La Sala II de la Cámara de Casación Penal liberó a tres represores que esperan ser juzgados en una nueva etapa de la causa Ejército. Se trata de Adalberto Bonini, Ricardo Gandolfo y José Maidana, dos de ellos estaban en sus casa con prisión preventiva.

Brevemente, los camaristas Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques indicaron al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que reemplace las detenciones con “una medida restrictiva morigerada de control cautelar”.

La resolución no está vinculada a la emergencia sanitaria sino a la “curva” de domiciliarias y excarcelaciones de genocidas que en los últimos años no paró de crecer.

Los jueces argumentaron que fueron superados los tres años de preventiva sin juicio ni condena, demora que solo puede achacársele al propio Poder Judicial. Alejandro Slokar votó en disidencia y afirmó que “pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda probabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”.

Mencionó como antecedente el fallo de la Corte Suprema respecto al genocida de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el cual estableció que ninguna decisión sobre la continuidad o anulación de medidas en expedientes que investigan delitos de lesa humanidad debía ser automática sino que debía analizarse caso por caso si la medida de encierro preventivo era necesaria según el proceso.

Adalberto Bonini era enfermero general de la División Sanidad del Departamento IV del Ejército cuando concurría al centro clandestino de detención, torturas y exterminio “La Escuelita” de nuestra ciudad. Maidana y Gandolfo eran jefes de compañías del Batallón de Comunicaciones 181. Este último ya fue condenado en 2013 y estaba excarcelado porque el fallo todavía no está firme y se cumplieron dos tercios de la pena.

Maximiliano Cayuñir prendió fuego a su pareja. Cintia se encuentra en su casa pero tiene parte del rostro, pecho y manos quemadas. Familiares y vecinas que ayudaron a socorrerla denuncian que la familia del agresor las amenaza por redes sociales.

En la causa interviene la UFIJ Nº 5 a cargo de Jorge Viego. Esta tarde le tomarán declaración por videoconferencia a Cayuñir, quien se encuentra detenido.

“Él tenía a la beba en brazos, primero estaba arriba de la cama porque yo le había terminado de dar el pecho. Cuando la va a busca le digo ‘a la nena no te la llevás’. Me dijo ‘ahora vas empezar con que la bebé no es mía’. Yo le dije ‘yo se que es tuya’. Me dice ‘¿sabés lo que voy a hacer ahora? Te voy a rociar con alcohol y te voy a prender fuego’. Agarró el alcohol y me lo empezó a tirar encima, cuando va a buscar el encendedor tiró la primera chispa y se prendió todo fuego. Me saqué la remera como pude y salí corriendo, lo primero que hice fue mirar a la beba de tres años y vi que no la agarró a ella, la remera la tiré arriba arriba de la cama y fue ahí donde empezó a prender fuego todo”, relató Cintia.

Una vecina, Liliana, escuchó los gritos e intercedió: “Cuando vi que no abrían, empujé la puerta y me metí. Ahí la veo a ella salir de la pieza, toda quemada, prendida fuego, la cabeza, el cuerpo, la puerta. Ahí le preguntamos qué hiciste, ‘le dije que la iba a prender fuego, le tiré alcohol y la prendí’. Yo empecé a los gritos y llegaron los vecinos que llamaron a la ambulancia y la policía”.

“No me permitía que la lleve al hospital, me decía que la llevaba él, yo lo empecé a empujar, a gritar, y a decirle que la llevaba yo. Él sacó la moto y se fue. Ahí llegó la policía, la ambulancia. Estaba todavía el fuego en la cama, en el piso, la ropa, y lo apagamos”, relató Liliana.

Cintia convivió en el encierro con el violento: “Antes había habido golpes, nunca lo denuncié”. ¿Tenías miedo? “Sí. Ahora no tengo miedo, pero no sé lo que puede llegar a pasar después de esto. Estamos recibiendo amenazas”.

“Él no me dejaba salir a ningún lado, a donde iba me acompañaba, iba a trabajar me acompañaba, se quedaba en mi trabajo, era muy obsesivo, no me dejaba tener celular. Cuando estaban los dos (hijos) más grandes nunca pasó nada, pero cuando se iban ahí era donde siempre discutíamos y pasaban estas cosas”.

La víctima no tiene botón antipánico ni custodia policial. Las autoridades están al tanto de que esta recibiendo amenazas.

“Yo voy a seguir, no tengo miedo, así reciba amenazas yo voy a seguir con todo esto, porque me arruinó todo”, afirmó.

A casi un año de la explosión en la planta de Dow que estremeció a Bahía Blanca, el fiscal Cristian Aguilar desestimó la causa judicial porque “no se cometió ni configuró ningún delito”.

“La conmoción e inevitable preocupación que se generó en función del gran estruendo que sintió ese día en todos los que vivimos en Bahía Blanca e Ingeniero White, me llevaron a extremar las precauciones en miras a determinar si se había ocasionado estrago alguno; si algún operario había resultado lesionado, y si había existido un peligro común para los bienes o se había puesto en peligro la vida de las personas y la sociedad”, afirmó Aguilar.

Concluyó que “la respuesta fue negativa. Ninguna de esas hipótesis se verificó. De modo que las conductas analizadas, no constituyeron un delito tipificado en nuestro ordenamiento jurídico penal”.

La Fiscalía específicamente analizó si se configuraron los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo y/o incendio o estrago culposo.

El fallo firmado el 30 de abril aclara que “la ley no habilita al Ministerio Público Fiscal para la investigación y persecución de cuestiones vinculadas al ámbito administrativo u a cualquier otro ámbito que no sea el penal en su ámbito correccional y criminal”.

Ese camino se ocuparon de despejarlo el Comité Técnico Ejecutivo y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, organismos que ni siquiera infraccionaron por ruidos molestos a la multinacional.

La pericia de la UNS

La resolución describe la prueba producida desde la recorrida inicial de planta realizada horas después de la explosión y destaca la pericia de la Universidad Nacional del Sur y la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Dicho estudio evaluó que “el recipiente se encontraban en buen estado” y la rotura se produjo con “más de 10 veces la presión máxima de operación”.”El hecho de haber alcanzado tal presión, indica que el equipo no cuenta con una válvula de alivio de presión; que en este caso hubiese protegido la instalación y evitado que se produzcan fallas”.

En cuanto a la onda expansiva de la explosión, “se determinó que el radio fue de diez metros en todos los sentidos (semiesfera), si se considera como onda expansiva la remoción de material aislante de los equipos aledaños. Se precisó que el mayor daño fue producido por la proyección de material y piezas del recipiente y sus dispositivos. Ya que algunas partes fueron encontradas a aproximadamente treinta y cinco metros. No se encontraron en la zona del incidente dispositivos cuyo daño hubiera podido provocar una reacción en cadena”.

Finalmente, la pericia estableció los siguientes resultados:

a. Los dispositivos con materiales inflamables más cercanos se encontraban a más de cincuenta metros del lugar del incidente.

b. Como consecuencia del incidente, el riesgo de daño a bienes indeterminados que no fueren propiedad de la empresa Dow Argentina fue muy bajo o prácticamente nulo.

c. La explosión hubiera sido de carácter fatal para quien se encontrara dentro de un radio menor a diez metros. Ello a causa de los fluidos expulsados (vapor y agua a alta presión y temperatura). Si alguien se hubiera encontrado dentro de un radio de cuarenta metros el riesgo habría sido alto por el impacto de las proyecciones de material.

La Asociación Judicial Bonaerense firmó un convenio con la Suprema Corte para regular el teletrabajo en el Poder Judicial.

“Es una especie de acuerdo paritario sin tener una ley de convenio colectivo de trabajo. Establecimos lo que tiene que ver con el desarrollo para un funcionamiento de la justicia sin que se vulnere el derecho de trabajadores y garantizando que la población tenga el acceso a la justicia y la tutela jurídica”, dijo a FM De la Calle el secretario general de la seccional bahiense, Flavio Meles.

El acuerdo tiene como eje central la voluntariedad del teletrabajo. “Sabemos que el hogar no es un ámbito natural de labor, menos ahora donde los dispositivos informáticos puede ser que no estén adecuados, puede ser que vivan en lugares con poca señal de internet, también que el dispositivo lo tengan que compartir con sus hijos para tareas escolares o con la pareja para que puedan trabajar en sus rubros”, afirmó Meles.

La normativa “limita la jornada laboral, la conexión del equipo con la central que establece la credencial de teletrabajo tiene que ser de 8 a 14. Tal cual como si uno fuera a su lugar de trabajo y cumpliera ese horario. También se habilita a que puedan denunciar cualquier tipo de abuso o exceso que pueda llegar a producirse. Para eso establecimos canales de denuncia en el correo electrónico [email protected] y a nivel provincial también al correo [email protected]”, comentó.

Por último, Meles señaló que se acordó, además, “la prohibición de que un trabajador se lleve material físico de trabajo a la casa. Esto evita de algún modo que el papel pueda llegar a ser transmisor del virus”.

(Por Nacho Urruspuru) A más de dos años y medio de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, conversamos con Sergio, su hermano mayor. Desde su cuarentena en Bariloche brindó precisiones sobre la causa judicial y compartió parte de las experiencias acumuladas durante este tiempo en el cual su vida cambió de manera definitiva.

El Vikingo, así lo llaman quienes lo conocen, nos avisa que ya tiene preparado el mate y, por ende, está listo para empezar a contarnos quién era Santiago. Ese joven de 28 años que un primero de agosto en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, cercado por el río Chubut de un lado y por un operativo plagado de gendarmes desde el otro, “mágicamente” desapareció.

A partir de todo esto empecé a conocer otros aspectos de Santiago, porque había un montón de cosas de las cuales yo no estaba al tanto. Así me enteré del caso en que ayudó a construir una casa con adobe. En todos los lugares en los que él paraba estaba vinculado con la tierra. Es más, hace poco en una pizzería de acá de Bariloche empezó a trabajar un mozo que cuando me reconoció se acercó para contarme que había conocido a Santiago en Mendoza haciendo un curso sobre hierbas naturales. Pero más que un amante, él era un defensor de la naturaleza. De hecho, en el lugar donde lo desaparacen estaba acompañando un reclamo por tierras. Él tenía la convicción de que a cada persona al nacer se le debía adjudicar una porción de tierra. Son todas cosas que se van sumando sobre ese Santiago que yo no conocí y un poco me perdí por la diferencia de edad y esta cuestión de estar en distintos lugares.

Para muchos, Santiago fue una figura que los alentó a comenzar una carrera, a militar, o incluso a ir a una marcha por primera vez en sus vidas; para otros era sólo un artesano, un tatuador, un simple hippie sucio, un vago. El año pasado comenzaron a difundir algunas canciones que él había hecho donde puteaba a todos: a Cristina, a Néstor, a Macri y al Papa; eso lo hizo la derecha porque en ese momento le servía. Los mismos que decían que era un hippie sucio, reflotaron sus canciones y ahora lo trataban de artista. Recuerdo que en ese momento Lorena (compañera de Abuelas de Plaza de Mayo) me dijo “pero si Santiago era anarquista, ¿qué pretenden, que cante la marcha peronista?”. Él era eso pero cada persona le puso el rótulo o etiqueta que quiso,. Para mí Santiago era mi hermano.

Desde casi el momento mismo de la desaparición, el caso de Santiago Maldonado despertó en la sociedad expresiones muy contrapuestas. Por un lado, enormes muestras de solidaridad, empatía, compromiso y acompañamiento inundaron masivamente las calles de todo el país. Por el otro, potenció expresiones dolientes e irresponsables impulsadas por el odio que tienen muchos hacia las personas que se revelan. ¿Qué cosas pasan por la cabeza de alguien que, habiendo perdido a su hermano en circunstancias tan extraordinarias, se le presentan en simultáneo estas dos caras de nuestra sociedad? ¿La seguirá viendo de la misma manera?

Una cosa es cuando lo ves de afuera y otra cuando lo vivís en carne propia. Me acuerdo del asesinato de Nora Dalmaso en Córdoba, no estoy seguro en qué año fue, pero no existían como ahora las redes sociales. Se llegaron a hacer remeras con la leyenda: “Yo no estuve con Norita”. Fue de una bajeza terrible, esa deshumanización se me emparenta mucho con lo vivido con Santiago. Hay una porción muy grande de gente con saña y también tenés a los que incluso han conocido a Santiago de chico, pero sabés la clase de discurso que tienen. En esas personas pesa esa cosa de “mejor no me meto” o “algo habrá hecho” o “no opino para no quedar mal”. Todo eso al principio es doloroso y provoca indignación, te dan ganas de decirle: “che, acá estoy, soy de carne y hueso y lo que digo lo digo de verdad, no es que está inventado que Santiago no está y lo estamos buscando”. Acá hasta hubo una diputada nacional que dijo que Santiago estaba en Chile con la RIM (en referencia a la RAM) y que, cuando apareció el cuerpo, llegó a bromear con que estaba conservado como Walt Disney. Esa persona, a días de haber dicho esto, obtuvo el 50% de los votos en Capital Federal. Entonces, hay cierto sector de la sociedad que necesita de ese discurso. De hecho, yo sé que el día de mañana, cuando se pueda llegar a saber la verdad, esa misma gente va a seguir pensando igual. ¿O escuchamos a alguien decir “que idiotas fuimos los años pasados cuando decíamos que no queríamos tanto Estado”? Y ahora, si no hubiera un Ministerio de Salud qué estaríamos haciendo. El año pasado, cuando salimos a apoyar al personal del Hospital Posadas, del Garrahan, eran todos unos vagos. Ahora salen a aplaudirlos puntuales a las nueve.

Acerca del limbo y del loop Judicial

Hoy la causa está paralizada. Pero la verdad es que a pesar de todo ese letargo de la justicia, yo creo que hemos logrado cosas que quizás hoy no se ven pero van a dejar un precedente. En este proceso hubo tres rastrillajes en el lugar, pero el cuerpo recién aparece en un cuarto rastrillaje casualmente dos días antes de las elecciones. Ahí existe un sinfín de responsabilidades, desde el juez Guido Otranto, a quien el día de mañana le cabrá un juicio político como corresponde; al juez Lleral que después de más de un año sin hacer absolutamente nada cerró la causa un día antes de que Argentina sea anfitriona del G-20 y a muchos otros. En el gobierno de Macri todo era pura burbuja, necesitaban hacer aparateadas y cosas infladas como cuando hicieron ese mega operativo con 400 efectivos que estuvieron en el mismo lugar donde después apareció el cuerpo pero no vieron nada. Ahora, en concreto, ningún perito, ni siquiera el Equipo de Antropología Forense, pudo determinar ni cuándo, ni dónde, ni cómo murió Santiago. Eso en la autopsia no está. Tampoco se pudo explicar cómo el cuerpo de Santiago, después de 77 días, aún contaba con cuero cabelludo, uñas y huellas digitales, cuando, de haber estado realmente sumergido en esas aguas, debería haberlos perdido en el lapso de 16 a 35 días.

Hasta este momento el expediente no ha parado de girar dentro de un loop judicial. Primero se cerró, se reabrió cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego se volvió a cerrar.  Se volvió a reabrir, pasó de un juez a otro, ese otro juez no la aceptó, pasó a Cámara, luego a Casación Penal, luego volvió a Cámara hasta que por tercera vez volvió a caer en manos de Lleral, cuando está demostrado que no puede sostener imparcialidad y hasta él mismo se inhibió de tomar la causa nuevamente. Hoy pedimos simplemente que la causa tenga un juez y tenga un fiscal.

Al escuchar a Sergio hablar sobre los golpes bajos y canallas que desde el poder intentaron asestar contra él y su familia o relatar los artilugios de los distintos funcionarios judiciales para congelar la causa, cualquiera puede percibir su grado de determinación. No se exaspera nunca pero su voz no vacila. Relata hechos dolorosos y traumáticos con una naturalidad y aplomo que, mientras me sigue contando lo que piensa del gobierno macrista y del actual, me lleva a preguntarme si este tipo habrá sido siempre así. Enseguida, como si estuviera leyendo mi mente, Sergio suelta: “No es que yo esté en contra de un gobierno en especial, yo estoy en contra del Estado”. Personalmente, yo no sé nada sobre la vida de Sergio antes de toda esta locura, pero esa frase, tan anarquista, me da indicios de que efectivamente algo en él cambió. Por un momento se escucha hablar al Lechuga en la voz de su hermano, el Vikingo.

Mientras yo divago, Sergio sigue hablando. Hace instantes le había preguntado si el cambio de gobierno le generaba algún tipo de expectativa en lo que respecta al avance de la causa. Había empezado con una rápida descripción de cómo el régimen macrista presionaba y se inmiscuía sistemáticamente en la administración de la justicia. De ahí pasó a explicar el hecho de que si bien tiene buena relación con muchos de los actuales funcionarios, incluso amistad con el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, si lo tiene que putear a la hora de llevar un reclamo no va a dudar en hacerlo. “Así como te dije que valoro que hoy tengamos nuevamente Ministerio de Salud, tampoco puedo mirar para otro lado cuando las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires a cargo de Berni reprimen como el otro día, más allá de que Berni haya sostenido y expresado que lo de Santiago fue una desaparición forzada. Eso no impide que yo cuestione, no quiero ser obsecuente, y no me gusta el grupo de aduladores. Cuando hay que llamar la atención se hace, cuando hay que felicitar o agradecer también se hace.

Ya pasó más de media hora de entrevista así que me dispongo a hacer mi pregunta final, la cual encerraba una respuesta de las que más me interesaba conocer. Luego de repasar el accionar vulgar y mafioso de la ex ministra Patricia Bullrich o de la ex diputada Elisa Carrió, entre otres, quienes incansablemente se encargaron de confundir a la opinión pública, de sembrar pistas falsas, de presionar, de extorsionar y de calumniar, no puedo dejar de pensar en la condición de víctimas por partida doble de Sergio y su familia, a quienes nunca dejaron vivir su dolor en paz. Resumidamente, lo que pretendía era que Sergio me dijera si para él alcanzaba con un fallo condenatorio a los responsables de la desaparición y muerte de Santiago, o si, además, esta debía alcanzar a aquellas altas esferas del poder que tanto habían jugado a embarrar la cancha. Después de todo lo vivido, ¿qué sería para vos lograr Justicia?

Tras un breve silencio, por primera vez Sergio respira hondo antes de responder. Que se logre Justicia sería que Santiago esté nuevamente con vida. Entonces, parto de la base de que no hay Justicia porque es imposible que eso suceda. Ahora, algo que se asemeje a eso sería llegar a la verdad. Me gustaría conocer la verdad y creo que a todos los que acompañan el reclamo, y a los que no también porque hay una necesidad de verdad. Yo quiero saber qué le pasó a Santiago, quiero saber dónde está Julio López, quiero saber qué le pasó a Luciano Arruga, quiero saber qué le pasó a Daniel Solano. Eso es la necesidad de la verdad. Porque la desaparición forzada es más que un título o una carátula. Es algo horrible porque sentís que se te cagan de risa en la cara. Estás en un lugar dónde todos saben lo que pasa y, mientras vos no te enteras, hay un montón de gente que sí sabe lo que le pasó a Santiago, dónde estuvo. Hay genocidas que están con vida y saben dónde están los y las desaparecidas y no lo dicen, se lo llevan a la tumba.

Después de esa necesidad de la verdad por supuesto que me importa la condena. No sólo para los que lavaron las camionetas, los que rompieron las fajas de seguridad, los peritos que firmaron y después recibieron subsidios, no solo toda esa cadena sino también para los de arriba, Macri, Bullrich y todos los que están en esa línea.

Mentalmente doy por finalizada la entrevista, Sergio ya me respondió todo lo que me interesaba y más. Sería bueno que empiece a pensar en algún tipo de saludo y agradecimiento antes de que termine de hablar. Pero de repente escucho: “Sentís que todos te mienten, el juez te miente, el fiscal te miente, los gendarmes mienten, todos mienten y nadie investiga nada porque a nadie le conviene. Es como dice la canción de Sara Hebe: “nadie se suicida en una comisaría y los cuerpos no aparecen flotando río arriba”. Pero el otro día apareció una chica que oh casualidad! se suicidó en una comisaría. En Gesell, días antes de lo de los rugbiers, apareció en la puerta de la comisaría un chico de 38 años que pesaba 85 kilos ahorcado con un buzo. Todo eso queda tapado. Me parece que hay que hacer un trabajo de fondo y los que lo tenemos que impulsar somos nosotros. Si yo me quedo reclamando sólo por lo de Santiago, me quedo en la cómoda mía. Hay que involucrarse. A mí me llena un montón poder hacer de puente para un pibe en Tucumán que no sabe cómo llegar a pedir ayuda. No me dedico a eso y tampoco quiero en mi vida esa mochila de hacerlo todo el tiempo, pero no me puedo quedar sólo con lo de Santiago, de hacerlo estaría mirando mi ombligo y nada más. Si todas las personas empezamos a avanzar un poquito, todo ese Poder Judicial, todos esos Cané, todos esos Bullrich se van a terminar cayendo.

En sus palabras encuentro, y estoy seguro de que ustedes también, un altísimo grado de compromiso, dignidad, humanidad y empatía. El mensaje que transmite Sergio no se circunscribe a un reclamo de justicia por una pérdida personal. Bien podría ser así y absolutamente nadie podría reprocharlo. Por encima de ello, su mensaje toma una dimensión colectiva. Él lo dice bien clarito y simple: Santiago no es el primero ni será el último en desaparecer forzadamente. Y comprender esto no parece llevarlo a ninguna resignación, más bien parece conducirlo al entendimiento de que la de Santiago, como tantas otras, es una causa colectiva.

En mi cabeza comienza a trazarse un paralelismo entre el caso de Sergio y el de la enorme Nora Cortiñas, a quienes casualmente -o no tan casualmente- conocí un mismo día. Fue en el Centro Cultural La Panadería, el 27 de marzo de 2019, donde me encontré compartiendo una mesa con Norita, “la Madre de todas las Batallas”, acompañada por el “Vikingo” Sergio Maldonado: “el Hermano de todas las Luchas”.

“Está claro y acreditado que hubo un apriete a personas para que no investiguen, para que se callen, hay 19 personas amenazadas. Hay un desvío para no llegar a las fiestas que hacían los personajes del poder, con patovicas de Arenas y otros boliches con chicas de extrema vulnerabilidad”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia de Katherine Moscoso, Leandro Aparicio.

Días atrás la familia de Kathy presentó un escrito de 325 páginas en el cual denunciaron a 21 personas por la “probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías”.

La denuncia será tramitada por la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul. Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios.

“Planteamos en la denuncia quiénes son los autores del encubrimiento porque una vez que aparece el cuerpo se organizó todo para matarlo a Canini, o dejarlo matar, y permitir el incendio de los edificios y de una casa particular donde estaban las filmaciones que comprometían a quienes podían a haber matado a Kathy”, mencionó Aparicio.

Agregó que “antes de que aparezca el cuerpo de Canini todos los inspectores del centro de monitoreo fueron amenazados. El fiscal Del Cero, mal y tarde y dándole ventajas a las personas, hace allanamientos a fines del 2017 y habla de asociación ilícta, habla de policías. Hace eso para cumplir y después se va. Viego aparece desde un plato volador y me dice que cuando yo hablo de asociación ilícita soy un irresponsable”.

La investigación señala que Katherine Moscoso ingresó al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso y con los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell, y David “Kun Kun” Tello. Y luego se dirigieron a la casa de Sergio “el Pelado” Sánchez en el barrio El Sauce”.

“Todos mienten, hay varias páginas donde se prueba que mienten. No es el único femicidio el de Katherine, no es la única chica violada en Monte, hay chicas desaparecidas que se quieren tapar. No solo se encubre a quien mató a Kathy, sino todo el trasfondo de droga, narcotráfico y chicas explotadas”, finalizó el abogado.

El Tribunal Criminal N°1 rechazó el pedido del defensor de Pablo Cuchán, Maximiliano De Mira, quien realizó la solicitud pidiendo que se valorara que tiene una hermana con discapacidad a quien se le dificulta concurrir al establecimiento penitenciario y que la madre tampoco puede ir por cuestiones de salud.

La decisión se basó en el dictamen desfavorable que se encuentra fundado en el informe psicológico que se produjera respecto del femicida de Luciana Moretti.

Ese informe psicológico señala que es incapaz de efectuar autocríticas, en particular, en relación con sus acciones conflictivas.

Asimismo, se destaca que resulta impulsivo, concluyendo que “nos encontramos frente a un sujeto con una clara tendencia a la manipulación y una personalidad de orientación narcisista con marcados rasgos de inmadurez e infantilismo. Cuchán ha ido ocupando en la dinámica familiar un lugar de privilegio que de alguna manera le sostiene y facilita ese lugar de omnipotencia y egocentrismo a lo largo del tiempo, justificando sus conductas transgresoras impidiendo de esta forma la adquisición paulatina de responsabilidades más adultas”.

Cabe destacar que el Fiscal Marcelo Romero Jardín se había opuesto en su momento a dicha solicitud porque, además Cuchán, había violado anteriormente las reglas de conducta lo que originó que se revocara el beneficio.

Me llamo Ezequiel Moscoso y soy tío de Katherine Moscoso, quien fuera asesinada, enterrada viva cuatro o cinco días antes de su aparición ocurrida el 23 de mayo de 2015 en Monte Hermoso.

Como ya lo hemos dicho, después de solicitarlo desde mayo de 2016 al fiscal, el 21 de mayo de 2018 solicitamos el legajo reservado a la sra. jueza de Garantías junto con un análisis del expediente hasta allí, denunciando también distintas irregularidades sin todavía tener conocimiento de las irregularidades que obraban en el legajo reservado.

Después de solicitarlo al procurador de la Provincia de Buenos Aires, el 26 de junio de 2019 volvimos a pedir vista del legajo reservado. Recién en el mes de julio de 2019 tuvimos acceso al legajo reservado.

El 2 de octubre de 2019 denunciamos las amenazas a 18 testigos y solicitamos declaración testimonial de 29 testigos.

El 8 de abril de 2020, junto con mi mamá Marta Angeliza Mesa y nuestro abogado, denunciamos penalmente, en un escrito de 325 páginas presentadas en soporte virtual ante el procurador general, a 21 personas. Entre ellos fiscales, ex instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales. Fue por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado; sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías.

Al día siguiente, 9 de abril, ampliamos la denuncia solicitando la detención de dos comisarios por nuevas pruebas recibidas.

El 21 de abril pedimos la detención de una persona, aportando más pruebas, buscadas por nosotros, las víctimas.

Desde la Procuración le comunicaron a nuestro abogado que la denuncia primigenia quedó radicada en el Departamento Judicial de Azul. Además, se mandaron actuaciones al área de control disciplinario para que investiguen la conducta de los funcionarios del Miniterio Público denunciados (fiscal general, fiscales y letrados).

La hipótesis de la querella es que Katherine Moscoso fue asesinada por personas vinculadas al poder político de Monte Hermoso y que tuvieron la posibilidad de encubrir el crimen, direccionar la investigación por medio de policía de Monte Hermoso en los primeros tres días, direccionar y encubrir a los verdaderos culpables los días posteriores a través de la Policía Departamental (DDI), borrar la mayoría de las pruebas que pudieran incriminarlos, incluyendo para ello, la planificación de un linchamiento a una persona a quien previamente se lo sindicó intencionalmente como sospechoso y, al unísono, incendiar la Comisaría y distintos lugares públicos y, por sobre todo, aquellos donde se encontraban imágenes que pudieran comprometerlos. Simultáneamente, el sábado 23 sobre las 20 horas), amenazar a los inspectores de tránsito que pudieran haber visto algo en las cámaras durante la semana del 18 al 23 de mayo de 2015 y direccionar en un primer momento la imputación hacia la amiga de la víctima, una chica con retraso mental, la única procesada en la causa y quien no tiene la capacidad para matar a Katherine, lavar su cuerpo, esconderla, hacerla aparecer, organizar y planificar el homicidio de Canini y los distintos incendios que ocurrieron para lograr su impunidad.

Todo esto pudo ser ejecutado por una asociación ilícita de policías, funcionarios municipales -entre ellos ex policías como Ricardo Triches, recordado por el caso de Natalia Melmann de Miramar, quien era secretario de Seguridad de Monte Hermoso- y de instructores y fiscales, de quienes detallamos en las presentaciones realizadas.

Las pruebas que presentamos nos permiten afirmar que Katherine Moscoso ingreso al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso, y los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell y David “Kun Kun” Tello.

Otras pruebas indican que estas cuatro personas estuvieron con la víctima, yendo para el Sauce a una casa llamada “La Erica” con la colaboración de Sergio “el Pelado” Sánchez.

Los nombrados mintieron cuando afirmaron no haber hablado con la víctima en el boliche, cuando varios testimonios dicen lo contrario, brindaron versiones contradictorias sobre muchos aspectos de la noche y de la semana posterior al hecho y, por sobre todo, del conocimiento con el señor Sergio Sánchez, el “Pelado” del Sauce, propietario del sitio donde se encontró ADN de la víctima, en unos palos de su patio y en su camioneta el día martes 26 de mayo.

La camioneta fue incendiada intencionalmente en el incendio contra la Comisaría de Monte Hermoso ocurrido horas después de que el cuerpo de la víctima fuera “plantado” por policías en complicidad con bomberos, oportunamente denunciados en la presente.

Estamos convencidos que nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad de los distintos fiscales denunciados.

A casi cinco años ya del asesinato de Katherine pedimos justicia!!!!!

La mujer que denunció por abuso sexual al cura católico Mauro Enrique Cantanhede Ferreira contó a FM De la Calle que la causa judicial no registró avances y que continúa sufriendo presiones mediáticas y de integrantes de la comunidad de la Parroquia San Roque.

El 13 de noviembre se presentó en la Comisaría de la Mujer. Luego declaró en Fiscalía y, desde entonces, está a disposición de la justicia. Sin embargo, las pericias fueron programadas recién para este mes y finalmente suspendidas por la feria. Tampoco se peritaron pruebas materiales como celulares, mensajes, fotos, videos y correos electrónicos.

En una extensa entrevista, la cual puede escucharse en el audio que acompaña esta nota, la víctima señaló que hay otros dos casos de abusos de chicas que no se animaron a denunciar. “Cuando me enteré dije no soy solo yo, hay otras. Él sabía que no iba a poder hablar, no necesitaba ponerme un arma en la cabeza para que yo haga o diga una determinada cosa”.

La joven manifestó que en primera instancia no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría: “Me decían que vaya a Fiscalía, que se movía mucho más rápido. Sin embargo, la hice. En Fiscalía me tocó hacer la ampliación y fue revictimizante por el tipo de preguntas que me hicieron. ¿Vos sabés si tiene una contextura diferente? ¿Si es más flaquito? ¿De qué manera te amenazó? Un abuso no se da si a vos te gusta o no o si la persona es más flaquita que vos, tiene que ver en el poder que ejerce sobre uno”.

A pesar de las recomendaciones en sentido contrario, la mujer decidió avanzar también en la búsqueda de justicia en el ámbito eclesial. Los juicios canónicos son procesos institucionales donde autoridades de la Iglesia Católica escuchan a la víctima y deciden -sin ninguna garantía ni devolución hacia ella- si corresponde sancionar o no al acusado. Las “condenas” van de “castigos espirituales” a la excomunión. Aunque la historia suele terminar en algún archivo secreto.

“El proceso eclesiástico quedó detenido. Me llamaron a declarar en una habitación chiquita, yo sola, con un cura de Italia especialista en derecho canónico y el padre hindú era el notario, es el que oficia misa en San Cayetano y San Roque. Me hicieron preguntas tremendas porque fue relatar todo nuevamente”.

“Hablo de vulneración de derechos porque no te permiten acompañamiento del abogado, en este caso sabían cómo estaba yo, no me dejaron entrar ni con psicóloga, ni psiquiatra, ni acompañante. Salí muy mal, temblando. Lo único que se me dijo es que se iba a analizar si dejan todo archivado o no”, relató sobre la audiencia realizada en la Curia bahiense.

Agregó que contó “todo delante del obispo, llegué a mostrarle las imágenes y conversaciones que me mandaba y él mismo obispo se tapaba la cara. No creo que la conducta se haya dado solo conmigo. Evidentemente si la iglesia lo respalda, está respaldando este tipo de conductas. Por eso digo que no quiero que le pase a más nadie, no quiero que nadie más salga dañado”.

Para la denunciante notas como la publicada semanas atrás por La Nueva en abierto apoyo al párroco cuando aún ni siquiera se realizaron las pericias a víctima y victimario, son un mensaje para acallar a otras personas abusadas.

“Las notas diciendo que él va a seguir siendo cura, que él sigue siendo normal, que ya va a poder hablar… para quienes fuimos víctimas es tremendo. Y para quienes no denunciaron les da más miedo, esa sensación de impunidad, de que si hablan no va a tener sentido. Sumado a que con esto del encierro yo tengo que estar 24 horas donde ocurrió el hecho”.

La mujer recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico: “Duermo pocas horas y me despierto con pesadillas donde vuelvo a revivir esto. Vivo con miedo constante, cualquier estímulo que vea en una imagen, un sonido, una sensación táctil me da miedo, asco, me quiero bañar y sacarme la sensación de asco y suciedad. Quiero que esto se sepa para que se pueda actuar y que reciba la sanción necesaria, a nivel de la justicia y de la iglesia”.

Este 2 de abril se cumplen 38 años de la guerra de Malvinas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizará una mesa debate virtual “Las Malvinas son argentinas, los torturadores también”, que se transmitirá en vivo por la página del facebook oficial.

La causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en las islas tiene 13 años; en febrero cuatro militares fueron procesados por las torturas a soldados.

Otros 20 esperan el llamado a indagatoria. En el marco de la conmemoración por esta fecha, la CPM también lanza recursos virtuales para trabajar en el aula la causa Malvinas desde una perspectiva en derechos humanos y presenta un adelanto del documental sobre el histórico viaje a las islas.

De la mesa debate virtual -que será transmitida en vivo desde las 17 horas- participarán los ex combatientes Edgardo Esteban y Silvio Katz, Norma Gómez, hermana de Eduardo, uno de los 123 soldados que habían sido enterrados como NN en las islas, y el integrante de la CPM y ex combatiente de Malvinas Ernesto Alonso.

A 38 años de la guerra, la conversación propone un balance de la causa Malvinas que, desde una perspectiva en derechos humanos, retoma los reclamos históricos de los ex combatientes: memoria, verdad, justicia y soberanía. Y, en particular, el estado actual de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en las islas.

En febrero pasado, el juzgado federal de Río Grande procesó a cuatro militares por torturar a los soldados bajo sus órdenes durante la guerra de Malvinas: Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini. Otros 20 militares deben ser llamados a indagatoria.

La causa se inició en 2007, tiene más de 120 denuncias y 95 represores imputados. El Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas La Plata (CECIM) impulsó desde el primer momento este reclamo de justicia; hace varios años, con el objetivo de apoyar ese pedido, la CPM también se presentó como querellante.

Los ex combatientes que participan de la mesa tienen una larga trayectoria en la defensa de la causa Malvinas y se comprometieron, desde siempre, en la denuncia de estos crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas contra sus propios soldados. Silvio Katz es querellante en la causa y su testimonio forma parte del expediente judicial; Ernesto Alonso, integra desde 1986 el CECIM La Plata, del cual fue presidente y desde donde impulsaron la causa en la justicia federal; Edgardo Esteban tiene un destacado recorrido como periodista, fue guionista del film “Iluminados por el fuego” y en enero fue nombrado director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, convirtiéndose en el primer ex combatiente en ocupar ese cargo.

Los tres estarán acompañados en la mesa virtual por Norma Gómez, hermana de Eduardo, uno de los 649 soldados que murieron en la guerra y uno de los 123 que fueron enterrados como NN en el cementerio de Darwin. Norma fue una de las principales impulsoras de este reclamo y referente de las familias organizadas por la identidad de los 123; en diciembre de 2017, se identificaron los restos de Eduardo. Hoy ya son 112 los soldados enterrados como NN que lograron ser identificados.

Previo al inicio de la mesa debate, se proyectará un adelanto del documental sobre el viaje a las islas que realizó la CPM en 2017, un viaje histórico porque fue la primera vez que un organismo de derechos humanos pisó suelo malvinense.

Además, en el marco del 38° aniversario, la CPM también difunde una serie de recursos y materiales virtuales para visitar y utilizar de manera online. Se trata de una propuesta pedagógica para trabajar Malvinas desde una perspectiva en derechos humanos, que inscribe la guerra en el régimen militar que la produjo.

Estos recursos plantean un recorrido por diferentes dimensiones de la guerra de Malvinas acompañados de fotografías de los archivos de Télam, del Centro de ex combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y de documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) -gestionado por la CPM- y de las Fuerzas Armadas que dan cuenta del espionaje ejercido por el Estado sobre la organización y las demandas de los ex combatientes.

En estos archivos no sólo están las pruebas de la estrategia de la dictadura militar para encubrir lo ocurrido en las Islas sino también la resistencia de los que siguieron inscribiendo la cuestión Malvinas como parte de los reclamos por memoria, verdad y justicia.

Susana Melo, de 53 años, fue asesinada este fin de semana. El principal y único acusado es Raúl Gregorio Costa, su pareja, quien confesó haberla matado, se negó a declarar y permanece detenido desde entonces.

En reiteradas oportunidades la familia de Susana denunció a Costa por violencia machista. La última fue en enero cuando producto de los golpes la víctima terminó internada. Ni la justicia ni la policía actuaron a tiempo. El sábado, luego de que una amiga alertara a la familia, encontraron su cuerpo sin vida en un camino vecinal.

“Ese día recibo un mensaje de la amiga de mi mamá en el cual me decía que Costa andaba divulgando que la iba a matar”, comentó Rosana, hija de la víctima, a FM De la Calle.

“Hace 6 años que estaba con él, tenía denuncias previas de mi parte, lo denuncié cuando mando a mi mamá al hospital. Mi mamá dijo que se cayó, cuando había sido que él la agredió, tenía tibia y peroné con los huesos triturados por dentro. Para nosotras le pasó la camioneta por encima”, expuso Rosana.

Comentó que acudió en aquella oportunidad a la Comisaría de la Mujer “el mismo día que la internaron”. “A la semana tenía que ir yo con una testigo que era amiga de mi mamá y la testigo no quiso ir porque mi mamá se lo pidió. Así que cuando fui me dijeron que si no se presentaba la testigo ni mi mamá quería hacer la denuncia, quedaba archivada porque no era fehaciente. Les dije lamentablemente si esto no se para esperemos no tener una desgracia, y a los dos meses la desgracia sucedió”.

Costa tiene otros antecedentes para con la familia Melo: “Tiene una denuncia porque manoseó a mi hermana más chica, que también quedó en la nada, se apareció en mi casa, estaba yo sola con mis hijos. Me fue a apretar con cinco personas más. Esa denuncia también está hecha. Tiene denuncias por violación y la justicia nunca hizo nada”.

“Conociéndola a ella, para nosotros estaba siendo amenazada, nosotros queríamos ayudarla y ella nos alejaba, para nosotros él la tenía amenazada con que nos iba a matar”, agregó.

Rosana dijo que su mamá “era una excelente persona, todos los que la conocieron saben la persona que era, muy laburadora, buena, ayudaba, te brindaba hasta lo que no tenía. El último tiempo por ahí pasaban días que no aparecía, le escribíamos y siempre decía que estaba bien, por ahí aparecía más de una vez con el ojo negro y decía que se había caído. Nosotros la queríamos sacar pero ella estaba siendo muy amenazada”.

Casi la totalidad de los genocidas condenados y en prisión por delitos de lesa humanidad configuran grupos de riesgo, ya sea por su edad o por alguna patología de salud.

En el marco del aislamiento por la pandemia del coronavirus muchos aprovechan para pedir la prisión domiciliaria. La abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Guadalupe Godoy, comentó en FM De la Calle cuál es la realidad de las cárceles y de los genocidas detenidos.

“Es una vieja discusión respecto si la condición etaria es motivo de otorgamiento de prisión domiciliaria. Muchos tribunales han dicho que no. Las condiciones sanitarias mínimas no son las condiciones de los pabellones de quienes están condenados por delitos de lesa humanidad, la mayoría de ellos fueron trasladados al complejo de Campo de Mayo, allí hay pabellones acondicionados y hay a seis minutos dentro del complejo el Hospital Militar, son condiciones que nada tiene que ver con las cárceles”.

Godoy agregó que “hay algunos jueces que están esperando algún tipo de decisión en materia de salud pública más genérica. En otros países se están tomando medidas que tienen que ver con el aislamiento a determinados grupos de riesgo y, por otro lado, según el tipo de delito, hay personas que están privadas de su libertad porque están por delitos con poca cantidad de pena, como por ejemplo por comercialización de estupefacientes. Hay jueces que dicen que hasta ahora no hay ninguna medida del Poder Judicial, en cambio otros jueces sin preguntar a la querella, sin pedir informes de condiciones otorgan las prisiones domiciliarias”.

A 44 años del comienzo de la dictadura cívico militar eclesiástica, Godoy destacó una anécdota: “Hace unos años un grupo de militantes habíamos ido a España, se habían hecho unos paneles sobre genocidio, en el momento en que se trataba de abrir las causas contra el franquismo. Los argentinos estábamos con que solo teníamos imputados a 200 genocidas, de que la mayoría estaban con domiciliaria y, en realidad, cuando se ven las posibilidades de justicia de los pueblos del mundo ante el genocidio nos damos cuenta de que como pueblo hacemos y hemos hecho cosas maravillosas”.

“Hemos podido construir esa memoria, ese valor. Lo tenemos que destacar siempre, más allá de todos los avatares, de lo que se sufre. Es algo que nos construye como pueblo. El valor es que el Movimiento de Derechos Humanos es mucho más que los organismos de derechos humanos sino todos los que disputan la memoria todos los días”, finalizó.

En el marco del 44º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundió el estado de situación de las causas que se tramitan en el país. Son más de 968 los genocidas condenados y 156 los absueltos entre los más de 3000 investigados. Se destaca la continuidad del incremento de las excarcelaciones y los arrestos domiciliarios desde 2015 hasta la actualidad.

En Bahía Blanca, días atrás comenzó el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad el cual involucra por primera vez a civiles que integraron la Triple A. Para esta semana se esperaba el inicio de las declaraciones testimoniales aunque las audiencias fueron suspendidas por la pandemia de coronavirus.

El organismo a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos informó que de un total de 592 causas en trámite, el 45% se encuentra en etapa de instrucción (266), el 41% obtuvo sentencia (241), el 11% está elevada a juicio (65) y sólo el 3% está actualmente en juicio oral (20).

Los datos muestran que la mayoría de las causas se encuentran en la etapa inicial o intermedia del proceso judicial y que hasta la fecha sólo 20 causas se encuentran en instancia de debate oral y público.

En este sentido, con respecto a la temporalidad del proceso de juzgamiento, el documento muestra que para que una sentencia quede firme se necesita un promedio de 5,3 años desde su radicación ante un tribunal oral, la realización del juicio y el veredicto definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Las cifras muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas

En cuanto a la condición de libertad o arresto de las personas investigadas, las cifras muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas, con el descenso a un total de 913 a marzo de este año.

Si bien se observa un leve descenso del arresto domiciliario como forma de detención, que desde 2015 venía en aumento año tras año, esto se debe a la baja general de las detenciones y no a un cambio en la modalidad.

Cabe destacar que éstos datos son anteriores a la entrada en vigencia del Decreto 260/20, a partir del cual muchos detenidos solicitaron en los últimos días la morigerarción de la modalidad de prisión con arresto domiciliario.

Por otra parte, el 47% del total de 3161 personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad se encuentran libres (1563), mientras que el 28% están detenidas (913) y el 24% fallecieron (811).

Sobre un total de 3315 personas investigadas por delitos de lesa humanidad -según la máxima situación procesal alcanzada- 968 están condenadas. Hubo 156 absoluciones.

Por último, el informe de la Procuraduría especializada indica una totalidad de 3315 personas investigadas por delitos de lesa humanidad según la máxima situación procesal alcanzada, de las cuales sólo 968 están condenadas. La cifra desagregada consta de 637 procesados, 544 imputados, 182 con falta de mérito, 156 absueltos, 91 sobreseídos, 70 indagados y 28 prófugos.

Raúl Gregorio Costa es el único acusado por el femicidio de Susana Melo. El cuerpo de la mujer fue encontrado el sábado en el camino vecinal ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 252.

Esta mañana el imputado se negó a declarar ante el fiscal Diego Conti, quien subroga la Fiscalía especializada en Homicidios. La autopsia arrojó que la víctima tenía un disparo de arma de fuego.

El atacante había sido denunciado por la víctima en ocasiones anteriores.

El operativo comenzó cuando una amiga de la mujer se comunicó con la hija de Melo para contarle lo que había sucedido.

Efectivos de la Comisaría Tercera encontraron a Costa realizando disturbios en una vivienda ubicada en Nicolás Levalle y 25 de Mayo y lo detuvieron. Horas más tarde encontraron el cuerpo de la víctima.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas.

El Partido Obrero Tendencia denunció detenciones arbitrarias y brutalidad policial contra una familia del barrio Villa Libre. El hecho ocurrió cuando las personas se encontraban temporalmente en la puerta de la vivienda y fueron agredidos físicamente por un efectivo policial de apellido Rojas.

Rojas los obligó a entrar a la casa y luego se bajó del patrullero y golpeó a la familia, alegando que estaban infringiendo la cuarentena pero sin presentar ningún tipo de documentación para las aprehensiones.

“Cuando ingresaron a la vivienda uno de los efectivos policiales derribó la puerta a patadas e ingresó tirando balas de goma que impactaron las personas. La policía los detuvo en forma arbitraria y violenta, los arrojó al piso, los golpeó con la culata de las pistolas. Fueron esposados, trasladados a la Comisaría Cuarta, dos cuadras antes de llegar, en el patrullero que iba Miguel Ángel, (una de las víctimas)  se detuvo el patrullero, se bajó el efectivo y  lo siguió golpeando”, relató el dirigente Emiliano Fabris.

Agregó que “en la comisaría estaban hacinados, más de 10 personas en una habitación con una sola botella de agua, todos los detenidos sufrieron golpes, una de las personas presenció cómo la policía desmayaba a otra persona a patadas. No recibieron atención medica salvo al final. Luego fueron liberados, pero esto no cancela el hecho. Solo a una persona le presentaron un documento de apertura de una causa por violar la cuarentena”.

Miguel Ángel fue liberado ya que, según la UFIJ Nº15, no había motivos para detención. Miguel tuvo que volver por la tarde del día siguiente a revisar su mandíbula al hospital donde constató una fractura derivada de los golpes recibidos.

“Aplican la Ley de Tenencia de Estupefacientes en vez de utilizar la Ley del Uso Medicinal del Cannabis. Esta gente, que estuvo innecesariamente aprehendida, recuperó su libertad y puede retomar el tratamiento.”, expresó el defensor ante el Tribunal de Casación Penal, Mario Coriolano, respecto a las detenciones realizadas por Mauricio Del Cero en Tornquist por cultivo de cannabis para uso medicinal.

En diálogo con FM De la Calle, el funcionario agregó que el fiscal “está equivocado, se lo planteamos verbalmente y lo hicimos por escrito ante el Juzgado de Garantías. Creemos que la causa debe archivarse y devolver rápidamente las sustancias medicinales que se están deteriorando desde el secuestro”.

En los operativos fueron aprehendidos los concejales y trabajadores del INTA, Federico Labarthes y Cristian Raising, y un matrimonio de usuarios de cannabis medicinal.

Respecto al matrimonio, Coriolano señaló que “en las casas donde fueron, como es el caso de la señora, había goteros con el aceite medicinal, lo que no sabemos es por qué no lo secuestró o por qué no dejó constancia en actas, todo está acreditado de que es uso medicinal”.

Coriolano agregó que “hay un montón de otra gente que está dependiendo de la producción de estos aceites y que fue perjudicada, por eso el descontento en Tornquist. Es muy difícil de encontrar, en algunos lugares es carísimo y desde luego que hay gente que tiene que aprender a hacerlo porque no puede pagarlo”.

En relación a la ley, afirmó que “hay un vacío en la reglamentación porque hay una serie de detalles que va a haber que ir avanzando como es el registro de cultivadores, el tipo de planta, de dosis, de enfermedades, reglamentación que a su vez sea difusión en las ciencias para ir mejorando la atención a los pacientes. Aquí está el derecho a una salud y hay un trabajo en red. Hay un daño, como pasó con el matrimonio donde la señora está usando el aceite para un artrosis muy dolorosa y de golpe terminó detenida por el acceso al aceite que es un derecho que ella tiene”.

El juicio está en marcha. 45 años pasaron de los crímenes cometidos por muchos más que quienes están sentados en el banquillo. Rodolfo Ponce y Remus Tetu son los grandes ausentes. El ex diputado nacional del peronismo ortodoxo y secretario general de la CGT y el rector interventor de la UNS fueron los jefes de las bandas que asolaron las calles bahienses. Murieron impunes.

Este lunes el fiscal Pablo Fermento leyó la acusación contra Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio. Los otrora bravos tripulantes de “la fiambrera” se pusieron el traje de pobres viejitos “sorprendidos” por “esta porquería” que les está pasando.

“Como todos los bahienses de esa época saben, eran los hombres de Ponce que manejaban la fiambrera, patrullaban la ciudad, decidían quién vivía, quién no, quién podía andar por las calles por las noches, quién podía opinar y quien no, imponían su forma de pensar e intimidaban y asesinaban a los que pensaban diferente. Eran agentes de este grupo paraestatal cuya historia vamos a tratar de reconstruir en este juicio”, dijo el fiscal a FM De la Calle.

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Se les reprocha haber sido parte -entre 1974 y 1975- de una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad como parte de un plan sistemático y generalizado de eliminación de opositores políticos, amparada y provista de recursos materiales y de información por parte del Estado argentino. Aceituno está imputado, además, por el asesinato de David Cilleruelo.

“Son las 10 hs, comienza el circo”, escribió Curzio mientras escondía su rostro al flash de nuestra cámara. Minutos después, el presidente del tribunal, Roberto Amábile, provocó el aplauso del público al abrir el debate: “En lo personal, como representante de un poder del Estado, siento la necesidad de pedir disculpas por haber tardado 45 años en hacer este juicio”.

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En sus manos y la de sus pares, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, está la posibilidad de demostrar su pesar con hechos concretos y retomar el camino de Justicia que alguna vez conoció Bahía Blanca. El primer paso podría incluir la escucha atenta a quienes tendrán que repetir una vez más sus testimonios, garantizar la agilidad del debate, la regularidad de las audiencias y la presencia de los imputados, evitando el escándalo de verlos más libres que a las propias víctimas.

Un buen inicio fue la aceptación sobre la hora de dos querellas que se sumaron a la de la Agrupación H.I.J.O.S.. La Universidad Nacional del Sur retomará la acusación por el homicidio de Watu -ocurrido en sus propias instalaciones-. El rector Daniel Vega participó de la audiencia junto al abogado Francisco Fuster. Por otra parte, Leandro Aparicio representará a la familia del obrero Luis Jesús “Negrito” García.

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La próxima audiencia marcará el inicio de las declaraciones testimoniales. Será el miércoles 25 de marzo a las 9:30 en Colón 80.

La lentitud garantiza la impunidad

“Llegó el día de poder ver a esta gente en el banquillo de los acusados, después de tantas suspensiones y de cuarenta y pico de años del crimen de Watu”, dijo el testigo y secretario de Derechos Humanos de la CTA bahiense, Dante Patrignani.

Mostró su ansiedad por decir lo que tiene para decir: “Sobre todo de las barbaridades que hizo esta gente en Bahía, de denunciar a los responsables. No solamente son los que están en el banquillo de los acusados sino la connivencia del poder sindical de la época, de Rodolfo Ponce, del rector de la universidad, Remus Tetu”.

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Mencionó a aquellos que continuaron su tarea represiva durante la dictadura como Personal Civil de Inteligencia. Es el caso de los hermanos Chisu o del ex presidente de la Cámara Federal: “Néstor Montezanti está en la etapa de instrucción de la misma causa y el juez, después de dos años, todavía tiene que definir su situación procesal. Hay de parte del Poder Judicial una lentitud que garantiza la impunidad”.

Un juicio para ver más allá

“Este juicio nos va a llevar a mirar más allá, la Triple A era simplemente el brazo ejecutor de los blancos y objetivos que otros marcaban”, dijo Julia, hermana de Luis Jesús “Negrito” García.

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Recordó que “hay una declaración del Consejo Superior del PJ de septiembre del 73 donde declaran la guerra al pueblo argentino. Después de que matan a Rucci, cerca de las elecciones que Perón gana con el 62 por ciento, ellos declaran la guerra al pueblo diciendo que había que poner orden, en un país que venía desde la dictadura anterior luchando, resistiendo”.

“Por otra parte abren una batalla campal en contra del marxismo. Marxismo para ellos era todo lo que no siguiera los lineamientos de este grupo del PJ incluyendo a los propios compañeros peronistas”.

Julia comentó que el Negrito “era solidario, en un momento se planteó ser cura, se identificó un tiempo con la Federación Juvenil Comunista y después dejó de estudiar y se proletarizó, se insertó en el sector de la construcción en la Interamerican de White”.

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“Prontamente fue delegado. En una oportunidad lo echan, la gente hace paro y si no lo reincorporaban iban a sumarse otras empresas de alrededor. Eso habla del conocimiento de la gente del lugar. Era un pibe que quizás se exponía mucho, hablaba, discutía, peleaba, no se quedaba nada que decir”.

El dilema del PJ

José Lualdi aseguró que “la Triple A fue creada por el teniente general Juan Perón. Por eso tal vez la mora tenga que ver con la complicidad que ha tenido el conjunto de la dirigencia del PJ de ocultar esta cuestión. El PJ se debate entre aceptar que Perón ideo, creó y desarrolló la Triple A o que Perón era tan irresponsable que llegó a la Argentina enfermo y no podía conducir ni el país ni su fuerza política. Esta hipótesis la descartamos porque Perón condujo el país hasta el día de su muerte”.

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El testigo que relató en la causa cómo fue la interna de la UOCRA en tiempos de la banda paraestatal afirmó que “a los jóvenes parece que le estamos contando algo novelesco, pensar que los autos de la CGT patrullaban esta ciudad como si fueran fuerzas de seguridad, intimidaban, golpeaban, mataban, mandaron al exilio a cientos de compañeros. Si todo esto se ventila, estos 45 años de porfía habrán valido la pena, más allá de la condena que los jueces decidan sobre los cuatro imputados”.

Los crímenes debajo de la alfombra

Verónica, hermana de Fernando Alduvino quien fuera asesinado la noche del 21 de marzo de 1975, dijo a FM De la Calle: “La única expectativa que tengo es que por primera vez se diga que fueron terrorismo de Estado los crímenes ocurridos en un gobierno democrático, legítimamente elegido por el pueblo, con todos los recursos para hacer las cosas dentro de la ley. Que nos hagamos cargo de esto trae luz a muchísimas muertes que han ocurrido durante gobiernos democráticos que se guardan debajo de la alfombra”.

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“Mi hermano era un librepensador, estudiaba Filosofía y Letras, le encantaba enseñar a pensar. Era un militante de la vida y un militante de la vida no puede ser muerto sacado de la cama a las dos de la mañana, por la espalda, arrodillado.  Era tan alto que lo hicieron arrodillar y le dieron 13 tiros en la nuca. Había un mensaje mafioso para el resto de la militancia: si hacés algo podés terminar como él”.

Más información en juiciobahiablanca.wordpress.com

 

 

 

Este lunes se realizó la audiencia para pedir la prisión domiciliaria para Rosalía. El Tribunal Criminal Nº3, a cargo de la jueza Daniela Castaño, Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire, deberá en los próximos días definir si hacen lugar a la petición solicitada por la defensa.

Durante la audiencia solo estuvieron presentes Castaño y Casas, con la particularidad de que la sala que brindó el Tribunal tenía capacidad solo para la familia de Rosalía. Durante esta instancia ni las organizaciones que estaban acompañándoles ni la prensa pudieron presenciar el debate debido al espacio restringido.

Recordamos que Rosalía parió sola en su casa de Argerich en 2005, se desvaneció y la criatura murió. El Tribunal Criminal Nº3  la condenó a ocho años de prisión por homicidio calificado.  

En la audiencia, Rosalía comentó a los jueces que está muy angustiada y preocupada por estar lejos de sus hijes, en particular de su hija más chica de 9 años. Y que su accionar fue para proteger a las criaturas en todo momento.

Según la abogada defensora, Fabiana Vannini, el tribunal estuvo abierto a escuchar a Fernanda, hermana de Rosalía, quien la recibiría en su casa junto con su hija menor, en caso de que el pedido sea favorable.

Por su parte, el fiscal Viego se mostró reacio a aceptar el pedido de prisión domiciliaria argumentando que la mujer estuvo 15 años  fugada.

La defensa solicitó el pedido de 7×60, es decir, que en caso de continuar en prisión Rosalía permanezca 7 días en Bahía Blanca y 60 en Azul para posibilitar la visita de la familia.

Asimismo, la abogada señaló que se reunió con Lucía Portos, subsecretaria de Igualdad y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, que se mostró atenta a continuar acompañando el proceso judicial.

Vannini destacó que hay tres medidas judiciales que corren en paralelo: una es la solicitud de la prisión domiciliaria; otra recurrir el Habeas Corpus; y por último, apelar la condena.