Se cumplen 20 años de uno de los hechos más significativos de la historia reciente de nuestro país. No a modo de efeméride, sino como punto de reflexión, Tramas propone abordarlo de forma crítica.
El adiestrador de perros Marcos Herrero fue detenido el viernes en Viedma por orden de la justicia de Mendoza. Fue trasladado a la provincia cuyana para ser indagado este lunes por su intervención en la búsqueda de Viviana Luna, desaparecida en Potrerillos en 2016.
Un autodenominado “Comando de Restauración Nacional – Zona Sur – Mohamed Alí Seineldin” reivindicó el ataque a la vivienda de Olga Curipan y afirmó que “dará inicio a las acciones contra los enemigos de la patria”. Hoy se cumplen 6 meses de la explosión de una bomba en el local del Frente de Todos, hecho aun no esclarecido por la justicia.
Lo dijo Nelson Ávalos, de la APDH de Chubut, desde la puerta del Hospital de El Bolsón. Allí, otro integrante de la Lof Quemquemtrew ingresó con una herida de bala en el abdomen. En el territorio, en Cuesta del Ternero, quedó el cuerpo de la persona asesinada. (Por La Retaguardia)
“Acá lo que importa son los verdes y no necesariamente el verde del hidrógeno sino el monto de la supuesta inversión. No se está hablando de un proceso de transición energética, de descarbonización de la matriz, de abandono de los combustibles fósiles sino de dólares”, dijo a FM De la Calle el periodista especializado Hernán Scandizzo.
Millones de datos del Registro Nacional de las Personas fueron robados por un hacker que dice haber vendido el archivo completo en seis oportunidades. Se trata del mismo autor de “La Gorra Leaks” -la filtración de 700 GB de información sensible de la PFA- quien ahora habría accedido a todos los DNI. Desde la Fundación Vía Libre destacaron la vulnerabilidad de nuestros datos en manos del Estado.
El proyecto fue aprobado cerca de la medianoche en la Cámara de Diputados. Apunta a garantizar el derecho a la salud mediante la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas.
La ministra de Salud, Carla Vizzoti, y el jefe de Gabinete Juan Manzur destacaron que el país está en el momento de menor cantidad de contagios de la pandemia y anunciaron flexibilizaciones en las medidas sanitarias.
La ex diputada e integrante de Progresistas en Red, Virginia Linares, el ex intendente Rodolfo Lopes, y José Lualdi, dirigente de la Watu Corriente Comunista coincidieron en que no hay crisis de gobernabilidad tras la derrota electoral del Frente de Todos.
El ex camarista federal Carlos Rozanski habló con FM De la Calle sobre los discursos de odio de los referentes de la derecha que participarán de las elecciones legislativas. Destacó la necesidad de una justicia democrática que rompa con las complicidades y la impunidad de la “organización criminal” que conduce los destinos del Poder Judicial.
Dow Argentina anunció el cierre y desmantelamiento de su fábrica de Puerto General San Martín, Santa Fe. Es la única productora de poliuretano del país y ocupa a 120 trabajadores. Advierten que es una decisión política para priorizar la importación desde Brasil.
Intelectuales, trabajadores y trabajadoras de la cultura, militantes ambientales y por los derechos humanos, docentes e investigadores y periodistas proponen que una de cada cuatro preguntas que se les hagan a las y los candidatos a ocupar cargos legislativos se refieran a la agenda de transición socioecológica.
El cupo socioambiental surgió por iniciativa del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, NohayCulturasinMundo, Jóvenes por el Clima y Periodistas por el Planeta.
“Los eventos climáticos extremos como consecuencia de un maldesarrollo, avanzan y afectan a la población toda, especialmente a lxs más jóvenes, amenazando concretamente su presente y su futuro, y a lxs más pobres, alejándolxs aún más de un modo de vida justo. Es necesario habilitar la discusión política sobre formas de transición socioecológica a modos de producción y consumo sostenibles; a políticas de adaptación a los cambios ya existentes que garanticen el derecho a tener agua potable, alimentación saludable y techo”, afirmaron.
Destacaron, además, que “la amenaza de colapso global no supone la negación de otras luchas de necesidades inmediatas; lo que urge es articularlas con la crisis climática, si de verdad queremos que lxs niñes, adolescentes y jóvenes tengan un futuro”.
De cara a las próximas elecciones parlamentarias, exigen que cada candidato/a se pronuncie con proyectos estratégicos y propuestas concretas en relación con la protección de los bienes comunes como el agua, los ecosistemas y el territorio; propuestas para reducir la pobreza estructural (tierra y servicios; techo y trabajo), y una agenda de transición ecológica integral -energética, productiva, urbana y rural.
“Preocupa la ausencia de los temas socioambientales y de la crisis climática en el debate político de la Argentina. El planeta está cerca de un punto de no retorno: las alertas climáticas y la pobreza se aceleran juntas y entrelazadas ante una población desinformada por gran parte de los medios y de la dirigencia política. Quienes ejercen la gestión pública o aspiran a ella, y aquellos que ocupan espacios en los medios tienen una enorme responsabilidad. Y las decisiones acerca de qué tenemos que hacer como sociedad ante los impactos que ya estamos viviendo serán determinantes para la Argentina”, manifestaron.
En la convocatoria subrayaron que “no es cierto que este sea un debate que sólo le importa al ‘ambientalismo’ como se ha querido imponer, las pandemias de origen zoonótico o el agotamiento hídrico, llaman a la puerta de todxs. Por eso es urgente pensar una agenda socioambiental con participación ciudadana. Es evidente la relación directa entre pobreza estructural y destrucción de ecosistemas. Lxs representantes políticxs tienen una agenda de desarrollo atada al pasado, caduca, que no contempla ni el presente ni el futuro de lxs niñxs y lxs jóvenes”.
El Ministerio de Seguridad aumentó a dos millones de pesos el monto de la recompensa para quien aporte datos sobre el paradero del prófugo Roberto Carlos Brunello, investigado en Bahía Blanca por su participación en crímenes de lesa humanidad. También se busca a Miguel Ángel García Moreno y Carlos Alberto Arroyo.
Brunello (D.N.I. Nº 7.699.908) nació el 23 de marzo de 1949, en la ciudad de Córdoba y su último domicilio conocido es “Las Brisas Country Club” Carrión N° 480, unidad funcional N° 349 de Zelaya, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires.
Sobre el represor pesa pedido de captura nacional desde el día 22 de noviembre de 2013, medida reiterada el 5 de junio de 2018. Se le imputan los siguientes delitos:
- Violación de domicilio, secuestro y aplicación de torturas a once víctimas;
- Secuestro y aplicación de torturas, en relación a treinta víctimas;
- Violación de domicilio, secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual en perjuicio de dos víctimas;
- Secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual, en relación a tres víctimas;
- Secuestro, aplicación de torturas y homicidio en un caso, bajo la modalidad de desaparición forzada de persona.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca informó que Brunello prestó servicios en la Compañía Combate “My Keller”, perteneciente al Batallón de Comunicaciones 181, de la que varios de sus miembros y autoridades ya fueron condenados.
El Batallón era la unidad encargada del Área 511 y para la época de los hechos que se investigan estaba orientada específicamente a la concreción de los secuestros, el sometimiento a cautiverio y la aplicación de torturas, que se cometían en las instalaciones del predio militar. Allí funcionaba el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita”.
La causa por la que se busca a Brunello centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.
En nuestra jurisdicción también se ofrecen 500 mil pesos de recompensa a quienes aporten datos que ayuden a encontrar a Miguel Ángel García Moreno (L.E. N° 4.420.438) nacido el 25/05/1943 y a Carlos Alberto Arroyo (D.N.I. N° 10.554.063) nacido el 03/01/1953, imputados en la misma causa.
(Tierra Viva Agencia de Noticias) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático, (IPCC) publicó su Sexto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo. El estudio deja en claro que las actividades humanas están contribuyendo al calentamiento global y, en consecuencia, al aumento «sin precedentes» de la probabilidad y de la gravedad del calor extremo, las precipitaciones, las sequías y los ciclones tropicales. El documento destaca que en los próximos 20 años la temperatura global aumentará en 1,5°C, superando el límite propuesto en el Acuerdo de París, si no realizan cambios drásticos en la emisión de gases de efecto invernadero.
Para los científicos es clara la necesidad reducir las emisiones de carbono (CO2) a corto plazo. Destacan, además, que las emisiones de metano son especialmente preocupantes. En el estudio participaron 234 autores y fue aprobado por 195 gobiernos. El informe señala que el nivel de las futuras emisiones determinará los niveles de aumento de la temperatura y del cambio climático, así como los impactos y riesgos asociados. Y marca que hay fenómenos que se acelerarán de forma «sin precedentes», como sequías, inundaciones y olas de calor, aún logrando mantener la temperatura por debajo del límite de +1,5 °C.
No solo han aumentado las concentraciones de CO2 en la atmósfera terrestre, sino que también se ha acelerado el ritmo de aumento. La investigación muestra que las emisiones de gases procedentes de las actividades humanas son responsables de un aumento aproximado de la temperatura de 1,1 °C desde el periodo 1850-1900, o sea, a partir de la era industrial.
El informe es la primera evaluación del IPCC en incluir un capítulo (el sexto), dedicado a los denominados “forzadores climáticos de vida corta”, como los aerosoles, las partículas y otros gases reactivos (como el ozono) que existen en la atmósfera entre unas horas y un par de meses (también incluye al metano, que tiene una vida de unos 12 años). El documento de los expertos concluye que las concentraciones de metano y óxido nitroso son ahora más altas que en cualquier otro momento de los últimos 800.000 años.
Ya en el informe especial del IPCC de 2019 sobre el Cambio Climático y la Tierra se ampliaba el enfoque estricto en los bosques y la agricultura al medir que entre el 21% y el 37% de las emisiones globales provendrían de toda la cadena agroalimentaria mundial, incluidas las emisiones previas y posteriores a la actividad productiva, contabilizando la maquinaria, los fertilizantes, el transporte, almacenamiento, procesamiento y empacado.
Cada vez más lejos de los objetivos del Acuerdo de París
El Acuerdo de París estableció en 2016 el objetivo de que el aumento de la temperatura para finales de siglo no supere los 2°C y preferiblemente no ascienda por encima de 1,5°C. No obstante, el informe del IPCC es contundente: tanto 1,5°C como 2°C se superarán durante el siglo XXI a menos que se reduzca profundamente el dióxido de carbono (CO2), junto con otras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, causantes del cambio climático).
Estos otros GEI son principalmente el metano y el óxido nitroso, cuya producción está asociada tanto a los combustibles fósiles como a actividades agrícola-ganaderas. Las temperaturas de la superficie del planeta han aumentado más rápido desde 1970 que en cualquier otro período de 50 años durante, al menos, los últimos dos mil años.
Este año, las naciones que firmaron el Acuerdo deben presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) nuevas o actualizadas, que recogen los esfuerzos y las acciones de cada país para responder al cambio climático y reducir las emisiones. Argentina ratificó el Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley 27270. En diciembre de 2020, nuestro país se comprometió —en la Cumbre de Acción Climática celebrada a cinco años del Acuerdo de París— a no exceder la emisión neta de 359 toneladas de carbono en el año 2030.
Para cumplir este objetivo, según el estudio del IPCC, será necesario revisar la política energética y productiva nacional. Un estudio de las emisiones de carbono en Argentina durante 2016 reveló que el 9,8 por proveniente del cambio de uso de suelos —el caso de los desmontes para pampeanización— y de la silvicultura, un 21,6 por ciento se explica por la actividad ganadera y un 5,8 por ciento por la agricultura realizada en base a transgénicos y agrotóxicos.
Respecto al informe del IPCC, el profesor Miguel Taboada, científico del suelo y del clima de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que «la producción ganadera debería realizarse mediante sistemas de pastoreo integrados, como los silvopastoriles, que ayudan a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero al capturar el dióxido de carbono en los árboles y el suelo».
El impacto del calentamiento global
Una actualización crucial del documenro del IPCC es el análisis de los eventos compuestos, como olas de calor y sequías que ocurren cerca o incluso al mismo tiempo. Esto supone un riesgo particular, ya que a menudo dejan a las comunidades con poco o nada de tiempo para recuperarse entre los eventos. El informe concluye que la influencia humana probablemente ha aumentado la posibilidad de que se produzcan fenómenos extremos compuestos desde la década de 1950.
Tuntiak Katan, líder Shuar de la Amazonía ecuatoriana, coordinador General de la Alianza Global de Comunidades Territoriales y vicecoordinador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) advirtió que «las comunidades indígenas y locales son las que protegen los bosques«. «Sin nosotros, el objetivo de 1,5 estará fuera de nuestro alcance. Las políticas climáticas deben hacer valer los derechos sobre nuestros territorios boscosos para que podamos mantenerlos en pie», manifestó.
En la última década, el hielo marino del Ártico alcanzó su nivel más bajo desde 1850. En el informe se evalúan puntos de inflexión de los que no se puede volver, cuya escala podría ser devastadora. Entre ellos se incluye un colapso de la capa de hielo, cambios bruscos en la circulación de los océanos, algunos eventos extremos compuestos y un calentamiento global sustancialmente mayor al evaluado como muy probable a futuro.
La probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos es baja, pero no puede ser descartada. Tampoco se pueden descartar respuestas bruscas y puntos de inflexión del sistema climático, como un fuerte aumento del deshielo en la Antártida y el retroceso total de los bosques. El aumento del nivel medio del mar a nivel mundial ha aumentado más rápido desde 1900 que en cualquier otro momento de los últimos 3000 años.
Por su parte, la embajadora Diann Black-Layne, lidereza de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés) Capital, aseveró que «la industria de los combustibles fósiles es la encarnación de la desigualdad de género y de ingresos». Black-Layne argumentó que «un sector dominado por los hombres recibe cada año subvenciones de más de 600.000 millones de dólares para destruir nuestro planeta. En comparación, los Fondos Climáticos de Naciones Unidas reciben 2400 millones de dólares al año para salvarlo».
Fracasó otra instancia de conciliación entre las empresas del polo petroquímico, la Fiscalía y la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría. Las multinacionales debían responder si aceptaban o no financiar una planta de reuso de líquidos cloacales como reparación al daño ocasionado al estuario.
El encuentro virtual se frustró por problemas de conectividad de la Fiscalía aunque las respuestas llegaron por escrito. El abogado Lucas Beier comentó a FM De la Calle que “dicen que en el estuario no hay daño que reparar, que en el caso de que hubiera no son ellas las responsables de repararlo porque no lo causaron”.
“Lamentablemente las que dirigen todo, fijan política, determinan qué hacer y qué no son las empresas. Tanto funcionarios políticos como judiciales le piden a las empresas por favor hagan algo. Las empresas dicen no vamos a hacer nada y eso me contestan los funcionarios a mí. (…) ABSA es el único que quiere hacer la planta pero dice que no tiene plata. El Consorcio no opina y la Municipalidad tampoco, así estamos”, describió.
Beier manifestó que “desde el momento en el que (Santiago Martínez) hizo convenios particulares con las empresas consideramos que tenían que cerrar esta etapa. Más aun cuando la Cámara revocó esos acuerdos. Creo que esta fue la última carta que se jugó el fiscal. Ahora sí no le va a quedar otra”.
El abogado recordó que la causa avanzó a instancias del fiscal Alejandro Cantaro y el juez Walter López da Silva, quienes habilitaron la toma de muestras y su análisis por parte de la Facultad de Agronomía de la UBA y la Policía Federal.
Martínez y la jueza Gabriela Marrón se encontraron con la prueba y “pese a que la Cámara reconoce que el estuario está contaminado y que algo hay que hacer, ellos dicen que no está probado”.
En 2019, la Cámara Federal ordenó que las partes acuerden un plan de inversiones que “establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente». Fue a partir de la pericia que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.
La «constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies», afirmaron los expertos.
La querella presentará nuevamente en las próximas horas un pedido para que se clausure la etapa conciliatoria. “Espero que el fiscal de una vez por todas se aboque a probar el delito. (…) Que vea el expediente, si considera que falta algo por probar que pruebe y si no que cite a indagatoria y la causa avance”, dijo Beier.
Alberto Rodríguez, testigo en la causa Triple A y compañero de David “Watu” Cilleruelo, manifestó que el juicio que culminó con las condenas a cuatro ex miembros de la banda paraestatal no incluyó a “los autores intelectuales, la cúpula policial y militar que apoyó y entregó armas. El veredicto está dado por la gente, por la sociedad y por el trabajo y las movilizaciones que se han hecho durante 45 años”.
“Es una justicia correcta pero seguiré dudando. El diario La Nueva Provincia acá no está y fue parte. De la sede del diario entraba y salía la patota. Ni la justicia se ha reconvertido en justicia justa ni los medios de comunicación informan con la veracidad y objetividad que deberían. Son parte del poder y así son utilizados”, agregó.
El tribunal oral condenó Raúl Roberto Aceituno a prisión perpetua y a 10 años de prisión a Osvaldo Pallero, Juan Carlos Curzio y Héctor Ángel Forcelli.
José Lualdi, militante en el sector de la construcción en la década del 70 y dirigente de la agrupación Watu Corriente Comunista, expresó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que al “tener condena, es momento de recordar y reparar la memoria de aquellos compañeros. Muchos años, planteando la porfía de llevar a juicio a la Triple A. Parecía imposible y lejano pero jamás abandonamos”.
En relación a Luis Jesús García, secuestrado y asesinado el 22 de septiembre de 1974, Lualdi comentó: “Recuerdo cómo lo apretaban los matones al Negrito. Era un chico con muchísima presencia en el gremio. Aquella conducción de la UOCRA, formaba parte de la Triple A. Hoy se ha hecho justicia por él y otros compañeros”.
El periodista Néstor Busso, detenido en la última dictadura cívico militar eclesiástica, narró su paso por Bahía Blanca en mayo del ’75 para cubrir el atentado al Juan XIII y el asesinato del sacerdote salesiano Carlos Dorñak. “Pudimos registrar lo que se estaba viviendo. Era público, era conocido, el comentario generalizado en las calles, especialmente en la universidad, en la Iglesia Católica, en las organizaciones sociales. Publicamos todo lo que estaba sucediendo, reproduciendo editoriales de La Nueva Provincia, marcando cómo eran cómplices y justificaban los hechos de violencia. Ese diario fue instigador, provocador de tanta violencia. Una empresa al servicio de las causas más siniestras de nuestro país, estuvo ausente en esta sentencia”.
Busso explicó que a pesar del “sabor amargo por ver a uno de los condenados irse a su casa caminando, hay que valorar enormemente la sentencia en lo simbólico porque esta gente vivía en la impunidad, sembrando terror. Ha pasado mucho tiempo, 46 años es demasiado, pero las cosas llegan y es importante el mensaje para las y los más jóvenes”.
Por último, el sociólogo puntaltense Fortunato Mallimaci dijo que este lunes fue un día especial: “Condenas a la Triple A hay pocas o casi ninguna. Organismos de derechos humanos, víctimas, la universidad, un pedazo del Poder Judicial, dieron condiciones para este juicio que para muchos era imposible. Debemos celebrar el hoy para crear nuevas utopías. Hay una memoria reactivada con esta celebración, abre nuevas perspectivas para el futuro”.
Para comprender el contexto previo al golpe cívico militar del año ’76, Mallimaci afirmó que “la Alianza Anticomunista Argentina no se entiende en Bahía Blanca sin el peronismo de Ponce, sin el peronismo de la CGT, sin el peronismo de Remus Tetu, sin el apoyo de sectores de la Iglesia Católica y de las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos una universidad que votó el Honoris Causa para Watu Cilleruelo, que reconoce en él a todos los desaparecidos asesinados del ‘74 al ‘83. Ninguna universidad argentina lo ha hecho. ¿Por qué? Porque significa reconocer que participó. Entonces, están diciendo que las autoridades de esta universidad fueron responsables. De Remus Tetu en adelante fueron partícipes en denunciar, hacer listas, participar con servicios de inteligencias. Fuimos víctimas y victimarios y escenario”.
El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó por unanimidad a cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina y calificó a los hechos como “crímenes de lesa humanidad”.
Raúl Roberto Aceituno recibió la pena de prisión perpetua al ser considerado coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Hover Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Raquel Cilleruelo, hermana de “Watu”, manifestó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que “logramos que uno de los cómplices llegara, los otros se fueron muriendo. Después de 46 años falta mucha gente acá. La perpetua de Aceituno tiene mucha fuerza para mí”.
Forcelli, Pallero y Curzio fueron castigados con 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita.
“Esperamos que sea un aporte para avanzar en las responsabilidades sobre todo de sectores civiles y del poder fáctico”, dijo el fiscal auxiliar Pablo Fermento. Aseguró que “el debate sirvió para que la investigación tomara estado público. A diferencia de lo que pasa en otros juicios donde se llega con todo elaborado, al ser un fenómeno de violencia colectivo fue sorprendente cómo se fue incorporando prueba nueva en función de gente que se acercaba a decir yo viví esta situación. Por ejemplo, el hijo de (Jorge) Argibay que introdujo información y nos permitió corroborar lo que estábamos explicando. Es fundamental el debate y por eso lo planteamos para causas como las de (Vicente) Massot o (Néstor) Montezanti”.
Al respecto, Raquel recordó que Daniel Argibay -quien con 12 años fue testigo de acciones y relaciones de su padre- les envió una carta pidiendo disculpas: “Creo que eso lo sana tanto a él como a nosotros. Después del mal que hicieron su papá y su hermano él pudo reconstruir su vida y elegir el lado bueno de las cosas. (…) Siempre le agradecí por su actitud, no cualquiera lo hace, mirá estos que están condenados ahora, no se arrepienten, para ellos está bien lo que hicieron”.
En el veredicto, los jueces comunicaron que Raquel tendrá derecho a ser informada y expresar su opinión cuando se sustancie cualquier planteo en el que se puedan decidir salidas transitorias, régimen de semi libertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, discontinua o semi detención, libertad asistida y régimen preparatorio para su liberación.
Por otra parte, el tribunal remitió copia del veredicto y de los fundamentos de la sentencia para que evalúen las solicitudes de la Fiscalía para anular las resoluciones de cesantías de empleados no docentes, docentes y alumnos, otorgar el título de doctor honoris causa a David Hover Cilleruelo y colocar en espacios de circulación pública una referencia histórica sobre la puesta a disposición en el período de tiempo investigado de sus instalaciones y sus recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados. “Ello así toda vez que imponer a las universidades una serie de decisiones como las solicitadas, sin cumplir con los procedimientos administrativos previstos a esos fines, constituye un exceso a la competencia que la ley otorga a este tribunal teniendo en cuenta los principios de autarquía y autonomía de las universidades”, aclaró el juez Roberto Amabile.
“Los únicos planteos de la Fiscalía que no fueron tratados son la calificación de genocidio y queda pendiente resolver las cuestiones atinentes al modo de detención de los imputados que están excarcelados, si se les va a dictar prisión preventiva hasta que esté la pena firme y la domiciliaria de Aceituno”, afirmó Fermento. Aceituno continuará en su casa hasta que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema le realice un examen médico completo.
El tribunal no hizo lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción ni por la insubsistencia de la potestad persecutoria por agotamiento de plazo razonable. Tampoco al pedido de inconstitucionalidad respecto de la pena de prisión perpetua, del delito de asociación ilícita y de las consecuencias accesorias de la condena.
Julia García, hermana del “Negrito” García, destacó la condena a Aceituno y se quejó porque “no se investigaron los otros 23 casos de secuestros y asesinatos. ¿Qué estuvimos haciendo para llegar a un fallo como este? Es muy doloroso irnos con las manos casi vacías”.
Verónica Alduvino, hermana de Fernando Alduvino, sostuvo que “hay que rescatar que esto pasó en un gobierno constitucional y este fallo es el primer paso para que cada uno se haga cargo de las distintas áreas que estaban en el gobierno, en la justicia, en los partidos políticos y los sindicatos”.
Los fundamentos del fallo de los jueces Amabile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido se conocerán dentro de los próximos 40 días.
El lunes 2 de agosto se dará lectura al veredicto del juicio a integrantes de la Triple A en Bahía Blanca. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero están imputados por haber integrado la asociación ilícita a la que se le atribuyen más de dos decenas de secuestros, torturas y asesinatos.
La banda paraestatal en nuestra región estuvo al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.
Es la finalización del séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en nuestra ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado. Son solo una parte de la Triple A en Bahía Blanca, organización responsable de la muerte de 24 compañeros y compañeras, militantes estudiantiles, docentes y no docentes universitarios, trabajadores/as y dirigentes gremiales perseguidos por razones políticas.
Desde la Secretaría de DD.HH. de la CTA convocamos a concentrarnos el lunes desde las 10 en la puerta de Colón 80, respetando las medidas de cuidado y distanciamiento social, para acompañar este momento histórico desde la calle.
La lectura comenzará a las 11 en el aula magna, con aforo reducido en virtud de los protocolos vigentes fijados por la propia Universidad, la Municipalidad de Bahía Blanca y la Corte Suprema.
Pasados más de 45 años de sus crímenes, esperamos una condena ejemplar.
¡Son crímenes de lesa humanidad!
30.000 compañerxs desaparecidxs. PRESENTES!!
FM De la Calle realizará una transmisión conjunta con La Retaguardia desde las 10:30 por el canal de Youtube FMDELACALLETV.
