El fiscal Pablo Fermento solicitó la elevación parcial a juicio oral del ex oficial médico Humberto Adalberti y del ex suboficial enfermero Adalberto Bonini. Están acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

La fiscalía los considera coautores de los delitos de asociación ilícita, de privaciones ilegales de la libertad (en el caso de Adalberti en relación a 82 víctimas y Bonini por 70), de quince homicidios y de la sustracción de los hijos nacidos en cautiverio de las desaparecidas María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero.

Según el requerimiento, los imputados asistían a “La Escuelita” para brindar atención médica a las personas cautivas y con esa acción contribuían al mantenimiento de las victimas en esa condición.

“La atención sanitaria, a través de la provisión de medicamentos, enfermería y atención médica –propiamente dicha- resultó esencial para prolongar el cautiverio de los secuestrados en el CCDyT –sometidos a constantes tormentos- mientras no se decidiera otro destino para ellos”, aseguró la Fiscalía.

A la época de los hechos, Humberto Adalberti se desempeñaba con el grado de capitán médico en el Hospital de Evacuación 181, mientras que Adalberto Bonini trabajaba como enfermero general en la División Sanidad del Departamento IV Logística del Comando del V Cuerpo de Ejército, con el grado de sargento primero.

En diversas ocasiones del proceso judicial, testimonios de los sobrevivientes verificaron la concurrencia del personal de salud al centro clandestino para revisar a los detenidos y para asistir en los partos de las víctimas.

Adalberti había sido imputado en 2006 pero la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca decretó su falta de mérito. El avance de las investigaciones derivó en la recolección de nuevos elementos de prueba que permitieron su procesamiento, como la declaración de un testigo que indicó que años después pudo reconocer al imputado por su voz en un lugar público.

La causa en la que fue requerida la elevación a juicio de ambos imputados centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.

El Tribunal Oral mantuvo el beneficio de la excarcelación de Juan Carlos Curzio tras el llamado intimidatorio que este realizó a la testigo Cristina Leiva, en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

Lo hizo “teniendo en cuenta que la testigo relató circunstanciadamente cómo había sido la llamada y que ella misma consideró que no se sentía intimidada ni amenazada, más allá de la no correspondencia de parte de quien se encuentra imputado en esta causa del llamada telefónica”, comunicó

La Fiscalía había planteado que el mensaje no era solo para ella “sino para todos los testigos convocados”. Pablo Fermento explicó que “hay mucho miedo en torno a este juicio y es muy importante que los jueces piensen y decidan en función del mensaje que queremos darle a los que tienen que venir”.

El juez Roberto Amábile informó esta mañana que se requirió al Programa Verdad y Justicia un informe para confirmar si existe temor en los testigos y si este es provocado por los imputados.

El tribunal sostuvo la libertad de Curzio con la “prohibición específica de comunicarse y contactarse por cualquier medio con los testigos bajo la condición de revocársela y trasladarlo a una unidad del servicio penitenciario”.

Para ello, consideró que cumplió en detención el mínimo de la pena prevista, su estado de salud y la situación de pandemia.

La jueza federal Gabriela Marrón rechazó “por improcedente” la recusación del fiscal de la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. La familia del joven y la querella de la Comisión Provincial por la Memoria habían requerido el apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez.

Tampoco hizo lugar a la solicitud de Martínez respecto a una imposición de multa y comunicación al Colegio de Abogados para que “discipline” a los querellantes Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

Cristina Castro sostuvo que «el principal desaparecedor de personas es el Estado» no solo mediante las fuerzas de seguridad sino también «a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía» y denunció que Martínez impulsó solo «aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas».

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La magistrada sostuvo que “no advirtió ninguna irregularidad en la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal, ya que la investigación desplegada –desde el inicio, a la actualidad- se ajustaba a los parámetros para interpretar el concepto de investigación eficaz”.

A su entender el fiscal cuestionado actúa con “seriedad; objetividad en la búsqueda de la verdad; seguimiento de todas las líneas de investigación; recopilación del material probatorio pertinente y útil, con la diligencia debida; diseño institucional; cooperación intra e inter-estatal; especialidad en las diferentes áreas de investigación; acceso a la justicia de las víctimas; y plazo razonable”.

Para Marrón, el planteó se trató “de una mera discrepancia con la estrategia fijada por el director del proceso”.

Mañana se cumplen tres meses de la desaparición de Facundo y habrá movilizaciones en Pedro Luro y distintas ciudades del país. En Bahía Blanca una caravana con bocinazos partirá desde la Plaza Rivadavia a las 16:30.

El fiscal Pablo Fermento pidió la detención de Juan Carlos Curzio por intimidar a una testigo. El ex corredor de speedway es uno de los cuatro imputados en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

Cristina Leiva declaró hoy y brindó detalles de varios de los integrantes de la banda parapolicial, a quienes conoció por vínculos familiares y de su militancia en el peronismo. “Ese llamado no tenía otro objetivo más que intimidar y condicionar el testimonio”, afirmó Fermento.

Sin embargo, el fiscal destacó que “no es solo para ella sino para todos los testigos convocados a este juicio”. En los últimos días ya tuvieron que desistir de varios a causa del temor.

“Hay mucho miedo en torno a este juicio. Es muy difícil llegar a los testigos y que presten su declaración. Es muy importante que los jueces piensen y decidan en función del mensaje que queremos darle a los testigos que tienen que venir”.

La abogada de H.I.J.O.S., Mónica Fernández Avello, adhirió y dijo que “Leiva acaba de decir que actuaban libremente dentro de un partido político hasta que fueron apresados o la asociación a la que represento los tuvo que denunciar en esta querella. Me parece pertinente porque siguen amenazando sin la palabra explícita, llamándolos por teléfono”.

Además de Leiva, hoy declararon José Lualdi y Alberto Brandán. Las audiencias continuarán este jueves desde las 9 con transmisión en vivo por el canal de youtube de la UNS.

“A veces no es necesario hablar”

Leiva ratificó esta mañana lo dicho por Juan Larrea respecto al inesperado llamado del criminal. “Primero me llama mi socia diciéndome que había llamado un tal Juan Carlos que decía que había estado en la cantina pero no había dado el apellido. A los 15 o 20 minutos recibo el llamado de Curzio”.

“Años que no lo veía ni sabía de su vida porque no tenemos trato de amistad. Me dice que es Juan Carlos, que si me acordaba que estuvo en las cantinas. Tanto insistió que se me prendió la luz y le hice una pregunta: ¿vos no estuviste en gayola? Se ríe y me dice que sí. ¿A dónde estás? Estoy en mi casa”, contó.

Respecto a vinculación con la Triple A, el represor agregó: “‘No, no, me involucraron por una cuestión de dinero, no tengo nada que ver’. Ahora comienzan los juicios -le digo- la verdad si hubiera sabido que estabas involucrado no hubieras pisado nunca la puerta de mi casa”.

“No veo el motivo del llamado, no sé si sabría que tenía que declarar o no, si llamó pretendiendo una intimidación o advirtiéndome. No me dijo nada pero a veces no es necesario hablar”, afirmó la testigo.

Los únicos contactos previos que había tenido con Curzio fueron fortuitos. Un día se acercó a su casa para saludar a un campeón de speedway que se alojaba allí. En otras dos o tres ocasiones apareció “para saludar” en una cantina que Leiva administraba. “Yo ignoraba la asociación que tenía con esta gente que manejaba este grupo de asesinos”.

La Fiscalía federal informó este miércoles sobre el desarrollo de las medidas tomadas en el marco de la causa por la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo.

Entre ellas, la PROCUVIN sugirió producir un estudio integral de orden técnico que concentre toda la información obtenida hasta el momento y aquella que reste requerirse, con miras a determinar el recorrido que habría efectuado Facundo desde las primeras horas de la mañana del 30 de abril pasado, como también con qué personas se habría cruzado y/o entablado diálogo, por distintas circunstancias, en el trayecto.

La procuraduría especializada estimó que debería disponerse de la intervención de un gabinete especializado de la fuerza u organismo que se considerase pertinente para llevar adelante el análisis indicado, y someter a su estudio tanto los datos físicos (informes, legajos, listados, documentación en general) agregados a la causa, como la información o datos del tipo tecnológicos que han sido relevados.

Se refiere a los dispositivos móviles, su análisis y el de llamadas de telefonía y mensajería con activación de celdas, georreferenciación, direcciones de correo electrónico, datos de redes sociales, datos de telefonía celular, geolocalizadores de móviles (AVL), modulaciones, lectoras de patentes vehiculares, cámaras.

El fiscal Santiago Martínez dispuso que fuera la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA la encargada de llevar adelante el estudio mencionado.

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Por otra parte se siguen recibiendo declaraciones testimoniales mediante la plataforma de comunicación online Zoom, tanto las ordenadas por el Ministerio Público Fiscal como otras requeridas por la querella particular, a las cuales se hizo lugar. En el mismo sentido se continuará en los próximos días con la celebración de audiencias ya fijadas.

Rastrillajes

Aunque con resultados negativos, desde el pasado sábado 25 hasta el lunes 27 de julio se llevaron a cabo distintos rastrillajes con efectivos de la Policía Federal (PFA), la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional, a los cuales se sumaron personal de Cinotecnia de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ayer se efectuaron tareas de reconocimiento del terreno en un tramo de la Estación Ferrocarril Aguará en General Cerri. Entretanto, continúan las labores de investigación tendientes a corroborar diversos datos vinculados con el paradero de Facundo, a cargo de personal especializado de la PFA y demás fuerzas federales.

Se requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense que informe las modulaciones de radios de los patrulleros de Teniente Origone, de la Comisaría de Mayor Buratovich y de la Patrulla Rural de Villarino.

Peritaje

Tras recibirse los libros secuestrados del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone, se requirió al Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA que practicara un amplio peritaje caligráfico sobre el libro con la inscripción “actas” –utilizado como libro de guardias- a los efectos de determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril de 2020 existen enmiendas, raspaduras, borrones o faltantes de hojas, que permitan suponer que existió una adulteración de su contenido.

Otras medidas

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco) aportó información solicitada y se le requirió que indicara en qué antenas registraron impactos líneas objeto de investigación.

La Dirección Nacional de Operaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) remitió las respuestas a los pedidos formulados.

La delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina remitió el informe UFED (dispositivo forense de extracción de datos) confeccionado respecto al teléfono celular Samsung A6 secuestrado en el marco de la causa, en actuaciones relacionadas con tareas de campo realizadas.

En tanto, la fiscalía requirió a la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 que precise algunos datos en cuanto a la información aportada.

La División Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina puso en conocimiento que, a fin de dar cumplimiento a lo requerido, solicitó información a distintas compañías de comunicaciones. A esa División se le remitieron los informes recibidos del Ministerio de Seguridad, a fin de que los incorporaran al análisis encomendado.

Se requirió al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que, con carácter de urgente, informara las modulaciones de radios de los patrulleros de la localidad de Teniente Origone; de la Comisaría de Mayor Buratovich; y de la Patrulla Rural de Villarino del 30 de abril pasado.

Se solicitó además que indicara los motivos por los cuales ciertos móviles no contaban con Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL). También se pidió a esa cartera que aportara los datos del personal policial de servicio el 30 de abril en la ciudad de Mayor Buratovich, con indicación de aquellos que hubieran prestado funciones ese día y no se encontraran asentados en el libro secuestrado, como también que se individualizara la cuadrilla a la que fue asignado cada uno de ellos en la fecha en cuestión.

Fuente: fiscales.gob.ar

Daniel Alberto Juliá relató al Tribunal Oral bahiense que los integrantes de la Triple A, luego de cometer sus crímenes, concurrían al boliche Rancho X del Barrio Palihue a tomar una bebidas “cortesía de la casa”.

Trabajó como barman desde 1972 hasta horas antes del golpe de Estado de 1976, cuando fue convocado al servicio militar. “Los atendía casi todas las noches en la confitería. Dejaban las armas en un costado de los sillones, venían con ametralladoras, itakas, 16 recortadas. Argibay, Aceituno, De Rosa, eran varios, se iban turnando”.

El propio Rodolfo Ponce, diputado nacional y secretario general de la CGT, solía sentarse con la banda: “Era como que fueran empleados de él”.

Juliá declaró que mientras hacía su tarea los escuchaba jactarse de que “habían matado a cuatro, a seis”. “Pertenecían a la Triple A, lo decían ellos. Decían que se les había encomendado este trabajo desde el gobierno de turno”.

Reportaban directamente a Ponce. Usaban torinos blancos y estaban todos los días en la CGT de Mitre y Rodríguez, “eran como los dueños ya, entraban y salían incluso con las armas en la mano”.

El Servicio de Inteligencia de la Marina les decía si podían o no realizar determinada actividad. “Podían andar tranquilamente porque me decían que la policía no les podía hacer nada”.

El testigo recordó que el grupo solía acompañarse de gente “que pertenecía a esa ideología”. Uno de ellos era el comisario de la Bonaerense Palmieri.

El propietario de Rancho X, Fernández Amigo, los conocía: “Por eso les daba bebidas, no quería tener contactos con esta gente”. Les había pedido que los fines de semana no vayan porque “había mucha concurrencia al boliche”.

Juliá militaba en la Juventud Peronista y simpatizaba con Montoneros. “No sé cómo pero de alguna manera se enteraron y me empezaron a seguir”. Sospecha que la información les llegó por el kioskero de la esquina de su casa a quien le compraba la revista “Causa peronista”. “Yo no sabía que él era militante de la derecha peronista, se llamaba Castellanos”.

“Me salvó un poco mi patrón que les dijo a ellos, este pibe no los va a molestar, tiene sus ideas pero nada más”, dijo.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio de Cilleruelo.

Mañana y pasado desde las 9 continuará el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes de la Triple A. Las audiencias serán transmitidas por el canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur y por juiciobahiablanca.wordpress.com

Esta semana fueron convocados testigos del homicidio de David “Watu” Cilleruelo, caso que comenzó a analizarse desde el inicio de las testimoniales.

También se abordará el crimen de Alberto Mario Pojomovsky, militante del Partido Comunista y del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El 29 de junio de 1975 fue atacado por un grupo armado mientras conducía su vehículo en compañía de su esposa. En ese contexto recibió varios impactos de armas de fuego calibre 22 y 45. Producto de aquellas heridas, la víctima falleció veinte días después del ataque, en un hospital bahiense.

El jueves y viernes pasado se escucharon siete testimonios que describieron el clima de persecución que se desató en la ciudad hacia fines del año 1974 y el accionar del grupo integrado, entre otros por los imputados.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio de Cilleruelo.

Los organismos de Derechos Humanos nacionales manifestaron este lunes su solidaridad y acompañamiento a Cristina Castro por la lucha que lleva adelante por la aparición con vida de su hijo Facundo.

Reclamaron “que no haya impunidad y que tanto las autoridades políticas como el Poder Judicial, adopten todas las medidas imprescindibles que lleven al efectivo esclarecimiento de este gravísimo hecho”.

“Hacemos nuestro el pedido de apartamiento del Fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, quien fue recusado por los abogados de la familia por entender que es responsable de maniobras para entorpecer la investigación y encubrir a los responsables”, afirmaron luego del encuentro virtual.

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Los organismos recordaron que ya “impugnado en más de una oportunidad a Santiago Ulpiano Martínez por entorpecer el avance de las causas de lesa humanidad con el objeto de lograr la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado. Por lo que, de acuerdo a lo planteado por los abogados de la familia y a los antecedentes del fiscal cabría, cuanto menos, disponer su inmediato apartamiento de esta causa”.

“Reiteramos que es indispensable el compromiso de todas las instancias del Estado para que efectivamente se avance en el caso y se logre el esclarecimiento de qué fue lo que pasó con Facundo así como la identificación, enjuiciamiento y castigo a los responsables de su desaparición forzada”.

Participaron del encuentro representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, APDH, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, APDH La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.

El fiscal Santiago Ulpiano Martínez rechazó la recusación planteada en su contra por parte de la mamá de Facundo Castro Astudillo. En un comunicado oficial, la Fiscalía afirmó que “la petición carece de fundamentos que permitan encuadrar el caso en alguno de los supuestos que la habilitan”.

Cristina Castro sostuvo que “el principal desaparecedor de personas es el Estado” no solo mediante las fuerzas de seguridad sino también “a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía» y denunció que Martínez impulsó solo «aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas».

El planteo se analizó el viernes en una audiencaia virtual y ahora deberá definir la situación la jueza Gabriela Marrón.

El fiscal destacó “el deber impuesto al Ministerio Publico Fiscal de abordar con la misma firmeza y objetividad, tanto aquellas medidas tendientes a la investigación del hecho delictivo como las que orientan de un modo u otro a la búsqueda de Facundo. Resaltó la dinámica e impulso de una vasta cantidad de requerimientos tendientes a despejar ambos extremos”.

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Por otra parte, el comunicado difundido este lunes, da cuenta de la continuidad de la toma de declaraciones y la incorporación de uno de los testimonios requeridos por la querella institucional de la Comisión Provincial por la Memoria.

El informe detalla, además, las siguientes medidas:

Cumplimiento de las órdenes de allanamiento, secuestro y presentación

En cumplimiento de las órdenes de presentación libradas por la jueza federal Maria Gabriela Marrón, efectivos del Comando de Prevención Rural de Villarino, de la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich y del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone hicieron entrega de los Libros obrantes en esas dependencias. Asimismo, se tomaron placas fotográficas de los móviles policiales de los dos establecimientos mencionados en primer término.

Por otro lado, arrojó resultado negativo el procedimiento llevado a cabo en la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich con la intervención de los canes de Búsqueda de Restos Humanos de la División Canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, de Rastros Específicos de la División Canes de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta y del asesor de canes Marcos Darío Herrero, de la especialidad de Identificación de Rastros Biológicos.

La querella particular requirió que se efectuara una búsqueda de rastros de Facundo José Astudillo Castro en los vehículos secuestrados, con la participación del señor Marcos Herrero y sus canes, la cual fue acompañada por el Ministerio Público Fiscal con la correspondiente petición a la jueza interviniente. La medida fue autorizada y se llevó a cabo el 22 de julio. Participaron en el procedimiento las mismas divisiones y el perito Herrero. Los canes oficiales no detectaron rastros relevantes, en tanto el ofrecido por la parte habría “marcado” algunos que son sujetos a análisis y confrontados con las diligencias periciales en curso. Hasta ahora no se arribó a conclusiones que permitan orientar la pesquisa.

Rastrillajes

Durante el sábado 25 se llevó a cabo un rastrillaje localizado del cual participaron efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional, y personal de Cinotecnia de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que llevaron sus canes

Además, personal de Prefectura Naval realizó un buceo por debajo de los puentes ferroviarios, efectuando un palpado de la zona, mientras que otros miembros de la misma fuerza examinaron el canal de desagüe en Cabeza del Buey.

Por su parte, efectivos de Policía Federal acompañaron con un dron de la División Comunicaciones las tareas realizadas por la Prefectura y accedieron de esa forma a imágenes de las zonas pantanosas.

Personal del Escuadrón Aéreo hizo el soporte y en todo el recorrido de los canales tomó vistas aéreas del lugar.

Asimismo, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria estuvieron a cargo del rastrillaje sobre y debajo de las vías, de ambos lados. También contactaron a personas residentes en la zona a fin de verificar si vieron a Facundo, con resultados negativos.

Al regresar por las vías, utilizando como medio de transporte un móvil de Ferroexpreso Pampeano, se detectó que el agua cuyo caudal en la mañana era abundante había reducido y los canales se encontraban lodosos pero con mayor visibilidad. Por tal motivo, se dispuso que los equipos de drones hicieran un nuevo barrido; no surgió información de interés.

La medida continuó durante el domingo y se programó para que continúe en la jornada en curso.

Otras medidas probatorias

  • El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires aportó el informe requerido sobre Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL). Aclaró que existían patrulleros identificables municipales con dispositivos AVL, que eran monitoreados desde otro usuario al que no poseían acceso y que esos móviles no figuraban en el listado de la Flota Automotriz Ministerial. Ese organismo aportó la información obrante en sus registros sobre el móvil o los móviles policiales que fueran asignados al puesto policial de Teniente Origone, el personal policial que se encontraba prestando servicio, los equipos trunking que fueran asignados a ese personal, su geo posicionamiento y los registros de modulaciones de radios del 30 de abril, entre las 13.00 y las 17.00 horas.
  • La misma información y los informes de AVL completo de distintos móviles se solicitaron a la Comisaría de Mayor Buratovich.
  • En tanto, la Anses aportó información relacionada con la prestación de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de la que es titular Facundo José Astudillo Castro. A raíz de los datos aportados, se requirió al Banco de la Nación Argentina que informara los datos correspondientes a la cuenta bancaria generada a nombre de Facundo José Astudillo Castro, a través de la cual cobraría el beneficio, como también si ese beneficio fue cobrado en los últimos cinco meses. Como respuesta a lo solicitado, se aportaron los datos de la cuenta mencionada y se informó que los importes acreditados en la misma no fueron cobrados.
  • El Honorable Concejo Deliberante de Villarino comunicó que ponía a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Ministerio de Justicia de la Nación una suma dineraria para ser destinada a una recompensa pública, con los respectivos protocolos, para otorgarla a quien brinde información que permita dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro.
  • En virtud de la información requerida por la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, en relación a la Solicitud de Medida Cautelar MC-691-20-Astudillo Castro, Facundo José- del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se libró un oficio dirigido a ese organismo en el cual se aportan las correspondientes observaciones.
  • Por su parte, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) propuso una serie de medidas a fin de avanzar con la investigación.
  • En consonancia con lo propuesto, a fin de actualizar los datos y ante la posibilidad de existir novedades, se requirió a la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal que constatara con los servicios de emergencia, hospitales y morgues del país si existen registros del ingreso de una persona que responda a las características de Facundo.
  • También se le solicitó a la misma División la realización de diligencias tendientes a dar con el paradero de una persona que habría trabajado con Facundo.
  • Además, se requirió a la División Operaciones Tecnológicas Especiales que procediera a la extracción de la información de los tres handys que fueron secuestrados en el marco del allanamiento realizado el pasado 8 de julio en la Comisaría de Mayor Buratovich.
  • En virtud del análisis integral de información probatoria producida por la PROCUVIN en el marco de la investigación con específica referencia al Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales RO 23.360 y 22.788, como así también de los otros doce móviles policiales que se informó circularon por la traza de la Ruta Nacional 3 en la jornada del 30 de abril, se solicitó a esa División Operaciones Tecnológicas Especiales la determinación del kilometraje y ubicación de la localidad exacta en la que cada uno de los catorce móviles allí consignados hubieran detenido su marcha en las franjas horarias de interés. Se solicitó también que proporcionara la misma localización en relación a los informes remitidos con anterioridad, correspondientes al teléfono de Facundo. Se determinó dónde fueron los impactos registrados el 30 de abril de este año, y su georreferencia. En un mapa se marcaron los impactos de las líneas telefónicas consignadas en el informe antes mencionado, entre las 15.00 y las 19.00 horas del 30 de abril.
  • A la División de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina se le solicitó que practicara los estudios periciales para extraer la información obrante en el teléfono Samsung, de utilización diaria por parte de los efectivos que prestan funciones en el Destacamento de Teniente Origone. En relación a este mismo dispositivo móvil se solicitó información a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco).
  • Teniendo en cuenta que los informes relacionados a la línea telefónica perteneciente a Facundo habían sido remitidos junto con los recibidos de Facebook y Google a la División de Tecnologías Aplicadas de la Policía Federal Argentina, se enviaron también los obrantes en la investigación provincial.
  • En atención a que las conclusiones arribadas en el informe pericial del que se desprende que el joven que aparecía en la vista fotográfica publicada en un medio periodístico podía ser Facundo, se solicitó a la Auditoría General de Asuntos Internos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que informara la identidad del agente policial que también figura en esa imagen fotográfica, lo cual fue cumplido.
  • Se requirió al Municipio de Villarino que informara si existía registro de que el automóvil marca Chevrolet Corsa —en el que se habría trasladado la agente policial que mencionó haber llevado a Facundo— y distintos móviles policiales, hubieran transitado por la Ruta Nacional nº 3, entre la localidad de Pedro Luro y la Ciudad de Bahía Blanca, el 30 de abril pasado entre las 8.00 y las 16.00. El Municipio aportó la información obrante en sus registros.
  • Idéntico pedido se hizo al puesto de control fitosanitario ubicado en las cercanías de General Cerri, sobre la Ruta Nacional nº 3.
  • Se realizan peritajes sobre tres handys secuestrados en el allanamiento realizado el 8 de julio en la Comisaría de Mayor Buratovich.

El Estado argentino presentó ayer su respuesta a la petición de acción urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas por el caso de Facundo Castro Astudillo.

El informe firmado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, sostiene que las autoridades de la Nación y de la provincia de Buenos Aires expresaron su “absoluto compromiso con la búsqueda e investigación de la desaparición de Facundo, al tiempo que han puesto a disposición de la familia todos los recursos del Estado”.

Reporta que en la investigación participan la justicia federal, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, el Ministerio de Seguridad de la Nación y las distintas fuerzas de seguridad federales.

Menciona la “actuación coordinada” de las Direcciones de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. También se requirió el asesoramiento del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así como otras dependencias del Estado, ha estado en contacto con la madre de Facundo, Cristina Castro, y sus abogados y les ha ofrecido la asistencia del Programa Nacional de Protección a Testigos y el acompañamiento psico-social del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos ‘Dr. Fernando Ulloa'”, comunicó Pietragalla.

Por último, el comunicado oficial afirma que “la protección y apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos constituye una política de Estado en la Argentina”.

El ex dirigente estudiantil y militante del Partido Comunista, Juan Larrea, denunció durante su declaración en el juicio contra integrantes de la Triple A que el imputado Juan Carlos Curzio intimidó a otra testigo, hija de una víctima del terrorismo de Estado.

“Curzio no tuvo problema en levantar el teléfono, llamar a María Cristina Leiva y decirle: ‘mirá, yo todo lo que hice, lo hice por plata, ¿por qué no me dejan de molestar? Eso ya pasó hace tiempo, yo nunca tuve que ver con nada’. En un tono amenazante, ‘terminenlá conmigo'”, contó Larrea a FM De la Calle.

Leiva debe declarar en la causa. “Es el colmo de la impunidad. Hay un sentido común que indica que este señor después de 50 años de los homicidios terribles, pueda llamar a una señora que ha sido víctima -porque su familia ha sido perseguida- y tener el descaro de llamarla. Eso quiere decir que el hombre se considera en condiciones de intimidar y, si tuviera espacio, no se qué otra cosa haría”, agregó .

El sentido común del “algo habrán hecho”

Anteriormente, Larrea aseguró que “la sociedad bahiense fue construyendo el sentido común que permitió que todas estas cosas ocurrieran. Me preguntaría: si volvieran a cometerse estos crímenes qué diría el hombre y la mujer común de la calle, ¿estarían dispuestos a convivir, temor de por medio, con esta situación?”.

Este modo de vida “se construyó desde hace varios años cuando se consintió que la fuerza aérea naval fuera y bombardera la Plaza de Mayo, matara más de 300 personas y nadie respondiera por eso. Entonces, con ese clima se empezó a vivir en las escuelas secundarias, con ese clima de persecución contra adolescentes judíos que era una rémora de lo que se había vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque los nazis habían sido derrotados había mucha gente que pensaba como ellos”.

“A principios de los 70 ya los vimos en acción, nunca me olvido de lo que pasó en el Salón de los Deportes, en el Encuentro Nacional de los Argentinos. Era el clima que se vivía a pesar de que la UNS y el movimiento obrero estaban en lucha por sus reivindicaciones. Había un sentido común en la sociedad bahiense que fue tomando cuerpo y se expresó en el ’74 , ’75 cuando esta ola de terrorismo con amparo estatal tuvo su cumbre con los asesinatos de Negrito García y Watu. Hubo decenas, entre 25, 30 jóvenes asesinados en la época, hubo un consentimiento silencioso”.

Respecto al rol colaboracionista de La Nueva Provincia, el testigo mencionó que la represión “tenía un comando. Estaba básicamente en los servicios de Inteligencia donde jugó siempre un papel central el Servicio de Informaciones Navales, su vinculación permanente con LNP y la dirección general de la política de la embajada americana, gente que tenía una conexión fenomenal”.

Destacó “el papel central y la conducción personal de Diana Julio, una mujer de una brutalidad personal, con una definición política e ideológica determinante. Eran fascistas”.

“Esta sociedad es responsable de que 50 años después tengamos que estrujarnos la memoria para hacer justicia”

Larrea puntualizó que “en el 75 había orden constitucional, los que van a reclamar por un crimen terminan presos, eso era lo que se vivía y se consentía. Esto ocurría no solo en un Estado terrorista en ascenso, esto fue con consentimiento. Era la sociedad la que toleraba esto, y era la sociedad la que los aceptaba”.

“Yo les decía a los abogados que reconocía la importancia de lo que están haciendo pero llega tarde. Tan tarde que nos resulta ridículo que nos pregunten detalles de lo que todo el mundo conocía. Teníamos que demostrar, como si tuviéramos una cámara, que el que apretó el gatillo disparándole por la espalda (a Watu) fue Argibay y de un lado estaba su hijo Pablo y Aceituno del otro”.

Larrea destacó que “esta sociedad es responsable de que 50 años después tengamos que estrujarnos la memoria para hacer justicia pero también esta sociedad disfruta de la posibilidad de que se haga justicia”.

“Le reclamamos, no solamente al Poder Judicial sino a la sociedad que se haga cargo, que se masacró a una juventud. Lo reclama la historia. Fue un crimen fenomenal del cual la sociedad se va a tener que encargar no solo de decir Nunca Más sino de un suceso práctico, esto es terrible no puede volver a ocurrir”.

El perito Marcos Herrero confirmó a FM De la Calle que su perro Yatel fue “concluyente” al marcar que Facundo Castro Astudillo estuvo en el móvil que conducía el policía Alberto González. El can encontró rastros con menor intensidad en el móvil de Mario Sosa y Jana Curruhinca, quienes detuvieron a Facundo la mañana del 30 de abril y en el Corsa de Siomara Flores.

“Determinado esto, derrumbaría los testimonios de algunas personas que dijeron que lo llevaron al Fitosanitario, que volvieron para atrás, a izquierda o derecha. Lo que pasó ayer desconcertó a muchos del ambiente policial por la efectividad del trabajo del perro. Yo me hago cargo, porque me empezaron a preguntar por qué los otros no marcaron, no sé cómo será su técnica”, afirmó el perito de la querella.

Herrero adelantó que entre hoy y mañana “tendría que haber un quiebre para decir dónde está Facundo”. Se están organizando nuevos rastrillajes y allanamientos en Teniente Origone que podrían confirmar la identidad de los responsables de la desaparición forzada.

Ayer participaron también canes de los grupos K9 de la Policía Federal y los Bomberos de Punta Alta.

Los perros trabajaron sobre los móviles policiales 23.360 y 22.788 -camionetas Hilux verde, azul y blanca y negra y blanca, respectivamente- y el Chevrolet Corsa Classic, dominio FYK 677.

“Previamente fueron trabajados por el gabinete científico de la Policía Federal con químicos reactivos de luminol y había un auto que había dado positivo de manchas hemáticas de sangre, entre otros elementos”, aclaró.

Herrero comentó que “trabajaron primero los otros equipos de perros, la idea es que el perro tenía que pasar con autonomía y concentrarse en uno de los móviles para ver si tenían alguna determinación en cuanto a marcaje. Pasó el grupo de la Federal, pasó el grupo del K9 de los Bomberos de Punta Alta y, por último, pasó mi persona con otra temática”.

“Los móviles estaban en fila, mi persona tenía que pararse enfrente a diez o doce pasos, soltar el perro y el perro tiene que trabajar suelto dando un marcaje. Previamente se rompe la medida de seguridad de los autos para abrir la puerta, todo esto filmado y con actas judiciales”.

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El perito describió que “durante una marcación sobre el auto civil, si bien el dueño es policía, el perro tuvo injerencia en la parte del baúl. Sobre la alfombra hay unos cartones, pudo haber sido escencia de Facundo pero no tiene tanta injerencia. El perro ahí solamente gimió y rascó. Es un punto importante. (…) Puede ser que haya tocado a Facundo, puede estar en transportación, puede ser que el cartón haya estado en la última camioneta y lo hayan puesto ahí”.

En cuanto al móvil que detuvo a Facundo por la mañana del 30 de abril, Herrero contó: “Ahí el perro hizo más hincapié, saltó sobre la parte interior de la caja de la camioneta y empezó a gemir y a rascar, se metió adentro y trabajó. Tuvo un muy buen interés”.

Pero el punto más destacado está relacionado al móvil del policía Alberto González, al cual tres testigos afirman que lo vieron subir a Facundo alrededor de las 15:30.

“En esa el perro estuvo muy concentrado y motivado, saltanto totalmente con autonomía en la caja de la camioneta, revisando punto por punto, más que nada sobre la cubierta de auxilio, la cual se corrió y ahí sí el perro empezó a ladrar, a rascar y a gemir. Luego saltó impulsivamente de la camioneta, se metió en la parte de atrás, en la parte de adelante e hizo hincapié entre los dos acompañantes pero, más específicamente, sobre el volante y la parte inferior, donde están los pedales de la camioneta empezó a ladrar, a rascar, de tal forma que rompió la parte del medio del asiento”.

Agregó que “los asientos están cubiertos de goma espuma y cualquier mancha -que puede ser porque se te caiga agua- lo absorve. El perro empezó a romper, a ladrar y a rascar y adentro se vio con la poca luz que había, que había manchas hemáticas de sangre. Ese fue el móvil que había sido peritado con luminol y que teóricamente -yo me guió cuando estén los informes pero me quedó con la efectividad del 99% de mi perro- dio marcación activa”.

El perito explicó que Yatel es un perro “funcional”. “Para hacer esta temática el perro trabaja con un rastro específico. Yo le di la toma de olor de Facundo Castro la cual estuvo almacenada, en custodia y reconocida por la mamá de Facundo que fue quien la aportó. Fue un gorrito negro de unos días antes de que desapareciera”.

“Yatel determinó que en algún momento en el tiempo Facundo Astudillo ha estado en alguno de esos vehículos. La diferencia con el resto de los perros K9 de la Federal y de los Bomberos es que son perros de RH que determinan si hay olor cadavérico”.

“Yo rompo con los esquemas porque no trabajo con perro condicionado. Muchos dicen el perro en su cerebro tiene olor a cadáver y no puede trabajar vivo. El perro es un ser vivo y puede determinar con la temática dependiendo de la toma de olor que le das si vas a buscar a una persona viva o una persona muerta”, manifestó.

Según publicó Infobae el 16 de julio, los peritajes de la Policía Federal detectaron posibles rastros en el patrullero de González: “Fueron hallados sobre panel de la puerta del conductor, en el volante, en la tapa de la guantera, en el asiento trasero izquierdo y en la caja trasera. Además, dijeron que se secuestraron muestras de pelo encontradas en el interior del vehículo, junto a una colilla de cigarrillo y una media color azul. En el peritaje no se encontraron huellas dactilares”.

El mismo artículo, refirió que en el Corsa “se obtuvieron muestras de rastros de posible sangre en la tapa de la guantera y en el interior del baúl. Asimismo, se secuestraron muestras de pelo y una hebilla metálica para cabello tipo invisible color negro y un plástico color negro, también en el baúl del auto”.

Resultado negativo en Buratovich

Ayer se allanó y relevó también la Subestación de la Pólicía Comunal de Mayor Buratovich. Herrero trabajó con su perro en “todos los perímetros” y “no se encontró ningún elemento de Facundo”. Personalmente le llamó la atención una mochila quemada en “una especie de fogón”, la cual si bien era marca Wilson como la de Facundo era de un color verde oscuro diferente a la del joven desaparecido.

La abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, se refirió en FM De la Calle a la causa del crimen del cual se cumplirán tres años el próximo 1 de agosto y advirtió sobre circunstancias que hoy se repiten en la desaparición forzada de Facundo Castro.

“El Ministerio Público Fiscal no quiere investigar porque tiene que investigar a las propias fuerzas de seguridad con las que trabaja. Al día siguiente, ¿con quién trabaja el fiscal si tiene que investigar a la persona que le abre la puerta todos los días y le entrega un preventivo de lo que él tiene que investigar? ¿Y el juez a quién va a investigar? Si, sobre todo los jueces federales, trabajan con las fuerzas de seguridad”, aseguró.

Sostuvo que “en la causa de Santiago, el Poder Judicial continúa cumpliendo su rol para mantener la impunidad de una desaparición forzada en democracia. Todavía no tenemos juez porque la Cámara de Comodoro y de Casación Penal insisten en que deber ser el juez Lleral. Él ya dijo que no puede ser porque no va a cambiar su posición de que Santiago prácticamente se suicidó, por lo tanto, no hay nadie responsable, no hay nada que investigar”.

La abogada agregó que Lleral siente “violencia moral con la familia porque el 29 de noviembre de 2018 llamó a la madre Santiago. Ella dice que el juez le dijo que había sido apretado para cerrar la causa. Esto lo niega Lleral. Todas estas irregularidades son cuestiones objetivas que deberían los jueces de otras instancias reconocer que el Lleral no puede investigar algo que dice que no existe. La demora garantiza la impunidad y que las pruebas se vayan perdiendo en el tiempo”.

Heredia informó que “hace más de un año esperan que la Corte diga si es posible que en un habeas corpus donde se buscaba a Santiago le hayan pinchado el teléfono a (su hermano) Sergio, que también es víctima porque es la persona que denuncia. Esa cuestión tan elemental todavía la Corte Suprema no la resolvió como tampoco resuelve habilitar la investigación por la desaparición forzada”.

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¿Cuál es el estado de la investigación respecto a qué pasó con Santiago?

Seis jueces ya han dicho que lo que había dicho Lleral -que Santiago prácticamente se suicidó, que no había responsables de su muerte- no es así. Los seis jueces dijeron que ni siquiera la famosa autopsia que decía que Santiago se ahogó solo dice eso y que ni siquiera dice la fecha de muerte de Santiago. Lo que pasa es que destruir, volver a instalar la verdad cuando se instaló una mentira judicial y mediática es muy complicado”.

“¿Qué es lo que hay que investigar? Todo, excepto la desaparición forzada. La discusión que la familia tiene es que si no se sabe qué pasó con Santiago no vamos a descartar la desaparición forzada, estuvo desaparecido 78 días. La Corte Suprema tiene que decirnos si se va a habilitar también a investigar la desaparición forzada. Se tienen que investigar todas las hipótesis, desde el abandono de personas que sería lo mínimo hasta las responsabilidades de Gendarmería en un homicidio”.

Caso Facundo: “Lamentablemente vemos una vez más el ciclo de una desaparición forzada”

La letrada afirmó que “se repite todo: desde que comienza la policía amparándose ya sea con una averiguación de antecedentes, con flagrancia o ahora deteniendo porque no se cumple con aislamiento. La última vez que se lo ve a Facundo es al lado de policías, es lo último que se sabe, como es lo último que se conoce con Luis Espinoza, Luciano Arruga, Iván Torres, de todos los jóvenes desaparecidos en democracia. Y, luego, el camino tortuoso del Poder Judicial”.

“El Ministerio Público Fiscal no quiere investigar porque tiene que investigar a las propias fuerzas de seguridad con las que trabaja. Al día siguiente, ¿con quién trabaja el fiscal si tiene que investigar a la persona que le abre la puerta todos los días y le entrega un preventivo de lo que él tiene que investigar? ¿Y el juez a quién va a investigar? Si, sobre todo los jueces federales, trabajan con las fuerzas de seguridad”, aseguró.

“Ni el sistema político, ni el judicial han adecuado ni modificado las prácticas para garantizar el Nunca Más. No se ha garantizado ni política ni jurídicamente el Nunca Más y por eso hoy tenemos a Facundo desde el 30 de abril desaparecido”, aseveró Heredia.

La familia de Facundo exigió que no se disponga una recompensa para quienes aporten datos sobre su desaparición. Heredia afirmó que “nunca funciona la recompensa en una desaparición forzada. Incluso esta búsqueda que hacen con las fotos y ponen a las personas desaparecidas y a las víctimas de desaparición forzada en la misma cartilla, es una lógica perversa porque hace desaparecer al desaparecido. Si uno pone una recompensa, ¿quién va a venir? ¿El propio policía que estuvo al lado del que cometió el hecho? Es un absurdo”.

“Es un delito que comete el propio Estado, es el Estado el que tiene que la responsabilidad de investigarse a sí mismo. Como esto es imposible estamos pidiendo que las investigaciones sean realizadas por personas ajenas al sistema. No va a funcionar con una recompensa que además habilita a que mucha gente empiece a llamar y se empiecen a instalar un montón de versiones”, agregó.

Señaló que, en el caso concreto de Santiago, están “pidiendo desde agosto de 2017 la conformación de un grupo de expertos independientes que conozcan la complejidad de una desaparición forzada en democracia, como han jugado políticamente los medios de comunicación que han instalando una mentira histórica”.

“Hemos pensado también en un tribunal de investigación popular. Se habla de la reforma judicial, que el presidente pareciera tener voluntad en modificar la estructura del Poder Judicial que garantiza la desaparición forzada, pensamos en un tribunal de gente que no esté involucrada en ningún sistema y que lleve adelante una investigación. Que investigue al propio Estado”, explicó.

La Fiscalía Federal informó que fueron negativos los resultados de los allanamientos realizados ayer en la Subestación Policía Comunal de Mayor Buratovich en busca de elementos que pudieran contener registros biométricos de Facundo Castro Astudillo.

Del operativo, llevado adelante por la Policía Federal, participaron los canes K9 y, a pedido de la querella, el adiestrador Marcos Herrero y su perro Yatel.

Los allanamientos incluyeron el puesto de vigilancia de Teniente Origone y el domicilio del policía Alberto González, con el fin de secuestrar los libros de guardia y la libreta original con las anotaciones correspondientes al 30 de abril.

Se requirió, además, que la Subestación Policía Comunal Mayor Buratovich y la Patrulla Rural aporten los registros de la totalidad de los móviles operativos y no operativos, identificables y no identificables, asignados a esas dependencias el día de la desaparición.

La Fiscalía trasladó a la jueza Gabriela Marrón el pedido de la querella para que se secuestre el celular del testigo Jorge Agustín Galarza, un policía cuyo testimonio fue interrumpido para que no se autoincrimine. La familia de Facundo sostiene que Galarza “forma parte del plan de encubrimiento y seguramente ha recibido instrucciones de distintos policías, para la continuidad del estado de desaparición de Facundo”.

La querella recusó esta semana al fiscal Santiago Ulpiano Martínez y reclamó el apartamiento de la Policía Federal.

Información oficial de la Fiscalía

Se requirió al Gabinete Científico de la Policía Federal Argentina que adelantara un informe preliminar con las conclusiones arribadas de la pericia practicada sobre los Libros de Guardia que fueron secuestrados en la Comisaría de Mayor Buratovich. Al respecto, se informó que la foja 128, correspondiente a anotaciones consignadas el 30/4/20, presentaba un borrado con líquido corrector, modificando la palabra “polad” por “cores”, comprobándose que no existían faltantes de hojas ni se advertía la presencia de maniobra adulteradora alguna que permitiera suponer la existencia de alteración de su contenido. Las conclusiones se notificaron a las partes querellantes.

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La delegación local de Policía Federal Argentina presentó el informe confeccionado sobre el análisis del contenido de los CDs que resguardaban información extraída de la línea telefónica de la ex pareja de Facundo.

Se requirió a la División de Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina que elaborara un análisis de los informes recibidos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) en relación a los datos del teléfono celular de Astudillo Castro, aportados por la compañía Claro, con las conclusiones a las que que arribare respecto de los últimos movimientos o impactos visualizados desde el teléfono (mensajes de texto, tráfico de datos, llamadas entrantes y salientes, etc.). También se les solicitó que extrajera información del correo de Gmail de Facundo, aplicando la tecnología adecuada. En relación a esta última medida, el perito de la Sección Obtención de Evidencia Digital de la Policía Federal Argentina intentó ingresar con los datos aportados a la cuenta que fuera suministrada como perteneciente a Facundo Astudillo Castro, arrojando la medida resultado negativo debido a que las credenciales no eran válidas.

La Policía Federal Argentina remitió las actuaciones labradas que dan cuenta de las labores de extracción de información practicadas con la tecnología UFED en relación a los cuatro dispositivos móviles secuestrados. Los soportes magnéticos fueron enviados a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas y Personal de Investigación de Homicidios para su análisis.

Declaraciones testimoniales

Sin perjuicio de que se continuará con la celebración de audiencias, se designaron nuevas fechas para recibirles declaración testimonial a otras personas, en tanto pueden ser de interés para precisar los eventos que fueron relatados en el transcurso de la investigación. Ello de conformidad con lo sugerido por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).

Otras medidas

  • Se recibieron actuaciones labradas por la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina, relacionadas con las tareas encomendadas. Arrojaron resultado negativo. Por su parte, la Prefectura Naval Argentina también envió las actuaciones labradas respecto a la pesquisa en la zona conocida como “Paraje El Guanaco”, con igual resultado.
  • La División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas remitió el informe del análisis del móvil 23360.
  • Se requirió a Interpol que insertara una Notificación Amarilla respecto de Facundo Astudillo Castro.
  • Al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se le pidió que aportara los informes de AVL (localización) correspondientes a los móviles operativos y no operativos, identificables y no identificables, asignados a la Subestación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich y a la Patrulla Rural con incidencia en esa misma localidad, a la fecha del 30 de abril y en la franja horaria comprendida entre las 15 y las 16 horas.
  • Se solicitó al Sistema de Atención Telefónica de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires la remisión de los audios de llamados a la línea 911
  • Por su parte, Google Inc. informó que pudo preservar registros de una cuenta de Gmail asociada a la línea usada por la víctima, por lo cual la Fiscalía solicitó al Juzgado que libre un nuevo oficio a la compañía, requiriendo la entrega voluntaria de la información de suscriptor asociada a aquella.
  • Se recibió la contestación del oficio librado a la Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda, en la que se hizo saber que el joven no consta en su sistema informático como asociado.
  • De conformidad con los Principios Rectores Para la Búsqueda de Personas Desaparecidas -en particular el Principio 13- aprobados por el Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada, y tal como se precisó desde el inicio, el Ministerio Público Fiscal orienta la investigación tanto a establecer o corroborar la hipótesis delictual incriminada por el artículo 142 ter del Código Penal, que castiga la desaparición forzada de personas, como a la exhaustiva búsqueda de Facundo Astudillo Castro.

Este jueves y viernes desde las 9 continuarán las declaraciones testimoniales del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A. Las audiencias serán en Colón 80, sin presencia de público y con transmisión en vivo por el canal de youtube de la UNS y por juiciobahiablanca.wordpress.com.

El debate comenzó en marzo y fue suspendido por el aislamiento obligatorio. El 3 de julio se reanudó con la presentación de José Luis Santagada, Daniel Esquivel, Juan Díaz y Marta Bustos.

Les ex militantes comunistas y peronistas bahienses relataron la presencia impune y criminal de la banda paraestatal que respondía al diputado nacional y secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, y al interventor de la UNS, Remus Tetu. Aquí se reseñan sus testimonios. Sigue leyendo →

Foto: UNS.

La madre de Facundo Castro Astudillo recusó al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. “El principal desaparecedor de personas es el Estado. Pero no solo por los policías que activamente entiendo han participado de la desaparición en el instante de su ilegítima detención, sino además a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía”, sostuvo Cristina Castro.

El documento cuestiona que el funcionario aún no asumió su competencia y que la producción de prueba más relevante en cuanto a la hipótesis de la desaparición forzada fue impulsada por la querella. La Fiscalía motivó “aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas”.

La querella recordó los antecedentes del fiscal en el entorpecimiento de causas de lesa humanidad, el filtrado de información judicial y detalló cómo la Bonaerense coló a la testigo que -nunca- dijo haber traído a Facundo a Bahía.

Castro y sus abogados relatan a la jueza cómo desde el inicio de la denuncia en el fuero federal, Martínez, a pesar de tener a su disposición a la Policía Federal, sugirió involucrar al superintendente de la Región Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Aldo Caminada.

“Manifestar tomar contacto con la regional de la fuerza sospechada, es a todas luces un acto de flagrante irregularidad, denegatoria de toda razonabilidad y legalidad” frente a una denuncia por desaparición forzada de personas en mano de la fuerza bonaerense. Luego, el fiscal ordenó “algunas medidas de prueba inconducentes y ‘livianas'”.

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Como ejemplo, menciona: “No ordenar la constitución de fuerzas federales en Villarino, debiendo la madre con uno de los letrados tener que confrontar con la fuerza bonaerense en un basurero junto a unos presuntos huesos humanos, mandar a notificar de audiencia a testigos reservados con un móvil policial y efectivos uniformados en un pequeño pueblo y en pleno centro a las 23 horas, citarlos a declarar en una delegación municipal frente a la plaza central del pueblo, permitir y no advertir que miembros de la policía bonaerense con conexidad directa a la red de encubrimiento que se está desmantelando fueron los que llevaron a un testimonio absolutamente mendaz y desajustado de toda verdad”.

Otro de los reclamos de la familia de Facundo desoído por Martínez fue el acceso a los libros de guardia y personal de la Subcomisaría de Mayor Buratovich, los cuales estuvieron “cerrados en un sobre por más de doce días” y sobre los cuales se informaba que estaban siendo procesados “cuando todavía no habían sido siquiera abiertos”.

Por la ventana

“La mayor obscenidad procesal” que denunció la querella al pedir el apartamiento del fiscal es la introducción en la causa de la testigo que días atrás habría asegurado haber acercado a Facundo hacia Bahía Blanca luego de la segunda detención en cercanías de Buratovich.

Si bien las filtraciones periodísticas afirmaban que era una declaración aportada por la Policía Federal y que se trataba de una testigo de identidad reservada, se advirtió una “maniobra” de la Bonaerense para meterla “por la ventana”.

En la causa consta que “el Policía Cristian Arias García, reporta un despacho preventivo de fecha 13 de Julio de 2020 emitido por la Estación de Policial Comunal Villarino 2º de Pedro Luro” dando cuenta que la mujer domiciliada en Buratovich “habría sido la persona la cual a bordo de un vehículo Renault Duster Oroch, no proporcionando datos mayores, habría trasladado” a Facundo hasta Bahía Blanca y “quien no se habría presentado a prestar testimonio en sede judicial y/o policial por temor”.

García reporta que se comunicó telefónicamente con la testigo, quien le manifestó “que con frecuencia suele levantar a personas que ‘hacen dedo’ en la ruta y las traslada desde la zona por donde circula más habitualmente… informó que “NO PUEDE PRECISAR QUE “HAYA LEVANTADO A ESE CHICO”, no obstante lo cual, el día 27 de Abril próximo pasado, había levantado EN LA GARITA DE MAYOR BURATOVICH, un muchacho morocho, flaco, pero un poco más alto de la estatura de la persona que buscamos, creía que media cerca de 1,70 metros y también que se trataba de una persona de más de 30 años. De esta persona no recuerda mayor descripción, salvo que le comentó que trabajaba en el campo. Recuerda que lo dejó en un parador al costado de la ruta 3 … que pidiendo precisiones acerca de la fecha en que habría acercado a esta persona, ratificó recordar que fue el día 27 de Abril, dado que recuerda haber realizado el viaje de Buratovich a Bahía Blanca, porque tenía un turno médico en el centro de rehabilitación IREL. Que en reiteradas oportunidades, la interlocutora ratifica no poder precisar si la persona a que se refería se trataba de Facundo Astudillo Castro”.

La recusación destaca, además, un mail enviado por la Comisaría Comunal de Villarino el 13 de julio, el cual fue ingresado a la Fiscalía a las 9:37 del día siguiente.

El mismo informa que “18:40 se apersona en el despacho de la Subestación comunal de Mayor Buratovich Sgto. Leg. 191762 Siomara Flores y Of. Pol. Leg. 488412 Mario Gabriel Sosa, refiriendo SOSA, que instantes antes, en su domicilio se apersonó un sujeto masculino no identificado ni conocido por él, quien le manifestó que por intermedio de N.N. Villegas (obrero albañil (…)) tomó conocimiento que la señora (…) habría sido la persona que habría llevado a Facundo a Bahía Blanca y quien no se habría presentado a brindar testimonio en sede judicial y/o policial por temor”.

Sosa participó de la primera detención de Facundo cuando junto a Jana Curruhica lo infraccionaron por violar la cuarentena. Flores es quien con “flagrantes inconstancias, incongruencias y contradicciones, indicó haber trasladado en un vehículo particular a Facundo, en circunstancias en las que, según tres testigos, era abordado por dos masculinos en un patrullero de la Policía Bonaerense”. Cabe destacar que dicha fuerza provincial fue apartada de la investigación el 8 de julio.

En cuanto a la difusión de la declaración en La Brújula y en redes sociales, “cuando eso no estaba registrado ni siquiera en el sistema podemos decir lo siguiente. O el Fiscal, o el secretario, o los policías que trasladaron al testigo que pidió reserva de identidad, violaron esa reserva divulgando o filtrando datos”.

“No nos quedan dudas de la maniobra encubridora y por sobre todo el gran impacto mediático que el sr. Sasso se encargó de divulgar a todos los medios nacionales, casualmente (o ya no tanto) un día antes que declaren los tres testigos en los que se sostiene la hipótesis de la querella”, afirmó la querella.

Antecedentes

El pedido de recusación adjunta la nota que Diego Martínez publicó en Página/12 en la cual detalla la intervención de Santiago Martínez como juez subrogante en el armado de una causa contra el secretario judicial Álvaro Coleffi por filtración de escuchas de una investigación sobre narcotráfico que fueron difundidas por La Brújula.

El denunciado asumió durante algunos meses investigaciones por crímenes de lesa humanidad y avanzó contra el ex dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y otros civiles del Poder Judicial y la Iglesia Católica quienes habían gozado de la impunidad que Martínez les garantizaba.

Coleffi fue absuelto y expulsado de la justicia.

Martínez fue nombrado fiscal federal por el gobierno de Mauricio Macri.

La Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca emitió un comunicado para informar las medidas de investigación llevadas a cabo con el objetivo de dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años, oriundo de Pedro Luro, que se encuentra desaparecido desde el 30 de abril pasado.

Declaraciones testimoniales

El martes 14 de julio se tomó declaración testimonial a una mujer en la sede de la fiscalía. En virtud de la gravedad de la conducta investigada, la magnitud mediática que ha tomado el caso y dado que la testigo solicitó que se preservara su identidad, se ordenó reservar la declaración formulada e incorporar la información aportada.

En función de la información brindada por la testigo, se encomendó a las fuerzas de seguridad que ampliaran las tareas investigativas en la zona de General Cerri, localidad situada 10 kilómetros al oeste de Bahía blanca, con el objetivo de verificar los dichos de la declarante u obtener cualquier otro dato que pueda resultar de interés para el avance de la causa.

En tanto, en el marco de las tareas de colaboración solicitadas por la fiscalía, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), en conjunto con la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina, recibió declaración a distintos testigos durante el curso de la pasada semana.

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Las declaraciones fueron receptadas por vía remota, a través de la plataforma Zoom, y contaron con la participación de integrantes de la fiscalía y representantes de la querella.

Al igual que en el caso de la testigo que declaró el 14 de julio y con el fin de resguardar a las personas que aportaron información, se reservaron las declaraciones y se agregó al expediente la información aportada.

Asimismo, se pusieron en conocimiento de los declarantes las previsiones del Programa Nacional de Protección a Testigos (Ley 25.764) y se le dio intervención a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación, para lo cual se requirió a ese organismo que efectuara las notificaciones y el acompañamiento psicológico, en caso de que lo solicitaran los testigos.

La fiscalía prevé continuar con la recepción de otros testimonios en el transcurso de los próximos días.

Peritajes de vehículos

El miércoles 15 de julio se llevaron a cabo los peritajes ordenados sobre el vehículo Chevrolet Corsa Classic, dominio FYK 677, y el móvil policial Toyota Hilux, orden 22.788, dominio PQH 491, los cuales consistieron en la inspección ocular, el levantamiento de muestras físicas (rastros) y biológicas (ADN, manchas hemáticas, etc.), fotos y filmación.

Luego de recibir el informe junto a las muestras levantadas, se solicitó a la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina que tomara muestras de ADN de la señora Cristina Castro Alaniz. El objeto de la medida es que la División Laboratorio Químico practique el correspondiente cotejo, tendiente a determinar si los rastros detectados pertenecen a Facundo Astudillo Castro. También se requirieron estudios complementarios que permitan precisar las conclusiones preliminares.

Por otro lado, la fiscalía ordenó al Gabinete Científico Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina la realización de un peritaje respecto de los teléfonos secuestrados, utilizando la tecnología UFED -dispositivo forense de extracción de datos-, y posteriormente un análisis del contenido de relevancia para la investigación.

También se solicitó a ese Gabinete Científico que practicara un peritaje sobre el Libro de Guardias secuestrado en la Comisaría de Mayor Buratovich. El objetivo del estudio es determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril pasado existían enmiendas, raspaduras, borrones, faltantes de hojas o cualquier otro tipo de señal que permitiera suponer que existió una alteración de su contenido.

Otras medidas y actividad de la fiscalía

  • Aunque con resultado negativo, durante las jornadas del 14, 15, 16 y 17 de julio se efectuaron rastrillajes. El primero de ellos se efectuó en la zona de Teniente Origone y en dirección a Mayor Buratovich, mientras que el segundo se enfocó mayormente en la zona de Mayor Buratovich en dirección a Pedro Luro. De acuerdo con la solicitud de la querella, se autorizó la participación de los canes entrenados por el señor Marcos Darío Herrero.
  • La Municipalidad de Villarino remitió un listado de la totalidad de vehículos que ingresaron el 30 de abril a ese distrito desde Bahía Blanca, como también los que egresaron del municipio en dirección a esa ciudad y los que ingresaron a Villarino tomados desde la lectora ubicada en Algarrobo.
  • La fiscalía requirió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeco) que efectuara consultas con las compañías telefónicas, que actualizara información oportunamente solicitada y que verificara con las empresas de telefonía móvil si se solicitaron líneas a nombre de Facundo Astudillo Castro.
  • Respecto a los llamados que las distintas fuerzas policiales reciben de la línea 911, relacionados con denuncias y/o informaciones sobre datos de interés para la investigación, se ordenó que las comunicaran vía correo electrónico a la fiscalía interviniente y a la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina.
  • La Dirección Nacional de Operaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria aportó la nómina del personal que se encontraba cumpliendo funciones el 30 de abril pasado en el Puesto de Control denominado Km 714 (Ruta Nacional 3) de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica del Senasa.
  • Prefectura Naval Argentina remitió actuaciones sobre las tareas realizadas en el centro de Salud Municipal “Leonor Natali de Capelli” de Ingeniero White, Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero”, Hospital Regional Español, Hospital Privado “D. Raúl Matera”, Hospital de la Asociación Médica Bahía Blanca “Dr. Felipe Glasman”, Hospital Privado del Sur, Hospital Italiano Regional del Sur, Hospital Militar Bahía Blanca, Morgue de la Policía Científica Bahía Blanca y Hospital Interzonal “Dr. José Penna”, como así también en distintos barrios de Bahía Blanca, a fin de dar con el paradero de Facundo. Todas las tareas arrojaron resultado negativo.
  • Las empresas Facebook y Google LLC remitieron los informes solicitados.
  • A raíz de nuevos testimonios aportados a la causa, la fiscalía solicitó a la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina y a Prefectura de Zona Mar Argentino Norte la realización de tareas de campo en Puerto Madryn, con el fin de determinar si Facundo Astudillo Castro se encuentra o fue visto en ese lugar.
  • La División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina presentó un informe con datos obtenidos de la compulsa efectuada sobre tres DVD que contienen los resultados sobre el equipo celular utilizado por Daiana González (ex pareja de Facundo). Como dato relevante, surgió el usuario y la contraseña de la casilla de Gmail que utilizaba Astudillo Castro, por lo que se requirió a la jueza federal que autorizara el ingreso a la cuenta, a lo cual la magistrada hizo lugar.
  • Asimismo, esa división de la Policía Federal Argentina presentó un informe sobre los móviles policiales 22360 y 22788, efectuado sobre el análisis del material oportunamente aportado donde constan los registros de AVL (de localización) de esos vehículos.
  • Se recibieron informes de las empresas Telecom, IPLAN, Movistar, Claro y Telefónica.
  • La fiscalía solicitó a la Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda que informara si se han efectuado, en cualquiera de sus sucursales del país, compras utilizando el número de asociado perteneciente a Facundo José Astudillo Castro.
  • Se requirió al Sistema Federal Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación que informara si existe la posibilidad de ofrecer una recompensa a quienes aporten datos de relevancia en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro.
  • La Fiscalía dictaminó sobre el pedido formulado a la jueza interviniente por la Dirección de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, sobre la petición de acción urgente y medidas de protección relativas a este caso, dirigida por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • Se continúa con los rastrillajes localizados y con las intensas tareas de campo tendientes a dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro con la colaboración de la totalidad de las fuerzas federales y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cristina Castro pidió este fin de semana a la ministra de Seguridad de la Nación que aparte a la Policía Federal y al fiscal Santiago Ulpiano Martínez de la investigación por la desaparición forzada de su hijo Facundo. “Estoy cansada de luchar contra un sistema corrupto”, afirmó.

Su abogado, Leandro Aparicio, dijo luego de la ronda de cinco testigos del viernes: “Estamos en condiciones de sostener jurídicamente, más allá de la creencia que siempre tuvo Cristina, que Facundo Astudillo Castro fue desaparecido por la Policía de la provincia de Buenos Aires. Exigimos al presidente Alberto Fernández la aparición con vida de Facundo”.

Castro se dirigió a la ministra Sabina Frederic desde sus redes sociales y denunció que “desde el día lunes estoy sufriendo noticias falsas que salen del expediente que supuestamente está reservado”.

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Destacó que “si quiere cumplir con lo que le exige la ONU traiga a Bahía Blanca gente de su confianza y desplace a la Policía Federal y al fiscal Ulpiano Martínez, quienes deberían estar investigando y no lo están haciendo señores. Por favor, basta ya, basta!”.

“Investigan hipótesis contrarias a las que sostenemos nosotros y, en realidad, informan a ciertos medios que se enteran de todas las pericias antes que nosotros, la familia, la querella, no tiene que ser así. Estoy cansada de decir que esos medios tiene la información antes que la madre”.

“A los fiscales, acá en el sur, se les ha olvidado lo que es el secreto de sumario. Se filtra la información. Esto no puede seguir, estoy cansada de luchar contra un sistema corrupto”, afirmó.

Por su parte, en una nota a Página/12, el presidente Alberto Fernández afirmó que le “preocupa” el caso de Facundo y que “le han encomendado a la Policía Federal la investigación y he hablado con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic para que ponga todo el empeño en tratar de descubrir lo que pasó. Quiero que se esclarezca. Además estamos trabajando desde la Secretaría de Derechos Humanos para hacer una ley contra la Violencia Institucional, en la que se tipifique claramente el delito de violencia institucional”.