lo quería mucho”.

En 1973 el testigo realizó el servicio militar en la Compañía de Telecomunicaciones 181 del V Cuerpo de Ejército que ya configuraba “el Estado asesino”. Recordó la capellanía de Aldo Vara y Dante Vega en tiempos del obispo Jorge Mayer.

Mencionó que los curas “ejercían una acción realmente intimidante apelando a demonios y al pecado”, hablaban “groseramente” de sexo para luego entrar “en un terreno donde mostraban el verdadero carácter de este ejercicio pastoral: nos preguntaban si éramos hinchas de River o de Boca y llegábamos a si éramos o no peronistas o de alguna línea política que andaba con los locos zurdos”.

En aquella época se creó la “compañía operacional”, dedicada a la “lucha antisubversiva”: “Se crea un clima de temor, se plantea un orden enteramente represivo, antisindical, se arman con fales, lanzacohetes, enfermeros, camilleros, balas trazadoras para disparo nocturno, cómo arrestar una persona en la calle, cómo hacer un allanamiento, un discurso macartista, persecutorio e intimidante”.

Consultado por la actuación de grupos paraestatales se remitió al caso del obrero Marzolini, ocurrido en febrero del 74. “Se afirmó de parte de prominentes políticos que había sido asesinado por la Triple A”. El crimen fue en contexto de la intervención de la UOCRA por parte de Rogelio Papagno y tras una huelga en la obra de la Escuela Técnica de White por el despido de dos trabajadores.

Marzolini “era gente de Bustos”, un comisario dijo que tenían orden de no investigar. El referente de Papagno en Bahía Blanca era Pedro Juárez. Lo acompañaba la Juventud Sindical Peronista cuyos miembros “actuaban a cara descubierta con armas largas en la entrada de la petroquímica”.

“Casi todos recibimos amenazas”, dijo Navarrete. En la pared de la sede gremial, su cara, la del Negrito García y la de Roberto Inostroza ilustraban un cartel que decía “muerte a los zurdos”.

De los imputados, el testigo mencionó a Juan Carlos Curzio y a Osvaldo Pallero. El primero era el deportista admirado por la juventud, aunque su madre “lloraba amargada por la transgresión permanente que hacía con su grupo de matones”. El segundo era “un vago” que vivía en las colonias ferroviarias del Maldonado.

Navarrete fue detenido el 17 de septiembre del 74 en la casa de Jorge Nicanor Fernández de Villa Nocito. “Estaba Roberto Inostroza y las mellizas de Jorge”.

Pasaron la noche en una comisaría y al día siguiente los encerraron en la UP4. Le abrieron una causa por asociación ilícita y por una supuesta participación en el copamiento de un puesto de Prefectura. Lo representó el abogado Carlos Massolo: “Estábamos declarando cuando pasa el cortejo fúnebre del Negrito”.

“En Villa Floresta el que me despide es Massolo que ya estaba preso junto a otros abogados. Me dijo: seguramente estás en alguna lista a disposición del PEN pero si te dan cinco minutos desaparecé porque esto está muy jodido”. Al otro día lo detuvieron nuevamente.

Declaró que varios de los presos comunes estaban vinculados a la JSP y a la Triple A. “Contaban historias muy terribles, (…) eran gente sin ingresos, salvo que tuvieran algún choreo exitoso”. Según contaban los suboficiales del Servicio Penitenciario, fue el diputado Ponce el que les organizó la fiesta de fin de año en un pabellón liberado.

Navarrete fue trasladado a Sierra Chica, Rawson, Caseros y La Plata. En 1982 salió con libertad vigilada.

Referentas de organizaciones del movimiento feminista de Bahía Blanca opinaron en FM De la Calle sobre el proyecto de despenalización y legalización del aborto enviado por el gobierno nacional.

La iniciativa ingresó al Congreso por la Cámara de Diputados y será debatida en las próximas semanas. Esta tarde habrá acciones conjuntas en localidades de todo el país para insistir en la urgencia de su aprobación. En Bahía será una caravana a las 18 en la Plaza Rivadavia con cobertura de la 87.9Mhz.

“Es la posibilidad de hablar de mayor autonomía, de sacar a nuestros cuerpos del Código Penal y de la criminalización. Como Campaña hemos presentado históricamente nuestro proyecto de ley. Más allá de eso, sé que las leyes son el piso en la posibilidad de conquista de derechos. Una vez sancionada la ley vamos a tener que seguir generando estrategias para contrarrestar a los grupos antiderechos que van a hacer lo posible para que no se lleve a cabo”, dijo Fernanda Pertersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

Agregó que hay que prestar atención “es la objeción de conciencia, la posibilidad de que se nieguen a llevar esta práctica médica, esto es incompatible con el sistema de salud público. Este es el debate que hay que dar. Haberlo enviado con la protección de los mil días y otras medidas responde a negociaciones políticas. Nuestro lugar es la lucha”.

Verónica Herrero, medica del primer nivel de atención e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, destacó que “nos parece fundamental que el proyecto tenga apoyo desde las calles. Queremos que la ley sea federal y garantice que cualquier mujer con menos de 14 semanas pueda entrar por la puerta del hospital o salita y decir quiero abortar y que no por eso vaya presas o tenga complicaciones. Que tengan derecho a un aborto seguro y acompañado por profesionales”.

“Una cosa que nos parece importante es que pena la objeción de conciencia. No puede pasar que esta objeción obstaculice el acceso al derecho al aborto. Tenemos derecho a que se nos garantice esta práctica y no morir en el intento”, agregó.

Griselda Cifuentes, integrante de Socorristas en Red- Feministas que Abortamos, mencionó que “el envío del proyecto es un paso muy importante. No hubiera sido posible sin la marea verde, nuestra tarea es estar en las calles, hay que seguir muy de cerca sin perder la capacidad de reclamo, para que el debate implique la votación favorable que nos merecemos. El Congreso tiene una posibilidad histórica, saldar una de las deudas materiales y simbólicas con los deseos, proyectos, vida y salud de quienes abortan”.

La coordinadora de Ciudadanas Trans, Saira Millaqueo, afirmó que acompañan la propuesta para “acompañar la reivindicación de la autonomía de los cuerpos. Conocemos de opresiones sobre nuestros cuerpos, entendemos el sufrimiento y padecimiento que eso acarrea, por eso apoyamos la IVE. Todas las travestis y trans estamos apoyando y acompañando siempre junto al movimiento feminista”.

“El proyecto de la Campaña no establece penas para alguien que desee abortar luego de las 14 semanas, el del Ejecutivo sí lo hace. El proyecto de la Campaña no establece objeción de conciencia de ningún tipo, el de Alberto Fernández habilita la objeción de conciencia en general sin especificar sobre el tema, planeta que se debe garantizar derivación”, apuntó respecto a las diferencias entre los dos proyectos, Daniela Rodríguez de Pan y Rosas dentro del FIT.

Cecilia Epherra, integrante de UMSUR criticó la extensión de cinco a diez para la aprobación de la IVE a partir de su solicitud y la incorporación de la objeción de conciencia para profesionales de la salud. “Tal vez no representa un problema en grandes ciudades pero sí en comunidades más pequeñas donde no abundan profesionales que brinden asistencia segura para un aborto”.

“Es momento de debate serio, democrático, plural y pronto. Legalizar el aborto permite salvar cientos de vidas, se termina con un negocio oculto como los lugares donde se aborta de manera ilegal, reafirma la ESI, dignifica nuestras vidas, nos permite decidir sobre nuestros cuerpos”, dijo Belén López de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Verónica Bajo, de Acciones Feministas, comentó que “estamos mirando positivamente que por fin sea ley pero con dudas. Se puede traslucir el problema de la objeción de conciencia y las consecuencias que sabemos que trae. Pareciera que tiene más que ver con un proyecto de despenalización que de legalización. Se trasluce que han habido pactos con la Iglesia, que puede llegar a tener que ver con el proyecto de los mil días”.

El empresario Jorge Longoni pidió al presidente de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante, Federico Tucat, que el cuerpo trate “con la mayor premura” un nuevo estudio sobre el impacto del proyecto de construcción de cocheras subterráneas en Plaza Lavalle/ del Sol/ de la Memoria.

Días atrás, el secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, dijo a FM De la Calle que la iniciativa «no es algo que nos interese desde la Secretaría. Desde el Ejecutivo no vamos a impulsarlo. La intención es la revalorización manteniendo la fisonomía de la plaza tal cual existe hoy».

“Lo primero que haría falta es que el oficialismo se ponga de acuerdo. Semejante contradicción entre ellos mismos es lo menos indicado para un tema de este estilo”, comentó el concejal del Frente de Todos Gustavo Mandará.

Agregó que “si querían aportar otros datos técnicos nuestra obligación es considerarlo. Ayer apareció un anillado de varias páginas con argumentos de porqué no pasaría nada de lo que se creía que iba a pasar”.

Mandará mencionó que la forestación es “un tema que no se puede pasar por alto, sacar un árbol así como así. Se habla del movimiento de suelos, la excavación que insinúan es menor de la que se creía. Invariablemente cuando se hace una excavación afloran las napas que son elementos cambiantes, según nos explicaban”.

“En el edificio de Saavedra y O’Higgins tuvieron problemas de este tipo, las reformas de Big Six también. Cuando se consideró hacer reformas en el ex centro de compras de Colón y Brown también se preveía en tema de las napas”.

“Esto viene torcido desde el vamos, hay vecinos y usuarios que no se han mostrado para nada conformes. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, la primera es que haya un mensaje claro y en base a eso discutimos”, finalizó el concejal.

Los Colegios de Trabajadoras Sociales, Psicólogos/as y Abogados/as solicitaron al intendente Héctor Gay y a la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Juliana Cerritelli, que atiendan los reclamos por la precarización laboral y la falta de recursos en los Servicios Locales de Niñez.

“Los planteos tienen una trayectoria de larga data y atienden a dos cuestiones: las condiciones de trabajo de profesionales de equipos técnicos y la segunda está vinculada a los recursos profesionales, técnicos, financieros económicos, que impactan sobre las condiciones de trabajo. Esto se ha agudizado en la pandemia donde las condiciones de pobreza y desigualdad han recrudecido”, dijo a FM De la Calle la presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales Marta Cimarosti.

Manifestó que “lo esperable de la gestión es aunar esfuerzos. La niñez a nivel nacional está sobrerrepresentada en las categorías de pobreza y lo que hallamos es reducción de recursos humanos, congelamiento salarial y ningún resguardo de las condiciones de trabajo de profesionales”.

“Eso deviene en un impacto negativo sobre las posibilidades de acompañamiento y contención a la niñez. Hemos desarrollado un accionar significativo y de alto impacto que es convocarnos los tres colegios profesionales y pensar colectivamente una intervención y la apertura a una demanda de intervención a la Municipalidad”.

La carta fue enviada luego de la presentación de otras seis notas que no obtuvieron respuesta.

Entre las problemáticas mencionadas “se plantea por una parte una equidad en las funciones profesionales desempeñadas y una diferencia negativa en la remuneración de alrededor del 50% en relación a sus pares profesionales que pertenecen a la planta permanente de la Municipalidad. A ello se suman las desventajas inherentes a la condición de contratación que requiere por parte de los/as profesionales contratados el pago del monotributo, obra social; aportes jubilatorios, retención por IIBB e impuesto al cheque, lo cual profundiza aún más dicha diferencia negativa”.

Respecto del reciente despido de una trabajadora del equipo de Ing. White, Cimarosti relató que “la gestión tiene la facultad de evaluar periódicamente pero resulta extraño en una coyuntura de reclamo lo hagan con una de las referentes que tuvo un accionar más visible. Al momento de asignar funciones todos tienen las mismas y al momento de evaluación solo se evalúa a los monotributistas que son quienes con más fuerza han llevado el reclamo. Todo indicaría que se inscribe en el marco de la una sanción moralizadora e intimidante a un proceso de reclamo, la amenaza de la pérdida de trabajo como respuesta al reclamo”.

Por último, adelantó que apelarán a “la posibilidad de diálogo con la gestión municipal y si no la hay, estamos analizando otras acciones con organismos vinculados a la niñez y pronunciamientos públicos”.

Referentes de El Nido y Creer Sí lograron un acuerdo de palabra con el secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, para continuar su tarea en la Galería Visión 2000.

La mudanza de sus actuales sedes en el Mercado Municipal fue forzada por las autoridades comunales que pretenden instalar un “polo gastronómico” en el sector.

“Nos propusieron elegir los locales que estaban desocupados y que pudieran adaptarse. Es lo que hicimos, elegimos dos, uno para Nido y otro para nosotros”, destacó a FM De la Calle, la referente de Creer Sí, Clelia Severini.

Agregó que “verbalmente Marisco nos dijo que sí, que nos lo iban a otorgar, y fue un alivio grande. Nos dijeron que se van a hacer cargo de las reformas. Fue todo de palabra y nos dijo que esta semana íbamos a ultimar los detalles, creemos que será un comodato”.

Campaña contra el grooming

La semana pasada los ministerios de Educación y de Justicia de la Nación lanzaron una campaña de prevención del grooming en el marco de la cual Creer sí participa como entidad asesora desde nuestra ciudad.

Severini señaló que “es una de las formas de abuso sexual que se está visibilizando pero que existe desde hace mucho tiempo. Estamos trabajando esta problemática, hay que hablar con los chicos y con los padres. La mejor manera de prevenirlo es preparar a los chicos para que se puedan defender”.

Asimismo destacó que el 19 de noviembre es el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual hacia Niñxs y Adolescentes: “El tema se ha visibilizado bastante, se ha avanzado en el Código Penal, se avanza en los casos y se llega a juicio, hay condenas. Todavía falta mucho, se estima que por cada caso de abuso sexual que se denuncia hay nueve que no”.

El presidente Alberto Fernández envió esta tarde el proyecto de “regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”.

“He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida”, afirmó el jefe de Estado.

Referencia: Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto

ARTÍCULO 1º.- OBJETO: La presente ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible.

ARTÍCULO 2º.- DERECHOS: Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a:

a. Decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en la presente ley;
b. Requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, de conformidad con lo establecido en la presente ley;
c. Requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la presente ley;
d. Prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.

ARTÍCULO 3º.- MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL: Las disposiciones de la presente ley se enmarcan en el artículo 75 inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, los Tratados de Derechos Humanos ratificados por la REPÚBLICA ARGENTINA, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer “Convención De Belem Do Para”, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud de la protección que otorgan a los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, a la educación, a la integridad, a la diversidad corporal, a la identidad de género, a la diversidad étnico-cultural, a la privacidad, a la libertad de creencias y pensamientos, a la información, a gozar de los beneficios de los avances científicos, a la igualdad real de oportunidades, a la no discriminación y a una vida libre de violencias.

ARTÍCULO 4º.- INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO: Las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana CATORCE (14) inclusive, del proceso gestacional.

Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones:

a. Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente.

En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida.

b. Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

ARTÍCULO 5º.- DERECHOS EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD: Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de DIEZ (10) días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que se establecen en la presente ley, y en las Leyes Nros. 26.485, 26.529 y concordantes.

El personal de salud debe garantizar las siguientes condiciones mínimas y derechos en la atención del aborto y postaborto:

a) Trato digno. El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente, para erradicar prácticas que perpetúan el ejercicio de violencia contra las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar.

b) Privacidad. Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener y transmitir información y documentación clínica de la paciente debe garantizar la construcción y preservación de un ambiente de confianza entre el personal de salud y las personas que solicitan la atención, y observar el estricto respeto por su intimidad, dignidad humana y autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la confidencialidad; solo se compartirá información o se incluirá a su familia o a su acompañante con su expresa autorización, conforme las previsiones del artículo 8º de la presente ley.

Asimismo, deberá protegerse a la paciente de injerencias ilegítimas por parte de terceros.

c) Confidencialidad. El personal de salud debe crear las condiciones para el resguardo de la confidencialidad y el secreto médico durante todo el proceso de atención y también con posterioridad. Debe informar durante la
consulta que la confidencialidad está garantizada y resulta alcanzada por el secreto médico.

La paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manejo de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, deba respetar el derecho a la confidencialidad, salvo expresa autorización escrita de la propia paciente.

d) Autonomía de la voluntad. El personal de salud debe respetar las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva.

Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad.

e) Acceso a la Información. El personal de salud debe mantener una escucha activa y respetuosa de las pacientes para expresar libremente sus necesidades y preferencias. La paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud; el derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada.

Se debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica. Dicha información debe ser actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con formatos accesibles.

El personal de salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar la información disponible sobre los derechos protegidos por la presente ley de forma dinámica y a lo largo de todo el proceso de
atención, incluso si no hay una solicitud explícita.

f) Calidad. El personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto conforme los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud. La atención será brindada siguiendo los estándares de calidad, accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada.

ARTÍCULO 6º.- INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL ABORTO Y DE LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA: Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con el artículo 4º, el establecimiento de salud pondrá a disposición de las personas gestantes que así lo requieran, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Ley N° 25.673, lo siguiente:

a. Información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios, siguiendo los criterios del artículo anterior.

b. Atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso.

c. Acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y en la Ley N° 25.673 o la normativa que en el futuro la reemplace.

Estos servicios no son obligatorios para la paciente ni condición para la realización de la práctica.

ARTÍCULO 7º.- CONSENTIMIENTO INFORMADO: Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 26.529 y concordantes y en el artículo 59 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. Nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho.

ARTÍCULO 8º.- PERSONAS MENORES DE EDAD: En el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley N° 26.061, el artículo 7º del Anexo I del Decreto N° 415/06, el artículo 26 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN y la Resolución N° 65/15 del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo deberá ser efectuada:

a) En los casos de personas menores de TRECE (13) años de edad, mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal. En ausencia o falta de ellos/as, se solicitará la asistencia de las personas indicadas en el artículo 4° del Anexo I del Decreto reglamentario N°1282/03 de la Ley N° 25.673, en el artículo 7° del Anexo I del Decreto reglamentario N°415/06 de la Ley N°
26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. No se deberá requerir autorización judicial alguna.

b) En los casos de adolescentes de entre TRECE (13) y DIECISÉIS (16) años de edad, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba
utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En dichos casos será necesario, además de su consentimiento, el asentimiento de al menos uno/a de sus representantes legales o, a
falta de ellos/as, se solicitará la asistencia de las personas indicadas en el artículo 4° del Anexo I del Decreto reglamentario N° 1282/03 de la Ley N° 25.673, en el artículo 7° del Anexo I del Decreto reglamentario N°
415/06 de la Ley N° 26.061 y en la Resolución N° 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación.

Las personas mayores de DIECISÉIS (16) años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento, a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley.

ARTÍCULO 9º.- PERSONAS CON CAPACIDAD RESTRINGIDA: Si se tratare de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la
presente ley, podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna y, si lo deseare, con la asistencia del sistema de apoyo previsto en el artículo 43 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

Las personas que actúan como sistema de apoyo no representan ni sustituyen a la persona con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y, por tanto, es necesario que el diseño del sistema de apoyo incorpore salvaguardas adecuadas para que no existan abusos y las decisiones sean tomadas por la titular del derecho.

Si la sentencia judicial de restricción a la capacidad impide prestar el consentimiento para el ejercicio de los derechos previstos en la presente ley, o la persona ha sido declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o, a falta o ausencia de este o esta, la de una persona allegada, en los términos del artículo 59 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 10.- OBJECIÓN DE CONCIENCIA: El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio
de la misma, deberá:

a. Mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión.

b. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

c. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.

d. Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.

El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.

El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.

ARTÍCULO 11.- COBERTURA Y CALIDAD DE LAS PRESTACIONES: El sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en la Ley N° 23.660 y en la Ley N° 23.661, el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS creado por la Ley N° 19.032, las entidades y agentes de salud comprendidas en la Ley N° 26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del Decreto N° 1993/11, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del PODER LEGISLATIVO y JUDICIAL y las comprendidas en la Ley N° 24.741 de Obras Sociales Universitarias y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médicoasistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente ley en
todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

ARTÍCULO 12.- EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: El Estado Nacional, las Provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los Municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.

Estas políticas deberán estar enmarcadas en los objetivos y alcances establecidos en las Leyes Nros. 23.798, 25.673, 26.061, 26.075, 26.130, 26.150, 26.206, 26.485, 26.743 y 27.499, además de las leyes ya citadas en la presente ley. Deberán, además, capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes y a los y las profesionales y demás trabajadores y trabajadoras de la salud, a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes soliciten realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la
presente ley, así como a los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que actúen en dichos procesos.

ARTÍCULO 13.- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL: Sustitúyese el artículo 85 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, por el siguiente:

“ARTÍCULO 85. – El o la que causare un aborto será reprimido:

1º) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante.

2º) Con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo
86.”

ARTÍCULO 14.- INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 85 BIS DEL CÓDIGO PENAL: Incorpórase como artículo 85 bis del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, el siguiente:

“ARTÍCULO 85 bis. Será reprimido o reprimida con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.”

ARTÍCULO 15.- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 86 DEL CÓDIGO PENAL: Sustitúyese el artículo 86 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, por el siguiente:

“ARTÍCULO 86.- No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional.

Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante:

1º) Si el embarazo fuere producto de una violación. En este caso, se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante el o la profesional o personal de salud interviniente.

En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida.

2º) Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante.”

ARTÍCULO 16.- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO PENAL: Sustitúyese el artículo 87 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, por el siguiente:

“ARTÍCULO 87.- Será reprimido o reprimida con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años, el o la que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la persona
gestante fuere notorio o le constare.”

ARTÍCULO 17.- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO PENAL: Sustitúyese el artículo 88 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, por el siguiente:

“ARTÍCULO 88.- Será reprimida con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, la persona gestante que, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86,
causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare. Podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta.
La tentativa de la persona gestante no es punible.”

ARTÍCULO 18.- CAPACITACIÓN: El personal de salud deberá capacitarse en los contenidos de esta ley y de la normativa complementaria y reglamentaria. A tal fin, el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y los Ministerios Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES implementarán los
correspondientes programas de capacitación.

ARTÍCULO 19.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La autoridad de aplicación de la presente ley será establecida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ARTÍCULO 20.- ORDEN PÚBLICO: Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 21.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

SUTEBA envió una carta al intendente Héctor Gay para que informe cómo fueron utilizadas las partidas del Fondo Educativo. Se trata de $164.225.685.

Según el gremio, funcionarias de la Unidad Educativa de Gestión Distrital y del Consejo Escolar dijeron “desconocer” los destinos de los fondos.

“El uso discrecional de esos recursos ya fue cuestionado, como también el criterio de prioridades. Pero en lo que va de este año, ni siquiera la información de cómo se está usando ha sido provista, al menos, a los organismos educativos provinciales locales. A la brevedad, exigimos conocer el detalle de la distribución de esos recursos y el criterio de prioridades utilizado”, expresó el sindicato.

En relación a lo dicho en la reunión de UEGD destacó que “se plantearon las obras que se van a llevar adelante en las escuelas, en la última reunión preguntamos en qué se estaba gastando el Fondo Educativo y las dos funcionarias nos respondieron con lo que era del año pasado. Ya sabíamos eso pero no sabíamos qué pasaba este año. Mañana iremos al Municipio a entregarle esta nota al intendente para ver en qué se está usando este dinero. El 40% sería para infraestructura escolar, el resto es una gran fuente de ingresos de las que intendente puede hacer un uso discrecional sin dar explicaciones”.

“Hace un mes retomaron esas obras grandes de principio de año y se están empezando a realizar todas aquellas obras que sin arreglos y refacciones dificultarían en inicio de clases el año que viene”, agregó Delfino.

Agregó que “hay un altísimo porcentaje de subejecución del año pasado, se pidieron cuentas y no hay respuesta de eso, el Fondo Educativo se ha destinado en principio a sostener las ganancias de empresas privadas del transporte público con el boleto escolar para que los chicos paguen menos, se han pagado salarios, becas en negro en los jardines municipales que ahora se provincializaron, se pagaron acompañantes terapéuticos para las escuelas que debían ser sostenidos por Salud y no por Educación. Como siempre las escuelas peleando con la sábana corta, cómo se establecen prioridades cuando todas las escuelas necesitan arreglos de infraestructura, es muy injusto”.

La familia de Santiago Maldonado entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al estado argentino un informe realizado por un grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes de Chile, México y Colombia.

Las y los profesionales habían sido convocados en agosto para “despejar dudas” y “frente al intento del estado argentino dejar la desaparición forzada y muerte de Santiago en la impunidad” al cumplirse tres años de los hechos.

“Pedimos que el estado argentino tome en cuenta este informe para que se inicie una verdadera investigación de la causa de Santiago. Necesitamos saber la verdad, esa verdad que nos fue negada desde el 1° de agosto de 2017”, afirmó la familia en su web.

Compartimos las conclusiones del documento que puede leerse completo aquí:

De los elementos analizados por el GIEEI emergen serias y legítimas dudas acerca de la investigación. No hubo actuación investigativa que reuniera todas las características de independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad en las que se incluyeran todas las hipótesis incluidas la desaparición forzada, tal como lo indican los estándares internacionales.

La desaparición forzada debía ser la primera posibilidad a considerar y no se procedió así. Por el contrario, en una actitud que riñe con el principio de imparcialidad, las autoridades desecharon esa primera hipótesis lo que desde el principio impidió desarrollar una debida diligencia y sembró desconfianza en la familia de las víctimas, en la comunidad involucrada y en amplios sectores de la sociedad.

Desde la ocurrencia de los hechos que fueron denunciados el mismo día como una posible desaparición forzada, las autoridades argentinas debieron aplicar los lineamientos establecidos en el Protocolo de Minnesota a fin de que se garantizara una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y efectivo conforme a la debida diligencia.

Tales características no se observan en las diligencias examinadas por el GIEEI.

Los hechos ocurrieron en un contexto de conflicto socio territorial histórico caracterizado por la negación de derechos a pueblos indígenas en Argentina. En este caso el Pu Lof Cushamen del pueblo mapuche, reivindica la restitución de las tierras de ocupación tradicional de las cuales fueron desposeídos por privados con la anuencia del Estado argentino.

En ese marco se evidencia una preocupante vulneración de derechos fundamentales entre los que se encuentran el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivos de raza, color, etnicidad, así como el derecho a la vida, a la integridad física, y a la privacidad.

Se comprobó la presencia solidaria del señor Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017 en el lugar de los hechos como activista de los derechos de la comunidad reclamante. En esa condición, el señor Maldonado era defensor de los derechos humanos en favor de la comunidad del Pu Lof Cushamen del pueblo mapuche.

El análisis de este contexto es relevante en la integralidad de la investigación. No se observa que estos aspectos se hubieran tenido en cuenta.

Conforme a los estándares internacionales además la debida diligencia en la investigación era necesario garantizar el manejo comunicativo imparcial relacionado con ella. Estos aspectos no emergen en el análisis que el GIEEI hizo de la situación.

Se advierte la ausencia de legislación adecuada para prevenir, reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales posteriores a 1983.

Así mismo, se evidencia la ausencia de legislación para el trámite idóneo de los conflictos territoriales indígenas y protocolos específicos relacionados con protección y garantía de derechos a defensoras y defensores. Estas ausencias tocan directamente con situaciones estrechamente relacionadas con los hechos que se investigan y que de existir tales instrumentos contribuirían a una adecuada respuesta institucional.

La información revisada del expediente no permite establecer hipótesis razonables que expliquen por qué a pesar de las labores de rastrillaje realizadas en el río Chubut y sus áreas circundantes, el cuerpo fue hallado río arriba 77 días después de la desaparición.

Esta situación genera un manto de duda sobre las demás acciones realizadas en el proceso de investigación, especialmente sobre las conclusiones reportadas por la Junta de Peritos en relación con el análisis postmortem del cuerpo.

La ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como una inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte. El hallazgo e identificación del Sr. Maldonado y el establecimiento de su causa de muerte sólo da cuenta parcial de lo acaecido con la víctima.

El análisis de medios y de redes en torno al caso de Santigo Maldonado, evidencia un interés e injerencia por diluir responsabilidades y explicaciones de los acontecimientos vinculados a la desaparición forzada y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida.

En ese sentido a través de la estigmatización y desvalorización de la labor de acompañamiento que desarrollaba el señor Maldonado, se buscó diluir la hipótesis de intervención del Estado en su desaparición. El manejo de los datos, así como de la temporalidad, de los testimonios, buscó siempre fortalecer “el accidente” como explicación última de los acontecimientos.

La construcción narrativa dominante del caso de Santiago Maldonado, se orientó a contrarrestar la defensa de los Derechos Humanos y las reivindicaciones de los pueblos originarios. Aún a tres años de lo sucedido, la insistencia en la desacreditación de Santiago y su familia y de la comunidad a la que apoyaba, permiten afirmar que en el caso y su configuración mediática y digital, se da un escenario de disputa narrativa sobre los acontecimientos. La realidad y su trascendencia e implicaciones no pueden dejarse a merced del discurso oficial ni de las estrategias y operaciones de propaganda mediática.

Sindicatos y organizaciones populares realizaron una Jornada de Lucha frente a las negociaciones en curso y la presencia en nuestro país de una nueva misión del FMI.

“El gobierno plantea que el FMI es más amigable, nosotros vemos lo contrario, no creemos en ninguna dulcificación ni en que se vuelvan amigables quienes prestaron 47 mil millones de dólares para facilitar la reelección de Macri. Esa plata nadie la vio, se la fugaron. Esa gente viene a asegurar que se siga pagando la deuda ilegal y fraudulenta”, dijo a FM De la Calle el secretario de la CTA Enrique Gandolfo.

En cuanto a la política económica del gobierno afirmó que “estas semanas van en sintonía para hacer buena letra: la primera medida es la presentación del presupuesto en donde se eliminan el IFE y las ATP; otra señal es el cambio en el índice de la movilidad jubilatoria; y la tercera, que va a verse en el tiempo, es el aumento de las tarifas de los servicios públicos”.

“Dar estas señales para contentar al FMI es ir en sentido inverso de las necesidades de la mayoría”, apuntó.

En relación al aporte extraordinario de las grandes fortunas, insistió en la necesidad de una réplica local “con las grandes empresas vinculadas a la industria petroquímica”.

“El proyecto nacional va a en un buen camino, es insuficiente pero va en buen camino. Va en el sentido de tocar intereses mínimos, son 9 mil personas, casi se les pide permiso. Tiene que haber un debate público en ámbito local, con concejales, con representantes del Municipio, con las grandes empresas”.

El proyecto sobre la contribución extraordinaria se analizará mañana en la Cámara de Diputados. El oficialismo descuenta su aprobación con votos propios y aliados. Juntos por el Cambio manifestó su rechazo y el Frente de Izquierda su abstención.

“La objeción del FIT es significativa. Una parte no trivial va para financiar el fracking en Vaca Muerta, algo que sistemáticamente denunciamos como un ecocidio, un desarrollo insostenible. Otro porcentaje va a préstamos a pequeñas y medianas empresas y hay que ver cómo las definen”, dijo el economista Francisco Cantamutto.

Propuso “pensar contribuciones especiales a quienes obtuvieron grandes ganancias en los últimos años en dimensiones locales. Tendríamos antecedentes en varios municipios de la provincia de Buenos Aires que lo han aprobado, hay espacio para avanzar y apoyar a los múltiples sectores que han sido afectados durante este año terrible y no recibieron apoyo sostenible por parte del gobierno municipal”.

Por otro lado aseguró que la carta que el bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos envió al Fondo Monetario Internacional “es un documento bastante duro”.

Sin embargo, el columnista de FM De la Calle destacó que “no pide anulación, ni quita, ni juicio sino que reconoce problemas no solo en torno al rol de la deuda sino, además, la existencia de problemas en cuanto a los actos administrativos que sustentan en acuerdo con el FMI”.

“La inexistencia de cualquier regulación en cuanto al monto que prestó el FMI a Argentina, el problema de haberle prestado por encima de sus cuotas y para financiar la fuga de capitales. Además, no existen actos administrativos que habilitaran a Macri a contraer deuda. Como esto no estaba, no se entiende para qué se llegó al acuerdo, no hay razones, no hay estudio de prefactibilidad, no hay consenso explícito para tomar la deuda, son actos que están denunciados ante la justicia”.

“De lo que hablan (en la carta) es de la corresponsabilidad, el Fondo debería hacer un esfuerzo también. En la coyuntura actual el FMI sigue funcionando como funcionó durante la era Trump y lo dejó en claro cuando apoyó la reestructuración con los acreedores privados donde dijo que la deuda era insostenible pero que tenían que hacer el esfuerzo”.

Cantamutto señaló que “el gobierno va a tratar de negociar este acuerdo, pasar de stand by a uno de facilidades extendidas de cuatro a diez años, un horizonte más amplio para conseguir los fondos y que va a requerir reformas estructurales”.

“Dentro de esas reformas puede estar la laboral. Habrá que ver cómo se comporta la CGT que no tenía una postura muy combativa. Y otra es la reforma previsional, el cambio de fórmula del régimen jubilatorio que se puso en vigencia la semana pasada, por ejemplo”.

“De aquí a febrero-marzo del año que viene planean cerrar, no es lo previsto que esta misión se vaya con un acuerdo cerrado. Para que se cierren las conversaciones y se discuta en el Congreso no creo que se resuelva en la inmediatez. No se puede deslindar este hecho de -tras meses de dilatarlo- poner en discusión el aporte extraordinario. El FMI no se opone a esta discusión”.

Integración Ciudadana recurrió a la Defensoría del Pueblo ante “la posible vulneración del derecho al medio ambiente” por parte del Municipio en el dragado del arroyo Napostá.

“Pensamos que es un tema que atañe a toda la ciudadanía y le damos un enfoque desde los derechos humanos. El dragado y la intervención en el Napostá podría traer aparejado un impacto negativo al ambiente y el derecho al ambiente sano es un derecho constitucional y también se habla del principio preventivo”, dijo a FM De la Calle la abogada María de los Ángeles Rosón.

Destacó que “estuvimos asesorándonos con biólogos, entendemos que los informes tienen que ser remitidos a la Defensoría. Pedimos informes del IADO, de la UNS y al Colegio de Arquitectos porque entendemos que el dragado tendría un impacto en lo paisajístico y lo urbano”.

“Nuestra posición es decir no al dragado del arroyo Napostá, queremos que institucionalmente esto tenga una validez tal que haga que el Municipio vaya para atrás en esta decisión inconsulta”, señaló.

Comunicado:

En el transcurso de la mañana desde Integración Ciudadana solicitaremos la urgente intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, ante la posible vulneración del derecho al medio ambiente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal representado por el Sr. Matías Insausti, Subdirector de Gestión Ambiental, quien, mediante manifestaciones públicas aseveró que se procederá a dragar el Arroyo Napostá de nuestra ciudad.

Ante el posible impacto negativo ambiental, y siendo un espacio significativo para la conservación y reproducción de especies de agua dulce y desde el punto de vista urbanístico por encontrarse vinculado tanto a la recreación como al disfrute de los espacios públicos, solicitamos que el Sr Defensor del Pueblo Provincial, previo pedido de informes a organismos competentes, emita dictamen sobre la actuación del funcionario y el Municipio de B Bca, y la inconveniencia de que se efectúe dicha medida.

En cuanto a los daños ambientales, peticionamos que se tenga especialmente en cuenta, que la Ley 25.675 (Ley Gral. De medio Ambiente), regula el principio preventivo (artículo 4º) mediante el cual se tiende a evitar un daño futuro pero cierto y mensurable, y el principio precautorio, que se aplica cuando la evaluación del riesgo del daño es mucho más compleja dada la falta de certeza de su producción y da cuenta de un criterio de cautela y prudencia en el que los posibles riesgos deben ser analizados con rigurosidad.

Ya que esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo Municipal, puede causar daños ambientales y urbanísticos irreversibles, y la vulneración de derechos que ello provoca, peticionamos la intervención y la recomendación de la Defensoría del Pueblo Provincial.

El ing. Horacio Varela se manifestó de acuerdo con la limpieza del arroyo Napostá. Afirmó que para evitar inundaciones la tarea debería incluir el entubado y el paso del cauce por los barrios del sur de la ciudad.

“Limpiar es dejarle el cause natural, sacarle las totoras y ramerío que tiene. Estoy de acuerdo con que el arroyo tiene que tener su historia natural, pero hay una convivencia, interacción entre el arroyo y la ciudad. No es lo mismo que en medio del campo. Hay que limpiarlo porque se va estancando, porque aparecen ratas, todas esas cuestiones traen consecuencias sanitarias”, dijo Varela ante la consulta de FM De la Calle.

La intención de dragar fue anunciada por el subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, y recibió el rechazo de organizaciones ambientalistas e instituciones académicas.

Varela sostuvo que “lo que se plantea es limpiar el cause en la zona del Parque y de entrada a la ciudad. Una cosa es limpiar el cause, asegurar que el agua corra y otra es canalizarlo. Canalizar el arroyo es contraproducente porque se aumenta la velocidad con la que entra a la ciudad, tenés la misma cantidad agua pero mucho más rápido”.

Agregó que “en la zona del Club de Golf el arroyo necesita que haya un freno pero dentro de la ciudad el arroyo tiene que correr pero necesitamos limpiar el cause y el entubado, las dos cosas”.

El ingeniero destacó que es necesario limpiar también en las zonas de Spurr y el barrio 5 de Abril para que no se estanque.

Años atrás, en el marco del debate sobre la conveniencia de la obra del Río Colorado para abastecer a la ciudad de agua potable, Varela junto a otros profesionales de la UTN señalaron que se debían priorizar obras en la cuenca del Napostá para prevenir las inundaciones y potabilizar el agua.

“Planteamos que la mejor alternativa era la regulación del Napostá porque la obra del Río Colorado estaba prevista para una ciudad de mas de 500 mil habitantes. Se estancó el crecimiento demográfico y posiblemente al 2050 Bahía tenga 350 mil habitantes, con lo cual el consumo sería un poco más que ahora, por ende, no iba a ser necesaria esta obra pero sí nos podíamos abastecer con una retención del Napostá en Canessa”.

“Esa obra le daba la seguridad de que la ciudad no se iba a inundar, cosa que pasó en 1944 y desde entonces no se hizo ninguna obra. Se hizo el canal Maldonado pero eso no asegura que la ciudad no se vuelva a inundar. Si pasa una lluvia como la del ’44, la ciudad va a tener los mismos problemas o peores porque ahora tenemos más superficie de suelo impermeable, más construcción”.

Respecto al Maldonado el ingeniero mencionó que le falta mantenimiento y recordó que “en 2002 llegó el agua arriba, al fondo de los puentes, y levantó placas. El canal está revestido con placas de hormigón, detrás está hueco, entonces cuando el agua filtra saca a la placa y el canal empieza a perder la forma”.

Miles de chubutenses mantienen la movilización en distintas ciudades para manifestar la falta de licencia social a la megaminería ante una nueva avanzada del gobernador Mariano Arcioni. La semana pasada hubo persecuciones, allanamientos y detenciones arbitrarias contra asambleístas.

“Hacen una cosa cinematográfica, detienen, hacen cuatro allanamientos, fotos, videos. Hemos sido perseguidos, amenazados de muerte con armas, nos han golpeado, los intentos por frenarnos desde el 2002 hasta ahora han sido enormes. Los diputados se están dando cuenta que políticamente, previo a las elecciones, no se pueden poner a favor de las mineras”, dijo a FM De la Calle Viviana Moreno, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut.

Desde Esquel recordó que Arcioni “ganó la elección en contra de la megaminería diciendo que lo más importante era el agua y hace promesas a gremios de enorme generosidad. Gana, empieza a transcurrir el 2018 y ahí nos dice ‘no tengo plata para pagar sueldos’. Nos llevó a los trabajadores a que nos deban tres meses de sueldo y aguinaldo de julio. Mientras tanto la zanahoria para que camine el burro es la megaminería”.

La movilización de las comunidades comenzó en 2002. “A 7 kilómetros de Esquel está la montaña en la que se iba a realizan un proyecto de explotación de oro y plata. A partir de la aparición de la palabra cianuro en el proyecto rápidamente nos despertamos e hicimos un proceso asambleario tan enorme que se paralizó”.

“Frenamos a una multinacional -contó Moreno- esto se multiplica con concientización de parte de muchos vecinos, hay 48 comunidades trabajando para decirle no al extractivismo. La cuestión es que en este contexto aparece el Plan Estratégico Minero, anuncian que desde enero se estaban reuniendo y que estaban intentando hacer la zonificación minera para habilitar la megaminería”.

La asambleísta destacó que “estamos sufriendo todas las violaciones de derechos, nos deben tres meses de sueldo, la gente está hipotecando su vida para comer, las escuelas de Chubut no funcionan correctamente desde hace tres años. El gobernador está sentado arriba de un barril de pólvora y da vuelta el discurso y dice que va a habilitar la megaminería, ahí estallaron los movimientos sociales y salieron a la calle”.

El proyecto de zonificación se tiene que votar en la legislatura: “Los legisladores empiezan a darse vuelta y a decir que no, entonces tratan de demonizar la lucha, tratarnos de violentos, demonizar las figuras de asambleas del No a la Mina, de ser violentos, ecoterroristas”.

“El violento, el que vulnera los derechos humanos se llama Mariano Arcioni y todos los cómplices que lo sostienen haciendo sufrir a un pueblo. No necesitamos la violencia los asambleístas, acabamos de presentar un proyecto para proteger la provincia que juntamos más de 30 mil firmas”, finalizó Moreno.