A las 9:21 de este viernes Dow Argentina informó que, 39 minutos después, iniciaría el proceso de puesta en marcha de su planta de Ing. White. Mañana se cumplen tres meses de la explosión que alarmó a la ciudad la madrugada del 28 de junio. Fuera del complejo, todo sigue igual.
Según el escueto comunicado firmado por Guadalupe De Latorre, el proceso tendrá una duración aproximada de 96 horas. “La luminosidad en antorchas y el eventual aumento en el nivel del ruido son circunstancias propias en este tipo de maniobras. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas como es habitual y requerido en estos casos”.
No es el caso de la población bahiense, la cual no recibió una explicación directa ni ninguna otra información por parte de la multinacional desde el 30 de junio.
Para el Municipio y el OPDS la explosión no mereció ni una infracción. La justicia aun no informó si hubo delito.
Cuando habían pasado veinte minutos del viernes 28 de junio, la población bahiense escuchó una fuerte explosión. La falta de información oficial permitió que se viralizaran rápidamente noticias faltas e imágenes de incendios ocurridos en otros lugares y aumentara el temor y la incertidumbre.
Martín, del barrio 26 de Septiembre, relató entonces a FM De la Calle que “la explosión fue muy fuerte, estaba justo afuera, te puedo decir que hasta temblaron los vidrios. Nos enteramos en el barrio que fue en una de las plantas, no sabemos nada, no sabemos si hay un escape, no se sienten sirenas, no sabemos dónde estamos”.
49 minutos después la oficina de prensa municipal difundió un comunicado del CTE: “Sucedió una explosión en el craker de lhc2 de empresa DOW, NO HAY HERIDOS, están verificando las causas. No se accionó la sirena de planta. Se activó el PRET nivel 1”.
El domingo 30 una delegación judicial recorrió el lugar e inició una investigación para determinar si “hubo o no riesgo cierto, no potencial, de afectación de bienes y personas”.
El perito Santiago Maiz dijo que “en los procedimientos de puesta en marcha, se omitió o se salteó algún paso, lo que produjo que aumentara considerablemente la presión de vapor dentro de ese recipiente y, al no contar con ninguna válvula o alivio de presión, lo que hizo fue que explotara”.
Días después, el intendente Héctor Gay se refirió al tema superficialmente ante la pregunta de un periodista en una conferencia de prensa junto a un ministro provincial. Pidió actuar “con prudencia” y afirmó que se cumplió el protocolo de emergencias aunque “hay cosas que mejorar”. Destacó la instalación de un comité de crisis y se quejó por la circulación de noticias falsas. Dijo que su capacidad de intervención es “limitada”.
El concejal Marcelo Feliú le respondió que un decreto provincial lo habilita a clausurar preventivamente a la empresa ante riesgos para la población o el ambiente.
Dow informó a principios de agosto que una válvula de operación manual cerrada en la cañería de salida del recipiente V-907 impidió liberar la sobrepresión y provocó el “sonido explosivo”. Fue un error humano. Para el CTE fue suficiente.
La conclusión de cuatro peritos de la UNS convocados por el fiscal Aguilar fue que el hecho ocurrió por deficiencias en el cierre de las válvulas y en el diseño del procedimiento de puesta en funcionamiento del recipiente estallado y, además, por la ausencia de una válvula de seguridad.
En el Concejo Deliberante se aprobaron pedidos de informes y se convocó a la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez y los coordinadores del CTE y el Proceso APELL, César Pérez y Daniel Ayala. No fue nadie ni se contestaron las preguntas planteadas.
La Comisión Asesora Ambiental, por ordenanza, debe mantener una reunión mensual. Fue desactivada por parte de Cambiemos: la última convocatoria que realizó su presidente, Leandro Santomassimo, fue en noviembre de 2018. La oposición promovió un llamado extraordinario. Nunca se concretó.
La subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, dialogó con FM De la Calle el día del aniversario de los escapes de Solvay del año 2000. Consultada por lo ocurrido en Dow aseguró que “se están revisando los procedimientos a ver si hay algo que cambiar. Eso se está haciendo ahora”. ¿Por ejemplo? “Bueno, por ahora no lo voy a adelantar porque no son modificaciones definitivas las que todavía se han determinado”.
A principios de septiembre inspectores del CTE recorrieron el lugar de la explosión, pidieron documentación a la empresa e invitaron a sus autoridades a explicar las reparaciones en la próxima reunión del Comité de Control y Monitoreo.
En dicho encuentro Dow ratificó la futura puesta en marcha de la planta sin la recuperación de condensado de hornos, los cuales “se descargarán en una pileta de tratamiento” hasta finalizar “la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema” previsto para fines de noviembre.
El 17 de septiembre, el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, renunció a Sandra Pérez. “Motivos personales, tiene otras obligaciones que atender”, dijo. Al día siguiente la remplazó un joven investigador del IADO, Matías Insausti.
El intendente dispuso que desde el martes el flamante funcionario traslade su oficina a la delegación de Ing. White junto al CTE para “tener un contacto más cercano con vecinos e instituciones de la localidad”.
Ningún organismo público informó en qué condiciones se reanuda la actividad en la planta de Dow ni cuáles son las garantías de que no volverá a ocurrir una explosión como la del 28 de junio. O un incendio como el de noviembre de 2015. O algo aún peor.
