(Tierra Viva Agencia de Noticias) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático, (IPCC) publicó su Sexto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo. El estudio deja en claro que las actividades humanas están contribuyendo al calentamiento global y, en consecuencia, al aumento «sin precedentes» de la probabilidad y de la gravedad del calor extremo, las precipitaciones, las sequías y los ciclones tropicales. El documento destaca que en los próximos 20 años la temperatura global aumentará en 1,5°C, superando el límite propuesto en el Acuerdo de París, si no realizan cambios drásticos en la emisión de gases de efecto invernadero.

Para los científicos es clara la necesidad reducir las emisiones de carbono (CO2) a corto plazo. Destacan, además, que las emisiones de metano son especialmente preocupantes. En el estudio participaron 234 autores y fue aprobado por 195 gobiernos. El informe señala que el nivel de las futuras emisiones determinará los niveles de aumento de la temperatura y del cambio climático, así como los impactos y riesgos asociados. Y marca que hay fenómenos que se acelerarán de forma «sin precedentes», como sequías, inundaciones y olas de calor, aún logrando mantener la temperatura por debajo del límite de +1,5 °C.

No solo han aumentado las concentraciones de CO2 en la atmósfera terrestre, sino que también se ha acelerado el ritmo de aumento. La investigación muestra que las emisiones de gases procedentes de las actividades humanas son responsables de un aumento aproximado de la temperatura de 1,1 °C desde el periodo 1850-1900, o sea, a partir de la era industrial.

El informe es la primera evaluación del IPCC en incluir un capítulo (el sexto), dedicado a los denominados “forzadores climáticos de vida corta”, como los aerosoles, las partículas y otros gases reactivos (como el ozono) que existen en la atmósfera entre unas horas y un par de meses (también incluye al metano, que tiene una vida de unos 12 años). El documento de los expertos concluye que las concentraciones de metano y óxido nitroso son ahora más altas que en cualquier otro momento de los últimos 800.000 años.

Ya en el informe especial del IPCC de 2019 sobre el Cambio Climático y la Tierra se ampliaba el enfoque estricto en los bosques y la agricultura al medir que entre el 21% y el 37% de las emisiones globales provendrían de toda la cadena agroalimentaria mundial, incluidas las emisiones previas y posteriores a la actividad productiva, contabilizando la maquinaria, los fertilizantes, el transporte, almacenamiento, procesamiento y empacado.

Cada vez más lejos de los objetivos del Acuerdo de París

El Acuerdo de París estableció en 2016 el objetivo de que el aumento de la temperatura para finales de siglo no supere los 2°C y preferiblemente no ascienda por encima de 1,5°C. No obstante, el informe del IPCC es contundente: tanto 1,5°C como 2°C se superarán durante el siglo XXI a menos que se reduzca profundamente el dióxido de carbono (CO2), junto con otras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, causantes del cambio climático).

Estos otros GEI son principalmente el metano y el óxido nitroso, cuya producción está asociada tanto a los combustibles fósiles como a actividades agrícola-ganaderas. Las temperaturas de la superficie del planeta han aumentado más rápido desde 1970 que en cualquier otro período de 50 años durante, al menos, los últimos dos mil años.

Este año, las naciones que firmaron el Acuerdo deben presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) nuevas o actualizadas, que recogen los esfuerzos y las acciones de cada país para responder al cambio climático y reducir las emisiones. Argentina ratificó el Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley 27270. En diciembre de 2020, nuestro país se comprometió —en la Cumbre de Acción Climática celebrada a cinco años del Acuerdo de París— a no exceder la emisión neta de 359 toneladas de carbono en el año 2030.

Para cumplir este objetivo, según el estudio del IPCC, será necesario revisar la política energética y productiva nacional. Un estudio de las emisiones de carbono en Argentina durante 2016 reveló que el 9,8 por proveniente del cambio de uso de suelos —el caso de los desmontes para pampeanización y de la silvicultura, un 21,6 por ciento se explica por la actividad ganadera y un 5,8 por ciento por la agricultura realizada en base a transgénicos y agrotóxicos.

Respecto al informe del IPCC, el profesor Miguel Taboada, científico del suelo y del clima de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que «la producción ganadera debería realizarse mediante sistemas de pastoreo integrados, como los silvopastoriles, que ayudan a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero al capturar el dióxido de carbono en los árboles y el suelo».

Nuevo informe del IPCC alerta sobre calentamiento global
Sotiris DIMITROPOULOS / AFP – TELAM

El impacto del calentamiento global

Una actualización crucial del documenro del IPCC es el análisis de los eventos compuestos, como olas de calor y sequías que ocurren cerca o incluso al mismo tiempo. Esto supone un riesgo particular, ya que a menudo dejan a las comunidades con poco o nada de tiempo para recuperarse entre los eventos. El informe concluye que la influencia humana probablemente ha aumentado la posibilidad de que se produzcan fenómenos extremos compuestos desde la década de 1950.

Tuntiak Katan, líder Shuar de la Amazonía ecuatoriana, coordinador General de la Alianza Global de Comunidades Territoriales y vicecoordinador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) advirtió que «las comunidades indígenas y locales son las que protegen los bosques«. «Sin nosotros, el objetivo de 1,5 estará fuera de nuestro alcance. Las políticas climáticas deben hacer valer los derechos sobre nuestros territorios boscosos para que podamos mantenerlos en pie», manifestó.

En la última década, el hielo marino del Ártico alcanzó su nivel más bajo desde 1850. En el informe se evalúan puntos de inflexión de los que no se puede volver, cuya escala podría ser devastadora. Entre ellos se incluye un colapso de la capa de hielo, cambios bruscos en la circulación de los océanos, algunos eventos extremos compuestos y un calentamiento global sustancialmente mayor al evaluado como muy probable a futuro.

La probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos es baja, pero no puede ser descartada. Tampoco se pueden descartar respuestas bruscas y puntos de inflexión del sistema climático, como un fuerte aumento del deshielo en la Antártida y el retroceso total de los bosques. El aumento del nivel medio del mar a nivel mundial ha aumentado más rápido desde 1900 que en cualquier otro momento de los últimos 3000 años.

Por su parte, la embajadora Diann Black-Layne, lidereza de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés) Capital, aseveró que «la industria de los combustibles fósiles es la encarnación de la desigualdad de género y de ingresos». Black-Layne argumentó que «un sector dominado por los hombres recibe cada año subvenciones de más de 600.000 millones de dólares para destruir nuestro planeta. En comparación, los Fondos Climáticos de Naciones Unidas reciben 2400 millones de dólares al año para salvarlo».

Nuevo informe del IPCC alerta sobre calentamiento global
JOHAN ORDONEZ -Telam

Fracasó otra instancia de conciliación entre las empresas del polo petroquímico, la Fiscalía y la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría. Las multinacionales debían responder si aceptaban o no financiar una planta de reuso de líquidos cloacales como reparación al daño ocasionado al estuario.

El encuentro virtual se frustró por problemas de conectividad de la Fiscalía aunque las respuestas llegaron por escrito. El abogado Lucas Beier comentó a FM De la Calle que “dicen que en el estuario no hay daño que reparar, que en el caso de que hubiera no son ellas las responsables de repararlo porque no lo causaron”.

“Lamentablemente las que dirigen todo, fijan política, determinan qué hacer y qué no son las empresas. Tanto funcionarios políticos como judiciales le piden a las empresas por favor hagan algo. Las empresas dicen no vamos a hacer nada y eso me contestan los funcionarios a mí. (…) ABSA es el único que quiere hacer la planta pero dice que no tiene plata. El Consorcio no opina y la Municipalidad tampoco, así estamos”, describió.

Beier manifestó que “desde el momento en el que (Santiago Martínez) hizo convenios particulares con las empresas consideramos que tenían que cerrar esta etapa. Más aun cuando la Cámara revocó esos acuerdos. Creo que esta fue la última carta que se jugó el fiscal. Ahora sí no le va a quedar otra”.

El abogado recordó que la causa avanzó a instancias del fiscal Alejandro Cantaro y el juez Walter López da Silva, quienes habilitaron la toma de muestras y su análisis por parte de la Facultad de Agronomía de la UBA y la Policía Federal.

Martínez y la jueza Gabriela Marrón se encontraron con la prueba y “pese a que la Cámara reconoce que el estuario está contaminado y que algo hay que hacer, ellos dicen que no está probado”.

En 2019, la Cámara Federal ordenó que las partes acuerden un plan de inversiones que “establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente». Fue a partir de la pericia que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

La «constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies», afirmaron los expertos.

La querella presentará nuevamente en las próximas horas un pedido para que se clausure la etapa conciliatoria. “Espero que el fiscal de una vez por todas se aboque a probar el delito. (…) Que vea el expediente, si considera que falta algo por probar que pruebe y si no que cite a indagatoria y la causa avance”, dijo Beier.

El gobierno reglamentó esta semana la Ley de Biocombustibles aprobada en en julio por el Congreso. Regirá en todo el territorio hasta diciembre de 2030 y establece incentivos a la elaboración y comercialización de combustibles de origen vegetal

“Tiene la intención de proveer un marco regulatorito en relación a los combustibles de origen oleaginosos para reemplazar a la nafta y gasoil como combustibles para el transporte. Hasta hoy regía la ley aprobada en 2006 que establecía que entre el 5 y 10% de la nafta que usamos para autos y camiones venía de la soja, trigo o caña de azúcar, procesados en una cuarta etapa de agregado de valor”, dijo a FM De la Calle Alejo Di Risio, ingeniero y maestrando en en ecología política y alternativas al desarrollo.

Advirtió que “los agrocombustibles se plantean como una opción ecológica y sustentable en contraposición de industrias energéticas fósiles, las cuales tienen un alto grado de emisión de gases de efecto invernadero por unidad energética. Los agrocombustibles se dice que emiten menos al momento de su consumo pero no se tiene en cuenta lo que se llama ‘de la cuna a la tumba’, las emisiones asociadas al traer fertilizantes para cargar en el avión que tira en un campo y luego ese campo tiene un uso hídrico alto”.

“Si se consideran estas emisiones los agrocombustibles no presentan una alternativa que las reduzcan significativamente. Se habla de una falsa solución al cambio climático, porque para dejar usar combustibles fósiles las opciones no deberían implicar agrocombustibles que acaparan un gran uso de tierras y compiten con el uso de tierras para alimentos”, enfatizó el ingeniero.

Di Risio comentó que hay unas “55 empresas del sector de agrocombustibles que reproducen el modelo sojero de monocultivos asociado al sistema alimentario agrocorporativo que depende de agrotóxicos, que dolariza insumos, todo lo que involucra la expansión del monocultivo. Los agrocombustibles son la etapa más avanzada de ese modelo”.

“Hay distintos sectores representados regionalmente. Según el origen de los agrocombustibles, hay grandes intereses de los ingenios azucareros defendiendo a un sector que serían los principales ganadores, ya que ese porcentaje es el que no va a poder reducirse. El que sale del maíz podría reducirse y los derivados de la soja también”, dijo.

El especialista afirmó que “se habla de que esto es el lobby de las petroleras, que intentan combatir a los agrocombustibles. Obvio que hacen lobby para combatir cualquier otra alternativa, tecnología y formas sociales que podrían ayudarnos a avanzar hacia una soberanía energética, que es lo que proponemos”.

“Es necesario pensar fuera de la dicotomía petroleros-agronegocio para poder pensar la alternativa de soberanía energética. Es un escenario que se viene en las próximas décadas, cómo va a ser esa transición antes de que se acabe el petróleo. Pero antes de eso se va a volver muy caro extraerlo”.

En relación a la transición energética popular detalló que “no es pensar solo en un cambio de fuentes sino que es fundamental que haya fuentes que reduzcan emisiones. Es necesario pensar en democracia energética, la energía es un factor que para los hogares más pobres es parte sustancial de los egresos. Que no solamente haya grandes lugares de generación, sino que podamos tener tecnología para generar a nivel local como en otra época fueron las cooperativas de servicios públicos que generaban su propia energía”.

“No hablamos de descentralizar sino de desconcentrar, en términos de qué cantidad de actores están involucrados en las decisiones respecto a la energía”, finalizó.

Organizaciones ambientalistas y profesionales advierten que la bajante del Río Paraná está ligada a “la expansión de la frontera agrícola bajo un modelo de agroindustria compuesto por la aplicación de millones de litros de agrotóxicos y la expansión de la frontera ganadera que avanza sobre las islas y el delta”.

El cause del río ha visto por estos días su bajante más pronunciada y, si bien se plantea como un riesgo para el transporte de productos a través de la Hidrovía Río Paraná, sobresalen las consecuencias ambientales que genera.

Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, dijo a FM De la Calle que “en que los últimos años circulan miles de embarcaciones que transportan millones de toneladas de mercadería y hay que sumarle las obras de dragado que lleva a cabo la empresa Jan de Nul que lo que hace es triturar y succionar el lecho y fondo del río para que los barcos puedan circular sin encallarse”.

“Hay muchas industrias que vuelcan sus desechos, incendios en humedales y bosques, la deforestación en el gran Chaco y otras provincias que atraviesa el Paraná. Es un fenómeno regional que atraviesan Paraguay y Brasil. Muchas causas ligadas al modelo extractivista que tanto daño le hacen a nuestros ecosistemas”, detalló.

El abogado mencionó que “lo que ocurre es que el régimen hidrológico del río ha sufrido muchísimas alteraciones fruto de este hostigamiento tan intenso de las ultimas décadas. Por el río Paraná salen el 80% de las exportaciones argentinas: aceites, minerales, combustibles, granos y eso genera mucha presión e impacto”.

“Vamos por el tercer año consecutivo de bajante, hemos abordado el fenómeno demasiado tarde, hay contingencias climáticas que exceden la capacidad de previsión o intervención del Estado pero sin lugar a dudas ha existido un cambio estructural en la tierra, paisajes y ríos ligado a este modelo económico productivo”.

Desde la Asociación de Abogades Ambientalistas realizaron presentaciones ante el Ministerio de Transporte “manifestando la preocupación y el acceso a la información pública porque Jan de Nul había firmado que debido a la bajante iban a llevar tareas de sobredragado de 2 pies, 60 cm. Estábamos desconcertados porque creíamos que había que hacer lo contrario, frenar cualquier intervención que genere impacto en el Paraná. El Ministerio de Transporte intervino diciéndole a la concesionaria que frene las tareas de sobredragado porque no estaba prevista en el contrato de concesión”.

En relación a las consecuencias afirmó que “estamos atravesando un ecocidio. Hay muchos problemas estructurales hace muchos años, la bajante histórica es una expresión. En relación a los humedales señaló que 500 mil hectáreas fueron arrasadas por el fuego en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Misiones. Si se le suma las más de 10 millones de hectáreas deforestadas, si le sumamos los litros de agrotóxicos que se aplican en los suelos, si le sumamos la matriz extractivista energética basada en la producción de combustibles fósiles, estamos atravesando la tormenta perfecta”.

“Es probable que ese tipo de eventos continúen. Vamos a un escenario donde los ecosistema van a atravesar un período de desertificación, sin agua, sin bosque y tierra fértil va a llegar un momento donde no vamos a poder ni navegar para transportar mercadería ni producir alimentos. Estamos en una situación crítica”, argumentó.

Colombo puso énfasis en la importancia de reclamar soluciones políticas. “La cuestión ambiental tiene una centralidad trasversal a las agencias e instituciones del Estado y tiene que formar pare de las propuestas de los candidatos”.

“Las audiencias públicas se garantizan por leyes ambientales. Cuando cumplen lo hacen para generar un procedimiento debidamente cumplido en papeles y formas pero que después, en sustancia, a la democracia ambiental le aporta muy poco porque en la mayoría se encontraron opiniones en contra y las autoridades deciden lo contrario o incluso van a la audiencia con la decisión tomada”.

Un caso que podría marcar un rumbo diferente es el rechazo planteado en la audiencia por la exploración petrolera en plataformas marinas. Para Colombo “existe la posibilidad de que el Ministerio de Ambiente haya escuchado a la ciudadanía y que rechace los permisos de exploración petrolera frente a las costas argentinas”.

El municipio anunció que pretende instalar una estación de separación de residuos sólidos en terrenos del ferrocarril sobre avenida Parchappe. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por la comunidad del sector, comprometida en el mantenimiento de espacios verdes, quienes se reunieron con funcionarios y manifestaron el descontento.

“Ellos quieren instalar una planta separadora de residuos sólidos frente a la concesionaria R1, detrás de la estación. Consideramos que es un demérito, una pérdida de valor desde todo punto de vista. Hicimos una consulta entre los vecinos, solicitamos una reunión y asistieron el director de Obras Públicas, de Saneamiento Ambiental y la gente que hizo el proyecto”, dijo a FM De la Calle, Jorge Herrera, presidente de la “Asociación Amigos Avenida Parchappe.

Agregó: “Tenemos como objetivo aunar el esfuerzo de los vecinos en el mejoramiento de la avenida, estamos hace 15 años haciendo un parque lineal de 300 metros sobre le Puente Negro, estamos luchando por revalorizar la zona ferroviaria de la avenida y la comuna parece que tiene otros proyectos”.

Dijo que el objeto de la reunión “era que explicaran qué es lo que querían hacer. No estamos en contra de una planta de separación de residuos, estamos en contra de la localización. Estamos en macro centro, es un lugar que venía repuntando bastante bien y con eso vamos a tener serios problemas en el futuro.”

La explicación que brindaron desde el Municipio es que “es una planta con personal permanente que va a estar cerrada cuando no opere, con dos portones, uno de entrada y otro de salida, para que la gente que quiera deshacerse de elementos voluminosos como una heladera, un calefón, ramas de poda, latas, botellas, pueda descartar. Venimos lidiando con la SAPEM Ambiental que no solo es un problema ecológico sino de circulación de vehículos de gran porte, tenemos el asfalto en delicada condición, saturación vehicular”.

“Los vecinos están sensibilizados porque tenemos el entubado a una cuadra de ese lugar, que es un lugar poco atendido”, dijo Herrera.

En relación al diálogo, mencionó que “la gente de la comuna venía dispuesta a explicar, en un plan de te explico y mañana empiezo a ponerla. Se encontró con una oposición bastante férrea, no se quedó en nada. Vamos a levantar firmar para presentar en la comuna y ver si podemos torcer el destino de ese terreno”.

Herrera manifestó que “los terrenos son administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la comuna consiguió que se le cediera un terreno en Spurr y otro en Pellegrini y Parchappe con la presentación de proyectos”.

“En la asociación estamos hace 15 años empujando por el parque y la avenida. Hemos visto transcurrir variados proyectos ecológicos de ese tipo y todos han terminado de la misma forma, no entendemos cómo este puede ser diferente. En el punto limpio de Aguado cuando está cerrado la gente satura la vereda con cosas que llevaba para tirar y no pudo”, dijo.

(Por Yica Guardia) El proyecto de etiquetado frontal de productos alimenticios, con media sanción del Senado, obtuvo dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el 13 de julio y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión.

La iniciativa prevé la promoción de una alimentación saludable, mediante un etiquetado informativo, claro y visible que advierta sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en los productos alimenticios.

Una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y de Industria avanzó con la propuesta de colocación de sellos frontales en los envases de alimentos. En total, en el extenso debate, se firmaron cuatro dictámenes: uno de mayoría, dos de minoría y uno de rechazo.

Es un proyecto integral que busca la protección de nuestros derechos y pone el foco en las infancias y adolescencias. Existen antecedentes de este marco regulatorio en otros países, trae una normativa muy completa similar a la experiencia mexicana, considerada la mejor a nivel mundial.

Se establece que de manera obligatoria se implementen en el frente de los alimentos y bebidas que se comercializan envasados un sello, octógono de color negro, que nos advierte cuando un producto tiene una cantidad excesiva de calorías o nutrientes críticos, grasas, azúcares, sodio, y también está contemplado previsto que se incluyan leyendas cuando contengan edulcorantes o cafeína. El objetivo de este último punto es desalentar el consumo de este tipo de productos en las infancias. 

También establece que los envases que tengan más de uno de estos sellos no podrán incluir información nutricional complementaria para inducir a su venta. Tampoco logos de entidades científicas con el mismo fin o crear una ilusión acerca del contenido y calidad del alimento que pretende venderse. Los que incluyan publicidad engañosa como personajes o caricaturas que generen una manipulación en el consumidor, promesa de regalos, sorteos, premios, falsa atracción para los más chicos quedarán fuera de lo permitido.

Todo estaría regulado en esta ley que prohibiría toda publicidad, patrocinio, sorteo, dirigidos a niñas, niños y adolescentes cuando tengan más de un sello. Además, prevé una regulación para mejorar los entornos escolares al respecto. Se establece que se incorpore educación alimentaria en la currícula escolar. También la oferta de alimentos en las escuelas, no sólo lo que se comercializa sino también qué alimentos se ofrecen por parte de los comedores escolares. Se intenta proveer información acerca de una sana y completa alimentación, brindar claridad ante las estrategias de marketing de venta y publicidad de la industria alimentaria que terminan incidiendo en nuestra intención de compra.

Brindar opciones más justas, verdaderas, reguladas, sanas y seguras, donde el Estado brinde herramientas adecuadas y de fácil acceso y disponibilidad para toda la población de consumidores. Nos referimos a un acceso fácil e instantáneo, omitiendo la letra chica que existe hoy en los paquetes que puede resultar confusa y poco clara. El lenguaje es de suma importancia ya que tanto las infancias como los grupos sociales de menor nivel educativo son los más vulnerables, donde la capacidad de distinción entre estrategia de venta y publicidad es difícil de distinguir. Así, tienen menos elementos para hacer lecturas críticas desde lo simbólico y el lenguaje poco legible que se brinda.

Son objetos comestibles que están autorizados para su venta desde el Código Alimentario Argentino pero esto no quiere decir que sean aptos para una sana nutrición. Define la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Son formulaciones listas para comer o beber. Se basan en sustancias refinadas, con una cuidadosa combinación de azúcar, sal y grasa y varios aditivos. Incluyen bebidas azucaradas, snacks y comidas rápidas”. Tal es así que impactan negativamente en la salud y son los principales causantes de la malnutrición por obesidad en adolescentes y adultos, exceso de peso en niñas y niños, enfermedades no transmisibles, etcétera.

Una de las principales causas en aumento de enfermedades y muerte es el consumo de estos productos. Listos para consumir, productos- servicio, productos de consumo instantáneo.

Entonces, apoyar y conocer este tipo de proyectos de ley nos hace más conscientes y responsables de nuestra salud y de nuestro rol político como consumidores interpelando nuestra decisión de compra desde qué queremos consumir, cómo, dónde, de quién, por qué, etcétera.

Volver a una alimentación casera, sencilla y saludable es la propuesta que deriva no sólo de esta ley sino también de este tiempo que vivimos donde la soberanía alimentaria, la agroecología para productores y consumidores, el derecho a la alimentación, a la salud y a la información son prioridad conocer y defender. Por ende, la seguridad alimentaria -la disponibilidad, accesibilidad cultural, de calidad y cantidad- deben ser prioritarias en un Estado Democrático, Plurinacional y de Territorio Biodiverso que brega por el bien común y la salud de su comunidad.

Les invitamos a escuchar los podcasts de Conexión Socioambiental con las entrevistas a Miryam Gorban y a Marcos Filardi.

Cristina Pitsch, directora de Ordenamiento Forestar Urbano, dialogó con FM De la Calle tras la aprobación en el Concejo Deliberante del Plan Regulador y el Plan Director de Arbolado Urbano.

“El Plan Director pasa a formar parte de lo que es el Plan Regulador de la provincia. El primero establece las especies por calle, dando marco de distinta floración y follaje, se tienen en cuenta el Código de Edificación y las veredas. El Plan Regulador se refiere al mantenimiento, al manejo del arbolado”, señaló.

En el Plan Regulador se prevé la proyección de una serie de actividades. “Una de las más importantes es conocer la situación del arbolado urbano a través de un censo. Luego, el análisis de los datos, de las distintas especies, cómo están, qué problemas sanitarios tienen, qué dificultad de desarrollo radicular, si hubo o no podas, si fueron mutiladas por las podas agresivas”.

“Este Plan Regulador se presenta en la provincia por un período de 5 años en el cual uno anualmente tiene que demostrar avances con lo que se presentó”, explicó la ingeniera.

En referencia al censo de arbolado, mencionó que “se hizo el convenio con la UNS, había un parte censada y seguimos censando, la idea es seguir cubriendo toda la ciudad. Por año se va a hacer un 20% de la superficie de la ciudad. Es dinámico el arbolado urbano, es un trabajo constante de supervisión”.

De lo ya censado aseguró que en la Delegación Centro “hay faltante de árboles, están faltando casi 15 mil, esto es de recintos que los vecinos han cerrado o que están sin plantas”.

En relación a los vecinos y las vecinas que sacaron plantas señaló que “desde principio de año estuvimos trabajando en las intimaciones para la apertura del recinto, tenemos algunos ejemplares para reponer. 14 mil plantas no es poco, es importante trabajar con la gente que capaz quieren reponer ellos mismos los árboles. Eso nos va a permitir saber qué especies tengo, cómo están distribuidas, qué tengo que hacer”.

“Más adelante nos va a permitir saber qué especies hay, cómo están distribuidas, qué tipo de trabajo hay que hacer. Esto lleva a que en un futuro sepamos qué problemas podemos tener y para saber si se trabaja desde el piso, desde altura”, mencionó Pitsch.

En el diseño de las nuevas normativas trabajaron de manera coordinada con el Observatorio de Discapacidad. “Los recintos elevados no están permitidos. No es solamente por el daño que se puede producir a la planta, muy pocas personas riegan los árboles y con la pendiente mínima de la vereda el agua de lluvia entra en un recinto que no es elevado. Con el Observatorio de Discapacidad trabajamos porque es una barrera para una persona discapacitada que se baja de un vehículo o para una persona con disminución visual son un problema los canteros elevados”.

En relación a la poda señaló que “lo mejor es no podar (…) Lo que se hace es el diagnóstico. Existe un registro de podadores que pueden podar en la vía pública, cobran como un jardinero y es un alternativa en cuanto al apuro que tenga la persona. Si es que no hay cables o es un trabajo de altura”.

Por último, destacó que “ellos hacen la poda pero tanto el frentista como la persona que ejecuta la poda tiene un diagnóstico en papel desde la Dirección de Ordenamiento Forestal. Si el podador hace bien el trabajo queda registrado, si hace una mutilación, pasa un inspector, multa a frentista y el frentista puede decir qué podador hizo ese trabajo y se lo saca del registro para que después no tengamos riesgo en el rebrote”.

En una audiencia prevista para el 5 de agosto las empresas responsables de la contaminación del estuario deberán responder si aceptan o rechazan una oferta económica para reparar el daño que hicieron. 

Los pescadores artesanales propusieron a la justicia que se hagan cargo del costo de la planta de tratamiento para el reúso de líquidos cloacales, la cual no solo mejoraría la calidad ambiental de la ría sino que aliviaría el abastecimiento de agua potable de la ciudad.

“Hace tres años que está acreditada la contaminación y la cruel realidad es que no hay ninguna resolución sobre este tema”, dijo a FM De la Calle el abogado Lucas Beier. Los trabajadores realizaron cortes y protestas en Ing. White y las empresas respondieron con denuncias penales.

La Cámara Federal dictó la nulidad de una serie de convenios que el fiscal Santiago Martínez y las empresas firmaron sin participación de la querella ni la fiscalía especializada. Siguieron días de protestas y negociaciones frustradas dentro y fuera de los ámbitos judiciales.

Uno de los intentos involucró a la Unión Industrial, entidad integrada por varias de las empresas imputadas, ante cuyas autoridades se ofreció a mediar. “Respondieron que no quieren hacer ningún arreglo, que van a dejar que siga la vía judicial. El Consorcio (de Gestión del Puerto) dijo que si las empresas no participan ellos tampoco”.

Las multinacionales apuestan a llegar a la última instancia judicial, trámite que les podría garantizar una década más de impunidad y avanzar con la ampliación de algunas plantas.

“Queremos que el Poder Judicial tome esto seriamente y dicte de una vez por todas una cautelar más seria, no tratar que se llegue a un arreglo sino tomar decisiones e imponer obligaciones. Así como la jueza de Garantías en menos de 48 horas obligó a los trabajadores a levantar las manifestaciones también podrían obligar a las empresas a intentar ir mejorando el tema ambiental”, afirmó Beier.

Las investigadas son Unipar (Solvay Indupa), TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, Dow (PBB Polisur), Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.

Hace dos años, la Cámara Federal le impuso al fiscal Martínez un plazo de 90 días para que disponga la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».

En los próximos días, la vía del “consenso” tendrá una última oportunidad. “Las empresas tienen que manifestar si, además de lo que propusieron que era mejorar el sistema de tratamiento -que ellas dicen que es óptimo- en un plazo de 18 meses, aportan dinero para sanear el ambiente cumpliendo con los parámetros de la Cámara”.

La querella considera “suficiente” que se hagan cargo del financiamiento de una planta para la reutilización de líquidos cloacales. “El fiscal consideró que correspondía, les dio traslado y el 5 de agosto tienen que decir si están de acuerdo. Si no están de acuerdo definitivamente se cierra la etapa de conciliación y si dicen que sí habrá que empezar a trabajar en eso”, afirmó el abogado.

El estancamiento de la causa impuesto por Martínez y la jueza Marrón es funcional a la prescripción de la acusación contra los empresarios y funcionarios denunciados. “La causa no prescribiría nunca porque es un delito de ejecución continua -en este momento están arrojando desechos industriales-, a no ser que dejen de arrojarlos y empezaría a correr el plazo. Pero sí corre sobre la persona que deja de ser director. Denunciamos a diez empresas, cada directorio estaba formado por veinte personas, son 200 personas”.

Por último, Beier se refirió a la reciente captura  de peces ulcerados. “No es lo cotidiano que salgan tan visibles pero recordemos que todos los peces analizados en la pericia salieron con úlceras cancerígenas que, según el Departamento de Delitos Ambientales de la Federal, es consecuencia directa del alto grado de contaminación del estuario, no es normal”.

“Dijeron claramente que consumirlos es peligroso para la salud, no es posible el desarrollo de la biodiversidad dentro el estuario. Ninguna de las pericias fue impugnada ni declarada nula pero pasaron tres años y todo sigue como si nada”.

“Las empresas en vez de hacer tantas cuestiones de responsabilidad social empresarial, donando plata o construyendo placitas, se tendrían que hacer cargo del saneamiento del estuario y dejar de contaminar. Es principalmente un reclamo a los funcionarios del Poder Judicial, Legislativo, administrativo, al Concejo Deliberante, al intendente. Cuando salió la pericia hubo un poco de revuelo y después nadie más habló de este tema”, dijo el abogado.

“Efectos de los agrotóxicos en la salud infantil” es el nombre del informe que busca concientizar a la comunidad médica para abordar las enfermedades que se asocian a los herbicidas y funguicidas que se utilizan en los cultivos agropecuarios e impactan en la salud de los pueblos, en particular en una de las poblaciones más vulnerables como son los niños y las niñas.

Se trata de un trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatría elaborado por su Comité de Salud Ambiental, a través de un equipo que reunió a doce profesionales.

“Es un hito porque hay varias cosas que suceden cuando se labura en territorito con poblaciones expuestas que vienen denunciando o pidiendo ayuda. Una de las que más se escucha es que no encuentran médicos que digan esto que te pasa puede ser por los agrotóxicos, se encuentran muy desamparados”, dijo a FM De la Calle Ignacio Bocles, médico y docente de la Cátedra de Embriología de la Facultad de Medicina de la UBA.

El coautor de uno de los capítulos del documento, agregó que “hace tiempo que Argentina se debía que una sociedad médica se plantara de esta manera y pusiera una posición respecto a una necesidad efectiva que es la de formar, capacitar y dar herramientas a los médicos que están en territorio para hacer una evaluación que involucre el carácter ambiental. Es algo que se tomó muchísimo tiempo”.

“Desde el 96 que tenemos este modelo en el agro pero la historia de extractivismo y de contaminación viene desde mucho antes. Es algo bienvenido, es necesario y se tiene que tomar en cada territorito para evaluar la situación de cada lugar, para ver qué medidas se necesitan”, dijo el investigador.

¿Qué son los agrotóxicos?

La palabra agrotóxico se acuña desde las comunidades, hace referencia a los químicos y compuestos sintéticos que se utilizan en la producción agrícola. El uso del químico implica un riesgo y ese riesgo es tóxico y no debería llegar nunca a estar en contacto con el cuerpo de nadie. Cuando nos ponemos a hablar de lo socioambiental no debería destruir los ecosistemas.

Son químicos que tienen un poder biocida importante sea cual sea el objetivo que vayan a matar. Al mismo tiempo, mientras más se usa más resistencia se genera, con lo cual se tiene que usar más. Este modelo en los últimos años ha generado un crecimiento exponencial del uso que ha generado que incluso población urbana alejada de los campos tenga en su cuerpo estos venenos.

¿Cómo nos afectan?

De muchísimas maneras, el pensamiento de la salud está formateado y se piensa como antes se pensaban a las infecciones, tal microbio genera neumonía y es eso lo único que puede generar.

Acá estamos hablando de químicos y con la contaminación en general sucede que se pueden producir múltiples afecciones, hasta anomalías congénitas, malformación en embriones, aumento de casos de cáncer, tienen impacto en la herencia, el impacto se puede dar en hasta 4 generaciones después, en aumentos en incidencia de diabetes, hipertensión, etcétera. No estamos expuestos a uno sino a un conjunto de químicos que que pueden tener muchas implicancias, con lo cual altera la forma en la que enfermamos, morimos y también la forma en la que vivimos.

-¿En la actualidad no se mira a la salud desde una perspectiva integral?

Hay una tendencia en todo el mundo en transformar cómo entender la salud y la vida, salir del pensamiento lineal de que una cosa genera otra. Estamos atravesados por muchas variables que hacen que las enfermedades se manifiesten de manera diferente en cada persona y distintos generadores de enfermedad generan distintos problemas.

En ese sentido se torna fundamental que los médicos adquiramos herramientas epidemiológicas de evaluación comunitaria. Si estoy enfocado en diagnosticar y tratar una enfermedad de alguien y no me pregunto si es o no más frecuente en la comunidad, lo único que hago es poner parches a un sistema generador de enfermedades. El punto es diagnosticar y tratar pero, al mismo tiempo, atacar lo que genera el problema, hacer ambientes más sanos que generen menos problemas.

Para ello, ¿una propuesta sería la elaboración de una historia clínica socioambiental?

Es un primer paso para involucrar en la tarea cotidiana de los médicos la evaluación de la problemática ambiental. Es algo que antiguamente se hacía mucho en la medicina, en la industrialización de la medicina, en el sistema urbano donde el médico está en un consultorio y viene un paciente de muchos kilómetros y las formas de vida están borradas en las formas de ejercer la medicina. Es recuperar esto y ver de dónde vienen, a qué están expuestas las personas, si involucran agrotóxicos como pueden ser otros componentes.

¿Qué pasa con las exposiciones crónicas y las normativas laxas? ¿Es más difícil evaluarlas medicamente?

Hay algunas cuestiones que son más ingenuas y algunas más perversas. En territorio hay instituciones del Estado que han entrado en prácticas aborrecibles. Por ejemplo, al instalar plantas de tratamientos de residuos en una comunidad, facilitando que esa población no va a pagar ciertos impuestos en retribución al daño que se generará a la salud en los próximos años por la presencia de esa planta. Hay cosas que son ingenuas desde el desconocimiento y otras realmente macabras respecto a instituciones que están dañando la salud sabiéndolo. Son cuestiones a problematizar.

-¿Qué podés contarnos en relación al capítulo que desarrollaste junto a Damián Marcov, “Efecto de los Agrotóxicos en el desarrollo embrionario y en el sistema nervioso infantil”?

Yo me aboqué más a la parte embrionaria y Marcov más a lo neurológico. Argentina está entre los países que más conocimiento producen porque es un problema muy presente. Se estudia en modelos animales porque te permite entender qué mecanismo pueden estar atrás de que aparezca un problema.

Los mecanismo son comunes en algunos animales, la forma en la que nos desarrollamos es parecida, los mecanismo para generarse son parecidos. Se ve que los agrotóxicos generan problemas muy marcados al interferir en la red de comunicación celular. Por lo cual hay muchísimos sistemas que se alteran, sobre todo lo que tiene que ver con desarrollo del sistema nervioso central, el cerebro en particular, y muchos efectos de la línea media, involucra alteraciones en el sistema digestivo que pueden ser funcionales, como intolerancias alimentarias en el niño que nace, hasta anatómicas que puede ser nacer con las viseras fuera del cuerpo.

Esto se ve en distintos sistemas porque no ataca a una parte del cuerpo sino que altera una forma de la comunicación entre los tejidos que organiza cómo se desarrollan. Al mismo tiempo se ve que cuando el animal adulto está expuesto se genera el efecto a varias generaciones después. No solamente su cría tiene problemas, sino que la cría de la cría y la cría de la cría de la cría tiene problemas.

En los animales se ven problemas con la formación de la placenta y con la implantación de embriones y eso se vincula con problemas en el parto. Esto tiene correlato con problemas que se denuncian en todos los pueblos fumigados respecto a cosas que ven más frecuentemente. Son correlatos de evidencias animales que acompañan y coinciden con lo que ven las poblaciones afectadas a muchísimo tiempo.

¿Desde el Estado cambió algo en los últimos años en relacion a acompañar estas investigaciones?

Es cierto que hay un poco más de tensiones institucionalmente y que hay personas muy valiosas actuando desde allí, está la Red de Municipios por la Agroecología. La decisión política para abordar este tema brilla por su ausencia, en esas tensiones se beneficia el aumento de uso de estos agrotóxicos. Una de las cosas que se autorizó en pandemia es que se pudiera fumigar. Las personas estaban encerradas en sus casas y las fumigaciones se hacían con mucho menos reparo que se hacían antes. La verdad es que la tensión está inclinada para el sector agroindustrial y poco para el lado de la salud socioambiental.

Fotos Bocles: lavaca.org

La semana pasada terminó la audiencia pública en la cual se cuestionó la exploración de nuevas áreas marinas en busca de gas natural y petróleo. La empresa noruega Equinor presentó un proyecto para operar frente a las costas de Mar del Plata y otras localidades.

Si el proyecto obtiene luz verde para la exploración sísmica que se plantea, uno de los mayores temores es la posibilidad de derrames de petróleo y las consecuencias para el ecosistema marino.

“Hay un informe de la Universidad Nacional del Centro estudiando la posibilidad de derrames y el porcentaje que dio es del 100%. Va a haber incidentes. Eso además de ‘accidentes’ que pueden ser graves, es inherente a la actividad. Paradójicamente en la semana se dio una escena distópica a partir de lo que pasó en el Golfo de México, una bola de fuego saliendo del mar”, dijo a FM De la Calle Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas..

Explicó que “lo que se considera en la audiencia publica es un permiso de exploración de 3 bloques en el Mar Argentino, uno de ellos frente a Mar del Plata. Generó un revuelo muy grande. Lo que está en juego es la exploración, la búsqueda del petróleo es muy contaminante porque es un bombardeo acústico, eso es lo sísmico que genera mucho impacto en la biodiversidad”.

Viale sostuvo que “lo más trascendental es que por primera vez hay chances concretas de se rechace el informe de impacto ambiental, ha trascendido que el Ministerio de Ambiente iba a rechazarlo”.

El abogado agregó que la audiencia pública “es un hecho histórico porque se anotaron casi 500 personas, totalmente inédito. Lo que muestra una participación que cuestiona la exploración petrolera sísmica offshore, que para la mayoría de la población es complejo, es interesante porque muestra un momento donde la cuestión ambiental trasciende a los especialistas y preocupados de siempre, se está transformando el una ola ecosocial”.

“La explotación petrolera offshore es fuera de costa y sobre el mar, como salen de las 12 millas no son las provincias las que otorgan concesiones sino el gobierno nacional porque es Mar Argentino. Fueron dadas en octubre del 2019 a pocas semanas del cambio de gobierno”, mencionó.

Si estas petroleras se instalan afectarían al corredor biológico, “un lugar de gran diversidad marina que está en peligro, y a las costas bonaerenses”.

Durante el tratamiento del proyecto se presentó un informe ambiental de la Consultora Serman. “Estos informes son hechos por consultoras que tienen como clientes a estas corporaciones. Hay un último párrafo que dice ‘Cabandié pone en peligro un proyecto petrolero’. No está en peligro un proyecto petrolero sino el Mar Argentino. Lo dan vuelta para que nadie puede osar cuestionar al dios petróleo”.

“Cuentan del impacto moderado sobre los mamíferos marinos, todo era moderado, ¿qué quiere decir moderado? Muestran un gráfico, los mamíferos marinos saben cuándo está pasando esta exploración sísmica y se van. Algunas especies no están nombradas. Entonces, ¿le ponen carteles? ¿saben leer? ¿se van?”.

(Por Yica Guardia) Continuando con la retórica acostumbrada por este sistema económico, proponen aumentar las  exploraciones offshore de hidrocarburos. Días atrás la empresa noruega Equinor solicitó tres nuevos permisos para operar frente a las costas de Mar del Plata y otras localidades del sudeste de la Provincia de Buenos Aires, principal corredor biológico del Mar Argentino.

Se ampliaría la frontera acuífera de explotación de hidrocarburos ya establecida en un momento de colapso ecológico y sanitario como el que vivimos, y de emergencia social y ambiental. Es razonablemente impensado. Vale decir que ya desde el 2017 ocurren exploraciones sísmicas en nuestra Plataforma Marítima sin la debida información ni consulta popular.

El fracking está instalado en nuestro territorio como todas las demás formas de saqueo, destrucción y extracción de recursos que son comunes y propios de la Naturaleza. Además de ser recursos obsoletos que ya no permiten más manipulación ni explotación. Todos mecanismos extractivistas sin licencia social y contrarios a la soberanía e industria nacional, como es el caso de la pesca artesanal en el asunto que nos compete estos días.

Por todo esto, el 10 de junio se publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a la Audiencia Pública N° 1/21 para compartir con la ciudadanía el Estudio de Impacto Ambiental de la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore en Cuenca Argentina Norte, en las áreas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114” (Resolución N° 7/2021).

El método para la exploración de hidrocarburos en nuestra Plataforma Marítima es a través de explosiones sísmicas, técnica con bombardeos mediante cañones de aire que generan un ruido potente similar al despegue de un cohete espacial. Estas ondas sonoras viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración.

Los datos que recolectan son para crear mapas del fondo marino que luego las compañías petroleras utilizan para determinar ubicaciones para futuras perforaciones.  Diferentes estudios desde la Academia y la Ciencia constatan el peligro inminente ante este tipo de métodos, como la concurrencia de derrames de petróleo que rápidamente llegarían a las costas de las playas del sudeste bonaerense y la contaminación de las aguas con graves consecuencias para los ecosistemas marinos, causando desorientación en la fauna marina, pérdida de huevos, desorden en la conducta, impacto y muerte por ondas sonoras de ballenas, orcas, delfines, lobos marinos, entre otros mamíferos acuáticos.

El jueves 1 de julio se realizó la Audiencia Pública con una fuerte convocatoria y adhesión por parte de la ciudadanía, por decreto 1172/03 que estipula el acceso a la información pública. Dicha Audiencia marcará antecedentes en nuestro sistema democrático.

Es importante destacar la urgente y necesaria transición energética que debe emprender el país con responsabilidad de Técnica Ambiental y una gestión ética y transparente con la debida participación de los pueblos y su fiscalización pública pertinente.

En la Audiencia se manifestó una amplia mayoría de expositores en contra del proyecto de concesión offshore para ampliar las fronteras de explotación de hidrocarburos. En diez días el Ministerio de Ambiente de la Nación debe realizar un informe con plazos y modalidad de publicidad que tendrá la resolución final. Deberán explicar, además, cómo tomaron las opiniones de la ciudadanía participante.

Fueron claros y precisos los dictámenes sobre el estudio ambiental presentado como también la decisión de los pueblos que habitamos este territorio, por lo que serán responsables del dictamen y resolución final quienes otorguen permisos y licencias a partir de la misma.

Aguardando dicha resolución oficial, invitamos a escuchar la Audiencia por el canal de Youtube del Ministerio de Ambiente de la Nación, como también a investigar acerca de las explosiones acontecidas días atrás en el Golfo de México por el incendio de un ducto petrolero submarino. Este evento es uno más en una larga lista de sucesos similares: misma causa, mismos responsables. Estos hechos no pueden denominarse accidentes cuando son de peligro inminente y afectan el ambiente y la vida.

La provincia más austral se convirtió en el primer territorio del mundo en legislar contra la cría de salmones, especialmente, en aguas del Canal Beagle. “Esto es bisagra”, dijo a FM De la Calle David López Katz, integrante de Sin Azul No Hay Verde, programa marino de la Fundación Rewilding Argentina.

Dado el “impacto ambiental, el poco beneficio que otorga a la comunidad, porque no genera puestos de trabajo y que encima genera impactos a la salud, hay muy pocas razones para permitir que una industria así opere”.

“Conjuga la opinión del pueblo que se manifestó durante los últimos 2 años y medio que fue cuando se dijo la posibilidad de hacer esta actividad a partir de un convenio que firmó Argentina con Noruega, que es quien promueve esta actividad alrededor del mundo y en Chile durante los últimos años. Solo con contactar a gente de Chile vimos el desastre que significa para el medioambiente y que atenta contra las comunidades, con las culturas locales y los trabajos de calidad”, dijo López.

En relación a la metodología de cultivo explicó que “desde fuera del agua no se ve demasiado, son jaulas que tienen la superficie de una chancha de fútbol y eso para abajo puede tener 80 metros, puede haber de 200 a 800 mil salmones. Es una masa gigante de animales que corren el riesgo de que con cualquier cambio climático brusco una de las jaulas se rompa y se escapen miles de salmones a un hábitat que no les corresponde, porque es una especie introducida del hemisferio norte, y empieza a impactar sobre las especies autóctonas”.

En cuanto a los impactos ambientales, mencionó que “uno de los más importantes es que de todo el alimento que les dan, que es balanceado, se calcula que consumen entre el 30 y 40% y el resto va al lecho marino no permitiendo el ingreso de luz y oxigeno, generando un mar muerto. Como tiene un tiempo límite y las jaulas se van moviendo, por donde van pasando van matando todo”.

López Katz afirmó que la imagen que más se asemeja es la de un criadero de pollos con los animales hacinados en jaulas, hábitat en el que proliferan las enfermedades. “Los antibióticos que se usan son muy fuertes para poder combatir virus que traen estas especies, la mayoría de las enfermedades se generan en lugares con un hacinamiento muy grande”.

“Después uno lo termina consumiendo al salmón y va generando una resistencia a los antimicrobiales y cuando uno necesita de un antibiótico tiene cierta resistencia, a notros mismos nos empieza a generar problemas de salud”.

Respecto a los puestos de trabajo que prometía la explotación de las salmoneras, López Katz argumentó que “trabajamos con economistas de la Universidad de Tierra del Fuego que llevaron adelante un estudio de factibilidad económico y llegaron a la conclusión, ratificada por la industria, que se necesitaban alrededor de 70 personas. Más de la mitad era personal calificado que acá no existe porque esta actividad no se lleva adelante, entonces habría que importarlo, ¿para qué poner en juego nuestro medioambiente, competir con los productos locales, por un producto que no genera derrame a la comunidad?”.

La prohibición es para la cría de salmónidos en aguas territoriales, el ambientalista aclaró que “dentro de los salmónidos están las truchas, que están introducidas en Tierra del Fuego hace más de 30 años y se usa para la gastronomía, para la pesca. Hay productores locales que llevan la actividad de manera sustentable y en sistema de recirculación en tierra. No tiene la misma magnitud de impacto que las jaulas que mencionábamos antes, se permite este tipo de producción a baja escala”.

En cuanto a la persistencia de los intereses empresariales o del rechazo del gobierno nacional a la norma, López Katz aseguró que “la comunidad se expresó determinantemente” al igual que sus legisladores. “Va a ser muy difícil que cambien pero no hay que bajar los brazos y siempre estar pendientes”, concluyó.

Imágenes: Augusto Decamilis, buzo y fotógrafo.

A principios de marzo varios focos de incendio tiñeron el paisaje patagónico de humo, ceniza y ruinas. “A nadie le quedan dudas de que fue intencional”, dijo a FM De la Calle, Patricia Dambielle, integrante de la APDH Chubut.

Afirmó que “el saldo fueron más de 400 casas afectadas, la mayoría quemadas en su totalidad, hubo pérdidas humanas, gente que todavía está con quemaduras, la gente está reconstruyendo gracias a la enorme solidaridad de todo el país”.

Dambielle aseguró que “el impacto psicológico fue para todos los habitantes porque quienes elegimos el lugar por el contacto con la naturaleza cada vez que cruzamos la zona afectada es un desgarro, y mucho más para la gente que ha perdido todo. Hay gente que es artesana y ha pedido no solo su casa sino su frente de laburo”.

Por tal motivo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos impulsó la campaña Apapachar Patagonia. “Apapachar significa abrazar con el alma, reunimos 2 o 3 voluntaries de cualquier lugar con una familia. Hay apoyos no solo materiales sino emocionales, es impresionante cómo cambia la gente cuando se siente acompañada, es muy lindo lo que se está haciendo en ese sentido”.

25 voluntaries viajaron desde Buenos Aires para ayudar en el proceso de reconstrucción de las viviendas. “Hicieron mingas, ya levantaron unos 20 techos, hoy estaban construyendo las paredes de la casa de un matrimonio mayor”.

Desde la APDH solicitaron al Ministerio del Interior informes sobre las partidas presupuestarias enviadas. “Nos dijeron que se había girado 200 millones de pesos, iban a poner unos módulos provisorios de viviendas, son unos 20 que todavía están sin vidrios. Se entregan en concepto de comodato, después los van a tener que devolver. A la gente que perdió parcialmente la casa tienen habilitados hasta 400 mil pesos para construir y para los que perdieron al casa completa les ofrecen a tasa cero un crédito, tienen que cumplir requisitos y cuando se anotan muchos, va a sorteo”.

Mientras tanto, “a algunas familias les han facilitado el pago de alquiler algunos municipios y el resto se arreglan con amigues, gente solidaria que les ha ofrecido espacio, muchos hicieron refugios y otros están construyendo en el lugar donde perdieron las casas”, comentó Dembielle.

“Las casas que se hacen voluntariamente son de permacultura, con barro, son bastante térmicas, se están haciendo las estufas tipo rusa y cuando logramos que estén cerradas las casas se ponen más calentitas. Se apunta a que sean viviendas permanentes, el diseño que hicieron arquitectos de manera voluntaria permite ampliación a futuro. Tienen living comedor, cocina con un baño y un dormitorio y después dala posibilidad de ampliar, se subsana el tema inmediato pero se prevé una casa permanente”, dijo.

Por donaciones o para participar de Apapachar Patagonia pueden comunicarse con Patricia al 294 410 99 44.

Foto: Télam.

“Teníamos razón desde el comienzo, lo ocultaron, no salen a reconocerlo. El operativo ya se desarrolló ante el desconocimiento de las poblaciones”, dijo a FM De la Calle Domingo “Mingo” Jofré, integrante de las Asamblea Jáchal No se Toca, colectivo que denunció que un cargamento de 100 toneladas de mercurio serían trasladados desde la mina Veladero de San Juan hasta el puerto de Bahía Blanca.

El asambleísta hizo un llamado a comprometerse con las causas ambientales y manifestó su deseo: “Que algún fiscal o algún juez, aunque sea por vergüenza, no por empatía, se presenté en el puerto de Bahía Blanca, pregunte de dónde salió, con autorización de quién, por dónde recorrió, cómo llegó hasta ahí”.

“Con eso hay una cadena de mandos que tendrían que estar presos y se determinaría el cierre de esta mina ilegal que está violando la Ley de Residuos Peligrosos produciéndolos, violando la Ley de Glaciares destruyéndolos, violando la Ley de Medio Ambiente y las leyes naturales porque está destruyendo nuestra cordillera y violando nuestra Ley de Minería que dice que después de tres incidentes la mina debe cerrar definitivamente y esta mina ya se cansó de insultar a nuestro territorio”, afirmó.

Jofré participó de una mesa virtual junto al biólogo e investigador CONICET, Guillermo Folguera, referida a los alcances del mercurio y los riesgos de su traslado.

Según lo informado por el Consorcio de Gestión del Puerto son cinco contenedores de 20 toneladas cada uno que «permanecerán en la terminal hasta ser embarcados con destino al Puerto de Rotterdam en área primaria aduanera, dentro de zona especial para Mercancía Peligrosas según requiere el Código Internacional IMDG».

“La mina Veladero es de oro y plata, por lo menos eso es lo que declara. Se dedican a obtener un lingote que se llama de metal doré, donde van oro, plata y otros elementos que nunca declaran. La faena minera se trata de volar y triturar una montaña y llevar esa roca a un valle de lixiviación, es decir un piletón. Ahí vuelcan esa montaña triturada y la riegan con una solución. Hacen un cóctel que tiene el efecto de extraer de esa roca triturada los minerales diseminados, les interesa el oro, la plata, etcétera, y ahí aparece el mercurio que es un mineral prohibido”, argumentó Jofré.

Explicó que el mercurio “es un subproducto no deseado de la megaminería en nuestro territorio, en Veladero. Es una actividad que produce en su accionar residuos peligrosos altamente tóxicos y prohibidos en el mundo. Ahí ya hay una faena y destrucción, por más que el ministro (Matías) Kulfas venga a decir que en Veladero se está haciendo patria es extractivismo”.

La comunicación oficial da cuenta que el cargamento fue trasladado “con custodia de Gendarmería Nacional. El operativo previo estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y dentro del Puerto se encuentran bajo custodia permanente de Prefectura Naval Argentina” .

Al respecto, el asambleísta mencionó que “son las mismas instituciones que deberían haber controlado que no se produzcan los derrames que ocurrieron en Veladero en 2015. Un año después nos enteramos de dos más, nos enteramos por mensajes de empleados que entraban en pánico, no por los órganos oficiales. No puedo creer que estén controlando porque nunca controlaron”.

El residuo tóxico se exportará para su tratamiento en Suiza y su posterior disposición final en Alemania. “Si hay negocio debe ser non sancto porque la utilización del mercurio está prohibido, no se puede usar ni comercializar, no se puede usar para nada legal. Hace ruido que 100 toneladas de mercurio vayan cruzando el Atlántico medio a escondidas, van a Suiza, hacen un tratamiento y después van a Alemania”.

Por su parte, el biólogo e investigador del CONICET, Guillermo Folguera sostuvo que todo depende de “la confianza en que los empresarios amigos del poder hagan bien las cosas y tengan suerte en el camino. Está todo sostenido desde ahí. Hay que empezar a discutir qué democracia tenemos, el informe del puerto de Bahía aparece una primera cuestión aparentemente oficial, donde no se menciona quién se hará cargo”.

Destacó que “la falta de información no es un equivoco, es una parte fundamental, si no no pueden hacer lo que hacen. En los derrames del 2015, 2017, fue informado de manera informal, en todos los temas no hay informe oficial, megafactoría de cerdos, aprobación de trigo transgénico, la megaminería en Andalgalá”.

“No taparnos los odios, abrir los ojos, reconocer que desde hace mucho tiempo hay gente que reacciona a esto. Escuchar a esa gente que dice que hay un gobierno que cogobierna con la mineras, hablan tanto de la soberanía y la patria y están cogobernando con poderes extractivistas, llevándose recursos no renovables, el costo lo estamos pagando con la salud y el medioambiente”, finalizó Jofré.

El Consorcio del Puerto de Bahía Blanca confirmó este miércoles la llegada de 100 toneladas de mercurio provenientes de la mina Veladero. Ingresaron al sitio 21, muelle concesionado a Patagonia Norte S.A. y son custodiadas por Prefectura Naval.

Según el comunicado, son “cinco contenedores consolidados y precintados” con el residuo peligroso distribuido “en envases de máxima seguridad”.

La CTA de Bahía Blanca, alertada por la información difundida por la Asamblea Jáchal No se toca, destacó que el traslado se realizó “a espaldas de la población de Bahía Blanca e Ingeniero White y del conjunto de las localidades” atravesadas por el convoy.

“Queda absolutamente comprobado que la megaminería genera enormes cantidades de residuos peligrosos, que la mina Veladero viola las Leyes de Glaciares, Residuos Peligrosos y de Medio Ambiente”, manifestó la central y agregó que “por acción u omisión los gobiernos son responsables, tanto en el ámbito municipal, como en el provincial y nacional”.

El Consorcio del Puerto informó que los contenedores “fueron trasladados desde la provincia de San Juan con custodia de Gendarmería Nacional. El operativo previo estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y dentro del Puerto se encuentran bajo custodia permanente de Prefectura Naval Argentina, según protocolos nacionales e internacionales de seguridad vigentes”.

“Los contenedores, de 20 toneladas cada uno, permanecerán en la terminal hasta ser embarcados con destino al Puerto de Rotterdam en área primaria aduanera, dentro de zona especial para Mercancía Peligrosas según requiere el Código Internacional IMDG”.

El comunicado oficial agregó que “todo el procedimiento de consolidación de residuos peligrosos se enmarcó en lo estipulado por la Ley N° 24051, su decreto reglamentario N° 831/93 y en el cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado por nuestro país mediante la Ley N° 23922, garantizando de esta manera los máximos niveles de seguridad ambiental”.

Desde la CTA concluyeron que “la megaminería es incompatible con la vida de los territorios y es parte del modelo de saqueo extractivista que nos une en la lucha de la cordillera al mar y del norte al sur de la Argentina”.

La intervención del Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación difundió que la Brigada de Control Ambiental (BCA) fiscalizó los contenedores en el establecimiento que opera la firma Minera Andina del Sol S.R.L. en la provincia de San Juan.

La Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, cuyo titular es Sergio Federovisky, le otorgó a la empresa Minera Andina del Sol S.R.L. la renovación de su Certificado Ambiental Anual (CAA) como generador, operador y exportador de residuos peligrosos. Dicho certificado alcanza la gestión integral de residuos peligrosos consistentes de mercurio metal líquido desde su generación, incluyendo la etapa intermedia de tratamiento de estabilización, hasta su disposición final.

Además, autoriza a la firma a exportar 500 toneladas de mercurio líquido para su tratamiento en Suiza y posterior disposición final en Alemania. También estipula que la empresa debe mantener actualizado su libro de operaciones, asentando sus diferentes etapas, e informar a la cartera ambiental nacional modificaciones sobre el proceso de generación de los referidos residuos, su sistema de manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final y cualquier incidente o accidente donde el mercurio generado se vea involucrado en un plazo de 48 horas; y, al momento de la renovación, la cantidad anual producida de ese residuo peligroso, junto con el stock total almacenado.

(Por Yica Guardia – Conexión Socioambiental) Amanecimos el martes con la noticia de que un cargamento de cien toneladas de mercurio, cuya partida desde la mina Veladero (San Juan) con llegada al puerto de Ing. White prevista para el lunes próximo denunciaba la “Asamblea Jáchal No se toca”, ya había arribado a la ciudad.

Visibilizamos parte de los lamentables efectos del ejercicio megaminero y del desarrollo extractivista en el territorio, el cual genera enormes cantidades de residuos peligrosos. Tránsito de sustancias tóxicas como el mercurio no orgánico, violando las leyes de Glaciares, Residuos Peligrosos y de Medio Ambiente. Tal responsabilidad se vuelve tácita. La información a la ciudadanía encubierta, medios hegemónicos de comunicación callados, impunidad latente, órganos de contralor estatales que administran su función superficialmente y corruptamente en tantos otros casos, como leyes que se incumplen recurrentemente.

Un puerto lejano que aparece como destino y perfecta opción. Confusión y desinformación, típicos mecanismos de un sistema que deja rastros que esperamos no den frutos como hace unos años atrás ocurrió en Choropampa en Perú. Recordando aquel triste suceso, el viernes 2 de junio del año 2000 un camión de transporte produjo el derrame de 151kg de mercurio metálico ocasionando daños irreparables en la salud y mortales en su caso en la población.

Damos nota de esto citando parte de un informe de investigación brindado por Conicet: “Los informes del daño que ocasiona el mercurio una vez inhalado indican que el 100% del mercurio elemental atraviesa las membranas alveolares de los pulmones y se difunde hacia la sangre, desde donde es distribuido por todo el cuerpo y que, además entre un 75 y un 80% es retenido por el cerebro, los riñones y el feto de mujeres embarazadas”.

Respecto de la llegada del reciente convoy de mercurio debemos decir que no es la primera vez que transitan por el territorio sustancias con residuos altamente tóxicos y peligrosos. Siempre sucede con la connivencia de los gobiernos provinciales y nacionales y la tímida aparición de los diferentes organismos de contralor que escoltan estos tránsitos por tierra, con total ausencia de información hacia las poblaciones que ignoran semejante travesía.

No existe justificación ni excusa para estas maniobras que atentan contra la vida desde su primera vertiente que es la misma existencia de megaminería en nuestro país.

Cada Estado que mal administró estos territorios socavó sus bienes comunes, extirpó sus recursos hasta sobrepasar límites y consecuencias de degradación social, económica y sanitaria. Como de seguridad ambiental. Un sistema de negociados entre jefes patriarcales gubernamentales y sus colegas en valores corporativos y empresariales, cierran un mercado privado financiero de ganancias extradimensionales y abren camino a un sinfín de responsabilidades jamás cubiertas ni cargadas al portador.

Preguntarnos por qué existen aún este tipo de megaproyectos de minería a cielo abierto, por qué utilizan sustancias tóxicas, por qué se permite el uso del agua abusivamente, por qué no existen órganos de contralor eficientes y respetuosos de la ley y de las normativas vigentes. (…) Preguntas retóricas, preguntas necesarias preguntas que ya no queremos hacernos y de las que no esperamos respuestas, porque no las requerimos.

Quienes denunciamos estos hechos sólo buscamos y accionamos para acabar con el statu quo actual extractivista, ecocida y terricida. Podríamos agregar genocida encubierto o descubierto para quien sepa ver las consecuencias previsibles, peligrosas y evitables de estas acciones.

Aún aguardamos declaraciones oficiales por parte del directorio del Puerto de Bahía Blanca como personalmente por parte del presidente del Consorcio, Federico Susbielles. También del CTE (Comité Técnico Ejecutivo) dependiente del gobierno municipal, ARES Ambiental y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentabel (OPDS). Lo mismo respecto a los Ministerios de Energía y Minería y Medio Ambiente.

Y, lo más urgente, aún desconocemos cuánto tiempo permanecerá la carga en almacenamiento en el Puerto de Ingeniero White.

La Cámara Federal denegó a Mega S.A. un recurso de casación y ratificó la anulación del convenio firmado por el fiscal Santiago Martínez y su apoderada en el marco de la causa por contaminación del estuario.

Ante las quejas de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y la Fiscalía General, el tribunal había descartado las propuestas de las empresas del polo petroquímico. Las mismas contaban con el aval de la jueza federal Gabriela Marrón.

Mega sostuvo que la Cámara había “equiparado un acuerdo programático sujeto a verificación de su cumplimento con una homologación anticipada que se computa como existente”.

Calificó la medida como “arbitraria” porque pretendería “introducir requisitos o condiciones que no estaban previstos en la resolución cautelar” y afirmó que la querella “intervino previo a la homologación del acuerdo por lo que se respetó la bilateralidad y la participación de las partes”.

Por último, aseguró que su plan cuenta con un “informe técnico”, que “garantiza la intervención de los organismos de contralor” y que “ningún órgano del Poder Judicial puede imponer la intervención de la UFIMA, sino que es una competencia del Ministerio Publico Fiscal”.

Los camaristas Pablo Candisano Mera y Roberto Amábile argumentaron que no existe una sentencia definitiva que habilite la queja ante el tribunal superior y, en relación a la alegada arbitrariedad, manifestaron que la apoderada de la empresa se limitó a plantear su “disconformidad con el análisis” de la Cámara.

Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ria se reunieron con autoridades de la Unión Industrial, entidad a la cual están afiliadas las empresas investigadas por la contaminación del estuario.

Luego de once años de trámites judiciales y con las causas estancadas en el fuero federal y el contencioso administrativo, los trabajadores comenzaron una serie de cortes y manifestaciones para visibilizar la problemática.

Un grupo de pescadores y el abogado Lucas Beier fueron recibidos esta mañana por Marcela Guerra y Roberto Elissamburu, directora institucional y director Industrial de la UIBB, respectivamente.

“Les dijimos que traten de interactuar ya que la Unión Industrial tiene como principales asociados a empresas del polo o afines al polo. Necesitamos una solución urgente, desde los empresas de manera individual no nos reciben, no están dispuestos a escucharnos. Necesitamos una solución inmediata, para mañana, del daño que han generado a estas familias desde hace 11 años”, dijo Beier a FM De la Calle.

Semanas atrás, la Cámara Federal anuló los convenios firmados por el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico, por no haber incluido en la discusión a los pescadores ni a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente.

Beier comentó que intentan “alguna negociación extrajudicial que derive en un acuerdo judicial. Pero en forma inmediata se necesitan una respuesta, están bastante firmes en su postura, van a seguir con los cortes”.

En cuanto al Consorcio de Gestión del Puerto, organismos que también está denunciado ante la justicia, el abogado destacó que “venimos con buen diálogo hace mucho tiempo, desde hace un año y medio, pero hasta ahora ninguna respuesta concreta”.

“Los pescadores llegaron a un momento de saturación, no quieren escuchar más que hay reuniones. Lamentablemente las causas judiciales están muy lentas y la expectativa es que se demore muchos años más. 2 pescadores fallecieron, algunos se están poniendo viejos y necesitan una respuesta ya”.

Esta semana la jueza Gabriela Marrón rechazó citar a indagatoria a empresarios y ex funcionarios. “No lo van a hacer, dicen que no hay pruebas suficientes y no dicen cuáles faltan. En el delito penal hay una acción típica: dice el que arroja sustancias nocivas, peligrosas para la salud. Ya está demostrado por una pericia que dice que los peces tiene 40 veces más que lo permitido por el Código Alimentario. Faltaría demostrar quién lo arroja: esta más que acreditado por los informes del Comité Técnico Ejecutivo que dice quién y qué sustancias. Hay dos informes en la causa con la nómina de todos los directores. No lo entiendo, le vengo diciendo que si cree que no están identificados que produzca la prueba que tenga que producir”.

“Cuando es una persona jurídica la responsable de arrojar sustancias, los responsables son los directores, lo dice la ley. Parece que acá la jueza quiere que yo pueda acreditar que Juan Pérez un día dio la orden de abrir la canilla. No lo pide la ley, no lo pide la jurisprudencia”, enfatizó Beier.

“Estamos perdiendo el estuario”

“El Consorcio nos atendió pero nos mintió, el Municipio nunca nos atendió, estamos viendo que nos atiendan para llegar a un acuerdo como la gente. Hasta que no haya una solución en concreto vamos a seguir con esta lucha. Van 11 años de tomada de pelo”, dijo Héctor Seijas frente a la sede de la UIBB al móvil de FM De la Calle.

Miguel Córdoba señaló que “la justicia siempre va por debajo de la mesa, siempre quedamos afuera de todas las conciliaciones. A nuestros abogados los atienden mientras nosotros hacemos medidas de fuerza”.

“En este juicio hace 11 años que estamos reclamando por una fuente laboral que teníamos, me pude hacer mi casa, vivía dignamente, le daba una buena vida a la familia. Después del 2008 que se cortó todo tuvimos que reinventarnos”, agregó Fabián Torres.

Córdoba recordó que “había 60 embarcaciones con 7 tripulantes, sumále las familias, los negocios que vivían de los pescadores. De esas 60 lanchas quedan 4 en el agua, el resto las compró el Consorcio. Los permisos de pesca tienen un solo dueño: el Consorcio compró todas las lanchas para desarraigar los pescadores, las compró cuando ya los dueños no sabían qué más hacer para tener esa lancha a flote. Todo eso lo perdimos gracias al Consorcio y las empresas”.

“Que la gente de Bahía tome conciencia de que la contaminación afecta a toda la ciudad, que miren a White, todo lo que viene para acá, estamos perdiendo el estuario. El puerto es lindo para tomar mates el domingo que es lo que le muestra el Consorcio… que metan la mano en el agua”.