Lo dijo Nelson Ávalos, de la APDH de Chubut, desde la puerta del Hospital de El Bolsón. Allí, otro integrante de la Lof Quemquemtrew ingresó con una herida de bala en el abdomen. En el territorio, en Cuesta del Ternero, quedó el cuerpo de la persona asesinada. (Por La Retaguardia)
“Acá lo que importa son los verdes y no necesariamente el verde del hidrógeno sino el monto de la supuesta inversión. No se está hablando de un proceso de transición energética, de descarbonización de la matriz, de abandono de los combustibles fósiles sino de dólares”, dijo a FM De la Calle el periodista especializado Hernán Scandizzo.
Millones de datos del Registro Nacional de las Personas fueron robados por un hacker que dice haber vendido el archivo completo en seis oportunidades. Se trata del mismo autor de “La Gorra Leaks” -la filtración de 700 GB de información sensible de la PFA- quien ahora habría accedido a todos los DNI. Desde la Fundación Vía Libre destacaron la vulnerabilidad de nuestros datos en manos del Estado.
El proyecto fue aprobado cerca de la medianoche en la Cámara de Diputados. Apunta a garantizar el derecho a la salud mediante la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas.
La ministra de Salud, Carla Vizzoti, y el jefe de Gabinete Juan Manzur destacaron que el país está en el momento de menor cantidad de contagios de la pandemia y anunciaron flexibilizaciones en las medidas sanitarias.
La ex diputada e integrante de Progresistas en Red, Virginia Linares, el ex intendente Rodolfo Lopes, y José Lualdi, dirigente de la Watu Corriente Comunista coincidieron en que no hay crisis de gobernabilidad tras la derrota electoral del Frente de Todos.
El ex camarista federal Carlos Rozanski habló con FM De la Calle sobre los discursos de odio de los referentes de la derecha que participarán de las elecciones legislativas. Destacó la necesidad de una justicia democrática que rompa con las complicidades y la impunidad de la “organización criminal” que conduce los destinos del Poder Judicial.
Dow Argentina anunció el cierre y desmantelamiento de su fábrica de Puerto General San Martín, Santa Fe. Es la única productora de poliuretano del país y ocupa a 120 trabajadores. Advierten que es una decisión política para priorizar la importación desde Brasil.
Intelectuales, trabajadores y trabajadoras de la cultura, militantes ambientales y por los derechos humanos, docentes e investigadores y periodistas proponen que una de cada cuatro preguntas que se les hagan a las y los candidatos a ocupar cargos legislativos se refieran a la agenda de transición socioecológica.
El cupo socioambiental surgió por iniciativa del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, NohayCulturasinMundo, Jóvenes por el Clima y Periodistas por el Planeta.
“Los eventos climáticos extremos como consecuencia de un maldesarrollo, avanzan y afectan a la población toda, especialmente a lxs más jóvenes, amenazando concretamente su presente y su futuro, y a lxs más pobres, alejándolxs aún más de un modo de vida justo. Es necesario habilitar la discusión política sobre formas de transición socioecológica a modos de producción y consumo sostenibles; a políticas de adaptación a los cambios ya existentes que garanticen el derecho a tener agua potable, alimentación saludable y techo”, afirmaron.
Destacaron, además, que “la amenaza de colapso global no supone la negación de otras luchas de necesidades inmediatas; lo que urge es articularlas con la crisis climática, si de verdad queremos que lxs niñes, adolescentes y jóvenes tengan un futuro”.
De cara a las próximas elecciones parlamentarias, exigen que cada candidato/a se pronuncie con proyectos estratégicos y propuestas concretas en relación con la protección de los bienes comunes como el agua, los ecosistemas y el territorio; propuestas para reducir la pobreza estructural (tierra y servicios; techo y trabajo), y una agenda de transición ecológica integral -energética, productiva, urbana y rural.
“Preocupa la ausencia de los temas socioambientales y de la crisis climática en el debate político de la Argentina. El planeta está cerca de un punto de no retorno: las alertas climáticas y la pobreza se aceleran juntas y entrelazadas ante una población desinformada por gran parte de los medios y de la dirigencia política. Quienes ejercen la gestión pública o aspiran a ella, y aquellos que ocupan espacios en los medios tienen una enorme responsabilidad. Y las decisiones acerca de qué tenemos que hacer como sociedad ante los impactos que ya estamos viviendo serán determinantes para la Argentina”, manifestaron.
En la convocatoria subrayaron que “no es cierto que este sea un debate que sólo le importa al ‘ambientalismo’ como se ha querido imponer, las pandemias de origen zoonótico o el agotamiento hídrico, llaman a la puerta de todxs. Por eso es urgente pensar una agenda socioambiental con participación ciudadana. Es evidente la relación directa entre pobreza estructural y destrucción de ecosistemas. Lxs representantes políticxs tienen una agenda de desarrollo atada al pasado, caduca, que no contempla ni el presente ni el futuro de lxs niñxs y lxs jóvenes”.
El Ministerio de Seguridad aumentó a dos millones de pesos el monto de la recompensa para quien aporte datos sobre el paradero del prófugo Roberto Carlos Brunello, investigado en Bahía Blanca por su participación en crímenes de lesa humanidad. También se busca a Miguel Ángel García Moreno y Carlos Alberto Arroyo.
Brunello (D.N.I. Nº 7.699.908) nació el 23 de marzo de 1949, en la ciudad de Córdoba y su último domicilio conocido es “Las Brisas Country Club” Carrión N° 480, unidad funcional N° 349 de Zelaya, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires.
Sobre el represor pesa pedido de captura nacional desde el día 22 de noviembre de 2013, medida reiterada el 5 de junio de 2018. Se le imputan los siguientes delitos:
- Violación de domicilio, secuestro y aplicación de torturas a once víctimas;
- Secuestro y aplicación de torturas, en relación a treinta víctimas;
- Violación de domicilio, secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual en perjuicio de dos víctimas;
- Secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual, en relación a tres víctimas;
- Secuestro, aplicación de torturas y homicidio en un caso, bajo la modalidad de desaparición forzada de persona.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca informó que Brunello prestó servicios en la Compañía Combate “My Keller”, perteneciente al Batallón de Comunicaciones 181, de la que varios de sus miembros y autoridades ya fueron condenados.
El Batallón era la unidad encargada del Área 511 y para la época de los hechos que se investigan estaba orientada específicamente a la concreción de los secuestros, el sometimiento a cautiverio y la aplicación de torturas, que se cometían en las instalaciones del predio militar. Allí funcionaba el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita”.
La causa por la que se busca a Brunello centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.
En nuestra jurisdicción también se ofrecen 500 mil pesos de recompensa a quienes aporten datos que ayuden a encontrar a Miguel Ángel García Moreno (L.E. N° 4.420.438) nacido el 25/05/1943 y a Carlos Alberto Arroyo (D.N.I. N° 10.554.063) nacido el 03/01/1953, imputados en la misma causa.
(Tierra Viva Agencia de Noticias) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático, (IPCC) publicó su Sexto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo. El estudio deja en claro que las actividades humanas están contribuyendo al calentamiento global y, en consecuencia, al aumento «sin precedentes» de la probabilidad y de la gravedad del calor extremo, las precipitaciones, las sequías y los ciclones tropicales. El documento destaca que en los próximos 20 años la temperatura global aumentará en 1,5°C, superando el límite propuesto en el Acuerdo de París, si no realizan cambios drásticos en la emisión de gases de efecto invernadero.
Para los científicos es clara la necesidad reducir las emisiones de carbono (CO2) a corto plazo. Destacan, además, que las emisiones de metano son especialmente preocupantes. En el estudio participaron 234 autores y fue aprobado por 195 gobiernos. El informe señala que el nivel de las futuras emisiones determinará los niveles de aumento de la temperatura y del cambio climático, así como los impactos y riesgos asociados. Y marca que hay fenómenos que se acelerarán de forma «sin precedentes», como sequías, inundaciones y olas de calor, aún logrando mantener la temperatura por debajo del límite de +1,5 °C.
No solo han aumentado las concentraciones de CO2 en la atmósfera terrestre, sino que también se ha acelerado el ritmo de aumento. La investigación muestra que las emisiones de gases procedentes de las actividades humanas son responsables de un aumento aproximado de la temperatura de 1,1 °C desde el periodo 1850-1900, o sea, a partir de la era industrial.
El informe es la primera evaluación del IPCC en incluir un capítulo (el sexto), dedicado a los denominados “forzadores climáticos de vida corta”, como los aerosoles, las partículas y otros gases reactivos (como el ozono) que existen en la atmósfera entre unas horas y un par de meses (también incluye al metano, que tiene una vida de unos 12 años). El documento de los expertos concluye que las concentraciones de metano y óxido nitroso son ahora más altas que en cualquier otro momento de los últimos 800.000 años.
Ya en el informe especial del IPCC de 2019 sobre el Cambio Climático y la Tierra se ampliaba el enfoque estricto en los bosques y la agricultura al medir que entre el 21% y el 37% de las emisiones globales provendrían de toda la cadena agroalimentaria mundial, incluidas las emisiones previas y posteriores a la actividad productiva, contabilizando la maquinaria, los fertilizantes, el transporte, almacenamiento, procesamiento y empacado.
Cada vez más lejos de los objetivos del Acuerdo de París
El Acuerdo de París estableció en 2016 el objetivo de que el aumento de la temperatura para finales de siglo no supere los 2°C y preferiblemente no ascienda por encima de 1,5°C. No obstante, el informe del IPCC es contundente: tanto 1,5°C como 2°C se superarán durante el siglo XXI a menos que se reduzca profundamente el dióxido de carbono (CO2), junto con otras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, causantes del cambio climático).
Estos otros GEI son principalmente el metano y el óxido nitroso, cuya producción está asociada tanto a los combustibles fósiles como a actividades agrícola-ganaderas. Las temperaturas de la superficie del planeta han aumentado más rápido desde 1970 que en cualquier otro período de 50 años durante, al menos, los últimos dos mil años.
Este año, las naciones que firmaron el Acuerdo deben presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) nuevas o actualizadas, que recogen los esfuerzos y las acciones de cada país para responder al cambio climático y reducir las emisiones. Argentina ratificó el Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley 27270. En diciembre de 2020, nuestro país se comprometió —en la Cumbre de Acción Climática celebrada a cinco años del Acuerdo de París— a no exceder la emisión neta de 359 toneladas de carbono en el año 2030.
Para cumplir este objetivo, según el estudio del IPCC, será necesario revisar la política energética y productiva nacional. Un estudio de las emisiones de carbono en Argentina durante 2016 reveló que el 9,8 por proveniente del cambio de uso de suelos —el caso de los desmontes para pampeanización— y de la silvicultura, un 21,6 por ciento se explica por la actividad ganadera y un 5,8 por ciento por la agricultura realizada en base a transgénicos y agrotóxicos.
Respecto al informe del IPCC, el profesor Miguel Taboada, científico del suelo y del clima de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que «la producción ganadera debería realizarse mediante sistemas de pastoreo integrados, como los silvopastoriles, que ayudan a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero al capturar el dióxido de carbono en los árboles y el suelo».
El impacto del calentamiento global
Una actualización crucial del documenro del IPCC es el análisis de los eventos compuestos, como olas de calor y sequías que ocurren cerca o incluso al mismo tiempo. Esto supone un riesgo particular, ya que a menudo dejan a las comunidades con poco o nada de tiempo para recuperarse entre los eventos. El informe concluye que la influencia humana probablemente ha aumentado la posibilidad de que se produzcan fenómenos extremos compuestos desde la década de 1950.
Tuntiak Katan, líder Shuar de la Amazonía ecuatoriana, coordinador General de la Alianza Global de Comunidades Territoriales y vicecoordinador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) advirtió que «las comunidades indígenas y locales son las que protegen los bosques«. «Sin nosotros, el objetivo de 1,5 estará fuera de nuestro alcance. Las políticas climáticas deben hacer valer los derechos sobre nuestros territorios boscosos para que podamos mantenerlos en pie», manifestó.
En la última década, el hielo marino del Ártico alcanzó su nivel más bajo desde 1850. En el informe se evalúan puntos de inflexión de los que no se puede volver, cuya escala podría ser devastadora. Entre ellos se incluye un colapso de la capa de hielo, cambios bruscos en la circulación de los océanos, algunos eventos extremos compuestos y un calentamiento global sustancialmente mayor al evaluado como muy probable a futuro.
La probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos es baja, pero no puede ser descartada. Tampoco se pueden descartar respuestas bruscas y puntos de inflexión del sistema climático, como un fuerte aumento del deshielo en la Antártida y el retroceso total de los bosques. El aumento del nivel medio del mar a nivel mundial ha aumentado más rápido desde 1900 que en cualquier otro momento de los últimos 3000 años.
Por su parte, la embajadora Diann Black-Layne, lidereza de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés) Capital, aseveró que «la industria de los combustibles fósiles es la encarnación de la desigualdad de género y de ingresos». Black-Layne argumentó que «un sector dominado por los hombres recibe cada año subvenciones de más de 600.000 millones de dólares para destruir nuestro planeta. En comparación, los Fondos Climáticos de Naciones Unidas reciben 2400 millones de dólares al año para salvarlo».
Fracasó otra instancia de conciliación entre las empresas del polo petroquímico, la Fiscalía y la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría. Las multinacionales debían responder si aceptaban o no financiar una planta de reuso de líquidos cloacales como reparación al daño ocasionado al estuario.
El encuentro virtual se frustró por problemas de conectividad de la Fiscalía aunque las respuestas llegaron por escrito. El abogado Lucas Beier comentó a FM De la Calle que “dicen que en el estuario no hay daño que reparar, que en el caso de que hubiera no son ellas las responsables de repararlo porque no lo causaron”.
“Lamentablemente las que dirigen todo, fijan política, determinan qué hacer y qué no son las empresas. Tanto funcionarios políticos como judiciales le piden a las empresas por favor hagan algo. Las empresas dicen no vamos a hacer nada y eso me contestan los funcionarios a mí. (…) ABSA es el único que quiere hacer la planta pero dice que no tiene plata. El Consorcio no opina y la Municipalidad tampoco, así estamos”, describió.
Beier manifestó que “desde el momento en el que (Santiago Martínez) hizo convenios particulares con las empresas consideramos que tenían que cerrar esta etapa. Más aun cuando la Cámara revocó esos acuerdos. Creo que esta fue la última carta que se jugó el fiscal. Ahora sí no le va a quedar otra”.
El abogado recordó que la causa avanzó a instancias del fiscal Alejandro Cantaro y el juez Walter López da Silva, quienes habilitaron la toma de muestras y su análisis por parte de la Facultad de Agronomía de la UBA y la Policía Federal.
Martínez y la jueza Gabriela Marrón se encontraron con la prueba y “pese a que la Cámara reconoce que el estuario está contaminado y que algo hay que hacer, ellos dicen que no está probado”.
En 2019, la Cámara Federal ordenó que las partes acuerden un plan de inversiones que “establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente». Fue a partir de la pericia que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.
La «constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies», afirmaron los expertos.
La querella presentará nuevamente en las próximas horas un pedido para que se clausure la etapa conciliatoria. “Espero que el fiscal de una vez por todas se aboque a probar el delito. (…) Que vea el expediente, si considera que falta algo por probar que pruebe y si no que cite a indagatoria y la causa avance”, dijo Beier.
Alberto Rodríguez, testigo en la causa Triple A y compañero de David “Watu” Cilleruelo, manifestó que el juicio que culminó con las condenas a cuatro ex miembros de la banda paraestatal no incluyó a “los autores intelectuales, la cúpula policial y militar que apoyó y entregó armas. El veredicto está dado por la gente, por la sociedad y por el trabajo y las movilizaciones que se han hecho durante 45 años”.
“Es una justicia correcta pero seguiré dudando. El diario La Nueva Provincia acá no está y fue parte. De la sede del diario entraba y salía la patota. Ni la justicia se ha reconvertido en justicia justa ni los medios de comunicación informan con la veracidad y objetividad que deberían. Son parte del poder y así son utilizados”, agregó.
El tribunal oral condenó Raúl Roberto Aceituno a prisión perpetua y a 10 años de prisión a Osvaldo Pallero, Juan Carlos Curzio y Héctor Ángel Forcelli.
José Lualdi, militante en el sector de la construcción en la década del 70 y dirigente de la agrupación Watu Corriente Comunista, expresó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que al “tener condena, es momento de recordar y reparar la memoria de aquellos compañeros. Muchos años, planteando la porfía de llevar a juicio a la Triple A. Parecía imposible y lejano pero jamás abandonamos”.
En relación a Luis Jesús García, secuestrado y asesinado el 22 de septiembre de 1974, Lualdi comentó: “Recuerdo cómo lo apretaban los matones al Negrito. Era un chico con muchísima presencia en el gremio. Aquella conducción de la UOCRA, formaba parte de la Triple A. Hoy se ha hecho justicia por él y otros compañeros”.
El periodista Néstor Busso, detenido en la última dictadura cívico militar eclesiástica, narró su paso por Bahía Blanca en mayo del ’75 para cubrir el atentado al Juan XIII y el asesinato del sacerdote salesiano Carlos Dorñak. “Pudimos registrar lo que se estaba viviendo. Era público, era conocido, el comentario generalizado en las calles, especialmente en la universidad, en la Iglesia Católica, en las organizaciones sociales. Publicamos todo lo que estaba sucediendo, reproduciendo editoriales de La Nueva Provincia, marcando cómo eran cómplices y justificaban los hechos de violencia. Ese diario fue instigador, provocador de tanta violencia. Una empresa al servicio de las causas más siniestras de nuestro país, estuvo ausente en esta sentencia”.
Busso explicó que a pesar del “sabor amargo por ver a uno de los condenados irse a su casa caminando, hay que valorar enormemente la sentencia en lo simbólico porque esta gente vivía en la impunidad, sembrando terror. Ha pasado mucho tiempo, 46 años es demasiado, pero las cosas llegan y es importante el mensaje para las y los más jóvenes”.
Por último, el sociólogo puntaltense Fortunato Mallimaci dijo que este lunes fue un día especial: “Condenas a la Triple A hay pocas o casi ninguna. Organismos de derechos humanos, víctimas, la universidad, un pedazo del Poder Judicial, dieron condiciones para este juicio que para muchos era imposible. Debemos celebrar el hoy para crear nuevas utopías. Hay una memoria reactivada con esta celebración, abre nuevas perspectivas para el futuro”.
Para comprender el contexto previo al golpe cívico militar del año ’76, Mallimaci afirmó que “la Alianza Anticomunista Argentina no se entiende en Bahía Blanca sin el peronismo de Ponce, sin el peronismo de la CGT, sin el peronismo de Remus Tetu, sin el apoyo de sectores de la Iglesia Católica y de las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos una universidad que votó el Honoris Causa para Watu Cilleruelo, que reconoce en él a todos los desaparecidos asesinados del ‘74 al ‘83. Ninguna universidad argentina lo ha hecho. ¿Por qué? Porque significa reconocer que participó. Entonces, están diciendo que las autoridades de esta universidad fueron responsables. De Remus Tetu en adelante fueron partícipes en denunciar, hacer listas, participar con servicios de inteligencias. Fuimos víctimas y victimarios y escenario”.
El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó por unanimidad a cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina y calificó a los hechos como “crímenes de lesa humanidad”.
Raúl Roberto Aceituno recibió la pena de prisión perpetua al ser considerado coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Hover Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Raquel Cilleruelo, hermana de “Watu”, manifestó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que “logramos que uno de los cómplices llegara, los otros se fueron muriendo. Después de 46 años falta mucha gente acá. La perpetua de Aceituno tiene mucha fuerza para mí”.
Forcelli, Pallero y Curzio fueron castigados con 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita.
“Esperamos que sea un aporte para avanzar en las responsabilidades sobre todo de sectores civiles y del poder fáctico”, dijo el fiscal auxiliar Pablo Fermento. Aseguró que “el debate sirvió para que la investigación tomara estado público. A diferencia de lo que pasa en otros juicios donde se llega con todo elaborado, al ser un fenómeno de violencia colectivo fue sorprendente cómo se fue incorporando prueba nueva en función de gente que se acercaba a decir yo viví esta situación. Por ejemplo, el hijo de (Jorge) Argibay que introdujo información y nos permitió corroborar lo que estábamos explicando. Es fundamental el debate y por eso lo planteamos para causas como las de (Vicente) Massot o (Néstor) Montezanti”.
Al respecto, Raquel recordó que Daniel Argibay -quien con 12 años fue testigo de acciones y relaciones de su padre- les envió una carta pidiendo disculpas: “Creo que eso lo sana tanto a él como a nosotros. Después del mal que hicieron su papá y su hermano él pudo reconstruir su vida y elegir el lado bueno de las cosas. (…) Siempre le agradecí por su actitud, no cualquiera lo hace, mirá estos que están condenados ahora, no se arrepienten, para ellos está bien lo que hicieron”.
En el veredicto, los jueces comunicaron que Raquel tendrá derecho a ser informada y expresar su opinión cuando se sustancie cualquier planteo en el que se puedan decidir salidas transitorias, régimen de semi libertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, discontinua o semi detención, libertad asistida y régimen preparatorio para su liberación.
Por otra parte, el tribunal remitió copia del veredicto y de los fundamentos de la sentencia para que evalúen las solicitudes de la Fiscalía para anular las resoluciones de cesantías de empleados no docentes, docentes y alumnos, otorgar el título de doctor honoris causa a David Hover Cilleruelo y colocar en espacios de circulación pública una referencia histórica sobre la puesta a disposición en el período de tiempo investigado de sus instalaciones y sus recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados. “Ello así toda vez que imponer a las universidades una serie de decisiones como las solicitadas, sin cumplir con los procedimientos administrativos previstos a esos fines, constituye un exceso a la competencia que la ley otorga a este tribunal teniendo en cuenta los principios de autarquía y autonomía de las universidades”, aclaró el juez Roberto Amabile.
“Los únicos planteos de la Fiscalía que no fueron tratados son la calificación de genocidio y queda pendiente resolver las cuestiones atinentes al modo de detención de los imputados que están excarcelados, si se les va a dictar prisión preventiva hasta que esté la pena firme y la domiciliaria de Aceituno”, afirmó Fermento. Aceituno continuará en su casa hasta que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema le realice un examen médico completo.
El tribunal no hizo lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción ni por la insubsistencia de la potestad persecutoria por agotamiento de plazo razonable. Tampoco al pedido de inconstitucionalidad respecto de la pena de prisión perpetua, del delito de asociación ilícita y de las consecuencias accesorias de la condena.
Julia García, hermana del “Negrito” García, destacó la condena a Aceituno y se quejó porque “no se investigaron los otros 23 casos de secuestros y asesinatos. ¿Qué estuvimos haciendo para llegar a un fallo como este? Es muy doloroso irnos con las manos casi vacías”.
Verónica Alduvino, hermana de Fernando Alduvino, sostuvo que “hay que rescatar que esto pasó en un gobierno constitucional y este fallo es el primer paso para que cada uno se haga cargo de las distintas áreas que estaban en el gobierno, en la justicia, en los partidos políticos y los sindicatos”.
Los fundamentos del fallo de los jueces Amabile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido se conocerán dentro de los próximos 40 días.
El lunes 2 de agosto se dará lectura al veredicto del juicio a integrantes de la Triple A en Bahía Blanca. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero están imputados por haber integrado la asociación ilícita a la que se le atribuyen más de dos decenas de secuestros, torturas y asesinatos.
La banda paraestatal en nuestra región estuvo al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.
Es la finalización del séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en nuestra ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado. Son solo una parte de la Triple A en Bahía Blanca, organización responsable de la muerte de 24 compañeros y compañeras, militantes estudiantiles, docentes y no docentes universitarios, trabajadores/as y dirigentes gremiales perseguidos por razones políticas.
Desde la Secretaría de DD.HH. de la CTA convocamos a concentrarnos el lunes desde las 10 en la puerta de Colón 80, respetando las medidas de cuidado y distanciamiento social, para acompañar este momento histórico desde la calle.
La lectura comenzará a las 11 en el aula magna, con aforo reducido en virtud de los protocolos vigentes fijados por la propia Universidad, la Municipalidad de Bahía Blanca y la Corte Suprema.
Pasados más de 45 años de sus crímenes, esperamos una condena ejemplar.
¡Son crímenes de lesa humanidad!
30.000 compañerxs desaparecidxs. PRESENTES!!
FM De la Calle realizará una transmisión conjunta con La Retaguardia desde las 10:30 por el canal de Youtube FMDELACALLETV.
(Por Yica Guardia) El proyecto de etiquetado frontal de productos alimenticios, con media sanción del Senado, obtuvo dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el 13 de julio y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión.
La iniciativa prevé la promoción de una alimentación saludable, mediante un etiquetado informativo, claro y visible que advierta sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en los productos alimenticios.
Una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y de Industria avanzó con la propuesta de colocación de sellos frontales en los envases de alimentos. En total, en el extenso debate, se firmaron cuatro dictámenes: uno de mayoría, dos de minoría y uno de rechazo.
Es un proyecto integral que busca la protección de nuestros derechos y pone el foco en las infancias y adolescencias. Existen antecedentes de este marco regulatorio en otros países, trae una normativa muy completa similar a la experiencia mexicana, considerada la mejor a nivel mundial.
Se establece que de manera obligatoria se implementen en el frente de los alimentos y bebidas que se comercializan envasados un sello, octógono de color negro, que nos advierte cuando un producto tiene una cantidad excesiva de calorías o nutrientes críticos, grasas, azúcares, sodio, y también está contemplado previsto que se incluyan leyendas cuando contengan edulcorantes o cafeína. El objetivo de este último punto es desalentar el consumo de este tipo de productos en las infancias.
También establece que los envases que tengan más de uno de estos sellos no podrán incluir información nutricional complementaria para inducir a su venta. Tampoco logos de entidades científicas con el mismo fin o crear una ilusión acerca del contenido y calidad del alimento que pretende venderse. Los que incluyan publicidad engañosa como personajes o caricaturas que generen una manipulación en el consumidor, promesa de regalos, sorteos, premios, falsa atracción para los más chicos quedarán fuera de lo permitido.
Todo estaría regulado en esta ley que prohibiría toda publicidad, patrocinio, sorteo, dirigidos a niñas, niños y adolescentes cuando tengan más de un sello. Además, prevé una regulación para mejorar los entornos escolares al respecto. Se establece que se incorpore educación alimentaria en la currícula escolar. También la oferta de alimentos en las escuelas, no sólo lo que se comercializa sino también qué alimentos se ofrecen por parte de los comedores escolares. Se intenta proveer información acerca de una sana y completa alimentación, brindar claridad ante las estrategias de marketing de venta y publicidad de la industria alimentaria que terminan incidiendo en nuestra intención de compra.
Brindar opciones más justas, verdaderas, reguladas, sanas y seguras, donde el Estado brinde herramientas adecuadas y de fácil acceso y disponibilidad para toda la población de consumidores. Nos referimos a un acceso fácil e instantáneo, omitiendo la letra chica que existe hoy en los paquetes que puede resultar confusa y poco clara. El lenguaje es de suma importancia ya que tanto las infancias como los grupos sociales de menor nivel educativo son los más vulnerables, donde la capacidad de distinción entre estrategia de venta y publicidad es difícil de distinguir. Así, tienen menos elementos para hacer lecturas críticas desde lo simbólico y el lenguaje poco legible que se brinda.
Son objetos comestibles que están autorizados para su venta desde el Código Alimentario Argentino pero esto no quiere decir que sean aptos para una sana nutrición. Define la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Son formulaciones listas para comer o beber. Se basan en sustancias refinadas, con una cuidadosa combinación de azúcar, sal y grasa y varios aditivos. Incluyen bebidas azucaradas, snacks y comidas rápidas”. Tal es así que impactan negativamente en la salud y son los principales causantes de la malnutrición por obesidad en adolescentes y adultos, exceso de peso en niñas y niños, enfermedades no transmisibles, etcétera.
Una de las principales causas en aumento de enfermedades y muerte es el consumo de estos productos. Listos para consumir, productos- servicio, productos de consumo instantáneo.
Entonces, apoyar y conocer este tipo de proyectos de ley nos hace más conscientes y responsables de nuestra salud y de nuestro rol político como consumidores interpelando nuestra decisión de compra desde qué queremos consumir, cómo, dónde, de quién, por qué, etcétera.
Volver a una alimentación casera, sencilla y saludable es la propuesta que deriva no sólo de esta ley sino también de este tiempo que vivimos donde la soberanía alimentaria, la agroecología para productores y consumidores, el derecho a la alimentación, a la salud y a la información son prioridad conocer y defender. Por ende, la seguridad alimentaria -la disponibilidad, accesibilidad cultural, de calidad y cantidad- deben ser prioritarias en un Estado Democrático, Plurinacional y de Territorio Biodiverso que brega por el bien común y la salud de su comunidad.
Les invitamos a escuchar los podcasts de Conexión Socioambiental con las entrevistas a Miryam Gorban y a Marcos Filardi.
En una audiencia prevista para el 5 de agosto las empresas responsables de la contaminación del estuario deberán responder si aceptan o rechazan una oferta económica para reparar el daño que hicieron.
Los pescadores artesanales propusieron a la justicia que se hagan cargo del costo de la planta de tratamiento para el reúso de líquidos cloacales, la cual no solo mejoraría la calidad ambiental de la ría sino que aliviaría el abastecimiento de agua potable de la ciudad.
“Hace tres años que está acreditada la contaminación y la cruel realidad es que no hay ninguna resolución sobre este tema”, dijo a FM De la Calle el abogado Lucas Beier. Los trabajadores realizaron cortes y protestas en Ing. White y las empresas respondieron con denuncias penales.
La Cámara Federal dictó la nulidad de una serie de convenios que el fiscal Santiago Martínez y las empresas firmaron sin participación de la querella ni la fiscalía especializada. Siguieron días de protestas y negociaciones frustradas dentro y fuera de los ámbitos judiciales.
Uno de los intentos involucró a la Unión Industrial, entidad integrada por varias de las empresas imputadas, ante cuyas autoridades se ofreció a mediar. “Respondieron que no quieren hacer ningún arreglo, que van a dejar que siga la vía judicial. El Consorcio (de Gestión del Puerto) dijo que si las empresas no participan ellos tampoco”.
Las multinacionales apuestan a llegar a la última instancia judicial, trámite que les podría garantizar una década más de impunidad y avanzar con la ampliación de algunas plantas.
“Queremos que el Poder Judicial tome esto seriamente y dicte de una vez por todas una cautelar más seria, no tratar que se llegue a un arreglo sino tomar decisiones e imponer obligaciones. Así como la jueza de Garantías en menos de 48 horas obligó a los trabajadores a levantar las manifestaciones también podrían obligar a las empresas a intentar ir mejorando el tema ambiental”, afirmó Beier.
Las investigadas son Unipar (Solvay Indupa), TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, Dow (PBB Polisur), Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.
Hace dos años, la Cámara Federal le impuso al fiscal Martínez un plazo de 90 días para que disponga la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».
En los próximos días, la vía del “consenso” tendrá una última oportunidad. “Las empresas tienen que manifestar si, además de lo que propusieron que era mejorar el sistema de tratamiento -que ellas dicen que es óptimo- en un plazo de 18 meses, aportan dinero para sanear el ambiente cumpliendo con los parámetros de la Cámara”.
La querella considera “suficiente” que se hagan cargo del financiamiento de una planta para la reutilización de líquidos cloacales. “El fiscal consideró que correspondía, les dio traslado y el 5 de agosto tienen que decir si están de acuerdo. Si no están de acuerdo definitivamente se cierra la etapa de conciliación y si dicen que sí habrá que empezar a trabajar en eso”, afirmó el abogado.
El estancamiento de la causa impuesto por Martínez y la jueza Marrón es funcional a la prescripción de la acusación contra los empresarios y funcionarios denunciados. “La causa no prescribiría nunca porque es un delito de ejecución continua -en este momento están arrojando desechos industriales-, a no ser que dejen de arrojarlos y empezaría a correr el plazo. Pero sí corre sobre la persona que deja de ser director. Denunciamos a diez empresas, cada directorio estaba formado por veinte personas, son 200 personas”.
Por último, Beier se refirió a la reciente captura de peces ulcerados. “No es lo cotidiano que salgan tan visibles pero recordemos que todos los peces analizados en la pericia salieron con úlceras cancerígenas que, según el Departamento de Delitos Ambientales de la Federal, es consecuencia directa del alto grado de contaminación del estuario, no es normal”.
“Dijeron claramente que consumirlos es peligroso para la salud, no es posible el desarrollo de la biodiversidad dentro el estuario. Ninguna de las pericias fue impugnada ni declarada nula pero pasaron tres años y todo sigue como si nada”.
“Las empresas en vez de hacer tantas cuestiones de responsabilidad social empresarial, donando plata o construyendo placitas, se tendrían que hacer cargo del saneamiento del estuario y dejar de contaminar. Es principalmente un reclamo a los funcionarios del Poder Judicial, Legislativo, administrativo, al Concejo Deliberante, al intendente. Cuando salió la pericia hubo un poco de revuelo y después nadie más habló de este tema”, dijo el abogado.
Con mentiras y descalificaciones respondió el ministro de Seguridad, Sergio Berni, a la consulta sobre el estado de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro. “Hablemos claro, la justicia determinó lo que pasó, después hay una contraparte que no quiere aceptarlo y recusa permanentemente”, afirmó el jefe de la Bonaerense.
“Tremendo mansplaining recibí”, dijo la periodista Catalina De Elía luego de la entrevista en el programa “Fuego amigo” en referencia a las intervenciones machistas del funcionario que la trató de mal informada y le intentó explicar el funcionamiento de la justicia.
Berni agregó que “quienes acusan son los fiscales, un juez determina si lo que acusan tiene coherencia y verosimilitud para avanzar en la investigación. La jueza ha dicho, en todas y cada una de las oportunidades que los fiscales pidieron ridiculeces, señores esto no existe”.
La Cámara Federal bahiense efectivamente rechazó las quejas contra la jueza Gabriela Marrón presentadas por la Fiscalía. Por eso, Horacio Azzolín, Iara Silvestre y Andrés Heim, esperan una definición por parte de la Cámara de Casación.
En cuanto a las medidas probatorias que Marrón rechazó sistemáticamente, la Alzada tuvo otra postura. En febrero habilitó el secuestro de celulares de varios policías y un nuevo allanamiento en Origone en base a indicios que la jueza no quiso ver: el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el patrullero que el 30 de abril conducía Alberto González, en ese momento a cargo del puesto policial de Origone; el amuleto de Facundo encontrado en un viejo calabozo del mismo lugar y la declaración de una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado a funcionarios municipales comentar que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer.
“Todas las veces que se recursó (sic) a la Cámara e inclusive intentaron sacarla, la Cámara dijo que lo que está haciendo hasta acá es correctísimo. Y para la semana que viene le voy a traer un regalo”, dijo Berni. Según sus palabras, se trataría de “una información bastante interesante”. La periodista destacó la necesidad de “que la mamá de Facundo sepa qué pasó con su hijo” porque “la justicia todavía no lo dijo”.
Por otro lado, el ministro afirmó que “la justicia federal tomó la causa no de manera inmediata sino pasado un tiempo, la estaba llevando adelante la Policía de la provincia de Buenos Aires” y agregó que el día que aparataron a la fuerza a su cargo “lo estábamos buscando en el lugar donde se encontró el cuerpo”.
Cabe aclarar que la Bonaerense fue separada en el momento en que se evidenciaron las sospechas sobre algunos de sus integrantes y se comenzó a investigar los hechos como una posible desaparición forzada.
Previamente, la policía de Berni intentó sostener que Facundo había llegado a Bahía Blanca, que se lo había visto vendiendo bolsitas de residuos o que tenía vínculos con el narcotráfico. De hecho, recurrió a uno de los suyos: Jorge Agustín Galarza se presentó ante Fiscalía como un vecino de Cerri que había estado en contacto con el joven, quien le habría dicho que iba camino a Ing. White y luego a Devoto.
Por otra parte, fueron Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores -dos de los policías sospechados- quienes llevaron a la testigo H a la Policía Federal y al fiscal Santiago Martínez. La mujer declaró que levantó a Facundo en la ruta y lo acercó hacia nuestra ciudad en un testimonio que se contradice en varios puntos con el del oficial González.
Tampoco se privaron los hombres de Berni de intimidar y perseguir a amigos y familiares de Facundo para que se hicieran cargo de “algo” que justificara su desaparición como denunció, Marcelo González, ex cuñado del joven de Pedro Luro.