El Comité Técnico Ejecutivo realizó una nueva inspección en la planta LHC II de Dow donde ocurrió la explosión del viernes 28. Según el acta publicada por la web municipal, el organismo de control no infraccionó a la empresa por el hecho que conmocionó a la población de Ing. White y Bahía Blanca.

El inspector del CTE registró que el viernes pasado “se recorrió el sector afectado en el cual se encuentran realizando tareas de limpieza”.

Observó “piezas que aún no han sido movidas debido a que aún se están realizando tareas de investigación”.

“Se nos informa que los análisis de causa raíz se están llevando a cabo con distintos especialistas y que se encuentran en un 70% de avance aproximadamente”.

 

(Por Agustina López Oribe para ANRed) Tras 14 años, se dictó sentencia sobre el juicio civil que la Federación Pilagá realizó al Estado Nacional por los delitos de lesa humanidad durante la Masacre de La Bomba en 1947. 

El juez subrogante Fernando Carbajal, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, ordenó hacer lugar a la demanda promovida por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá y estableció una serie de resarcimientos para el pueblo pilagá.

Alerta sobre la falta de iniciativa por parte del Estado de esclarecer los hechos durante el proceso y destaca la labor de Valeria Mapelman, documentalista, quien no solo recabó testimonios de los sobrevivientes durante 4 años para el documental Octubre Pilagá y escribió un libro profundizando la historia, sino que también registró la mayor parte de los trabajos periciales y aportó documentos oficiales relevantes para la investigación. La sentencia expresa que pudieron probarse una sucesión de hechos que desencadenaron la masacre, la persecución y ocultamiento posteriores.

Se acreditó que hubo durante varios meses del año 1947 una comunidad espontánea de población pilagá en el paraje La Bomba, donde previamente ya era habitado por un grupo pequeño y el cacique Oñedié tenía una chacra. El resto de las personas que llegaron al lugar fueron convocadas por Tonkiet, un líder religioso con capacidad de sanador. No puede probarse la cantidad de gente convocada allí pero podrían ser miles. Cantaban, bailaban y transitaban por el pueblo Las Lomitas donde habitaban criollos y quedó probado que las ceremonias religiosas y de curación eran los aspectos centrales de la concentración.

Esta presencia fue considerada como una “invasión” y motivó en un primer momento el ofrecimiento por parte de la Gendarmería de ser reducidos y trasladados a la Colonia Aborigen Bartolomé de las Casas y luego, frente a la negativa de los pilagás, se desencadenó una masacre que duró varios días.

“Dicho contexto era de un conflicto de base cultural, racial y económico, entre una comunidad que reclamaba derechos básicos (comida y la posibilidad de decidir su propio destino) y un Estado que se mostraba impotente para dar respuesta a esa demanda y, cuando lo intentaba agravaba el conflicto (provisión de alimentos en mal estado) o respondía según baremos de la época con la pretensión de “reducirlos”, reflexionó el juez en el escrito.

Una vez desencadenado el fusilamiento masivo que según el magistrado fue “planificado y organizado por las autoridades estatales”, a cargo del comandante Emilio Fernández Castellanos, jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería, penetraron sus tropas, acompañadas de algunos civiles en el monte “en forma de abanico” y agrega el juez: “típica maniobra de despliegue para ocupación del territorio”.

Se deja claro que “no existió ningún ataque que justificara la respuesta del uso de ametralladoras” y que “los disparos se realizaron sobre la población civil mayormente desarmada” porque días antes la Gendarmería había retirado todo elemento de metal o considerado peligroso del asentamiento multitudinario. Esa fuerza “los persigue matando a hombres y violando y asesinando mujeres y niños”, asegura el fallo.

No puede establecerse la cantidad de víctimas porque no hay registros oficiales de ningún tipo, dejando en evidencia que hay un intento claro de ocultamiento de los hechos por parte del Estado. “Este silencio oficial debe ser severamente reprochado pues se constituye en una clara demostración del carácter ilegal y clandestino de los actos realizados”, escribe el juez Carbajal y “con la complicidad de los medios de prensa”.

Se produjo luego una persecución y matanza sistemática de los pilagá huyendo que además de centenas de ametralladoras contó con un avión de la Fuerza Aérea que despegó en El Palomar, aterrizó en Resistencia donde se extrajo la puerta principal para colocar una ametralladora Colt Calibre 7,635 milímetros que permaneció una semana en el territorio de conflicto. “El uso de la aviación para la represión del pueblo Pilagá es también un dato fáctico probado, que patentiza nuevamente la desproporción en la actuación del Estado”, sentenció Carbajal.

Se ocultaron los actos ilegales quemando las tolderías de los asentamientos y los cadáveres dispuestos en el lugar: “el fuego como elemento encubridor de los actos”, enfatizó el fallo.

La reparación otorgada no será de tipo individual y ordena la sentencia dos tipos de reparaciones: No patrimoniales y Patrimoniales. La primeras son de carácter integral y el primer acto de reparación es el propio dictado de la sentencia que “implica establecer los hechos sucedidos y posiciona a los actores en el rol que le cupo como víctimas y victimarios, dejando establecida la verdad histórica judicialmente determinada”. Luego estipula su publicación en la web del Ministerio de Justicia de la Nación y el INAI; la publicación en el Boletín Oficial y ordena incluir el 10 de octubre en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”. Adjudica toda coordinación a la Federación Pilagá para redactar, imprimir y distribuir material de difusión para uso educativo. Además ordena al Estado la realización de un monumento conmemorativo y que otorgue una serie de becas destinadas a promover y fortalecer al pueblo pilagá.

Las reparaciones patrimoniales serán destinadas a promover el fortalecimiento institucional de la Federación Pilagá y será de la suma de 720 SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles, actualmente de 12.500 pesos) a razón de 6 SMVM mensuales para cerca de 6000 personas que conforman la Federación.

“Instrúyese al intendente municipal de Bahía Blanca a clausurar en forma preventiva toda planta industrial del Polo Petroquímico o Zona Portuaria de ese Municipio cuya acción o inacción por falta de medidas adecuadas de prevención, constituya grave peligro de daño inminente sobre la salud de los trabajadores, de la población o del medio ambiente”, ordena el Decreto 31 del 11 de enero de 2001.

Previamente, la norma -que puede leerse en el sitio web del municipio- delega en el jefe comunal “las atribuciones de control y fiscalización de las obligaciones de las empresas” radicadas en el polo y el puerto para la “preservación del medio ambiente y el cuidado de la salud de los habitantes de Ingeniero White”.

Justamente la comunidad whitense fue la que motorizó la firma por parte del entonces gobernador Carlos Ruckauf ante la “inacción” del ex intendente Jaime Linares. Ocurrió meses después de los escapes de cloro y amoniaco en las plantas de Indupa y Profertil.

“Es esencial la inmediatez para la efectividad de las medidas de control de las obligaciones de las empresas para preservar el medio ambiente, caso contrario la legislación cae en vía muerta y es meramente declarativa”, dice uno de los considerandos del decreto.

El concejal Marcelo Feliú afirmó este jueves que el intendente Héctor Gay tiene facultad para clausurar preventivamente plantas del polo petroquímico “ante determinadas situaciones graves, delicadas, donde se haya podido poner en peligro o haya la posibilidad de un daño inminente sobre la salud de los trabajadores, la población o el medio ambiente”.

“Casi una descripción de lo que pasó”, agregó en referencia a la explosión ocurrida el viernes en el Craker 2 de Dow.

Fue en el marco del debate que terminó con la aprobación de la convocatoria a la subsecretaria de Gestión Ambiental, el coordinador del proceso Apell y el titular del Comité Técnico Ejecutivo para que den explicaciones ante el deliberativo.

Además, se avaló un pedido de informes sobre lo ocurrido y un llamado a reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental, paralizada hace ocho meses por Cambiemos.

Al analizar el rol de la Municipalidad, Feliú recordó que a partir de los escapes del 2000 se entendió que Bahía Blanca estaba en una situación extraordinaria y se aprobó una ley localizada que delegó en la comuna el poder de policía en materia ambiental.

El ex diputado provincial refutó las declaraciones de Gay y de algunos de sus concejales al señalar que ante riesgos para la población o el ambiente “recobra en cabeza del propio intendente tal vez la facultad más importante que en este caso se puede inmediatamente tomar desde lo local. El intendente puede clausurar preventivamente a la empresa que ha motivado este hecho”.

“Este decreto absolutamente vigente y que pone en total complementariedad con esta idea de que habría que avanzar en la delegación, le da poder al intendente para ser el director del manejo de la crisis -explicó Feliú-. Absolutamente el director. Quien puede lo más, que en este caso es la clausura inmediata preventiva, puede lo menos. Principio jurídico indiscutible. Si yo puedo hacer lo máximo, constato de que la situación fue potencialmente peligrosa para personas y bienes, inclusive por fuera del ámbito privado, ahí el intendente tiene la facultad de ser quien conduce el proceso políticamente”.

El concejal agregó que “a esa facultad jurídica con decisión política se llega a la conclusión de que ante un evento no se disminuye la posibilidad de intervenir sino que aumentan”.

La empresa Dow difundió anoche las primeras imágenes del sector de la planta Craker 2 que explotó el viernes pasado y causó conmoción en Ing. White y Bahía Blanca.

El registro de fotos y videos en el lugar había sido impedido en primer término a bomberos y a algunos periodistas que fueron invitados a recorrer el sector el lunes. La empresa adujo “cuestiones de seguridad”.

Sin embargo, sí pudieron hacerlo el fiscal Christian Aguilar y el juez Guillermo Mércuri durante la inspección ocular que realizaron el domingo para dilucidar si hubo daño a trabajadores o bienes de terceros y, en consecuencia, se configuró delito durante el incidente.

Horas después de la explosión, Dow informó que se trató de “un acontecimiento sonoro sin presencia de fuego”. El fin de semana, la empresa publicó una solicitada en la cual sostuvo la minimización de la gravedad del episodio y agregó que lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas”.

Consultado acerca de las versiones que circularon durante el fin de semana acerca de su expulsión, el fundador del Partido Obrero señaló que “la fracción oficial que dirige el partido obrero lo está rompiendo. Tenemos una discusión política hace bastante tiempo entre nosotros. En función de nuestro estatuto hemos pedido el reconocimiento de una corriente interna para tener derecho a asistir a todos los debates”.

Según el dirigente, el oficialismo le había solicitado que utilizaran este recurso y cuando tomaron la decisión de hacerlo, con el apoyo de más de setecientos afiliados, “la reacción a esto es un comunicado que sacan el sábado donde afirman que me había ido de la organización. Han tomado medidas de exclusión muy importantes con gente que ha firmado esto. Hay un ambiente de exclusión y de ruptura”.

Altamira también destacó que esta actitud representa un “golpe a la campaña electoral”. Desde los spots de campaña se habla de la unidad del noventa por ciento de la izquierda a través de la alianza FIT-Unidad.

¿Cuál es la diferencia de fondo?

“Esencialmente entendemos que el partido está siendo llevado por esta fracción oficial a una deriva electoralista, parlamentarista y en el plano de la propaganda mediática donde el planteamiento profundo de nuestros objetivos es desplazado por frases y sonrisas. No se está construyendo el Partido Obrero sobre una perspectiva de rebelión del pueblo”.

Altamira sostiene que “hay una manifiesta crisis del régimen político integral. Al mismo tiempo un ataque como pocas veces se ha visto a los trabajadores y todavía promesas de reformas más agresivas que las que ya hay”. En este contexto, “la banca parlamentaria es un instrumento débil e ineficaz para detener una cosa de este tipo. Hay que decirle al trabajador que tiene que tomar las cosas en sus propias manos y construir al Partido Obrero desarrollándolo sobre la base de esta premisa política”.

“En mi opinión somos más realistas que nuestros críticos que nos quieren llevar por el mismo camino diciendo ´esto es lo que hay´. Hay que quebrar esta muralla que partidos e instituciones ponen a que se satisfagan los reclamos del pueblo trabajador”.

Que a esta nueva explosión en el polo petroquímico no se la lleve el viento.

Que sirva para pensar la ciudad que fuimos, la ciudad que somos y la ciudad que queremos ser.

Un aporte para este finde lluvioso.

“Ingeniero White, un pueblo que están matando”, de María Giovis.

Este documental es un grito de denuncia, de dolor y de lucha. White era un pueblo donde había vida, con miles de ferroviarios y portuarios en actividad y que empezó a morir con los despedidos de esos trabajadores y siguió con la instalación al lado del pueblo, de un Polo Petroquímico. La contaminación, las muertes abruptas, los cánceres raros y la precarización laboral, llegaron con ese Polo.

La película entera se puede descargar con fines educativos y de difusión desde el siguiente enlace (copiando y pegando este enlace en una pestaña y clickeando el botón debajo del video que dice descargar) link: https://vimeo.com/269130923

IDEA ORIGINAL, GUIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: MARIA GIOVIS

EQUIPO TÉCNICO:

MONTAJE: CYNTHIA GABRENJA

MÚSICA ORIGINAL: MARIANO PIRATO

RESTAURACIÓN DE SONIDO: MARCELA TURJANSKI

MÚSICA ORIGINAL : CHRISTIAN LASALLE “KRIS FUEGO”

ANIMACIÓN: RUBÉN LONGAS.

DISEÑO GRÁFICO: CYNTHIA GABRENJA

DURACIÓN: 01:47:10

COLOR

FORMATO ORIGINAL: HD

IDIOMA: ESPAÑOL

ASPECTO DE RATIO: 16:9

Tras la explosión ocurrida esta madrugada en Dow, el abogado Leandro Aparicio advirtió que no estamos ante el primer episodio de estas características y recordó al inspector Martín Negri, “suicidado” por denunciar un hecho similar en 2011.

Aparicio trabaja en un documental en el cual expondrá parte de las grabaciones que le entregó la familia del inspector: “La mamá me da tres CD´s con 500 horas de grabación desde el 26 de junio del 2010 hasta el 14 de octubre de 2012”.

“Agobiado por el acoso laboral del que era objeto, por las presiones y amenazas constantes, el ingeniero agrónomo Martín Negri, que se desempeñaba integrando la Coordinación de Unidad de Respuesta Rápida (URR) del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) puso fin a su vida el pasado 14 de octubre del 2012″, informaron en aquel momento la Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, Aukan, Asamblea Ambiental del Sur, la Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente, Gral. Daniel Cerri y estudiantes autoconvocados.

El abogado refirió que en tres llamadas de junio de 2011, Negri “advierte primero lo que pasa, la jefa le dice que sabía y que vaya, va y le dice que lo llamó la Municipalidad, (el entonces titular del CTE, Fernando) Rey Saravia me llamó, me está llamando el gerente de Dow, me dice ‘comunicate con (la ex titular del OPDS) Verónica Gladario que es tu jefa”.

“Yo si entro a la empresa clausuro. Si quieren unificar criterio con el municipio me quedo acá en casa y no hago nada”, decía Negri.

“Él los manda a la mierda. Esa conversación final es el principio del fin”, afirmó Aparicio. “A los dos meses lo echan, cuando él habla con la jefa, cuando lo están echando, pide perdón, dice que se sintió abandonado y la jefa le dice ‘¿y que querés? A mí me llamó el gobernador. Se relaciona con el rol de Scioli con Dow, quien efectivamente en la campaña del 2015 fue a visitar la planta con el embajador de Estados Unidos en Argentina”.

Ocho años después, el único cambio que estamos en condiciones de confirmar es el de los nombres propios de quienes ocupan dichas responsabilidades y que Negri ya no está.

Para Aparicio “no hay nada más real que el audio de una persona que se graba y después se suicida. Esa información la tenemos que dar a conocer. Las empresas ponen una plata para salvar el planeta y sarasa y esa plata es la que fomenta los organismos de contralor como el CTE y el OPDS”.

Imagen: Canal 7.

(FM De la Calle) – #explosión #Bahía Una fuerte explosión se escuchó en Bahía Blanca veinte minutos después de la medianoche.

Actualización:

9:00: “Infracciones: NINGUNA” Acta Comité Técnico Ejecutivo.

A las 2:19 el comisario Claudio Petrizan, jefe de la Policía Departamental, informa:

A la 1:50 informó DOW:

A la 1:09 el Municipio transmitió el siguiente mensaje oficial: “Sucedió una explosión en el craker de lhc2 de empresa DOW, NO HAY HERIDOS, estan verificando las causas. No se accionó la sirena de planta. Se activo el PRET nivel 1.

Bomberos, Prefectura, Defensa Civil y efectivos policiales trabajan en el lugar.

Un grupo de vecinas y vecinos se reunió en avda. San Martín y Libertad, a unos 200 metros de la planta.

Martín, del barrio 26 de Septiembre, relató a FM De la Calle que “la explosión fue muy fuerte, estaba justo afuera, te puedo decir que hasta temblaron los vidrios. Nos enteramos en el barrio que fue en una de las plantas, no sabemos nada, no sabemos si hay un escape, no se sienten sirenas, no sabemos dónde estamos”.

“Estaba entrando el auto y escuché una explosión muy fuerte, temblaron todos los vidrios de la casa, automáticamente salimos pero nada, por ahora no se ve nada más que una llamarada. El susto fue muy grande (…) una explosión de esta magnitud es la primera vez, los ruidos son normales, pero explosión en esta magnitud nunca”, dijo Joaquín.

César, vecino de Ing. White, sintió “una explosión muy fuerte, ruido y movimiento de ventanas. Un desplazamiento aéreo importante típico de cuando a veces se abren las válvulas de seguridad de la termoeléctrica pero potenciado. Es super preocupante”.

“Una tremenda explosión que levantó a White y a Bahía de la cama. Yo nunca había escuchado un ruido así”, dijo Clara. Claudia del 26 de Septiembre agregó que “vibraron todos los vidrios, las ventanas, se cayeron las macetas que tengo colgadas de las paredes. Después nada más, silencio y el patrullero que entró y cortó el tránsito en la esquina. Yo estoy frente al Parque Industrial. No se escuchó una alarma o advertencia a los vecinos, nada”.

Testimonios: Emiliano Randazzo.

El 3 de noviembre de 2015 se registró otro incidente en la misma empresa.

Incendio en planta de Dow

 

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, Lucas Beier, destacó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó diagramar un plan de inversiones para frenar la contaminación del estuario.

“Compensa el mal golpe del año pasado cuando la jueza (Gabriela) Marrón decía que la pericia no era suficiente para tomar una medida. Nosotros decíamos: ¿qué otra prueba más se puede llegar a necesitar? La Cámara dice lo contrario, que la pericia es suficiente, que tratándose del medio ambiente y que está en juego la salud pública no se necesita tanto ritualismo y hay que tomar una medida”, afirmó en FM De la Calle.

La máxima autoridad judicial bahiense ordenó que el fiscal Santiago Ulpiano Martínez coordine la mesa a integrar con las empresas denunciadas, los pescadores artesanales, la Municipalidad, el Consorcio del Puerto, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad del Agua y los organismos especializados intervienen en la causa.

La Cámara tuvo en cuenta los anuncios de ABSA sobre el avance de la obra de planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Tercera Cuenca y recordó la alternativa de reutilización para uso industrial.

“Es una propuesta que viene de hace años, la hemos planteado y ABSA es bastante reticente. No sé si por cuestiones políticas o económicas. La idea sería la reutilización de esa agua y la no utilización del agua del dique. Con una orden de la justicia que dice que tiene que disminuir los residuos ya no va a ser una decisión únicamente de ABSA”, dijo Beier.


Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía


En cuanto a la tecnología que podría aplicarse para un mejor control, el abogado comentó que lo que los expertos de la UBA sugerían era “poner un caudalímetro que controle de forma constante y no una vez por mes, como se hace ahora”.

Respecto a la continuidad de la causa, más allá del plan de inversiones, la querella considera que no hay nada más para investigar. “Tenemos bien identificado cuáles son las empresas del polo que arrojan los desechos, qué desechos arrojan y con la pericia acreditamos el peligro: el delito es poner en peligro la salud pública”.

Mientras tanto, en el fuero civil, el juez Agustín López Coppola se apresta a abrir la instancia de alegatos. A fines de mayo recibió informes de las defensas. Para Beier, las conclusiones fueron “un papelón”.

“Me causaba indignación leer a los peritos de Bahía, principalmente del IADO, del Conicet local. Que hayan presentado ese tipo de informe donde, por ejemplo (Jorge) Marcovecchio, expresamente pone que es potencialmente imposible que las empresas del polo petroquímico contaminen el estuario, después de toda la prueba que hay, genera una indignación terrible”, afirmó.

(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

La causa investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario.

El fallo da “fuerza probatoria” a la pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

El camarista Pablo Candisano Mera advirtió el “peligro de daño grave a la ría” y se apoyó en el derecho humano a un ambiente sano -art. 41 de la Constitución- y en jurisprudencia de la Corte Suprema. Adhirió a su voto Silvia Fariña.

“Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema”, afirmaron.


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La aceptación parcial de la apelación realizada por el abogado Lucas Beier excluye el llamado a indagatoria de directores y gerentes de las empresas denunciadas y la prohibición del vertido de sustancias tóxicas.

Mesa de abordaje

La Fiscalía coordinará la mesa que tendrá 90 días para presentar el plan. Deberá convocar a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible,  a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.

La Cámara requirió “un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable”.

También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense”.

Antecedentes

Luego de un primer rechazo judicial al pedido de medidas cautelares, la Asociación de Pescadores Artesanales denunció como “hecho nuevo” la pericia de la FAUBA que ratificó el perjuicio ambiental y determinó, entre otras cosas, que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental”.

La demanda fue otra vez rechazada por la jueza Gabriela Marrón y el fiscal subrogante Horacio Azzolin, quienes sostuvieron que no había pruebas para determinar si existe delito y quiénes serían sus autores.

El presidente de la Cámara afirmó que la jueza no tuvo en cuenta el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, el cual establece que “cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.

Por otra parte, le reprochó no haberle dado “fuerza probatoria (…) a lo expresado en el informe pericial” de la FAUBA.

Candisano Mera destacó que “si bien en este caso no hay aún procesamiento del responsable penal del delito, la contaminación del estuario evidencia la aludida verosimilitud de un posible daño ambiental, que sumado al peligro en la demora de que dicha situación se perpetúe en el tiempo, acreditan la urgencia del caso y el dictado de la medida cautelar ambiental a fin de evitar que tal situación se prolongue en el tiempo indefinidamente, independientemente de la situación procesal del o los probables autores del ilícito”.

Con mucha alegría, informamos que este lunes 17 de junio de 2019 finalizó una nueva asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Argentina) realizada en Bahía Blanca, donde se encuentra FM De la Calle, emisora que está por festejar su 30° aniversario. Durante tres días, habiendo iniciado el sábado, radios de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Rio Negro, Santa Fe, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy, hemos compartido saberes, prácticas, realidades y participado de intensos debates en torno al derecho a la comunicación y la Argentina actual.

En este sentido, la aguda situación económica a la que llevan las políticas impulsadas por el gobierno de Macri se ve reflejada en las realidades diarias de nuestro quehacer: nuestras radios son de las comunidades en las que nos desenvolvemos y cada una de ellas se ve afectada por tarifazos, pérdida de capacidad adquisitiva, niveles inflacionarios que sacan del juego a amplias mayorías, déficit de vivienda, crisis general de los sistemas públicos de educación, salud y cultura.

Por ello y contemplando la rica diversidad que expresan las radios que componen AMARC (Argentina) ratificamos nuestro férreo compromiso para redoblar todos los esfuerzos, en el marco de esta situación económica, para garantizar el derecho a la comunicación. Somos radios comunitarias que bregamos por ello a diario. Hacemos en distintos aires pero con el mismo aliento.

A 10 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el estado argentino aún no cumple con sus propias normas y mandatos constitucionales. Sin medios comunitarios no hay democracia y aún el gobierno no articuló los recursos necesarios para otorgar las licencias correspondientes a nuestros medios, es decir, a los medios de las comunidades del territorio argentino. Asimismo, ratificamos el reclamo del debido financiamiento público a través de fondos concursables, que son derechos establecidos, a fin de que ese derecho a la comunicación tenga posibilidades materiales de desarrollo concreto.

Por otra parte, para la sociedad civil en cada rincón argentino, es importante el funcionamiento de los organismos que nacieron con el fin de velar por los derechos comunes del público, las audiencias y lxs hacedorxs de la comunicación comunitaria. En este sentido, expresamos nuestra profunda preocupación por el progresivo desfinanciamiento de la Defensoría el Público. Reclamamos al gobierno su inmediata normalización presupuestaria a fin de que disponga de los recursos necesarios para cumplir las tareas para la que fue creada.

Esta asamblea también decidió ratificar su posición respecto de la necesidad de profundizar nuestros aires y nuestras prácticas a través de un enfoque de perspectiva de género. Creemos que debe ser un aspecto transversal que atraviese nuestros cuerpos y nuestras voces, nuestros vínculos y nuestras propuestas, y es ahí en donde las disidencias en todas sus caracteristicas vienen aportando un aire renovado a AMARC y las radios que la nuclean generando dicha transversabilidad que nos moviliza y nos permite repensarnos hacia adentro de cada radio.

Hemos, además, consolidado debates acerca de nuestra manera de ser, de existir, es decir, de cómo nos organizamos para hacer. Celebramos los pasos dados hacia mayor trabajo regional, en un país que se declama plurinacional, heterogéneo, multicultural y diverso, pero al que aún le cuesta asignar la misma importancia a cualquier lugar de su territorio. Vamos hacia mayor trabajo de base en cada región, a fortalecer los vínculos y a afrontar los problemas de carácter nacional desde las ópticas de cada región.

Esto es, además, una invitación abierta a cada proyecto comunicacional comunitario y popular de cualquier lugar: en AMARC hay lugar para cada expresión que nazca de esta necesidad de bregar por el derecho a la comunicación y cada expresión a su vez es parte constitutiva de un colectivo que es el todo en cada una de sus partes.

En un contexto hostil desde el punto de vista macro político, en el que oficialismos y oposiciones consideran que la comunicación no es un derecho sino un negocio y proponen que debe estar en manos de grupos concentrados de la economía, hacemos también un llamado a la unidad de acción y todas las redes de nuestro sector. Vemos con profunda preocupación que, en vísperas electorales, el debate en torno a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, antes, el mismo concepto de que la sociedad tiene derecho a la comunicación y a la información no esté en agenda de las declaraciones públicas hasta el momento. Creemos que es suficiente motivo para que lo que nos une a todas las redes, nuestra visión de la comunicación como un derecho humano fundamental, nos lleve a unirnos y accionar en conjunto.

Parte de nuestra inmensa alegría se debe a la incorporación de nuevos colectivos y radios. ¡Bienvenidas FM Sudaca de la ciudad de Trelew y FM Indie Rock de Tres Arroyos! ¡Bienvenidas también a las personas que se asociaron de manera individual desde la provincia de Jujuy! Crecemos en ustedes y con ustedes.

En esta oportunidad, la sede de la asamblea fue Bahía Blanca. En esta ciudad, preocupa que la concentración de medios se vea abiertamente acompañada por el gobierno municipal, que ha negado el acceso a la pauta publicitaria a los proyectos populares y, en coincidencia, favorecido abiertamente a los sectores de la comunicación que sirven de herramienta de poder a los factores económicos de mayor concentración. Esos mismos medios a los que el sector público financia a través de los recursos económicos de la comunidad mediante la pauta oficial han despedido a más de 70 trabajadores y trabajadoras en los últimos cinco meses. Observamos también la necesidad de discutir horizontalmente el modelo sindical que requiere este contexto.

Agradecemos a las organizaciones populares sindicales, de la economía social y solidaria, y culturales que apoyaron la realización de esta asamblea de AMARC, quienes se acercaron a compartir un momento de reflexión en torno a la comunicación.

AMARC Argentina agradece a todas las personas, celebra este encuentro y ratifica el convite a ser parte de esta lucha fundamental de nuestros pueblos. Porque sin medios comunitarios no hay democracia, AMARC sube el volumen y reafirma que sin medios comunitarios no hay democracia.

En Lambaré 873, barrio porteño de Almagro, grandes puertas de colores enmarcan la casa de FM La Tribu. Hoy cumple 30 años y festeja toda la semana. Pionera del movimiento de radios comunitarias, encendió el aire 1989.

“Con los sentimientos a flor de piel”, Juana Alfonso definió a La Tribu como “una radio, un centro cultural: es capacitación , es una casona gestionada por la comunidad, es un colectivo. También somos las personas que la vamos atravesando”.

La radialista afirmó que “el colectivo crece y se va transformando a sí mismo con el objetivo principal de luchar por el derecho a la comunicación, por disputar sentido, disputar la cultura como concepto hegemónico. La Tribu existe por sí misma, está compuesta por personas pero lo que hacemos va más allá de cada una de nosotras”.

Juana participa del proyecto desde 2013: “Llegué a partir de la invitación de dos compañeres. Mi paso por La Tribu me cambió a tal punto de no concebir la comunicación si no es comunitaria, no tener ganas de hacer otro tipo de radio que no sea la de la militancia por el derecho a la comunicación”.

A pesar del contexto, La Tribu sigue creciendo: “Vemos que se acentuó la persecución a las radios y medios comunitarios. Este último tiempo hemos conocido el cierre de muchas radios comunitarias, por la economía o por persecución política”.

Desde 1993 La Tribu tiene un Permiso Precario y Provisorio: “En diciembre nos presentamos a un concurso por oposición que se abrió desde el ENACOM. No sin contradicciones porque muchas radios comunitarias no han podido entrar a ese concurso. Nos veíamos entre la espada y la pared porque si no nos presentábamos perdíamos el permiso y ese marco de legalidad. Presentamos los papeles y un escrito solicitando al Estado que regularice y cumpla lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que abra los concursos y que se regularice el 33% del espectro para medios comunitarios”.

Entre los festejos programados FM La Tribu realizará dos programas especiales: el miércoles de 10 a 20 (con retransmisión en Bahía por FM De la Calle 87.9 de 10 a 16 y de 18 a 20) y el sábado desde las 14.

“Ante la certeza del fascismo, el silencio, la soledad angustiosa:
La incertidumbre de lo erróneo,
la falla como posibilidad,
lo colectivo como antídoto,
la autogestión entre los dientes,
el encuentro como detonante,
la organización como horizonte de lo posible.

El aire como llamado a la acción.

LA TRIBU 30 AÑOS ENCENDIDA”

Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la restitución de Javier Matías Darroux Mijalchuk, hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977.

Él nieto 130 participó de la conferencia de prensa y relató su búsqueda y el interés por conocer datos sobre el destino de sus padres. Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y más tarde por la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños no pudieron arribar a ninguna información concluyente.

Gracias al trabajo conjunto de Abuelas, la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Matías pudo encontrarse con su familia, saber su origen biológico e iniciar otra búsqueda –la de su hermano o hermana–, ya que al momento de la desaparición, Elena estaba embarazada de dos meses.

El papá y la mamá

Juan Manuel Darroux trabajó en la Prefectura Naval Argentina de diciembre de 1961 hasta junio de 1966. De septiembre de 1969 a mayo de 1975 se desempeñó en la Universidad de Morón, en tareas administrativas, y allí conoció a Elena Mijalchuk, que estudiaba la carrera de Contadora Pública en ese establecimiento. Elena y Juan Manuel formaron pareja y aunque la familia de ella en un principio se opuso por la diferencia de edad –él era mayor que ella–, finalmente aceptaron la relación. Elena se mudó con Juan Manuel, quien ya vivía solo, a Capital. La familia de él era de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.

Según consta en el legajo de la Universidad de Morón, Elena rindió su primera materia en 1969 y la última en diciembre de 1976. El 5 de agosto de 1977, en el Hospital Alemán de Capital Federal, nació su primer hijo. Lo llamaron Javier Matías, y si bien a Elena el nombre que más le gustaba era Matías, agregó Javier para que el niño llevara las mismas iniciales que su padre. Con el tiempo las tensiones con los Mijalchuk quedaron atrás, al punto que la pareja se mudó a Caseros con ellos. Al poco tiempo, Elena volvió a quedar embarazada. Ella misma se lo contó a su madre y a su hermano Roberto, así como Juan Manuel también se lo había mencionado a su medio hermano Raúl Venturelli.

Las desapariciones

Al momento del secuestro, Juan Manuel, Elena y el pequeño Javier Matías, ya vivían en Caseros. Lo último que la familia supo sobre Juan Manuel fue a través de sus primos Luis Molina y Domingo Carmelo Graziadio, a principios de diciembre de 1977. Se habían encontrado con él en un bodegón en la localidad de Valentín Alsina, ubicado en Rucci y Viamonte, donde se solían reunir. Luego Juan Manuel le pidió a su primo Domingo que lo acercara hasta Paraná y Panamericana, zona norte del conurbano. Domingo lo dejó allí pero como lo notaba preocupado volvió a pasar y vio cómo su primo discutía acaloradamente con cuatro hombres que lo subieron a una Chevy azul metalizada. Fue la última vez que lo vio.

Elena se enteró de la situación. Juan Manuel no aparecía y ella no sabía dónde buscarlo. Hacia fines de diciembre de 1977, recibió una llamada y después una carta en la que su marido le indicaba que el 26 de diciembre debía encontrarse con unos compañeros en Capital Federal. En la víspera, Día de Navidad, Elena mostró la carta a sus padres y les pidió que la acercaran con su bebé al lugar. Al día siguiente, tal cual lo convenido, llevaron a Elena y al pequeño Javier Matías a la cita, en Pampa entre Lugones y Avenida Figueroa Alcorta, en Núñez. Esa fue la última vez que los vieron.

Las búsquedas

La familia Mijalchuk no conocía a nadie que les pudiera brindar información. A finales de los 80, tanto ellos como los Darroux pidieron a la justicia la presunción de fallecimiento. Pero en mayo de 1999 Roberto Mijalchuk se decidió y denunció la desaparición de su hermana embarazada, su cuñado y su sobrino. Así se abrió un nuevo legajo de una mujer embarazada desaparecida en la CONADI y otros en la CONADEP.

Roberto dejó como contacto un teléfono de línea que, en estos años, nunca dio de baja, esperando recibir alguna vez una noticia. Las familias Mijalchuk y Darroux fueron incorporando sus muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos. Abuelas, por su parte, solicitó a la justicia que se realizaran exhumaciones de familiares fallecidos para completar la información genética. La última muestra que se sumó, la de su abuela paterna, Natividad Arelano Venturelli, junto a la ampliación de los marcadores analizados por el Banco, permitió la identificación de Matías. A todo esto, los equipos de la CONADI investigaban infructuosamente las causas de desaparición de la pareja.

Mientras tanto, un joven con dudas sobre su identidad se acercó a la filial de Abuelas Córdoba. Él siempre supo que no era hijo de quienes lo criaron y su expediente de adopción consignaba que había sido encontrado por una mujer la noche del 27 de diciembre de 1977. Fue en la intersección de Ramallo y Grecia, a tres cuadras de la ESMA, cerca de donde esa misma madrugada Elena Mijalchuk fue vista con su bebé por última vez. Por disposición de la justicia, el bebé fue entregado en guarda para adopción a un matrimonio, con quienes se crió en la Ciudad de Buenos Aires. El muchacho se mudó a Córdoba en 1999 y allí inició su búsqueda. Paralelamente, en Abuelas Capital se habían recibido denuncias sobre un joven presuntamente hijo de desaparecidos, que fueron incorporadas al caso para su investigación.

El encuentro

Como en todos los casos de personas con dudas sobre su identidad, Abuelas dio intervención a la CONADI, que ordenó los estudios genéticos. En octubre de 2016, el Banco informó que el perfil del hombre coincidía con el de la familia Darroux Mijalchuk, pero las causas de desaparición de sus padres aún continuaban indeterminadas. CONADI derivó el caso a la Unidad Fiscal que profundizó la investigación y luego la presentó ante la justicia federal, donde hasta hoy se siguen recabando datos y testimonios.

El tío Roberto Mijalchuk recibió el llamado tan esperado a ese teléfono fijo que nunca había dado de baja. La CONADI le comunicó que había encontrado a su sobrino y que podían reunirse. Matías Javier Darroux Mijalchuk conoció su origen y hoy las Abuelas le dieron la bienvenida a la familia para restituirle su derecho a la identidad y contribuir a la reconstrucción de su historia.

Fuente: Abuelas.

El fiscal auxiliar Pablo Fermento informó a FM De la Calle que de casi un centenar de imputados en las causas Ejército, Armada y Triple A: 27 están en libertad, 52 cumplen prisión domiciliaria, nueve tienen sus procesos suspendidos, dos están prófugos y solo siete están en la cárcel.

Este fin de semana habitantes de Villa Elisa repudiaron la presencia en su localidad del represor Eduardo Carlos Videla, quien debe ser juzgado en un próximo juicio por crímenes de lesa humanidad en nuestra ciudad.

Videla fue imputado por la Fiscalía en 2013 por su participación en medio centenar de secuestros y torturas ocurridos cuando comandaba una de las secciones “antisubversivas” del Batallón de Comunicaciones 181. Durante 1976 intervino en cuatro operativos en Bahía Blanca, Villarino, Tres Arroyos y Huanguelén.

Su causa fue elevada a juicio en febrero de 2017 y el represor fue liberado en el mismo mes de este año. “Es una medida que se viene aplicando en general a todos los imputados que están con preventiva, con excepción de aquellos sobre los cuales pesa alguna condena”, explicó Fermento.

Detalló que en las causas Ejército y Triple A la Fiscalía tiene 64 represores acusados: 23 están en libertad, 30 tienen prisión domiciliaria y 7 están en una unidad penitenciaria.

“Tenemos dos prófugos que son Carlos Alberto Arroyo y Miguel Ángel García Moreno y el proceso suspendido de Carlos Alberto Martínez en función de una incapacidad sobreviniente”, dijo.

En Armada, actualmente con un tramo en etapa de alegatos, son 34 los imputados de los cuales ninguno está en la cárcel: 22 están detenidos en sus casas, cuatro fueron excarcelados y ocho tienen el proceso suspendido.

El Tribunal Oral está en condiciones de definir el inicio de dos debates: “No sabemos cuál se va a hacer primero”, aseguró Fermento.

El próximo tramo de Ejército “va a ser el juicio más grande que se haya realizado en la ciudad, tiene más de 40 imputados de los cuales 13 van a ser juzgados por primera vez, hay 200 casos de víctimas que nunca pasaron por juicio, con un universo de más de 400 testigos. Va a llevar un trecho largo. La otra es la causa Triple A con cinco imputados, de los cuales solo uno está en la cárcel que es (Raúl Roberto) Aceituno, los demás están excarcelados”.

Por último, el fiscal auxiliar mencionó que “a fines de mayo la Cámara de Casación Penal dictó una sentencia por la cual confirmó los ceses de la prisión preventiva de una gran cantidad de imputados de la causa Ejército con el argumento de que al no estar fijada la fecha de juicio no hay expectativa clara de hasta cuándo iban a estar detenidos”.

La medida fue recurrida ante la Corte Suprema por la Fiscalía y acompañada con una presentación en la cual exigió al Tribunal Oral que llame a juicio: “No hay pasos procesales previos al debate, estamos en condiciones de que se realicen, las dilaciones tienen que ver con cuestiones organizativas del Poder Judicial, con la integración de los tribunales y la provisión de medios”.

(Por Mauro Llaneza) Empresas del polo industrial presentaron informes en la causa que investiga la contaminación del estuario. Son estudios de investigadores locales que aprueban el tratamiento que se realiza a los vertidos y minimizan los aportes de las compañías en comparación con efluentes naturales o cloacales.

Los organismos científicos bahienses brindan servicios a las multinacionales del puerto y así financian parte de sus proyectos. Por ello, pescadores artesanales solicitaron que el juez Agustín López Coppola ordene a profesionales ajenos a nuestro medio una profunda pericia sobre peces, agua y sedimentos de la ría.

La respuesta se conoció en septiembre de 2018. Tres expertos de la Facultad de Agronomía de la UBA recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

En febrero las demandadas requirieron aportar la prueba complementaria que aquí se reseña. Próximamente comenzarán los alegatos.

El perito contratado por PBB Polisur, Jorge Marcovecchio, dijo que “no hay posibilidades físicas” de que la descarga de la firma “modifique las condiciones físico-químicas del estuario receptor”.

El investigador del Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET/UNS) manifestó que PBB descarga en el Canal Colector compartido con otras empresas del polo y que el volumen en que lo hacen “es significativamente menor” que el del estuario.

Apuntó que sí modifican dichas condiciones físico químicas las descargas “provenientes de aportes cloacales y superficiales, estos últimos del río Sauce Chico, Arroyo Napostá Grande, Saladillo de García y Dulce que componen el arroyo Maldonado”.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

Consultado sobre el posible impacto ambiental de los dragados en los organismos vivos, Marcovecchio se excusó de responder porque “para el caso del Estuario de Bahía Blanca no se dispone de información oficial y pública sobre las formas y secuencias que se siguen para la realización” de los mismos.

Concluyó que “la mayoría de los metales tienden a estar retenidos en los sedimentos” y que “la posibilidad de estar en formas químicas asimilables por los organismos (biodisponibles) es pequeña”. En base a esto y al “muy bajo” consumo de peces no existe “riesgo significativo para la población humana”.

Marcovecchio también fue contratado por Pampa Energía. Dijo que “existe un impacto potencial nulo” sobre la zona adyacente a la descarga de la Refinería Eliçabe. Sostuvo que los compuestos de la planta tardarían 4641 años -“como mínimo”- para llegar a la ría a través de las aguas subterráneas.

Preguntado por la empresa sobre el impacto del basurero Belisario Roldán, ubicado a pocos metros del estuario, Marcovecchio citó un estudio del CTE (2012) en el cual se advierte que “tanto los sedimentos como los lixiviados estudiados no contienen concentraciones críticas ni que superen los valores admitidos como adecuados en la legislación vigente”.

Reconoció que varias investigaciones prueban la presencia de “concentraciones de metales pesados, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos persistentes en sedimentos y agua” y también “en ejemplares de peces del estuario”. Sin embargo, afirmó que “no es posible determinar la condición de ‘ambiente contaminado’ solo por la presencia de la/s sustancia/s potencialmente tóxica/s en el sistema”.

El consultor ambiental Enrique Otaola, contratado por Unipar Indupa, dijo que el “autocontrol” de la empresa mide sus vertidos cuatro veces por mes: “De 84 meses -7 años- y de todos los parámetros estudiados se detectó un solo analito, Fe (NdR: Hierro), que ha superado, en alguna oportunidad, el valor de ley”.

El ingeniero sostuvo que las tres plantas (cloro-soda, cloruro de vinilo y policloruro de vinilo) no utilizan “directamente en sus procesos de producción” hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, cadmio ni plomo.

Otaola, ex ingeniero de procesos de Induclor, afirmó además que la empresa cuenta con sistemas de tratamiento diseñados específicamente para reducir o eliminar los compuestos considerados “contaminantes” según la legislación y que su efectividad está demostrada por resultados que “están por debajo de los de la ley”.

Mega contrató los servicios de Plapiqui. El equipo técnico dirigido por la dra. Verónica Bucalá concluyó que su planta de tratamiento de efluentes es “adecuada” y que la calidad de sus vertidos es “aceptable” de acuerdo a la normativa provincial. Se subrayó que la planta aporta el 0,12% del total de vertidos al estuario.

El estudio señala “algunas variaciones de efluentes” en el colector cloacal que, según los descargos de Mega, ocurrieron por un “desempeño ineficiente durante la dosificación de hipoclorito de sodio en la etapa de cloración”; por el aumento de personal durante una parada de planta -“si bien había baños químicos, había mayor cantidad de turnos en el comedor y se incrementaron las actividades de la cocina”-; y por un lavado eventual de membranas en una de las plantas.

Cargill contrató al director del Instituto de Química del Sur, Marcelo Pereyra, quien afirmó que la cerealera cumplió en el “93% de los casos” con los valores de DQO y DBO en sus vertidos a la descarga cloacal, según “valores monitoreados de acuerdo al Plan de Monitoreo Ambiental aprobado por el OPDS”.  DQO es un parámetro que mide la materia orgánica total de un efluente y DBO refiere a la materia biodegradable.

Pereyra indicó que “el vuelco del efluente final del establecimiento descarga en el conducto que anteriormente al 2011 utilizaba la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Ing. White de ABSA” y que “no está vertiendo su efluente final sobre aguas cloacales”.

El perito subrayó la presencia de metales pesados en cercanías a las descargas de ABSA y mencionó que el aumento del tránsito de embarcaciones de porte en la ría y el uso de pinturas especiales para el carenado de los buques, pueden estar afectando la zona interior del estuario.

Preguntado por la causa de la merma del recurso ictícola, propuso dos hipótesis planteadas en diversos estudios: a) la potencial disminución del alimento de los peces por los continuos dragados y el vertido de desechos urbanos e industriales en las aguas del estuario y b) el aumento de la presión sobre el recurso por el mal manejo que se está haciendo fuera del estuario.

(Por Pablo Becher) A 50 años del Córdobazo (1969) y de la extensión de las rebeliones populares en distintos lugares del país (Tucumán, Corrientes, Rosario), caracterizadas por la fuerza de la insumisión obrera y popular frente al avasallamiento militar y corporativo, las consecuencias de ese fenómeno histórico implicaron el surgimiento de una nueva etapa en la lucha de la clase obrera y las masas populares. Este proceso de masificación continuó con fuerza, a pesar de los esfuerzos de las clases dominantes de neutralizar la conflictividad con las elecciones de 1973 (pensemos en las centeneras de luchas en los lugares de trabajo en ese año, la pueblada en Villa Constitución en apoyo a los obreros de la UOM o la radicalidad de la coordinadores interfabriles en 1975), aunque fue desarticulada con brutalidad por la dictadura militar[1].

Sin embargo, en un periodo posterior marcado por el asentamiento del neoliberalismo en la década de 1990, donde la subordinación de las grandes sindicales obreras (fundamentalmente la CGT) a los mandatos del gran capital concentrado y del propio Estado (garante de ese pacto) comenzaron a re-significarse con fuerza algunos de los términos y conceptos fundamentales del Cordobazo, y de las insurrecciones del movimiento obrero. Entre esos conceptos figura el clasismo, que si bien no fue una discusión propia de ese período, cobró particular importancia en los debates sobre las características del sindicalismo, de los partidos de izquierda, como así también sobre las formas de organización y conflictividad obrera hasta la actualidad.

Para empezar este breve artículo señalaremos que el concepto clasismo es un concepto polisémico que suele presentarse con una serie de cualidades específicas: autoorganización obrera, intransigencia en las demandas, antiburocrático, antipatronal, que se da a través de la democracia interna, la amplia participación de las bases, íntimamente relacionado con el sentido antagónico a la negociación y el participacionismo con el capital/Estado burgués.

Como fenómeno histórico ha sido estudiado desde diferentes perspectivas (como los trabajos de Brenna y Gordillo, 2008; Duval, 2001; James, 2005, Schneider, 2005 o Werner y Aguirre, 2009, por mencionar algunos). En un estudio reciente que enfatiza las relaciones entre memoria y construcción de los sentidos sobre el clasismo en los obreros, la historiadora Laura Ortíz (Universidad Nacional de Córdoba) expresa que existe un conjunto de operaciones realizadas para legitimar el concepto de clasismo, dando importancia a la tradición obrera, el contexto socio-histórico y la relevancia política como construcciones que atraviesan la producción significativa de la narrativa histórica[2].

En este sentido, las memorias disidentes de los actores obreros en los ´70, dirigentes o militantes de base, a través de entrevistas, encadenan una serie de definiciones, no siempre abarcativas ni ordenadas, que nos permiten ampliar el espectro de sentidos sobre el clasismo: 1)Por un lado, aquellos que comprenden el pasaje de “la clase en si, a la clase para si”, dentro del esquema marxista de lucha de clases; que se dirime en adquirir conciencia de que se pertenece a la clase trabajadora; aquí aparece la lucha ideológica o teórica; 2) Otros que entendieron que más allá de la conciencia adquirida por la teoría revolucionaria (que no siempre se conocía por los trabajadores), uno se dice clasista “cuando defiende la clase obrera”, porque “son los obreros quienes producen la riqueza y quienes más sufren el proceso”; aquí el sentido esta puesto en identificarse con la clase obrera, con la condiciones materiales de existencia; 3) Otra forma explicaba, que ser clasista implicaba hacerse respetar, buscar los más justo de las reivindicaciones, en muchos casos, más alla de la cultura revolucionaria (o de lo que se entendía como revolución) donde se presentan sentimientos de pasión por ser parte de la clase trabajadora, en la construcción de una subjetividad colectiva; 4) Por último, otra opción aplica con énfasis la lógica clasista al método de organización y lucha, apelando a la democracia popular y obrera, denunciando las practicas burocráticas corruptas, y la formación de dirigencias enquistadas en el poder, que basan su perpetuidad en la concentración de información, poder y negociación. Aquí se relaciona el método con la conformación de repertorios de conflictividad basado en la acción directa, paro activo, toma de dependencias, enfrentamientos, etc.

Estos significados hilvanados entre sí, con similitudes y diferencias, son los que subsisten hasta el día de hoy, reactualizados a las circunstancias históricas del momento. Ser clasista implica una especie de movimiento dinámico, cultural y social, que se define por su carácter procesual, relacionado con la construcción de una identidad dentro del propio recorrido de la lucha de clases. No se es clasista solo por la experiencia sindical, el sindicato puede ser “una palanca”, una escuela pero no reemplaza la organización política. Es una construcción que no solo se visibiliza en representaciones colectivas, sino en comportamientos que se materializan en la acción. En este sentido, resulta interesante la relación que establecen los obreros con sus dirigencias cuando visibilizan que son HONESTAS Y COMBATIVAS, a pesar de que no compartan una relación ideológica similar. Surgen aquí muchas preguntas: ¿Cuál es la influencia de los militantes de izquierda en la conformación de un sentido clasista dentro de un sindicato? ¿Qué relaciones se establecen entre clasismo y peronismo? ¿Pueden reducirse los sentidos del clasismo solo a los dirigentes y las conducciones sindicales?…Por otro lado y reflexionando sobre una actualidad marcada por el auge del movimiento feminista y decolonial, ¿Cómo pueden relacionarse sin privilegiar uno u otro, las relaciones de clase, de género, étnicas con el clasismo?

La dinámica de los cambios sociales y los intereses que activan y conforman a los movimientos sociales contemporáneos no ha tendido a rescatar la relación capital/trabajo como lugar preponderante de las luchas sociales. Sobre esto, ¿tiene sentido seguir discutiendo la existencia de una contradicción fundamental y principal en el análisis de las relaciones sociales? ¿dónde se enmarca el patriarcado, la cuestión étnica, la racialidad? La realidad va demostrando que una mirada multidimensional que nos permita identificar las relaciones entre las distintas formas de antagonismos nos permitirá reunir con claridad mayores elementos para comprender las formas en que asume y se presenta la dinámica social. Coincidimos en la necesidad de repensar las formas en que se desenvuelven los antagonismos y contradicciones en las relaciones y las prácticas sociales. El clasismo ha funcionado como una teoría transformadora, como una lente que nos ha permitido verificar algunas de las formas en que se desenvuelve la sociedad. La invención de nuevas formas de sociabilidad que emergen desde el eco- socialismo, la perspectiva feminista, el pensamiento solidario y autogestivo, la horizontalidad en las relaciones, la tolerancia y la participación democrática plena, el cuidado del medioambiente desde una mirada que critique la sustentabilidad, funcionan como constructos de una nueva ética emancipadora, donde se invierten y rebelan las formas predominantes de hacer y pensar, de sentir y actuar. De ahí que la propuesta anticapitalista de los movimientos sociales sea todavía un eje de transformación incipiente frente al pensamiento único y la el fatalismo desmovilizador, que puede articularse con la noción de clasismo desde un plano que supere la mirada objetivista de las clases sociales.

Para finalizar, retomamos una serie de cartas y documentos escritos de Agustín Tosco, donde aparecen expresadas lucidamente una serie de apreciaciones acerca de la relación del clasismo con la praxis cotidiana, que condensan en forma magistral una serie de cualidades y nociones sobre esta construcción teórica, puesta en debate. Para Tosco, “ser clasista se trata de sentirse parte de la clase obrera, de sus injusticias, de sus necesidades, significa tener convicciones firmes, solidarias, fraternas, sacrificadas, que aspiren a la transformación revolucionaria de la sociedad, que desestime el ascenso personal y reivindique la voluntad popular desde las bases”.

He aquí algunas de las formas de pensar y relacionar el clasismo con nuestra actualidad que nos permiten reflexionar sobre las formas de acercarnos y comprender mejor el movimiento obrero.

[1] Agradezco a Enrique Gandolfo algunas precisiones críticas sobre este artículo que me sirvieron para revisarlo.

[2] Véase en este sentido Ortiz, M. L. (2018). Identidades obreras: el clasismo y sus representaciones. Sociohistorica, 41, e048. https://doi.org/10.24215/18521606e048

Esta tarde se presentará por octava vez en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y diversas organizaciones feministas.

Aleida Ríos, integrante de la Campaña local, comentó a FM De la Calle la iniciativa “no habla solo de mujeres, hablamos de otras identidades con capacidad de gestar en el marco del respeto a la identidad de género. La cobertura de la práctica tiene que ser integral y gratuita. Hablamos de las obras sociales. Los mismos objetores terminan enviando a la clandestinidad y no atendiéndolas en los consultorios públicos sino en los suyos privados y cobrándoles”.

El proyecto introduce modificaciones al Código Penal: “Por ejemplo que no se penalice a la persona que decide realizarse un aborto y tampoco se penalice a los acompañantes, sea une efector o efectora de salud, como familiares. Fue un punto reñido porque podemos decir que sacando esta penalización se llega a un punto de comprensión del deseo de interrumpir el embarazo”.

Por su parte, Nelly Minyersky, histórica militante por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, afirmó que lo que no se puede tolerar “es que se le impongan a una niña de once años, en lugar de preocuparse porque no la violen más se preocupen por que tenga ese embarazo. El Senado no es un organismo de la democracia, en 1994 cuando se reformó la Constitución no se pudo modificar. Poner en el mismo nivel a una persona corpórea y a un feto es algo contrario a toda moral”.

“Los antiderechos como las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, están en contra de la democracia. Detrás de la lucha contra el aborto también aparecen aquellos que no están a favor de la Convención de los Derechos del Niño. Mi hijo es mío es decir que el chico no es sujeto de derecho. Y con las mujeres pasa lo mismo. Cuando se está en contra del aborto aparece algo más profundo que es que se está en contra de democracia”.