El fiscal Pablo Fermento desarrollará este lunes el tramo final de su alegato contra los cuatro ex integrantes de la Triple A que son juzgados en Bahía Blanca por más de una veintena de homicidios.

La audiencia comenzará a las 8:30 y se estima que al cierre de la jornada realizará el pedido de penas para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, acusados de haber integrado la asociación ilícita y en el caso de Aceituno, además, de ser uno de los asesinos del dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo.

El fiscal afirmó que los crímenes de la banda respondían “al objetivo de un plan sistemático de persecución y exterminio llevado adelante por los poderes fácticos civiles y militares e institucionales”.

Uno de los ejes del alegato fue la descripción de la alianza entre el diputado nacional del FreJuLi y secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, y la familia Massot, propietaria de La Nueva Provincia. El fiscal comentó que la misma “tuvo sus momentos de salud y de tensión”.

A principios de 1975, el diario titulaba “UNS: una aviesa maniobra del marxismo triunfa otra vez”. La editorial, previa a la intervención de Remus Tetu, ya reclamaba la confección de listas con los blancos a ejecutar. Un día después, la empresa de los Massot difundía una carta de Ponce al ministro Ivanissevich en la cual “denunciaba literalmente el marxismo apátrida infiltrado en los claustros y pedía una urgente intervención de la UNS”.

En el mismo sentido, otra de las editoriales de la época “elogiaba los operativos de depuración en la ciudad de Buenos Aires y declamaba: es tiempo que también Bahía Blanca exhiba una universidad limpia en todos los órdenes, evitando la actitud de quienes supieron despojarse del deleznable ropaje impuesto por el soviet desjerarquizante de Puiggrós, Benamo y compañía”.

“No queda ninguna duda del rol que jugó La Nueva Provincia como factor de poder en la ciudad para generar este punto de inflexión que significó la llegada de Tetu al rectorado en el desarrollo de la política paraestatal de represión y aniquilamiento”, afirmó Fermento.

Por otra parte, recordó la respuesta de la familia Massot a integrantes de la comunidad católica que en mayo del 75 informaron a monseñor Tórtolo del peligro que sentían tras el asesinato del cura Carlos Dorñak y José González. “Colegios católicos y autoridades, no se puede sembrar violencia y esperar el fruto de la paz”, amenazaba LNP.

Las tensiones entre el clan Massot y Ponce comenzaron a evidenciarse en el segundo semestre de 1975 y culminaron con un tiroteo entre la patota y la custodia del diario el 11 de septiembre de aquel año.

Según el alegato fiscal, el archivo de la DIPPBA “señala como motivo probable los lugares enfrentados en que quedaron el sector de Ponce y la empresa en el marco del conflicto entre los gremios gráficos y de prensa” y por “el malestar de la Juventud Sindical Peronista y de la CGT frente a editoriales del diario”.

Una semana antes del tiroteo, el 3 de septiembre, el diario titulaba “El respaldo que necesitaba la policía de Bahía Blanca” dando cuenta del “pasaje de lo paraestatal a lo estatal al servicio del aniquilamiento del enemigo interno”. Decían los Massot: “Cual signo de los tiempos, Bahía Blanca, aliviada, ha visto como el tristemente célebre automóvil azul sin chapa -bautizado ‘la fiambrera’ por el ingenio popular- ya no sale de noche a cumplir su tétrica recorrida, ni está permanentemente estacionado, para escarnio de la ciudad, a vista y paciencia de cuantos quisieran observarlo”.

Fermento destacó que “no nos interesan los vaivenes del romance entre la Triple A y la familia Massot. Queremos resaltar que estamos tratando de probar algo que hace cuatro décadas era un hecho absolutamente notorio y tan de público conocimiento que la fiambrera’ aparecía mencionada en el diario que leían todos los bahienses. No hacía falta publicar nombres propios para conocer a quién iba dirigido el dardo venenoso que tiraba la familia Massot, al punto que una semana más tarde los remitentes y los destinatarios iban a estar a los tiros”.

“Lo que quedó absolutamente claro es que continúa siendo un hecho notorio la existencia de ‘la fiambrera’ y de la Triple A en Bahía Blanca, a pesar de los miedos y los silencios que cobijan y los olvidos convenientes”, concluyó.

Depuración gremial y estudiantil

La Fiscalía alegó que la consolidación de la Triple A en Bahía Blanca incluyó la depuración ideológica en la UOCRA -facilitada por la sanción de la Ley de Asociaciones Sindicales y en el marco de la interna entre la Juventud Sindical Peronista y la Juventud Peronista- y la toma de la UTN por parte de la patota. 

“Estos dos procesos muestran a Ponce como la figura central y descollante de la tarea de limpieza en Bahía Blanca y la región, a un nivel muy por encima de la ciudad. Su lugar era la ciudad de Buenos Aires donde tenía vínculos con el poder central del país”.

Con Tetu se agudizó la represión

Los crímenes de la banda continuaban mientras se gestaba la intervención de la Universidad Nacional del Sur. Remus Tetu fue finalmente designado el 21 de febrero de 1975 y dispuso “una serie de medidas como cesanteo masivo de docentes y no docentes, cierre de carreras, del comedor universitario, clausura de centros de estudiantes y prohibición de toda actividad de política universitaria e intervención del gremio no docente y colocación de el mismo bajo control de la CGT”.

Fermento afirmó que el juicio evidenció que “el grupo vino con el único objetivo de cumplir con un plan de persecución e intimidación política, que estaba integrado por los cuatro imputados, que recibieron armas del Destacamento 181, que utilizaron la planta automotora de la universidad, que accedieron a los legajos universitarios y, además, hay que decir que el escenario de violencia que se vivió en la UTN se trasladó a la UNS y, a partir de ese momento, se va a producir un notorio desborde de la lógica de los asesinatos de manera que de los 24 que se investigan en esta causa 21 fueron cometidos en los nueve meses posteriores a la llegada de Tetu de marzo a diciembre del 75”.

Integración de la asociación ilícita

En cuanto a la conformación de la Triple A bahiense, Fermento sostuvo que estaba integrada por “entre 20 y 40 miembros” destinados al ámbito universitario, al gremial y al patrullaje de la ciudad. Los hombres militaban en el peronismo ortodoxo y en la Juventud Sindical Peronista.

“La pertenencia de estos cuatro acusados a la asociación ilícita no solo se encuentra acreditada por la resolución y designación (como personal de seguridad) firmada por Remus Tetu sino que para cuando los cuatro ingresaron formalmente a la UNS ya se conocían entre sí, compartían los mismos ámbitos de militancia político gremial, ya venían realizando una tarea de depuración en el campo gremial, en la Junta Nacional de Granos y en la UOCRA y en el campo estudiantil en la UTN, eran amigos -en el caso de Aceituno y Argibay- o tenían la suficiente confianza para respaldarse laboralmente -como Argibay respecto a Pallero y Chisu- y se movían incluso en los ámbitos de esparcimiento social de noche en los que se jactaban de asesinar personas”.

Plan de exterminio

Al referirse al propósito criminal de la banda, el fiscal explicó que “no fue exclusivo del grupo de agentes de Bahía Blanca sino que responde al objetivo de un plan sistemático de persecución y exterminio llevado adelante por los poderes fácticos civiles y militares e institucionales”.

“Este propósito era el de generar a través de la violencia un quiebre en los lazos de pertenencia e identidad de un grupo social sujeto a persecución, es decir, destruir al grupo como tal”.

“Para ello se buscó segregarlos de los espacios sociales -de eso se trataba cuando hablábamos de depuración de gremios, universidades y espacios religiosos-, disciplinarlos y cortar las relaciones de solidaridad y cooperación entre los integrantes del grupo y entre la sociedad y el grupo como tal”, agregó.

Fermento subrayó que “era necesario poner en práctica un programa de hostigamiento consistente en un conjunto de agresiones que se encuadran en una serie de delitos penales como son los de abuso de armas, amenazas armadas, intimidación pública, violación de domicilio y robo, lesiones, secuestros y, finalmente, asesinatos”.

La sola presencia del grupo o de cualquiera de sus miembros intimidaba. “El patrullaje fue una de las principales actividades del grupo y cumplía con un objetivo de control de espacios sociales como las universidades, los secundarios, las grandes obras de construcción como la petroquímica, sedes gremiales como la UOCRA o la CGT y, por último, las calles de Bahía Blanca”.

La “habilitación institucional” de la violencia no provenía solamente del rectorado de la UNS sino que “existió a partir de la aquiescencia, cobertura y colaboración de parte de las fuerzas estatales y de la justicia”.

“Contaban con capacidad de intimidación concreta. Estaba asegurada por aquello que el grupo era capaz  de hacer y que efectivamente hacía. El grupo golpeaba, disparaba, secuestraba, torturaba y asesinaba. Nadie dudaba de que podían cometer todos estos hechos”.

Fermento manifestó que varios testigos “hablaron de una ciudad sitiada, asolada o adueñada” y que “cruzarse con Aceituno, Forcelli, Curzio o Pallero en la Universidad del Sur era cruzarse a la patota”.

Asesinatos rituales

El alegato fiscal explicó que los homicidios de la banda eran “asesinatos rituales” que “debían servir para dar un mensaje, tenían que tener un sello para que quede claro para quién era el mensaje, era el sello de la Triple A, secuestros nocturnos y en banda, acribillamientos, disparaban todos para repartir responsabilidades, abandono de los cadáveres en lugares poblados -Pibe de Oro, boliche Landa- colocación de bibliografía calificada como subversiva en la escena del crimen. Asesinaban al militante político, al que tenía intención de participación política y a simpatizantes con este colectivo social”.

La identidad de las víctimas involucraba a integrantes de movimientos de izquierda o espacios sociales, pertenecían al ámbito político universitario, al gremial -varios de la construcción-, espacios religiosos y partidos políticos -Partido Comunista-“.

El director del Programa Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares, afirmó que las imputaciones contra los 14 jóvenes de Puan detenidos en una causa por narcotráfico tienen “debilidades probatorias muy evidentes: el testimonio de Kevin Torres que supuestamente origina la investigación, ahora se constata que una firma que se asentó no es la de él”.

Reclamó que la Fiscalía General de Bahía Blanca “observe con particular detenimiento las irregularidades que plantea la familia y las defensas. Y que se aparte a la policía bonaerense de la investigación por entender que la denuncia efectuadas por Kevin da cuenta de un involucramiento notorio de la fuerza de seguridad en las irregularidades de la causa”.

La CPM, la Cátedra de Educación y DD.HH. de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, brindaron una conferencia de prensa junto a familiares de los jóvenes privados de la libertad. Solicitaron que se revea la investigación y se evalúe el cese de las prisiones preventivas de los 14 detenidos en la Unidad Penal de Villa Floresta.

Jessica Visotsky, docente de la UNS, afirmó que desde la Cátedra “acompañamos a la familia sabiendo que la universidad pública tiene la obligación de hacerlo y debe asumir el compromiso con la sociedad donde está inmersa”. Por su parte, Raúl Menghini, director del Departamento de Ciencias de la Educación – UNS, expresó que “se deben seguir los procesos judiciales ajustados a derecho y no criminalizar a los jóvenes”.

Pomares agregó que desde la Comisión solicitan que “se pongan medidas de protección para el testigo Torres que ha denunciado hostigamiento concreto de parte de la policía provincial”.

El organismo provincial acompañó el pedido de los familiares ante la Cámara de Apelaciones para que resuelva las libertades durante el proceso y que “disponga medidas alternativas al encierro”.

Sobre el final de la conferencia de prensa, Nora Cortiñas expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares de los 14 jóvenes detenidos. “Nos preocupan estas situaciones, por un lado, salen leyes legalizando el uso medicinal del cannabis y, por otro, se persigue a los jóvenes falseando sus testimonios. Así vamos mal”, sentenció.

“No nos van a silenciar, vamos a ser la voz de los chicos que están detenidos”, dijo Fabiana Herrero junto a Federico Parodi, ambos familiares de los jóvenes privados de su libertad. Según el Código Procesal Penal de la Nación, en su artículo 312, para dictar una prisión preventiva no debe existir riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación. “Todos tienen contención familiar, dos se entregaron espontáneamente y todos cedieron voluntariamente sus teléfonos y sus pertenencias”, dijo Fabiana, madre de Nicolás Lupin, autocultivador de cannabis encarcelado.

Federico, hermano de uno de los detenidos, analizó con indignación: “¿Hasta dónde llega el trabajo de la fiscalía? ¿Hasta dónde tienen que investigar? ¿O se conforman con lo que le dice la policía? Como son pibes de un pueblo de clase media baja, se los criminaliza al toque, se los manda al penal. Kevin Torres, tuvo el valor y la ética, de presentarse a declarar en la fiscalía. Lo usan al pibe para hostigarlo, pensando que se iba a quedar en el molde”.