Se cumple el sexto aniversario del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso. Días atrás, el Ministerio Público Fiscal anunció el pase de la causa al Departamento Judicial de Azul, luego de que varios fiscales se excusaran de participar en la investigación. Aún no hay ningún imputado por el crimen de la joven.
“Son dos causas, la 1 y la 2. La 1 es la que está desde hace 6 años, la que no tiene movimiento desde hace un año y medio, el último fue la recusación de (Jorge) Viego que no se llegó a formalizar por el Covid. Me denuncia a mí y se va de la causa”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia Moscoso, Leandro Aparicio.
“En esa causa, la última medida de prueba que hay, después que lo pedimos hace 4 años, le hicieron un oficio a Facebook y Facebook no dice el contenido del mensaje sino las últimas 3 personas con las que chateó: con su tía, con su mejor amiga y con un patovica del boliche de Dichiara, no con el del boliche al que ella fue a bailar si no con otro”.
Aparicio comentó que desde la justicia “no hicieron nada, ni fiscales ni el procurador. La causa con toda la información está hoy en Tandil, que depende la Fiscalía de Azul, llamamos a la Fiscalía y nos dijeron que están viéndola”.
Por otro lado, mencionó que “la causa 2 en la cual denunciamos el encubrimiento, le agregamos la foto del patovica, le agregamos la foto del comisario Maldonado y Zamora apretando a los bomberos para que borren la foto de un lugar a una cuadra donde fue plantado el cuerpo. Zamora está apartado por el abuso de 3 mujeres, Maldonado está jubilado”.
El fiscal de Azul llamó a declarar a algunos testigos. “Está citando a las personas con policía de la provincia cuando está denunciada. Nos oponemos a que vayan 300 kilómetros por sus propios medios. Llegó la pandemia y se paró. Empezamos a pedir explicaciones, nos dijeron que la causa se había pedido desde Bahía. Ahora están citando de nuevo a los mismos testigos”.
Agregó que en “esa causa no estamos constituidos como particular damnificado, nos presentamos en Azul y la jueza dijo esto tiene que ir a Bahía y en Bahía se excusaron los 5 camaristas penales. No le aceptaron la excusación (Gustavo) Barbieri y (Guillermo) Soumoulou y volvió a la sala de ellos para que nos digan que somos particular damnificado y ahí podríamos presentarnos en la causa 2”.
El abogado explicó que el plan es concurrir con el tío de Katherine, Ezequiel Moscoso, “sentarnos con los fiscales de Azul para preguntarles por dónde va la investigación. Estamos insistiendo que la Comisión Provincial de la Memoria nos acompañe a plantear reclamos internacionales. Después de 6 años con una complicidad advertible en el expediente, le mandamos mail a todas las comisiones de mujeres, género, diversidad, discapacidad, nadie nos contestó, el Estado está interpelado y estamos en condiciones de decir que acá en Argentina en este caso se han violado todos los derechos”.
“Lo más importante que tenemos es con quien se comunica Kathy a las 5:30 de la mañana y es un patovica. No lo llamaron a declarar, me denunciaron a mí. Eso lo va a tener que explicar el dr. Viego, por qué no realizó medidas de prueba sobre esa persona luego de que se la pedimos expresamente”.
Por otro lado, cuentan con “el testimonio de 3 policías, que fueron a investigar y dicen que Cordi les dijo “vos no te movés de acá y si algún comisario te llama me avisas primero”. Otro que dice que Pérez, el comisario que permitió que mataran a Canini, le dijo “vos pelado te movés del patio y te meto 8 días de suspensión”, ese inspector dice que a otros policías les avisaron: ‘ese es tu coche, sacálo porque se va a pudrir todo'”, en referencia a los incendios ocurridos una vez conocida la aparición del cuerpo de la joven.
“A Canini lo linchan porque la policía no lo protegió, este Pérez le dice a la gente, según declararon 4 personas, “ahí lo tenés, agárralo que se te escapa”. Hay 3 policías que dicen ‘a mí me apretaron para que no investigue’. Eso se lo dicen al fiscal Long y se lo comunican al fiscal Fernández. Siguen avanzando e imputan a Daiana, una amiga de Kathy, una chica discapacitada. Eso no resiste ningún análisis”.
También señaló que a “los inspectores del centro del monitoreo, que podrían haber visto lo que pasaba por las cámaras, los amenazaron personalmente en un Bora a las 8 de la noche, antes de los incendios y del linchamiento, y después los llaman a través de un handy y los amenazan”.
Po último, enfatizó que “tenemos también las contradicciones de los patovicas y del dueño del boliche Arenas, Martín Fernández. También está el papel de los policías, que siguieron órdenes, bajó Aníbal Fernández, vino el ministro Casal. Este encubrimiento fue posible por el poder político que tiene Dichiara. No me cabe duda que fue una inteligencia de ese quilombo que sirvió para tapar el crimen de Katherine Moscoso”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/moscoso-katherine.jpg?fit=1366%2C765&ssl=17651366FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-05-23 03:47:202021-05-23 03:47:21Kathy Moscoso: 6 años de impunidad
Ante el fracaso de la mediación con las empresas que contaminan el estuario bahiense, la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría reclama avanzar con el juicio y citar a indagatoria a gerentes y funcionarios.
“Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. (…) Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar”, dijo a FM De la Calle el abogado Luis Arellano.
La semana pasada la Cámara Federal revocó una serie de acuerdos individuales entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de las firmas investigadas y reprochó la demora de más de una década que lleva el trámite de la causa. Horas después, Martínez planteó a la jueza Gabriela Marrón que quedó “claramente en crisis” su continuidad en el caso.
Para el representante de los pescadores artesanales, con las resoluciones de la Cámara Federal “se abre una nueva instancia para ver si de una vez por todas podemos, todas las partes involucradas, sentarnos en una mesa común a discutir este tema y no jugar a las escondidas”.
“El motivo fundamental por el que habíamos apelado –los acuerdos con las empresas- era porque se habían hecho a espaldas de la parte querellante. Es el primer argumento que tiene en cuenta la Cámara. Después hay otros, la falta de un adecuado control técnico, el no citar a los peritos, decir que intervino la UFIMA, la oficina fiscal especializada en temas ambientales, que se dice que fue consultada y no es cierto”, detalló.
¿Falta un análisis técnico serio respecto a lo que propone cada una de las empresas?
El estuario no es un ambiente sencillo y los aportes contaminantes tampoco lo son, entran aportes cloacales e industriales. No se puede resolver atomísticamente con cada uno de ellos como si fueran una isla y no tuviera nada que ver con los demás. Hay que hacer un estudio de cómo cada actividad de las empresas contribuye a un mejoramiento global. No se puede hacer individualmente.
¿Para la Asociación de Pescadores cuál el camino que debería seguirse a partir de estas resoluciones de la Cámara?
Establecer una línea de base, que ya está bastante bien establecida por la pericia de la FAUBA y la Policía Federal Argentina, y lo que hay que hacer para revertir este proceso es evitar estas emisiones, bajar la carga contaminante o eliminarla como establece la Ley de Pesca, dice que está prohibido arrojar sustancias nocivas a las aguas, no hay ningún guarismo, es cero, no se pude arrojar sustancias nocivas al estuario. Eso hay que revertirlo.
Va a tener que ser un proceso, que va a llevar varios años hasta que podamos lograr que los aportes de residuos al estuario sean inocuos para la biología marina. Eso es un proceso que requiere aporte de técnicos de primer nivel, han sido dejados de lado acá el organismo ambiental de la provincia, el organismo del agua, el Comité Técnico que tiene gestión en Bahía. Tenemos que volver todos en un trabajo muy complejo, en una misma mesa, con un soporte técnico científico adecuado para establecer un plan que involucre a cada cosa y saber cómo interactúan.
¿De aquella mesa ordenada por la Cámara Federal a estos acuerdos anulados no hubo nada en medio?
Lo que pasó fue que el fiscal, con muy buena voluntad, intentó juntar a las partes varias veces después de esta medida cautelar. Luego sobrevino a la pandemia, tuvimos varios zoom donde comparecimos la Fiscalía y la querella, las empresas estaban invitadas a participar y no vinieron ni a uno. Salieron corriendo a la noche, hicieron un documento de 4 o 5 carillas diciendo cómo iban a arreglar ellos el estuario y lo presentaron para evitar que la causa siga avanzando, el camino es el llamado a indagatoria y, por otra parte, es mi visión, frenar la causa civil que los va a condenar a reparar. Es otro punto que no tienen en cuenta las homologaciones que están siendo revocadas. No se tiene en cuenta la reparación.
Aparte de tener la voluntad de no seguir cometiendo el delito hay que reparar los efectos. Pueden tener su mejor buena voluntad de dejar de verter sustancias nocivas al agua, han dicho durante 30 años que no vierten pero ahora vienen a decir vamos a mejorarlos, ¿en qué quedamos?
Por otra parte, un punto que muchas veces está en tela de juicio, dicen la Cámara y los abogados piden una reparación de perjuicios suponiendo que pedimos plata para los pescadores o para alguien. Lo que hay que conformar en realidad es un fondo de reparación ambiental que tiene que ser destinado a beneficios comunitarios, a un fideicomiso, a la Municipalidad. Esa es la reparación que se exige.
Sí existe en la causa civil en la que los pescadores piden que se los indemnicen por la merma de la pesca, están en todo su derecho, no es ningún pecado al reclamar la indemnización de un daño.
Otro punto que destaca la Cámara es el que da cuenta de la demora de la causa de más de 10 años incluso de la demora de la cautelar. ¿Qué significa la última parte que dice que “es dable señalar que la ejecución de la medida cautelar no suspende el proceso principal por lo que sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”? ¿Tiene relación con la falta de respuesta de las empresas a las convocatorias a buscar soluciones?
No, porque eso sería parte del acuerdo. Lo que está diciendo la resolución es que los juicios penales tienen como destino obtener sentencia condenatoria o absolutoria. Nosotros queremos una sentencia condenatoria, que se condene a los responsables a una sanción penal. Ahí tiene que apuntar este juicio.
En estos dos años que estamos dando vueltas con este acuerdo, hemos presentados distintos escritos al juzgado penal diciendo “señora jueza la causa no está suspendida y el siguiente paso por la prueba que se ha recolectado es citar a indagatoria a los responsables”. Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. A partir de la indagatoria se dispara el derecho de los eventuales delincuentes de defenderse. Las empresas no han podido acceder al expediente hasta ahora y no va a ocurrir hasta que los citen a indagatoria. Es una garantía constitucional. Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar.
Respecto a la prescripción, ¿cómo están los tiempos?
Mal, estos trámites no implican una suspensión del curso de la prescripción. No tengo el cómputo, el plazo va a depender de cuál sea el delito que definitivamente se les impute. La causa lleva más de 10 años.
¿Es habitual que la Cámara se exprese de esta manera?
No, para nada. La Cámara se expresa con idioma correcto pero es un severo tirón de orejas esta resolución.
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La noche del jueves 7 de mayo efectivos del Comando Patrulla Rural de Villarino golpearon a dos adolescentes de 14 años que circulaban por Hilario Ascasubi. Se trata de un chico y una chica a quienes agredieron y apuntaron con armas mientras iban a bordo de una camioneta.
El hecho sucedió a pocos kilómetros de Pedro Luro con integrantes de la misma fuerza policial que está señalada como responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
“Si ellos lo agarran, me lo golpean y hoy tendríamos otro caso como Facundo. Lo estaría lamentando. Doy gracias a dios que se escaparon”, relató a FM De la Calle, Juan Carlos, padre del joven.
El 7 de mayo “el chico mío sale en la camioneta, se me escapa con una chica a 200 metros del pueblo. Aparece una patrulla rural, se le pone de frente sin luces. Cuando llegan prenden la sirena. Se baja un oficial y una chica del otro lado y empiezan a golpearles los vidrios con un arma. Los chicos ven eso y disparan, que doy gracias a dios que no se quedaron ahí”, relató Juan Carlos.
El hombre identificó a los oficiales como Luciano Martínez y Cecilia Choque de Mayor Buratovich.
Afirmó que su hijo y la chica “rajan y se meten al pueblo, a 4 cuadras del pueblo le cruzan el patrullero, le fuerzan la puerta, le pegan en los tobillos y le daban contra el portón de la camioneta. A la nena la bajan, le apuntan con el arma y la ponen contra el patrullero. Ahí vino la gente del pueblo porque lo estaban golpeando. Le doy gracias a dios que la gente lo salvó, porque si no lo hubiesen salvado hoy lo estaría lamentando”, agregó.
Juan Carlos relató que los vecinos le avisaron lo que estaba ocurriendo. “Fui hasta la comisaría, me tuvieron hasta las 3 de la mañana. Estábamos la nena, el nene mío, mi señora y yo. Me llevaron la camioneta al corralón, la multa era mía pero no tenían porqué golpear a los chicos. En el momento en el que estaba firmando, este Martínez me agredía de atrás como para que yo le haga algo, él y la chica”.
“A esta gente no pueden darle armas. No sé cómo los tienen, sé que siguen trabajando, todo normal”.
El titular del Juzgado de Garantías N°2, Esteban Usabiaga, hizo lugar a un pedido de habeas corpus interpuesto por la Comisión Provincial por la Memoria para evitar que continúen las amenazas. El abogado de Cristina Castro, Luciano Peretto, representa a la familia del joven agredido.
“Quiero que a estos dos los saquen de Villarino. Pero los van a sacar de acá y los van a mandar a hacer cagadas a otro lado. Ese chico hace 2 años que está de policía y ya está haciendo macana”, enfatizó Juan Carlos.
Cuando el hombre les dijo “están golpeando a un chico de 14 años”, la respuesta fue :”Nosotros sabemos cómo golpear y dónde golpear”.
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La Cámara Federal continuó con la anulación de convenios firmados entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico. Habían sido homologados por la jueza Gabriela Marrón en la causa que investiga la contaminación de la ría. Involucran a Dow (PBB Polisur), Oiltanking y Mega.
Tal como ocurrió con Profertil, se los revocó, entre otros motivos, por no haber incluido en la discusión a la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente. Resta resolver la apelación referida a Unipar (Indupa).
La Cámara afirmó en todas las resoluciones que los convenios no cumplen con los estándares que fijó en junio de 2019 cuando ordenó “lograr la minimización del daño ambiental a través de un mecanismo alternativo que promueva la participación de los distintos actores involucrados, tanto de las empresas que realizan sus actividades comerciales e industriales en la zona, como así también de los querellantes, de los organismos con funciones de control (municipales y provinciales), de gestión y de profesionales técnicos en la materia”.
El objetivo es “la concreción de un plan sustentable para la Ría de Bahía Blanca en pos de dar cumplimiento con la manda impuesta por el art. 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a un ambiente sano y equilibrado y establece que las actividades productivas no deben comprometer la atención de las necesidades de las generaciones futuras”.
Los fallos referidos a Dow (PBB Polisur) y Mega S.A. fueron firmados por Roberto Amábile y Pablo Candisano Mera y, en el caso de Oiltanking y Profertil, por este último y Silvia Fariña.
Destacaron que si bien la jueza Marrón designó al IADO para controlar la ejecución de las supuestas mejoras “no se advierte que efectivamente se le haya puesto en conocimiento” de la medida.
Dow apunta a la reutilización de agua de efluente en riego y la renovación de intercambiadores de agua por unos de mayor capacidad y mejores materiales para disminuir el efluente y el consumo.
Por otro lado, pretende modificar los patrones de consumo de energías sustituyendo las actuales por renovables, realizar acciones para la sostenibilidad consistentes en promover y facilitar la transición hacia una economía circular donde los residuos se incorporen a nuevos productos y servicios.
Compañía Mega S.A. ofrece reducir a cero –“en condiciones normales”– el vertido de los efluentes líquidos tratados que la empresa actualmente descarga a las aguas del estuario desde su Planta Fraccionadora y reutilizarlos para el riego de espacios verdes dentro de su predio “con la consecuente reducción en el consumo de agua potable que actualmente es utilizada para riego”.
Oiltanking Ebytem S.A. plantea incorporar “un nuevo tanque para realizar separación primaria en un recipiente cerrado con los correspondientes sistemas para control y manejo operativo así como de control de incendio”. Así, afirma, reduciría “hidrocarburos en el efluente final y el riesgo de eventual ignición de vapores combustibles en el espacio abierto, como asimismo, el control de las demandas químicas y bioquímicas de oxígeno; y un ambiente de trabajo más seguro para las personas y autoridades que se acercan a la terminal”.
Profertil, por su parte, pretende mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».
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La Cámara Federal revocó el convenio firmado por el fiscal Santiago Martínez y un apoderado de Profertil en el marco de la causa por contaminación del estuario.
El acuerdo había sido homologado por la jueza Gabriela Marrón a pesar de no haber participado a la querella, a la Fiscalía General ni a organismos técnicos y de control. Se espera que las presentaciones de otras empresas -como Dow, Mega y Oiltanking- corran la misma suerte.
La camarista Silvia Fariña y su par, Pablo Candisano Mera, destacaron la demora de más de una década que acumula la investigación y el “estancamiento” del diseño del plan de inversiones que exigieron en 2019. Por otro lado, advirtieron que “sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban, nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”.
La fábrica de fertilizantes había propuesto mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».
La Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría denunció que «se ha dado a Profertil un trato privilegiado, discriminatorio del resto, casi secreto, otorgándole audiencias privadas sin noticia de nadie y en abierta contradicción con la letra y el espíritu de lo ordenado por la Cámara Federal». Ahora, el tribunal resolvió que la negociación del fiscal Martínez con Profertil “no cumple con los estándares oportunamente fijados”.
El fallo sostiene que “aun cuando se trate de un compromiso individual, un plan superador tendiente a cumplir con el objetivo de recomponer el daño colectivo ambiental provocado en la zona, debió contar previamente con un mínimo respaldo de información actualizada brindada por los profesionales técnicos y/o peritos que tuvieron intervención en autos, así como la efectiva participación de los organismos que tienen funciones específicas de contralor, tales como el Comité Técnico Ejecutivo (dependiente de la Municipalidad de Bahía Blanca), la Autoridad del Agua o el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que den cuenta de la factibilidad de las propuestas homologadas”.
En ese sentido, Fariña y Candisano Mera recordaron que la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) ya intervino en la causa y podría elaborar un dictamen fundado. “Pese a lo afirmado por la jueza de grado, no se observa del presente legajo la oportuna intervención de dicha unidad especializada en torno a la viabilidad del convenio en particular”.
“La complejidad de los asuntos que se abordan en el marco de la causa hace necesario contar con saberes técnicos especializados previos a la toma de una decisión de tal calibre. Sin esos recursos no es posible realizar un seguimiento y análisis adecuado sobre la ejecución del caso, máxime cuando se excluye de la concreción del mismo a la unidad especializada en la problemática”.
La Cámara concluyó que “teniendo en consideración la pluralidad de intereses de las personas involucradas en la causa, el diálogo y la oportuna participación de los mismos debe ser garantizada a fin de dar previsibilidad y un adecuado control periódico a las propuestas que se formulen. Es necesario establecer pautas claras acerca del ejercicio para regular, fiscalizar y sancionar las conductas potencialmente dañosas, donde los organismos con funciones de control no pueden ser obviados”.
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La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó el amparo colectivo presentado por representantes vecinales de nuestra ciudad ante la falta de provisión de agua por parte de ABSA. Sin embargo, no hizo lugar a la suspensión del cobro que había determinado la jueza bahiense.
La medida había sido otorgada en primera instancia por la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº2, María Selva Fortunato y apelada por la prestadora del servicio.
Según detalló a FM De la Calle Sandra Vulich, abogada patrocinante de vecinos y vecinas, la Cámara alegó que “la existencia de la problemática en cuanto al agua en Bahía es estructural y viene de larga data. Consideran que no fue un hecho excepcional de este verano y decidieron rechazar esa apelación”.
“No fue así para el caso de la facturación, se va a seguir lo dispuesto por la resolución 167 de ADA (Autoridad del Agua), se van a descontar los días que -a criterio de ellos, que lo desconocemos- los bahienses estuvieron sin agua y se reflejará en las facturas de mayo y junio”.
“El plan de contingencia es muy pobre, ellos pusieron a disposición, además de la pagina, un correo, un whatsapp para que se solicite el camión o bidones. En ese sentido, está buena esta resolución porque ahora van a tener que cumplir. Dispuso esta medida cautelar que en las 4 horas posteriores al reclamo ellos tienen que cumplir”, explicó Vulich.
En caso de incumplimiento, señaló que “pueden apelar a mis datos que vienen con la factura de ABSA, con mi correo electrónico, y yo me encargo. O directamente hacer el reclamo en la página, es importante que quede el reclamo porque es la prueba de que se hizo y se incumplió”.
En relación a las obras anunciadas recientemente por el gobernador, mencionó que “lo que plantean a corto plazo son obras de 5 años. Primero que nos definan qué es corto, mediano y largo plazo. Son obras que tienen proyectos, evaluaciones”.
“Hay ciertas cuestiones como la reparación de la red de agua local, que es la que tiene pérdida. Casi el 45% del agua que llega del dique se pierde en la red por roturas y por falta de mantenimiento. Esa es una obra a corto plazo que podría mejorar la situación, hay que empezar por ahí. Eso no está previsto”, dijo la letrada.
Respecto a los descuentos, comentó que son sumas “irrisorias”. “Son de 35 pesos, 50 pesos. No sé cuál es el criterio”, insistió.
Por último, consultada por el funcionamiento de la Mesa del Agua, enfatizó: “Me echaron en las dos reuniones, tuve una acalorada discusión con el presidente del Concejo Deliberante. De un día para el otro resolvieron no reunirse más. Es una falta de respeto a los vecinos. Ellos alegan que es porque todavía no está en plan de obras presentado formalmente”.
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El fiscal Juan Pablo Schmidt solicitó la elevación a juicio oral de la causa que tiene al secretario general de la UTA, Ricardo Pera, imputado por amenazar y provocar lesiones leves a su ex pareja.
Lo confirmó a FM De la Calle Fernanda Petersen, abogada de la denunciante, Laura Trespando. Luego de frustrar en varias ocasiones las audiencias indagatorias, finalmente el ex concejal prefirió mantenerse en silencio.
Destacó que “tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas” que existen en esta causa.
En el expediente en cuestión, “el fiscal contextualiza con los hechos que se denuncian y considera que están dadas las condiciones para elevarlo a juicio. El defensor de Pera se opone y estamos esperando la resolución jueza de Garantías, Claudia Olivera”, dijo la letrada.
Los hechos que se le imputan a Pera son lesiones agravadas por el vínculo y en el marco de violencia de género y amenazas coactivas. “Para acreditar esto hay informes médicos, hay fotos, un informe psicológico que da cuenta el impacto que tuvo en la víctima. Por las amenazas, más allá de testimonios, la víctima presentó su celular y los peritos concluyeron que no se había modificado nada y que surgían los textos tal cuales los había relatado al momento de hacer la denuncia”.
“Eso es fundamental para poder acreditar que la situación de lesiones y amenazas se dieron y en este marco de una relación previa, por eso se da el tratamiento dentro del marco de violencia de género”.
“La pena es mayor a 3 años, lo que buscamos es que sea condenado para validar los dichos de la víctima y demostrar que, más allá de su cargo (secretario general de la UTA), es posible llevar a cabo una causa de estas características y que la justicia le de una respuesta”, afirmó Petersen.
Agregó que “la fiscalía ha agotado todas las medidas de prueba, no solamente desde el denunciado y la víctima, sino que también los testimonios del imputado han sido escuchados. Esto acredita que los hechos que se relatan sucedieron con esta modalidad”.
La abogada resaltó que el relato de la víctima y de testigos dan cuenta de “esta situación poder real que era ejercida por esta persona sobre cualquiera que tomara posicionamiento. La víctima deja claro el padecimiento y el miedo real y no solamente lo que le pueda pasar a ella sino a su entorno familiar y cercano que es quien la sostienen en esta denuncia”.
Pera fue condenado a un año y diez meses de prisión por la agresión a dos concejales durante una sesión del deliberativo local. “Esta persona ha tenido actitudes de violencia en situaciones públicas donde no solo había gente sino medios. Si esto lo trasladamos a una situación de asimetría en una relación de pareja, laboral, donde él ejerce el poder por sus contactos políticos y su representación gremial, queda acreditado que los dichos de la víctima son reales. Creo que en muchas causas tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas que en esta situación tenían”.
Trespando y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa» tras la separación de la pareja. El entonces presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.
“Al momento que se realiza la denuncia se divide la investigación en delito de lesiones y amenaza coactiva y la situación específica en el ámbito laboral. Las personas que prestaron declaración en esta causa son allegadas, en la otra causa no hemos llegado a la instancia probatoria, pero la realidad es que más allá de lo que suceda a futuro (Trespando) no ha tenido el acompañamiento de las instituciones como SAPEM o el mismo Municipio. La víctima tomó todos los recaudos para que los estamentos públicos estuvieran al tanto de esta situación”.
“En este caso juegan otras cosas que tienen que ver con el poder que detenta esta persona, su cargo gremial, la influencia que tienen en los estamentos públicos”, dijo en referencia al titular de la Unión Tranviarios Automotor.
Señaló que “si ella no hubiera tenido el acompañamiento de su familia, de militantes, otra hubiera sido la situación. Las redes que se han tejido en esta causa y el acompañamiento de organizaciones hacen que ella este posicionada en otro lugar, pero ante cualquier movimiento en la causa se reaviven esta situación”.
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El inicio del debate oral de la causa por abandono de persona seguido de muerte de Mariana Sol Bruna estaba previsto para esta semana pero debió reprogramarse por cuestiones sanitarias.
Según informó la Fiscalía el juicio se desarrollará los días 20, 21 y 22 de diciembre en dependencias del Tribunal Criminal N° 3. Ya había sido suspendido en marzo de 2020 por aislamiento de uno de los jueces.
El imputado es Luis Nicolás Martínez de 28 años y, según la investigación realizada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, se le reprocha haber puesto en peligro la vida de Bruna (15 años), facilitándole droga y colocándola en situación de desamparo al retenerla en el interior de su vehículo.
Para el fiscal, Martínez obró de manera negligente cuando la chica se descompuso el 31 de marzo de 2018 dentro de su automóvil, hecho que posteriormente le causó la muerte.
“La descompensación sufrida por Mariana Sol Bruna fue indudablemente advertida por el imputado Martínez, quien, dolosamente, teniendo dominio del acto, y contando con tiempo suficiente para ello, omitió requerir el auxilio médico imprescindible”, afirmó Romero Jardín en la requisitoria de elevación a juicio.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/03/bruna-dos-e1583861083245.jpg?fit=1366%2C648&ssl=16481366FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-05-10 13:02:272021-05-10 13:02:28Caso Bruna: nueva postergación del juicio
El fiscal federal Gabriel González Da Silva concluyó su alegato en la causa “Bobinas Blancas” en marco de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína en nuestra ciudad.
“El territorio bahiense era un punto intermedio entre Mendoza y Buenos Aires, que era desde donde pensaban exportar la droga. Ignoro los motivos pero tengo mis sospechas de que eligieron el Parque Industrial de Bahía Blanca porque era un lugar con menos controles que en otros, fueron varios galpones que alquilaron en distintas partes de Argentina, primero los estudiaban y cuando había terceros que empezaban a dudar, cambiaban”, dijo Da Silva a FM De la Calle.
El representante del Ministerio Público señaló que “era una banda internacional, con mucha logística y conocimiento previo, que eligió a la Argentina como punto de paso para hacer exportaciones de cocaína. Tenían una vocación de permanencia donde el producto de ‘Bobinas’ no iba a hacer su única operación sino que tenían pensando afincarse en el país. Hay antecedentes de que habrían realizado operaciones similares con anterioridad a esta causa”.
Los acusados son los mexicanos Max Rodríguez Córdova, Gilberto Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas y los argentinos Marcelo Rafael y Darío Maximiliano Cuello y Amílcar Darío Martino, considerados partícipes secundarios en el tráfico de la droga. Emmanuel García, por su parte, es señalado como responsable de las operaciones de lavado de activos mediante criptomonedas.
En cuanto al funcionamiento de la banda, Da Silva explicó que “estaba compuesta por ciudadanos extranjeros que operaban desde México y Canadá, que tenían una segunda línea de ciudadanos mexicanos que enviaron a la Argentina y se encargaron de acondicionar las bobinas, trasladar la cocaína -presuntamente desde Mendoza- que habría ingresado desde Chile”.
“No era el único método de exportación de cocaína que tenían sino que, además, lo hacían a través de piedras molidas de cuarzo y para eso tenían parte de la organización instalada en Mendoza”, dijo.
El fiscal aseguró que 7 de los 6 acusados confesaron ser responsables de los delitos que se les imputan. “Yo tenía que tomar el recaudo de que esa confesión no hubiese sido por medio de una amenaza o por intención de la gente que estaba procesada para intentar cubrir a otras personas y hacerse cargo de delitos que no les corresponden como ocurre en organizaciones criminales donde el jefe se los pide”.
“A pesar de la confesión tuvimos que apoyarnos en vías independientes que constatamos a través de testigos, conversaciones y anotaciones que tenían en cuadernos donde llevaban contabilidad y detalle de todo los que estaban haciendo”, comentó.
Da Silva recalcó que “fue un trabajo de hormiga por parte de la Fiscalía, de los órganos de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo), pudimos comprobar una cuestión principal a la que no se le prestaba mucha atención y que es un delito de gravedad similar al narcotráfico que es lavado de activo a través de la utilización de criptomonedas. En ese sentido, si bien hay antecedentes de causas de lavado de dinero, no tenemos antecedentes con criptomonedas”.
La salida de la droga
En su alegato, el fiscal destacó que en el Parque Industrial local “había despachantes de Aduana, gente que se dedica al comercio exterior, que advertían que pasaban cosas raras y se despegaron y les advertían a los imputados que entablaban comunicación con ellos. Todo se apoyó en una empresa fantasma de cuarzo molido y empezaron a ver que entraban bobinas que no tenían nada que ver, empezaron a sospechar de los movimientos. Usaron Bahía como punto intermedio y ya estaban pensando en irse a otro lado, más allá de que pensaban continuar con el negocio”.
La proyección era sacar la droga por el puerto de Buenos Aires: “Estaba todo pactado y los agarraron antes, pensaban utilizar un galpón en Quilmes como depósito previo antes de la salida, tenían todo prácticamente embalado, les faltaba el embalaje marítimo e iban a salir desde Buenos Aires. No lo pudimos determinar bien, pero los destinos eran seguramente Canadá o España”.
Otros vínculos
Da Silva aseguró que no se pudo determinar si hubo relaciones entre la banda e integrantes de fuerzas de seguridad u otros organismos de control. “Utilizaban mucho ciudadanos argentinos, gente que contactaban antes, llegaban a un nivel de confianza y, cuando veían que no los iban a delatar, los contrataban y los hacían trabajar haciendo que se movieran por distintas partes del país, no necesariamente necesitaban gente de Bahía Blanca. Eran todas personas con niveles de instrucción mediano o bajo que sabían que por las ganancias que tenían los podían callar con eso y listo. De todo lo que estudié no me surge que hubiera otro tipo de conexiones”.
Lavado de dinero mediante bitcoins
Emmanuel García está imputado por haber lavado el dinero del narcotráfico mediante transacciones de criptomonedas. El fiscal comentó que “el financista mexicano le mandaba bitcoins a García. En el 2017 no eran furor que son ahora, había pocos traders que se encargaban de convertir bitcoins por fuera de exchange, que son empresas virtuales pero tienen un comisionista que toma recaudos para ver si los orígenes son lícitos, si comprometen”.
“No era fácil de hacerlo por esos medios, buscaron uno que actuaba de manera independiente y que pudiera aceptar hacer eso de manera irregular. Dieron con García y acredité que fueron 5 transacciones por lo menos, fueron más pero no pude probarlas. El mexicano le trasladaba bitcoins, él los cambiaba por dólares, ganaba una comisión mayor y se los entregaban a los que estaban en Argentina”, señaló.
El trato era de “suma confianza” entre García y el jefe de la la banda “al punto tal que lo llamaba para confirmar si habían hecho la transacciones. Él tenía un rol preponderante y único, si bien no se lo imputó en la instrucción por narcotráfico, tenía conocimiento de quién le mandaba, para qué se usaba, de que era de origen ilegal y hacía las transacciones sin pudor para obtener mayor ganancia. Les cobraba un porcentaje muchísimo mayor al de una transacción normal y de esta forma se pudo financiar parte de la banda, sobre todo la rama que actuaba en Bahía Banca y Mendoza”.
El fiscal planteó que “el mercado de criptomonedas no tiene regulación específica en Argentina. Sí la tiene a nivel internacional, esto va a prevenir al mercado financiero local de que no cualquiera puede hacer cualquier cosa y que el Estado argentino está atrás de este tipo de cosas y no es un paraíso fiscal donde se pueda pasar plata literalmente manchada con sangre sin que se tomen los recaudos y sin que se sancionen a los responsables”.
Próximos pasos
González Da Silva destacó que “es el primer precedente de lavado de dinero de activos con criptomonedas, es el primero que marca la cancha, si es que los jueces aceptan mi tesitura”.
La penas requeridas van de 4 a 20 años: “Estamos hablando de segundas o terceras líneas, las penas máximas son para los jefes -si bien los juzgados eran coautores y armaron todo- por esos motivos no fui más arriba con la pena máxima”.
“Tenemos conocimiento de varios secuestros que no son del nivel de lo que ha sido en Bahía Blanca. Es novedoso que es gente que no eligió a Argentina para hacer una operación de paso sino que es el punto de referencia para hacer las exportaciones, intentaban instalarse en Argentina para hacer canal de paso de droga hacia los países del norte y Europa. No tengo antecedentes donde existiera esta vocación de permanencia que demostraron tener en Argentina”.
La causa se originó en un dato aportado por la DEA norteamericana. Consultado respecto a si algún organismo nacional no debería haber advertido lo que estaba sucediendo, el fiscal afirmó: “Escapa a mi conocimiento, si uno va al sentido común era difícil de detectar la droga porque estaba escondida lo que sí se hubiese podido hacer es observar el movimiento irregular de mexicanos en el Parque Industrial y sospechar, pero no tengo constancia de que haya habido connivencia con gente de fuerzas de seguridad o del Parque Industrial, no lo tengo acreditado”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/05/bobinas.jpg?fit=1280%2C720&ssl=17201280FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-05-07 20:24:542021-05-07 20:24:55Bobinas Blancas: alegato sobre la cocaína secuestrada en el Parque Industrial
En el marco del primer aniversario de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, FM De la Calle dialogó con la periodista y redactora de la sección Política de Página/12 y columnista de Marca de Radio, Adriana Meyer, y el periodista editor de La Izquierda Diario, Daniel Satur. El eje de la conversación fue cómo pensar la cobertura periodística de este tipo de casos desde la perspectiva de los derechos humanos.
¿Qué significa el primer impacto en la opinión pública en estas causas en las que el Estado se investiga a sí mismo?
Adriana Meyer: Estoy haciendo un estudio profundo, comparativo, de desapariciones forzadas. El impacto es fuerte, en la memoria colectiva está el escalofrío del desaparecido, sin embargo también está un sector del periodismo que su trabajo habitual tiene que ver con fuentes policiales. Ahí vuelve a aparecer casi acríticamente la contra versión de la policía, que en este caso es la principal sospechada. Cuando fue el caso de Santiago esto era más evidente porque además había un gobierno que tomaba la vocería de los uniformados.
En este caso, donde supuestamente había otro tipo de sensibilidad en los funcionarios del gobierno, esto que te cuento de difundir la versión policial, de que el pibe se fue solo a dedo en la ruta, todo lo que ya sabemos que sucede en estos casos, en boca de columnistas en prime time de televisión. Ahí hay un agujero, cuando estamos en un caso donde es el Estado el que se tiene que investigar, a pesar de los años que hace que terminó la dictadura el Estado cuando se trasforma en sicario de sus habitantes sigue teniendo sus voceros en la opinión pública y eso es muy grave.
Daniel Satur: Yo tengo una mirada marxista de la sociedad, del mundo, de la vida, que tiene que ver con la división en clases sociales y con la relación opresores oprimidos, explotadores explotados. En ese sentido, también siento que las grandes empresas periodísticas, que son las que tienen la capacidad de difundir masivamente los mensajes, en su gran mayoría tienen sus intereses. Frente a casos como estos la situación no cambia, va a impactar en la medida que a esos medios les sirva usar esos casos.
Por otro lado, hay algo que a lo largo de los años, con el sello que dejó la dictadura, la cuestión de la desaparición ha generado por responsabilidad del régimen político cierta naturalización, que desaparecer no es algo extraño. ¿Cuándo vemos en los grandes medios un análisis a fondo de cuál es la estructura de una red de trata? Ni hablar de narcotráfico, ni de los grandes delitos que son los grandes negocios ilegales donde siempre está metida la policía, un sector de los capitalistas, el poder político, el poder judicial.
En el caso de Facundo gracias a la lucha de Cristina y sus abogados, un sector que los ha rodeado, la radio de ustedes que en Bahía cumple un papel importante, creo que la posibilidad de impactar viene por esa organización misma y porque en determinados temas los casos son incontrastables. Kicillof puede decir lo que quiera pero que la policía está metida no puede negarlo, solamente le alcanza para decir acá no se va a encubrir a nadie, cosa que es mentira porque ha encubierto a todos. No dejó de estar impactado, tuvo que recibir a Cristina como Fernández y el procurador general, Y era solo una trabajadora de una estación de servicio de Luro, ahí está la lucha de clases y tiene que ver con lo incontrastable de los hechos más allá de lo que quieran inventar.
En algunas coberturas se hace mucha referencia al “expediente”, ¿cómo trabajan en relación a la versión oficial de la justicia y cómo la complementan con otras fuertes?
AM: Eso es increíble y remite a la ausencia de un aprendizaje, considero que esta profesión debería estar colegiada, bajo la chapa de yo cubro policiales hace tantos años se dicen barbaridades, con una actitud paternalista y condescendientes en prime time se dice a las víctimas hay que escucharlas pero lo que vale es el expediente. Es aberrante e ignorante porque estamos hablando de desaparición forzada de personas, tipificado en el Código Penal, Argentina condenada por este delito que es delito múltiple e incluye lo que hace ese periodista en televisión.
Quienes se ajustan a lo que diga la “verdad” absoluta del expediente también falsean, porque el expediente nunca es lo que te muestra tu fuente, pueden ser pedidos no contestados, hay muchas formas de leer un expediente y si encima tomás la voz de las víctimas como decorativa estás en un problema.
Lo primero es la voz de quien está sufriendo, después voy a intentar hablar con el fiscal, la jueza, etcétera, porque a veces no hablan con nosotros, cuando ven que ya escuchaste a la víctima no te atienden el teléfono. Hay múltiples fuentes, es el ABC del periodismo, es una excusa para reproducir los intereses.
DS: Veo que es muy gráfico en las secciones policiales. Llamarle policiales es tomar una posición, es la voz de la policía, más allá de esto también tiene que ver qué posición tenés vos, en los expedientes se vuelcan lo que jueces y fiscales quieren. Eso no significa que el expediente no sirva para descubrir cosas.
En el caso de Facundo, la aparición de Heim y Azzolin, que como dicen Cristina y sus abogados, han sido la contra tendencia al rol que ha cumplido Ulpiano Martínez y que sigue cumpliendo la jueza Marrón en este momento, pero son excepciones. La regla es que el poder marca la agenda y directrices, la visión o quienes reproducen discursos van a manifestar su posición.
En este año pasaron dos cosas: por un lado muchos referentes de derechos humanos, para un montón que estuvieron al lado de Sergio Maldonado no existió el caso de Facundo o cada tanto alguna proclamación formal para cumplir. También he visto a lo largo de este año a periodistas que desde la pantalla de C5N han tomado la misma posición que La Brújula y La Nueva, eso es grave, sobre todo para el gremio.
Esa es la figura de hasta dónde llegan los tentáculos de quienes no quieren que se sepa la verdad y quienes estamos desde otro lugar. La experiencia te ubica en un lugar determinado, decidís estar de esta vereda o cruzarla y estar de la de enfrente.
Medios y hasta referentes de derechos humanos deberán explicarle a Cristina porqué no hicieron lo que no hicieron teniendo todo para hacerlo. (…)
AM: Esto que menciona Daniel, ese momento en que esos voceros en la tele dicen eso, alcanza para sembrar la duda. Tenés a un grupo de periodistas, encabezados por ustedes, el laburo de los medios del lugar es clave, en esa construcción. Nosotros estamos detrás de ustedes, de nuevo rebatiendo barbaridades y mentiras que se dijeron, pero alcanzó para sembrar la duda esa intervención televisiva. Lo dice la tele, es muy grave.
¿Cómo salvar distancias físicas con el lugar de los hechos para poder contar un suceso periodístico?
AM: Si tomás contacto con los protagonistas de la historia, escuchás todo lo que tienen para decirte y después confrontás con las otras fuentes, claramente no hubiera salido las historias que salieron, eran burdas vocerías.
Cada vez que hay una desaparición forzada y está vinculado con fuerzas de seguridad hay que escuchar ‘se fue’, ‘está perdido’, ‘se enojó’, esto venía de fuentes importantes del poder y me ha tocado discutirlo con altos voceros de funcionarios nacionales. Tenías a La Brújula, La Nueva y a Berni, vamos a imaginar que tomás esa actitud de ese periodismo acético que escucha las dos campanas, aún así no hubieran salido esas historias. Lo único que se les pide a quienes no tienen este compromiso es que hagan su laburo y cotejen, que las notas sean equilibradas.
Hay que rescatar que a Cristina en soledad, con Luciano en la primera etapa pelando en provincia, la verdugueaban, no le tomaban la denuncia, las barbaridades que hicieron en el fuero provincial. Cuando Cristina tiene ese escalofrío donde sintió que le habían hecho algo a su hijo, ahí se enfrenta con la policía y ahí fueron a buscar a Leandro Aparicio para dar otra batalla. Si uno puede leer eso igual choca contra todo lo demás, esas crónicas que reproducían, el discurso oficial que buscaba exculpar a los policías, era solo el discurso oficial, no estaba la historia de Facundo, su mamá, y sus abogados.
DS: Es muy difícil en esta época de redes sociales y demás que alguien diga ‘desapareció mi hijo’ y esté mintiendo, en todo caso descubrir si esa persona desapareció o no es muy sencillo, sobre todo para el Estado que tiene todas las herramientas para lograrlo. En un punto vos elegís dónde pararte y qué cosas que te ofrece la realidad agarrás o descartás.
La jurisprudencia ha avanzado para cosas que no se van a cumplir en lo más mínimo. Ese es el régimen político en el que vivimos. Supongamos que nos agarramos de las letras a veces muertas de las constituciones y las leyes, escuchar a la víctima es algo que está en todos los tratados internacionales. No hay prácticamente casos de desapariciones forzadas en Argentina o América Latina o de gatillo fácil donde el Estado haya escuchado a las víctimas.
Lo que hacemos nosotros es eso, levantar el teléfono, preguntar y preguntar a otros también. Yo recibí el bloqueo del sector de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos, Cristina me atendió el teléfono, Aparicio, los fiscales -menos Martínez- me atendieron el teléfono. ¿Qué quiere decir?
¿Qué mirada tienen sobre lo que viene en la causa?
A: Está a punto de salir una denuncia concreta contra la doctora Marrón, con destino al Consejo de la Magistratura. No es fácil porque por algo se quedó, obstruye. Cristina me dijo ‘toda la energía que tenemos que poner en buscar la verdad se nos va en discusiones infantiles donde nosotros decimos A y ella dice B’. Sé que hay mucho nuevo fuerte para que esa frase de Cristina se concrete. Este grupo de fiscales, al cual se unió Iara Silvestre, han hecho un laburo donde está muy claro el devenir de la causa. Independientemente de lo que pase, la verdad ya está, falta la justicia.
D: Si uno la escucha a Cristina en cada instancia puede hacer dos lecturas. Una más de sentido común, pobre mujer, mirá lo que está pasando. Y si hilás más fino, decís esta chabona la tiene re clara y sabe a dónde tiene que ir. Si uno se basa en eso tendría que confiar en que de no existir alguna maniobra del Estado que pueda llegar a trastocar todo, muchas cosas pueden suceder. Es cierto que te comentan con reserva estamos a la espera de cosas incluso más contundentes de las que vimos, lo que ya está es un montón, ameritaría para que estén presos al menos 4 policías.
Esperemos ver qué pasa en el Consejo de la Magistratura, que sabemos cómo funciona y lo que es. Pero más allá de eso, Ulpiano Martínez tuvo que renunciar a la causa, había una enorme evidencia que lo contraponía a él con el propio expediente. Si quieren tener un rol diferente los fiscales tienen que decir ‘estamos desde este otro lado’. La puerta está abierta para todo, centralmente por la tenacidad y convicción de quienes la acompañan, ahora bien, no hay que parar un minuto en esa pelea. Berni sigue siendo el ministro y el lunes está en Bahía. Berni, Kicillof -NdR: su visita se postergó para el jueves- y decenas de patrulleros de la policía desaparecedora y encubridora, van a hacer un festejo porque, entre comillas, va a haber más seguridad en Bahía, eso es tomar una posición. Esos, como dice Cristina, son los gigantes contra los que se pelea.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/05/satur-meyer-e.png?fit=889%2C421&ssl=1421889FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-05-04 13:17:492021-05-04 13:17:50“En las crónicas que buscaban exculpar a los policías no estaba la historia de Facundo”
“Para nosotros ha pasado una vida, un año que parece una vida. Recordar lo bueno y lo malo todo este mes fue recordar estas cosas que nos ponen más sensibles. Sigo sin entender la maldad, el odio hacia el joven y la vida. Que lo que le hicieron a Facu no se lo hagan a nadie más”, dijo a FM De la Calle Cristina Castro, a un año de su desaparición forzada de su hijo.
Su familia junto a amigas y amigos organizaron una serie de actividades para honrar la memoria de Facundo y reclamar justicia.
“Vamos por el juicio político a la jueza”, dijo la Cristina. “Cuando empezamos todo esto les dije que estábamos frente a gigantes, logramos sortear a Ulpiano Martínez, estamos frente a un paredón que es la dra. Marrón, que sigue ninguneando, chicaneando a los fiscales que tienen ganas de trabajar”.
Enfatizó que “no tenemos que dejar que nos pisen la cabeza, Bahía es complicado en temas judiciales. Estamos esperando las respuesta de la Cámara, me hubiera gustado que nos reciban, que nos escuchen, no se puede y la estamos peleando desde donde podemos y como podemos”.
Cristina comentó que ya compartió reuniones de trabajo con la fiscala Iara Silvestre, designada días atrás en lugar de Martínez. “He tenido charlas personales con ella. Su primer gesto fue llamarme y ponerse a disposición, me pareció una persona integra. Me interesa que no se venda, que no pase lo de Ulpiano Martínez que entregaba información, que haga su trabajo no importan los resultados. Esta mujer me ha demostrado que va a ir por la verdad y la justicia”.
Mil flores para Facu
Esta tarde se realizará un bocinazo en Pedro Luro con réplicas en distintas ciudades del país. Mañana el colectivo #MilFloresParaFacuCastro transmitirá por redes sociales un festival cultural y el informe que presentarán integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria.
Comenzará a las 10:30 y se podrá seguir por Youtube y Facebook. En el lugar habrá solamente un grupo de personas invitadas por las restricciones vigentes en el marco del aislamiento.
“Los amigos de Facu no me han dejado en ningún momento, somos muchos, no podemos estar todos juntos y abrazarnos pero nos fuimos dividiendo durante el día para estar todos y poder honrar la memoria de Facu como a él le hubiera gustado”, finalizó Cristina.
Entre las actividades previstas está la pintura de un mural en vivo, actuaciones musicales, lectura de poesía.
Este domingo a las 20 FM De la Calle difundirá el Capítulo 3 de “¿Quién mató a Facundo?” – Documental urgente en tiempo real“. Información, testimonios en primera persona e imágenes exclusivas que relatan los aprietes de parte de agentes involucrados en la investigación, los obstáculos y dilaciones de la justicia, el relato tergiversado de altas cúpulas policiales.
El lunes la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca acompañará la lucha de Cristina y la querella por conocer la Verdad y lograr Justicia con el conversatorio “Justicia por Facundo Castro, contra la impunidad, verda y justicia”.
Participarán Cristina Castro y sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto; Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Sergio Maldonado, hermano de Santiago; y Margarita Jarque por la Comisión Provincial por la Memoria.
Se podrá acceder desde las 18 al Zoom (ID de reunión: 899 3811 3927 Código de acceso: 325556).
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/04/cristina-cabecera.png?fit=1365%2C603&ssl=16031365FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-04-30 07:23:422021-04-30 07:23:43Cristina Castro: “Sigo sin entender la maldad, el odio hacia el joven y la vida”
En el primer aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, el abogado querellante Leandro Aparicio repasó las evidencias que constan en la causa. Las sospechas recaen sobre un grupo de efectivos de la Policía Bonaerense aunque aun no hay nadie imputado.
Destacó que luego de la reunión con les fiscales Andrés Heim, Horacio Azzolin y Iara Silvestre “decidimos profundizar y analizar situaciones respecto a las conexiones entre la policía de Villarino y la de Bahía Blanca. Eso lo pudimos realizar después del análisis que hace la DATIP en relación a los teléfonos secuestrados”.
“Estamos frenados en la producción de más pruebas porque tenemos una jueza en la que no confiamos. Resolvimos algunas pruebas sensibles no pedirlas mientras esté esta jueza”, dijo a FM De la Calle.
Comentó que están “analizando las fotografías encontradas en los teléfonos secuestrados por segunda vez a los policías. (Alberto) González entregó el suyo pero (Mario Gabriel) Sosa, (Jana) Curuhuinca y (Siomara) Flores no entregaron todos los teléfonos, entregaron solo algunos, por eso los fiscales piden un nuevo secuestro, la jueza dice que no y los fiscales apelan”.
“Ahora estamos esperando la resolución de la Cámara respecto de la nulidad planteada por los fiscales en cuanto a la incorporación por parte de la jueza de un informe trucho de un señor que dice que Facundo se ahogó (NdR: refiere al titular del IADO, Eduardo Gómez). Ese informe le llega a los fiscales con otro del estudio de mareas del día 30 de abril y que no estaba firmado por ningún profesional”.
“Aparece este informe de Juan de los Palotes sin ningún rigor científico que dice que Facundo se accidentó. Eso lo devuelven, la jueza lo quiere meter para enviarlo a Naciones Unidas cuando tenía que contestar el informe, los fiscales dicen que ya lo devolvieron, la jueza ahí toma la tarea de investigación y los fiscales la recusan por eso”, recordó.
Heim y Azzolín solicitaron a la Cámara Federal la nulidad del documento presentado desde el IADO. “Si la Cámara dice que esa medida es nula, entiendo que la jueza no puede seguir investigando”.
Por otro lado, les representantes del Ministerio Público Fiscal recurrieron a Casación para insistir en el apartamiento de la titular del Juzgado Federal N°2 rechazado por la Alzada local.
Conexión de la policía de Villarino y la de Bahía
“Hay un informe que hace la DATIP donde establece conexiones y vinculaciones respecto de uno de los policías de un móvil, con alto mandos de la policía de acá y con altos mandos de la policía de Villarino”, indicó Aparicio.
El letrado señaló que hay que tener en cuenta algunos elementos ante la hipótesis que pretende imponer Marrón: “El teléfono de Facu se activa el 1 de mayo cerca del mediodía en una celda cerca de la comisaría donde fue secuestrado el Toyota Etios donde se encontró la turmalina, en el destacamento (de la Policía Local) de Pacífico al 200. Si es cierto que se ahogó, ¿primero se vino a Bahía, activó su teléfono, se volvió a ese lugar, dejó el bolso a 3 km de donde se lo encontró, dejo toda la ropa en el bolso, se fue desnudo, dejó una zapatilla y se metió en el agua para ahogarse?”.
Por último, Aparicio insistió en que “nunca vamos a poder tener justicia con esta jueza, tampoco sé si con esta Cámara. Tenemos una base muy firme de prueba para seguir peleando esta causa en donde sea. Cristina está muy fuerte en su reclamo de justicia. La Municipalidad de Villarino está haciendo todo lo posible para hostigar y apretar a distintas personas. No es ningún capricho ni antojo, estamos soportando la justicia o injusticia de Bahía”.
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La directora de Litigio de la Comisión Provincia por la Memoria, Margarita Jarque, afirmó que “el Estado está en deuda” con la eliminación de la violencia policial que padecen les jóvenes. “A veces es más visible en el Conurbano pero el caso de Facundo pone de manifiesto que también existe en estos lugares pequeños”.
A un año de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro, Cristina Castro y la CPM denunciaron por mal desempeño a la jueza Gabriela Marrón ante el Consejo de la Magistratura. “La idea es que se la remueva y se analice su conducta, porque va más allá del caso de Facundo”, dijo la abogada a FM De la Calle.
Jarque explicó que “el mal desempeño de un juez tiene que ver con comportamientos frente aquello que el Estado le ha dado en sus manos para administrar que es nada más y nada menos que la justicia. Pero también con que ha sido el obstáculo fundamental para avanzar en la investigación”.
“No estamos ante un caso donde no hubo prueba, hay mucha y no se ha podido consolidar en imputaciones, indagatorias, detenciones, en lo que entendemos es lo lógico y el camino que sigue”, agregó.
La integrante de la CPM detalló que “la jueza eligió hacer una interpretación del resultado de la autopsia y ejercer un cierre virtual de la causa. Lo vimos con la incorporación del informe del IADO de manera antojadiza, viene de la nada a imponer en la causa una teoría del accidente que no tiene ningún fundamento, y vulnerando la delegación de facultades investigativas que tienen los fiscales”.
Jarque estará este sábado en Pedro Luro -junto a Roberto Cipriano García y Sandra Raggio- para acompañar a Cristina Castro y a familiares y amigues en el aniversario de la desaparición de Facundo. Presentarán un informe de la CPM sobre el estado de la causa.
El documento “pone blanco sobre negro lo que ha sido el relato oficial y el comportamiento judicial en relación a la búsqueda de justicia y lo que en la causa se ha podido constatar como pruebas muy contundentes y que, cuanto menos, debieran interrogar a la magistrada Marrón que ha sido quien ha decidido obturar una cantidad de pruebas importantes”.
Se refiere al secuestro de teléfonos de los y las agentes de la Bonaerense involucrados, análisis de elementos de Facundo hallados en patrulleros y sedes policiales y las comunicaciones y vínculos entre policías de Villarino y de Bahía Blanca.
Jarque sostuvo que en otros casos en los que interviene la CPM “muchas veces existe complicidad de las fuerzas policiales, lo que llamamos espíritu de cuerpo. Eso acá también se ve con la Policía Federal que luego fue apartada, con quienes trabajaba conjuntamente el fiscal Martínez. Además de esa solidaridad inter fuerza aparece por supuesto la intromisión judicial beneficiando de diferentes modos a los agentes estatales”.
“No debemos olvidar que la causa pasó por la justicia provincial que hizo muy poco y vulneró normativa dictada hace 20 años por la Corte bonaerense respecto a que en casos en los cuales esté sospechada la fuerza policial esta no puede investigar. Eso sucedió acá, se ve ese continuado de acciones que tienden a obturar la verdad y la justicia”, aseguró.
La querellante subrayó que “incluso se han desoído los señalamientos del propio Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas y la Comisión Interamerica de Derechos Humanos. Para el caso de Facundo recomendaron en las acciones urgentes -sigue abierta la de Naciones Unidas-: exhaustividad, profundidad, nada de eso se constata en la causa”.
Por último, Jarque destacó que “hay una necesidad de replantear y otorgar calidad a la justicia mediante el control de los actos de los magistrados. También una respuesta muy tardía por parte de los organismos de control del propio personal policial, que es la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Generalmente son trámites muy largos, en los que muchas veces se producen desafectaciones pero como no se resuelven los sumarios uno encuentra a los policías haciendo lo mismo en otras comisarías”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/04/marron.jpg?fit=1200%2C523&ssl=15231200FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-04-29 15:55:032021-04-29 15:55:04Jarque: “La jueza ha sido el obstáculo fundamental para avanzar en la investigación”
A un año de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, cuyo paradero se perdió el 30 de abril de 2020 hasta que su cuerpo apareció esqueletizado en el cangrejal del estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto, la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal se centra en precisar el derrotero del joven y en establecer si integrantes de la Policía bonaerense tuvieron intervención en la desaparición seguida de muerte.
Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González. (FM De la Calle)
El sitio oficial del Ministerio Público Fiscal difundió este informe elaborado por la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Héctor Andrés Heim, quienes llevan adelante la investigación.
De acuerdo a las pruebas, Facundo salió a dedo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca -debía recorrer unos 120 kilómetros- para visitar a su ex novia, en el contexto en el que regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como medida sanitaria frente a la pandemia de COVID-19. La norma prohibía la circulación en la vía pública, salvo al personal denominado “esencial”, y establecía la intervención de las fuerzas de seguridad para que hicieran cesar la acción de quien la violara.
El joven había pasado la noche del 29 de abril en la casa de un amigo y en la mañana del 30, a las 5, inició el viaje a pie por la Ruta Nacional N°3. Tras recorrer los primeros 30 kilómetros del trayecto, Facundo arribó a Mayor Buratovich, donde llegó gracias a un automovilista que lo acercó. El joven tuvo allí su primer encuentro con una autoridad policial alrededor de las 10.
A partir de entonces, la investigación se abre en una serie en incógnitas; la evidencia forense obtenida en diferentes procedimientos, los datos técnicos que se desprenden de dispositivos de telefonía celular y las declaraciones testimoniales relevadas no son suficientes para conformar un relato uniforme y cronológico del derrotero de Facundo.
Las dudas se centran en:
Lo sucedido Mayor Buratovich.
La forma y circunstancias en las que Facundo continuó su viaje hacia Teniente Origone, lo acontecido en ese lugar y con posterioridad.
La relación íntima entre una testigo del caso que dijo haber trasladado a Facundo y el personal policial que lo detuvo previamente en Mayor Buratovich.
Las razones por las cuales estuvo en posición de morir por asfixia por sumersión en algún lugar del estuario de Bahía Blanca.
La desaparición de su DNI con cuyos datos se obtuvieron líneas de teléfono.
La aparición dentro de su mochila -hallada en el estuario casi un mes después que su cuerpo- de la ropa que tenía puesta al momento de ser detenido por primera vez por la policía.
Los extraños movimientos de algunos patrulleros cuyos dispositivos de georreferenciación los sitúan en fechas y horarios relevantes para la investigación.
Mayor Buratovich
De acuerdo con los elementos recabados en la causa, Facundo fue interceptado alrededor de las 10 por el oficial Mario Gabriel Sosa y su colega Jana Curuhinca a la altura del kilómetro 779, en la localidad de Mayor Buratovich. Durante el procedimiento, Facundo fue fotografiado de espaldas junto a Sosa. La foto fue hallada durante la extracción forense de datos de un dispositivo de ese oficial, pero no se ha dado aún con el aparato desde el cual se tomó la imagen. Esa fotografía permitió determinar cómo estaba vestido Facundo, quiénes lo interceptaron, el horario y la identificación del móvil policial, N°23.360.
Al momento de su interceptación, Facundo llevaba su DNI: la policía tomó una foto del documento y la incorporó en el sumario formado por la violación del ASPO. El DNI nunca fue hallado, pese a que en septiembre apareció la mochila de Facundo, y después de su desaparición fue utilizado para dar de alta líneas de telefonía celular, aspecto que es objeto de investigación en un legajo de la causa: la fiscalía intenta determinar si quien utilizó los datos de la víctima tiene el DNI en su poder.
En el mismo dispositivo secuestrado a Sosa se halló un audio remitido por la oficial María Delgado, quien le transmitió a su colega la orden del oficial subayudante a cargo de la subcomisaría de Mayor Buratovich, Andrés Daniel Gerbatin, para que le enviaran “los datos completos y la foto” de Facundo y les advertía que “si se hacía el pajero que lo bajaran”. En la jerga policial, “bajar” significa que lo debían trasladar a la dependencia. Todavía se investiga si Facundo continuó su viaje después de ese encuentro con la policía o si, antes de retomar el camino, fue trasladado a la subcomisaría. Los movimientos del sistema de georreferenciación instalados en el patrullero indican que el móvil se dirigió hacia la dependencia tras el episodio.
En las declaraciones testimoniales que les recibió la justicia provincial -a cargo inicialmente de la búsqueda de Facundo-, Sosa y Curuhinca aseguraron que, tras haberle labrado la infracción, le indicaron que retornara a su domicilio. De las actuaciones se desprende que ambos agentes no consultaron con el juzgado de turno cómo debían proseguir, tal y como disponen las normas de procedimiento.
Teniente Origone
Facundo continuó su viaje. Siomara Flores, quien resultó ser miembro de la Policía bonaerense, medio hermana de Curuhinca y pareja de Sosa -cuestión que pudo conocerse a través del análisis del teléfono celular de este último-, declaró que trasladó al joven desde Buratovich hasta Teniente Origone. Unos 25 kilómetros separan las dos localidades. La testigo aseguró que vio al joven haciendo dedo sobre la ruta y que aproximadamente a las 13 descendió del vehículo en la entrada al pueblo, sobre la ruta. Agregó que, durante el diálogo que tuvieron en el viaje, Facundo se dio cuenta que ella conocería a su madre y que entonces le solicitó que no le dijera que lo había visto.
Puesto Policial Teniente Origone (FM De la Calle)
La investigación tuvo noticia de este traslado sólo a través del testimonio de Flores, quien compareció cuando el caso tramitaba en el fuero ordinario como una búsqueda de paradero.
Una prueba técnica contradice o pone en duda esa versión. Cristina Castro, madre del joven, habló a las 13.33 con su hijo; en esa comunicación Facundo le manifestó que “no lo iba a ver nunca más”. La antena de telefonía celular que activó el teléfono del joven fue la de Buratovich, no la de Origone donde -según Flores- había arribado media hora antes.
Aunque no existe certeza del horario de arribo y de quién lo trasladó hacia allí, Facundo llegó igualmente a Origone. Alrededor de las 15 fue visto por dos testigos en el kilómetro 755 de la Ruta Nacional N°3. De acuerdo con el relato, el joven se encontraba recostado a la vera de la ruta y dado su contextura física los testigos creyeron que se trataba de un niño.
Los testigos se comunicaron con un amigo de Origone y esa persona dio aviso al puesto de vigilancia policial. Esa secuencia fue reconstruida con los relatos y los informes concordantes de las prestatarias de telefonía celular.
A las 15.27, en el kilómetro 750, Facundo fue nuevamente interceptado por la policía, esta vez por el teniente primero Alberto González. El agente declaró en el expediente provincial que encontró a Facundo a 6 o 7 kilómetros de la entrada del pueblo y que lo identificó con su carnet de conducir, ya que el joven no habría tenido en su poder el DNI. González fotografió el carnet a las 15.43, de acuerdo con la extracción forense de datos realizada en su teléfono celular.
Alberto González (FM De la Calle)
González añadió que en la oportunidad había consultado con la comisaría de la localidad de Médanos qué debía hacer con Facundo y que el jefe, Juan Carlos Reynoso, le indicó que debía dejarlo continuar. El policía registró lo sucedido en una libreta manuscrita, que fue secuestrada y forma parte de las pruebas de la causa.
Agregó que había visto que Facundo subió luego a una camioneta Renault Duster u Oroch, con sentido a Bahía Blanca. Tanto del relato del policía como de las constancias documentales -notó el equipo fiscal-, se desprende que la fuerza de seguridad no siguió el procedimiento establecido por ley: no avisó a la autoridad judicial ni hizo cesar la conducta violatoria del aislamiento.
No obstante la versión de González y los datos emanados de los peritajes, otros testigos aseguraron haber visto a Facundo entre las 15.20 y las 15.40 en cercanías de Buratovich, en dirección hacia Bahía Blanca, subiendo a la parte trasera de una camioneta negra y blanca de la policía. Los testigos, además, individualizaron al conductor del vehículo como el oficial Sosa.
Entretanto, otros elementos de la causa permiten suponer que Facundo pudo haber pasado por el puesto de vigilancia de Origone. En efecto, sus datos identificatorios -nombre, documento y domicilio al cual se dirigía en Bahía Blanca- figuran en el Libro de Guardia del puesto. Además, el geolocalizador del patrullero de González da cuenta que, tras la interceptación del joven en la ruta, se dirigió a la sede policial. Con posterioridad, en el registro realizado sobre ese patrullero se encontró un pelo. La evidencia no permitió recabar ADN nuclear, pero sí le permitió al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema establecer que presentaba identidad con el haplotipo mitocondrial de Cristina Castro. Semanas después el patrullero fue nuevamente inspeccionado con la ayuda de perros y se detectaron nuevos rastros que se están analizando en este momento.
Asimismo, en el allanamiento realizado a la sede policial de Origone el 31 de julio pasado fue hallado en un montículo de basura un amuleto de madera con forma de sandía que contiene en su interior una vaquita de San Antonio tallada, el cual fue identificado por la madre de joven y otros testigos como propiedad de Facundo: un regalo que le había hecho la abuela materna, idéntico a otros que también le entregó a sus hermanos, y que tenía un alto valor afectivo.
En un segundo allanamiento ordenado por la Cámara Federal por un recurso de la fiscalía, la investigación detectó en el interior del mismo puesto de Teniente Origone un trozo de piedra turmalina que formaría parte de un colgante que podría corresponderse con el que lucía Facundo sobre su cuello. La piedra estaba entre la tierra, en el mismo lugar donde se encontró el otro amuleto. Ese elemento y otras muestras todavía están siendo peritadas por la Gendarmería Nacional.
Continuación del viaje a Bahía Blanca
En la pesquisa es objeto de indagaciones la declaración prestada por un testigo de identidad reservada, el Testigo H, quien dijo que conducía por la Ruta Nacional N°3 a la altura de Origone, aparentemente momentos después de que González hubiera dejado continuar a Facundo. El testigo contó que levantó al joven en su vehículo Honda HRV y que se dirigió rumbo a Bahía Blanca. Dijo que Facundo le pidió que lo dejara en el primer cruce ferroviario viajando en dirección a aquella ciudad, situado a unos 27 kilómetros de Origone. El joven le dijo que pasaría antes por la localidad de General Cerri a visitar a un amigo, para luego continuar camino. Le explicó, siempre según la versión del testigo, que quería evitar el paso por el control zoo-fitosanitario, ubicado en el kilómetro 714 de la Ruta Nacional N°3.
Desde el cruce donde supuestamente el testigo dejó a Facundo, la vía se introduce y se alza en medio del estuario durante casi 19 kilómetros hasta que llega a General Cerri, la supuesta parada intermedia. Situado en el punto donde dijo haberlo dejado el Testigo H, a Facundo le faltaban unos 40 kilómetros para llegar a Bahía Blanca.
El Testigo H afirmó que, al retirarse del lugar, alcanzó a ver al joven caminando por el medio de las vías. En esa zona y en la dirección que según el relato habría tomado Facundo, la topografía cambia al ritmo de las mareas. Los fiscales recorrieron la zona y también entrevistaron a varios testigos que conocen el lugar. Todos coinciden en que las vías son el lugar más seguro para caminar ya que, por la forma en la que fueron construidas, nunca se inundan.
No hay personas que hayan visto a Facundo después del Testigo H. Su último rastro fue un mensaje que partió de su teléfono celular a las 20.21 del 30 de abril hacia el de un amigo, en el cual le informaba que no tenía señal ni batería en el dispositivo y que en un rato lo llamaría. El testigo puso en duda que el mensaje que recibió hubiera sido escrito por Facundo, dado que -según dijo- no redactaba de esa forma. El amigo de Facundo declaró que le había enviado un mensaje de respuesta, pero que nunca había llegado.
Fin de la desaparición
Facundo Astudillo Castro estuvo desaparecido desde entonces hasta el sábado 15 de agosto. Ese día tres pescadores encontraron su cuerpo, totalmente esqueletizado, en el canal denominado “Cola de ballena”, un cangrejal situado en la zona de Villarino Viejo, contigua a la localidad de General Cerri.
En la zona del hallazgo trabajó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con la asistencia del Gabinete Científico de la Policía Federal. Además de los restos óseos, se encontró una de las zapatillas que vestía el joven a unos 30 metros, “en estado casi intacto”, describió el equipo fiscal.
El 1° de octubre pasado el EAAF dio a conocer los resultados de la autopsia: fue una muerte violenta producto de una asfixia por sumersión. Las microalgas obtenidas en la médula ósea del cadáver se correspondían con las que se desarrollan en el estuario de Bahía Blanca, pero el avanzado deterioro del cuerpo no permitió determinar si en la muerte existió participación de terceros o si fue producto de un asesinato, accidente o un suicidio.
La perito de la parte querellante, Emma Virgina Creimer, presentó una disidencia en el dictamen. Indicó que el fenómeno de pink teeth (dientes rosados) que se observó en el cadáver era la consecuencia de un traumatismo vital antemortem, es decir, en vida, y que por lo tanto no podía descartarse la hipótesis de participación de terceras personas.
Patrulleros en la zona
El equipo fiscal recabó información sobre otros móviles policiales que podrían haber tenido contacto con Facundo o que, de acuerdo a sus dispositivos de georreferenciación, estuvieron en la zona en la que se encontraron los restos óseos.
En efecto, el 8 de mayo un móvil de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca estuvo ubicado en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo del cuerpo. Todavía llama la atención del equipo fiscal que un vehículo urbano haya ingresado y permanecido en ese lugar.
Al advertir el dato, la fiscalía solicitó el allanamiento de la UPPL y el secuestro del móvil. Semanas más tarde, durante una inspección llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, se halló un trozo de piedra de color negro en el interior del baúl, que fue reconocido inmediatamente por Cristina Castro. El estudio pericial desarrollado por un geólogo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza de seguridad determinó que se corresponde con una piedra turmalina, tal como había referido la madre del joven.
Entretanto, el 12 de septiembre otro pescador de la zona encontró una mochila a unos metros del punto donde fue hallado el cadáver de Facundo. En el interior se encontró la licencia de conducir, dos teléfonos celulares deteriorados y una muda de ropa que presentaba daños, sometida actualmente a estudios para determinar si se corresponden con la biodiversidad del lugar, las condiciones climáticas y/o la acción de otras personas. Para sorpresa de los investigadores y la fiscalía, en esa muda estaba el pantalón que Facundo lucía en la foto que le tomaron de espaldas en Mayor Buratovich cuando había sido interceptado por Sosa y Curuhuinca. Sorprende a los investigadores, además, el buen estado de conservación de la mochila a diferencia del resto de la ropa que estaba en su interior.
El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene pendiente el estudio de los dos teléfonos celulares encontrados en la mochila con una técnica denominada chip-off, que permita extraer la mayor información posible.
El equipo fiscal y las medidas pendientes
El 12 de febrero el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez se inhibió de seguir interviniendo en el caso. Su pedido fue aceptado por el Juzgado Federal y el procurador general interino, Eduardo Casal, designó en su lugar a la fiscala federal Silvestre, quien pasó a integrar el equipo del MPF en este caso junto a Azzolin y Heim.
El equipo fiscal aguarda actualmente que la Cámara Federal haga lugar a medidas de prueba rechazadas por el juzgado, las cuales consisten en el secuestro de dos patrulleros que habrían transitado por Origone en el horario en el que Facundo se encontraba en la zona y otras medidas de coerción que los fiscales consideran indispensables.
También se encuentra cuestionada la continuidad de la jueza federal María Gabriela Marrón a cargo del caso. El equipo fiscal la recusó, la solicitud fue rechazada y actualmente la fiscalía prepara un pedido para que la Cámara de Casación Federal admita el tratamiento del caso. El equipo considera que la jueza no es imparcial porque ha abrazado como única hipótesis posible la de un accidente.
La obligación de llegar a la verdad
Cuando Facundo se encontraba desaparecido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar para que el Estado Argentino adopte las acciones “necesarias para determinar la situación y paradero” del joven, “con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”. Luego de la aparición del cuerpo, la CIDH levantó la medida cautelar, lamentó la muerte de Facundo y recordó -de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos- que “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte” del joven. El organismo regional precisó que “corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”. En tal sentido, la CIDH instó al Estado “a continuar la investigación y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Facundo José Astudillo, de ser el caso, estableciendo las responsabilidades de cualquier índole a que dieren lugar”.
Esa es la manda que guía el trabajo del equipo fiscal a un año de la desaparición del joven.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/04/gorra-facu.jpg?fit=921%2C437&ssl=1437921FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-04-29 13:30:362021-04-29 13:30:38Informe de la Fiscalía a un año de la desaparición forzada y muerte de Facundo
“El compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante”, afirmaron les fiscales de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.
En una entrevista difundida por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, Iara Silvestre, Horacio Azzolín y Andrés Heim reflexionan acerca de la responsabilidad institucional del Ministerio Público Fiscal ante la familia del joven de Pedro Luro y cuentan cómo organizan y despliegan su trabajo en el marco de la pandemia de Covid-19.
-¿Cuál es la responsabilidad institucional frente a este caso? ¿Qué puede esperar la sociedad, y en especial su familia, de la actuación del MPF?
El compromiso institucional es absoluto y así está expresado desde la integración de un equipo de trabajo, que implica el involucramiento y la responsabilidad de un grupo de hombres y mujeres integrantes del Ministerio Público Fiscal que día a día trabajan en la sistematización de datos, relevamiento de hipótesis, recolección de pruebas, presentaciones judiciales, etc. Todo el equipo de trabajo ha tomado este caso con un gran compromiso, no sólo porque es nuestra función investigar exhaustivamente para establecer la verdad sobre lo sucedido con Facundo, mucho más cuando entre las hipótesis barajadas se encuentran comprometidos agentes estatales (de la policía de la Provincia de Buenos Aires), sino además porque de no hacerlo de tal manera estaríamos nosotros incumpliendo con el deber del Estado de agotar todos los medios a nuestro alcance para llegar a esa verdad.
En ese sentido, el compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante.
La responsabilidad institucional de litigar este caso está definida, por un lado, desde la Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el resto de las normas que rigen la actuación del MPF. La Constitución nos exige promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad y nuestra Ley Orgánica nos manda dirigir nuestras acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a la que debemos brindarle asistencia. La ley de víctimas establece disposiciones similares. Por el otro, por el tipo de caso, ya que al tratarse de una investigación por desaparición forzada de personas seguida de muerte hay una serie de criterios de actuación, definidos por organismos e instrumentos internacionales, que se deben seguir para concretar investigaciones exitosas y evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Estos criterios forman parte del cristal a través del cual debe mirarse el caso, y esa mirada es la que venimos sosteniendo desde que asumimos nuestra intervención directa en la investigación.
(FM De la Calle)
-¿Qué implica la conformación de un equipo fiscal? ¿Cuáles son sus ventajas?
Las ventajas de la integración de un equipo de trabajo están dadas por la diversidad, las múltiples miradas y el intercambio de ideas: cada integrante aporta sus conocimientos y experiencia para enriquecer la posición; de la diferencia de opiniones suelen salir productos más elaborados en cuanto a la estrategia de litigación y la solidez técnica. Ayuda, además, a alivianar la carga del fiscal titular al poder repartir las tareas entre más magistrados. Es un sistema previsto en nuestra ley orgánica y es la forma de trabajo habitual en sistemas acusatorios. Todo es sometido al análisis del equipo y las decisiones se adoptan en función de esos aportes, sobre los que luego decidimos también en conjunto.
La circunstancia de que los y las integrantes del equipo conozcamos y asumamos nuestra ubicación y responsabilidad institucional, hace que tengamos claro el objetivo y estemos cohesionados en función de ello.
La conformación del equipo implica la decisión institucional de reforzar la representación del Ministerio Público Fiscal en un caso que por sus características es complejo, tal y como ha pasado en otras ocasiones de graves violaciones a los Derechos Humanos. En ese sentido, se debe tener en cuenta el contexto en el que ocurrió el hecho -vigencia de la fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional-, los lugares en los que se desarrollaron diversas secuencias del caso que se están reconstruyendo -en la ruta Nacional nº 3, en zonas rurales y/o despobladas y casi sin circulación de personas-, la intervención y ubicación en la escena del suceso de diversos integrantes de una fuerza policial, la ausencia de cumplimiento de las disposiciones del ASPO al momento de la interceptación de la víctima y de comunicación a las autoridades judiciales competentes, la situación de vulnerabilidad de la víctima, las enormes dificultades en la recopilación de la prueba, los obstáculos en su producción, la presentación de elementos distorsivos en la investigación, en especial, en la etapa previa a que el caso pasara a tramitar ante la justicia federal bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas, entre otras.
Un trabajo a distancia, pero articulado
Silvestre se encuentra en Santa Rosa, La Pampa, a cargo de las fiscalías de primera instancia y de juicio, y su desempeño tiene lugar en el ámbito de la jurisdicción de la justicia federal de Bahía Blanca. Azzolin y Heim son titulares de la UFECI y la PROCUVIN, respectivamente, que tienen oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El expediente y sus evidencias se encuentran físicamente en Bahía Blanca, donde también trabaja parte del equipo de colaboradores. Fiscales.gob.ar les preguntó también cómo transitan este periodo de investigación, pandemia mediante, y cómo coordinan el trabajo:
El trabajo se coordina básicamente a través de las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, como grupos de WhatsApp, mails, Zoom, etc. Eso hace que podamos estar cerca a pesar de la distancia y continuamente comunicados seguir el trámite de la causa.
Por las características propias de las unidades, trabajamos con fiscales del resto del país en forma remota, por lo que estamos familiarizados a trabajar en las actuales condiciones. Eso nos facilitó el proceso de gestionar un caso a distancia, especialmente durante los momentos en los que no es conveniente desplazarse por la situación epidemiológica.
Ante la imposibilidad de vernos en persona, el diálogo por videoconferencia está a la orden del día. De esa forma nos conocimos primero y discutimos diversos aspectos del trabajo después.
La utilización de servicios en la nube y documentos colaborativos son las herramientas que nos permiten gestionar el expediente, cuya versión física es administrada por un colaborador de nuestra máxima confianza. La digitalización del legajo y el uso de la firma digital optimizan la concreción de la labor en las actuales condiciones que impone la pandemia.
-En la causa colaboran las direcciones generales de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). ¿Cuáles son y cómo evalúan los aportes de cada área? ¿Y de otras dependencias del MPF?
La colaboración de las áreas del MPF es indispensable. DATIP, para aportarnos una mirada interna (y por ende, de confianza) sobre diversos aspectos técnicos en un caso en el que no podemos depender íntegramente de los laboratorios de la policía; algunos de sus aportes fueron claves para el avance del caso. La DOVIC es otra área indispensable, ya que gestionan la relación con la familia de la víctima y los testigos, los acompañan, contienen, orientan, y nos ayudan a gestionar algunas diligencias que tenemos que hacer con ellos. La Dirección de Comunicación Institucional del MPF también ha sido de enorme ayuda para definir una estrategia de comunicación adecuada para un caso de trascendencia como éste, y para concretar la difusión de esa información.
Las distintas áreas administrativas de la Procuración General de la Nación han sido de inestimable ayuda en la gestión de las diversas situaciones que se van presentando en la tarea del equipo; por ejemplo, la Oficina de Pasajes y Viáticos, para gestionar nuestros traslados motivados en el caso.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/04/FAC_Entrevistas_Fiscales_1.png?fit=1024%2C450&ssl=14501024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-04-29 12:48:502021-04-29 13:50:03“El compromiso es llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante”
El Tribunal Oral Criminal N°3 realizará el 27 de mayo la audiencia preliminar del juicio por jurados que analizará la responsabilidad de Gregorio Raúl Costa en el femicidio de Susana Melo.
La modalidad del debate oral fue elegida por el acusado, quien reconoció haber asesinado a su pareja el 21 de marzo de 2020.
Según la investigación realizada por el fiscal Jorge Viego (UFIJ N°5), durante la madrugada, Costa disparó intencionalmente a Melo en la cabeza, presumiblemente en el interior de la vivienda de Solier al 4000.
“Todas esas conductas desplegadas en un contexto de violencia de género basado en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer”, afirmó el funcionario.
Luego, el imputado trasladó el cuerpo hasta un camino vecinal ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 252 donde fue encontrado por la policía.
Costa será juzgado por “homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por ser cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género”.
Tras de la audiencia se fijará la fecha en la que se llevará a cabo el juicio oral.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/04/costa-melo.jpg?fit=843%2C415&ssl=1415843FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-04-28 13:17:052021-04-28 13:17:07Audiencia por el femicidio de Susana Melo
La abogada Mónica Fernández Avello, en representación de la Agrupación H.I.J.O.S., solicitó penas de prisión perpetua para Raúl Aceituno y de diez años de cárcel para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero y Héctor Focelli.
Es por haber integrado la asociación ilícita Triple A, la cual cometió decenas de crímenes en nuestra ciudad durante los meses previos al golpe de Estado de 1976. En el caso de Aceituno, se le imputa, además, participación directa en el homicidio de David “Watu” Cilleruelo.
“Por los 30 mil, por la Memoria, la Verdad y la Justicia, las compañeras y compañeros víctimas de la Triple A y sus familiares, señores jueces, les solicito que se haga justicia”, concluyó.
El 3 de mayo continuarán las audiencias con los alegatos de Leandro Aparicio y Francisco Fuster, en representación de la familia de Luis “Negrito” García y la Universidad Nacional del Sur, respectivamente.
La querella no computó ningún tipo de atenuantes. “Es obvio que no existieron condicionamientos de edad, de educación, de miseria o dificultad para ganarse el propio sustento que los hubiera compelido a cometer los hechos”. Sí sumó agravantes, “principalmente respecto a la extensión del daño causado y a la ausencia de arrepentimiento”.
Por otro lado, adhirió a los pedidos de reparación simbólica realizados por la Fiscalía y requirió que se revoquen las excarcelaciones de Curzio, Pallero y Forcelli y la detención domiciliaria de Aceituno.
La abogada cerró con una cita de la testigo Gladys Haydé Elvira:
“Para que una sentencia sea justa debe ser reparadora. (…) Hay que reparar los 45 años de demora, el medio siglo que pasó con los asesinos impunes. Esta gente ni siquiera se cambió de vecindario, nos obligaron a convivir por medio siglo a las víctimas y a los familiares con los asesinos. (…) Espero de este tribunal una sentencia ejemplificadora, aleccionadora, que acabe con la impunidad para siempre (…), aun así, con los 45 años de impunidad. Quiero decir que José, Julio, Gabe, los 30 mil no son solo Memoria, son, por sobre todas las cosas, convicciones que levantaron los pañuelos blancos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y que en este presente todavía sin justicia, levantan los hijos, las hijas, los nietos y nietas”.
Fernández Avello agregó: “Por los testigos fallecidos durante este juicio. Maffo Pereyra, que durante su declaración se quedó sosteniendo la cabeza de su amigo Watu. Esa gran mujer que fue la compañera de Gini, Marta Fabini. Eugenio Navarrete, Víctor Basterra y Jorge Bernardi. También Luis Ángel ‘el Turko’ Salomón, quien tomó registro de todos los juicios en Bahía Blanca. Y por ese gran luchador contra la impunidad en Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo”.
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La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia rechazó el recurso de Casación interpuesto por la defensa de Diego Hernán Rogero y confirmó la condena a prisión perpetua por el femicidio de Aída Rosa Caballín.
El 12 de febrero del año pasado el Tribunal Criminal Nº2 determinó que Rogero fue el autor responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género.
El fiscal Jorge Viego determinó que el 16 de julio de 2018, alrededor de las 22:39, la mujer subió por su propia voluntad a un Mercedez Benz Sprinter y Rogero la mató intencionalmente por asfixia mecánica, utilizando para ello una soga en el cuello.
Luego, el hombre se descartó del cuerpo de la mujer en la vía pública, en inmediaciones de calle Ayacucho a la altura del 7500. «Todo eso sucedido en un contexto de violencia de género basado en una relación de desigualdad de poder entre un hombre y una mujer», sostuvo el funcionario.
La instrucción logró determinar que cerca del cuerpo había huellas de un rodado con características particulares y establecer que ese vehículo seguía su marcha y realizó una vuelta en “U” para retirarse del lugar, sin encontrarse huellas de pisadas en el sector.
Se precisó que la víctima era explotada sexualmente en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte. De esa manera se realizó un rastreo mediante las cámaras de seguridad que registraron un vehículo utilitario que coincidía con las huellas recogidas en el lugar donde se encontró el cuerpo.
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