Sobrevivientes de la Triple A y familiares de víctimas de Río Negro no pudieron seguir la primera audiencia testimonial realizada ayer en Bahía Blanca por la falta de transmisión en vivo por parte del tribunal.

La intención era proyectar los testimonios en la Casona de la Memoria Eduardo “Bachi” Chironi ante la imposibilidad de viajar a nuestra ciudad e ingresar a la sala por la pandemia.

Entre otras familias, tampoco pudo participar desde Chile la de Víctor Oliva Troncoso, una de las víctimas de la causa, de cuyo secuestro y asesinato se cumplieron 45 años este jueves.

“Estamos viendo la nada, intentando ver cosas donde no se pueden ver, muy preocupados por esta situación de desinformación, de incertidumbre, porque no se sabía hasta hoy por la mañana si se iba a transmitir, si se iba a continuar o no el juicio y la situación de los testigos”, dijo a FM De la Calle Julia García. 

La hermana del “Negrito” afirmó que “el juez dijo que dado el tiempo transcurrido iba a continuar con la audiencia. Es cierto, pasaron 46 años, vaya si pasó tiempo. Estamos de acuerdo con que se realice pero el coronavirus no puede ser excusa para desvirtuarlo. Es un juicio significativo para Bahía y el país, habla de una participación de civiles amparados en el Estado matando gente y secuestrando en Bahía Blanca”. 

García y otras integrantes de su familia tendrán que declarar en el transcurso del debate aunque ya manifestaron que no aceptarán hacerlo por videoconferencia. “Tenemos el derecho a declarar en condiciones adecuadas, en el caso nuestro son 46 años esperando este momento, cuidando todo recuerdo y cada detalle para no olvidar. El juicio es una instancia reparadora, es la posibilidad que te escuchen y que los imputados se sientan señalados por nuestros dichos y por nuestro relato, no en sus casas tranquilos”.

A su lado, Verónica Alduvino -hermana de Fernando- agregó: “Tanto yo como mi familia esto lo estamos viviendo con un alto nivel de frustración. Los 46 años no estuvimos sentados esperando que se abriera el cielo y bajara la justicia, hicimos un montón de acciones. Mi papá y mi mamá se cansaron de hacer cosas, incluso en el gobierno militar poniendo en riesgo su vida como la de mi hermano más chico, es absolutamente injusto”.

“Estamos enjuiciando al Terrorismo de Estado que ocurrió en un gobierno democrático legítimamente elegido por el pueblo del ’73 al ’76, amparados por este gobierno mataban personas cuando, si alguien era señalado por algún delito, estaban los resortes del Estado para enjuiciarlo, pero no sacarlo de la casa y matarlo”.

“Esto ocurrió y fue metido debajo de una alfombra durante muchísimos años. Nosotros intentando levantarla y sistemáticamente lo volvían a ocultar. Una vez que pudimos por favor que se haga con la máxima seriedad que nosotros y nuestros hermanos se merecen. Se está buscando que este juicio sea entre cuatro paredes y que la gente no se entere. Lo que no se da a luz, mañana vuelva a pasar”, aseguró.   

El secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, dijo que “esta causa es importante porque hay familiares de víctimas en Río Negro, la seguimos de cerca, fuimos a la primera audiencia, íbamos a transmitir la audiencia en vivo en la casona ‘Bachi’ Chironi en Viedma. Esta precariedad técnica que impide la transmisión es difícil de comprender que en el siglo XXI, que se dependa de la situación de aislamiento de la ciudad de Buenos Aires”.

Finalmente subrayó la importancia “de la comunicación permanente con los familiares, tener en cuenta su opinión, mirar las audiencias en simultáneo, que no se pierda el carácter oral y público y que se mantengan la declaración presencial por el sentido reparatorio que tiene”.

El Tribunal Oral rechazó un pedido de la defensa para suspender el debate oral en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A en Bahía Blanca y reanudará las audiencias el próximo jueves a las 10.

Será mediante un sistema mixto con presencia de jueces, querella y defensa en Colón 80 y permitirá que testigos e imputados elijan participar desde el Aula Magna o por videoconferencias. Deberán respetarse los protocolos de seguridad en el marco de la pandemia. 

Las jornadas testimoniales comenzarán priorizando la convocatoria a quienes no integran grupos de riesgo y residen en Bahía Blanca. Habrá transmisión pública.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

El fiscal Pablo Fermento aseguró “que son diversas las jurisdicciones en las que se reanudaron los debates por crímenes contra la humanidad” y “afirmó que la utilización de vías de comunicación instantánea, virtual y remota, garantiza los principios de inmediación, publicidad y el pleno ejercicio de los derechos de defensa por parte del imputado (en sentido material y técnico), sin poner en riesgo la salud de las partes intervinientes en el debate”.

Por pedido de la querellante Mónica Fernández Avello y la Fiscalía, el tribunal no recurrirá a las fuerzas de seguridad para trasladar a testigos que no cuenten con los recursos suficientes. Deberán acercarse por su cuenta y reclamar el reintegro de los gastos. Los certificados de circulación se otorgarán cuando sea necesario.

Fermento propuso que “al momento de notificar a los testigos se les haga saber sus derechos, las medida de prevención, distanciamiento, higiene y seguridad adoptadas para su protección. Para cada testigo solicitó la confección de un formulario modelo (homologado por autoridad sanitaria) que sea remitido junto con su notificación, que será completado a modo de declaración jurada sobre su estado de salud, patologías previas y pertenencia a población de riesgo, y que manifieste su voluntad de declarar en forma virtual o presencial”.

Además, requirió que se fijen las declaraciones con intervalos de tiempo para evitar acumulación de testigos; se permita la presencia de un integrante del equipo de acompañamiento psicológico en la sala y que se informe a quienes declaren que la audiencia será transmitida de forma pública.

El abogado de la UNS, Francisco Fuster, pidió participar por videoconferencia por integrar el grupo de riesgo aunque el tribunal recordó que la querella deberá funcionar unificada y que, igualmente, podrá seguir la transmisión o designar un sustituto.

Para el defensor oficial Gustavo Rodríguez “el avance del juicio en las condiciones propuestas conlleva la afectación de posiciones defensivas” y constituiría “asumir un alto riesgo para su salud y su vida” de los represores. A su entender, “la única posibilidad sería que los imputados sigan las audiencias de debate por videoconferencia desde sus domicilios, pero al respecto realizó algunas observaciones”.

“Si se acepta que el desarrollo de una audiencia virtual imposibilita la contradicción de prueba relevante debido a la ausencia de una comunicación rápida y efectiva con los acusados, se llega a la conclusión de que cualquiera de las posibilidades que se han pensado para un desarrollo virtual impide la satisfacción de la defensa en juicio y esa es una garantía que no debe perjudicarse”, respondió el tribunal.

Los jueces Roberto Amábile, Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido afirmaron que “el defensor no logra demostrar de modo concreto y efectivo la vulneración de los derechos de sus asistidos”.

Recordaron que los acusados podrán concurrir teniendo en cuenta las condiciones sanitarias de la ciudad y que la sala garantiza ampliamente las condiciones suficientes de higiene. “La concurrencia desde su domicilio hasta la sala y el regreso, no genera un aumento de riesgo para su salud si se cumple con las medidas sanitarias fijadas por las autoridades”.

H.I.J.O.S. Bahía Blanca repudió que un represor que debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta jurisdicción dicte cursos de formación al Servicio Penitenciario de Tucumán.

“Nos resulta intolerable que un acusado de los peores delitos que la humanidad puede registrar, sea convocado para ‘formar’ fuerzas democráticas”, manifestó el organismo.

Se trata de Enrique Stel, quien está acusado por “haber planificado y consumado los secuestros, seguidos de tortura, en perjuicio de 51 víctimas y en 2019 se amplió esa acusación, sumándole la de delitos sexuales”.

Con rango de subteniente integró el Batallón de Comunicaciones 181 y fue Jefe de Sección de la Compañía Combate “Mayor Keller”.

Según informó H.I.J.O.S. Bahía Blanca “al momento de ser detenido en 2014, Stel, estaba reciclado en el Ministerio de Seguridad Ciudadana de Tucumán desde marzo de 2007, y llamativamente advertirmos que lo han vuelto a convocar a ocupar un cargo en el mismo espacio institucional, el Ministerio de Seguridad Tucumano, para ‘dictar cursos de formación’ algo inadmisible y repudiable en plena democracia”.

El organismo exigió “se revierta de manera inmediata, la participación de Stel dentro de las fuerzas de seguridad y una vez más, pedimos la celeridad en los juicios de lesa humanidad, que entre todas las impunidades que acarrean más de 40 años de demora, esta también este inaceptable caso”.