(Por Astor Vitali) Hay un intento de correr los límites de los acuerdos a los que la sociedad argentina ha llegado. Es un intento amparado en discursos que, hace pocos años, nadie hubiera pensado que podían tomar encarnadura en países de las dimensiones como Brasil. Uno de esos elementos es el retorno del militarismo, instaurado por estos días por el ex presidente Eduardo Duhalde.

Duhalde opinó “lo ridículo que suena que piensen que va a haber elecciones. No va haber elecciones. Tenemos un record. Entre el 30 y el 83 catorce presidente militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América es porque no conoce lo que está pasando. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico militar (sic). Sabemos lo que es Venezuela. Sabemos lo que es Bolivia. Sabemos que Chile… no sabemos quién porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y quedan nada más como factor de poder los carabineros, como antes y el ejército. Entonces, no va a haber elecciones. No va a haber elecciones. Para que haya elecciones tienen que ser unas elecciones consensuadas”.

Lo primero que hay que decir es que no se trata de exabrupto. Lo dijo durante días en distintos medios. Afortunadamente, el Jefe del Estado Mayor Conjunto salió a cuestionar las declaraciones. Y afortunadamente la democracia argentina está bastante más sólida, en cuanto a sistema de gobierno, que lo que unas minorías pretenden.

Pero lo que no cabe es descartar que, si bien es marginal, hay los que trabajan para generar clima, ir construyendo en un sentido. Que sea marginal no quiere decir que sea inexistente, por lo que, cabe (urge) poner límites claros desde el conjunto de la dirigencia.

Duhalde se basa, en su discurso, en que se va deteriorando el sistema de representación sobre la base de la falta de instrumentos para discutir acuerdos a largo plazo y que la acumulación de descontentos “puede terminar en una especie de guerra civil” sumado a una sociedad en donde se hace más visible “el avance espectacular de las adicciones”. Frente a esto “aparecen los salvadores”, en referencia a los modelos del tipo Bolsonaro.

Desde la presidencia de Menem, se ha sostenido que el partido militar se había terminado en Argentina por el simple hecho de la disminución de los recursos asignados. Por otra parte, el duro golpe simbólico que significó la pelea del movimiento por los derechos humanos en Argentina que devino juicios por la verdad, dieron la sensación de que la publicidad de la verdad sobre el horror que protagonizaron las fuerzas armadas -un horror puesto al servicio de los poderosos- hacían que la institución militar quedara desprestigiada.

Según una encuesta que citó Duhalde, las fuerzas militares serían de las que mejor calificación reciben por parte de la opinión pública.

Es por esto que hay una responsabilidad muy grande de la dirigencia política actual que considera el sistema democrático un ordenamiento social capaz de interpretar la voluntad popular. Hay, por un lado, quienes insisten permanentemente en horadar esa representación porque sus intereses económicos tendrían mucha mayor capacidad de operación sin los escasos controles de este sistema. Pero también hay, por otro lado, la necesidad de que la dirigencia política interprete el riesgo del bolsonarismo como fenómeno y construya espacios de participación real (más allá del momento electoral) para dar vida concreta a la letra muerta de la normativa democrática.

La pregunta es: ¿consideramos que es reversible la falta de participación y de representatividad? Uno cree que la política sigue teniendo la capacidad de enamorar, si estuviera dispuesta a hacerlo. Que para eso no se puede vivir en un sistema de partidos de los amigos de los principales empresarios sino que debe haber un acercamiento a la enorme cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que participan de millares de instancias media (comedores, educación formal e informal, salud, sociedades de fomento, instituciones deportivas, espacios culturales, etc.)

Y si es posible dar un contenido real a la cáscara formal de la práctica democrática: ¿qué se está haciendo y qué falta hacer?

Es cierto que hay sectores que buscan mostrar la democracia como un sistema inútil y que sus negocios serían más fáciles de llevar adelante en caso de desarrollarse bajo un gobierno de tipo autoritario. Lo que los sectores populares debemos tener en claro, es que, por más tentados que se puedan sentir algunos por personajes de este tipo (mesiánicos, autoritarios, mano dura) no hay lugar ni capacidad de juego en un esquema de esas características para las organizaciones populares. Sólo habrá lugar para quienes tengan mayor capacidad de recursos económicos y busquen disciplinar con consenso social a quienes luchan.

Para defender la democracia es preciso adoptar el camino de profundizarla, otorgando más poder a las organizaciones y construyendo más instituciones, dentro del sistema de representatividad, en el que tenga lugar la ciudadanía, la gente de a pie, aquellos y aquellas que luchan a diario activamente y muchas veces no tienen el reconocimiento debido por parte del marco actualmente instituido.

(Por Astor Vitali) El comentario editorial del día de hoy será breve. Creemos que no se trata, en este caso, de llenarnos de argumentos unos tras otros para justificar una posición determinada. Más bien, las propias declaraciones del funcionario público al que haremos referencia simplifican la tarea: no hace falta agregar más nada.

¿Por qué Berni debería retirarse? Se podrían buscar muchos motivos en sus antecedentes represivos. Pero, para no abundar, refiriéndonos al caso de Facundo Castro, se trata de la máxima autoridad en seguridad de la provincia de Buenos Aires, dedicándose a una feroz campaña sistemática contra la querella, contra las denuncias de Cristina Astudillo Castro, de sus abogados, siendo el responsable de la fuerza de seguridad denunciada por desaparición forzada.

En general, empieza sus declaraciones aclarando que no tiene acceso a la causa federal porque investiga la justicia federal (hecho que tuvo que ser solicitado por la querella) pero, acto seguido, en cada entrevista sostiene las posiciones de quienes buscan desviar el objetivo de la familia que es la investigación por desaparición forzada. Hasta el límite de decir que “fue un gran show haber insistido con una teoría de desaparición forzada” y, en franca contradicción con que no tiene acceso a la causa, sostiene que en los expedientes no hay ningún elemento para vincular a sus policías.

Berni comenzó su show asegurando a Cristina que le iba a “devolver” a su hijo con vida. Esto fue al comienzo de la búsqueda. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué sabía que le permitió escupir semejante aseveración? Si no sabía nada: ¿se pueden hacer declaraciones de este tenor con un tema de estas características? Como si todo lo que sea para la cámara fuera lícito.

Luego comenzó un derrotero sobre el que ya, en lo últimos días, desbarrancó, como hemos señalado. Para Berni, Faundo se tropezó con la vía donde se encontró un cuerpo aún no periciado, sobre el que la querella cuestiona cómo fue hallado y han denunciado la existencia de huellas de un vehículo que lo habría plantado así como la zapatilla en buen estado (a diferencia del excesivo grado de descomposición del cuerpo).

Casi al mismo tiempo que se producía el hallazgo de ese cuerpo, el Ministro jugaba a Los Extermineitor –la caradurez de Francella y el ridículo de Disi- en un videíto en el que se lo ve entrenando y alentando a la tropa (nada menos que a la Bonaerense).

Pero el hecho central es de carácter político. La diferencia del tratamiento estatal se dio hoy por una simple actitud: la empatía de los responsables políticos por las víctimas. A diferencia del gobierno de Mauricio Macri, que persiguió a las víctimas en su período –por caso al entorno de Santiago Maldonado-, el presidente Alberto Fernández hoy decidió recibir a Cristina Castro y darle su respaldo.

Según las declaraciones de Cristina la dejó, el jefe de estado la dejó “conforme, tranquila”. Agregó que “eso no quiere decir que no vaya  a pedir que se sepa a la luz. Ha sido muy sincero. Hay muchas cosas que yo no les puedo contar”.

En cambio, la posición de la provincia de Buenos en boca de su ministro de Seguridad, Sergio Berni, es la persecución mediática y el fustigamiento a la familia de la víctima. La posición que intenta Berni es imposible, cuando sostiene que no va a cuestionar el dolor de la madre pero ataca a los abogados, simplemente porque los abogados representan la voluntad de la madre.

En otras palabras, desde el punto de vista institucional, es insostenible que un gobierno democrático mantenga en su cargo a un Ministro que niega las prácticas violentas de su fuerza policial (La Bonaerense) y que fustiga a la querella que denuncia desaparición forzada. Sobre todo cuando va en franca contradicción a las declaraciones del propio gobernador, Axel Kicillof, quien sostuvo que no habrá encubrimiento.

Se ha dedicado a esta campaña mediática tiempo completo haciendo declaraciones que, como sostuvo la perito de parte Virginia Creimer, que no hacen más que “complicar la investigación, confundir a la audiencia y lastimar a esta madre y a todas las madres que pelean”.  Es decir, opera interfiriendo con la labor judicial sembrando versiones que nada tienen que ver con lo probado por la actuación judicial en una causa bajo secreto de sumario. Está interfiriendo y esto es grave.

Por esos solos hechos, no puede permanecer adentro de un gobierno democrático. No se puede bancar su campaña y esa campaña no es compatible con la caracterización de un gobierno que se autodenomine popular. Las declaraciones que hizo ya las hizo. Las acciones que realizó ya las realizó.

Berni “no es humano”, dijo Cristina Castro, en el marco de la conferencia de prensa que tuvo lugar ayer bajo el amparo de la sede argentina de Amnistía Internacional.

La institucionalidad democrática debería actuar a través de sus anticuerpos. Se espera que la reunión entre Cristina Castro y sus abogados y el presidente sea una señal en ese sentido. Pero sobre todo la memoria popular -y especialmente el pueblo peronista, que conoce de poner el cuerpo- debería actuar a tiempo como anticuerpos sobre un agente nocivo para el rumbo que el gobernador Axel Kicillof señala que quiere tomar.

Berni va en un sentido. Las declaraciones de Alberto Fernández y las del gobernador en otro. Un funcionario de gobierno en un tema de estas características no puede permanecer en el mismo sosteniendo la posición de quienes persiguen a la víctima y su familia. Más claro: no se puede que el gobernador diga “no vamos a encubrir” y que su ministro de seguridad se aboque (en medio de una compleja situación pandémica) a una campaña full time por medios masivos de comunicación a estigmatizar a la familia de la víctima. No se puede.

(Por Astor Vitali) El presidente Alberto Fernández anunció el miércoles pasado que Argentina será parte de la cadena de producción de una de las vacunas que está en fase 3. Un mensaje que tendió a modificar la subjetividad de que la salida está en un horizonte inalcanzable. Un mensaje que reivindica que, si bien dictadura y menemismo mediante la ciencia y la industria argentinas recibieron golpes sólidos, el país conserva cierta envergadura que le permite confiabilidad tanto para los organismos de salud multilaterales como para la industria farmacéutica privada. Sin embargo, sectores liberales se sintieron en la necesidad de atacar el discurso en la idea de: “¡no!, pero es el sector privado, no es el estado, el estado no hace nada”. Mensaje que sería conveniente para esa ideología si no fuera porque es falso.

¿Cuál es el argumento? Que en realidad se trata de inversiones privadas, más allá de que lo anuncie el gobierno. Que todo bien con que Argentina lo anuncie pero que para desarrollar industria hacen falta inversiones.  

En primer término, Argentina lo podría producir porque tiene la capacidad industrial para hacerlo. Aun si fuera cierto que sólo es el sector privado pues entonces hay que tener en cuenta que para el sector privado este país no resulta tan inviable como sostienen los chamanes del privatismo absoluto.

Por otra parte, tiene la capacidad científica de hacerlo. Esos sectores que aplaudieron al gobierno que los mandó “a lavar los platos” a quienes se dedican a la ciencia no tienen la capacidad de reconocer que sin el estado a través de la universidad pública no habría los científicos y las científicas capaces de desarrollar las investigaciones pertinentes. ¿El estado no pone nada? El conocimiento no parece poca cosa. La capacidad científica no parece poca cosa.

La vacuna fue desarrollada por la Universidad de Oxford. Esta universidad es privada. Correcto. Pero lo que no se dice es que la vacuna fue desarrollada por la Universidad de Oxford con inversión estatal británica. Con inversión pública. Según el embajador británico, Mark Kent, “este proyecto entre la Universidad de Oxford y la empresa británica AstraZeneca ha recibido 84 millones de libras del gobierno británico para ayudar a acelerar el desarrollo de la vacuna” contra  Covid-19.

El laboratorio argentino mAbxience, del grupo Insud, fabricaría la sustancia y el laboratorio mexicano Liomont completaría el proceso de acabado y empaquetado. Es decir, resultaron necesarias las capacidades de estos países para llevar adelante el proyecto. No es como se dice, que Argentina es un convidado de piedra: es parte del proceso productivo.

No se trata, para quien suscribe, de embanderarse en un discurso nacionalista que salta en dos patas por un anuncio al que aún le falta su desarrollo, que se confirme la efectividad de la vacuna y los plazos de concreción. Se trata de exponer nuevamente al mensaje del liberalismo violento que no soporta la realidad de que el estado es un actor fundamental, mal que les pese.

Huelga señalar la obviedad de que la industria farmacéutica está concentrada y que sería preferible que la misma estuviera enmarcada en un enfoque de salud como derecho y por tanto en el ámbito de lo público, sin que los fines de lucro generen competencias y acuerdos sobre patentes más orientadas a garantizar la renta capitalista que la salud.  Huelga señalar que el capitalismo es una cagada que no garantiza lo básico para la supervivencia humana. Por si quedan dudas acerca de desde donde uno habla. De lo que se trata es de analizar un anuncio en un contexto concreto, en este caso, frente a un discurso que busca desdibujar el rol estatal.

Tal como sostuvo Nora Bar en un artículo publicado en La Nación, “ocasiones como ésta, en la que se logra acordar una transferencia de tecnología para que el país produzca una de las vacunas contra el coronavirus, es la respuesta para aquellos que se preguntan de qué le sirve al Estado invertir en formar científicos. Fabricar vacunas es una capacidad de la que, en la región, solo disponen la Argentina y Brasil, y que exige no solo contar con infraestructura, sino también con personal capacitado para cumplir con las normas de altísima exigencia que regulan esa actividad. (Chile, que la tenía hace 20 años, la perdió y debe comprar todas sus inmunizaciones en el extranjero). Esto permite ahorrar sumas ingentes en comisiones, fletes, impuestos, tasas. Y lo más importante: se cuenta con independencia para acceder a un suministro vital en este momento sin depender de las decisiones de productores externos”.

Habría que revisar la idea de inversión. Decir que para algo funcione “hacen falta inversiones” es decir algo evidente. Lo que no es cierto es que el término inversión sea sinónimo de sector privado. Es decir, hacen falta inversiones pero esas inversiones pueden ser (y en el caso de la ciencia lo son en buena medida) emanadas del sector público.

Como quedó dicho, el modelo liberal chileno que tanto levantaron como ejemplo, es incapaz de producir nada. Argentina, tan retrasada y prehistórica para quienes hablan de modernización, no sólo es capaz de llevar adelante el proyecto sino que goza del reconocimiento de su tan mentado mercado.

El sector privado se conoce más por su carácter rapiñero y por su actividad de sistemático desguace de la capacidad industrial que por la inversión a largo plazo.

Sin duda, hace falta invertir. Hace falta invertir la lógica del liberalismo violento en cuyo prontuario no pueden reconocerse aportes comunitarios sostenidos.

(Por Astor Vitali) En general, desde que el término “la grieta” comenzó a utilizarse para leer la realidad a través de un prisma binario inadecuado (macrismo-kirchnerismo), el problema del acceso a la información ha quedado en un segundo plano. La Ley de Servicios de Comunicación Audivisual, que tuvo origen en un debate democrático profundo, fue virtualmente fulminada por el macrismo y se ha construido la idea de que se trata del oficialismo contra Clarín y La Nación y viceversa. Si bien esa pelea existe, la lectura binaria pone en un plano secundario el principal debate: la propiedad de los medios.

Los medios comunitarios, alternativos y populares tenemos una clara pertenencia a sectores sociales vinculados a la lucha popular y nos organizamos de forma asociativa. No hay nada que esconder. Está todo a la vista: financiación, origen de militancia, participación en organizaciones sociales, gremiales o políticas. Sabés quiénes somos. De esta forma, lo único que influye en términos de censura o autocensura en nuestros medios es la presión que las propias bases de esas organizaciones puedan ejercer sobre el medio del cual participan. En decir, se da una puja política democrática abierta acerca de los contenidos y de las formas que se emiten en nuestros medios. Esa puja tiene lugar entre las organizaciones de la comunidad.

En cambio, los medios con fines de lucro tienen la práctica de difuminar la pertenencia de sus integrantes (a espacios políticos o económicos) y de sus comunicadores y se organizan de forma lucrativa. Son muchos los acuerdos económicos y políticos que deben ocultar (dado que si no se les caería la careta de independientes). Pero además, el carácter privado, con fines de lucro, conlleva dos peligros para la comunidad en la que esos medios se desenvuelven (pensar en los medios de la ciudad): por un lado, el principal objetivo es generar ganancia y, por ende, los contenidos se ven moldeados por ese interés. En otras palabras, serán aliados estratégicos de los factores más poderosos de la sociedad que son quienes tienen la capacidad económica de ofrecer grandes sumas en pautas publicitarias. Juegan para los que más tienen. Por otra parte, y esto es igual o aún más riesgoso, los dueños de medios de comunicación, en el esquema actual, no llegan a serlo por una denodada pasión por los productos y servicios comunicacionales: compran medios para generar influencia política, económica y judicial y, a su vez, para proteger sus intereses, o sea, ocultar la información que pueda perjudicar el desarrollo de sus negocios y de sus proyectos de espaldas a la comunidad.

¿Cómo operan? Si hay que levantar un proyecto: títulos de aquí y de allá, dándole para adelante. “Fuentes confiables” salen a respaldar –en general, son las interesadas en que determinada cosa ocurra. Si hay que darle de baja: carpetas y denostaciones a quien haya que castigar tanto del sector público como privado.

En medio de esa marañona, hay trabajadores y trabajadoras de la comunicación que llevan adelante sus tareas de manera responsable y profesional. Pero eso no alcanza, porque la decisión editorial la tienen los dueños y, casi siempre, la oficina del principal editorialista o de los gerentes de noticias están pegadas a la oficina de la gerencia comercial.

Esto en sí mismo hace imposible el desarrollo de la democracia porque no se trata de medios de comunicación que buscan vender publicidad (lo que cual ya implicaría el primer riesgo que señalamos) sino actores de la alta alcurnia de turno que manejan información vital para que la ciudadanía pueda tomar sus decisiones cívicas (electorales y no electorales).

En este escenario, la discusión de la propiedad de los medios, del rol de los medios comunitarios (que por comunitarios no tenemos por qué ser marginales) y de los medios públicos no es sólo una discusión sectorial, es decir, que incumba al periodismo o al  mundillo de las comunicaciones. Es un problema central para comprender que no hay democracia posible sin acceso a la información y que estamos leyendo, discutiendo y compartiendo ni más ni menos que la zanahoria informativa que los tipos que tienen más poder, más guita y más vínculos quieren que sigamos como conejos. ¿Dónde está la agenda que importa a cada sector social, a cada barrio, a cada niñe? ¿Quién define lo que es público?

Si bien la discusión no es nueva, lo que existe en la actualidad es un acrecentamiento de este esquema y una encerrona económica a quienes no besen el anillo de los Corleones subdesarrollados.

Uno de los problemas que enfrentamos, es que los partidos mayoritarios hasta ahora han pensado que hay que convivir con este esquema porque si no “te matan” políticamente. Sin embargo, no tomar este problema de raíz no hace más que acrecentarlo.

La cobertura del caso Facundo refleja con creces lo antedicho. Podría ser cualquier tema que afecte intereses poderosos. La política local no debería aceptar que haya que esperar 20 años para saber lo que ocurre en la actualidad. Hacer política a través de la política y no a través de los medios de comunicación que no sirven más que a sus propios intereses, podría ser el camino de ida hacia una calidad institucional al menos soportable. La Nueva Brújula señala caminos viejos. Callejones sin salida para el bienestar comunitario. ¿No es la política el ámbito para cambiar las cosas?

(Por Astor Vitali) Pasaron veinte años desde aquel escape de cloro producido por la firma Solvay Indupa. Ocho días después, para redondear la sensación de población descartable, la empresa Profertil nos obsequió un escape de amoníaco. La población se levantó en numerosas asambleas y extensos cortes de ruta y acampes. A muchos dirigentes políticos que pactaron el modelo económico actual con centralidad en la actividad del Polo Petroquímico no les quedó más que manifestar su interés. No eran bien recibidos en las asambleas. Tiene lógica: son los responsables de que el sector privado haga lo que quiera. El 28 de junio del año pasado hubo explosión en Dow. Las empresas y el gobierno municipal apuntaron a un “error humano”. Las pericias y los trabajadores mostraron que faltaba una pieza para evitar el hecho. ¿Qué ha cambiado en pos de la seguridad de la comunidad?

Esta pregunta arroja evidencias lamentables de que de fondo el único sector capaz de reacomodarse y readecuar su estrategia con éxito ha sido, fatalmente, el sector privado. Desde entonces, la presencia publicitaria de las empresas así como la presencia concreta a través de la intervención económica en diferentes instituciones ha ido en aumento.

La idea de la “responsabilidad social empresaria” ha sido tomada como parte de la política activa de algunas firmas. Claro, no lo fue en el sentido de tomar acciones concretas tendientes a satisfacer las demandas sociales surgidas de la sensación permanente de inseguridad sino que fue orientada a la construcción de amplias campañas de lavado de imagen cuando no la lisa y llana compra de voluntades.

La empresa Dow es una de las que más recursos invierte en tal sentido. Incluso lleva adelante encuentro en los que invita a “participar” a la comunidad. En pomposas jornadas con catering, cuadernitos y lapiceras, con proyecciones y spots convenientes, han invitado a diferentes actores sociales de los ámbitos público, privado, sindical y social. Desfilan funcionarios judiciales y políticos mendigando recursos, en lugar de pelear presupuestos genuinos. Knockout para la democracia, si hay que depender de poderosos actores privados para garantizar políticas públicas. Se suben a la pasarela directores de universidades que no sólo avalan la injerencia de la educación pública por parte de empresas privadas sino que piden mayor participación en el propio armado de las tácticas educativas.  

El campo popular ha desarrollado estrategias de distinto tipo siempre en respuesta a eventos determinados marcados por la agenda de las empresas. Organizaciones ambientales que tienen flujo y reflujo. Tácticas de discusión sanitaria. Disputas mediáticas. Discusiones en comisiones internas, asociaciones de distinto tipo, debates en las escuelas promovidos por centros de estudiantes.

Desde el punto de vista universitario, hay los sectores obsecuentes que esperan “inversiones” con las manos abiertas y hay quienes se dedican a investigar concretamente el rol de las empresas, su impacto económico, social y cultural y como esos impactos devienen grandes negocios para pocos y casi nulos beneficios para muchos.

Desde el ámbito del poder político las coordenadas de vuelo se van acomodando según la presión social. Porque lo que subyace es un pacto entre los partidos mayoritarios: el modelo económico sobre el que se basa el “desarrollo” de Bahía Blanca no tiene matices y no hay plan B. Se trata de que la economía gire en torno de las eternas promesas de inversiones y progresos que emanarían de unas empresas cuyos intereses nada tienen que ver con los de la población.

Finalmente, si nos preguntamos qué acciones se tomaron desde los gobiernos, el denominador común puede traducirse en un solo término: maquillaje.

Los medios de comunicación beneficiarios de pauta oficial o privada provenientes de este sector suelen repetir el disco rayado de Comité Técnico Ejecutivo (¡pasó este 20 de agosto, estuvieron de cumple!): “se registraron incidentes tal día pero no cabe preocupación ya que los mismos no registraron los máximos permitidos por la ley”. En otro caso: se aplicarán las multas pertinentes. Multas que por otra parte, en general no pagan o tienen un efecto cosquilla sobre las finanzas de estas industrias.

¿Qué pasa cuando algo pasa? ¿Alguien sabe bien qué hacer? ¿Vos sabés cómo actuar? ¿Dónde acudir? ¿Cómo resguardarte?

El color del maquillaje lo brindó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: el Proceso APELL.  Se supone que “consiste en la preparación de la población para minimizar las pérdidas humanas y materiales anta la posibilidad de una catástrofe o evento accidental que se pueda originar a partir del funcionamiento de industrias de alta complejidad. La función primordial de este plan es interactuar entre las empresas, entidades intermedias y población para la capacitación y coordinación de acciones tendientes a preparase para responder ante cualquier emergencia tecnológica y ambiental que pudiera surgir”.

Esto no da respuesta a la comunidad. Hay también una sensación de “vamos viendo” y la nula disposición política de armar un modelo a medida de la población en lugar de a medida de las empresas. Hace falta un debate político serio en torno a viarios puntos. Por un lado, ¿este modelo económico con centralidad en las empresas es beneficioso para la comunidad? ¿Es el único posible? Si la cantidad de fuentes de trabajo que ofrecen no supera el dos por ciento ¿el impacto es para nuestra economía o para sus cuentas bancarias? ¿Puede hablarse de democracia si quienes tienen mayor capacidad de financiación de campañas, medios, periodistas y funcionarios de otras yerbas son el los principales actores que ponen en peligro la salud de la comunidad? ¿Qué perspectivas de desarrollo tiene la capacitación técnica universitaria cuando se construye en función de las necesidades del sector privado, de espaldas al conjunto de la comunidad? ¿Qué tipo de educación específica recibimos para convivir con estos monstruos industriales? ¿Qué políticas sanitarias específicas se desarrollan respecto tanto de las posibles situaciones de catástrofe así como de los altos índices vinculados a enfermedades respiratorias y otras afectaciones? ¿Por qué lo único que tiene centralidad en la agenda política respecto del polo es si “llegan inversiones” (como la magia sale del sombrero) en lugar de qué modelo productivo, para quiénes y con qué objetivo?

Muchas preguntas que surgen en torno de un aniversario redondo que, como sociedad, no tenemos resuelto. Como sociedad hay miedo e incertidumbre. Muchas preguntas que, como sociedad, cabe hacérselas a nuestros dirigentes políticos. Dirigentes para los que, en general cuando están en función pública, no parecen resultarles temas de interés. Salvo que algo les explote.

(Por Astor Vitali) Para cualquier periodista que no se ubique en el centro del esquema de poder, que no sea parte de las herramientas de los sectores de poder, en cualquier caso en el que se insinúe una situación de posible desaparición forzada, jamás de los jamases, la causa judicial puede ser su principal fuente de investigación. ¿Por qué? Porque cualquier periodista mínimamente informado conoce el ABC del comportamiento judicial, el Manual de Estilo de las fuerzas de inseguridad, tan abocadas a despuntar el vicio represivo en los primeros meses de aislamiento riguroso. Mucho más cuando los funcionarios y las funcionarias judiciales que intervienen gozan de frondosos antecedentes antipopulares.

Por un lado, la familia de Facundo y el equipo de abogados de Cristina Castro -su madre-, han sostenido, desde el primer momento en que el caso tomó estado público, que se trata de una desaparición forzada y que la policía de la provincia de Buenos Aires está vinculada al hecho.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, la jueza Marrón, el fiscal Ulpiano Martínez y un conjunto de operadores políticos han intentado orientar a la opinión pública en otro sentido.

Ese es el escenario.

Si bien en Bahía Blanca no es tan difícil encontrar otro sector del periodismo que no oficie de mandadero de los intereses de la cana o de algún sector desprestigiado del Poder Judicial, la cosa se ha complicado porque el resto del país padece un sistema de medios centralizado que poco verifica, levanta cualquier cosa, hace afirmaciones al tutún plagadas de “habría, podría, fuentes confiables aseguran que”. Buena parte del país perdió la brújula de lo que ocurre y el contexto en que ocurre en el caso Facundo.

La causa no es la realidad. La causa la llevan personas de carne y hueso que pueden o no honrar la función pública. Señalar qué antecedentes tienen también es parte de la investigación periodística. Dar carácter de fidedigno a todo lo que digan la justicia y cuestionar todo lo que dice la familia no es una posición periodística responsable. Por el contrario, es operar para que se desconozcan los vínculos entre la justicia, la cana y poderosos intereses que se protegen a lo corpo y que no tiene empacho en llevarse puesto lo que sea en ese camino.  

Razonemos. Si las víctimas de violencia institucional escucharan el mantra cínico de “te cuento lo que dice la causa” entonces jamás habrían obtenido justicia. ¿Debía la familia de Santiago Maldonado, por ejemplo, quedarse con la versión oficial? Ante la falta de respuesta en democracia acerca de las desapariciones forzadas en dictadura ¿debían las Madres decir, “muchas gracias, señor juez, es como usted dice, los testigos –es decir, la cana- dicen que no lo chuparon a mi hijo, me quedo más tranquila, me voy a mi casa?

Esos mantras -que repiten con cara de inocencia- “yo te cuento lo que dice la causa”, “te contamos lo que dice la justica”, exponen en sí mismo cuál es el rol de ese sector autodenominado periodístico. Porque cuando una familia y un conjunto de letrados denuncian desaparición forzada, cuando cuentan con el apoyo de organismos de derechos humanos, cuando están acompañados por referentes como quienes integran la Comisión Provincial por la Memoria, cuando los funcionarios judiciales tienen los antecedentes que tienen políticamente y en su sentencias, cuando todo esto está tan claro, el “te contamos lo que dice la Justicia” es un sinceramiento del rol al que les han puesto a jugar sus mandaderos. La misma frase expone el carácter de operación a cielo abierto, les deja expuestos por propia confesión. Están para contarnos “lo que dice la Justicia”.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO

Para seguir poniendo en contexto, recordemos que la jueza federal Gabriela Marrón rechazó «por improcedente» la recusación del fiscal de la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. La familia del joven y la querella de la Comisión Provincial por la Memoria habían requerido el apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez.

Para seguir poniendo en contexto ¿nos olvidamos, por ejemplo, que uno de los abogados de la familia de Facundo Castro fue amenazado este sábado por efectivos de la Policía Bonaerense en el viejo basural de Mayor Buratovich? Claro, no lo dice esto La Justicia. Lo dicen las víctimas. ¿Para qué darle validez? Una cosa es contarlo y otra contarlo para desestimarlo.  

Contar “lo que dice la Justicia” debería ser también contar quiénes hablan en nombre la Justicia. La jueza Marrón es la misma que rechazó a la Asociación de Pescadores Artesanales y, “se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento”.

Finalmente tuvo que ser corregida por la Cámara de Apelaciones. Haberle dado crédito a la jueza, como se le da ahora, como si tuviera poder de verdad, como si no hubiera una Historia del poder Judicial, como si fuera el único relato, hubiera sido lo mismo que posicionarse del lado de una funcionaria pública que tomó su decisión de rechazar el pedido de las víctimas teniendo en sus manos un estudio de especialistas de la UBA. La Justicia era más poderosa que el veredicto científico. La pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas” no tenía validez para “La Justicia”.

Marrón es también la jueza que decretó la nulidad de las declaraciones de 11 víctimas de trata laboral en 2016, en el caso de trabajadores habían sido hallados durante un operativo realizado en marzo de 2015 en el establecimiento rural del Partido de Coronel Suárez. En esa oportunidad, detallaron ante los representantes del Ministerio Público cómo habían sido engañadas, trasladadas y explotadas laboralmente en el campo dedicado a la cosecha de papa y responsabilizaron al dueño. Dos de los acusados -socios y propietarios del predio- permanecieron prófugos durante cuatro meses, en tanto que el imputado a cargo del reclutamiento habría sido el cuadrillero.

¿Hay una tendencia a asignar razón a victimarios en lugar de a víctimas en el accionar de la jueza?

Para no abundar sobre Ulpiano Martínez. ¿Nos olvidamos que Organismos de derechos humanos locales y nacionales exigieron al Senado que no convalide la designación de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de nuestra ciudad porque sería «un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado»?

Hay actores que juegan en determinados sentidos. “La Justicia” no es una cosa abstracta.

¿Qué debe hacer el periodista en su condición de tal? ¿Convertirse en relator de los intereses de funcionarios judiciales como única fuente? ¿O tomar las fuentes judiciales como fuentes, en caso de que el acceso a los documentos sea pertinente, pero sobre todo la propia voz de las víctimas, es decir, de la querella, ante un estado de cosas que no es puro? Con una policía bonaerense que tiene los antecedentes que tiene y que todo el mundo conoce. Ayer volví a sorprenderme escuchando a comunicadores de prime time preguntándose si la policía sería capaz de hacer lo que denuncia la familia. ¿En qué país viven? ¿De qué periodismo serio hablan, con todo lo publicado y documentado en torno del accionar de la bonaerense?

El mantra de “yo te cuento lo que dice la Justicia” no hace más exponer el carácter de operación a cielo abierto sobre el caso Facundo.

*Foto publicada en Twitter por Germán Sasso con la leyenda "Facundo. Ahora te informamos con lo que hay en la causa. Los hechos son sagrados".

(Por Astor Vitali) Padecemos de aniversarismo crónico. Las efemérides, los aniversarios redondos y las celebraciones fungen como propaladoras de palabras cuyo eco repica apenas hasta el día siguiente. Después, ninguna acción. ¿Es el aniversarismo crónico la contracara del desinterés crónico?

Es claro que ciertas fechas aparecen como herramientas para llevar adelante campañas de difusión a nivel estatal, organismos multilaterales, organizaciones gremiales, sociales, religiosas, culturales, etc. Es una manera de poner anualmente en agenda ciertos temas que socialmente se consideran relevantes.

La puja por la definición de cuáles son los temas de relevancia es una puja política abierta, dura, pública. El caso más reciente y más paradigmático puede encontrarse en la lucha del movimiento de mujeres y en las luchas feministas. Poner en agenda. 8M. 3J. En algún momento del año es el tema a discutir y cada año hay avances observables en materia de lucha política, de lucha institucional y de lo más profundo que supone la guerra de posiciones ideológicas y culturales en una sociedad en la que el poder de injerencia de las iglesias no es menor.

Sin embargo, no siempre la política de las efemérides funciona como una herramienta ofensiva, es decir, que tire para adelante en materia de algún debate. En ocasiones, la política de las efemérides sirve para hacer “como que” hay interés en algún tema, diseñar un flyer, darle visibilidad a un discurso que no encuentra reflejo en los hechos. Mucho menos en políticas públicas concretas.

Por ejemplo, y sin ir más lejos, el día de la niñez. ¿Para qué sirve hoy, esta semana, el día de la niñez? Saliendo de los microclimas, es decir, masivamente: ¿para qué está sirviendo? Además de la compra masiva de artículos generalmente confeccionados en países con “mano de obra barata”. ¿Qué le está cambiando a los niños y a las niñas por estos días? ¿Cuáles son los debates que se impulsan en las clases virtuales, en el núcleo familiar, en las instituciones que cobijan niñes?

¿En qué le aporta a la niñez que un adulto llegue el domingo con un paquete en la mano diciendo feliz día? ¿En qué le aporta? ¿Qué nos dice esa compra? ¿Es una acción pensada en la niñez y en sus devenires o en la práctica cultural de mercado?

Vamos a ser más claros. Lo que uno hizo fue ocuparse en la semana de buscar un regalo en la idea de “estar presente” ése día (el día de la niñez). El resto de los días, vamos viendo. Muy bien. Felicitaciones. Ahora, si es el día de la niñez ¿no deberíamos ocuparnos de las problemáticas de la niñez? Y ¿qué pasa con las voces de la niñez en el día de la niñez?

Me pregunto y pregunto. ¿El día de la niñez me sirvió para pensar cuál es mi vínculo con la niñez? ¿Me sirvió para reflexionar acerca de mi paternidad o maternidad? ¿Cuánto me formo para formar? ¿Cuánto escucho? ¿Cuánto de lo que escucho me tomo el trabajo de intentar entender? ¿Cuánto de lo que hago a diario está en completo entre dicho con lo que digo que hay que hacer? ¿Cuánto práctico de lo que le exijo a la niñez? ¿Cuántas contradicciones en esta cuarentena? ¿Cuánto juego? ¿Cuánto me permito jugar? ¿Cuánto me ocupo de la niñez? ¿Es la niñez un problema de quienes ofician de padres o de madres o es un problema de la comunidad en su conjunto? ¿Cuánto el jardín y la escuela me importan y por ende lucho por la educación pública y cuánto es más bien un depósito gratuito? ¿Cuánto me ocupo de lo que declamo?

Saliendo del plano general, podríamos ir al plano de lo político. ¿Los cartelitos oficiales y oficiosos que, desde el ámbito de lo público se están divulgando, reflejan la acción política o son mera cháchara para las redes?

¿Importan realmente las cosas que ocurren? Por ejemplo, según informó el Consejo Local de la Niñez, “uno de cada cinco niños o niñas es abusado sexualmente y el setenta por ciento de los abusos son intrafamiliares. Todos somos corresponsables de su cuidado”. ¿Cómo está afrontando la sociedad este tema? ¿O si no me pasa a mí –a los pibes o las pibas que tengo cerca- no representa un problema?

En el año 2018 se llevó adelante en Bahía Blanca una Audiencia Pública Popular de cuyo armado participaron unas 80 organizaciones. Por aquel entonces, dicho consejo informó que “los Servicios Locales están sobrecargados y con poca posibilidad de dar respuestas acordes a las necesidades de los niños y sus familias dada la falta de dispositivos intermedios y a la desarticulación entre el resto de los efectores del Sistema Proteccional”. ¿Esto cambió?

Señalaron además que “a partir de distintos relevamientos realizados se observa una marcada PRECARIZACIÓN de los Servicios; existe una gran asimetría entre la demanda creciente de una comunidad vulnerada y un sistema de prevención desfinanciado”. ¿Esto cambió?

Se enunció que “la falta de articulación con Salud hace que el acceso a la Salud de los niños que se encuentran en el Sistema sea sumamente complejo”. Que “la ausencia sobre todo en los Tratamientos en Salud Mental (psiquiatría, Psicopedagógicos y Fonoudiológicos, etc.) impacta directamente el aprendizaje lo que conlleva a serias dificultades en el crecimiento y desarrollo de un número importante de niños”. ¿Esto cambió?

También observaron “dificultades en el acceso a la pediatría en unidades sanitarias, donde varias de ellas no cuentan con la frecuencia de atención necesaria para la demanda existente” y que “un gran obstáculo en la calidad de la atención en salud es la falta de Acompañantes Terapéuticos para casos de niños, niñas y adolescentes”. ¿Esto cambió?

Para sumar, quedó dicho que “las familias no pueden contener a los niño/jóvenes adultos que padecen problemas de salud mental como consumo problemático de sustancias ante la falta de acompañamiento del Estado en este sentido. No existen políticas públicas que contemplen seriamente un sistema integral de tratamiento de la adicción y la salud mental de NNA, no contando por ejemplo, con instituciones adecuadas a sus patologías y edades en sus centros de vida, obligando a sus traslados –en el caso que exista la posibilidad de vacante institucional- a localidades alejadas con la dificultad que ello implica para su seguimiento y acompañamiento”. ¿Esto cambió? ¿Se ejecutó alguna política concreta? ¿Cuántos recursos se asignaron en este gobierno que dice que no los tiene pero siempre aparecen recursos para contratar funcionarios políticos amigos?

Podríamos seguir enumerando aspectos de carácter crónico que señalan que la niñez es vivible, en el actual estado de cosas, sólo para quienes tienen recursos económicos y un entorno saludable. En estos términos, es decir, no en los términos de la tele ni de los flyers ni de qué simpático mi sobrino, la expresión “feliz día de la niñez” resulta una de las más hipócritas si surge de una sociedad que no se ocupa del tema. Para más, una sociedad que no se ocupa y que les enchufa el mote de “ustedes son el futuro”, encajándoles responsabilidades para las que no se les prepara.

La sociedad es responsable de sus decisiones y el gobierno responsable total de la falta de políticas públicas sistemáticas que puedan efectivamente cambiar la situación. Lo que no se hace es porque no se destinan recursos. O peor, porque se prioriza el destino de los recursos en otros asuntos. Y si no alcanzan los recursos, cabe articular las reformas impositivas necesarias para llevar adelante políticas. Lo demás, es pura postura.

La niñez se toma este juego muy en serio. En cambio los adultos y las adultas cambiamos las reglas del juego y nos la pasamos haciendo trampa. Para ser más claro, este es un juego en el que ganan los tramposos, los que se guardan las mejores fichas para sí mismos.

(Por Astor Vitali) A partir de la sanción de la Ley de Teletrabajo, comenzaron levantar la voz las voces que dicen lo que siempre dicen: “los que damos trabajo no podemos llevar adelante nuestros proyectos en este país”. Una de las voces más altisonantes fue la del empresario Mario Pergolini, quien sostuvo, dirigiéndose al congreso: “ustedes son unos imbéciles. En serio, son un grupo de imbéciles. Ya a esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. La verdad: hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo”.

¿Qué plantea la normativa? Cuestiones de sentido común como que quienes trabajan bajo esta modalidad tengan los mismos derechos y obligaciones que quienes lo hacen de manera presencial, que pasar de la modalidad presencial a la de teletrabajo debe ser con acuerdo voluntario de quien trabaja, que existe la reversibilidad de una forma de trabajo a la otra, que la remuneración no sea inferior a la que se percibía de manera presencial, el derecho a la desconexión para garantizar una jornada máxima, que los horarios sean compatibles con quienes lleven adelante tareas de cuidado, que el empleador deberá proporcionar el equipamiento y el soporte necesario para el desempeño de las tareas -o que se compense a quien trabaja si lo obtiene él mismo por la compra de estos elementos-, la compensación de gastos que puede generar llevar el trabajo a la casa, y la ratificación de otros derechos como capacitación así como el ejercicio pleno de derechos sindicales y la protección de datos personales y de su intimidad. La norma comenzará a regir a partir de los 90 días luego de la finalización del periodo de vigencia de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En términos generales, lo que plantea esta legislación es que quienes trabajan gocen de sus derechos por llevar adelante una tarea que resulta necesaria para que una empresa pueda llevar adelante su actividad. Es decir, hasta aquí, más o menos se trata de no retroceder en materia de derechos laborales.

Ocurre que los empresarios del siglo XXI, tan orientados a pensarse como el futuro, tienen tendencias a pensar en tecnología de futuro con reglamentación laboral del pasado. Son medievales. Y los son porque buscan producir bienes y servicios para quienes tienen la capacidad adquisitiva para consumirlos a través de mecanismos laborales que no les generen ningún compromiso con quienes trabajan en sus empresas. Es la doble vara del pensamiento oportunista: libertad para la empresa y semi-esclavitud para el trabajo.

Su mentalidad es totalmente reaccionaria porque se asumen como el sector social que “mueve la economía” y se piensan como “generadores de trabajo”. Ellos son los que “dan trabajo”. En rigor, en economía lo que existen son necesidades y hay tareas que realizar (trabajos) para la obtención y procesamiento de recursos que devienen servicios o bienes. Si la forma en que se da es capitalista o asociativista son dos mangos aparte. Es decir, los trabajos deben realizarse para morfar, tener agua, en fin, vivir.

Me voy a dirigir al empresariado argentino: quienes dan su trabajo son quienes lo realizan. ¿Cómo es esto de que “das trabajo”? Vos lo que hacés es contratar a alguien para que lleve adelante una tarea (trabajo) que es necesaria, imprescindible, esencial para que tu empresa desarrolle su actividad y a cambio de ello, en Argentina, pagás un salario módico, muchas veces inferior a lo necesario para llevar adelante una vida digna, pesificado y con legislación laboral que ya fue flexibilizada durante los años noventa. Vos necesitás de ese trabajo que hacen otros -que reciben poco- para obtener los resultados que esperás. En síntesis: no das trabajo, recibís el beneficio de los trabajos que realizan laburantes y con eso facturas.  A cambio, pagás una suma fija nimia. En buena medida además, en negro.

Vamos a otro tipo de empleos. Los que “dan trabajo” por ejemplo doméstico. Lo que te pasa a vos es que no querés agachar la espalda para limpiar la mierda del inodoro. No das trabajo, alguien realiza una tarea que vos no querés hacer y por esa tarea –salvo que reivindiquen el esclavismo de manera explícita (no se animan)- pagas una retribución, muchas veces miserable.

No das trabajo. Te beneficiás del trabajo mal pago que realiza otro por una tarea que no querés o no podés hacer. Porque si no la podés hacer por falta de tiempo y entonces contratás, muy bien, pagá por el servicio lo que corresponde. Pero no te engañes en el asado del domingo con tus amigos diciéndote que sos muy buena gente y luchas contra la pobreza porque le “das trabajo” a María que, pobrecita, no llega a fin de mes. Porque a María no le regalás nada. Le pagas por un servicio. Así como querés que te paguen a vos por los servicios que da tu empresa o, como te gusta decir, tu emprendimiento. Muchas veces, María también hace cosas por las que no le pagás, como criar a tu prole, por ejemplo.

Y si no llegás a pagar todo y te cuesta porque sos PyME y estás complicado. ¿Por qué no te la agarrás con el modelo de concentración de la riqueza que está dado para que las grandes empresas hagan más o menos lo que quieran y a las PyMES les cueste despegar? ¿Por qué pensás que el problema está en las “cargas laborales”?

Capaz que no te da el piné para ser empresario. Capaz que no sos tan bueno en los que hacés pero te la agarrás con el que labura y recortás por ahí. Capaz que lo que tenés que hacer es laburar.

Tenemos un serio problema conceptual. Los únicos que “dan trabajo” son quienes trabajan.

Dicho esto, habría que pensar en por qué no cierran los números. Por qué se quejan los empresarios que se quejan de que no se puede crecer en el país. De Martínez de Hoz hasta aquí, más o menos se encuentra la razón en un gran empresariado prebendario que fustiga al estado pero vive de él. Empresariado que no invierte y recibe subsidios.

Pero si hablamos del gran empresariado, hablamos de que los números no cierran porque la guita que falta está en sus propias arcas. Basta con analizar cómo en plena pandemia, los Galperines duplicaron sus fortunas y a la vez se llenan la boca hablando de que “dan trabajo”.

¿Qué trabajo quieren cuando hablan de modernizar? Un trabajo sin derechos laborales. Por ejemplo, un trabajo en el que el dueño recibe la paga y vos que trabajas distribuyendo te comprás la bici, te pagás el celular, el uniforme, la cajita infeliz, y a otra cosa. Quieren un sistema de trabajo sin obligaciones patronales, sin regulación, en el que la vida de millones que trabajan no vale nada, no está asegurada, no tiene perspectivas de crecimiento, no se rige por normas que respeten sus derechos básicos. Ah, eso sí, también quieren que “te pongas la camiseta” de la empresa porque “somos una gran familia”. Hay que ser verdaderamente jodido y cínico. Lo son.

El empresariado ha salido a decir: “esto (la ley de Teletrabajo) no alienta la creación de nuevas fuentes laborales”. ¿Qué es lo que les desalienta? La regulación de una modalidad de trabajo sobre la que forjaron parte de su riqueza. En Argentina, hace más de quince años.

Esta no es una ley de fomento, es una de regulación. Lo que no quieren estos tipos (y digo explícitamente tipos porque en general hablamos de varones) es que se planteen los derechos laborales porque la guita la sacan de quienes dan su trabajo. Lo que quieren es que trabajes pagándote tus propias herramientas de laburo, que estés a disposición las veinticuatro horas, que hagas de cuenta que no es relación de dependencia, que te sientas “parte de la empresa” pero que no participes de sus ganancias, que ellos no paguen más por todo lo que implica un lugar de trabajo y que vos te pagues los gastos haciendo tu propio lugar de trabajo (trabajando para beneficio de ellos). No es un debate nuevo: la desregulación del teletrabajo fue la oportunidad para que muchos empresarios se hayan beneficiado con un sistema que, en ocasiones, es esclavista.

Si alguna crítica cabe a la ley votada, es en aquello que se queda corta en materia de protección de derechos. En este sentido, hay que prestar mucha atención a la reglamentación en función de la capacidad de lobby que ese empresariado tiene.

No caben dudas: les jode profundamente la protección de derechos laborales porque no les cierra su modelo empresarial si no es a través de la superexplotación laboral. Te dicen “en otros países la regulación es menor”. ¿Es una competencia a ver quién tiene menos derechos?

Son quienes son, por el trabajo que otros realizaron de una manera totalmente precaria. De fondo, los que dicen que no pueden “dar trabajo” a partir de esta ley, deberían ir a laburar.

(Por Astor VItali) Iniciamos la segunda temporada de Un grillo en tu almohada en medio del desarrollo de la pandemia por COVID-19. Desarrollo que trae ciertos interrogantes profundos respecto de qué cosas permanecerán como antes de la pandemia y cuáles comportamientos sociales arrojan verdaderas certezas.

En Argentina, allá por el 20 de marzo, la sensibilidad que despertó el primer impacto nacido del conocimiento de las consecuencias que podría traer una situación sanitaria de estas características, imprimía en comentarios de todo tipo la idea de que ahora sí, esta nos tocaba a todos y a todas y que por ende, habría reflexión sobre el modo de vida, la concentración de la riqueza, el acceso a la salud, el problema de la vivienda digna. En fin, el modelo de vida que aceptamos, que cuestionamos o que supimos conseguir.

Sin embargo, estas primeras lecturas fueron meras reacciones ante el peligro inminente. Las acciones, por su parte, fueron de otro tipo. Y en las acciones de los distintos sectores sociales se corrobora que, pese a la perorata, nada ha cambiado sustancialmente.

Aparecen las certezas. La certeza de que los que más tienen, lejos de acceder a una situación de distribución, hicieron más guita que antes. La certeza de que quienes menos tienen, aun perdiendo más y más por sus dificultades para obtener recursos en la economía del día a día, generaron sistemas solidarios que bancan la situación en lo profundo.

Según la Forbes las personas más ricas del mundo han aumentado su riqueza durante la crisis del coronavirus. Ya no somos todos iguales, entonces. En nuestro continente, por caso, quienes tienen fortunas aumentaron en 48.200 millones de dólares sus arcas entre marzo y julio. ¿Y ese número qué dice? Representa el equivalente a un tercio de lo erogado por los países de la región en materia de estímulo.

En Argentina, por ejemplo, Marcos Galperín pasó de 2 mil millones de dólares a 4.5 mil millones. Son los efectos del mercado libre: ganan quienes tienen espalda y ponen la espalda quienes no ganan.

Como contrapartida, el aumento de la pobreza en este marco es significativo. Sucede esto en un país donde además existe una pobreza estructural que no permite atravesar de igual forma las consecuencias de las medidas de aislamiento.

De la ilusión inicial de la generosidad capitalista y de estar “igualados por la pandemia” pasamos a la realidad de la especulación empresarial y una brutal desigualdad para encarar todas las dificultades que impone una situación sanitaria sin parangón.

Por si cabe aclarar, las medidas sanitarias no son objeto de esta columna ni quien suscribe está capacitado más que para entrevistar a quienes se especializan en ello. Las medidas sanitarias han sido elogiadas globalmente. Pero las medidas sanitarias no se viven igual en el cantri que en el resto de la ciudad.  

Hoy comienza el pago del tercer IFE. Desde marzo hasta hoy, quienes no tienen nada han recibido 30000 pesos argentinos, lo relativo a 411 dólares.  Huelga decir que lo necesario para subsistir un mes, súpera ese número.  

Como están las cosas, quedan pendientes miles de preguntas y cuestionamientos respecto de cómo será el regreso a la llamada normalidad, cuando la situación sanitaria se estabilice. Si es que esto se da de esta forma. ¿Cómo será la vuelta a la educación formal? ¿Qué pasará con la legislación laboral? ¿Cómo retomaremos los vínculos? ¿Qué elementos de la llamada nueva normalidad permanecerán y cuáles no? ¿Qué se modificó en la cultura de los vínculos a partir de esta situación? ¿Cómo volverán las actividades que implican conglomerados sociales?

Podríamos seguir enumerando muchas preguntas. A su vez, podemos establecer al menos tres certezas. Que quienes detentan la riqueza en el  mundo, en el continente, en el país –y en esta ciudad- han sostenido su actitud de rapiña y que sus intereses están abiertamente contrariados con el bien común; que los sectores más complicados en su economía dan lo que no tienen en una actitud solidaria, sosteniendo en buena medida todo (desde los trabajos esenciales hasta los comedores barriales); y que el gobierno ha impulsado una serie de medidas que impactaron favorablemente en los sectores populares pero ha encontrado su límite en el hecho no haber tomado la decisión política de gravar la riqueza, la herencia y lo que habría sido necesario para sostener en los hechos que la ciudadanía goza de igualdad de derechos ante la ley.

La riqueza no se ha tocado.

La certeza de que la riqueza no es un asunto de capacidad y la pobreza de incapacidad. Sino que por el contario, la concentración de la riqueza es una cualidad del aprovechamiento de la miseria ajena. Una condición de funcionamiento del modelo de sociedad que padecemos.

Parecen perogrulladas las vertidas en estas líneas. Claro que sí. Ocurre que, desde este espacio, no quisiéremos naturalizar una realidad que nos venden como inevitable. Que haya lugar para todes depende de la acción política para generar esas condiciones. No se da por generación espontánea y mucho menos por la confianza en quienes manejan la economía. Que a buena parte del pueblo no le llegue lo necesario para sobrevivir y para afrontar el aislamiento, tiene su fundamento en la avaricia de sectores que se sienten bien donando algún respirador –y generando publicidad, de paso-, pero que no están dispuestos a devolver a la sociedad los recursos que le pertenecen.  

Tan obvio, tan impostergable, tan evidente. Y sin embargo, la distribución de la riqueza –desde un punto de vista estructural-, está fuera de agenda.

(Por Astor Vitali) “La dura carta de científicos e intelectuales”, tituló La Nación para hacer referencia a una solicitada publicada por lo poquito que el liberalismo (conservador) argentino puede reunir en materia gris.

Si algún señalamiento razonable cabe reconocer a este documento podría encontrarse en sus primeros párrafos, en los que expresan diferencias sobre “la primera reacción del gobierno argentino” que “fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector independiente de la comunidad científica y de la política”. Es cierto que González García la pifió en sus primeras declaraciones.

Luego expresan rápidamente, respecto de la cuestión metodológica que “se desestimó el planteo de testear, rastrear y aislar casos, no controló a tiempo las fronteras y decretó una cuarentena en forma improvisada, sin presentar ningún plan ni una posible fecha de finalización”. Improvisar improvisaron todos los estados frente a una nueva experiencia. Por lo demás, uno no es infectólogo (tal como muchos de los firmantes) como para otorgar razón a unas estrategias complejas que, por otra parte, han dejado a muchos jefes de estado sin capacidad de acción o con una serie de medidas girando por calesitas errantes, marchas y contramarchas y sobre todo, la exposición de la incapacidad de los estados capitalistas para garantizar el cumplimiento de los derechos para el conjunto de la población: Papá Noé tiene guardados pocos asientos en su barca y sólo habrá lugar para quienes puedan pagarlo.

Luego, la carta cuestiona “la concentración del poder para eludir cualquier tipo de control institucional” e intenta construir la idea de que actuar “en nombre de la salud pública” equivaldría a “una versión aggiornada de la ´seguridad nacional´” por lo que “el gobierno encontró en la ´infectadura…”.

Un respiro, difícil de seguir.

“…El gobierno encontró en la infectadura sería un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”. Ciertamente uno se pregunta (y sugiere que se pregunte en general): si hay una pandemia ¿en manos de quienes deberían estar las decisiones en materia de salud pública? En serio eh… porque se suele decir que hay mucha influencia de científicos infectólogos en las medidas que se toman y la verdad es que uno dice ¡menos mal! Bueno sería que las medidas de salud pública en contexto de pandemia estuvieran en manos del sindicato de panaderos.

Para intentar ingresar el contenido de la carta en algún tipo de viso de tradición intelectual argentina liberal, el documento señala que “en dos meses, hubo un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia salud. La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda”.

Cabe señalar que, si el enfoque del documento tuviera una sincera preocupación por el ejercicio de la violencia institucional, habría muchos más elementos de carácter represivo aplicado por fuerzas de seguridad en distintos estamentos estatales para denunciar. Como de pasada copiaron y pegaron dos nombres sin indagar (como solían hacer los intelectuales en las solicitadas), sin enumerar, sin denunciar casos concretos que no tengan estado público y sin articular una exposición que detalle el carácter policíaco dictatorial de su construcción teórica. Continúan señalando que: “miles de argentinos quedaron varados en el exterior y en el interior, mientras provincias y ciudades se han cerrado como condados medievales” y a punto seguido expone: “Clases suspendidas, enfermos que no pueden seguir sus tratamientos, familias separadas, muertos sin funerales y, ahora, la militarización de los barrios populares”.

Finalmente, luego de rozar este tema sobre el que no profundizan, van a lo que les importa con certeza –al menos lo que le importa a quienes representan: “El desdén por el mundo productivo no tiene antecedente y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza. Los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las PYME fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados”.

Sin más rodeos sostienen: “La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983 (¿se les pasó algún que otro intento de golpe de estado?). El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”.

¿Por qué no hacen un esfuerzo por argumentar? Que el congreso no sesione es insostenible. Es correcto. A su vez, muestra cómo todo más o menos funciona sin el congreso funcionado. Es decir, ¿la política estaba ocupándose de la política? La centralidad del congreso estaba puesta en el reparto de territorios, recursos, cargos, prebendas y a lo sumo en medio de eso se daba alguna que otra discusión sobre lo público. El congreso debería reformular, en defensa de las instituciones democráticas, la percepción de prescindible que ofrece en la actualidad.  

Les autores se identifican como “ciudadanos que pertenecemos a varias áreas de la ciencia, al mundo académico, profesional y la cultura general” y hacen un llamamiento “a grupos y organizaciones de la sociedad civil, partidos, sindicatos, formadores de opinión y medios de comunicación independientes a redoblar una actitud crítica y vigilante hacia al poder gubernamental, aumentando la deliberación y la conversación social sobre las consecuencias del aislamiento obligatorio y exigiendo la presentación de un plan de salida para esta situación anormal”.

El último párrafo opera como auto refutación. Señalan que “la sociedad argentina ha mostrado ser responsable a la hora de enfrentar la amenaza de la pandemia” porque “acató las normas, cumplió los consejos sanitarios y se mostró respetuosa de la ley y sus representantes”. Acá sí que no se entiende: ¿acató las normas o fue sometida a una dictadura de la infectología? ¿Fue una opción “responsable” o producto del ejercicio de la coerción? Esta contradicción intrínseca no hubiese ocurrido en ningún documento revisado dos veces por algún intelectual interesado en señalar realmente la existencia de un estado represivo. El objetivo de esta carta es pegar utilizando ciertas ideas que –deberían tomar nota- ya no funcionan: antes era Argenzuela (fantasma amenazando las libertades democráticas individuales) ahora la Infectadura (fantasma amenazando las libertades democráticas individuales). Basta ya. El mundo de las ideas debe acudir a sus fuentes, es decir, al universo de las ideas en lugar de –como en esta carta- buscar en una suerte de usina de hashtags pontenciales las líneas de unos párrafos que no logran el estatus del pensamiento crítico.

El motivo de la publicación es el motivo de carácter gorilón y rapiñero de algunas de las “personalidades e intelectuales” firmantes: Sebreli, Kovadloff, Brandoni, Sabsay, Lopérfido, para no abundar.

Si no hubiera sido ampliamente difundida, la nota en sí misma es una pérdida de tiempo y uno mismo se cuestiona si tiene sentido dedicarle estas líneas. En el fondo, parece que sí tiene sentido exponer el carácter maniquieo de su razonamiento: utilizan la idea de un estado policíaco y de funcionarios dictatoriales para poner a funcionar una economía que –ya ha quedado claro- no cuenta con las herramientas ni los dispositivos para proteger a los trabajadores ni a las trabajadoras en sus puestos de trabajo. Quieren ganancia capitalista pero no pueden garantizar la salud de la población en el proceso de producción. ¿A quién protegería la producción en marcha? ¿A las ganancias de las clases acomodadas o a la salud de la población que no tiene cómo protegerse? Tras la máscara liberal se encuentra el verdadero rostro canallesco: si quisieran denunciar derechos no garantizados por el estado argentino hubieran empezado por las enormes dificultades padecidas por los sectores marginados, por lo que no llegan a fin de mes y por la enorme masa de víctimas de laburantes precarizados (universos conceptuales inexistentes en este documento). Estos liberales devaluados quieren poner en marcha la economía pero no explican cómo poner hacerlo sin lamentar las muertes de los y las de abajo.

Si la intención hubiera sido señalar cómo para millones de personas no hay estado que les garantice sus derechos humanos básicos, la carta encontraría motivos en la realidad política argentina en lugar de hacerlo en fabulaciones. Eso es para otro comentario, pero está claro que por más IFE, créditos especiales y subsidio al sector privado para pagar salarios, buena parte de las poblaciones de las ciudades la pasa mal y no hay parámetros igualitarios para sobrevivir en este contexto de emergencia. No es éste el tema que les ocupa.

La teoría de la Infectadura es la expresión más acabada de la situación del debate público argentino y sus referentes: dan pena. Otros señalamientos mucho más interesantes han establecido referentes sociales, barriales, comunitarios, inmersos en la realidad social argentina concreta, a diferencia del contenido de esta solicitada un poco jodida, un poco escrita sin mayor interés, un poco absurda, un poco lamentable y sobre todo, evitable.

De cambiar el sistema impositivo regresivo, de transformar las desigualdades para que no sufran quienes menos tienen y de que los derechos humanos básicos se vean garantizados a través de la financiación de quienes se benefician con la explotación capitalista: ni una palabra.

(Por Astor Vitali) El primer discurso del segundo mandato de Héctor Gay se realizó en el Jardín de las Américas del Parque de Mayo con algunas pocas presencias protocolares.

Para el jefe comunal “la pandemia mundial y su incierto desenlace nos ha obligado a modificar nuestras acciones, nuestros hábitos y hasta nuestros objetivos en algunos casos, al menos en el corto y mediano plazo, lo que de ninguna manera significa dejar de mirar lo que representa aquella gesta de hace más de dos siglos”.

Más moraleja: “la independencia” (sic) no fue inmediata sino que llevó el tiempo y trabajo de miles de personas. Principal lección: “cuando los argentinos trabajamos unidos, podemos lograr lo que proponemos. Ese espíritu de unión y va a pervivir en nuestro hijos”.

Modificó el carácter de su primer discurso de ocasión allá por 2016, en el que el paladín del orden y el progreso señaló que “ayer y hoy, enemigos importantes de adentro y de afuera integran grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera y quieren subvertir valores y adueñarse de nuestra juventud”.

Cómodo en su estancia pero con las fronteras asechadas por las hordas populistas, en esta oportunidad moderó su intervención: “Hoy no tenemos enemigos externos pero si muchos problemas para resolver”.

Ahora viene la parte del razonamiento abstracto: “Es muy posible que esta pandemia agudice algunos de esos problemas, como la pobreza y la desigualdad social. Y este será el gran desafío post pandemia”. Es decir, la responsable de las desigualdades es la vaguedad de “la pandemia” y no sólo no cabría imputar responsabilidad al lugar que ocupan los grupos económicos que el intendente representó toda su vida laboral sino que además reconoce que el “desafío” de enfrentar esos “problemas” lo va a encarar una vez que no haya pandemia. Tranqui.

Además nos adelanta que cuando encare la tarea “no habrá espacio para rivalidades o competencias desubicadas”. Nada en su discurso explica qué cuadraría fuera en su vara de la ubicación. Prosigue que podremos “discutir nuestras ideas y defender nuestras opiniones. Pero el camino que se extiende delante nuestro tiene que encontrarnos juntos”. No encontramos mayores pistas. Si no debemos exponer nuestras diferencias pero debemos encontrarnos juntos ¿habría que acudir al almuerzo dominical de la política doméstica para hacer silencio y rezar el padre nuestro con la cabeza gacha?

Sabremos, punto seguido, en este discurso difícil de seguir que “hay países que ya han resuelto exitosamente los desafíos que hoy tenemos”. No nos dice cuáles. Obra vaguedad de este discurso gomoso. Prosigue que “esos aprendizajes están disponibles para ser aprovechados si somos capaces de respetar nuestra idiosincrasia y nuestros objetivos”. ¿Dónde están disponibles, señor intendente? ¿Cuáles son? ¿En qué otro país encontramos lecciones desde cuya lectura además –contradictoriamente- podríamos “respetar nuestra idiosincrasia y nuestros objetivos”? Por otra parte ¿cuál es “nuestra idiosincrasia”? A mí no me gusta persignarme ni hacer cola en la hoya de los fideos antes de escuchar el partido. ¿A usted le gustan Yupanqui y Los siete locos de postre?

Volvemos: “para lograr esa meta es imprescindible evitar el cortoplacismo y la revancha ya que ambos condicionan nuestro potencial”. Contexto: en Bahía Blanca todo es cortoplacismo, todo lo que no gire en torno del Polo Petroquímico cuya defensa en los ámbitos políticos y universitarios datan de la década del 60. Pregunta: ¿cuáles son las líneas de largo plazo del actual mandato? No las he visto publicadas. Ni si quiera en lo panegíricos editados por los medios privados de la cadena oficial.

Para ir redondeando, Gay anticipa: “vienen tiempos difíciles” y advierte “pero las divisiones, desigualdades e injusticias que anidan en nuestra sociedad requieren para su erradicación de un nivel de consenso que sólo es posible a través del diálogo, la tolerancia y la solidaridad”.

Vaya palabras elegidas:

Diálogo: dícese del término utilizado por el gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) para no otorgar espacios de discusión política con ningún sector que no considere propio.

Tolerancia: palabra descartada del lenguaje político contemporáneo por su carácter despreciativo hacia la otredad. Un Durán Barba a la derecha, por favor.

Solidaridad: práctica habitual del pueblo ante los padecimientos a los que se ve sometido por las decisiones de las autoridades y la consecuente proliferación de las desigualdades.

¿Quién habrá escrito este discurso? ¿Cuál es su objetivo? Más allá de las dificultades de coherencia interna y solidez argumental sigue habiendo un mensaje claro para  los sectores que planteen diferencias: no habrá lugar para rivalidades.

(Por Astor Vitali) A 64 días de aislamiento, el Instituto Cultural de Bahía Blanca tiene una “propuesta”. ¿En qué consiste? “El Municipio le solicitó al gobierno provincial programas de financiamiento de emergencia. La propuesta consiste en la elaboración de dichos programas y en la creación de una Mesa de Diálogo de Arte y Cultura, coordinada por Provincia-Municipios.

Es decir la propuesta consiste en que otros trabajen por el municipio en lugar de utilizar la ampliación de la planta política con sueldos de privilegio (6 directores hay durante la era de la topadora Rosselló ¿para qué?).

Según un comunicado lanzado el día de hoy por esta agencia cultural, “se busca el apoyo a la creación artística, industrias culturales, eventos públicos, espectáculos artísticos, artes escénicas, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, entre otros, y al sostenimiento de los proyectos culturales comunitarios adaptados a la realidad de cada distrito”.

“También a orientar de manera conjunta los subsidios y fondos de financiamiento y sostenimiento a los sectores más afectados, y compartir la información de beneficiarios a fin de que la distribución de esos fondos sea equitativa e igualitaria”.

El “pedido” habría sido realizado en una reunión virtual con Ezequiel Grimson, subsecretario de Cultura de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto todo todos los organismos de representación de trabajadores y trabajadoras de la cultura de Bahía Blanca han señalado que no reciben respuesta por parte de las autoridades, la directora del Instituto Cultural decidió enumerar las organizaciones con las que se reunió (y a las que no les dio respuesta) en una clara maniobra maniquea que busca eludir sus responsabilidades de funcionaria pública y jugar al juego bobo de los colores políticos tirando el fardo a la provincia, como si no hubiera responsabilidades que cumplir en cada estado.

En lenguaje filosófico, el comunicado es una clásica maniobra del ejercicio del “forreo”. Se menciona a todos los espacios: “Desde el inicio del aislamiento obligatorio, la secretaria de Cultura Morena Rosello y el director General del área, José Gozález Casalli, realizaron reuniones periódicas con los diversos actores del arte y la cultura local, como la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, la Asociación Argentina de Actores, los Espacios Culturales Independientes, la Red Nacional de Artistas de Circo, los Centros de Formación Artística y Colectivos de Trabajadores de la Danza ante la Pandemia, la Feria de Artesanos de Plaza Rivadavia, las ramas artísticas del Consejo Consultivo del Instituto Cultural, la Asociación de Técnicos de Artes Escénicas en Vivo (ATAEV)” con el objetivo de utilizarlos políticamente.

Se dice que “también hubo un encuentro con los productores y empresarios artísticos de teatros y salas de la ciudad, con quienes se acordó proyectar el armado de protocolos de seguridad e higiene para cuando se reactiva la actividad” pero no se cuenta que no fue bien recibido por la mayoría de los espacios culturales que se preguntaron: ¿están pensando en protocolo para cuando salgamos de esta situación sin antes haber instrumentado ninguna medida para la emergencia?

Se señala que “a pedido del Consejo Cultural Consultivo del Instituto Cultural, se realizó una encuesta a 254 actores culturales para contar con un mapa de situación local”. Sin embargo, la opinión mayoritaria de dicho organismo rechazó la utilización de la encuesta a sólo fines estadísticos y, en cambio, solicito la implementación de un fondo especial y del Plan de Contingencia Psicológica en contexto de Aislamiento presentado por la Asociación Argentina de Actores y la Unión de Músicos del Sur. Nuevamente, manosea y utiliza mecanismos democráticos que representan a miles de trabajadores de la cultura para justificar su propia falta de capacidad y de representatividad.

Tanto Casalli como Rosselló fracasan sistemáticamente en el noventa por ciento de los casos en los que levantan el teléfono buscando apoyos. Por eso ahora buscan acudir a los deudores de la pauta oficial para retransmitir un comunicado cuyo contenido sólo puede verificarse en un plano existencial de otra dimensión.

Continua el documento: “A partir de tal sondeo se iniciaron acciones para mitigar la emergencia económica: como la entrega de ayudas alimentarias a través de Bahía Solidaria a artesanos de Plaza Rivadavia, artistas circenses y callejeros, técnicos de artes escénicas, estudiantes de nivel terciario”. Esta entrega se llevó a cabo de manera informal, sin hablar con todos los sectores sin articular una política universal. Las planillas de la encuesta, por otra parte, fueron completadas por una minoría de la comunidad artística, dado que se sabía que no iban a ser utilizadas para ninguna política concreta y por ende no generó entusiasmo.

Para coronar el ejercicio del cinismo, Rosselló sostiene algo que ni los medios adictos a la pauta se animaron a replicar (habiendo copiado y pegado casi todo literalmente menos este segmento): “Por último, cabe destacar que, dentro del Plan de Cultura Bahía en el marco de la emergencia del Covid19, sigue funcionando con éxito el programa ´Cultura en Casa´, con la difusión de actividades artísticas y culturales locales en plataformas digitales”.

Señalar que Cultura en Casa “sigue funcionando con éxito” es la última afirmación desopitalente de este discurso sicótico. Tal como hemos publicado en El consorcio. Cambiemos en Bahía Blanca (Ediciones De la Calle, 2019), en los apartados Psicosis y Psicosis II, el discurso oficial se elabora con niveles de enajenación de la realidad porque “estas huestes del fallido progreso viven en otra dimensión económica. Su realidad nada tiene que ver con la del ciudadano y de la ciudadana comunes. Gobiernan para sí mismos y se representan a sí mismos (…) La militancia de la política epidérmica es aquella que desprecia a la realidad concreta de su pueblo y actúa para las cámaras de sus celulares y se publica en redes”.

(Por Astor Vitali) Alexis Valdéz es un humorista cubano radicado en Miami. En 2020 retomó la televisión a través de su show por MegaTV. Hace unas semanas publicó su poema Esperanza, alusivo a la hipótesis de que la pandemia nos iguala y mejora como sociedad, escrita en clave de oración al dios católico. Para completar la ruta de expiación poética, su texto fue elogiado por el jefe de gobierno de la Iglesia Católica en su sede central, gobernada por el argentino Bergoglio.

La pieza ya tiene varias grabaciones publicadas en distintas plataformas. En Bahía Blanca, una serie de personas del ámbito público han replicado la iniciativa. Favoreciendo a la idea de que debemos comprendernos y que esta situación nos estaría haciendo mejores entre personas de diferentes suerte económica, ideología política, posición en el sistema opresión patriarcal o creencia religiosa, el video incluye al entre otras personalidades al intendente Héctor Gay y a su competidor en la contienda electoral de 2019, Federico Susbielles, quien hoy se encuentra al frente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Lo reproducimos a continuación:

Esperanza

Cuando la tormenta pase

Y se amansen los caminos,

y seamos sobrevivientes

de un naufragio colectivo.

Con el corazón lloroso

y el destino bendecido

nos sentiremos dichosos

tan sólo por estar vivos.

Y le daremos un abrazo

al primer desconocido

y alabaremos la suerte

de conservar un amigo.

Y entonces recordaremos

todo aquello que perdimos

y de una vez aprenderemos

todo lo que no aprendimos.

Ya no tendremos envidia

pues todos habrán sufrido.

Ya no tendremos desidia

Seremos más compasivos.

Valdrá más lo que es de todos

Que lo jamás conseguido

Seremos más generosos

Y mucho más comprometidos

Entenderemos lo frágil

que significa estar vivos

Sudaremos empatía

por quien está y quien se ha ido.

Extrañaremos al viejo

pue pedía un peso en el mercado

que no supimos su nombre

y siempre estuvo a tu lado.

Y quizás el viejo pobre

era tu Dios disfrazado.

Nunca preguntaste el nombre

porque estabas apurado.

Y todo será un milagro

Y todo será un legado

Y se respetará la vida,

la vida que hemos ganado.

Cuando la tormenta pase

te pido Dios, apenado,

que nos devuelvas mejores,

cómo nos habías soñado.

Sin embargo, el texto de Valdez supone ciertas “igualaciones” frente a la pandemia que no gozan de absoluto consenso. Es decir, ¿se trata verdaderamente de un “naufragio colectivo” o hay quienes hacen aislamiento disfrutando de sus lujosas islas mientras a otros les tapa el agua podrida de la miseria? ¿Por qué esperar al fin de la pandemia para extrañar “al viejo que pedía un peso en el mercado” y no actuar ahora con el peso político concreto de lo público para afectar a quienes tengan los recursos económicos para evitar su muerte y acercarle esa moneda?

El texto rimado carga con sus tintas igualatorias situaciones de naturaleza irreconciliablemente distinta por la que atraviesan seres humanos diferentes: unos con privilegios se quedan en casa y otros sin casa miran los canales de televisión donde los privilegiados les dicen cómo deben quedarse en casa.

Es probable que la siguiente fórmula poética que proponemos, resulte más adecuada a la realidad económica mundial, que el texto viralizado y bendecido.

La tormenta, vaya y pase

Cuando el colectivo pase

Y se asfalten los caminos

Y no seamos sobrevivientes

De mosquitos inquisitivos.

Con matecitos y bollos

y el biscocho sumergido

nos sentiremos dichosos

y no tan solo relamidos.

Y le haremos un mangazo

A los más enriquecidos

Y manejaremos con suerte

Su auto más protegido.

Y entonces recordaremos

Todo aquello que perdimos

Y que una vez expropiaremos

A los que nos han empobrecido.

Ya no tendremos envidia

Pues Justicia se habrá hecho.

Ya no tendremos desidia

Pues todos tendremos techo.

Valdrá más lo que es de todos

Que lo jamás obtenido

Valdrá también para todas

A las que han perseguido.

Entenderemos lo frágil

Que significa ser rico

Sudaremos milanesas

Vino y salú por los caídos.

Extrañaremos al viejo

Que cuando fue jubilado

Recibió ajuste y ajuste

Y no hacías nada a su lado.

Y quizás el viejo pobre

Que hacía ¡Achús! Asustado

No pagó el gas y en el corte

se pescó gran resfriado.

Y todo será a su cargo

Burgués odioso y malvado

Y se respetará la vida

Que usté nos ha arrebatado.

Cuando la tormenta pase

Te pido cumpa, apenado,

Que vos devuelvas en flores,

El sueño de los olvidados.

(Por Astor Vitali) Ayer, sin mayores repercusiones, tuvo lugar una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, en la que hubo la posibilidad de tratar políticamente la situación de los y las trabajadores de la cultura de nuestro partido. El oficialismo decidió no tratar el tema. La total desprotección hacia este sector actúa en correspondencia con lo que la funcionaria del Instituto Cultural, Morena Rosselló, viene haciendo en materia de políticas públicas: nada.

De la sesión trascendió con mayor repercusión la declaración de Emergencia Alimentaria aprobada por unanimidad, lo cual constituye una acción sin versión contrafáctica posible: la emergencia es un hecho evidente y, por ende, existe tanto se vote o no. Las emergencias permiten que los mecanismos económicos previstos para la aplicación de presupuestos se flexibilicen y, de esta forma, el poder ejecutivo municipal arbitre los medios para asignar recursos con mayor celeridad y menor burocracia hacia la materia de la emergencia; en este caso, la alimentaria.

En cambio, el proyecto de resolución solicitando “al Departamento Ejecutivo la continuidad del programa ENVION y renovación de contratos, talleristas y becarios” presentado por el Frente de Todos, no tuvo la mismo suerte. ¿Por qué? Porque los y las concejales del oficialismo, dirigidos por el intendente Héctor Gay, no dieron los votos para su tratamiento.

Durante la sesión no hubo debate, por lo que debemos remitirnos a los proyectos en sí mismos para reproducir de qué iba la propuesta.

En este sentido, el no tratamiento del proyecto sí da un lugar a un ejercicio contrafáctivo. ¿Qué hubiera pasado de haber sido aprobado? Al menos se hubiera garantizado el tratamiento serio, dentro de un marco normativo, de la angustiante situación que atraviesan cientos de trabajadores de la cultura y, asimismo, hubieran sido apuntalados los derechos culturales de la comunidad.

El proyecto solicitaba “al Departamento Ejecutivo que garantice la continuidad del programa ENVION, de los talleres dependientes del Instituto Cultural y de la Dirección de Inclusión y Discapacidad adecuando los objetivos, las modalidades y las tareas realizadas de las y los trabajadores talleristas al contexto de la crisis generado por la pandemia del Coronavirus – COVID 19”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.

A su vez, requería “la renovación automática de todos los contratos, talleristas, PRENOM y becarios municipales. De la misma forma garantizar la continuidad laboral de las y los miembros de la Orquesta Escuela Municipal Infantil y Juvenil Barrio Miramar y de la Comedia Municipal de Bahía Blanca”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.

Por otra parte, el proyecto también instaba “al Departamento Ejecutivo a la elaboración urgente de un programa de apoyo y acompañamiento económico dirigido a los trabajadores y trabajadoras de la Cultura en el marco de la pandemia del Coronavirus – COVID 19 y se evalúe la factibilidad de la puesta en práctica de un ´Plan de Contingencia Psicológica en Contexto de Emergencia´ para la creación de contenidos artísticos”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.

Por último, el proyecto solicitaba al “Departamento Ejecutivo que arbitre todas las medidas necesarias a fin de garantizar el cobro en tiempo y forma de todos los contratos, becas y programas referidos en el artículo 2° de la presente resolución”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.

Continuando con el ejercicio contrafáctico, en otra dimensión donde el gobierno manifestara interés por la dignidad humana de la ciudadanía en su conjunto y donde los y las ediles que ejercen el oficialismo de ese gobierno gozaran de alguna instrucción cívica, quienes se dedican a reparar lo que destruyen la clase que representa Héctor Gay, habrían sentido que contemplados sus derechos básicos. En otra dimensión donde este proyecto hubiera sido aprobado: la ciudadanía de Bahía Blanca habría contado con un plan de contingencia sicológica (contenidos gratuitos elaborados por artistas de su localidad, diseñados en conjunto con la Secretaría de Salud en contexto de aislamiento); cientos de trabajadores precarizados hubieran podido alimentarse, comprar materiales de higiene, evitado la profunda amargura, estrés y situaciones traumáticas por las que pasan; miles de niños y de niñas hubieran accedido a contenidos originales, abonando al cumplimiento del aislamiento con incentivos de salud mental; miles de adultos mayores se habrían sentido acompañados por su comunidad a través de contenidos creados para su acompañamiento; los y las talleristas se habrían encontrado en una tierra en la que sus derechos laborales no sólo existen sino que además son respetados por los funcionarios de gobierno que velarían por el cumplimento de las normas legales (comenzando por la constitución); los y las talleristas que han puesto el cuerpo en situación sociales adversas de la que no son responsables (y cuyos responsables gozan de recursos económicos para no preocuparse de su suerte en su cómodo aislamiento) y sin embargo, de la que se hacen cargo desde iniciativas virtuales, verían el legítimo reconcomiendo social por su trabajo expresado en su continuidad laboral, en lugar de verse amenazados con no tener su ingreso y hasta obligados a romper la cuarentena por hambre; el sabor amargo de vivir en contexto de pandemia se vería amilanado por la sensación de que quienes gobiernan la ciudad están enfocados en protegernos.

En cambio, la decisión política de Juntos por el Cambio en Bahía Blanca durante la sesión de ayer golpea de manera fáctica e irreversible. La incapacidad política y la irresponsabilidad económica no miden las consecuencias de difícil reparación que tendrá esta posición política del oficialismo. Nuevamente, para las huestes amarillentas conducidas por empleado del mes en ejercicio de la intendencia municipal, fuera de sus intereses de representación de los suyos, de la gente bien y con departamentos céntricos y casa en Monte, el resto sobra o es parte de la población de segunda que, claro está, puede esperar.

Foto: HCDBahíaBlanca

(Por Astor Vitali) Durante el programa de hoy nos hemos ocupado de una de las situaciones más angustiantes que sufre nuestra sociedad: la deuda. La deuda que tenemos todos, todas y todas. Esa que nos caga la vida, que no nos deja dormir, que nos posterga los sueños porque llega el día y, zas, hay que pagar. Y así un mes y otro mes y otro mes. Hasta que otros se endeudan para pagar el cajón más barato o la leña para consumir el último fuego.

En los medios masivos de comunicación solemos escuchar la palabra deuda referida a los “organismos multilaterales de crédito”, “los mercados”, “tenedores de bonos” y otros asuntos tan lejanos al saber popular que de tan lejanos suenan a lo irreal, es decir, a la mentira. Los conductores –cuyos sueldos pagan posibles tenedores de bonos- hablan de estos actores como las víctimas, es decir, personas a las que se les debe algo.

¿Por qué no hablan de la otra deuda de la que estamos hablamos hoy aquí? ¿Por qué la deuda subterránea, que no es una sola sino millones de deudas pequeñas imbricadas, es tan evidente como invisible?

Arrojamos hipótesis. La primera: todo ese dinero que les falta a quienes se endeudan a lo micro (pero que les lleva todo –la vida incluso-) lo tienen los organismos multilaterales de crédito, los mercados y los tenedores de bonos. Son esos actores de la economía que no trabajan en nada productivo los que, por ejemplo, a mediados de los noventa pusieron a cotizar en bolsa a los alimentos, y con ello, a girar los granos y las cosechas en la calesita de la competitividad global por el aumento de los precios en pantalla, y con ello, devaluaron la capacidad de trabajo de quienes tenían la tierra -porque no eran competitivos contra los grandes inversores que rosearon el suelo de pestes para obtener más grano en menos tiempo-, y con ello mandaron a endeudarse a millones de pequeños tenedores de tierra que tuvieron que malvender su quintita y, claro está, no daban más por las deudas que pagaron con su migración a hacia las grandes ciudades y, claro está, con su título de ciudadano de segunda que “no quiere trabajar” y que “no es exitoso porque no quiere” y que “qué barbaridad con toda la tierra que hay para trabajar en este país”. Pero resulta que no, que ya no hay nada de lo que el capitalismo prometía un siglo atrás, con el esfuerzo y la pequeña propiedad, porque ya no hay lugar para los pequeños y porque los grandes son tan glotones que se devoran todo. Ahí su riesgo también: devorarte a tus deudores puede generar falta de pago.

Lo que ocurre es que en el fondo ya recibieron su pago, y lo que cobran, son intereses de intereses de intereses de intereses de un dinero inverosímil que sigue alimentando la maquinaria de la deuda global e insoportable. Ya no son actores económicos interesados por la economía, es decir, por la manera en que las sociedad resuelven la distribución de la riqueza para el bienestar general (¿o no esta la economía?) sino que son interesados actores por su economía (es decir, por sus propias finanzas).

La segunda hipótesis es más vulgar, más simple y más comprobable: hace tiempo que las grandes redacciones, los grandes medios de comunicación y los conductores de mayor audiencia no son empresas periodísticas¸ esto es, una forma de organización económica cuyo objetivo es la puesta en marcha de instituciones abocadas a la práctica del periodismo (entendido aquello de “publicar lo que alguien no quiere que sea publicado”) sino que se trata de unidades de negocios que se desprenden de empresas mayores cuyo objetivo es operar: 1) en favor de sus intereses; 2) en la lucha por el sentido común pro capitalista; 3) en contra de las organizaciones políticas que consideren inconvenientes; 4) en contra de sus competidores de mercado.

Los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares hablamos de este tema porque no trabajamos para ellos sino a pesar y contra ellos, en favor de nuestros pueblos. En términos de masividad de llegada, hace tiempo que los holdings se han apropiado de las radios históricas, emisoras de televisión y diarios para competir por el señalado sentido común y luego han avanzando en la convergencia tecnológica manejando otro tipo de tecnología vinculada a internet como redes, bases de datos y más yerbas que nos dejan casi fuera de juego, entrenando para ganar el partido cuando decidamos ingresar a la cancha por la copa del poder y de la distribución de las riquezas.

Y una tercera hipótesis: porque todo el mundo sabe de qué se trata la deuda, porque todo el mundo está endeudado y así es que todos, todas y todes estamos perdiendo el tiempo para ganar el mango para salir a pagar nuestras pequeñas deudas en lugar salir a cobrarnos lo que se llevaron los mercados, los tenedores de bonos y los organismos multilaterales de crédito. El mecanismo de la micro deuda es también una estrategia de distracción de los vilipendiados (sí, utilizo con toda razón, capricho y conciencia un término acuñado por Guevara), una estrategia de ocupación de las maltratadas y una estrategia de humillación de les invisibilizades; la deuda, es la estrategia de prorrateo del horror capitalista cuando ve en su ventanilla de pago el espejo que refleja la decrepitud inhumana de su derrotero y es, a su vez, la procrastinación de los millones de endeudados por tomar lo suyo.

¿Cuánto más dura este juego? Nadie lo sabe. Pero sí sabe que, aunque este editorial no cotice en bolsa, la ilusión del enriquecimiento ilícito e inmoral de los que se quedan con todo, va cotizando a la baja en la bolsa de los pueblos.

 

Imagen: Natalia Godoy

(Por Astor Vitali) Este 24 de marzo encontró a las organizaciones populares en una situación para la que nadie se preparó. Este 24 de marzo encontró además al conjunto de las instituciones de la sociedad civil argentina en una situación para la que no está preparada. Lo virtual y las herramientas de comunicación alternativa y comunitaria son los únicos ámbitos en los que se puede ejercer la memoria de manera militante. Sin contacto físico. Sin movilización. En democracia sí, pero con un estado que no garantiza la justicia social sino que –por períodos- apenas es capaz de asistir a los hambrientos y las famélicas, a los malnutridos y las analfabetas.

La paradoja de la jornada es que, en el contexto de marzo, del 24 de marzo, a 44 años del golpe de estado cívico militar del 24 de marzo de 1976, son las fuerzas armadas del estado argentino aquellas que custodian las medidas de aislación por las barriadas populares y son además, tal vez, junto al sistema de salud (fragmentado en lo público y parcialmente privatizado) las únicas instituciones preparadas en términos de disciplina y despliegue territorial a las que una autoridad democrática puede acudir en este contexto.

Si bien es cierto que hubo reformas durante la democracia, también es cierto que no ha sido la vocación de servicio hacia su pueblo aquello que caracteriza a las armas argentinas sino más bien su formación en doctrinas redactadas en Washington, su tendencia al direccionamiento clasista de la violencia y, en el último período, es decir, durante la etapa Bullrich, la lisa y llana parodia de lucha contra el narcotráfico haciendo videos ridículos en los que combaten contra plantas de marihuana y, por otro lado, disparando a personas indefensas por la espalda (Nahuel) o persiguiendo ciudadanos hasta la muerte (Maldonado).

Y en este punto no hay ninguna paradoja: la pandemia nos toma en las circunstancias concretas en las que encontramos, es un espejo perfecto y por tanto doloroso. Porque, a 44 años del comienzo del último golpe cívico militar, nos muestra cada aspecto de nuestra sociedad de manera clara y sin falsos reflejos.

Somos un país con democracia ininterrumpida en el que las intentonas golpistas fueron superadas. Sí, somos ese país. Nos vemos democráticos.

Somos un país que, en democracia, ha naturalizado que la mitad de su población trabaje en condiciones precarias (con víctimas fatales, personas que mueren por ir a buscar el mango). Sí, somos un país precarizado. Allí ganó Martínez de Hoz. ¿Estamos mejor que otros países, en términos de índices de participación gremial? Sí. Pero ¿deben ser parámetros de referencia unos países más corroídos por el miedo que el nuestro o debe ser parámetro nuestro propio país antes del golpe? Si fuera el nuestro, la comparación es un tanto menos favorable: del otro lado de la Historia, la imagen del espejo del tiempo nos muestra el Cordobazo como referencia de lo que fuimos. Una foto que muchos progresistas han sacado de sus mesas de luz para confinarla en los manuales de Historia.

Somos un país que, en democracia ininterrumpida y con un feriado por la memoria, ha aceptado como un hecho natural, casi maldito, que un tercio de su sociedad sea población de descarte, con derechos nominales pero imposibilidad concreta de ejercerlos, subalimentadas, desnutridos, analfabetos o analfabetas funcionales, marginales, sujetos a los que la política apela de una u otra forma –para votar o para movilizar- pero a quienes les está vedado superar su condición estructural y, cuando ocupan algún lugar público, es desde el sitio de la excepción y hasta de aval filosófico meritocrático.  El país de los y las 30.000 es también el país que no tolera el 2×1 para los genocidas pero  que –contra el mandato histórico de justicia social de los caídos y de las caídas- acepta sin mayor inmutación que vociferaciones formales en misceláneas (un “qué barbaridad, no se puede creer en el hambre en este país” alcanza para tirar unos días con la culpa de clase) la pobreza estructural como condición para garantizar la paz social. Porque si las víctimas económicas de este sistema -que es estructuralmente heredero de Martínez de Hoz, es decir, de la política económica que vino a imponer en Nuestra América el Plan Cóndor- se rebelaran, otro sería el cantar de la paz social de la que disfrutan los que acumulan a costa de la pobreza ajena.

Somos un país en el que las capas medias progresistas matan su culpa de clase con algún consumo cultural y la lectura del diario que fundó el actual vocero de Clarín, pero en el que los ricos gozan de total inmunidad e impunidad, caminando absolutamente libres de condena social concreta por sus delitos económicos y por sus actuales negocios que requieren de un tercio de la población “caída del mapa” para que las cosas sigan como están.

Somos el país que juzgó a la herramienta de aplicación del terrorismo de Estado. Da orgullo decirlo. Hicimos mucho más que otros países que declaman pero concilian con sus genocidas.

Somos el país que apenas se atreve a comenzar a juzgar a los miembros de la sociedad civil que cultivaron el escenario político, económico y cultural que devino terrorismo de Estado. Ojalá las instancias judiciales contra la triple A y los empresarios que llenaron sus arcas con dinero sangriento sean el comienzo de la construcción de un relato que aclare quién es quién en un país donde la culpa siempre es de “los que no quieren trabajar” y sin embargo se la llevan en pala los que nunca trabajan y viven del trabajo ajeno.

La situación de aislamiento obligatorio evidencia también qué grado de capacidad de acción tenemos las organizaciones populares, saliendo de las pompas virtuales del Facebook, el Twitter y el Instagram. Algunas ocupan su tiempo escribiendo comunicados despegados de una situación concreta de emergencia sanitaria y otras apenas pueden dedicarse a la ayuda en un pequeño comedor.

¿Qué rol político juegan las organizaciones populares en este contexto en el que el estado debe necesariamente centralizar las acciones en función de llevar adelante con el mayor éxito posible las estrategias de las oficinas de salud pública? Es público el trabajo que realizan las organizaciones populares en materia de organización barrial en circunstancias normales pero en cuarentena la capacidad de iniciativa política se ve moderada por la pista que otorgue cada gobierno municipal en cada lugar, cada gobierno provincial y el gobierno nacional, con la particular carga de mezquindades y rencillas locales que complica las cosas –no habiendo en los gobiernos locales cuadros de fuste que comprendan la necesidad de articular en pos de la emergencia con todos los sectores y no solamente con los amigos.

La memoria en contexto de aislamiento opera como una foto espejada: somos el país del Nunca Más, del Juicio y Castigo y de las Madres y Abuelas. Pero aún nos debemos la memoria del proyecto político de nuestros caídos y de nuestras caídas. Un proyecto que no acepta los términos de vida del capitalismo autóctono y mucho menos resiste la pobreza estructural naturalizada como sinónimo de democracia.

Si es cierto, como dice el presidente, que luego de esta pandemia “nada será lo mismo” y habrá que discutir las condiciones de desigualdad de nuestra sociedad, pues habrá que prepararse para interpelar cada conciencia por cualquier rincón de que así no va y de que así no vale: la estabilidad institucional a costa del hambre estructural no es digna de ninguna memoria histórica popular.

¿Puede darse esta discusión sin afectar intereses que nadie que hasta el momento haya gobernado estuvo o está dispuesto a afectar realmente? Si no se conmueve la conciencia social desde lo más profundo de las entrañas ideológicas, no hay manera de que nadie banque los cambios violentos que deben operar sobre los violentos que nos hambrean.

(Por Astor Vitali) El centro de Santiago está tapeado. Muchos comercios con los vidrios amurados. Acorazados. Custodiando sus bienes. Acuartelados. Algunos carteles en la puerta de entrada rezan: “estamos atendiendo”.

Otros lugares de la ciudad están peleando contra la muerte: cientos de ciudadanos y de ciudadanas combaten contra los carabineros en unas batallas que tienen sus víctimas y sus símbolos. Víctimas materiales; presentes. Y una pelea simbólica de la que nadie puede escapar en Santiago, cuadra por cuadra, cartel por cartel, todo remite a que aquí se abrió los ojos y a que aquí se está luchando. Aquí se abrieron los ojos; tal vez por eso les disparen.

Según un informe publicado por el Instituto Nacional por los Derechos Humanos de Chile el 18 de febrero, “se ha constatado un total de 3.765 personas heridas en estas visitas, de las cuales en 427 casos se constatan heridas oculares, 34 de ellos con diagnóstico de pérdida o estallido ocular”.

Se trata de un reporte de balance a raíz de la observación directa de sus funcionarios y funcionarias en visitas a comisarías y hospitales, además de las acciones judiciales presentadas a nivel nacional, en el contexto de la crisis social que se inició el 18 de octubre de 2019.

En visitas a comisarías, verificaron “una cantidad de 9.545 personas visitadas en comisarías, desagregadas en 6.935 hombres, 1.475 mujeres y 1.112 niños, niñas y adolescentes detenidos tras participar de manifestaciones”.

Alexis Aguirre, Coordinador Nacional de Litigios Especializados del INDH, señaló que “como Instituto nos preocupa que durante la segunda quincena de enero continuamos recibiendo denuncias y constatando la existencia de lesiones oculares respecto de personas que ejercían de manera pacífica su derecho a manifestarse”.

Ya en noviembre del año pasado, invitado a comparecer ante la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, entregó un balance de las observaciones que ha realizado el Instituto desde el comienzo de las manifestaciones sociales y aseguró que “en este mes se han presentado 74 querellas por violencia sexual, cuatro veces que en nueve años y casi el doble de querellas por otras torturas”.

Sin embargo, el centro político de Santiago –de Chile-, La Moneda, aunque vallada y rodeada de efectivos, no parece registrar la sangría institucional. Por allí todo está normal… por el momento.

Mientras me dirijo hacia otros barrios donde las barricadas y las bolsas de basura encendidas aumentan la temperatura de enero, decido hacer una parada estratégica: ¿un baño? A unas diez cuadras de La moneda, sobre unas calles en zigzag, un shopping. Entro con la certeza de encontrar algún baño público. Miro la cartelería. La cartelería me indica el rumbo.

Creo haberme equivocado: dos molinetes y una boletería iluminada con un cartel: $500 (unos $40 argentinos). Sin embargo, no estaba yo equivocado sino desorientado. Era así nomás, el centro comercial ofrece un baño público a quinientos pesos chilenos. Yo los tenía pero ¿a qué baño acude alguien en pleno centro cuando lo necesita?

Por ejemplo, en nuestra ciudad, todo el mundo sabe que si sus tripas le ponen en apuros podría tomar un café y pedir el baño, o una botellita de agua. Si uno no anda con cinco e guita, también es sabido: uso el baño de la trasnacional de la obesidad y del mal gusto. Si necesito ir al baño, en nuestra ciudad, nos cagamos en Mc Donalds, y el sorete tiene hasta un gustito antiimperialista; alguna vez nosotres usamos a quienes nos usan siempre.

Pero allí no. Sin dinero, no hay derecho. Más que una metáfora de la desigualdad y de la clara existencia de ciudadanos de primera y de segunda, la boletería del baño público es la imagen más descarnada y pornográfica de un estado de cosas insoportable. El baño público clasista ayuda a comprender lo que todo el mundo sabe y el poder económico junto a sus representantes políticos aún niegan; por malcriados y por sus privilegios.

En su libro de reciente publicación Rebelión, el historiador chileno Jorge Baradit señala: “Nadie lo vio venir. Es la frase que escuchamos durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019. La verdad es que todos lo vimos venir, solo que no sabíamos cuándo. Todos lo sentíamos como electricidad en la piel, aunque al parecer ellos no. Las señales estaban ahí, cada tres días alguien publicaba en redes sociales exactamente la misma frase: ¿Cuándo vamos a explotar y salir a las calles? ¿Cómo es que no explotamos y quemamos todo? Compatriotas quejándose día a día por la falta de reacción frente a hechos insoportables, comparándonos con el coraje de los argentinos para tomarse sus avenidas cada vez que es necesario. Es mentira que no lo vimos venir. Está lleno de entrevistas, columnas, charlas, avisos, obras de teatro, poemas, libros, canciones, documentales que lo vieron venir. Pero el poder estaba demasiado ocupado exprimiendo las últimas gotas, estirando la cuerda un poco más, sólo un poquito más. Calculando que aún se le podía quitar un gramo más de forraje a la vaca para seguir ordeñándola a todavía menor costo. Porque no solo querían todo, querían más. Quería lo que se queda entre tus dientes, las pelusas en los bolsillos y las dos semillas en las bastas de tus pantalones”.

Queda dicho. Mientras los ricos asumen que sus sistemas de desigualdad se han instalado de manera irreversible, que cada experiencia de éxito de gobierno de los ricos es una hoja más en el libro de actas del club del Fin de la Historia, la hora de los pueblos siempre aguarda, más o menos silenciosa, más o menos estridente, el detonante para estallar en mil pedazos la ilusión de sus opresores.

 

Fotos: María Florencia Laiuppa

(Por Astor Vitali) Plaza Italia es el lugar histórico desde el que partieron distintas concentraciones de manifestación política. Hoy, no se puede utilizar ningún vocablo en tiempo pasado: Plaza Italia, en Santiago de Chile, es el escenario de una manifestación política con presente activo y final incierto.

Sobre las veredas laterales, algunos vendedores ofrecen máscaras de oxígeno, bebidas, patinetas, pañuelos, antiparras. Las funciones son claras: filtrar la agresividad de las gases lacrimógenos, hidratarse, estar presto para moverse en sentido ofensivo y defensivo, protegerse la cara y sobre todo los ojos, ese órgano que los carniceros –quise decir carabineros, pero así es mejor- eligieron como objeto de goce morboso.

A dos breves cuadras, avenida y puente por medio, el barrio turístico de Bella Vista es visitado por turistas y por barricadas, por curiosos y por revoltosos, por fotógrafos y por soldados. Hay boliches en este barrio que nunca paran. Pese al aspecto paquete de sus visitantes, a las cuatro de la mañana puede escucharse entre el punchi punchi –esa música inhumana- “el que no salta es paco, el que no salta es paco”, con métrica forzada, y segundos más tarde, “el que no salta es Piñera, el que no salta es Piñera”. La revuelta puede ser tan seria como divertida. Salvo para lo que no tienen con qué divertirse.

Y estoy halando de dinero, lógicamente. Lo que más me impactó de algunos espacios de concurrencia pública en Chile es la honestidad de su propuesta de civilización: el que no tiene con qué pagar, se jode. Y además, que se joda en silencio y a oscuras. Que no vaya a recordar a sus coterráneos de barrios prístinos pero sin alma, y de autos nuevos pero sin alma, que toda esa riqueza de la que disfrutan tiene origen en la pobreza que los otros padecen: en un modelo que necesita de la asimetría de ingresos y de la injusticia social.

Los shoppings son parte de la cultura de estas culturas de mercado. Un lugar donde podés encontrar de todo y tal vez, hasta te topes con buenos precios. Es curioso cómo un ser humano que vive de su salario puede encontrar alegría el hallazgo de un bajo precio, puesto que no requiere mayor ejercicio intelectual arribar a la siguiente pregunta: ¿por qué este precio es más bajo que los otros? Sin ingresar al mundo de los sabios economistas que dominan la atención de la época (¿será que sus planes resultan exitoso?), podemos decir muy rápidamente que para que un producto llegue a la góndola a precio menor que otro, alguna de las variables de producción debe modificarse a la baja. Pongamos que hay menos impuestos por el libre mercado (es decir, fábricas cerradas en Chile). ¿Alcanza esto para explicar el precio? Uno podría suponer que el capitalista pensó achicar la tasa de ganancia, pero inmediatamente estallaría en una carcajada. Entonces, sacando los insumos, los precios bajos de la industria indumentaria encuentran –en general- su explicación en la mano de obra barata. Mano de obra barata, a esa escala, es un odioso eufemismo por trabajo infantil, esclavo o semi esclavo. Es curioso, decía, que un trabajador encuentre alegría en esta operación. Claro está que siempre es mejor hacer como que uno no sabe, y simplemente pensar en el precio; nunca en el proceso que lo parió.

Por calle Pío Nono, arteria central de Bella Vista, a pocas cuadras de la casa museo de Pedro Neruda, el frente de una farmacia ofrece un síntesis visual: unas publicidad de fármacos legales conviven con las banderas de Chile, la mapuche y la bandera de Chile negra de contorno blanco (símbolo de repudio a la represión y homenaje a las víctimas fatales, heridos y violadas por el gobierno que preside Piñera). Bandera que simboliza este presente de lucha. Las dos hojas de la puerta abierta y una trabajadora que atiende el comercio de estupefacientes mira taciturna.

-¿Por qué la representa la bandera negra?

-Por lo que está pasando ahora. No hay solución. Se salió a la calle a manifestar por el abuso de todo lo que es público: la gente vive muy mal, es como si fuéramos personas sin derechos. A los jubilados no les alcanza. Y los funcionarios ganan veinticinco veces el sueldo mínimo.

Las casas gastronómicas ofrecen chorrillanas y chops. Las casas gastronómicas ofrecen chorillanas y chops por unos diez mil pesos. No puedo quitarme la referencia de la cabeza: una jubilación mínima en chile es equivalente a catorce chorrillanas con sus respectivos chops.

Por la noche, las barricadas improvisadas con bolsas de basura van corriéndose de esquina en esquina. Los carabineros hacen lo de siempre. Con el fresco de la noche, hay quien sale a caminar y pedir amablemente lo que le sobra a los que van por sus chorrillanas y sus chops. Es el caso de Sergio, quién sintetiza como el mejor analista -y probablemente no haya terminado la educación básica:

-La gente pobre y la gente rica necesitamos el mismo trato. La gente rica sale más rica y la gente pobre sale más pobre.

-¿Cómo vive un jubilado?

-El jubilado tiene que salir a trabajar igual porque apenas le alcanza. Le alcanza apenas para el arriendo y no para comer.

Sergio es soldador, desempleado.

-¿Qué pensás de las protestas?

-Está bien que se manifieste pero no con las cosas materiales. Porque ellos (por quienes trabajan en comercios) no tienen la culpa. Tienen derecho a manifestarse. Las cosas tienen que cambiar.

-¿Qué opinás de los carabineros?

-Los carabineros son lo más corrupto que hay. Le echan la culpa a la gente de los saqueos pero ellos son ladrones con uniforme.

El olor a comida en la noche de Bella Vista es igual de estridente que los graves de los bajos de los boliches. Adentro la fiesta. Afuera, la incertidumbre.

Catorce chorrillanas con sus chops es la valoración del estado chileno por las personas que han construido el país durante los últimos cincuenta años. Medido así, no sorprende el estallido. La vida, para los ricos de Chile encarnados en la figura de la bestia Piñera, la vida de un pobre no vale más que catorce chorillanas por mes.

Están fritos.

 

Fotos: María Florencia Laiuppa