Representantes vecinales y concejales del oficialismo y oposición se reunirán con funcionarios provinciales para conocer detalles del plan de obras que apunta a mejorar la provisión del servicio de agua potable.

“Vamos para ver si podemos traernos el papel de las obras que se van a hacer a futuro. Está contemplada una cisterna en Planta Patagonia de un millón de litros de agua, otra en la zona de Bosque Alto, algunos acueductos dentro de la ciudad y alguna línea más de potabilización en la Planta Patagonia”, comentó a FM De la Calle Dante Lange.

Agregó que “venimos trabajando desde noviembre, en la reunión con Jelinsky (subsecretario de Recursos Hídricos) hablaban de marzo así que ya tendrían que haber un avance de las obras costeadas por provincia pero todavía no tenemos ni un bosquejo y nos preocupa”.

Durante la reunión de la Mesa del Agua de ayer participaron especialistas de la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica y el Colegio de Ingenieros.

“Los días de mucho calor el consumo se dispara, muchos paliativos no hay más allá de estar atentos a los camiones de agua a domicilio. Como vecinos no tenemos límite para gastar agua porque el sistema de cobro es por metro cuadrado del inmueble”, finalizó.

“La pandemia deja en evidencia todo lo que está pasando respecto a las salud y al gran impacto de las políticas neoliberales con respecto a cómo están todos los sistemas divididos y empobrecidos”, dijo el médico Horacio Romano en su columna semanal en FM De la Calle.

Agregó que “los sistemas actuales de salud con una gestión privada muy fuerte van en detrimento de una salud pública, podría no pasar, podrían convivir, pero no es fácil”.

“En Brasil, mientas estuvo Lula, se le quiso dar un ordenamiento al sistema único. Luego, una de las medidas fue ir para atrás con esas modificaciones y Bolsonaro directamente lo destruyó. Con lo cual la crisis de Brasil, además de lo que se conoce, es también por el sistema de salud”, argumentó el doctor.

Se trata de la salud como un todo: “Tiene que ver con las condiciones de vida: el ambiente, género, servicios esenciales, seguridad, divertimento y dónde el sistema de salud va a poner su grano de arena. Si esas cuestiones no se saldan el sistema va a tender hacia la enfermedad, incluso hacia las más redituables, con medicamentos costosos para cada vez menos gente”.

Señaló que en Argentina la salud pública “tuvo una impronta fuerte con Carillo en el ’45 cuando todos los grandes gremios crearon sus obras sociales, esto habla de un sistema de pleno empleo que en el ’70 se va a consolidar con los gobiernos militares y pasan solamente las obras sociales a aquellos sindicatos que estuvieran en orden para hacer negociaciones salariales. Desde los ’90 el tema de prepagas es cada vez más fuerte”.

“Tenemos un sistema público al que a partir de los ’90 se le transfiere inversión a los municipios, tenemos un sistema público municipal y provincial, tenemos obras sociales y prepagas. La situación está divida e interconectada. Ni siquiera lo público está bien organizado. Una reformulación del sistema de salud es necesaria”, finalizó.

Siguiendo el camino abierto con Profertil, el fiscal Santiago Martínez avanzó en la firma de acuerdos unilaterales con los abogados de Dow (PBB Polisur), Mega y Oiltanking. Los convenios fueron homologados por la jueza federal Gabriela Marrón y recurridos por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría.

El querellante Luis Arellano dijo a FM De la Calle que las empresas accedieron a firmar los convenios porque está próxima la resolución de la causa que busca resarcir a los pescadores por la pérdida de su fuente laboral. “Las pruebas son abrumadoras, la sentencia civil ambiental va a salir condenatoria, están tratando de dar un barniz de mejora, para luego ir a decirle al juez contencioso administrativo: nosotros arreglamos la situación, archive la causa”.

“La ría está contaminada, todo el mundo lo sabe, y una parte es reparar las consecuencias del delito. Se violó la ley, hubo actitudes antijurídicas que ocasionaron que la ría esté contaminada. Eso tiene que ser reparado. Estamos hablando de cuestiones comunitarias más allá de indemnizaciones particulares”.

El representante de los pesadores destacó que “esta etapa de acuerdo ha transitado en la más absoluta soledad, nadie se enteró, aparecieron un día en el expediente los acuerdos, propuestas de cuatro o cinco páginas firmadas por un abogado sin aval técnico. No es viable y descalificaría el trabajo de hace once años en los fueros federal y provincial. Estaríamos tirando todo a la basura si los arreglos terminan de esta forma”.

“Un eventual acuerdo por el saneamiento, remediación y finalización de la contaminación merece un interés y participación más importante de los actores que ya están en ese proceso judicial para que opinen respecto a soluciones técnicas que advertimos en los acuerdos homologados son pobrísimas”.

Arellano subrayó que en el expediente hay pruebas relevantes como la aportada por la Facultad de Agronomía de la UBA o las realizadas por Delitos Ambientales de Policía Federal. “Han sido totalmente dejadas de lado y se le dio el 100% de veracidad y procedencia a las manifestaciones de las empresas sin haber consultado con nadie”.

“Es sorprendente que pase esto cuando hay mucho material para hacer algo mejor. El estuario es un ambiente complejo, no solo desde lo biológico y ambiental sino desde los aportes cloacales e industriales. No están todos los actores metidos en un acuerdo, no está la provincia, ¡ni siquiera siquiera está el OPDS!”.

Consultado respecto a las expectativas de la querella en cuanto a las medidas de reparación del estuario, Arellano sostuvo que “para que haya algo sustancioso primero tiene que estar ABSA porque el principal aporte es el cloacal y, luego, las empresas que aportan el material químico contaminante más peligroso. Han dicho durante once años que no arrojan nada, que no tienen que rendir cuentas”.

Fiscalía General: es “imposible” y “contradictorio” un acuerdo sin la querella

El fiscal general Horacio Azzolín dictaminó en contra del acuerdo firmado por el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil, el cual fuera homologado por la jueza Gabriela Marrón. La querella ya había solicitado su nulidad.

Azzolín dijo que no hay explicación a la falta de intercambio entre los sectores involucrados en la causa, “entre los que hay órganos estatales con funciones de control- y la Fiscalía Federal interviniente o la UFIMA”.

La jueza repitió en cada homologación que le resultaban razonables los dictamenes del fiscal Martínez “cuya actuación entiendo está avalada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA)”.

Sin embargo Azzolín advierte que “tampoco surge que haya intervenido nuestra UFIMA, no se establecen mecanismos de control del avance de los proyectos propuestos, reparaciones de ningún tipo, ni sanciones para un eventual incumplimiento”.

El fiscal general mencionó que los acuerdos no cuentan con “aval previo de organismo técnico alguno con conocimientos específicos en la materia” y que sería “fundamental” la participación de organismos de control “tanto para avanzar en modificaciones normativas, opinar sobre la pertinencia de las propuestas que se realicen y monitorear luego su cumplimiento en el ámbito de su competencia”.

“Reconociendo que la problemática de contaminación en el estuario de Bahía Blanca excede ampliamente a una firma, si de acuerdos individuales se trata, deberían realizarse acuerdos con cada una y someter ese conjunto a una eventual homologación”.

Por último, Azzolín dictaminó que “en cualquier caso, el intercambio con OPDS, ADA, CGPBB y Municipalidad de esta ciudad, además de la intervención de la querella, deberían garantizarse de algún modo”.

El testigo que, según la Policía Bonaerense, hizo la denuncia que originó la causa por narcotráfico contra un grupo de jóvenes de Puan se presentó ante la justicia para advertir que nunca realizó esa declaración.

“El muchacho viene teniendo presiones de la policía desde hace tiempo. Hace un mes una compañera de la infancia le cortó la cara, le negó el saludo y después averigua que era familiar de uno de los detenidos. Consiguió una copia de la declaración, fue hasta la comisaría de Puan donde le dicen que no puede ver nada, que se deje de joder porque si sigue con esto va a terminar por falso testimonio en cana con los muchachos”, dijo a FM De la Calle Federico Parodi, hermano de uno de los 14 detenidos.

En un comunicado afirmaron que con “la declaración de Kevin Torres queda claro que ha sido falsa también la declaración del Sargento Andrés Arguello, primer denunciante, que admite tener conocimiento de que los chicos comercializaban estupefacientes siendo Kevin Torres quien le informa cómo la transportaban y cómo la distribuían, todo esto falso”.

“Además también esta denuncia falsa expone que la declaración se la habría tomado a Kevin el comisario Víctor Tevez. Asimismo está implicado el comisario Gómez quien no le dio conocimiento ante insistentes pedidos de Kevin de esta supuesta denuncia. No solo eso sino que a partir de esto patearon la puerta de su casa y continuaron los hostigamientos policiales”.

Parodi aseguró que “ahora más que nunca pedimos que se les baje la prisión preventiva a los muchachos porque la causa está llena de irregularidades”.

“Estos policías van a tener que dar muchas explicaciones, Hablo de Arguello y de Tevez. Las defensas de los chicos van a apelar a la nulidad del caso porque todos se remiten a la declaración del sargento Arguello y a la de Torres que la firma el comisario Tevez”.

Fallo del juez Guillermo Mércuri.

Parodi destacó que “estas causas en Puan se arman así, se buscan denuncias anónimas como para llevarlas a Fiscalía y poder desarrollar las investigaciones. En este caso, si se llega a confirmar el testimonio de Kevin Torres, se les escapó la tortuga”.

Las familias ya informaron del caso a los jueces de la Cámara de Apelaciones, Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri, quienes deben definir la continuidad o no de las prisiones preventivas.

Torres, trabajador municipal de 23 años, denunció el viernes pasado los hostigamientos que padece de parte de la Bonaerense y la falsedad de la denuncia que se le atribuye en la cual se sostiene la supuesta comercialización de estupefacientes desde Guatraché por parte del grupo de jóvenes de la localidad.

“Queremos hacer público esto para protección de Kevin Torres, si algo le sucediera a él hacemos responsables a la policía de Puan”, dijeron los familiares de los detenidos y agregaron que “la Comisión Provincial por la Memoria está acompañándonos desde diciembre y también ahora a Kevin”.

La causa de Puan es uno de los pilares propagandísticos del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni.

Foto cabecera: Anred.

“Espero un mundo donde no sea tan desoladora la realidad de muchas mujeres”, dijo Celeste al ser consultada sobre el futuro de su hija en el marco del Paro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaries.

El pedido de justicia por el femicidio de Susana Melo en Ing. White hace un año, fue una de las consignas principales en Bahía Blanca.

“Además de venir por mí, vengo por muchas que no pueden venir, es terrible el índice de la violencia”, comentó una de las manifestantes a FM De la Calle.

Compañeras de la agrupación mapuche Kumelen Newen Mapu participaron del 8M y denunciaron el chineo -la violación de niñas de las comunidades- y el avance del extractivismo no solo sobre los territorios sino sobre las cuerpas de las mujeres indígenas.

“Lo que nos representa es no tener más miedo, salir a la calle igual. Yo capaz me quedaba en mi casa, ahora creo que todas tenemos que salir”, afirmó una integrante.

También estuvieron presentes mujeres Autoconvocadas de Género Deporte y Diversidad, espacio que está construyendo un diagnóstico para conocer la situación respecto a la inclusión de las mujeres en el deporte: “Es necesario que abran las canchas para que podamos tener injerencia en esas decisiones”.

Escuchá estas y otras voces en este informe:

Con un nuevo paro se conmemora este 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. A partir de las 17:30 habrá micrófono abierto, intervenciones artísticas y movilización desde la Plaza Rivadavia.

Este año las protestas tienen un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial por la falta de respuestas al incremento de los femicidios.

“Este 8M la violencia machista y los femicidios nos obligan a estar en las calles. En una andanada que no cesa, tenemos el lamentable registro de un femicidio cada 24 horas, la mayoría, fueron víctimas de ex parejas, a quienes ya habían denunciado y murieron sin recibir la protección del Estado. Por esto decimos que ‘el Estado es responsable’. ¿Quién más si no? ¿A quién más que al Estado le exigiríamos que implemente políticas para prevenir la violencia machista y la protección de las víctimas?”, se preguntaron desde la Secretaría de Mujeres y Géneros de la CTA.

En el Departamento Judicial de Bahía Blanca en 2020 asesinaron a Susana Melo y se iniciaron 3.191 procesos penales por violencia familiar y/o de género: nueve denuncias por día. El 21 de marzo se cumple un año del crimen ocurrido en Ing. White y la familia de la víctima advierte que la causa no avanza.

Según el Ministerio Público Fiscal, en la provincia se registraron 94 femicidios. Se trata del 65% del total de asesinatos.

El Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Nación informó que con un femicidio cada 29 horas, el 2020 terminó con 253 femicidios directos, 29 vinculados, ocho personas trans asesinadas y cinco suicidios feminicidas. 212 niñas y niños quedaron sin sus madres víctimas de femicidio, algunes fueron testigos presenciales.

El apoyo de Cristina y Rosalía

“Soy mamá de Facundo Astudillo Castro, quien fuera desaparecido en democracia el 30 de abril del año pasado. Gracias por marchar, para mí el 8 de marzo es un día muy simbólico, es el día nuestro, de la mujer”, afirmó Cristina en su adhesión a la marcha que se realizará esta tarde en Bahía Blanca.

Agregó: “Dentro de cada mujer existe una guerrera y tenemos que despertarla para que así como gritaba mi flaco que el nunca más sea nunca más en serio, que nosotras podamos gritar el vivas nos queremos. Tenemos derecho a que nos respeten y tenemos que exigir el derecho a que nuestras hijas salgan y vuelvan sanas y salvas, que no las violen o tener que ir a buscarlas o reconocer cuerpos en bolsas. Vivas nos queremos chicas”.

Rosalía Reyes, condenada a ocho años de prisión por no poder atender a su bebé tras el parto, llamó a pedir “que no haya más femicidio, violencia, y para que seamos escuchadas y tengamos derechos. Pido por la solución de mi causa y desde mi casa las acompaño en esta marcha. Asimismo pido por todas las mujeres, que sigamos batallando juntas”.

La pandemia profundizó las desigualdades

La economista Agostina Costantino dijo en FM De la Calle que “hubo un impacto desproporcionado de la crisis del Covid en trabajadores informales, en mujeres particularmente, a causa de la sobrerrepresentación que tenemos en algunos de los sectores afectados y en la intensificación de la carga de cuidados no remunerados en los hogares debido al cierre de las escuelas, en una región que ya tenía un déficit importante en cuanto a la desigualdad de la distribución de esas tareas”.

Se espera un aumento de la desigualdad no solo en términos de género sino también en cuanto a cuestiones raciales y étnicas.

Antes de la pandemia “la tasa de actividad de las mujeres era mucho menor que en los varones porque destinamos mayor cantidad de nuestro tiempo a tareas de cuidado y nos queda menos para buscar o tener trabajo remunerado”.

“En el caso de Argentina nos insertábamos en sectores muy ligados al cuidado como educación, salud, trabajo en casas particulares y demás. En países centroamericanos o México también hay muchas mujeres en sectores industriales de muy baja productividad, malos salarios y muy malas condiciones como son las cuestiones de las maquilas, el ensamblado de partes industriales”.

Con las medidas de aislamiento se redujo el empleo regional en mayor proporción para las mujeres que para los hombres. “Las mujeres tienen presencia en sectores económicos más afectados por la crisis como el sector de hotelería y restaurantes y el servicio doméstico”, sostuvo Costantino y agregó que “las mujeres urbanas estuvieron más afectadas que las rurales”.

Detalló que “la pandemia tuvo un impacto diferenciado en trabajadores/as migrantes internacionales que suelen ser más vulnerables al tipo de inserción muy precarias en los países de destino, al menor acceso a sistemas de protección social, la carencia de redes de apoyo, la discriminación, la exclusión legal o el desconocimiento de procedimientos administrativos”.

¿Qué hicieron los gobiernos?

La economista explicó que “en general los gobiernos adoptaron medidas de protección social y apoyos direccionados principalmente a las personas y hogares en situación de pobreza. Se estima que las transferencias monetarias y en especie –alimentos, medicamentos u otros servicios básicos- llegaron aproximadamente a la mitad de la población”.

“Políticas como el IFE argentino tuvieron un impacto diferenciado sobre las mujeres porque están sobrerrepresentadas en el grupo de trabajadores informales y de personas pobres, por eso hablamos generalmente de feminización de la pobreza”.

Cuidados desiguales

Un informe del Centro de Economía Política evidencia que se exacerbó la desigualdad en la distribución de los cuidados por el cierre de escuelas y de los espacios de esparcimiento y de ocio.  

“Antes de las medidas de aislamiento, en promedio, las mujeres destinaban casi siete horas diarias al total de trabajo no remunerado mientras que los hombres dedicaban cinco. Durante el aislamiento, con la sobrecarga -sobre todo en materia educativa y de trabajo remoto- la cantidad de horas que dedicaron las mujeres aumentó un 70%, a casi doce horas diarias, prácticamente la mitad de la jornada de las mujeres se destinó a trabajo no remunerado. En el caso de los varones aumentó a 7,9 horas diarias”.

“Muchas de las mujeres tuvieron que dejar sus trabajo o vieron disminuidos los ingresos porque tuvieron que trabajar menos para hacer frente a las tareas de cuidado”. Por otra parte, “el decreto que obligaba a otorgar licencias por cuidado durante lo que durara el ASPO en la mayor parte del sector privado no se cumplió y en algunas del sector público tampoco”.

(Por Astor Vitali) Se trata de un sencillo de Manu Angelini con la producción artística de Sebastián Schachtel  y la participación de los músicos Javier Casalla, Lisandro Diez y Diego Díaz. Fue producida y grabada durante el 2020, cuenta con una particular historia sobre su nacimiento y desarrollo, que el artista cuenta a FM De la Calle durante esta entrevista, en la que además se refiere a la situación de la música independiente frente a las nuevas plataformas y el monopolio discográfico.

La canción discurre sobre un rimo muy bello ¿Cómo surge?

Fue muy natural. La canción surge de un melodía ternaría, el estilo más conocido es el vals. Es uno que a mí siempre me gustó mucho y debe estar instalado en mi bagaje.

En cuanto a la sonoridad, se refleja un concepto contemporáneo pero también referencias tradiciones cálidas, por ejemplo en la toma de la guitarra.

En ese sentido hay una decisión bien clara de mantenernos en un sonido tradicional en lo que es la instrumentación. Tenemos dos guitarras, un violín y un contrabajo. Esto podría ser una milonga y sus músicos tocando en vivo.

La búsqueda que tuvimos con el productor artístico que es Sebastián Schachtel, fue pensarlo como si la persona que escucha estuviese ahí con nosotros y fuésemos los músicos que estamos tocando en una peña o una milonga.

¿Cuál fue el origen de la inspiración?

El disparador en particular es que estaba trabajando en Monte Hermoso, en una temporada de verano, durante unos meses. Caminando hacia el trabajo, mi amigo Santiago Iglesias me llamó para darme la noticia de que él iba a ser padre. Ni bien terminó la conversación telefónica, todo el resto del camino empecé a componer esta melodía y a grabarme con el teléfono. Llegué del trabajo, le puse una letra. Esto mismo es lo que hoy es la última estrofa de la canción final.

Después quedó abandonada bastante tiempo. Nunca más la desarrollé.

El año pasado, en plena pandemia, se conectaron dos situaciones: por un lado, tenía ganas de regalarle algo a Lola y que me encuentro con ese fragmento y así fue el desarrollo.

Tenés un trabajo en distintitos géneros como intérprete. A partir de esta posibilidad en las plataformas de no editar discos enteros ¿pensás en un repertorio propio como autor?

Me hice esa pregunta a mí mismo. Si bien lo pensé como un regalo, como una dedicación, para mí terminaba ahí. Pero también pensaba en hacer un trabajo integral: si voy a hacer una canción hay que trabajarla a full en todo sentido, en lo instrumental, en lo compositivo, en lo musical. Y me parecía que quedara en un archivo enviado por mail era desperdiciar un trabajo.

Yo no tengo una carrera solista, y por el momento, respondiendo a tu pregunta, no me pienso así. Pero de todas maneras está la posibilidad de tener canales en las redes sociales y dije, yo largo esta canción.

Me empieza a pasar ahora que tengo canciones desarrolladas o en desarrollo y que no van con las bandas que integro. Ahora tengo esta vía de poder presentarlas por ahí y hoy no tenemos la necesidad de hacer un disco con doce canciones. Está la posibilidad y si surge otra canción lo haré.

Aparece también una decisión estética que es la animación, muy orgánica con la propuesta musical. ¿Cómo la trabajaron?

Eso está bueno porque también tiene que ver con esta naturalidad con que se dio la composición musical. Como la canción es algo que no es tangible, no es un objeto, yo me quedaba con la sensación de que quería darle algo, un objeto. Entonces me apareció la idea de hacer un soporte, y empecé a dibujar una cajita para hacer con cartón y regalarle unas semillas.

Le conté esto a Leo Perrotta y me devuelve un boceto que me encantó: esta cajita la covirtió en un objeto animado. Como los grandes artistas me dio mucho más de lo que yo me imaginaba y complementó la canción de una manera inigualable.

Spinetta decía que los artistas son como un banco pero al revés: “no ponés guita y te dan guita”…  

Pasa lo mismo con los músicos que formaron parte de la grabación. Uno como compositor iba con sugerencias para los instrumentos pero siempre lo que venía era mucho más de lo que yo me había imaginado.

¿Cómo funciona tu cabeza a la hora de pensar determinada obra musical? ¿Pensás también en todo lo aledaño, en cómo se va a presnetar, dónde, en qué formatos?

Sí, cada vez me está pasando más que no puedo separar la producción del dispositivo o la plataforma donde se va a presentar. De alguna manera, me está pasando que el pensamiento es integral, casi a pesar de lo que yo quisiera. Porque a veces pienso que lo ideal es generar el producto artístico y después ver cómo adaptarlo a la plataforma.

Yo a veces me confundo un poco con esta situación porque también las plataformas son muy demandantes para el artista, en relación a la cantidad de material que hay que generar para abastecerlos. Por ejemplo, YouTube es claro que hay que subir un material visual, no alcanza con subir una portada estática. Pero a la vez tenés Spotify, que es sólo musical. Después tenés las redes sociales, donde uno convocaría al público a esas otras plataformas y también hay que pensar el contenido que uno sube ahí en relación a la obra y para mí esto no puede estar desprendido de la obra.

Creo que la obra debería estar circulando en todos lados a la vez, como si tuviese distintas cabezas y no sea un solo objeto que está en un solo lugar. Entonces eso te lleva a la necesidad de estar actualizado, por eso digo que es muy difícil y demandante porque esas redes se viven actualizando.

Por decir algo concreto, cada red social tiene sus medidas muy exactas de imágenes, para que se vea bien. A una red subís la imagen de una medida y esa misma imagen no sirve en otra plataforma. Es un laburo muy grande que nos pesa un poco pero hay que hacerlo porque es la manera de que finalmente la obra sea consumida.

Se suele decir que a veces -producto de esta exigencia que mencionabas-, el artista está pensando en todo menos su arte. A su vez, hay un discurso dominante que difunde la idea de que las nuevas tecnologías y plataformas “democratizan” y permiten que todo el mundo acceda a difundir sus obras. ¿Son efectivamente una herramienta que ayude al sector independiente o en rigor terminamos cambiando de milonga pero el repertorio es el mismo en otro escenario, teniendo en cuenta que las grandes empresas también juegan en esas plataformas con batallones publicitarios y otros recursos inaccesibles para el común?

En la medida en que haya monopolios, es todo sarasa lo que podemos construir alrededor de eso. Yo puedo dar algunos ejemplos concretos de artistas independientes que tienen una gran llegada y que han podido hacer una gran carrera. Pero, de alguna manera, lo que está pasando es lo mismo que pasaba con la era del cd o la era del disco.

Hay multinacionales que siguen teniendo la capacidad de instalar artistas, de difundir a gran escala ciertas músicas. Y no tiene que ver con calidad, estamos hablando de otra cosa. Tiene que ver con que el circo funciona para pocos y el resto lo que estamos haciendo con este tipo de tecnología en la que se dice que todos tenemos posibilidad es en realidad pelearnos por esos diez lugares que hay de mainstream de esas grandes empresas.

Y de hecho es lo que pasa. Hay un estudio muy interesante que se hizo creo que en 2013. Un licenciado de apellido Torres le preguntó a músicos independientes de Capital Federal qué relación tenían con la industria, es decir, con lo que es llamado el mainstream. El cien por ciento dijo que ninguna. Sin embargo, la materia prima del mainstream son los artistas independientes. O sea que el mainstream no genera sus propios artistas. En alguna época sí lo hacía, desarrollaba un artista, lo inventaba, lo formaba, le enseñaba a bailar a cantar, etc…

Invertía…

Invertía. Ahora espera. Lo que hace es esperar qué artista emerge. Cuando llega a 15 mil seguidores y lleva gente, lo agarra y nadie puede resistirse a un contrato porque tampoco hay limitaciones artísticas. Por lo tanto, la relación es directa porque el mainstream se nutre del sector independiente.

El problema es el monopolio. El 80 por ciento de las ganancias que generar en la Argentina se las quedan las discográficas. Del 20 por ciento restante, 15 se lo queda una empresa de Buenos Aires. Nos queda el 5 por ciento para el resto del país. Es nada.

Con tu rastro

Disponible en plataformas digitales (YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, Pandora, iMusica, Amazon Music, Napster, entre otras).

Lyric Video disponible en el canal de YouTube Manu Angelini: https://www.youtube.com/watch?v=QJ6xjJLhBjg

Enlace a la canción en Spotify: https://open.spotify.com/album/43Tt517zg1luRYfkaJxWJP?si=juWSqDxJSDSvaW-GngxjbA

La agrupación Watu Corriente Comunista emitió un comunicado respecto a la no distribución del diario La Nueva el sábado 27 de febrero para evitar la difusión de una nota sobre el armado de una causa por parte de la Policía Bonaerense.

Las víctimas de los hechos fueron los hermanos Vidal Ríos, quien hoy son investigados por narcotráfico por la justicia federal. Según el CEO, Fernando Monacelli, el empresario Gustavo Elías prefirió descartar la edición que incluía la nota para no “horadar” la causa que tramita el fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

“Todo está en la resolución de la jueza Promé, que dice cómo ha sido armada esa causa. Nos preguntamos a quién protege La Nueva sin que ese artículo pueda ser leído por la gente. Se nos ocurre que beneficia a la policía, a la justicia, que con tal de tener resultados rápido apela a cualquier cosa”.

Desde el punto de vista político, Lualdi señaló que “nos preocupa el silencio, que desde el HCD no se haya preguntado por qué una edición impresa no se distribuye, teniendo en cuenta que hay un periodista como Carlos Quiroga, por qué hay un silencio del Sindicato de Prensa. Qué será de los liberales de ADEPA, si no van a denunciar eso que casi no tiene precedentes y qué hará el intendente que de profesión es periodista, que no le llama la atención este nivel de censura”.

“Según alguna información que no podemos confirmar se han quemado esos ejemplares para terminar de consumar la censura y barbarie”.

Lualdi agregó que “se está censurando a su propio staff de periodistas, La Nueva y LU2 reciben millonarias cantidades de pauta del Municipio, de provincia y de nación y si uno censura a sus propios periodistas porque hay un artículo que el dueño del diario cree no es conveniente imaginemos la censura que puede ocurrir con los sectores que no sean del agrado de Gustavo Elías”.

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Los hermanos Ricardo Jorge Miguel y Adrián Ángel Ariel Vidal Ríos tienen antecedentes por robo y son investigados por narcotráfico.

También fueron víctimas del accionar violento e ilegal de la Policía Bonaerense.

La historia ocurrió en 2019 y la reconstruyó un periodista de La Nueva. Se imprimió en el periódico del sábado pasado, sin embargo, su audiencia nunca pudo leerla. El dueño del medio, Gustavo Elías, prefirió destruir la edición para no “horadar la investigación en curso de la justicia federal” a cargo del fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

“La nota quería reflotar esto, la causa quedó paralizada en fiscalía: tengo para meter privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio, abuso de autoridad, lesiones graves, había de todo”, dijo a FM De la Calle el abogado Juan Ignacio Vitalini.

Explicó que “gracias a unas cámaras en el domicilio de la madre de Vidal Ríos se pudo comprobar el armado del procedimiento, que no refleja la realidad de lo que dijeron los policías en el acta”.

Los oficiales involucrados son los subtenientes Sebastián Díaz Arana y Adrián Korman y los sargentos Damian Rossetti y Lucas Miranda.

“(El acta) dice que venían en persecución a los Vidal Ríos, a los disparos los Vidal Ríos, y se puede ver cómo se bajan tranquilamente. A los dos minutos llega el patrullero, empiezan a discutir y se producen disparos a quemarropa de la policía contra los Vidal Ríos: De hecho le matan un perro rottweiler, le quiebran una pierna, le disparan en la cabeza. Los hechos no tienen nada que ver con lo que relatan los policías”.

El abogado comentó que “en ese momento estaban en la (Comisaría) Sexta y no tendrían que haber hecho nada porque estaban en Bordeu y es otra jurisdicción (…). Es materia de investigación si estaban ahí en otra causa o realmente fueron a armarle el procedimiento a Vidal Ríos. Lo grave es que estos tipos siguen funcionando hace dos años y no se les hizo ni siquiera un sumario. Uno se queja de cómo tramitan algunas causas en contra de algunas personas y cómo no tramitan en contra de otras. ¿Qué veracidad podemos darle a procedimientos policiales en los que están involucrados estos funcionarios? Es gravísimo esto”.

Destacó que “tampoco se pudo comprobar que llevaran droga y un arma dentro del vehículo. Hay filmaciones previas en la camioneta, en el lugar que luego aparece el arma y la droga, y se advierte que claramente fue plantado por la policía. Si bien se les dio la libertad, la causa contra los policías no siguió de la misma manera o con la celeridad que esperaba, uno se quejaba de eso, eso es lo que yo venía hablando con el periodista La Nueva”.

Los Vidal Ríos fueron sobreseídos de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal y atentado y resistencia contra la autoridad agravado por haberse cometido por más de tres personas y haber puesto manos en la autoridad y desobediencia.

La jueza Marisa Gabriela Prome concluyó que “del contenido de los videos aportados y de su observación se desprende que los hechos no han sucedido como lo ha plasmado el personal policial en el acta procedimental que obra a fs. 1/5 así como tampoco se advierte circunstancia alguna que pudiera razonablemente hacer presumir a la autoridad prevencional que existían motivos suficientes o fundadas sospechas de comisión de un delito para autorizar el procedimiento llevado a cabo; sino que, por el contrario, a partir de ellos es que puede sostenerse que la versión brindada por los aquí imputados ha quedado corroborada”. 

Vitalini afirmó que “la policía se quiso llevar el dvr (registro de las cámaras de seguridad). Se confundieron y se llevaron el equipo de Direct TV sino tampoco podríamos habernos enterado. Gracias a dios ellos lo tenían escondido en otro lugar”.

Señaló que la policía siempre “les tuvo pica” a los hermanos Vidal Ríos. “No son santos de nada, tienen un antecedente cada uno por robo, pero después les han querido endilgar cuanto robo y cuanto comercio de estupefaciente estuviera dando vueltas por Bahía”.

Tal como denunció el Sindicato de Prensa de Bahía Blanca, el sábado 27 de febrero la empresa La Nueva, cuyo propietario y director es Gustavo Elías, tomó la decisión de no distribuir la edición impresa.

El objetivo fue impedir que trascendiera el contenido de un artículo sobre un caso de abuso y violencia policial. Ante la falta de información oficial sobre la censura a la nota, FM De la Calle consultó a la compañía.

El CEO Fernando Monacelli afirmó que “el director (Gustavo Elías) consideró en su momento que una nota vinculada con un antiguo procedimiento policial irregular contra los hermanos prófugos en el marco de los allanamientos por drogas de la semana pasada, que ocupaba la sección principal del ejemplar del diario que ya estaba impreso, podía horadar la investigación en curso de la justicia federal y evaluó que el interés general de la lucha contra el narcotráfico en la ciudad era superior a la distribución de la edición de ese día”.

Se trata de un procedimiento realizado en marzo de 2019 contra los hermanos Vidal Ríos que la jueza María Prome anuló por irregular. El abogado Juan Ignacio Vitalini aseguró que se abrió una nueva investigación contra los policías bonaerenses que armaron la causa y quedaron en evidencia por el registro de las cámaras de seguridad del lugar.

Monacelli dijo que fueron dadas explicaciones a sus anunciantes y a la organización gremial.

Por su parte, el Sindicato de Prensa fue convocado por la empresa para abordar el tema. Les recibió Juan Ignacio Elías, hijo del dueño de La Nueva, quien se refirió a lo ocurrido como un “error”, profirió disculpas al periodista censurado y “garantizó” que el hecho no se repetirá.

“Desde el Consejo Local de Mujeres pedimos el año pasado al Municipio que convoque a la Mesa Intersectorial, como una directiva del Ministerio de Géneros de la provincia y aun no hemos tenido respuesta”, comentó a FM De la Calle, Nora Dinoto, integrante de la Red Local de Violencia de Género.

El lunes, en la apertura de las sesiones deliberativas el intendente Héctor Gay se refirió a las políticas adoptadas por el Municipio en materia de violencia machista.

“Coincido con Gay que es clave la capacitación de todo el personal, es importante lo que propone para articular con efectores de salud, el Poder Judicial, la comisaría y las organizaciones”, dijo Dinoto.

Respecto al anuncio de las reformas en el hogar que alberga a mujeres en situación de violencia mencionó que “es muy lamentable la demora para refaccionar y arreglar este edificio, evidencia que hubo otras prioridades y estamos a principios del 2021, más de un año desde que sucedió el incendio”.

“Mientras tanto funciona en un refugio que está ubicado dentro de un predio que la Curia cedió para que pudieran estar, no hubo mucha demanda para su uso porque el protocolo para poner el práctica a raíz del Covid era muy rígido como para que la mujer acceda a trasladarse a ese lugar con sus hijos”, agregó.

Dinoto apuntó que en el discurso “se omitieron dos recursos importantes que la provincia le hace llegar a los municipios: el Fondo de Emergencia para Situaciones de Violencia y el Potenciar”.

En relación al primero, señaló que “es un fondo económico que permite a las mujeres reparar algunos daños materiales a través de este dinero que es cedido al Municipio para que lo administre. Es específico, viene a nombre de la coordinadora Ana Maceratesi y es ella quien se encarga de administrarlo. Ella tiene que detallar los egresos y puede pedir ampliación en caso de que se agote”.

“El Potenciar es generado desde el Ministerio de Desarrollo Social que cede (la gestión) al Municipio para que entreviste a las mujeres o diversidades para que puedan acceder a este beneficio”.

“Dejemos de recortar la temática de violencia de género a situaciones puntuales y aceptemos el desafió de brindar respuestas integrales”, finalizó.

A casi un año del femicidio de Susana Melo en Ing. White, la familia denuncia que no tienen novedades del juicio ni de nuevas medidas en la investigación.

El 21 de marzo del año pasado, la mujer fue asesinada por su pareja, Raúl Gregorio Costa, quien confesó haberla matado y permanece en prisión preventiva desde entonces. Días atrás, allegados a la víctima denunciaron que Costa tenía acceso a redes sociales.

“Hace unos días me llamaron de la Comisaría 3º para ir a identificar ropa de mi mamá que secuestraron en el allanamiento hace casi un año. Solamente nos tomaron declaración cuando todo pasó, después nunca nos llamaron”, señaló a FM De la Calle Rosana, hija de Susana.

Agregó que “le hicimos saber enseguida a la justicia que tenía acceso a redes, no puede ser que el goce de esos derechos adentro, nosotros estamos esperando el juicio y no pasa nada”.

Dos meses antes del femicidio, Costa golpeó a la víctima y le fracturó la tibia y el peroné. Melo terminó internada. “Cuando la mandó al hospital en enero le mandaba mensajes amenazándola. Esos mensajes los tiene la justicia. Cuando la mató andaba contando por todos lados que le iba a pegar un tiro”.

Rosana radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer cuando Costa golpeó a su madre: “Quedó en la nada porque tenía que ir a declarar una de las testigos que es clave para el juicio y la señora no quería tener problemas, no sabemos si estaba amenazada”.

“Tengo entendido que tuvo otras denuncias, de su pareja anterior y varias denuncias más por inconvenientes en la calle”, subrayó.

Rosana señaló que noticias como el femicidio de Úrsula Bahillo la hacen pensar en su madre. “Creemos que las mujeres estamos muy desamparadas, porque a la primera denuncia tienen que hacer algo, si tiene una perimetral y se vuelve a denunciar que se acercó, no hacen nada. La justicia a la mujer no la cuida, si no nos cuidamos entre nosotras no nos cuida nadie”.

En sus últimas horas como titular del Juzgado Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla procesó y trabó un embargo de 20 millones de pesos al ex jefe de la base bahiense de la Agencia Federal de Inteligencia, Guillermo Coll. Es por su participación en el espionaje político del gobierno de Mauricio Macri.

Coll es un ingeniero jubilado, porteño, de 58 años, domiciliado en 9 de Julio 108, Piso 7°, depto. “A” de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Revistó en la ex Side local entre el 1 de abril de 2004 y el mismo día de 2017.

“De la simple lectura de los documentos relevados se desprende que durante la jefatura de Coll, la delegación Bahía Blanca recopiló, produjo, analizó y elevó información personal de múltiples ciudadanos sobre la base de su pertenencia a organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos”, afirmó el juez.

Ramos Padilla destacó que “el carácter de la información producida por la Delegación Bahía Blanca es particularmente sensible”. Recordemos que, a diferencia de otras bases, el espionaje en nuestra ciudad incluyó a un medio de comunicación como FM De la Calle y a la comunidad universitaria.

“Los informes de inteligencia relevados no versan sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigación de delitos federales complejos”, subrayó.

En su indagatoria, Coll dijo haber ingresado a la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado el 1 de julio de 1987 y que el primer día de junio de 2017 se reincorporó como delegado de la Base La Pampa dependiente de la Dirección de Reunión Interior.

Negó haber formado parte del plan de espionaje ilegal y aseguró que se desvinculó de la AFI el 1 de abril de 2017. Sin embargo, el juez destacó que la inteligencia ilegal comenzó “a mediados de 2016”.

El imputado sostuvo que los informes eran previos a la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional aunque el magistrado enfatizó que “se encontraban expresamente prohibidas desde la sanción de la Ley 25.520 en el año 2001″.

Ramos Padilla contrastó que uno de los documentos cuya autoría asumió es el titulado “informe abril”, el cual fue producido en 2015, elevado a la superioridad en 2016 y finalmente actualizado y vuelto a enviar a la superioridad en abril de 2017, “ocasión esta última, en la que el imputado no habría participado”.

Coll explicó que “se había borrado toda la información de los servidores de delegaciones provinciales” y “la sra. subdirectora (Silvia Majdalani) quería ver cómo habían trabajado las delegaciones y no tenía forma de evaluar nuestro trabajo”.

Según el magistrado, que muchos de los documentos secuestras estén fechados entre el 12 y el 27 de abril puede deberse a “la pretensión de Guillermo Coll de ser recontratado por el director Pablo Pinamonti”.

“De este modo pueden comprenderse, por ejemplo, las reseñas sobre la participación de muchas de las organizaciones relevadas en el documento ‘informe abril’ en la marcha del 24 de marzo de 2017, en la que se conmemoraba el 41° aniversario del inicio de la última dictadura militar, es decir, una actividad que fue cubierta aún durante la permanencia de Guillermo Coll al frente de la delegación”.

El espía comentó que las organizaciones perseguidas fueron seleccionadas “porque todas tuvieron participación en algún evento en el pasado”. Dijo: “Uno entraba a la página, por ejemplo, de HIJOS y usted me dice ¿por qué Hijos? Porque Hijos aparecía muchas veces en movilizaciones. O sea, era una de las agrupaciones que más movían, entonces dijimos ‘bueno, a ver, vamos al Facebook de Hijos, quiénes están ahí. Está fulano, fulano y fulano. Bueno, listo, mételos’. Nada más”.

Y nada menos.

Otro ejemplo es el del personal de la UNS: “Había actividades que se hacían todos los años, entonces, obviamente participaba la Universidad, participaba por ahí alguna agrupación pero solamente eso. Es decir, bueno, sí, la UNS participó, por ejemplo, o estuvo presente cuando se inició los juicios por lesa humanidad, estuvieron presentes sí, lógico, eso sí, pero de ahí a meternos, no, nunca, nunca. Solamente, quiénes participaron, en qué actos, listo”.

“De este modo, el imputado reconoció haber reunido información personal sobre integrantes de una universidad pública nacional por el solo hecho de haber asistido al inicio los juicios de lesa humanidad”, afirmó el juez.

Servicios prestados

En otro tramo de su indagatoria, Coll contó que entre los documentos que le remitió a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, “se encontraban una serie de informes producidos por la Delegación Bahía Blanca en el marco de la investigación seguida contra Juan Ignacio Suris”.

Álvaro Coleffi, subrogando el mismo juzgado que Martínez, llegó a indagar al empresario y al arzobispo Guillermo Garlatti, en este caso por el encubrimiento del cura torturador Aldo Vara. Tiempo después, el secretario judicial fue perseguido en una causa por la filtración de escuchas del caso Suris y expulsado del Poder Judicial. Sin embargo, al llegar a juicio la Fiscalía desistió de la acusación por falta de pruebas. Así, las miradas se fijaron sobre el accionar de la Policía Bonaerense y los servicios de inteligencia.

Justamente por su actitud de defensa corporativa a las fuerzas policiales, Martínez –ahora fiscal federal designado por el macrismo- fue dos veces recusado en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, de la cual recientemente se inhibió por “violencia moral”.

*Foto: Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Suspendieron la sesión en la Legislatura de Chubut para tratar el proyecto que propone habilitar la minería a cielo abierto en esa provincia, promovido por el gobernador Mariano Arcioni.

“Hace un rato están todas las rutas cortadas. Desde hce 18 años, todos los 4 marchamos en contra de la minería. Hay 49 comunidades en contra del proyecto. La legislatura no tienen los votos y por eso suspendieron la sesión”, dijo a FM De la Calle, Vivana Moreno, asambleísta de Esquel.

Explicó que “el proyecto significa tomar dos departamentos donde está el Proyecto Navidad que es una mina de plata, plomo y cobre, que es la ambición del Panamerican Silver. La zonificación se tendría que haber hecho en el 2003. De una manera escandalosa presentaron esta ley, tomaron un documento del CONICET y dijeron que la mina iba a mejorar la calidad de vida de la población y el autor dice todo lo contrario”.

Moreno enfatizó que “aprobar eso es generar un estallido social. No comprendemos cómo el gobierno nacional está avalando esto que es absolutamente descabellado”.

Consultada acerca de por qué estos proyectos de explotación minera son devastadores para el territorio, la asambleísta sostuvo que se debe a que ” tienen que sacar unos gramos del mineral por tonelada de roca, hay que destruir todo y después extraerlos con químicos, y todos esos químicos quedan en el lugar”

El producto que utilizarían se denomina xantato, “proponen hacer la extracción de la plata a través de un método de flotación que utilizan el xantato, es un toxico ambiental. Este método de flotación no es muy eficiente, la obtención es bastante baja pero para la segunda extracción van a tener que usar cianuro de sodio que tiene el 95% de extracción”, señaló Moreno.

“Lo mas grave del Proyecto de Navidad es que es una mina de plomo, y eso va a volar por el aire cuando pongan los explosivos para fracturar la roca, luego la pulverizan y quedan los desechos de la roca y del producto. Después de la extracción arman unas piletas que las llaman dique de cola, que están separadas por una geomembrana, un plástico, y ponen a perpetuidad enormes piletas a expensas del viento. Chubut tiene ráfagas de hasta 146 km por hora, el plomo neurotóxico cerebral que produce que los niños tengan menos desarrollo intelectual, es incapacitar intelectualmente a niños en favor de llevarse al exterior no se cuantas toneladas de plata. El plomo es de uso para la guerra, se sacó de la industria por alta toxicidad”, agregó.

“No queremos que la meseta sea zona de sacrificio y han demostrado que estos lugares tienen posibilidades de desarrollo amigable y sustentables con el ambiente”, finalizó Moreno.

El 15 de marzo será el turno del alegato del fiscal Pablo Fermento en el juicio contra cuatro ex integrantes de la Triple A de Bahía Blanca. También habrá audiencias los días 16 y 17.

Esta semana terminaron las testimoniales de la defensa de los imputados Raúl Roberto Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Juan Carlos Curzio.

El lunes declaró la tía política de Aceituno. La docente jubilada Élida Natol recién mencionó el parentezco ante la pregunta de la Fiscalía. Previamente había manifestado que lo conocía “de vista” de “la matiné de Ing. White” y del Club Comercial “por amigos comunes”.

Afirmó que en la década del 70 estudiaba ingeniería civil en la UNS y hacía trabajos esporádicos, uno de ellos como administrativa en la UOCRA.

Sostuvo que conoció a David “Watu” Cilleruelo “porque invitaba a reuniones” y que estaba en el edificio de Alem 1253 el día de su asesinato. Fue la única testigo que dijo que el tercero de los sicarios que acompañaban a Jorge Argibay y a su hijo Pablo era Roberto Sañudo y no su sobrino Aceituno.

Por otra parte, a pesar de las numerosas testimoniales que destacaron la ostentación de armas y la actitud amenazante de la banda en los ámbitos estudiantiles y sindicales, Natol aseguró que “no había ninguna presencia intimidatoria en la universidad”.

Ayer se presentó Silvana Flores, ex tesorera de un jardín de infantes con el que colaboró Osvaldo Pallero hace 25 años. La mujer aclaró que no tiene referencias sobre la vida del imputado en la década del 70 y que lo considera un “gran amigo, buen compañero, solidario”.

Por otra parte, el rectificador mecánico Carlos Balbuena pidió declarar porque considera que Juan Carlos Curzio debería ser enjuiciado por “ñoqui”. La línea defensiva no es novedosa, pretende sostener que Curzio fue contratado por la UNS “simplemente para cobrar un sueldo” y financiar su actividad como corredor de speedway.

Según el testigo, Curzio era concuñado del secretario de la Junta Nacional de Granos, Alberto de la Fuente, “quien le consiguió ayuda económica, entre ellas, creo que era sereno en calle Rondeau la primera cuadra. El Departamento de Agronomía lo manejaba la JNG pero pertenecía a la UNS. Yo sé que cobraba un sueldo en ese lugar para ayudarlo deportivamente. Fue cuando Ponce pasa a ser secretario de la CGT y después diputado”.

Balbuena fue afiliado del PJ y dijo que pertenecía “siempre a la izquierda”. “En mi facebook pueden ver que pongo cosas de política, cómo me visto, traje cosas para que vean, si no van a decir este vino disfrazado del Che Guevara. Amo al Che Guevara, leo al Che Guevara”. Mencionó que quince días atrás firmó “una planilla” en solidaridad con un grupo de jubilados que se manifestaba en Córdoba.

La abogada Mónica Fernández Avello le marcó la contradicción entre el “ñoqui” que “levantaba quiniela” para vivir y el corredor exitoso que ganaba de a millones. “El deporte es caro y él viajaba a Europa, a Australia… Fue en 76, 77, antes tenía que juntar la plata, él vivía de eso”, respondió.

Contó que su padre militaba en el Partido Comunista y tenía un taller mecánico. Allí conoció en su infancia a Curzio. Dijo que la Triple A “perseguía a los comunistas” y que “no cree” que el corredor la haya integrado. “Nunca supe de una afiliación política de él. Por ahí me carga y me dice zurdito”.

Balbuena dijo que era un “infiltrado” en el SMATA: “A los de izquierda no nos querían pero uno estaba ahí” y cuando hacían huelgas “la patota nos patoteaba”. Consultado por los integrantes de la banda aseguró que “los más famosos que estaban con Ponce son los Argibay, padre e hijo, despues se nombraba, me acuerdo porque fui amigo de él, un Chisu”. Sostuvo que “la fiambrera la manejaba gente de los Bustos” y aseguró que una vez vio bajarse de un Torino en pleno centro al corredor Juan Carlos Belongini armado con una itaka.

Afirmó además que tuvo “un amigo montonero” al que identificó como Chiche Ruiz Vera y respondió que la línea interna de los Bustos en el peronismo “era opuesta a la de Ponce”. El secretario de la CGT estaba “muy a la derecha” y los hermanos Bustos “a la izquierda”.

El médico Horacio Romano, columnista de Salud de FM De la Calle, analizó las declaraciones del intendente Héctor Gay en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante sobre el abordaje de la pandemia.

“Es verdad que no se colapsó al estilo de Nueva York pero no estuvimos tan lejos de que haya pasado. Esto ha sido debido a profesionalismo y voluntad, el sistema se sostuvo por trabajadores y trabajadoras, estudiantes que trabajaron meses a destajo y con falta de reconocimiento. A la hora de formalizarlo y pasar a que sea rentado el planteo fue ‘podemos estar sin este servicio de triagge telefónico'”, aseguró.

El jefe comunal había manifestado que durante el último año “se crearon las unidades de cuidados mínimos ambulatorios, lugares de alojamiento y aislamiento extra hospitalario para abundar atención ante un eventual desborde de camas del sistema hospitalario, que, por el excelente desempeño de todos los actores de ésta emergencia, nunca colapsó”.

Romano agregó que “si hubiera habido más medios se podría haber hecho mejor, sin contar que para poner en marcha los aislamientos fue todo un tema de meses, la dificultad fue que faltó toda una cultura de aislamiento, la gente no quería ir al aislamiento. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos aislado a todos los que necesitaban?”.

“No colapsó el sistema porque hubo mucho trabajo. Tenemos una cantidad de infectados que son 14.500, habría que multiplicarlo por seis u ocho, entre 80 y 110 mil son los bahienses que se han infectado”, señaló.

Afirmó que “lo más importante del discurso es lo que se viene y cómo nos preparamos. Es la parte medular que tampoco lo escuché en el discurso. Ojalá que no venga, pero si viene (la segunda ola) ¿con qué lo enfrentamos? ¿con lo mismo? Eso es un problema porque el sistema de salud está muy cansado”.

En relación a la vacunación dijo que cuenta “con graves problemas de abastecimiento, el acaparamiento de vacunas por el norte, de los laboratorios multinacionales que nos piden condiciones a nosotros que no le piden a otros países, Pfizer, por ejemplo. Las patentes no las liberan. Es cierto que hay cuatro millones pero tendría que haber más vacunados y por eso vemos estas miserias a ver si correspondía tal concejal o tal otro”.

“Ganó el ideario de la privatización de la salud, entonces no me parece tan ilógico que un sector se arrogue una cuarta parte de las vacunas que hay para sus asociados. Eso no debería ser así”, finalizó.

El representante del área de música en el Consejo Consultivo Cultural, Nicolás Fernández Vicente, dijo a FM De la Calle que están sesionando “de forma plena” desde las asunción del nuevo titular del Instituto Cultural. “Plateamos una amplia agenda que es la postergada durante todo este tiempo, fundamentalmente de forma más cruda con el advenimiento de la pandemia del año pasado”.

El intendente Héctor Gay afirmó ayer en el Concejo Deliberante que “se formó un gabinete cultural que estará integrado por tres directores, quienes trabajarán de manera coordinada y horizontal junto con el director del Instituto, en la búsqueda de consensos y para lograr el diseño de una política cultural que incluya a todos los sectores de la cultura bahiense, y que se convierta en política de Estado de la ciudad”. 

“Hay un cambio en función de como se comunican las cosas desde el área de Cultura, hay un especial interés en este año de elecciones legislativas que se pone en la agenda mediática a la cultura y algunos cambios efectivamente. Tenemos el compromiso de González Casali, según lo ha dicho públicamente, de cumplir con el presupuesto 2021 y sobre todo lo afectado a las ordenanzas”, comentó Fernández Vicente.

El músico señaló que el intendente “le puso fecha a la reapertura del Teatro el 9 de agosto, en el 2020 dijo la apertura era absolutamente prioritaria. Luego de la pandemia se podría haber actuado con mayor celeridad. Tenemos que decir que las obras se habían comenzado a realizar sobre fines del año pasado”.

“No podemos hacer como si estos cambios anunciados fueran borrón y cuenta nueva en la articulación con otros sectores cuando la historia habla y hay una camino recorrido que no se puede soslayar. Creemos que todavía está pendiente esa respuesta. Estamos expectantes de que estos anuncios sean efectivamente ejecutados”, finalizó el consejero.

Gay sintetizó en tres ejes los objetivos para el área cultural: articular los programas y acciones específicas del Instituto, en sentido amplio e integrador de las distintas formas de la cultura; profundizar la relación con los ámbitos de la cultura y el arte, y con los diversos espacios culturales, artísticos e intelectuales de la ciudad; y planificar acciones tendientes a construir comunidad a partir de las expresiones barriales, la cultura popular y el arte emergente.

Angélica Lauquen, una de las vecinas que impulsan el amparo colectivo contra ABSA, dijo a FM De la Calle que el intendente Héctor Gay “había hecho una promesa hace varios años, cuando dice que los funcionarios provinciales están al tanto de la situación porque en septiembre van a empezar las obras, me da risa”.

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el jefe comunal sostuvo que “todos los que contamos con responsabilidades de gobierno” deben involucrarse “y trabajar para solucionar esta problemática, que además está condicionando el desarrollo de la ciudad, ya que hay varios emprendimientos urbanísticos detenidos por no contar con la factibilidad de agua”.

“Ante una crisis hídrica se toman nueve meses, están jugando con nosotros. Si los fondos están no entiendo porqué no empiezan mañana, la situación es gravísima, en los barrios la gente está desesperada”, agregó.

Respecto al financiamiento de las obras, Lauquen mencionó que “la explicación es que el banco que va a dar los fondos se mudó de la Argentina por la pandemia y que no pueden autorizar los informes”.

A fines de la semana pasada ABSA apeló la resolución de la jueza María Fortunatto que exigía a la empresa que garantice la provisión de agua a los barrios afectados. La prestataria sostuvo que ya había realizado obras para paliar la emergencia.

Sin embargo, las necesidades persisten. Lauquen ejemplificó: “Hay una señora que tiene que mudar a su marido discapacitado para bañarlo todos los días, así muchas situaciones. No pueden seguir dilatando esto. Si la plata está tienen que empezar ya. Estamos consientes que si los vecinos no presionamos la plata la van a volver a desviar para otro sector de la provincia”.

“ABSA apeló la medida cautelar y pidieron la suspensión porque ellos argumentan que inhumano pretender que un empelado de ABSA se suba a un tanque. Me pregunto, ¿es humano pedirle a un abuelo de 70 años que se suba a un tanque? El problema lo tienen ellos”, finalizó Lauquen.