Son dos causas que la Unidad Fiscal bahiense calificó como emblemáticas. En una de ellas están acusados el médico Luis Fortunato Adalberti y el enfermero Adalberto Osvaldo Bonini por la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de 141 víctimas.
Los acusados realizaron la atención médica y sanitaria de las personas recluidas en el centro clandestino de detención y tortura (CCDT) “La Escuelita”. Será la primera oportunidad en que se juzgue, en esta jurisdicción, la participación de profesionales de la salud por su actuación en campos de exterminio.
En la restante causa se acusa a doce oficiales y suboficiales de la misma fuerza por abuso deshonesto en perjuicio de una víctima, cometidos durante su cautiverio en el CCDT que funcionó en el Batallón de Comunicaciones 181. También será la primera vez que en Bahía Blanca se juzguen delitos sexuales en causas de lesa humanidad.
Además de Fermento, intervienen en la causa el fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal subrogante José Nebbia.
Los funcionarios destacaron la importancia de que los hechos sean analizados desde una perspectiva de género, para lo cual solicitaron la citación de distintas testigos expertas en la materia.
Por otra parte, dictaminaron a favor de la concentración de la totalidad de los procesos por crímenes contra la humanidad radicados ante el mismo tribunal en un único debate, pedido que fundó en la coincidencia parcial de los objetos y sujetos procesales, la complejidad del fenómeno delictivo, la correlación entre los aportes criminales, las relaciones orgánicas dentro del aparato delictivo y la sistematicidad en la modalidad de comisión de los crímenes.
Además, consideraron que tal criterio es el que mejor se adecua a la pronta realización de los intereses fundamentales en estos procesos: por un lado, la declaración de las responsabilidades penales acreditadas en juicio y aplicación de sanciones adecuadas y, por otro, la importancia para víctimas y familiares de que los hechos lesivos se ventilen en un debate oral y público en el que puedan ejercer el derecho a ser oídas y obtener una reparación a través de un pronunciamiento por parte de las autoridades jurisdiccionales del Estado Argentino, sin perjuicio del interés de la sociedad argentina en la realización de estos debates.
De hacerse lugar a la acumulación, el proceso se encamina a la realización de un mega juicio –el más grande de los celebrados en esa jurisdicción– donde de juzgarán 42 imputados por los hechos que damnificaron a 175 víctimas.
A su vez, para lograr una mayor celeridad del debate, la Unidad Fiscal solicitó la adopción de medidas tales como la fijación de la mayor cantidad de audiencias por semana, con la mayor duración posible y la menor cantidad de interrupciones, siguiendo las Pautas para la actuación de los y las fiscales en la investigación de crímenes de lesa humanidad de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
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Leandro Aparicio denunció penalmente a la fiscal Leila Violeta Scavarda por reivindicar al dictador Jorge Rafael Videla, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Desde la Fiscalía General se informó a FM De la Calle que se iniciaron actuaciones sumariales de oficio.
“El domingo a la tarde opinó en el muro de otra persona que había hecho una publicación de una tapa de la revista Gente. Había algunas personas comentando que se vivía mejor en la época de la dictadura. Con un perfil donde no tiene su nombre, publicó que había 6% de pobreza, cero motochorros, cero droga, que a ella cuando iba a estudiar nunca la bajaron con la escopeta del colectivo, le pedían el DNI y seguía”, dijo Aparicio.
Para el abogado, la funcionaria podría haber cometido “los delitos tipificados en el Art. 231 del Código Penal que reprime con prisión de un mes a un año al que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.
Scavarda está a cargo de la investigación del hostigamiento y las amenazas sufridas por testigos de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
Aparicio relató que cuando le comentaron la publicación buscó en facebook amigos en común “con Scavarda, alias Violeta Álvarez”. Así se comunicó con una conocida que le confirmó que la del perfil era la fiscal.
“Si el perro o alguien le agarró la computadora el domingo a la tarde y se puso a escribir es una cuestión que se tendrá que dilucidar, quien tiene una cuenta es responsable de las publicaciones que realiza”, afirmó.
El abogado explicó que “una cosa es un facebook trucho y otra es donde no ponés tu nombre. Un facebook trucho es que yo haga un facebook con tu foto y publique como si fuera vos. Una persona que sabe todo el mundo que es Pepe por más que no diga Pepe, es algo que no tiene nombre real pero podemos tener certeza de que ese facebook tiene amigos en común que me confirmaron que es Scavarda”.
“La estoy llamando como testigo a la (defensora oficial) Fabiana Vannini, que interviene en la publicación con una postura contraria de lo que sostiene Scavarda, que compartimos vos yo y todos los demás hablando en contra de ese período tan nefasto de la historia”.
“Celebro la sinceridad ideológica porque cuántos hay que piensan así y no lo dicen. Escucho al señor Susbielles que dice ahora que La Nueva es otra cosa porque está Elías. Dice con respecto al atentado (en La Cámpora) ‘confiamos en la justicia’. ¿En quién? ¿En el fiscal el que recayó? Ese fiscal (por Santiago Martínez) fue denunciado por H.I.J.O.S., por el CELS, por Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Ese fiscal va a investigar?”, enfatizó.
Por último, insistió en que “no es Scavarda la única que piensa así, la fiscal tal vez un domingo a la tarde le agarró un ataque de sinceridad y lo dijo. Lamentablemente mucha gente piensa como estos. No les importa nada, lo dicen, porque no van a tener sanción. ¿Cuánto tiempo se van a tomar para decidir esto en la Procuración? No creo que al procurador le afecte ni se horrorice, me parece que ideológicamente anda por ahí. Hay que seguir, uno no puede tolerar todo esto”.
Habían reclamado su remoción en el caso Esnaola
En julio pasado más de veinte organizaciones de mujeres, feministas, gremiales y políticas expresaron su «preocupación en relación a los intentos de cerrar la causa sobre la desaparición de Andrea Esnaola, trabajadora de la educación de Pehuen Co, quien salió de la escuela en horario laboral el 15 de julio de 2015 y nunca más se supo de ella».
«Pedimos que la fiscala Leila Scavarda sea removida del caso, ya que demuestra su ineficiencia en la búsqueda de respuestas (pasaron 5 años, ya no cabe hablar de probabilidades) y su falta de perspectiva de género para poder llegar a saber que pasó con Andrea», afirmaron
Scavarda difundió en aquel momento los resultados de la autopsia psicológica de Esnaola. Entre las conclusiones destacaba que “no surgen datos positivos de las distintas pesquisas llevadas a cabo por el personal a cargo de la investigación que sustenten la hipótesis de una desaparición con fines criminales”.
Por otro lado, apuntó que “Esnaola reunía una serie de condiciones de vulnerabilidad psíquica, tanto personales como sociales (trastorno de personalidad, enfermedad psiquiátrica, aislamiento social), por lo cual no contaba con los recursos necesarios para afrontar un conflicto percibido por ella como altamente estresante. En consecuencia la hipótesis de un suicidio impulsivo como fuga o escape es la que reúne mayor cantidad de elementos objetivables (declaraciones e información médica), volviéndose así de mayor probabilidad”.
“Las restantes hipótesis (entre ellas la del homicidio) carecen de elementos de peso al presente, es decir, con la información recabada por la investigación de las autoridades competentes”, manifestó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/06/comentario-3.png?fit=1662%2C617&ssl=16171662FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-06-01 14:39:272021-06-01 15:22:38Denuncian a una fiscal por reivindicar al genocida Videla
La senadora provincial por el Frente de Todos y militante de La Cámpora, Ayelén Durán, dialogó con FM De la Calle acerca del atentado ocurrido durante la madrugada del martes en el local partidario de Berutti y Donado. Destacó que si la justicia no esclarece lo sucedido se corre el riesgo de su repetición: “Tienen que encontrar a los culpables”.
“No hay porqué a tanta violencia política. Seguimos adelante, trataron de amedrentarnos y no lo vamos a permitir, tenemos la fuerza militante, la construcción política colectiva, nos reconstruiremos desde el amor y siempre en términos democráticos”, dijo la legisladora.
Comentó que “no es fácil que te llamen compañeros avisando que habían puesto un explosivo de manera intencional en el lugar en el que transcurre tu militancia. Primero (sentís) tristeza, después nos reconforta tenernos como compañeros, al final termina la noche y no se puede creer. Después de la pericia que se dijo que se explotó de manera remota, uno toma dimensión de quién pudo haber planeado eso con tanto odio”.
Durán agregó que quien ejecutó el atentado “no es alguien que buscó cómo hacer una bomba en Youtube sino que es alguien que conocía y sabía la magnitud del daño. Nos preocupan vecinos y vecinas que sufrieron las consecuencias del ataque, hasta el séptimo piso sufrieron roturas de vidrios, los comercios. Eso en términos materiales, después profundizás en términos institucionales y desconcierta esta violencia política”.
“Lo vemos contra la democracia, la persona que hizo el panfleto, la explosión, es una persona que no entiende la convivencia en términos democráticos. El panfleto iba a la justicia, contra gremialistas, políticos, periodistas, contra los derechos que adquirimos las mujeres, niñas y niños. Es un ataque a la democracia más allá de que el perjudicado es nuestro espacio político”, enfatizó.
En relación a la causa judicial dijo que “si queda impune estamos dando pie a que sucedan otros hechos, creo que la justicia tiene que encontrar a los culpables”.
La senadora provincial junto a otros referentes del Frente de Todos bahiense mantuvieron en las últimas horas un encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Nos dio su apoyo, estuvimos dialogando sobre lo que pasó y quería estar acompañándonos. Entiende la magnitud del hecho. De todo el arco político hemos tenido contacto, del Ministerio de Seguridad, de Producción. Desde el arco político opositor también”.
“Presentamos desde la Legislatura de la provincia un repudio en conjunto con las dos fuerzas que convivimos en la Cámara”.
Por último, aseguró que “en este tiempo la seguridad va a ser primordial pero también las ganas de militar, entendemos que es nuestra vocación de vida, no solamente cumplir roles institucionales, antes que legisladora soy militante. Hay que recomponer lo material y seguirle dando vida a nuestra casa militante”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/05/ayelenduran.jpeg?fit=1024%2C580&ssl=15801024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-05-28 13:30:212021-05-28 14:12:30Atentado en La Cámpora: “Si queda impune estamos dando pie a que sucedan otros hechos”
La investigación del atentado al local de La Cámpora quedará a cargo de la justicia federal.
Según se informó desde la fiscalía provincial, desde el despacho de la jueza Gabriela Marrón se presentó ante el Juzgado de Garantías a cargo de la Marisa Promé un oficio en el que se solicita que se inhiba de seguir interviniendo en el caso.
Al contestar el pedido, el fiscal Marcelo Romero Jardín -titular de la UFIJ N° 8– no se opuso entendiendo que los delitos son de competencia federal y detalló que tomó intervención ante el rechazo telefónico por parte de la Fiscalía Federal y para evitar demoras que pusieran en riesgo le eficacia de la investigación.
De esa manera se impartieron las primeras directivas para que el personal policial pudiera realizar las tareas investigativas.
Además detalla el Fiscal que la conducta investigada podría encuadrarse en lo normado en los artículos 55, 186 inciso 1°, 189 bis primer párrafo y 213 bis del Código Penal, estos dos últimos de competencia federal por estar contemplados en el artículo 33 del Código de Procedimiento Penal de la Nación.
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La Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca abrió una investigación preliminar para investigar la explosión que se produjo esta mañana en el frente del local partidario del Frente de Todos de Berutti y Donado.
El informe preliminar de los peritos que intervinieron en el caso concluyó que se utilizó “un artefacto explosivo no reglamentario con el poder suficiente para producir lesiones y daños a terceros”.
“Se desprende que los elementos en cuestión en su conjunto y debido al confinamiento de una cierta cantidad, no precisada, de un deflagrante (posblemente pólvora), arrojan como consecuencia la detonación del envase por exceso de presión, siendo este metálico (posiblemente aluminio). Deduciendo que su sistema de iniciación sería eléctrico por los componentes hallados, no pudiendo determinar si es remoto inalámbrico o con temporizador (reloj)”, sostuvieron.
La Fiscalía General consideró los hechos como de inusitada gravedad y que, en principio, su investigación corresponde al fuero federal.
El fiscal Horacio Azzolin solicitó a la población que cualquier dato que permita determinar el origen de la explosión y esclarecer los hechos ocurridos debe dirigirse a la dirección de correo electrónico correspondiente a la Fiscalía General ante la Cámara Federal, fcmfed-bha@mpf.gov.ar
Más temprano, desde la justicia provincial se comunicó que la UFIJ N° 8, a cargo de Marcelo Romero Jardín, se tomaron las medidas inmediatas para recolectar los indicios necesarios en busca de determinar lo sucedido.
La Fiscalía provincial tomó intervención después de que la policía se comunicara con la Fiscalía Federal en turno, quien alegó no ser competente.
Así es que desde la UFIJ N° 8 se brindaron las primeras directivas para recolectar elementos de prueba.
En el lugar se encontraba trabajando la Dirección de Explosivos por lo que se solicitó un informe detallado de su intervención, además se pidió un relevamiento de las cámaras privadas y municipales del sector y declaraciones testimoniales de todos aquellos que hayan tomado conocimiento de alguna circunstancia relevante para la investigación.
Una vez colectada toda esa información se analizarán los pasos a seguir en el marco de la causa.
Se investigan los delitos tipificados en los artículos 186 inciso 1, 189 bis inciso 1 y 213 bis del Código Penal, los que se refieren a estrago doloso por explosión, tenencia de bombas y materiales explosivos y organizaciones que tienen por objeto imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor.
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Se cumple el sexto aniversario del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso. Días atrás, el Ministerio Público Fiscal anunció el pase de la causa al Departamento Judicial de Azul, luego de que varios fiscales se excusaran de participar en la investigación. Aún no hay ningún imputado por el crimen de la joven.
“Son dos causas, la 1 y la 2. La 1 es la que está desde hace 6 años, la que no tiene movimiento desde hace un año y medio, el último fue la recusación de (Jorge) Viego que no se llegó a formalizar por el Covid. Me denuncia a mí y se va de la causa”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia Moscoso, Leandro Aparicio.
“En esa causa, la última medida de prueba que hay, después que lo pedimos hace 4 años, le hicieron un oficio a Facebook y Facebook no dice el contenido del mensaje sino las últimas 3 personas con las que chateó: con su tía, con su mejor amiga y con un patovica del boliche de Dichiara, no con el del boliche al que ella fue a bailar si no con otro”.
Aparicio comentó que desde la justicia “no hicieron nada, ni fiscales ni el procurador. La causa con toda la información está hoy en Tandil, que depende la Fiscalía de Azul, llamamos a la Fiscalía y nos dijeron que están viéndola”.
Por otro lado, mencionó que “la causa 2 en la cual denunciamos el encubrimiento, le agregamos la foto del patovica, le agregamos la foto del comisario Maldonado y Zamora apretando a los bomberos para que borren la foto de un lugar a una cuadra donde fue plantado el cuerpo. Zamora está apartado por el abuso de 3 mujeres, Maldonado está jubilado”.
El fiscal de Azul llamó a declarar a algunos testigos. “Está citando a las personas con policía de la provincia cuando está denunciada. Nos oponemos a que vayan 300 kilómetros por sus propios medios. Llegó la pandemia y se paró. Empezamos a pedir explicaciones, nos dijeron que la causa se había pedido desde Bahía. Ahora están citando de nuevo a los mismos testigos”.
Agregó que en “esa causa no estamos constituidos como particular damnificado, nos presentamos en Azul y la jueza dijo esto tiene que ir a Bahía y en Bahía se excusaron los 5 camaristas penales. No le aceptaron la excusación (Gustavo) Barbieri y (Guillermo) Soumoulou y volvió a la sala de ellos para que nos digan que somos particular damnificado y ahí podríamos presentarnos en la causa 2”.
El abogado explicó que el plan es concurrir con el tío de Katherine, Ezequiel Moscoso, “sentarnos con los fiscales de Azul para preguntarles por dónde va la investigación. Estamos insistiendo que la Comisión Provincial de la Memoria nos acompañe a plantear reclamos internacionales. Después de 6 años con una complicidad advertible en el expediente, le mandamos mail a todas las comisiones de mujeres, género, diversidad, discapacidad, nadie nos contestó, el Estado está interpelado y estamos en condiciones de decir que acá en Argentina en este caso se han violado todos los derechos”.
“Lo más importante que tenemos es con quien se comunica Kathy a las 5:30 de la mañana y es un patovica. No lo llamaron a declarar, me denunciaron a mí. Eso lo va a tener que explicar el dr. Viego, por qué no realizó medidas de prueba sobre esa persona luego de que se la pedimos expresamente”.
Por otro lado, cuentan con “el testimonio de 3 policías, que fueron a investigar y dicen que Cordi les dijo “vos no te movés de acá y si algún comisario te llama me avisas primero”. Otro que dice que Pérez, el comisario que permitió que mataran a Canini, le dijo “vos pelado te movés del patio y te meto 8 días de suspensión”, ese inspector dice que a otros policías les avisaron: ‘ese es tu coche, sacálo porque se va a pudrir todo'”, en referencia a los incendios ocurridos una vez conocida la aparición del cuerpo de la joven.
“A Canini lo linchan porque la policía no lo protegió, este Pérez le dice a la gente, según declararon 4 personas, “ahí lo tenés, agárralo que se te escapa”. Hay 3 policías que dicen ‘a mí me apretaron para que no investigue’. Eso se lo dicen al fiscal Long y se lo comunican al fiscal Fernández. Siguen avanzando e imputan a Daiana, una amiga de Kathy, una chica discapacitada. Eso no resiste ningún análisis”.
También señaló que a “los inspectores del centro del monitoreo, que podrían haber visto lo que pasaba por las cámaras, los amenazaron personalmente en un Bora a las 8 de la noche, antes de los incendios y del linchamiento, y después los llaman a través de un handy y los amenazan”.
Po último, enfatizó que “tenemos también las contradicciones de los patovicas y del dueño del boliche Arenas, Martín Fernández. También está el papel de los policías, que siguieron órdenes, bajó Aníbal Fernández, vino el ministro Casal. Este encubrimiento fue posible por el poder político que tiene Dichiara. No me cabe duda que fue una inteligencia de ese quilombo que sirvió para tapar el crimen de Katherine Moscoso”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/moscoso-katherine.jpg?fit=1366%2C765&ssl=17651366FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-05-23 03:47:202021-05-23 03:47:21Kathy Moscoso: 6 años de impunidad
Ante el fracaso de la mediación con las empresas que contaminan el estuario bahiense, la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría reclama avanzar con el juicio y citar a indagatoria a gerentes y funcionarios.
“Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. (…) Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar”, dijo a FM De la Calle el abogado Luis Arellano.
La semana pasada la Cámara Federal revocó una serie de acuerdos individuales entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de las firmas investigadas y reprochó la demora de más de una década que lleva el trámite de la causa. Horas después, Martínez planteó a la jueza Gabriela Marrón que quedó “claramente en crisis” su continuidad en el caso.
Para el representante de los pescadores artesanales, con las resoluciones de la Cámara Federal “se abre una nueva instancia para ver si de una vez por todas podemos, todas las partes involucradas, sentarnos en una mesa común a discutir este tema y no jugar a las escondidas”.
“El motivo fundamental por el que habíamos apelado –los acuerdos con las empresas- era porque se habían hecho a espaldas de la parte querellante. Es el primer argumento que tiene en cuenta la Cámara. Después hay otros, la falta de un adecuado control técnico, el no citar a los peritos, decir que intervino la UFIMA, la oficina fiscal especializada en temas ambientales, que se dice que fue consultada y no es cierto”, detalló.
¿Falta un análisis técnico serio respecto a lo que propone cada una de las empresas?
El estuario no es un ambiente sencillo y los aportes contaminantes tampoco lo son, entran aportes cloacales e industriales. No se puede resolver atomísticamente con cada uno de ellos como si fueran una isla y no tuviera nada que ver con los demás. Hay que hacer un estudio de cómo cada actividad de las empresas contribuye a un mejoramiento global. No se puede hacer individualmente.
¿Para la Asociación de Pescadores cuál el camino que debería seguirse a partir de estas resoluciones de la Cámara?
Establecer una línea de base, que ya está bastante bien establecida por la pericia de la FAUBA y la Policía Federal Argentina, y lo que hay que hacer para revertir este proceso es evitar estas emisiones, bajar la carga contaminante o eliminarla como establece la Ley de Pesca, dice que está prohibido arrojar sustancias nocivas a las aguas, no hay ningún guarismo, es cero, no se pude arrojar sustancias nocivas al estuario. Eso hay que revertirlo.
Va a tener que ser un proceso, que va a llevar varios años hasta que podamos lograr que los aportes de residuos al estuario sean inocuos para la biología marina. Eso es un proceso que requiere aporte de técnicos de primer nivel, han sido dejados de lado acá el organismo ambiental de la provincia, el organismo del agua, el Comité Técnico que tiene gestión en Bahía. Tenemos que volver todos en un trabajo muy complejo, en una misma mesa, con un soporte técnico científico adecuado para establecer un plan que involucre a cada cosa y saber cómo interactúan.
¿De aquella mesa ordenada por la Cámara Federal a estos acuerdos anulados no hubo nada en medio?
Lo que pasó fue que el fiscal, con muy buena voluntad, intentó juntar a las partes varias veces después de esta medida cautelar. Luego sobrevino a la pandemia, tuvimos varios zoom donde comparecimos la Fiscalía y la querella, las empresas estaban invitadas a participar y no vinieron ni a uno. Salieron corriendo a la noche, hicieron un documento de 4 o 5 carillas diciendo cómo iban a arreglar ellos el estuario y lo presentaron para evitar que la causa siga avanzando, el camino es el llamado a indagatoria y, por otra parte, es mi visión, frenar la causa civil que los va a condenar a reparar. Es otro punto que no tienen en cuenta las homologaciones que están siendo revocadas. No se tiene en cuenta la reparación.
Aparte de tener la voluntad de no seguir cometiendo el delito hay que reparar los efectos. Pueden tener su mejor buena voluntad de dejar de verter sustancias nocivas al agua, han dicho durante 30 años que no vierten pero ahora vienen a decir vamos a mejorarlos, ¿en qué quedamos?
Por otra parte, un punto que muchas veces está en tela de juicio, dicen la Cámara y los abogados piden una reparación de perjuicios suponiendo que pedimos plata para los pescadores o para alguien. Lo que hay que conformar en realidad es un fondo de reparación ambiental que tiene que ser destinado a beneficios comunitarios, a un fideicomiso, a la Municipalidad. Esa es la reparación que se exige.
Sí existe en la causa civil en la que los pescadores piden que se los indemnicen por la merma de la pesca, están en todo su derecho, no es ningún pecado al reclamar la indemnización de un daño.
Otro punto que destaca la Cámara es el que da cuenta de la demora de la causa de más de 10 años incluso de la demora de la cautelar. ¿Qué significa la última parte que dice que “es dable señalar que la ejecución de la medida cautelar no suspende el proceso principal por lo que sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”? ¿Tiene relación con la falta de respuesta de las empresas a las convocatorias a buscar soluciones?
No, porque eso sería parte del acuerdo. Lo que está diciendo la resolución es que los juicios penales tienen como destino obtener sentencia condenatoria o absolutoria. Nosotros queremos una sentencia condenatoria, que se condene a los responsables a una sanción penal. Ahí tiene que apuntar este juicio.
En estos dos años que estamos dando vueltas con este acuerdo, hemos presentados distintos escritos al juzgado penal diciendo “señora jueza la causa no está suspendida y el siguiente paso por la prueba que se ha recolectado es citar a indagatoria a los responsables”. Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. A partir de la indagatoria se dispara el derecho de los eventuales delincuentes de defenderse. Las empresas no han podido acceder al expediente hasta ahora y no va a ocurrir hasta que los citen a indagatoria. Es una garantía constitucional. Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar.
Respecto a la prescripción, ¿cómo están los tiempos?
Mal, estos trámites no implican una suspensión del curso de la prescripción. No tengo el cómputo, el plazo va a depender de cuál sea el delito que definitivamente se les impute. La causa lleva más de 10 años.
¿Es habitual que la Cámara se exprese de esta manera?
No, para nada. La Cámara se expresa con idioma correcto pero es un severo tirón de orejas esta resolución.
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La noche del jueves 7 de mayo efectivos del Comando Patrulla Rural de Villarino golpearon a dos adolescentes de 14 años que circulaban por Hilario Ascasubi. Se trata de un chico y una chica a quienes agredieron y apuntaron con armas mientras iban a bordo de una camioneta.
El hecho sucedió a pocos kilómetros de Pedro Luro con integrantes de la misma fuerza policial que está señalada como responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
“Si ellos lo agarran, me lo golpean y hoy tendríamos otro caso como Facundo. Lo estaría lamentando. Doy gracias a dios que se escaparon”, relató a FM De la Calle, Juan Carlos, padre del joven.
El 7 de mayo “el chico mío sale en la camioneta, se me escapa con una chica a 200 metros del pueblo. Aparece una patrulla rural, se le pone de frente sin luces. Cuando llegan prenden la sirena. Se baja un oficial y una chica del otro lado y empiezan a golpearles los vidrios con un arma. Los chicos ven eso y disparan, que doy gracias a dios que no se quedaron ahí”, relató Juan Carlos.
El hombre identificó a los oficiales como Luciano Martínez y Cecilia Choque de Mayor Buratovich.
Afirmó que su hijo y la chica “rajan y se meten al pueblo, a 4 cuadras del pueblo le cruzan el patrullero, le fuerzan la puerta, le pegan en los tobillos y le daban contra el portón de la camioneta. A la nena la bajan, le apuntan con el arma y la ponen contra el patrullero. Ahí vino la gente del pueblo porque lo estaban golpeando. Le doy gracias a dios que la gente lo salvó, porque si no lo hubiesen salvado hoy lo estaría lamentando”, agregó.
Juan Carlos relató que los vecinos le avisaron lo que estaba ocurriendo. “Fui hasta la comisaría, me tuvieron hasta las 3 de la mañana. Estábamos la nena, el nene mío, mi señora y yo. Me llevaron la camioneta al corralón, la multa era mía pero no tenían porqué golpear a los chicos. En el momento en el que estaba firmando, este Martínez me agredía de atrás como para que yo le haga algo, él y la chica”.
“A esta gente no pueden darle armas. No sé cómo los tienen, sé que siguen trabajando, todo normal”.
El titular del Juzgado de Garantías N°2, Esteban Usabiaga, hizo lugar a un pedido de habeas corpus interpuesto por la Comisión Provincial por la Memoria para evitar que continúen las amenazas. El abogado de Cristina Castro, Luciano Peretto, representa a la familia del joven agredido.
“Quiero que a estos dos los saquen de Villarino. Pero los van a sacar de acá y los van a mandar a hacer cagadas a otro lado. Ese chico hace 2 años que está de policía y ya está haciendo macana”, enfatizó Juan Carlos.
Cuando el hombre les dijo “están golpeando a un chico de 14 años”, la respuesta fue :”Nosotros sabemos cómo golpear y dónde golpear”.
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La Cámara Federal continuó con la anulación de convenios firmados entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico. Habían sido homologados por la jueza Gabriela Marrón en la causa que investiga la contaminación de la ría. Involucran a Dow (PBB Polisur), Oiltanking y Mega.
Tal como ocurrió con Profertil, se los revocó, entre otros motivos, por no haber incluido en la discusión a la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente. Resta resolver la apelación referida a Unipar (Indupa).
La Cámara afirmó en todas las resoluciones que los convenios no cumplen con los estándares que fijó en junio de 2019 cuando ordenó “lograr la minimización del daño ambiental a través de un mecanismo alternativo que promueva la participación de los distintos actores involucrados, tanto de las empresas que realizan sus actividades comerciales e industriales en la zona, como así también de los querellantes, de los organismos con funciones de control (municipales y provinciales), de gestión y de profesionales técnicos en la materia”.
El objetivo es “la concreción de un plan sustentable para la Ría de Bahía Blanca en pos de dar cumplimiento con la manda impuesta por el art. 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a un ambiente sano y equilibrado y establece que las actividades productivas no deben comprometer la atención de las necesidades de las generaciones futuras”.
Los fallos referidos a Dow (PBB Polisur) y Mega S.A. fueron firmados por Roberto Amábile y Pablo Candisano Mera y, en el caso de Oiltanking y Profertil, por este último y Silvia Fariña.
Destacaron que si bien la jueza Marrón designó al IADO para controlar la ejecución de las supuestas mejoras “no se advierte que efectivamente se le haya puesto en conocimiento” de la medida.
Dow apunta a la reutilización de agua de efluente en riego y la renovación de intercambiadores de agua por unos de mayor capacidad y mejores materiales para disminuir el efluente y el consumo.
Por otro lado, pretende modificar los patrones de consumo de energías sustituyendo las actuales por renovables, realizar acciones para la sostenibilidad consistentes en promover y facilitar la transición hacia una economía circular donde los residuos se incorporen a nuevos productos y servicios.
Compañía Mega S.A. ofrece reducir a cero –“en condiciones normales”– el vertido de los efluentes líquidos tratados que la empresa actualmente descarga a las aguas del estuario desde su Planta Fraccionadora y reutilizarlos para el riego de espacios verdes dentro de su predio “con la consecuente reducción en el consumo de agua potable que actualmente es utilizada para riego”.
Oiltanking Ebytem S.A. plantea incorporar “un nuevo tanque para realizar separación primaria en un recipiente cerrado con los correspondientes sistemas para control y manejo operativo así como de control de incendio”. Así, afirma, reduciría “hidrocarburos en el efluente final y el riesgo de eventual ignición de vapores combustibles en el espacio abierto, como asimismo, el control de las demandas químicas y bioquímicas de oxígeno; y un ambiente de trabajo más seguro para las personas y autoridades que se acercan a la terminal”.
Profertil, por su parte, pretende mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».
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La Cámara Federal revocó el convenio firmado por el fiscal Santiago Martínez y un apoderado de Profertil en el marco de la causa por contaminación del estuario.
El acuerdo había sido homologado por la jueza Gabriela Marrón a pesar de no haber participado a la querella, a la Fiscalía General ni a organismos técnicos y de control. Se espera que las presentaciones de otras empresas -como Dow, Mega y Oiltanking- corran la misma suerte.
La camarista Silvia Fariña y su par, Pablo Candisano Mera, destacaron la demora de más de una década que acumula la investigación y el “estancamiento” del diseño del plan de inversiones que exigieron en 2019. Por otro lado, advirtieron que “sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban, nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”.
La fábrica de fertilizantes había propuesto mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».
La Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría denunció que «se ha dado a Profertil un trato privilegiado, discriminatorio del resto, casi secreto, otorgándole audiencias privadas sin noticia de nadie y en abierta contradicción con la letra y el espíritu de lo ordenado por la Cámara Federal». Ahora, el tribunal resolvió que la negociación del fiscal Martínez con Profertil “no cumple con los estándares oportunamente fijados”.
El fallo sostiene que “aun cuando se trate de un compromiso individual, un plan superador tendiente a cumplir con el objetivo de recomponer el daño colectivo ambiental provocado en la zona, debió contar previamente con un mínimo respaldo de información actualizada brindada por los profesionales técnicos y/o peritos que tuvieron intervención en autos, así como la efectiva participación de los organismos que tienen funciones específicas de contralor, tales como el Comité Técnico Ejecutivo (dependiente de la Municipalidad de Bahía Blanca), la Autoridad del Agua o el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que den cuenta de la factibilidad de las propuestas homologadas”.
En ese sentido, Fariña y Candisano Mera recordaron que la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) ya intervino en la causa y podría elaborar un dictamen fundado. “Pese a lo afirmado por la jueza de grado, no se observa del presente legajo la oportuna intervención de dicha unidad especializada en torno a la viabilidad del convenio en particular”.
“La complejidad de los asuntos que se abordan en el marco de la causa hace necesario contar con saberes técnicos especializados previos a la toma de una decisión de tal calibre. Sin esos recursos no es posible realizar un seguimiento y análisis adecuado sobre la ejecución del caso, máxime cuando se excluye de la concreción del mismo a la unidad especializada en la problemática”.
La Cámara concluyó que “teniendo en consideración la pluralidad de intereses de las personas involucradas en la causa, el diálogo y la oportuna participación de los mismos debe ser garantizada a fin de dar previsibilidad y un adecuado control periódico a las propuestas que se formulen. Es necesario establecer pautas claras acerca del ejercicio para regular, fiscalizar y sancionar las conductas potencialmente dañosas, donde los organismos con funciones de control no pueden ser obviados”.
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La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó el amparo colectivo presentado por representantes vecinales de nuestra ciudad ante la falta de provisión de agua por parte de ABSA. Sin embargo, no hizo lugar a la suspensión del cobro que había determinado la jueza bahiense.
La medida había sido otorgada en primera instancia por la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº2, María Selva Fortunato y apelada por la prestadora del servicio.
Según detalló a FM De la Calle Sandra Vulich, abogada patrocinante de vecinos y vecinas, la Cámara alegó que “la existencia de la problemática en cuanto al agua en Bahía es estructural y viene de larga data. Consideran que no fue un hecho excepcional de este verano y decidieron rechazar esa apelación”.
“No fue así para el caso de la facturación, se va a seguir lo dispuesto por la resolución 167 de ADA (Autoridad del Agua), se van a descontar los días que -a criterio de ellos, que lo desconocemos- los bahienses estuvieron sin agua y se reflejará en las facturas de mayo y junio”.
“El plan de contingencia es muy pobre, ellos pusieron a disposición, además de la pagina, un correo, un whatsapp para que se solicite el camión o bidones. En ese sentido, está buena esta resolución porque ahora van a tener que cumplir. Dispuso esta medida cautelar que en las 4 horas posteriores al reclamo ellos tienen que cumplir”, explicó Vulich.
En caso de incumplimiento, señaló que “pueden apelar a mis datos que vienen con la factura de ABSA, con mi correo electrónico, y yo me encargo. O directamente hacer el reclamo en la página, es importante que quede el reclamo porque es la prueba de que se hizo y se incumplió”.
En relación a las obras anunciadas recientemente por el gobernador, mencionó que “lo que plantean a corto plazo son obras de 5 años. Primero que nos definan qué es corto, mediano y largo plazo. Son obras que tienen proyectos, evaluaciones”.
“Hay ciertas cuestiones como la reparación de la red de agua local, que es la que tiene pérdida. Casi el 45% del agua que llega del dique se pierde en la red por roturas y por falta de mantenimiento. Esa es una obra a corto plazo que podría mejorar la situación, hay que empezar por ahí. Eso no está previsto”, dijo la letrada.
Respecto a los descuentos, comentó que son sumas “irrisorias”. “Son de 35 pesos, 50 pesos. No sé cuál es el criterio”, insistió.
Por último, consultada por el funcionamiento de la Mesa del Agua, enfatizó: “Me echaron en las dos reuniones, tuve una acalorada discusión con el presidente del Concejo Deliberante. De un día para el otro resolvieron no reunirse más. Es una falta de respeto a los vecinos. Ellos alegan que es porque todavía no está en plan de obras presentado formalmente”.
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El fiscal Juan Pablo Schmidt solicitó la elevación a juicio oral de la causa que tiene al secretario general de la UTA, Ricardo Pera, imputado por amenazar y provocar lesiones leves a su ex pareja.
Lo confirmó a FM De la Calle Fernanda Petersen, abogada de la denunciante, Laura Trespando. Luego de frustrar en varias ocasiones las audiencias indagatorias, finalmente el ex concejal prefirió mantenerse en silencio.
Destacó que “tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas” que existen en esta causa.
En el expediente en cuestión, “el fiscal contextualiza con los hechos que se denuncian y considera que están dadas las condiciones para elevarlo a juicio. El defensor de Pera se opone y estamos esperando la resolución jueza de Garantías, Claudia Olivera”, dijo la letrada.
Los hechos que se le imputan a Pera son lesiones agravadas por el vínculo y en el marco de violencia de género y amenazas coactivas. “Para acreditar esto hay informes médicos, hay fotos, un informe psicológico que da cuenta el impacto que tuvo en la víctima. Por las amenazas, más allá de testimonios, la víctima presentó su celular y los peritos concluyeron que no se había modificado nada y que surgían los textos tal cuales los había relatado al momento de hacer la denuncia”.
“Eso es fundamental para poder acreditar que la situación de lesiones y amenazas se dieron y en este marco de una relación previa, por eso se da el tratamiento dentro del marco de violencia de género”.
“La pena es mayor a 3 años, lo que buscamos es que sea condenado para validar los dichos de la víctima y demostrar que, más allá de su cargo (secretario general de la UTA), es posible llevar a cabo una causa de estas características y que la justicia le de una respuesta”, afirmó Petersen.
Agregó que “la fiscalía ha agotado todas las medidas de prueba, no solamente desde el denunciado y la víctima, sino que también los testimonios del imputado han sido escuchados. Esto acredita que los hechos que se relatan sucedieron con esta modalidad”.
La abogada resaltó que el relato de la víctima y de testigos dan cuenta de “esta situación poder real que era ejercida por esta persona sobre cualquiera que tomara posicionamiento. La víctima deja claro el padecimiento y el miedo real y no solamente lo que le pueda pasar a ella sino a su entorno familiar y cercano que es quien la sostienen en esta denuncia”.
Pera fue condenado a un año y diez meses de prisión por la agresión a dos concejales durante una sesión del deliberativo local. “Esta persona ha tenido actitudes de violencia en situaciones públicas donde no solo había gente sino medios. Si esto lo trasladamos a una situación de asimetría en una relación de pareja, laboral, donde él ejerce el poder por sus contactos políticos y su representación gremial, queda acreditado que los dichos de la víctima son reales. Creo que en muchas causas tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas que en esta situación tenían”.
Trespando y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa» tras la separación de la pareja. El entonces presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.
“Al momento que se realiza la denuncia se divide la investigación en delito de lesiones y amenaza coactiva y la situación específica en el ámbito laboral. Las personas que prestaron declaración en esta causa son allegadas, en la otra causa no hemos llegado a la instancia probatoria, pero la realidad es que más allá de lo que suceda a futuro (Trespando) no ha tenido el acompañamiento de las instituciones como SAPEM o el mismo Municipio. La víctima tomó todos los recaudos para que los estamentos públicos estuvieran al tanto de esta situación”.
“En este caso juegan otras cosas que tienen que ver con el poder que detenta esta persona, su cargo gremial, la influencia que tienen en los estamentos públicos”, dijo en referencia al titular de la Unión Tranviarios Automotor.
Señaló que “si ella no hubiera tenido el acompañamiento de su familia, de militantes, otra hubiera sido la situación. Las redes que se han tejido en esta causa y el acompañamiento de organizaciones hacen que ella este posicionada en otro lugar, pero ante cualquier movimiento en la causa se reaviven esta situación”.
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El inicio del debate oral de la causa por abandono de persona seguido de muerte de Mariana Sol Bruna estaba previsto para esta semana pero debió reprogramarse por cuestiones sanitarias.
Según informó la Fiscalía el juicio se desarrollará los días 20, 21 y 22 de diciembre en dependencias del Tribunal Criminal N° 3. Ya había sido suspendido en marzo de 2020 por aislamiento de uno de los jueces.
El imputado es Luis Nicolás Martínez de 28 años y, según la investigación realizada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, se le reprocha haber puesto en peligro la vida de Bruna (15 años), facilitándole droga y colocándola en situación de desamparo al retenerla en el interior de su vehículo.
Para el fiscal, Martínez obró de manera negligente cuando la chica se descompuso el 31 de marzo de 2018 dentro de su automóvil, hecho que posteriormente le causó la muerte.
“La descompensación sufrida por Mariana Sol Bruna fue indudablemente advertida por el imputado Martínez, quien, dolosamente, teniendo dominio del acto, y contando con tiempo suficiente para ello, omitió requerir el auxilio médico imprescindible”, afirmó Romero Jardín en la requisitoria de elevación a juicio.
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El fiscal federal Gabriel González Da Silva concluyó su alegato en la causa “Bobinas Blancas” en marco de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína en nuestra ciudad.
“El territorio bahiense era un punto intermedio entre Mendoza y Buenos Aires, que era desde donde pensaban exportar la droga. Ignoro los motivos pero tengo mis sospechas de que eligieron el Parque Industrial de Bahía Blanca porque era un lugar con menos controles que en otros, fueron varios galpones que alquilaron en distintas partes de Argentina, primero los estudiaban y cuando había terceros que empezaban a dudar, cambiaban”, dijo Da Silva a FM De la Calle.
El representante del Ministerio Público señaló que “era una banda internacional, con mucha logística y conocimiento previo, que eligió a la Argentina como punto de paso para hacer exportaciones de cocaína. Tenían una vocación de permanencia donde el producto de ‘Bobinas’ no iba a hacer su única operación sino que tenían pensando afincarse en el país. Hay antecedentes de que habrían realizado operaciones similares con anterioridad a esta causa”.
Los acusados son los mexicanos Max Rodríguez Córdova, Gilberto Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas y los argentinos Marcelo Rafael y Darío Maximiliano Cuello y Amílcar Darío Martino, considerados partícipes secundarios en el tráfico de la droga. Emmanuel García, por su parte, es señalado como responsable de las operaciones de lavado de activos mediante criptomonedas.
En cuanto al funcionamiento de la banda, Da Silva explicó que “estaba compuesta por ciudadanos extranjeros que operaban desde México y Canadá, que tenían una segunda línea de ciudadanos mexicanos que enviaron a la Argentina y se encargaron de acondicionar las bobinas, trasladar la cocaína -presuntamente desde Mendoza- que habría ingresado desde Chile”.
“No era el único método de exportación de cocaína que tenían sino que, además, lo hacían a través de piedras molidas de cuarzo y para eso tenían parte de la organización instalada en Mendoza”, dijo.
El fiscal aseguró que 7 de los 6 acusados confesaron ser responsables de los delitos que se les imputan. “Yo tenía que tomar el recaudo de que esa confesión no hubiese sido por medio de una amenaza o por intención de la gente que estaba procesada para intentar cubrir a otras personas y hacerse cargo de delitos que no les corresponden como ocurre en organizaciones criminales donde el jefe se los pide”.
“A pesar de la confesión tuvimos que apoyarnos en vías independientes que constatamos a través de testigos, conversaciones y anotaciones que tenían en cuadernos donde llevaban contabilidad y detalle de todo los que estaban haciendo”, comentó.
Da Silva recalcó que “fue un trabajo de hormiga por parte de la Fiscalía, de los órganos de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo), pudimos comprobar una cuestión principal a la que no se le prestaba mucha atención y que es un delito de gravedad similar al narcotráfico que es lavado de activo a través de la utilización de criptomonedas. En ese sentido, si bien hay antecedentes de causas de lavado de dinero, no tenemos antecedentes con criptomonedas”.
La salida de la droga
En su alegato, el fiscal destacó que en el Parque Industrial local “había despachantes de Aduana, gente que se dedica al comercio exterior, que advertían que pasaban cosas raras y se despegaron y les advertían a los imputados que entablaban comunicación con ellos. Todo se apoyó en una empresa fantasma de cuarzo molido y empezaron a ver que entraban bobinas que no tenían nada que ver, empezaron a sospechar de los movimientos. Usaron Bahía como punto intermedio y ya estaban pensando en irse a otro lado, más allá de que pensaban continuar con el negocio”.
La proyección era sacar la droga por el puerto de Buenos Aires: “Estaba todo pactado y los agarraron antes, pensaban utilizar un galpón en Quilmes como depósito previo antes de la salida, tenían todo prácticamente embalado, les faltaba el embalaje marítimo e iban a salir desde Buenos Aires. No lo pudimos determinar bien, pero los destinos eran seguramente Canadá o España”.
Otros vínculos
Da Silva aseguró que no se pudo determinar si hubo relaciones entre la banda e integrantes de fuerzas de seguridad u otros organismos de control. “Utilizaban mucho ciudadanos argentinos, gente que contactaban antes, llegaban a un nivel de confianza y, cuando veían que no los iban a delatar, los contrataban y los hacían trabajar haciendo que se movieran por distintas partes del país, no necesariamente necesitaban gente de Bahía Blanca. Eran todas personas con niveles de instrucción mediano o bajo que sabían que por las ganancias que tenían los podían callar con eso y listo. De todo lo que estudié no me surge que hubiera otro tipo de conexiones”.
Lavado de dinero mediante bitcoins
Emmanuel García está imputado por haber lavado el dinero del narcotráfico mediante transacciones de criptomonedas. El fiscal comentó que “el financista mexicano le mandaba bitcoins a García. En el 2017 no eran furor que son ahora, había pocos traders que se encargaban de convertir bitcoins por fuera de exchange, que son empresas virtuales pero tienen un comisionista que toma recaudos para ver si los orígenes son lícitos, si comprometen”.
“No era fácil de hacerlo por esos medios, buscaron uno que actuaba de manera independiente y que pudiera aceptar hacer eso de manera irregular. Dieron con García y acredité que fueron 5 transacciones por lo menos, fueron más pero no pude probarlas. El mexicano le trasladaba bitcoins, él los cambiaba por dólares, ganaba una comisión mayor y se los entregaban a los que estaban en Argentina”, señaló.
El trato era de “suma confianza” entre García y el jefe de la la banda “al punto tal que lo llamaba para confirmar si habían hecho la transacciones. Él tenía un rol preponderante y único, si bien no se lo imputó en la instrucción por narcotráfico, tenía conocimiento de quién le mandaba, para qué se usaba, de que era de origen ilegal y hacía las transacciones sin pudor para obtener mayor ganancia. Les cobraba un porcentaje muchísimo mayor al de una transacción normal y de esta forma se pudo financiar parte de la banda, sobre todo la rama que actuaba en Bahía Banca y Mendoza”.
El fiscal planteó que “el mercado de criptomonedas no tiene regulación específica en Argentina. Sí la tiene a nivel internacional, esto va a prevenir al mercado financiero local de que no cualquiera puede hacer cualquier cosa y que el Estado argentino está atrás de este tipo de cosas y no es un paraíso fiscal donde se pueda pasar plata literalmente manchada con sangre sin que se tomen los recaudos y sin que se sancionen a los responsables”.
Próximos pasos
González Da Silva destacó que “es el primer precedente de lavado de dinero de activos con criptomonedas, es el primero que marca la cancha, si es que los jueces aceptan mi tesitura”.
La penas requeridas van de 4 a 20 años: “Estamos hablando de segundas o terceras líneas, las penas máximas son para los jefes -si bien los juzgados eran coautores y armaron todo- por esos motivos no fui más arriba con la pena máxima”.
“Tenemos conocimiento de varios secuestros que no son del nivel de lo que ha sido en Bahía Blanca. Es novedoso que es gente que no eligió a Argentina para hacer una operación de paso sino que es el punto de referencia para hacer las exportaciones, intentaban instalarse en Argentina para hacer canal de paso de droga hacia los países del norte y Europa. No tengo antecedentes donde existiera esta vocación de permanencia que demostraron tener en Argentina”.
La causa se originó en un dato aportado por la DEA norteamericana. Consultado respecto a si algún organismo nacional no debería haber advertido lo que estaba sucediendo, el fiscal afirmó: “Escapa a mi conocimiento, si uno va al sentido común era difícil de detectar la droga porque estaba escondida lo que sí se hubiese podido hacer es observar el movimiento irregular de mexicanos en el Parque Industrial y sospechar, pero no tengo constancia de que haya habido connivencia con gente de fuerzas de seguridad o del Parque Industrial, no lo tengo acreditado”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/05/bobinas.jpg?fit=1280%2C720&ssl=17201280FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-05-07 20:24:542021-05-07 20:24:55Bobinas Blancas: alegato sobre la cocaína secuestrada en el Parque Industrial
En el marco del primer aniversario de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, FM De la Calle dialogó con la periodista y redactora de la sección Política de Página/12 y columnista de Marca de Radio, Adriana Meyer, y el periodista editor de La Izquierda Diario, Daniel Satur. El eje de la conversación fue cómo pensar la cobertura periodística de este tipo de casos desde la perspectiva de los derechos humanos.
¿Qué significa el primer impacto en la opinión pública en estas causas en las que el Estado se investiga a sí mismo?
Adriana Meyer: Estoy haciendo un estudio profundo, comparativo, de desapariciones forzadas. El impacto es fuerte, en la memoria colectiva está el escalofrío del desaparecido, sin embargo también está un sector del periodismo que su trabajo habitual tiene que ver con fuentes policiales. Ahí vuelve a aparecer casi acríticamente la contra versión de la policía, que en este caso es la principal sospechada. Cuando fue el caso de Santiago esto era más evidente porque además había un gobierno que tomaba la vocería de los uniformados.
En este caso, donde supuestamente había otro tipo de sensibilidad en los funcionarios del gobierno, esto que te cuento de difundir la versión policial, de que el pibe se fue solo a dedo en la ruta, todo lo que ya sabemos que sucede en estos casos, en boca de columnistas en prime time de televisión. Ahí hay un agujero, cuando estamos en un caso donde es el Estado el que se tiene que investigar, a pesar de los años que hace que terminó la dictadura el Estado cuando se trasforma en sicario de sus habitantes sigue teniendo sus voceros en la opinión pública y eso es muy grave.
Daniel Satur: Yo tengo una mirada marxista de la sociedad, del mundo, de la vida, que tiene que ver con la división en clases sociales y con la relación opresores oprimidos, explotadores explotados. En ese sentido, también siento que las grandes empresas periodísticas, que son las que tienen la capacidad de difundir masivamente los mensajes, en su gran mayoría tienen sus intereses. Frente a casos como estos la situación no cambia, va a impactar en la medida que a esos medios les sirva usar esos casos.
Por otro lado, hay algo que a lo largo de los años, con el sello que dejó la dictadura, la cuestión de la desaparición ha generado por responsabilidad del régimen político cierta naturalización, que desaparecer no es algo extraño. ¿Cuándo vemos en los grandes medios un análisis a fondo de cuál es la estructura de una red de trata? Ni hablar de narcotráfico, ni de los grandes delitos que son los grandes negocios ilegales donde siempre está metida la policía, un sector de los capitalistas, el poder político, el poder judicial.
En el caso de Facundo gracias a la lucha de Cristina y sus abogados, un sector que los ha rodeado, la radio de ustedes que en Bahía cumple un papel importante, creo que la posibilidad de impactar viene por esa organización misma y porque en determinados temas los casos son incontrastables. Kicillof puede decir lo que quiera pero que la policía está metida no puede negarlo, solamente le alcanza para decir acá no se va a encubrir a nadie, cosa que es mentira porque ha encubierto a todos. No dejó de estar impactado, tuvo que recibir a Cristina como Fernández y el procurador general, Y era solo una trabajadora de una estación de servicio de Luro, ahí está la lucha de clases y tiene que ver con lo incontrastable de los hechos más allá de lo que quieran inventar.
En algunas coberturas se hace mucha referencia al “expediente”, ¿cómo trabajan en relación a la versión oficial de la justicia y cómo la complementan con otras fuertes?
AM: Eso es increíble y remite a la ausencia de un aprendizaje, considero que esta profesión debería estar colegiada, bajo la chapa de yo cubro policiales hace tantos años se dicen barbaridades, con una actitud paternalista y condescendientes en prime time se dice a las víctimas hay que escucharlas pero lo que vale es el expediente. Es aberrante e ignorante porque estamos hablando de desaparición forzada de personas, tipificado en el Código Penal, Argentina condenada por este delito que es delito múltiple e incluye lo que hace ese periodista en televisión.
Quienes se ajustan a lo que diga la “verdad” absoluta del expediente también falsean, porque el expediente nunca es lo que te muestra tu fuente, pueden ser pedidos no contestados, hay muchas formas de leer un expediente y si encima tomás la voz de las víctimas como decorativa estás en un problema.
Lo primero es la voz de quien está sufriendo, después voy a intentar hablar con el fiscal, la jueza, etcétera, porque a veces no hablan con nosotros, cuando ven que ya escuchaste a la víctima no te atienden el teléfono. Hay múltiples fuentes, es el ABC del periodismo, es una excusa para reproducir los intereses.
DS: Veo que es muy gráfico en las secciones policiales. Llamarle policiales es tomar una posición, es la voz de la policía, más allá de esto también tiene que ver qué posición tenés vos, en los expedientes se vuelcan lo que jueces y fiscales quieren. Eso no significa que el expediente no sirva para descubrir cosas.
En el caso de Facundo, la aparición de Heim y Azzolin, que como dicen Cristina y sus abogados, han sido la contra tendencia al rol que ha cumplido Ulpiano Martínez y que sigue cumpliendo la jueza Marrón en este momento, pero son excepciones. La regla es que el poder marca la agenda y directrices, la visión o quienes reproducen discursos van a manifestar su posición.
En este año pasaron dos cosas: por un lado muchos referentes de derechos humanos, para un montón que estuvieron al lado de Sergio Maldonado no existió el caso de Facundo o cada tanto alguna proclamación formal para cumplir. También he visto a lo largo de este año a periodistas que desde la pantalla de C5N han tomado la misma posición que La Brújula y La Nueva, eso es grave, sobre todo para el gremio.
Esa es la figura de hasta dónde llegan los tentáculos de quienes no quieren que se sepa la verdad y quienes estamos desde otro lugar. La experiencia te ubica en un lugar determinado, decidís estar de esta vereda o cruzarla y estar de la de enfrente.
Medios y hasta referentes de derechos humanos deberán explicarle a Cristina porqué no hicieron lo que no hicieron teniendo todo para hacerlo. (…)
AM: Esto que menciona Daniel, ese momento en que esos voceros en la tele dicen eso, alcanza para sembrar la duda. Tenés a un grupo de periodistas, encabezados por ustedes, el laburo de los medios del lugar es clave, en esa construcción. Nosotros estamos detrás de ustedes, de nuevo rebatiendo barbaridades y mentiras que se dijeron, pero alcanzó para sembrar la duda esa intervención televisiva. Lo dice la tele, es muy grave.
¿Cómo salvar distancias físicas con el lugar de los hechos para poder contar un suceso periodístico?
AM: Si tomás contacto con los protagonistas de la historia, escuchás todo lo que tienen para decirte y después confrontás con las otras fuentes, claramente no hubiera salido las historias que salieron, eran burdas vocerías.
Cada vez que hay una desaparición forzada y está vinculado con fuerzas de seguridad hay que escuchar ‘se fue’, ‘está perdido’, ‘se enojó’, esto venía de fuentes importantes del poder y me ha tocado discutirlo con altos voceros de funcionarios nacionales. Tenías a La Brújula, La Nueva y a Berni, vamos a imaginar que tomás esa actitud de ese periodismo acético que escucha las dos campanas, aún así no hubieran salido esas historias. Lo único que se les pide a quienes no tienen este compromiso es que hagan su laburo y cotejen, que las notas sean equilibradas.
Hay que rescatar que a Cristina en soledad, con Luciano en la primera etapa pelando en provincia, la verdugueaban, no le tomaban la denuncia, las barbaridades que hicieron en el fuero provincial. Cuando Cristina tiene ese escalofrío donde sintió que le habían hecho algo a su hijo, ahí se enfrenta con la policía y ahí fueron a buscar a Leandro Aparicio para dar otra batalla. Si uno puede leer eso igual choca contra todo lo demás, esas crónicas que reproducían, el discurso oficial que buscaba exculpar a los policías, era solo el discurso oficial, no estaba la historia de Facundo, su mamá, y sus abogados.
DS: Es muy difícil en esta época de redes sociales y demás que alguien diga ‘desapareció mi hijo’ y esté mintiendo, en todo caso descubrir si esa persona desapareció o no es muy sencillo, sobre todo para el Estado que tiene todas las herramientas para lograrlo. En un punto vos elegís dónde pararte y qué cosas que te ofrece la realidad agarrás o descartás.
La jurisprudencia ha avanzado para cosas que no se van a cumplir en lo más mínimo. Ese es el régimen político en el que vivimos. Supongamos que nos agarramos de las letras a veces muertas de las constituciones y las leyes, escuchar a la víctima es algo que está en todos los tratados internacionales. No hay prácticamente casos de desapariciones forzadas en Argentina o América Latina o de gatillo fácil donde el Estado haya escuchado a las víctimas.
Lo que hacemos nosotros es eso, levantar el teléfono, preguntar y preguntar a otros también. Yo recibí el bloqueo del sector de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos, Cristina me atendió el teléfono, Aparicio, los fiscales -menos Martínez- me atendieron el teléfono. ¿Qué quiere decir?
¿Qué mirada tienen sobre lo que viene en la causa?
A: Está a punto de salir una denuncia concreta contra la doctora Marrón, con destino al Consejo de la Magistratura. No es fácil porque por algo se quedó, obstruye. Cristina me dijo ‘toda la energía que tenemos que poner en buscar la verdad se nos va en discusiones infantiles donde nosotros decimos A y ella dice B’. Sé que hay mucho nuevo fuerte para que esa frase de Cristina se concrete. Este grupo de fiscales, al cual se unió Iara Silvestre, han hecho un laburo donde está muy claro el devenir de la causa. Independientemente de lo que pase, la verdad ya está, falta la justicia.
D: Si uno la escucha a Cristina en cada instancia puede hacer dos lecturas. Una más de sentido común, pobre mujer, mirá lo que está pasando. Y si hilás más fino, decís esta chabona la tiene re clara y sabe a dónde tiene que ir. Si uno se basa en eso tendría que confiar en que de no existir alguna maniobra del Estado que pueda llegar a trastocar todo, muchas cosas pueden suceder. Es cierto que te comentan con reserva estamos a la espera de cosas incluso más contundentes de las que vimos, lo que ya está es un montón, ameritaría para que estén presos al menos 4 policías.
Esperemos ver qué pasa en el Consejo de la Magistratura, que sabemos cómo funciona y lo que es. Pero más allá de eso, Ulpiano Martínez tuvo que renunciar a la causa, había una enorme evidencia que lo contraponía a él con el propio expediente. Si quieren tener un rol diferente los fiscales tienen que decir ‘estamos desde este otro lado’. La puerta está abierta para todo, centralmente por la tenacidad y convicción de quienes la acompañan, ahora bien, no hay que parar un minuto en esa pelea. Berni sigue siendo el ministro y el lunes está en Bahía. Berni, Kicillof -NdR: su visita se postergó para el jueves- y decenas de patrulleros de la policía desaparecedora y encubridora, van a hacer un festejo porque, entre comillas, va a haber más seguridad en Bahía, eso es tomar una posición. Esos, como dice Cristina, son los gigantes contra los que se pelea.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/05/satur-meyer-e.png?fit=889%2C421&ssl=1421889FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-05-04 13:17:492021-05-04 13:17:50“En las crónicas que buscaban exculpar a los policías no estaba la historia de Facundo”
“Para nosotros ha pasado una vida, un año que parece una vida. Recordar lo bueno y lo malo todo este mes fue recordar estas cosas que nos ponen más sensibles. Sigo sin entender la maldad, el odio hacia el joven y la vida. Que lo que le hicieron a Facu no se lo hagan a nadie más”, dijo a FM De la Calle Cristina Castro, a un año de su desaparición forzada de su hijo.
Su familia junto a amigas y amigos organizaron una serie de actividades para honrar la memoria de Facundo y reclamar justicia.
“Vamos por el juicio político a la jueza”, dijo la Cristina. “Cuando empezamos todo esto les dije que estábamos frente a gigantes, logramos sortear a Ulpiano Martínez, estamos frente a un paredón que es la dra. Marrón, que sigue ninguneando, chicaneando a los fiscales que tienen ganas de trabajar”.
Enfatizó que “no tenemos que dejar que nos pisen la cabeza, Bahía es complicado en temas judiciales. Estamos esperando las respuesta de la Cámara, me hubiera gustado que nos reciban, que nos escuchen, no se puede y la estamos peleando desde donde podemos y como podemos”.
Cristina comentó que ya compartió reuniones de trabajo con la fiscala Iara Silvestre, designada días atrás en lugar de Martínez. “He tenido charlas personales con ella. Su primer gesto fue llamarme y ponerse a disposición, me pareció una persona integra. Me interesa que no se venda, que no pase lo de Ulpiano Martínez que entregaba información, que haga su trabajo no importan los resultados. Esta mujer me ha demostrado que va a ir por la verdad y la justicia”.
Mil flores para Facu
Esta tarde se realizará un bocinazo en Pedro Luro con réplicas en distintas ciudades del país. Mañana el colectivo #MilFloresParaFacuCastro transmitirá por redes sociales un festival cultural y el informe que presentarán integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria.
Comenzará a las 10:30 y se podrá seguir por Youtube y Facebook. En el lugar habrá solamente un grupo de personas invitadas por las restricciones vigentes en el marco del aislamiento.
“Los amigos de Facu no me han dejado en ningún momento, somos muchos, no podemos estar todos juntos y abrazarnos pero nos fuimos dividiendo durante el día para estar todos y poder honrar la memoria de Facu como a él le hubiera gustado”, finalizó Cristina.
Entre las actividades previstas está la pintura de un mural en vivo, actuaciones musicales, lectura de poesía.
Este domingo a las 20 FM De la Calle difundirá el Capítulo 3 de “¿Quién mató a Facundo?” – Documental urgente en tiempo real“. Información, testimonios en primera persona e imágenes exclusivas que relatan los aprietes de parte de agentes involucrados en la investigación, los obstáculos y dilaciones de la justicia, el relato tergiversado de altas cúpulas policiales.
El lunes la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca acompañará la lucha de Cristina y la querella por conocer la Verdad y lograr Justicia con el conversatorio “Justicia por Facundo Castro, contra la impunidad, verda y justicia”.
Participarán Cristina Castro y sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto; Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Sergio Maldonado, hermano de Santiago; y Margarita Jarque por la Comisión Provincial por la Memoria.
Se podrá acceder desde las 18 al Zoom (ID de reunión: 899 3811 3927 Código de acceso: 325556).
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/04/cristina-cabecera.png?fit=1365%2C603&ssl=16031365FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-04-30 07:23:422021-04-30 07:23:43Cristina Castro: “Sigo sin entender la maldad, el odio hacia el joven y la vida”
En el primer aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, el abogado querellante Leandro Aparicio repasó las evidencias que constan en la causa. Las sospechas recaen sobre un grupo de efectivos de la Policía Bonaerense aunque aun no hay nadie imputado.
Destacó que luego de la reunión con les fiscales Andrés Heim, Horacio Azzolin y Iara Silvestre “decidimos profundizar y analizar situaciones respecto a las conexiones entre la policía de Villarino y la de Bahía Blanca. Eso lo pudimos realizar después del análisis que hace la DATIP en relación a los teléfonos secuestrados”.
“Estamos frenados en la producción de más pruebas porque tenemos una jueza en la que no confiamos. Resolvimos algunas pruebas sensibles no pedirlas mientras esté esta jueza”, dijo a FM De la Calle.
Comentó que están “analizando las fotografías encontradas en los teléfonos secuestrados por segunda vez a los policías. (Alberto) González entregó el suyo pero (Mario Gabriel) Sosa, (Jana) Curuhuinca y (Siomara) Flores no entregaron todos los teléfonos, entregaron solo algunos, por eso los fiscales piden un nuevo secuestro, la jueza dice que no y los fiscales apelan”.
“Ahora estamos esperando la resolución de la Cámara respecto de la nulidad planteada por los fiscales en cuanto a la incorporación por parte de la jueza de un informe trucho de un señor que dice que Facundo se ahogó (NdR: refiere al titular del IADO, Eduardo Gómez). Ese informe le llega a los fiscales con otro del estudio de mareas del día 30 de abril y que no estaba firmado por ningún profesional”.
“Aparece este informe de Juan de los Palotes sin ningún rigor científico que dice que Facundo se accidentó. Eso lo devuelven, la jueza lo quiere meter para enviarlo a Naciones Unidas cuando tenía que contestar el informe, los fiscales dicen que ya lo devolvieron, la jueza ahí toma la tarea de investigación y los fiscales la recusan por eso”, recordó.
Heim y Azzolín solicitaron a la Cámara Federal la nulidad del documento presentado desde el IADO. “Si la Cámara dice que esa medida es nula, entiendo que la jueza no puede seguir investigando”.
Por otro lado, les representantes del Ministerio Público Fiscal recurrieron a Casación para insistir en el apartamiento de la titular del Juzgado Federal N°2 rechazado por la Alzada local.
Conexión de la policía de Villarino y la de Bahía
“Hay un informe que hace la DATIP donde establece conexiones y vinculaciones respecto de uno de los policías de un móvil, con alto mandos de la policía de acá y con altos mandos de la policía de Villarino”, indicó Aparicio.
El letrado señaló que hay que tener en cuenta algunos elementos ante la hipótesis que pretende imponer Marrón: “El teléfono de Facu se activa el 1 de mayo cerca del mediodía en una celda cerca de la comisaría donde fue secuestrado el Toyota Etios donde se encontró la turmalina, en el destacamento (de la Policía Local) de Pacífico al 200. Si es cierto que se ahogó, ¿primero se vino a Bahía, activó su teléfono, se volvió a ese lugar, dejó el bolso a 3 km de donde se lo encontró, dejo toda la ropa en el bolso, se fue desnudo, dejó una zapatilla y se metió en el agua para ahogarse?”.
Por último, Aparicio insistió en que “nunca vamos a poder tener justicia con esta jueza, tampoco sé si con esta Cámara. Tenemos una base muy firme de prueba para seguir peleando esta causa en donde sea. Cristina está muy fuerte en su reclamo de justicia. La Municipalidad de Villarino está haciendo todo lo posible para hostigar y apretar a distintas personas. No es ningún capricho ni antojo, estamos soportando la justicia o injusticia de Bahía”.
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La directora de Litigio de la Comisión Provincia por la Memoria, Margarita Jarque, afirmó que “el Estado está en deuda” con la eliminación de la violencia policial que padecen les jóvenes. “A veces es más visible en el Conurbano pero el caso de Facundo pone de manifiesto que también existe en estos lugares pequeños”.
A un año de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro, Cristina Castro y la CPM denunciaron por mal desempeño a la jueza Gabriela Marrón ante el Consejo de la Magistratura. “La idea es que se la remueva y se analice su conducta, porque va más allá del caso de Facundo”, dijo la abogada a FM De la Calle.
Jarque explicó que “el mal desempeño de un juez tiene que ver con comportamientos frente aquello que el Estado le ha dado en sus manos para administrar que es nada más y nada menos que la justicia. Pero también con que ha sido el obstáculo fundamental para avanzar en la investigación”.
“No estamos ante un caso donde no hubo prueba, hay mucha y no se ha podido consolidar en imputaciones, indagatorias, detenciones, en lo que entendemos es lo lógico y el camino que sigue”, agregó.
La integrante de la CPM detalló que “la jueza eligió hacer una interpretación del resultado de la autopsia y ejercer un cierre virtual de la causa. Lo vimos con la incorporación del informe del IADO de manera antojadiza, viene de la nada a imponer en la causa una teoría del accidente que no tiene ningún fundamento, y vulnerando la delegación de facultades investigativas que tienen los fiscales”.
Jarque estará este sábado en Pedro Luro -junto a Roberto Cipriano García y Sandra Raggio- para acompañar a Cristina Castro y a familiares y amigues en el aniversario de la desaparición de Facundo. Presentarán un informe de la CPM sobre el estado de la causa.
El documento “pone blanco sobre negro lo que ha sido el relato oficial y el comportamiento judicial en relación a la búsqueda de justicia y lo que en la causa se ha podido constatar como pruebas muy contundentes y que, cuanto menos, debieran interrogar a la magistrada Marrón que ha sido quien ha decidido obturar una cantidad de pruebas importantes”.
Se refiere al secuestro de teléfonos de los y las agentes de la Bonaerense involucrados, análisis de elementos de Facundo hallados en patrulleros y sedes policiales y las comunicaciones y vínculos entre policías de Villarino y de Bahía Blanca.
Jarque sostuvo que en otros casos en los que interviene la CPM “muchas veces existe complicidad de las fuerzas policiales, lo que llamamos espíritu de cuerpo. Eso acá también se ve con la Policía Federal que luego fue apartada, con quienes trabajaba conjuntamente el fiscal Martínez. Además de esa solidaridad inter fuerza aparece por supuesto la intromisión judicial beneficiando de diferentes modos a los agentes estatales”.
“No debemos olvidar que la causa pasó por la justicia provincial que hizo muy poco y vulneró normativa dictada hace 20 años por la Corte bonaerense respecto a que en casos en los cuales esté sospechada la fuerza policial esta no puede investigar. Eso sucedió acá, se ve ese continuado de acciones que tienden a obturar la verdad y la justicia”, aseguró.
La querellante subrayó que “incluso se han desoído los señalamientos del propio Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas y la Comisión Interamerica de Derechos Humanos. Para el caso de Facundo recomendaron en las acciones urgentes -sigue abierta la de Naciones Unidas-: exhaustividad, profundidad, nada de eso se constata en la causa”.
Por último, Jarque destacó que “hay una necesidad de replantear y otorgar calidad a la justicia mediante el control de los actos de los magistrados. También una respuesta muy tardía por parte de los organismos de control del propio personal policial, que es la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Generalmente son trámites muy largos, en los que muchas veces se producen desafectaciones pero como no se resuelven los sumarios uno encuentra a los policías haciendo lo mismo en otras comisarías”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/04/marron.jpg?fit=1200%2C523&ssl=15231200FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-04-29 15:55:032021-04-29 15:55:04Jarque: “La jueza ha sido el obstáculo fundamental para avanzar en la investigación”