Se presentó en la legislatura de Neuquén el informe “La basura del fracking en Vaca Muerta”, el cual evidencia la historia de contaminación e irregularidades en Comarsa, uno de los basureros petroleros más importantes del sector.

La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista analizaron 1182 páginas de actas de inspección de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén, organismo de control de la actividad.

“De las actas surge que la empresa instaló piletas clandestinas en terrenos fiscales que ocupó. Desde al pacto YPF – Chevron en 2013 la empresa aceleró la ocupación,  la vivienda más cerca al basurero Comarsa está a 25 metros, según un decreto de 2015 tendrían que estar a 8 km de las zonas urbanizadas. En una inspección hablan de 244 mil metros cúbicos de residuos”, dijo a FM De la Calle Esteban Martiné redactor de La Izquierda Diario.

En Comarsa “se acumulan los residuos del fracking que vienen tanto de compuestos químicos que se mezclan con agua y arena silícea como materiales que están presentes en el subsuelo donde hay metales pesados y material radioactivo. Acumularon gran cantidad de material en suelo descubierto sin impermeabilizar, exponiéndolo ante las inclemencias del clima y a que esto se pueda filtrar al subsuelo. En distintas ocasiones Comarsa miente sobre el volumen de residuos”.

Lo más importante es que “está todo registrado desde los ojos del Estado, hubo una connivencia muy fuerte en todo sentido, hubo también una connivencia desde el Estado provincial y municipal, que en el 2013 les cedió terrenos a un valor de $35 el metro cuadrado que en ese entonces era lo equivalente 1 kilo de yerba”.

Martiné destacó que desde el Estado nacional también hay responsabilidad “por ser autoridad de aplicación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El año pasado el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, planteó que la situación era alarmante, sin embargo, meses después el Estado nacional incluyó a las empresas petroleras en un nuevo plan de estímulo a la producción del gas como es el GasAr. Hubo una connivencia estatal sin grieta”.

El periodista dijo que en 2015 Comarsa debería haber iniciado un plan para retirarse de Neuquén. En cambio, “le habilitaron una nueva planta con terrenos fiscales en la localidad de Añelo, punto caliente de Vaca Muerta, pero no garantizaron el cierre y esa planta sigue funcionando”.

“Hoy las piletas de Neuquén están vacías pero el material sigue acumulado y están haciendo un tratamiento de biorremediación que significa mover el residuo. En Neuquén hay un déficit habitacional muy grande, hay permanentemente toma de terrenos, las vecinas de Casimiro Gómez -el barrio más cercano- dicen que no se puede respirar, es sofocante, no se pueden sacar el olor a hidrocarburo de la ropa”.

Por último, Martiné enfatizó que “hubo al menos 15 multas de la Subsecretaría de Ambiente cuando la gravedad de los hechos ameritaban la clausura. Las cinco multas más caras son las que Comarsa no paga, son cinco millones de pesos. La ley establece que por cada día de mora se cobra un 10% más, son alrededor de 500 millones de pesos”.

Pescadores artesanales se movilizaron desde el puerto hasta el Municipio para pedir una respuesta luego de más de diez años de iniciada la causa por contaminación en la ría. Son 52 familias que perdieron sus fuentes laborales.

“Supuestamente el intendente se iba a hacer cargo de nuestro tema y nunca lo hizo. Estamos hartos de falsas promesas, hace 3 años que la causa esta archivada por el fiscal (Santiago Martínez) y la jueza (Gabriela Marrón), que creo no son gente idónea para estar en esta causa, esto debería estar solucionado”, comentó a FM De la Calle Héctor Seijas.

Agregó que “acá cada vez se contamina más y todos miran para el costado. A nosotros nos sacaron de nuestro puesto de trabajo peor que a los perros, nos mandaban a Prefectura, nos sacaban los materiales y hasta nos podrían meter presos”.

Seijas dijo que “se sigue contaminando, la jueza y el fiscal firmaron que en 18 meses iban a arreglar la ría, no podés arreglar en 18 meses la macana que te mandaste durante 30 años”.

Al respecto, la Cámara Federal revocó semanas atrás todos los convenios firmados entre el fiscal Martínez y apoderados de las empresas por no haber dado intervención a la querella, a la Fiscalía ni a organismos técnicos y de control. Previamente, los acuerdos habían sido homologados por la jueza Marrón.

Seijas recordó que “en el Consorcio (de Gestión del Puerto) se firmó un acuerdo por 6 meses, hasta el día de hoy no tuvimos respuesta. Dicen que trabajan pero no vemos avances de nada, que dejen de contaminar las empresas, que dejen de tirar desechos cloacales a la ría”.

Por último, enfatizó: “Estamos mal lamentablemente, haciendo changas, viviendo como se puede y con la pandemia peor. A veces no podemos salir ni a ganarnos el pan, se nos re complica”.

Compartimos el documento entregado por hermanas del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en la reunión interministerial que mantuvieron la semana pasada en Casa de Gobierno.

Llamado de las Mujeres de las Naciones Indígenas

Nosotras, las mujeres de las 36 naciones indígenas, habitadas por las fuerzas telúricas y la sabiduría de nuestras ancestras, hemos salido de nuestros territorios a caminar para sanar. Sanamos encontrándonos con todos los pueblos y seres, sanamos también por el cariño de esos pueblos que se organizaron para alojarnos, alimentarnos, cobijarnos en solidaridad y respeto. Brotaron lágrimas de sus ojos y esperanzas de construir un mañana mejor, fueron narrándonos los nefastos efectos de este sistema sobre las vidas. Cruzamos de punta a punta el país recogiendo esas voces inaudibles.

Hemos llegado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trayendo nuestras medicinas, ancestrales y sagradas, en un momento que creemos histórico porque somos conscientes que no hay tiempo que perder, que el #Terricidio es innegable.

Celebramos la oportunidad del diálogo con responsables del Estado Argentino porque el negacionismo que ha sido el proceder ideológico de una casta opresora ya no servirá como lógica política, para no hacernos responsables de este presente producto de una matriz civilizatoria que hoy colapsa y no vislumbra futuro. La misma matriz que produjo el genocidio de los pueblos y naciones indígenas.

Este caminar fue arduo y necesario, fuimos empujadas por las sequías, los incendios, las violaciones a nuestras hijitas en el marco del #chineo, cansadas de tanta impunidad ante tantos crímenes, no podemos pensar en sanar sin justicia. Es por ello que decidimos caminar, con pasos amorosos y comprometidos por la vida, porque no se trata sólo de nosotras sino del mundo.

Son tiempos en los que nos determinan los hechos, convocadas por el llamado de la tierra, de nuestros ancestros y ancestras, estamos decididas a recuperar el Buen Vivir como Derecho, que es la única alternativa civilizatoria que nos rescatará de un sistema de muerte.

Desde nuestro legado ancestral no admitiremos #megaminería, #fracking, #desmontes, #megarepresas, #monocultivos y #agrotóxicos entre tantas industrias contaminantes bajo la idea de “desarrollo y progreso” porque eso es destrucción absoluta.

Estamos en vísperas de la conmemoración del 25 de mayo, para el Estado argentino el primer grito de libertad; y para los pueblos y naciones indígenas alaridos de dolor que aún hoy reclaman memoria, verdad y justicia.

Nuestros hombres indígenas nos han precedido en un intento de diálogo, que se estableciera desde el respeto y reconocimiento de paridad, naciones parlamentando y acordando, sin embargo han fracasado. Nosotras guardianas de los territorios y de todas las formas de vida estamos decididas a no fracasar, porque no claudicaremos, no nos resignamos y no traicionaremos.

Invitamos a los pueblos del mundo a decir #BastaDeTerricidio.

Ante el fracaso de la mediación con las empresas que contaminan el estuario bahiense, la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría reclama avanzar con el juicio y citar a indagatoria a gerentes y funcionarios.

“Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. (…) Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar”, dijo a FM De la Calle el abogado Luis Arellano.

La semana pasada la Cámara Federal revocó una serie de acuerdos individuales entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de las firmas investigadas y reprochó la demora de más de una década que lleva el trámite de la causa. Horas después, Martínez planteó a la jueza Gabriela Marrón que quedó “claramente en crisis” su continuidad en el caso.

Para el representante de los pescadores artesanales, con las resoluciones de la Cámara Federal “se abre una nueva instancia para ver si de una vez por todas podemos, todas las partes involucradas, sentarnos en una mesa común a discutir este tema y no jugar a las escondidas”.

“El motivo fundamental por el que habíamos apelado –los acuerdos con las empresas- era porque se habían hecho a espaldas de la parte querellante. Es el primer argumento que tiene en cuenta la Cámara. Después hay otros, la falta de un adecuado control técnico, el no citar a los peritos, decir que intervino la UFIMA, la oficina fiscal especializada en temas ambientales, que se dice que fue consultada y no es cierto”, detalló.

¿Falta un análisis técnico serio respecto a lo que propone cada una de las empresas?

El estuario no es un ambiente sencillo y los aportes contaminantes tampoco lo son, entran aportes cloacales e industriales. No se puede resolver atomísticamente con cada uno de ellos como si fueran una isla y no tuviera nada que ver con los demás. Hay que hacer un estudio de cómo cada actividad de las empresas contribuye a un mejoramiento global. No se puede hacer individualmente.

¿Para la Asociación de Pescadores cuál el camino que debería seguirse a partir de estas resoluciones de la Cámara?

Establecer una línea de base, que ya está bastante bien establecida por la pericia de la FAUBA y la Policía Federal Argentina, y lo que hay que hacer para revertir este proceso es evitar estas emisiones, bajar la carga contaminante o eliminarla como establece la Ley de Pesca, dice que está prohibido arrojar sustancias nocivas a las aguas, no hay ningún guarismo, es cero, no se pude arrojar sustancias nocivas al estuario. Eso hay que revertirlo.

Va a tener que ser un proceso, que va a llevar varios años hasta que podamos lograr que los aportes de residuos al estuario sean inocuos para la biología marina. Eso es un proceso que requiere aporte de técnicos de primer nivel, han sido dejados de lado acá el organismo ambiental de la provincia, el organismo del agua, el Comité Técnico que tiene gestión en Bahía. Tenemos que volver todos en un trabajo muy complejo, en una misma mesa, con un soporte técnico científico adecuado para establecer un plan que involucre a cada cosa y saber cómo interactúan.

¿De aquella mesa ordenada por la Cámara Federal a estos acuerdos anulados no hubo nada en medio?

Lo que pasó fue que el fiscal, con muy buena voluntad, intentó juntar a las partes varias veces después de esta medida cautelar. Luego sobrevino a la pandemia, tuvimos varios zoom donde comparecimos la Fiscalía y la querella, las empresas estaban invitadas a participar y no vinieron ni a uno. Salieron corriendo a la noche, hicieron un documento de 4 o 5 carillas diciendo cómo iban a arreglar ellos el estuario y lo presentaron para evitar que la causa siga avanzando, el camino es el llamado a indagatoria y, por otra parte, es mi visión, frenar la causa civil que los va a condenar a reparar. Es otro punto que no tienen en cuenta las homologaciones que están siendo revocadas. No se tiene en cuenta la reparación.

Aparte de tener la voluntad de no seguir cometiendo el delito hay que reparar los efectos. Pueden tener su mejor buena voluntad de dejar de verter sustancias nocivas al agua, han dicho durante 30 años que no vierten pero ahora vienen a decir vamos a mejorarlos, ¿en qué quedamos?

Por otra parte, un punto que muchas veces está en tela de juicio, dicen la Cámara y los abogados piden una reparación de perjuicios suponiendo que pedimos plata para los pescadores o para alguien. Lo que hay que conformar en realidad es un fondo de reparación ambiental que tiene que ser destinado a beneficios comunitarios, a un fideicomiso, a la Municipalidad. Esa es la reparación que se exige.

Sí existe en la causa civil en la que los pescadores piden que se los indemnicen por la merma de la pesca, están en todo su derecho, no es ningún pecado al reclamar la indemnización de un daño.

Otro punto que destaca la Cámara es el que da cuenta de la demora de la causa de más de 10 años incluso de la demora de la cautelar. ¿Qué significa la última parte que dice que “es dable señalar que la ejecución de la medida cautelar no suspende el proceso principal por lo que sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”? ¿Tiene relación con la falta de respuesta de las empresas a las convocatorias a buscar soluciones?

No, porque eso sería parte del acuerdo. Lo que está diciendo la resolución es que los  juicios penales tienen como destino obtener sentencia condenatoria o absolutoria. Nosotros queremos una sentencia condenatoria, que se condene a los responsables a una sanción penal. Ahí tiene que apuntar este juicio.

En estos dos años que estamos dando vueltas con este acuerdo, hemos presentados distintos escritos al juzgado penal diciendo “señora jueza la causa no está suspendida y el siguiente paso por la prueba que se ha recolectado es citar a indagatoria a los responsables”. Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. A partir de la indagatoria se dispara el derecho de los eventuales delincuentes de defenderse. Las empresas no han podido acceder al expediente hasta ahora y no va a ocurrir hasta que los citen a indagatoria. Es una garantía constitucional. Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar.

Respecto a la prescripción, ¿cómo están los tiempos?

Mal, estos trámites no implican una suspensión del curso de la prescripción. No tengo el cómputo, el plazo va a depender de cuál sea el delito que definitivamente se les impute. La causa lleva más de 10 años.

¿Es habitual que la Cámara se exprese de esta manera?

No, para nada. La Cámara se expresa con idioma correcto pero es un severo tirón de orejas esta resolución.

La Cámara Federal continuó con la anulación de convenios firmados entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico. Habían sido homologados por la jueza Gabriela Marrón en la causa que investiga la contaminación de la ría. Involucran a Dow (PBB Polisur), Oiltanking y Mega.

Tal como ocurrió con Profertil, se los revocó, entre otros motivos, por no haber incluido en la discusión a la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente. Resta resolver la apelación referida a Unipar (Indupa).

La Cámara afirmó en todas las resoluciones que los convenios no cumplen con los estándares que fijó en junio de 2019 cuando ordenó “lograr la minimización del daño ambiental a través de un mecanismo alternativo que promueva la participación de los distintos actores involucrados, tanto de las empresas que realizan sus actividades comerciales e industriales en la zona, como así también de los querellantes, de los organismos con funciones de control (municipales y provinciales), de gestión y de profesionales técnicos en la materia”.

El objetivo es “la concreción de un plan sustentable para la Ría de Bahía Blanca en pos de dar cumplimiento con la manda impuesta por el art. 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a un ambiente sano y equilibrado y establece que las actividades productivas no deben comprometer la atención de las necesidades de las generaciones futuras”.

Los fallos referidos a Dow (PBB Polisur) y Mega S.A. fueron firmados por Roberto Amábile y Pablo Candisano Mera y, en el caso de Oiltanking y Profertil, por este último y Silvia Fariña.

Destacaron que si bien la jueza Marrón designó al IADO para controlar la ejecución de las supuestas mejoras “no se advierte que efectivamente se le haya puesto en conocimiento” de la medida.

¿Qué proponen las empresas?

Dow apunta a la reutilización de agua de efluente en riego y la renovación de intercambiadores de agua por unos de mayor capacidad y mejores materiales para disminuir el efluente y el consumo.

Por otro lado, pretende modificar los patrones de consumo de energías sustituyendo las actuales por renovables, realizar acciones para la sostenibilidad consistentes en promover y facilitar la transición hacia una economía circular donde los residuos se incorporen a nuevos productos y servicios.

Compañía Mega S.A. ofrece reducir a cero –“en condiciones normales”– el vertido de los efluentes líquidos tratados que la empresa actualmente descarga a las aguas del estuario desde su Planta Fraccionadora y reutilizarlos para el riego de espacios verdes dentro de su predio “con la consecuente reducción en el consumo de agua potable que actualmente es utilizada para riego”.

Oiltanking Ebytem S.A. plantea incorporar “un nuevo tanque para realizar separación primaria en un recipiente cerrado con los correspondientes sistemas para control y manejo operativo así como de control de incendio”. Así, afirma, reduciría “hidrocarburos en el efluente final y el riesgo de eventual ignición de vapores combustibles en el espacio abierto, como asimismo, el control de las demandas químicas y bioquímicas de oxígeno; y un ambiente de trabajo más seguro para las personas y autoridades que se acercan a la terminal”.

Profertil, por su parte, pretende mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».

La Cámara Federal revocó el convenio firmado por el fiscal Santiago Martínez y un apoderado de Profertil en el marco de la causa por contaminación del estuario.

El acuerdo había sido homologado por la jueza Gabriela Marrón a pesar de no haber participado a la querella, a la Fiscalía General ni a organismos técnicos y de control. Se espera que las presentaciones de otras empresas -como Dow, Mega y Oiltanking- corran la misma suerte.

La camarista Silvia Fariña y su par, Pablo Candisano Mera, destacaron la demora de más de una década que acumula la investigación y el “estancamiento” del diseño del plan de inversiones que exigieron en 2019. Por otro lado, advirtieron que “sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban, nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”.

La fábrica de fertilizantes había propuesto mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».

La Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría denunció que «se ha dado a Profertil un trato privilegiado, discriminatorio del resto, casi secreto, otorgándole audiencias privadas sin noticia de nadie y en abierta contradicción con la letra y el espíritu de lo ordenado por la Cámara Federal». Ahora, el tribunal resolvió que la negociación del fiscal Martínez con Profertil “no cumple con los estándares oportunamente fijados”.

El fallo sostiene que “aun cuando se trate de un compromiso individual, un plan superador tendiente a cumplir con el objetivo de recomponer el daño colectivo ambiental provocado en la zona, debió contar previamente con un mínimo respaldo de información actualizada brindada por los profesionales  técnicos y/o peritos que tuvieron intervención en autos, así como la efectiva participación de los organismos que tienen funciones específicas de contralor, tales como el Comité Técnico Ejecutivo (dependiente de la Municipalidad de Bahía Blanca), la Autoridad del Agua o el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que den cuenta de la factibilidad de las propuestas homologadas”.

En ese sentido, Fariña y Candisano Mera recordaron que la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) ya intervino en la causa y podría elaborar un dictamen fundado. “Pese a lo afirmado por la jueza de grado, no se observa del presente legajo la oportuna intervención de dicha unidad especializada en torno a la viabilidad del convenio en particular”.

“La complejidad de los asuntos que se abordan en el marco de la causa hace necesario contar con saberes técnicos especializados previos a la toma de una decisión de tal calibre. Sin esos recursos no es posible realizar un seguimiento y análisis  adecuado  sobre  la  ejecución  del  caso,  máxime  cuando  se  excluye  de  la concreción del mismo a la unidad especializada en la problemática”.

La Cámara concluyó que “teniendo en consideración la pluralidad de intereses de las personas  involucradas en la causa, el diálogo y la oportuna participación de los mismos debe ser garantizada a fin de dar previsibilidad y un adecuado control periódico a las propuestas que se formulen. Es necesario establecer pautas claras acerca del ejercicio para regular, fiscalizar y sancionar las conductas potencialmente dañosas, donde los organismos con funciones de control no pueden ser obviados”.

Una gran nube de humo negro se vio esta mañana en Loma Paraguaya. Provenía de la antorcha de Refinería Bahía Blanca, planta que se vio totalmente paralizada tras un corte eléctrico,

El Comité Técnico Ejecutivo advirtió que producto de su puesta en marcha podría visualizarse mayor luminosidad, venteos y ruido durante el resto del día.

“Se generó un corte en la línea de media tensión que provoca que la planta se pare en su totalidad, la compañía Mega también paró sus plantas. Refinería intentó arrancar enseguida pero sin éxito, por eso se genero esa nube de hubo negro”, explicó a FM De la Calle, el coordinador del CTE Walmir Morete.

Dijo que “recibimos dos denuncias de la comunidad, igualmente ya habíamos asistido. Para realizar un acta de infracción tenemos que estar presentes cuando sale el humo. Como superaron el límite de tiempo admisible por la ley, fue notificada de la infracción y se lleva a las oficinas. Se infraccionó por humo, eso es de todo”.

Agregó que “es humo negro porque es mala combustión, estuvo un rato largo largando, el problema fue que no se activaron los generadores que permiten que la planta siga en funcionamiento cuando se corta la energía, eso es otro tema a solucionar”.

“Eso es algo interno de ellos en el mismo proceso. Cada sector tiene un generador que le permite seguir funcionando. Cuando tienen una baja en tensión provoca que se paren los equipos, si sale el humo que sale, es porque no se prevé una parada, esta funcionando de manera normal y de golpe se para todo, se activan las medidas de seguridad y por eso sale por la antorcha”, mencionó Morete.

Advirtió que la parada de planta llevará todo el día y que la empresa informará el horario de puesta en marcha. Mega, por su parte, no fue infraccionada.

Por último, en relación al software que años atrás permitía a la comunidad monitorear las cámaras del CTE a través de la web de Gobierno Abierto señaló que “las cámaras que tenemos, de las domo que son del CTE, no está funcionando el sistema, sí las cámaras. Estamos trabajando en la pagina web del CTE, la idea es que eso vuelva y que la comunidad pueda ver lo mismo que vemos desde el centro del monitoreo”.

Foto: Jorge Rubio.

Los incendios del Delta pusieron en el debate público la necesidad de caminar hacia una ley de preservación y mantenimiento de los humedales.

Un grupo de profesionales de la ciencia que investigan estos espacios geográficos elaboraron un documento con aspectos que deberían ser contemplados en la normativa.

La doctora en Ciencias Biológicas e integrante del CERZOS CONICET, Paula Pratolongo, es una de las firmantes y comentó los aportes en diálogo con FM De la Calle.

¿Qué es un humedal?

Es un ambiente donde las funciones están dominadas por el agua pero no es una laguna profunda. El agua es poca o es intermitente o son suelos encharcados. Hay funciones que me determinan que eso es un humedal. De esas funciones se derivan de las cosas que valoramos del ecosistema, que puede ser un valor económico o intangible.

Una de esas funciones es que purifican el agua, eso tiene que ver con el nivel de la inundación. Si yo tengo un ambiente donde la inundación somera, con agua poco profunda, hay un intercambio muy intenso ente el suelo y la atmósfera.

Esa alternancia entre un período que se inunda y otro que no, hace que haya reacciones químicas en los suelos, que hacen que mucho del nitrógeno que entra como fertilizante y que potencialmente podría causar un daño se transforma en nitrógeno gaseoso, en el componente principal de la atmósfera. Eso hace que si yo ingreso una carga de nutrientes exagerada, como un residuo cloacal, genera floraciones de algas tóxicas y nocivas, disminuye la proporción de oxígeno y puede provocar mortandad de especies. Todo eso se se evita si tengo una franja de humedales entre el desecho y la franja de agua.

¿De qué se trata y para qué serviría un registro de humedales?

Uno de los principales focos de la ley es destinar fondos y establecer quien se encarga de hacer el inventario. Primero, tenemos que definir a qué cosa consideramos humedal y a qué no. Después hay que decir a dónde están, cómo son, qué funciones tienen, cómo se modifican en el tiempo. Es una herramienta de gestión.

Tenemos ejemplo de los humedales asociados a la ría, cada vez que hay que hacer una obra que modifique algún aspecto de ese humedal hay que hacer un estudio de impacto, audiencia pública, se consulta a expertos. Si se cambia la cabeza y se trabaja sobre la gestión del territorio, contar con este inventario hace que uno pueda definir qué se puede hacer y qué no, con qué intensidad, cómo vamos a entender cómo funciona cada espacio de la provincia y cómo podemos intervenir en eso.

¿Qué cambiaría al momento de evaluar el estuario bahiense?

Obligarnos a poner en marcha el inventario, obliga a tener una legislación específica dentro de lo que se considera humedal y va a imponer determinadas pautas de uso. A partir de la ley se va a evaluar de otra manera el uso del espacio, ya no va a ser el impacto aislado de determinada cosa que quiero poner o sacar. Va a estar ordenado qué se puede hacer y qué no, no me tengo que poner a mirar en cada caso específico qué impacto tiene.

¿Qué resistencias enfrenta esta ley?

En la parte académica somos siempre los mismos, la gente que promueve estas iniciativas son siempre las mismas. El problema de base que hay que resolver no tiene un trasfondo político pero entran otras cosas que ponen en juego intereses de otros sectores y ahí la parte técnica no discute demasiado.

Nuevamente el avance de las empresas mega mineras pone en vilo a la comunidad de Andalgalá. Nuevamente, como en la última década, la movilización y la resistencia son sinónimos de lucha popular en defensa del agua y la vida en la provincia de Catamarca.

El proyecto denominado Mara, resultado de la fusión que realizó la empresa canadiense Yamana Gold con la suiza Glencore y la estadounidense Newmont, pretende utilizar las viejas instalaciones de La Alumbrera: “Nadie se hace cargo y en la orfandad que nos deja el Estado no nos permite vivir tranquilos, no tenemos paz desde hace 11 años”, expresó a FM De la Calle, Rosa Farías, integrante de la Asamblea El Algarrobo.

La vecina de Andalgalá denunció que “desde el 7 de abril han pasado maquinarias al cerro por un departamento cercano para comenzar 11 pozos de perforación. Esto fue documentado por nuestros compañeros y alertamos al pueblo. El gobierno, argumentando la situación pandémica, nos puso en fase roja y empezaron las restricciones de circulación, vigilada con mucha policía trasladada desde la ciudad capital”.

“A pesar de esta prohibición, las mujeres nos manifestamos haciendo una sentada dos días seguidos a la misma hora frente del edificio de la empresa. El 10 de abril, se cumplieron 584 sábados que hacemos una manifestación pública. En medio de la caminata, un grupo de chicos comenzaron con disturbios y se trasformó en caos. Nuestra gente se quedó un rato pero logramos seguir caminando hasta la iglesia del pueblo”, explicó Farías.

Según narró la asambleísta, dos días después de los hechos “comenzaron los allanamientos y las detenciones violentas a varios compañeros, casi todos varones, también a algunos vecinos que no son de la Asamblea”. En las últimas horas, continuaron los arrestos en Andalgalá y la zona: “Así se vive, quienes tienen que hacerse cargo, la siguen careteando. Las autoridades siguen lamentándose por el vidrio roto en un local partidario pero la cuestión de fondo, una minera a 15 km de nuestro pueblo, queda siempre en la nebulosa”.

La compañía canadiense “hace un impresionante pozo en las nacientes de nuestro río. Teníamos una ordenanza municipal que protegía pero fue derogada, declarada inconstitucional por la Suprema Corte catamarqueña. A partir de allí se movieron de forma conjunta la Secretaría de Minería y la empresa para dar inicio a estos pozos”.

Farías explicó que “les han dado una servidumbre de agua de 7 mil metros cúbicos por segundo y ya está impactando, imagínense cuando quieran comenzar las excavaciones, ni imaginar cuando vuelen el cerro. Somos gente que vivimos del agua de las montañas, no tenemos napas. Logramos dictamen favorable en 2016 porque el proyecto era inviable ambientalmente hablando. Pero todo lo dejan sin efecto, estos gobiernos son nefastos y entreguistas, todos los partidos políticos son culpables”.

Este jueves la asamblea El Algarrobo informó que dos de los detenidos obtuvieron el arresto domiciliario y los otros nueve deberán esperar que se resuelva su situación procesal privados de su libertad. Por otro lado, destacó que “ante la presencia real de camiones del ejército, la paz de nuestra ciudadanía volvió a zozobrar ante la falta de información oficial. Situación que captó la atención debido a la sensibilidad palpable de éstos días”.

Hace 5 años asesinaron a la activista indígena lenca Berta Cáceres. Madre de cuatro hijos, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Cáceres había encabezado el movimiento que logró que el Banco Mundial y la constructora china Sinohydro, desistieran de edificar una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.

La hija mayor de Berta, Olivia Marcela Cáceres Zúniga, dialogó con Julia Giménez, columnista de FM De la Calle en su espacio “Asuntos Latinomaericanos”.

En esta segunda entrega, Zúniga se refiere a la injerencia norteamericana en el gobierno hondureño, el panorama electoral signado por un contexto de fraude de parte del Partido Nacional y al proceso de organización de pueblos indígenas campesinos que resisten la llegada de organismos multilaterales ante el endeudamiento del gobierno.

El 2 de marzo se cumplieron 5 años del crimen de Berta Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Olivia Marcela Cáceres Zúniga, hija mayor de Berta y actual diputada de Congreso Nacional de Honduras por el partido de oposición, Libertad y Refundación (Libre), se refirió en diálogo con la columnista de Asuntos Latinoamericanos de FM De la Calle, Julia Giménez, a la lucha emprendida junto a su madre, como mujer lenca, en defensa de los ríos y contra el gran capital extractivita y a su compromiso como defensora de los derechos humanos para combatir la impunidad encarnada en Honduras.

Para Olivia, el golpe de Estado que en 2009 destituyó al presidente Manuel Zelaya profundizó el modelo extractivo de explotación minero energética entregando soberanía a partir de las Zonas Especiales de Desarrollo.

Asociado a ello, la violencia política contra aquellos y aquellas que resisten al saqueo ya se ha llevado la vida de centenares de militantes populares y defensores de la tierra y el medioambiente en Abya Yala.

En relación al avance la de causa Berta Cáceres, Olivia explicó el proceso en curso contra David Castillo, ex directivo de la represa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por la coautoría del crimen. Aunque entorpecido por un sistema judicial viciado, para Olivia ello pone al desnudo los vínculos entre los poderes económicos y políticos a nivel nacional e internacionales tanto en el asesinato de su madre como del modelo que continúa matando y expulsando a los pueblos de sus territorios.

“El hecho de que un día la justicia llegue a ese eslabón intelectual tan poderoso sería sentar un precedente en la justicia de este país contra esa impunidad histórica y quizás una forma de que estos hechos no se repitan”, afirmó.

Escuchá la entrevista:

Hernán Zerneri, integrante de la Asociación Ambiental Unión 20 de Agosto, dijo a FM De la Calle que el escape de ácido clorhídrico en la planta de Unipar fue por “una falla en una soldadura” y no por la rotura de la junta de una brida como se informó en primer término.

“En el momento que se da la liberación del cloruro había una lluvia torrencial, cuando monitorearon el entorno estaba lloviendo y eso favoreció la dilución del material para que no llegue a la comunidad. Ya van dos ‘suertes'”, dijo en referencia al escape de cloro del 2000 cuando el viento llevó la nube amarilla hacia el estuario.

El incidente ocurrió en los primeros minutos del jueves. “A las 2 horas se controló y se activó el PRET 1 por protocolo. En función de presiones y volúmenes de las empresas cualquier producto que liberen puede tener una afección al entorno”, explicó.

“La empresa presenta un motivo oficial, en este caso en Unipar es una falla de materiales que tiene más que ver con el mantenimiento preventivo que con la capacitación de la gente. Hay que atender cuál es la causa raíz de cada cosa para pedir que se refuercen recursos para que no se repitan”.

Zerneri afirmó que “nuestro pensamiento del tema pasa por el mantenimiento preventivo que hacen las industrias respecto a sus instalaciones. Puede haber una falla y que el material de la cañería presente una porosidad”.

Por otro lado, informó que la semana pasada se realizó una reunión del Comité de Control y Monitoreo y entre los temas tratados incluyeron “cuestiones que hacen al quehacer del CTE, además de aspectos comunicacionales que tienen que ver con el Municipio y el CCyM y retomamos una agenda de comunicación perfilado a todo el año”.

Esta madrugada el Comité Técnico Ejecutivo informó que la empresa Unipar realizó “una parada no programada de planta debido a la pérdida de cloruro de hidrógeno en la unidad de pirólisis 2400”.

La ex Indupa activó el nivel de emergencia PRET 1 y el CTE comunicó que no se detectaron “anormalidades”. La situación fue controlada pasadas las 2:30.

El coordinador del organismo, Walmir Morete, dijo a FM De la Calle que la empresa avisó a las 12:15 “que debía parar una de sus pantas en forma no programa debido a un escape de cloruro de hidrógeno. Es ácido clorhídrico en estado gaseoso, no es un derrame sino un gas”.

“La pérdida podría hacer sido desde una brida, debieron parar la planta para despresurizar y arreglar lo roto. No es menor, la empresa decreta un PRET 1, es nivel amarillo, el más bajo, son accidentes que tengan como única consecuencia daños materiales puertas adentro de la empresa y no tienen un daño exterior a la planta. Interviene Defensa Civil y Bomberos de Ing. White que van a la planta”, explicó Morete.

El CTE concurrió a “inspeccionar y realizar mediciones para detectar si este gas está en la periferia de la planta. Se decretó que no, estaba lloviendo torrencialmente y había viento, eso probablemente ayudó”.

“La empresa lo que hace es parar la planta y bajar presiones hasta que queda parada, hasta que no circula más, parte de eso se ventea a la antorcha. Medimos con equipos en el perímetro de la planta para ver si se detectaba. Es tóxico, corrosivo y con olor picante que se detecta con el olfato. No recibimos denuncias de vecinos de White ni de Bahía. Entendemos que la lluvia dispersó, estamos esperando el informe de la empresa para saber cuánto fue”.

En el Día Mundial del Agua vecinos y vecinas autoconvocados marcharán para pedir la adecuación de ABSA al amparo colectivo presentado semanas atrás y que la empresa presente un plan real de contingencia ante la falta del servicio.

“En el barrio Pacífico hubo gente que casi no tuvo agua, pese a que la temperatura baja y la demanda es menor, ABSA no puede garantizar una distribución adecuada domiciliaria y hay gente que requiere de los camiones para que le recarguen los tanques”, dijo Alejandro Méndez a FM De la Calle.

Agregó que “el amparo judicial colectivo obliga a la empresa a tener un un plan de contingencia pero parece que hay conflicto ente ABSA y el sindicato porque los empleados no pueden subirse a los techos. Muchos vecinos mayores no están en condiciones de subirse a su techo”.

En relación a la reunión que mantuvieron integrantes de la Mesa del Agua con el subsecretario de Recursos Hídricos en La Plata, Méndez aseguró que “no hay novedades”.

Mañana habrá una nueva reunión en el Concejo Deliberante. Sin embargo, como oficialismo y oposición “saben que el problema es de fondo y que implicaría una revisión, nadie está dispuesto a ponerle el pecho y darle una respuesta a la gente”.

La situación no está superada: “No se ve un plan de obras y de adecuación, es todo bastante lamentable, todos se tiran la pelota, Bahía está en una crisis hídrica que no garantiza el servicio a usuarios pero sí sabemos que está garantizado el servicio a las plantas del polo”, comentó Méndez.

“Hay gente que está vendiendo sus casas porque no tienen agua casi nunca, Chañares, Palos Verdes, hay gente que tiene agua de cinco a ocho de la mañana y no es solo de ahora”, argumentó.

Comunidades mapuche resisten en territorio frente al avance del fuego en la zona de El Maitén, sin asistencia estatal y con el fuego rodeando las casas.

Marilin Cañio y su familia viven a 10 km del pueblo, al pie del cerro. Están intentando cortar el fuego para que las llamas no avancen hacia uno de los únicos sectores de bosque nativo que todavía sigue en pie.

“Unos amigues fueron y brigadistas, bomberos y demás no llegaron. Elles se están autoconvocando y se organizaron para apagar el fuego. Los aviones dieron vueltas ayer a la tarde”, comentó a FM De la Calle.

“Arrasaron con todo, no quedó nada. Digo arrasaron porque esto estaba planeando. Esto no fue casualidad, esto es político. Lograron su objetivo. Creo que tiene que ver con las mineras y con empobrecer más a la gente”, afirmó.

Los focos de incendio se originaron en enero aunque esta semana avanzaron hacia las comunidades. “No entendemos, no les darían la orden para que los apaguen. Este incendio que llegó el martes empezó el domingo en el límite entre Maitén y Río Negro”.

Las versiones de algunos medios hegemónicos y autoridades políticas señalaban a los mapuche como los responsables del fuego. “¿Los mapuche nos vamos a quemar? Es una tomada de pelo, ellos son los que no quisieron apagar los incendios, ellos empezaron esto. El fuego que llegó el domingo podrían haberlo combatido, lo dejaron avanzar, dejaron que se queme todo el bosque. No quedó ni un árbol”.

“Ayer subieron 20 personas con un tractor, mi papá con 74 andaba apagando focos. Estamos solicitando que apaguen esto porque mañana vuelve a hacer calor y hay viento y esto vuelve a prenderse”, sostuvo Cañio.

Destacó que “Defensa Civil nos dijo que mandaban gente para sacarnos, no quisimos. Empezamos a hacer ceremonias y a las dos de la mañana empezó a llover. La lluvia nos ayudó un montón pero ya había avanzado bastante el fuego”.

Continúan encendidos varios focos en la Patagonia. Las llamas alcanzaron a las comunidades de la comarca andina -El Hoyo, Lago Puelo, El Maitén y el paraje Las Golondrinas- y provocaron la evacuación de al menos 200 familias.

“Por la mañana en conferencia de prensa participó el ministro de Ambiente de la Nación (Juan Cabandié) comprometiendo los recursos anunciados, pero los hidrantes todavía no aparecen. El incendio avanza muy rápidamente por el viento pero no hay recursos materiales y humanos”, comentó a FM De la Calle el cronista de FM Alas, Martín Vallejos.

Agregó que les genera “resquemor cómo se incendió el segundo foco, ya tuvo cinco incendios forestales previamente. Es una zona que tiene grandes intereses inmobiliarios. Las comunidades mapuches están viendo muy afectados sus territorios”.

En relación a las versiones respecto a la intencionalidad, Vallejos mencionó que “a quienes se identifica como presuntos culpables desde la derecha son sectores del pueblo mapuche, un sector que además está siendo afectado en sus territorios”.

Vallejos destacó “el desconocimiento de los diputados nacionales y ex dirigentes del PRO que han hecho esas acusaciones teniendo como referencia las diferentes formas de lucha de los mapuches cuando están en disputa los territorios con empresas trasnacionales, pero nunca incendiarían un bosque nativo”.

Por último, argumentó que la zona está sujeta a intereses mineros e inmobiliarios. “El lugar donde comenzó el incendio está loteado ya. Chubut en estos días está recibiendo fuertes presiones para aprobar un proyecto de zonificación y lo que se especula es generar estrategias para que la gente no esté en la calle para protestar”.

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Siguiendo el camino abierto con Profertil, el fiscal Santiago Martínez avanzó en la firma de acuerdos unilaterales con los abogados de Dow (PBB Polisur), Mega y Oiltanking. Los convenios fueron homologados por la jueza federal Gabriela Marrón y recurridos por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría.

El querellante Luis Arellano dijo a FM De la Calle que las empresas accedieron a firmar los convenios porque está próxima la resolución de la causa que busca resarcir a los pescadores por la pérdida de su fuente laboral. “Las pruebas son abrumadoras, la sentencia civil ambiental va a salir condenatoria, están tratando de dar un barniz de mejora, para luego ir a decirle al juez contencioso administrativo: nosotros arreglamos la situación, archive la causa”.

“La ría está contaminada, todo el mundo lo sabe, y una parte es reparar las consecuencias del delito. Se violó la ley, hubo actitudes antijurídicas que ocasionaron que la ría esté contaminada. Eso tiene que ser reparado. Estamos hablando de cuestiones comunitarias más allá de indemnizaciones particulares”.

El representante de los pesadores destacó que “esta etapa de acuerdo ha transitado en la más absoluta soledad, nadie se enteró, aparecieron un día en el expediente los acuerdos, propuestas de cuatro o cinco páginas firmadas por un abogado sin aval técnico. No es viable y descalificaría el trabajo de hace once años en los fueros federal y provincial. Estaríamos tirando todo a la basura si los arreglos terminan de esta forma”.

“Un eventual acuerdo por el saneamiento, remediación y finalización de la contaminación merece un interés y participación más importante de los actores que ya están en ese proceso judicial para que opinen respecto a soluciones técnicas que advertimos en los acuerdos homologados son pobrísimas”.

Arellano subrayó que en el expediente hay pruebas relevantes como la aportada por la Facultad de Agronomía de la UBA o las realizadas por Delitos Ambientales de Policía Federal. “Han sido totalmente dejadas de lado y se le dio el 100% de veracidad y procedencia a las manifestaciones de las empresas sin haber consultado con nadie”.

“Es sorprendente que pase esto cuando hay mucho material para hacer algo mejor. El estuario es un ambiente complejo, no solo desde lo biológico y ambiental sino desde los aportes cloacales e industriales. No están todos los actores metidos en un acuerdo, no está la provincia, ¡ni siquiera siquiera está el OPDS!”.

Consultado respecto a las expectativas de la querella en cuanto a las medidas de reparación del estuario, Arellano sostuvo que “para que haya algo sustancioso primero tiene que estar ABSA porque el principal aporte es el cloacal y, luego, las empresas que aportan el material químico contaminante más peligroso. Han dicho durante once años que no arrojan nada, que no tienen que rendir cuentas”.

Fiscalía General: es “imposible” y “contradictorio” un acuerdo sin la querella

El fiscal general Horacio Azzolín dictaminó en contra del acuerdo firmado por el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil, el cual fuera homologado por la jueza Gabriela Marrón. La querella ya había solicitado su nulidad.

Azzolín dijo que no hay explicación a la falta de intercambio entre los sectores involucrados en la causa, “entre los que hay órganos estatales con funciones de control- y la Fiscalía Federal interviniente o la UFIMA”.

La jueza repitió en cada homologación que le resultaban razonables los dictamenes del fiscal Martínez “cuya actuación entiendo está avalada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA)”.

Sin embargo Azzolín advierte que “tampoco surge que haya intervenido nuestra UFIMA, no se establecen mecanismos de control del avance de los proyectos propuestos, reparaciones de ningún tipo, ni sanciones para un eventual incumplimiento”.

El fiscal general mencionó que los acuerdos no cuentan con “aval previo de organismo técnico alguno con conocimientos específicos en la materia” y que sería “fundamental” la participación de organismos de control “tanto para avanzar en modificaciones normativas, opinar sobre la pertinencia de las propuestas que se realicen y monitorear luego su cumplimiento en el ámbito de su competencia”.

“Reconociendo que la problemática de contaminación en el estuario de Bahía Blanca excede ampliamente a una firma, si de acuerdos individuales se trata, deberían realizarse acuerdos con cada una y someter ese conjunto a una eventual homologación”.

Por último, Azzolín dictaminó que “en cualquier caso, el intercambio con OPDS, ADA, CGPBB y Municipalidad de esta ciudad, además de la intervención de la querella, deberían garantizarse de algún modo”.

Suspendieron la sesión en la Legislatura de Chubut para tratar el proyecto que propone habilitar la minería a cielo abierto en esa provincia, promovido por el gobernador Mariano Arcioni.

“Hace un rato están todas las rutas cortadas. Desde hce 18 años, todos los 4 marchamos en contra de la minería. Hay 49 comunidades en contra del proyecto. La legislatura no tienen los votos y por eso suspendieron la sesión”, dijo a FM De la Calle, Vivana Moreno, asambleísta de Esquel.

Explicó que “el proyecto significa tomar dos departamentos donde está el Proyecto Navidad que es una mina de plata, plomo y cobre, que es la ambición del Panamerican Silver. La zonificación se tendría que haber hecho en el 2003. De una manera escandalosa presentaron esta ley, tomaron un documento del CONICET y dijeron que la mina iba a mejorar la calidad de vida de la población y el autor dice todo lo contrario”.

Moreno enfatizó que “aprobar eso es generar un estallido social. No comprendemos cómo el gobierno nacional está avalando esto que es absolutamente descabellado”.

Consultada acerca de por qué estos proyectos de explotación minera son devastadores para el territorio, la asambleísta sostuvo que se debe a que ” tienen que sacar unos gramos del mineral por tonelada de roca, hay que destruir todo y después extraerlos con químicos, y todos esos químicos quedan en el lugar”

El producto que utilizarían se denomina xantato, “proponen hacer la extracción de la plata a través de un método de flotación que utilizan el xantato, es un toxico ambiental. Este método de flotación no es muy eficiente, la obtención es bastante baja pero para la segunda extracción van a tener que usar cianuro de sodio que tiene el 95% de extracción”, señaló Moreno.

“Lo mas grave del Proyecto de Navidad es que es una mina de plomo, y eso va a volar por el aire cuando pongan los explosivos para fracturar la roca, luego la pulverizan y quedan los desechos de la roca y del producto. Después de la extracción arman unas piletas que las llaman dique de cola, que están separadas por una geomembrana, un plástico, y ponen a perpetuidad enormes piletas a expensas del viento. Chubut tiene ráfagas de hasta 146 km por hora, el plomo neurotóxico cerebral que produce que los niños tengan menos desarrollo intelectual, es incapacitar intelectualmente a niños en favor de llevarse al exterior no se cuantas toneladas de plata. El plomo es de uso para la guerra, se sacó de la industria por alta toxicidad”, agregó.

“No queremos que la meseta sea zona de sacrificio y han demostrado que estos lugares tienen posibilidades de desarrollo amigable y sustentables con el ambiente”, finalizó Moreno.