Un grupo de consejeros y consejeras emitieron un comunicado manifestando su rechazo a la resolución emanada de la Dirección General de Cultura y Educación que “autoriza a los Consejos Escolares a coordinar acciones temporales con los municipios y organizaciones de la sociedad civil para atender las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares afectados por medidas gremiales”.

La nota está firmada por la presidenta Susana Rodríguez, el tesorero Raúl López, el prosecretario Matías Rundau y lxs vocales María Teresa Carestía, Carolina Recalde y Atilio Gianonni, quienes “por convicción nunca apoyaremos medidas que atenten contra los derechos de los trabajadores, ni que propicien a privatizar o municipalizar las tareas que los empleados de las escuelas públicas deben realizar”.

“Estas deben cumplirse en condiciones dignas de trabajo y con salarios que les permitan afrontar el clarísimo deterioro del poder adquisitivos de los trabajadores provocados por las medidas que este gobierno a implementado recientemente. Creemos que el Gobierno debe extremar los medios para solucionar la situación con los trabajadores, como así también realizar las inversiones y el pago de todas las erogaciones correspondientes para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones, respetando el carácter de la educación tal como lo establece la Constitución Nacional: pública, gratuita y laica. Cuando cualquiera de estas condiciones se vea afectada, ahí estaremos para defender la escuela que todos queremos”, advirtieron.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado realizó ayer asambleas comunitarias en toda la provincia “en defensa de la educación pública” y repudió “la contratación de empresas de limpieza en las escuelas, evidenciando la mentira que nos dicen ‘no hay plata’, la hay lo que no quieren es invertir en educación, la quieren gastar en empresas ineptas amigas del poder”.

En Bahía Blanca lxs estatales debatieron sobre los últimos decretos de la gobernadora Vidal, que “buscan reglamentar la profundización del ajuste en la provincia, dándole poderes a sus ministros y secretarios con facultades que eran del Poder Ejecutivo, pero la firma del decreto 230/16 no sólo delegó tareas, sino que allanó el camino para avanzar en despidos masivos, como sucede por estas horas en el Estado Nacional”.

“En materia de personal los funcionarios ahora tendrán atribuciones para ampliar suspensiones preventivas y disponibilidades relativas, otorgar licencias, disponer ascensos, traslados de agentes dentro de cada jurisdicción y consignar ‘calificaciones del personal'”, afirmaron e informaron que se mandató al Consejo Directivo Provincial de ATE a continuar el plan de lucha con un paro de 48 horas y asamblea en Consejo Escolar.

Se espera hoy una masiva adhesión al paro nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. En Bahía Blanca se concretará con una concentración en Plaza Rivadavia a las 10 convocada por SUTEBA, ADUNS, FEB y SADOP. Luego de un homenaje a Carlos Fuentealba y una clase pública a cargo de docentes universitarios, maestrxs y profesorxs marcharán al rectorado de la UNS y al Consejo Escolar.

“Las tizas no se manchan, la lucha continúa” advierte una de la consignas de la jornada que evidencia la impunidad política y material del fusilamiento del maestro neuquino Carlos Fuentealba ocurrido el 4 de abril de 2007 durante una protesta gremial contra el gobierno de Jorge Sobisch.

La secretaria de SUTEBA Bahía Blanca, Gabriela Delfino, dijo a FM De la Calle que “nada está resuelto en educación” y eso se manifiesta en el ámbito local en las numerosas falencias en infraestructura, los recortes en los comedores escolares, el fin del Plan Más Vida y la mala calidad de la lecha entregada por el municipio a los jardines. “Es como que vamos sumando cosas”.

Respecto a lo salarial, “en la provincia de Buenos Aires si bien hubo un acuerdo lo que no quedó escrito y que por los dichos del gobierno no se va a respetar es la posibilidad de reabrir la paritaria, vamos a terminar de cobrar lo acordado en septiembre, al nivel que se está dando lo inflacionario y los aumentos que vamos a percibir con el tema de la tarifa de los servicios, nuestro aumento va a quedar disminuido. El acuerdo que se hizo desde la CTERA para toda la Argentina, para que todos los docentes cobraran un mínimo de 8500 pesos tampoco se está pudiendo sostener”.

En Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza y Santiago del Estero los gremios docentes continúan en conflictocon sus gobiernos. “En dos de ellas están poniendo a prueba algunas cuestiones que nos preocupan, en Mendoza el Ítem Aula claramente es un retroceso y un ataque a los estatutos provinciales porque intenta unir el presentismo a la situación de tratar de dividir dentro de las escuelas lo que cobran los docentes. Quienes están a cargo de niños, dentro del aula, van a tener la posibilidad de cobrar más que aquellos que no lo estén”.

“Pero el aumento está ligado al presentismo, aquel docente que no falte durante determinada cantidad de días lo percibiría, por ejemplo, una docente que sale por licencia por maternidad no estaría en condiciones de percibir esta bonificación. En la provincia de Buenos Aires ya hemos tenido el tema del presentismo que ascendía en su momento a casi una tercera parte del salario total. Es un claro retroceso como derecho y no va a cambiar la calidad de la educación”, agregó Delfino.

La Unión Obrera de la Construcción informó que en Bahía Blanca y una decena de municipios aledaños la desocupación del sector alcanza a uno de cada cuatro trabajadores. Los despidos por la paralización de obras públicas y privadas llegan a 2100 aunque para el dirigente Guillermo Molina, el problema “trasciende lo numérico y la preocupación es que no se visualiza ninguna línea concreta de que esto se detenga y después se revierta”.

“Los compañeros nuestros están en cesación de pago, el salario al cual acceden es de público conocimiento que es realmente escaso, prácticamente si deja de trabajar entra en cesación de pago, no ya de cuestiones suntuosas sino hablamos de necesidades básicas, de comer, de vestirse, de la salud, de la vivienda, del transporte”, dijo a FM De la Calle.

Según un comunicado gremial, “en Bahía Blanca, están paradas obras de relevancia como es el caso del asfalto en Rega Molina 816 O la situación que genera una evidente contradicción, con una obra que implicaría la reactivación de 1200 puestos de trabajo, si se destrabara la postergación de la tercera turbina de la Termoeléctrica Guillermo Brown, en un contexto de anuncios nacionales en los cuales se declaró la crisis energética hasta el próximo mes de diciembre del 2017, pero se frenan las obras que podrían aliviar la crisis”.

“A este lógica inexplicable se suma otra obra energética parada, con 500 puestos de trabajo que se podrían generar si se reactivara la reparación de la termoeléctrica Luis Piedra Buena. Sólo por mencionar la situación en nuestra ciudad, pero esto como un efecto dominó, se replica en Cnel. Suárez, Carmen de Patagones, Pedro Luro, Mayor Buratovich y Tornquist, con obras de iluminación, cloacas, viviendas, escuelas y jardines que en muchos casos han sido postergadas o adjudicadas y no iniciadas”.

La frase corresponde a la vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel (PRO), y fue registrada en el acta de la sesión del miércoles a pedido del consejero Raúl López, en el marco de un debate sobre la calidad de la leche que el municipio entrega a las escuelas.

“Los chicos no la quieren tomar, tiene gusto feo, gusto raro, la han disfrazado con otras cuestiones como chocolate o mate cocido y sigue pasando lo mismo y ante eso nos llega una muestra de cada una de las marcas que está repartiendo la municipalidad (NdR: Quelech y Lechelista) y ayer en la sesión preparamos un vaso de leche para que cada uno determinara si era cierto o no lo que estaban denunciando. No lo puedo decir en mi caso particular porque hace años que no tomo leche, pero algunos consejeros que la probaron dijeron claramente que tenía un gusto distinto”, dijo López a FM De la Calle.

El maestro pidió “que le den a los chicos la misma leche que le darían a sus propios hijos, si son chicos que van a un comedor o tienen que tomar la leche en el establecimiento no tiene porqué ser de menor calidad que la de cualquier otro chico”.

Desde el Consejo se denunció semanas atrás el recorte de cupos por decisión unilateral del gobierno provincial aunque la situación fue negada por autoridades de Políticas Sociales. “Si nos dicen que no hay tal recorte y no hay ajuste y a su vez se proponen para hacer un refuerzo con leche y alimentos no perecederos es como que una cosa contradice la otra”, destacó López.

Respecto a los dichos de la vicepresidenta Perdriel, opinó que fue “una frase lamentable que marca un poquito el perfil ideológico de quien la dice, te podrás imaginar que eso causó un revuelo bastante importante dentro de la sesión, para que no quede como un dicho o un dime y direte dejé establecido que quería que quedara en actas textual lo que había dicho la consejera”.

“El hambre es un crimen”

leeche atePor su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado criticó “las prioridades de los funcionarios” que en el marco del conflicto gremial destinan “plata para contratar empresas privadas cercanas al gobierno, pero no para invertir en mejorar las condiciones de trabajos y tareas del auxiliar de limpieza en las escuelas. Salarios de hambre para los trabajadores provinciales, no quieren dar un aumento real y reducen la partida para los comedores escolares”.

Mencionaron que en el Jardín N°953 y en “muchas instituciones” que reciben la partida municipal de “Lechelista” dieron cuenta de su “aspecto intomable” y que “a los cinco minutos de hervirla se forma un engrudo de grasitud”.

“La desnutrición infantil y la mala alimentación sigue afectando a un gran porcentaje de nuestra infancia, por lo tanto el gobierno provincial, nacional y municipal no deben dejar de implementar políticas públicas para desterrar este flagelo”, advirtieron.

Uno en mil quinientos

lechelistaEl secretario de Políticas Sociales Fabio Pierdominici y su subsecretario Ignacio Caspe aseguraron que la comuna recibió sólo un reclamo sobre la calidad de la leche entregada a establecimientos escolares. “La realidad es que entregamos 1500 paquetes de leche a diferentes instituciones, no sólo educativas, y no tuvimos ningún otro reclamo formal. El único fue del jardín nº 953 de Ingeniero White”, explico Caspe.

El funcionario exclamó que “las condiciones de la leche que entregamos están aprobadas. La compra fue hecha por licitación, no es una leche exclusiva, ni fue una compra hecha para abaratar costos”, y continuó: “la leche se encuentra en las góndolas de los supermercados, la firma tiene más de 10 años de presencia en el país. Los valores nutricionales son los óptimos y no está vencida”.

Pierdominici, resaltó que “asumimos el compromiso de abastecer a los colegios mientras dure la coyuntura y la diferencia de cupos. Además, ya iniciamos un nuevo proceso de compra, de llamado a licitación, por un monto que pueda cubrir durante los próximos períodos la cantidad de establecimientos a los que les brindamos asistencia”.

Cristina Espina, titular de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, se refirió en FM De la Calle al paro de 48 horas que culmina este miércoles. “Si no somos convocados seguiremos en lucha, solo atenderemos las emergencias locales y de la zona como hacemos siempre. (…) Lo lamentable es que además de convocarnos tarde, no tuvimos ninguna oferta. Los agentes de la salud no estamos tenidos en cuenta, ni recomposición salarial obtuvimos”, afirmó.

Espina sostuvo que “queremos un 40% de aumento retroactivo a enero, que esté reajustado a la canasta familiar o a lo sumo que tengamos paritarias abiertas”. Además aclaró que “es difícil conseguir gente para guardias, estamos un 25% menos de sueldo con respecto al hospital municipal”.

Respecto a las condiciones laborales sostuvo que “pedimos mayor recurso humano y por supuesto que se haga frente a los problemas edilicios, por suerte no tenemos grandes problemas con los insumos. Aparentemente vendría el dinero para reparaciones de cañerías y demás, estos fondos se renovarían cada tres meses. Esta idea es buena, debe ser así, es de la única manera que sirva lo que se hace”.

Texto: Diego García. 

El Sindicato de Trabajadores Municipales y el gobierno comunal anunciaron el viernes que arribaron a un acuerdo salarial por seis meses que implicará una suba del 12% a partir de abril y un 9% en agosto, más un bono único por el mes de marzo de 800 pesos. La paritaria incluye también a afiliadxs a la Asociación de Profesionales de la Salud que se desempeñan en el Hospital Leónidas Lucero y las unidades sanitarias.

“Por suerte es un buen acuerdo, eso no solo desde mi puesto de funcionaria sino como empleada del municipio, fundamentalmente también que atento a la realidad del país lo mejor era -y así fue- arreglar no por año sino semestralmente”, dijo a FM De la Calle la secretaria de Gobierno, María Laura Biondini, y agregó que “era lo máximo que podíamos ofrecer sin comprometer el patrimonio municipal. Es un gran esfuerzo, y un poquito justamente para evitar también el impacto fue que se decidió pagarlo en agosto y no en julio el segundo aumento. Sobre el mismo agosto acordamos volvernos a sentar para negociar el resto del año”.

La funcionaria explicó que las empleadas y los empleados que al 31 de diciembre del 2014 tenían categorías otorgadas en carácter interino adquirirán la efectividad y que ochenta trabajadores pasarán a planta permanente según la antigüedad y sus “méritos”. Por otra parte, se regularizará la situación de los fallos de caja que cobran lxs cajerxs municipales y se recategorizará a empleadxs postergados.

En cuanto a la capacitación del personal, Biondini afirmó que “estamos trabajando fuertemente con el Departamento de Recursos Humanos y una asesoría especial y, por ejemplo, lo primero que se hizo es llamar a concurso los cargos de jefes de división, de departamento y de despacho que no se venía haciendo. Esto en un todo de acuerdo con el sindicato”.

En cuanto a los despidos, la secretaria comentó que están finalizando los últimos relevamientos de la plantilla, “atento que el decreto que se firmó establecía la revisión hasta el 31 de marzo, después de esa fecha vamos a dar el informe no solo del tema de empleo sino también del inventario de las delegaciones”.

El presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal, Daniel Quiroga, afirmó a FM De la Calle que el acuerdo con la comuna surgió luego de “una negociación prolongada y con compromisos de todas las partes. Seguro que no satisface las necesidades de los profesionales plenamente, pero de algún modo hay un segundo momento que empieza ahora, esta semana, que son las paritarias de monitoreo para charlar temas específicos de lo profesional”.

El gremio comenzó planteando la necesidad de un incremento del 40% en sintonía con CICOP, luego acompañó al Sindicato de Municipales con el 42% y cerró con un 22.1% acumulado para el próximo semestre. Quiroga manifestó que ahora se analizará el “recurso crítico para algunos lugares de los profesionales que trabajan en la parte de salud y todo lo que es el replanteo del escalafonamiento de los profesionales donde también se van a hablar de mejoras salariales de acuerdo a los años de antigüedad y al lugar o la función que estaba cumpliendo”.

“Recurso crítico es una figura que se creó ante la imposibilidad de cubrir la guardia o para incentivar el ingreso de profesionales al sistema, hoy por hoy creemos que se debe extender, era una cifra fija en su momento, ahora estamos charlando a ver si se convierte en un porcentaje. Tenemos grandes carencias y exigencias y nos vemos con dificultades muy importantes para que ingresen y se queden en el sistema público”, relató.

La APSM participó la semana pasada de una reunión convocada por la Comisión de Salud del Concejo Deliberante con diferentes actores del sistema para debatir sobre políticas sanitarias. Una de las conclusiones fue que “uno de los problemas más acuciantes es la accidentología”.

En ese sentido, Quiroga detalló: “Tenemos dos miradas, una es lo que está pasando, lo que causa la demanda, y lo otro es el sistema prestacional. Hay algo que se está empezando a mirar desde casi todos los sectores, tanto público y privado, que el recurso humano realmente es cada vez más difícil de conseguir. Entonces si esto coincide con el aumento de la demanda en accidentología o prevemos futuras complicaciones, como puede ser para los próximos años la aparición del dengue o situaciones similares, va a complicar seguro la salud de la ciudad”.

Desde este Colectivo de Trabajadorxs expresaron su “preocupación por el futuro del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario en que trabajamos”.

Son más de dos mil docentes y cerca de veinte mil niños y niñas “que participan y toda la comunidad de familias y barrios que forman parte del programa en todo el país”.

“Pese a los dichos de la directora entrante del área Socioeducativa del ministerio de educación y deporte de la Nación, María Pace, acerca de la continuidad del Programa, la mayoría de los docentes de Orquestas y Coros no tiene noticias acerca de los contratos correspondientes al año lectivo en curso y cuenta con salarios adeudados correspondientes a 2015 y 2016, situación que nos deja una incertidumbre absoluta respecto a la continuidad de esta hermosa y enorme propuesta educativa”.

La tarea es llevada a cabo bajo contratos precarios, relación de dependencia encubierta bajo la facturación como proveedores monotributistas, retrasos en los cobros, salarios con valores desfasados, sin reconocimiento de la labor docente que desarrollamos.

“En un contexto de creciente estigmatización y despidos en el área pública, cierre de Programas que garantizan el acceso a la cultura, salud y educación de todos los ciudadanos, desmantelamiento de las diferentes propuestas del área Socioeducativa, represión a los trabajadores que se manifiestan, el creciente desempleo; nuestra situación de precariedad laboral y la falta de noticias sobre nuestro futuro como docentes, nos deja aún más vulnerables y pone en duda la propia existencia de las políticas de inclusión”.

El Colectivo de Trabajadorxs exige la regularización en el pago de los sueldos adeudados. La continuidad y profundización del Programa, el reconocimiento y regularización como trabajadores de la educación, la inclusión en el Presupuesto Nacional y la continuidad de la coordinación Pedagógica Nacional.

Finalmente, lxs docentes expresaron que abogan por “educación pública de calidad, queremos seguir siendo parte de un Estado presente que no piensa que la educación y la cultura sean gastos, sino una inversión y herramienta de transformación social y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Queremos que haya cada vez más orquestas y coros, queremos que el Programa crezca y se multiplique. Y queremos ser parte de este crecimiento”.

Integrantes de los equipos técnicos del programa Envión mantienen conversaciones desde principios de mes con las nuevas autoridades municipales para garantizar la continuidad del programa y terminar con la precariedad laboral que padecen desde hace más de cinco años.

“En cuanto a la modalidad de contratación sigue igual, por lo tanto, la precarización se mantiene. Lo que hemos logrado obtener de la reunión, como saldo si se quiere positivo, es que ante el recambio de autoridades, obviamente estaba en nosotros la duda de la continuidad del programa como política pública. Bueno, el secretario (de Políticas Sociales Fabio Pierdominici) reconoció que es una política pública fundamental para el trabajo con jóvenes en la ciudad de Bahía Blanca y lo que planteó es que va a seguir”, dijo esta mañana a FM De la Calle, Clemente San Martín.

Son treinta profesionales -que deberían ser 42, siete por equipo en cada una de las seis sedes- que trabajan bajo la modalidad de contrato de obra que se renuevan cada cuatro meses, no perciben aguinaldo ni antigüedad y deben hacerse cargo de la cuota del monotributo e ingresos brutos. Los salarios son de aproximadamente seis mil pesos en mano con una carga horaria de cien horas mensuales. Si bien no se prometieron cambio a ese panorama, “sí quedó planteado que van a continuar las conversaciones y en el caso de que la provincia no se haga cargo, el municipio tomaría las riendas”.

“Ya lo hemos planteado el año pasado cuando comenzamos este reclamo, los que nos contratan es el municipio, firmamos contrato con el municipio, los que supervisan nuestro trabajo, inclusive hacen la selección del personal que entra es el municipio. Por lo tanto, desconocer su responsabilidad respecto a nuestra situación contractual para nosotros es casi una burla pero es un punto donde no nos ponemos de acuerdo”, agregó el licenciado.

San Martín afirmó que “no solo es una cuestión de reclamo laboral o de nuestra situación contractual sino lo que queremos, más allá de los nombres porque no es que regularicen mi situación o la de algún compañero puntualmente, obviamente los que hacen mucho tiempo que están, sino darle estabilidad a la política pública del programa Envión”.

“Muchos de nuestros compañeros a veces tienen que resignar continuar en este trabajo por otras cosas y con ellos se pierden experiencias, el contacto con los jóvenes, el vínculo que se puede haber creado que para el trabajo con adolescentes es fundamental”, concluyó.

La CTA Bahía Blanca – Dorrego rechazó “la decisión política que se apresta a votar el Parlamento para convalidar el pago a los buitres y dar inicio a otro ciclo de re endeudamiento de la economía nacional”. Asimismo, repudiaron “el mensaje extorsivo utilizado por el presidente Macri al presentar el pago como una necesidad sin la cual habrá más ajuste e hiperinflación” ya que quienes se sustentan a  través “de un salario o una jubilación ya estamos viviendo al ajuste con los despidos en ámbito estatal y privado, con el derrumbe del poder adquisitivo del salario por la brutal remarcación de precios y con el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

“A 200 años de la declaración de la independencia quienes voten la derogación de dos leyes, porque eso reclama un juez extranjero como Griesa, nunca podrán hablar en nombre de un país soberano porque viven de rodillas ante el capital financiero internacional”.

Para la central obrera, “el pago de la deuda a los buitres es una estafa cuyo origen está marcado por la negativa de los sucesivos gobiernos constitucionales a suspender los pagos de la deuda externa y realizar una investigación exhaustiva de la misma”.

En este sentido, la organización recordó que hay “477 ilícitos comprobados por la justicia argentina en el año 2000, ante la denuncia de Alejandro Olmos que fue convalidada por el fallo del juez Ballesteros. Allí se determinó el carácter fraudulento e ilegitimo de la deuda que se nos reclama y los sucesivos intentos de legitimarla a cargo de los políticos de los partidos mayoritarios”.

A su vez, recordaron que “el gobierno anterior pagó en 12 años, 190 mil millones de dólares y hoy la deuda pública está por encima de los 240 mil millones con la diferencia que ahora  la  deuda intra pública (con el Tesoro Nacional, ANSES) supera a lo que corresponde a deuda externa”.

De esta forma, reafirmaron “lo votado en todos los congresos de la CTA en cuanto a suspender los pagos de la deuda y realizar una investigación completa del origen de esta sangría de recursos públicos que determine responsables y beneficiarios nacionales y extranjeros de la misma”.

Comenzó el paro por 48 horas en la Universidad Nacional del Sur a partir de las resoluciones del último congreso de Conadu Histórica, federación que definió un plan de lucha nacional reclamando la inmediata apertura de las negociaciones que permitan un incremento salarial del 45%. Además de este miércoles y jueves, desde ADUNS se plegarán a las medidas anunciadas para el martes 29 y miércoles 30.

“La paritaria de 16 meses que nos desplazó del ciclo común de discusión de todos los estatales fue firmada, no por la Conadu Histórica, en el 2013. Hoy nuestra paritaria vence el 30 de mayo de 2016 con lo cual empezaríamos a discutir un salario a partir del mes de junio”, dijo a FM De la Calle Sergio Zaninelli, secretario general de ADUNS y gremial de la ConaduH.

La docencia universitaria, además de la apertura de paritarias, reclama la plena aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo en todas las Universidades Nacionales, derogación del impuesto a las ganancias, contra el ajuste presupuestario y en defensa de la educación pública.

Zaninelli afirmó que “si uno ve el nivel de adhesión a la medida de fuerza de hoy, claramente dejó de ser el paro exclusivo de los docentes de las escuelas medias sino que también hay un alto grado de adhesión en docentes de la universidad porque objetivamente ven que en estos primeros noventa, cien días de gobierno de Macri el ajuste al bolsillo, al poder adquisitivo de nuestros salarios, ha sido demoledor”.

Por otra parte, el congreso de ConaduH votó por unanimidad generar un encuentro con otras federaciones docentes, Conadu sería una de ellas, con la intención de coordinar un plan de lucha unificado y la redacción de un documento que describa la situación actual y los reclamos de toda la docencia universitaria y preuniversitaria.

“Se han iniciado gestiones de coordinación con otras federaciones, lo bueno es que Conadu ya ayer definió un paro de 24 horas el 30 de marzo, o sea que quizás es la primera vez en muchos años que la dos federaciones más grandes del país vayamos a un plan de lucha conjunto y eso también habla a las claras del grado de depreciación de nuestros salarios”, sostuvo el dirigente.

En tanto, las asociaciones de base de la Conadu Histórica confluirán mañana en la jornada contra la criminalización de la protesta y por la derogación del Protocolo anti piquetes lanzada por las Federaciones Universitarias de Buenos Aires (FUBA), La Plata (FULP), Comahue (FUC) y Patagonia (FUP).

Durante la tarde del lunes, autoridades de la Secretaría de Cultura de Provincia de Buenos visitaron Bahía Blanca. Tenían pautadas una serie de reuniones con los directores de los cuerpos estables de los Organismos Artísticos del Sur en las oficinas ubicadas en el edificio del Mercado Municipal (Ex Concejo Deliberante) y con delegadxs gremiales.

Sin embargo, a último momento comunicaron que las reuniones se realizarían en las oficinas del Instituto Cultural de Bahía Blanca, es decir, la esfera municipal.

Luego de las reuniones formales correspondientes, delegados de base y por los sindicatos se presentaron para ser escuchados. Por iniciativa de Luis Rojas, delegado de ATE por la Orquesta Sinfónica, asistieron legisladoras del Congreso Nacional y la edil local, Betiana Gerardi.

Por otra parte, con la intención de participar de este primer contacto de las autoridades con la realidad cultural de la región en materia de los Organismos Artísticos del Sur, estuvieron presentes la secretaria general de lxs estatales en la región, Viviana Marfil; el Secretario General de UMSur, Astor Vitali; el Sub Secretario del Interior Zona Sur de UPCN, Gustavo García.

Lamentablemente, la sub Directora de Cultura de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Ramírez, dijo a lxs presentes que sólo iban a atender a las personas que tenían en agenda.

Contrariamente a lo que trascendió en diferentes medios, entre ellos el diario local que tituló “Cultura: desde La Plata llegaron certezas”, las autoridades se atuvieron a escuchar a las personas que tenían agendadas, no abrieron su agenda a legisladores nacionales y locales que vienen trabajando en problema de un establecimiento propio para los cuerpos y no confirmaron presupuesto ni programación a esta altura del año.

Ante el planteo de la necesidad de reformar el decreto 47/16, que pone en una situación administrativa y orgánica inferior a la anterior a los Organismos Artísticos del Sur, Ramírez sostuvo que la norma “es inamovible”.

Frente este panorama, se hace inminente la profundización de la organización de los cuerpos y el reclamo de que se abra un canal de diálogo que escuche los reclamos concretos en torno de la reforma del decreto y la necesidad de un establecimiento propio.

Mientras, pocos días atrás, la gobernadora Vidal anunció inversiones por 590 millones de pesos en dos teatros de La Plata, Bahía sigue sin novedades.

Fuente: UMSur

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Si bien “es un ejercicio nuevo para este poder ejecutivo” el encuentro de ayer “no fue una reunión óptima y estuvo muy lejos de nuestras pretensiones” dijo a FM De la Calle el titular del Sindicato de Trabajadorxs Municipales, Miguel Agüero.

De esta forma, el mandato de más de “150 delegados” no tuvo eco en oferta que acercó el poder ejecutivo. La misma consta de un “11% en el mes de marzo y un 7 % en el mes de julio. Para nosotros es totalmente insuficiente”.

Por otra parte, el gremialista explicó que “se tomó la modalidad de hacer una paritaria corta. Esto estaría contemplando únicamente el primer semestre de este año”.

“Estamos terminando un trimestre con casi un 12 %” del aumento en el IPC, 1 punto por arriba de la oferta del gobierno municipal.

“Ayer el señor presidente salió a decir que si no se arregla con los holdouts terminábamos en una hiperinflación o un hiper ajuste. Yo no puedo cerrar una paritaria pensando en diciembre de 2016 por más que tenga clausura gatillo y paritaria: sería casi un suicidio”, agregó.

El año pasado el sindicato pidió el 40 % de aumento y obtuvo un 37. Este año, desde la organización gremial, llevaron la demanda del 42%.

A su vez, Agüero agradeció “la postura que ha tomado Héctor Gay al no haber despidos masivos” pero solicitan “que aumente la cantidad de pases a planta”.

El SUTEBA local, mediante un comunicado, dijo que ayer tomaron conocimiento de que “en Bahía Blanca se recortó el cupo en los comedores escolares 30%”.

Se trata de “un número frío, pero que detrás esconde niños/as y jóvenes que se quedan sin comer. Aún no sabemos a ciencia cierta cuantos alumnos bahienses se verán afectados por esto, pero seguramente son muchos que, necesitando hacerlo, dejaran de recibir un plato de comida”.

A su vez, la organización calificó la medida como “una decisión inhumana, que no corresponde a ningún relevamiento previo, por lo tanto también arbitraria”.

“El Estado Provincial paga solo $6,30 por alumno en concepto de almuerzo y 2, 60$ por desayuno o merienda. Este monto no se ha aumentado desde el 2014”.

La organización informó que “este año iniciamos las clases con un panorama donde muchas familias de los sectores populares no han podido adquirir útiles y zapatillas para que sus hijos concurran a clases. En los comedores los chicos pedían repetir las raciones porque se evidenciaba que tenían hambre”.

“En este contexto, sin consulta alguna, la Dirección del Servicio Alimentario Escolar (SAE), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, tomó esta decisión. O sea, se ‘ahorra’ (mejor dicho AJUSTA), sobre quienes menos tienen”.

Desde SUTEBA rechazaron la medida y exigen que o haya “ningún recorte en los comedores, incremento en las partidas por cupo y aumento de los cupos en los comedores”.

(Por Jorge Cardelli y Julio C. Gambina)

I

El ataque a los derechos de los/as trabajadores/as es una política explícita y deliberada del gobierno Macri, en los marcos de la profundización de la dependencia, por lo que es necesario discutir qué tipo de Central necesitamos.

A más de dos meses, las medidas anunciadas son claramente a favor de las empresas más concentradas y monopólicos: devaluación que no cesa y por ahora en torno a los 16 pesos por dólar (70% desde los 9 pesos por dólar); quita de retenciones que favorece a los exportadores y agrava el déficit fiscal; acuerdo con los fondos buitres en camino y con incremento de la deuda pública por lo menos en 15.000 millones de dólares; sumados a otros préstamos por 5.000 millones de dólares.

Parte de las medidas son los despidos de estatales y la habilitación a cesantías y suspensiones en el sector privado; la burla de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y tirar las reformas impositivas hacia adelante; desfinanciamiento del Estado para agravar la crisis fiscal y así fundamentar el ajuste. Situación agravada con la presentación y aplicación del protocolo de represión en el marco de la vigencia de la ley antiterrorista y la criminalización de la protesta.

La inflación en curso es expresión de la impunidad de los fijadores de precios y la respuesta del gobierno se concentra en política monetaria restrictiva ejercida desde el BCRA y búsqueda de deuda pública por el Ministro de Economía. Mientras tanto, la carestía la sufren los de abajo, los sectores de menores ingresos que somos la mayoría de la sociedad. El tarifazo energético es expresión del traslado de la crisis inflacionaria sobre el pueblo.

Para nosotros, compañeros afiliados a la CTA Autónoma, es un momento para profundizar nuestro carácter de Central clasista, anticapitalista y antiimperialista.

Es un momento para más unidad y más  debate fraterno sobre el momento y los desafíos políticos. El mayor desafío que tenemos es promover la unidad del Movimiento popular. Para esto es clave la unidad de nuestra Central. Por eso sostuvimos el paro de ATE y otras organizaciones sindicales del 24/2 y promovimos la máxima unidad de acción posible para enfrentar el ajuste en la nueva situación generada desde el gobierno Macri.

Las/os trabajadoras/es somos los creadores de la riqueza social que es apropiada fundamentalmente por los sectores más concentrados del capital local y por el capital imperialista. Por lo que no solo se trata de disputar las orientaciones políticas al gobierno Macri, sino al poder económico, político y social de las estructuras del capitalismo mundializado de los monopolios.

II

Resulta imprescindible discutir el modelo de organización de las/os trabajadoras/es. El régimen capitalista se ha modificado sustancialmente en el último tiempo, desde la ofensiva neoliberal de los centros imperialistas del capitalismo a partir de la crisis mundial de los 70´. En nuestro país promovió la Dictadura Genocida del 76 cuyas consecuencias se proyectan hasta nuestros días, por lo que ante este 40° aniversario del golpe promovemos la organización de iniciativas de movilización unitarias que articulen al movimiento popular.

El principal motivo del terrorismo de Estado apuntó a debilitar al movimiento obrero, su lucha y su organización. La propuesta era desorganizar y desarticular al movimiento gestando salidas individualistas, acompañadas de flexibilización laboral, salarial, precariedad y variados procesos de tercerización y fragmentación de la condición laboral.

Este proyecto continuó con el menemismo en los 90 y contó con la complicidad de muchos dirigentes sindicales. Ante eso nos propusimos responder en 1990 con un nuevo modelo sindical y no dudamos en confrontar con el unicato hegemónico de la CGT. Fuimos por la organización de una nueva Central, que además de desafiar los límites del posibilismo y el sindicalismo de negociación, tuviera como horizonte la autonomía y la libertad y democracia sindical.

El posibilismo fracasó en todo el mundo y destruyó la rica tradición combativa del movimiento obrero, subordinando la estrategia de la clase obrera a la ofensiva capitalista.

Más que nunca debemos orientar nuestro accionar desde los intereses y las necesidades de las/os trabajadoras/es, rompiendo las fronteras de lo posible e imaginando las condiciones de unir al conjunto de la clase, gran parte de la cual está fuera de los sindicatos.

Nuestra respuesta fue y es hacia el conjunto de las/os trabajadoras/es y por eso no somos Central sindical y si una Central de trabajadoras y trabajadores.

III

Necesitamos discutir porqué ganó Macri y su coalición para entender la etapa que nos toca enfrentar.

El gobierno obtuvo votos sustentados en el deterioro del consenso electoral al kirchnerismo, y que este espacio político no reconoce ni errores ni limitaciones de su proyecto que abrió las puertas al gobierno Macri.

Más aún, algunos buscan chivos expiatorios en quienes fuimos críticos en estos 12 años previos, desde la lucha por la democracia y la libertad sindical, en la búsqueda de la construcción de un nuevo modelo sindical que imaginamos con la CTA en su fundación.

Por eso es que el momento actual acrecienta nuestra definición por un nuevo modelo sindical, sustentado en la libertad y la democracia en nuestras organizaciones, que tienen que abrir las puertas a todas y todos las trabajadoras y trabajadores, inclusive a los movimientos sociales, a Pueblos originarios y organizaciones de defensa de derechos ambientales, civiles, de consumidores, etc.,  y no cerrarse corporativamente como reclama el viejo sindicalismo.

Pensamos que es momento de fortalecer al sindicalismo y especialmente a la Central en el carácter de expresión necesaria de la convocatoria a las/os trabajadoras/es en momentos de extensión de la informalidad y la súper explotación de la fuerza de trabajo.

En ese marco, sostenemos que la unidad de acción no es nueva, ni de la última etapa, sino histórica en el movimiento obrero local y mundial. Ahora debe privilegiar articulaciones de nuestra Central con otras organizaciones sindicales y con los movimientos populares. La unidad propuesta con la CTA de los trabajadores es en la lucha y no supone planteos de unidad orgánica.

La unidad de acción tiene años de existencia y no se la puede apropiar nadie y menos expropiando el contenido decidiendo arbitrariamente a quienes se excluye y a quienes no de la actividad unitaria.

Nuestros debates en la CTA están asociados a la caracterización del presente, pero también a un balance de estos 12 años, de la crisis del 2001 y en definitiva de la ofensiva de los centros imperialistas del capitalismo en 40 años desde el golpe de la dictadura genocida. En año del bicentenario de la independencia recuperamos la lucha de los pueblos originarios y de todas las generaciones que propusieron alternativas soberanas contra toda forma de dominación.

Somos conscientes que los motivos que nos convocaron a conformar la CTA siguen vigentes y que no es tiempo de refugiarse en las organizaciones sindicales, por muy grandes que ellas sean o crean ser. Lo estratégico es la CTA, su nuevo modelo sindical y la pretensión de articular un bloque popular amplio en la perspectiva histórica de la lucha por la emancipación social.

IV

El gobierno Macri promueve la función esencial del Estado capitalista por las ganancias, la acumulación y la dominación en condiciones de crisis mundial del capitalismo, que integra las diferentes dimensiones: alimentaria, energética, medio ambiental, económica, financiera, civilizatoria.

Por eso el gobierno Macri se muestra amigable con el imperialismo y los principales jefes de Estado del capitalismo mundial, tanto como con los principales dueños y ejecutivos de las transnacionales de la producción y los servicios, especialmente la banca, a quien se le apunta como muleta para sustentar este momento crítico del capitalismo local y global.

Su propuesta se asienta en los cambios regresivos construidos desde hace 40 años y no modificados esencialmente en tiempos constitucionales, aún con el discurso crítico al neoliberalismo de estos últimos años. Por eso alentamos una gran movilización unitaria para este próxima 24/3 en repudio al golpe genocida y sus consecuencias sobre nuestro pueblo, y muy especialmente contra la ley antiterrorista y el protocolo de la represión.

Desde la concentración y extranjerización construida en estos años y profundizada en la actualidad, pretenden ir por más en la consolidación del modelo productivo, de desarrollo y consumo, basado en el agro-negocio, saqueo de nuestros recursos naturales y súper-explotación de los trabajadores. Ello nos convoca a discutir y disputar consenso sobre otro modelo productivo y de desarrollo, para lo que es imprescindible la fuerza de los trabajadores y en consecuencia alentar el nuevo modelo sindical propuesto de nuestra CTA. Nuestro programa es el de la soberanía popular y ante la crisis alimentaria y energética sostenemos la propuesta de la soberanía alimentaria y energética, por los derechos a la alimentación y la energía.

La cuestión no es macrismo vs. kirchnerismo como estas fuerzas pretenden instalar. El Kirchnerismo se asume como el límite de lo posible y el macrismo como el “gran cambio”. Así se constituyen como par binario que disputa todo el espacio político. Nosotros pretendemos ir más allá, construir una verdadera propuesta política alternativa e irrumpir con decisión y voluntad en la disputa del espacio político.

Nuestro desafío es la autonomía del movimiento obrero, por eso la unidad de acción contra el ajuste y la promoción de la lucha anticapitalista. La autonomía es uno de los pilares en materia de principios desde la fundación de la CTA. Es autonomía de los gobiernos, de las empresas y de los partidos políticos.

Estamos desafiados a romper ese carácter binario de la política institucional expresado en las elecciones de noviembre del 2015. El proyecto alternativo emerge más allá de la polaridad macrismo y kirchnerismo.

Pretendemos partir de lo reivindicativo concreto para disputar consenso social para otra sociedad contra y más allá del capitalismo y sus estructuras de dominación imperialista.

Nos proponemos la participación activa de la Central y el movimiento popular en la toma de decisiones, en el Consejo del salario, el empleo y la productividad, que sigue siendo un objetivo fundamental de nuestra CTA Autónoma la lucha por un Pueblo sin Hambre y sin Pobreza; la recuperación de las instituciones de la seguridad social y previsional, así como el protagonismo en todos los espacios que están asociados a la vida de las/os trabajadoras/es y de los pueblos originarios.

Aspiramos a una sociedad que privilegie el interés de la mayoría contra todo intento de reposicionar el libre comercio, aspiración sostenida desde el derrotado ALCA y que ahora se manifiestan en los acuerdos del Mercosur con Europa o la Alianza del Pacífico. Son todas formas de privilegiar el interés de los grandes capitales hegemónicos del sistema mundial.

Nosotros estamos por instalar la consigna de que otro mundo es posible, y por eso luchamos y nos organizamos por la reforma agraria, la defensa y promoción del hábitat asociado a la autogestión, como a todas las demandas sustentadas desde el movimiento popular.

Sustentamos la iniciativa de luchar por construirnos como sujetos para el cambio y al mismo tiempo construir el programa articulador de todas las proposiciones que constituyen al movimiento popular. Será esa nuestra contribución a la construcción de alternativa.

Desde la reivindicación por la participación en la toma de decisiones y nuestra convicción por discutir el modelo productivo de consumo y de desarrollo, es que nos proponemos ir más allá en la disputa del poder.

V

Convocamos a recuperar los sueños y la imaginación creativa de los 90´, que nos otorgó en la CTA la mística de la disputa del poder y nos presentó en sociedad como expresión de una nueva institucionalidad popular.

Debemos analizar críticamente lo que hace dos décadas nos permitió romper con el unicato sindical y luego, con la iniciativa del poder se promovió la división política y orgánica de la Central.

Hoy estamos desafiados, como en los inicios de los 90´ para pensarnos críticamente y definir una amplia política de alianza en la lucha contra el Estado capitalista y el poder empresario del capitalismo, siempre desde la autonomía de gobiernos, patrones y partidos.

No se trata solo de un análisis nacional o local, sino que es un desafío mundial y que también discute el movimiento obrero. Están los que defienden el viejo modelo sindical desde la lucha por lo posible y los que se definen en una amplia unidad de acción para intentar lo imposible en la lucha de la clase obrera contra el capitalismo y el imperialismo.

Debemos continuar y profundizar nuestra política de unidad y lucha con diferentes organizaciones y movimiento sociales en un sentido multisectorial. Y en este plano ratificar la vigencia del programa de los 33 puntos elaborados  por la Multisectorial que integra nuestra Central.

Por eso debemos retomar el espíritu originario de la Central, relativo a la autonomía de todas las centrales internacionales del movimiento obrero y promover sólidos vínculos con todas las centrales y sin la asociación a una en especial, lo que se manifiesta en el espíritu que compartimos en el Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA.

La agresión del gobierno Macrí es fuerte. Es tiempo de respuesta en unidad de un amplio movimiento popular que fortalezca a la CTA como núcleo organizador de la ofensiva que necesitamos para superar el momento y construir el poder del pueblo.

Los dos sectores en que se expresa la CGT en Bahía Blanca llegaron a un acuerdo respecto de que “el próximo titular de la Delegación del Ministerio de Trabajo en nuestro medio, debe provenir de las filas sindicales”.

A través de un comunicado, esta central obrera informó que solicitaron “una urgente reunión al intendente Héctor Gay para terminar de definir al sucesor de Carlos Moreno”.

El abogado y dirigente de La Bancaria, Walter Larrea, es una de los dirigentes “de consenso” que estas organizaciones sindicales proponen para ocupar el cargo.

Al respecto, Larrea dijo a FM De la Calle que “es un espacio de contención y de garantía de los derechos de los trabajadores en el marco de la conflictividad y me atrevería a decir inclusive de la prevención ante las eventuales diferencias que pudieran surgir. Llegado al caso del conflicto el Ministerio tiene la función de velar por el sector más desprotegido”.

“El tema es que desde los gremios estamos planteando que, por esta características de la naturaleza de la delegación ministerial, no es lo mismo la presencia de un funcionario, profesional o no, que se erija como una suerte de tercero imparcial” a que el lugar sea ocupado “por una persona representante de los sindicatos”.

Así lo informó Oscar de Isasi, Secretario General de ATE Y CTA Autónoma bonaerenses. Participarán de la jornada de protesta las organizaciones gremiales de trabajadorxs del estado que se encuentran dentro de esa central.

El paro convocado por ATE, AJB y CICOP, y al que adhieren trabajadorxs de la legislatura y docentes, rechaza de plano el 15% (5% + 10%) de aumento propuesto por el gobierno provincial, pide por el fin de los despidos, el pase a planta permanente de los precarizados y la reincorporación de los trabajadores.

“Para las mayorías de las organizaciones sindicales sigue el conflicto por la disputa salarial, ya que hemos rechazado de plano la última propuesta hecha por el gobierno provincial, que ronda el 15% en el mejor de los casos de marzo hasta junio, pero todavía está muy lejos del porcentaje para recuperar el nivel adquisitivo del salario. Además, sobre las categorías más bajas es menor a ese 15%, unos 1000 pesos de aumento, que rompen con esa equidad que habíamos conseguido fruto de la lucha, con los salarios más bajo de los trabajadores ingresantes de distintas leyes. Además, discrimina sustancialmente al conjunto de los trabajadores estatales del aumento que se les dio a los docentes”, dijo el dirigente al servicio de prensa oficial de la entidad gremial.

Por su parte, la titular de ATE Bahía Blanca, Viviana Marfil, ratificó la medida y dijo a FM De la Calle que “esto es totalmente insuficiente. Los trabajadores estatales, la línea más baja que representa al 70 % de los trabajadores, están bajo la línea de pobreza según un estudio de mercado de Bahía Blanca que dice que el sueldo debería ser de $9000”.

Respecto de las condiciones de trabajo y el estado de las negociaciones en tal sentido, Marfil sostuvo que “no hubo ningún tipo de modificación. Las escuelas siguen en el mismo estado. No siguen el protocolo que corresponden. En el Hospital Penna lo único que se está haciendo es arreglar la sala donde se encuentra el tomógrafo pero todavía no se puso mano en el tomógrafo y en todos los otros ámbitos del estado está pasando lo mismo”, finalizó.

Foto: ATE Buenos Aires

El Secretario de Finanzas de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Guillermo Molina, habló con FM De la Calle sobre la problemática de los sectores industriales y obreras de la ciudad.

“Tuvimos un par de reuniones interesantes en el municipio. El intendente, Héctor Gay, nos explicó las intenciones de realizar obras públicas, cosa que nos parece muy bueno. Pero la realidad sabemos que no es definitivo: el problema es el salario de la gente que repercute directamente en nosotros”, remarcó.

Hasta el momento se realizaron dos reuniones. “En la primera concurrieron por el ejecutivo el secretario de obras públicas, Manrique, un concejal en representación de la comisión de obras del Consejo Deliberantes, colegios, gremios y empresas. Ya en la segunda, además de estas personas, se convocó a los legisladores de los tres niveles con pertenencia territorial a Bahía Blanca y a la sección”, explicó.

Además destacó que “hay interés que definen las condiciones de trabajo. El intendente dejó de entrever algún anuncio de obra para la ciudad en un largo plazo”.

Con respecto a esta problemática señaló el trabajo de seguimiento que lleva a cabo el gremio, “más allá de los números que arrojamos, hay un gran párate”, haciendo referencia al peligro de unos 1500 puestos laborales en la región.

El secretario gremial resumió la situación con los empresarios locales. “De las empresas y de la cámara se sumaron al debate, a nadie le conviene esta mala situación. La ventaja que tienen los empresarios es que pueden abaratar costos, tienen muchas maneras. Ahora, el trabajador si no trabaja no gana plata, si no tiene plata no come. Se está intentando crear un ámbito para tratar el tema de la desocupación”.

Respecto de la inminente designación de un delegado en el Ministerio de Trabajo, el dirigente obrero reconoció que se trata de “puestos políticos” pero que, desde hace algunos años “se ha logrado que este un trabajador en el puesto de delegado y esto nos encuentra en buena posición porque las cosas se nos hace más ágiles. Arrigoni y ahora Moreno están realizando una excelente tarea”.

A la espera de una resolución, la CGT advirtió que espera ser consultada.

“Nosotros desde el gremio estamos en permanente alerta y preocupación. Estamos empezando a ver este espiral diabólico: es la resultante de la desocupación, la falta de obras y la pérdida del poder adquisitivo. Sabemos que comenzó a bajar y las consecuencia que puede pasar con esto”, finalizó.

Texto: Diego Garcia

 

 

 

Así definió la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego al fallo del juzgado en lo Correccional Nº3 de Bahía Blanca, a cargo de la Jueza Susana Gonzalez La Riva, en el marco del juicio oral contra 5 trabajadores que tomaron en 2012 el frigorífico Villa Olga.

“Se consumó un atropello contra el legítimo derecho a la protesta social de los trabajadores. En la sentencia se condena a uno” de ellos, “Hugo Cartagena y se absuelve a los otros cuatro acusados. Se le imputa al trabajador el delito de ‘usurpación’, al tiempo que se restituye la propiedad del frigorífico a la familia Siracusa”.

Para el abogado de dos de los trabajadores criminalizados, Claudio Lofvall, el juicio “nunca debió haber llegado al ámbito penal ya que se trata de un conflicto que debía dirimirse en la justicia laboral”.

A través de un documento, la CTA recordó que “en el 2012 la legislatura bonaerense votó una ley que lo declaraba de ‘utilidad pública sujeto a expropiación´. En aquel momento se hizo un acto en las puertas del frigorífico con la presencia de los diputados del FpV Sonia Larraburu y Marcelo Feliú y se hicieron promesas de reactivación. Las mismas nunca se efectivizaron ni tampoco se concretó la expropiación. Ahora bien, en todo esto, los trabajadores no tienen responsabilidad alguna. Llama la atención que nadie del sector político que impulsó la ley estuviera en el juzgado”.

Criminazliación de la proyesta

Para la CTA, “la sentencia sienta un precedente en tanto criminaliza la decisión de 187 trabajadores despedidos en el 2012 de defender sus puestos de trabajo ante el vaciamiento patronal”. Además, el texto expresa que “en un momento en que se producen despidos tanto en el ámbito estatal como el privado, la justicia produce un fallo por el cual inclina claramente la balanza a favor de las patronales”.

Para la fiscal Olga Herro, según se puede escuchar en el audio extraído de una entrevista otorgada a este medio, no había ningún conflicto laboral que justifique la toma y se mostró únicamente abocada a observar el delito de usurpación sin contemplar el contexto en el que se llevó adelante la medida de fuerza. En este sentido, la central sostuvo que “usurpación es apoderarse injustamente y de forma violenta de una propiedad o de un derecho que pertenece a otra persona. Los trabajadores no se apoderaron de nada ni utilizaron la violencia. Frente a una patronal que primero los explotaba obligándolos a asociarse a una cooperativa fraudulenta y luego los despedía y comenzaba a llevarse las máquinas de trabajo para vaciar la planta acordaron conjuntamente la defensa del trabajo”.
Enrique Gandolfo, referente de la CTA regional, dijo a FM De la Calle que “nosotros hablamos de una justicia direccionada en este caso desde la fiscalía y convalidad por la jueza en el sentido de que hay una justicia que se saca la venda, abre bien abiertos los ojos y decide con una mano premiar a los empresarios, le devuelve la propiedad que había sido declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación y por otro lado castiga a los laburante”.

“La fiscal, cuando habla de los trabajadores, habla de esta gente. No es gente como ella”.

Reforzando lo antedicho, el dirigente que estuvo presente en los pasillos palaciegos contó que, mientras esperaban la lectura del fallo, “a dos metros de los trabajadores estaba la familia Siracusa (dueños de la firma). Pasa la fiscal: abrazos, besos con la familia, con la abogada. Un rato después la sentencia le da la razón a la patronal”.