El intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, fue citado este martes a indagatoria por la jueza federal Gabriela Marrón en una causa que investiga una asociación ilícita conformada por funcionarios municipales “para cometer, entre otros, delitos electorales”.
Según el pedido del fiscal Antonio Castaño, firmado en noviembre de 2016, “se valieron de punteros a fin de captar personas en situación de vulnerabilidad, de bajos recursos y educación mínima, a fin de concretar modificaciones en documentos nacionales de identidad, a los efectos de que finalmente estas personas manipuladas cumplan con el sufragio electoral (…) abultando la cantidad de votantes para el partido político reinante”.
La asociación ilícita se encontraría compuesta por Oscar Bertín, director del Registro Público de las Personas de Monte Hermoso, “líder operativo ejecutor”, con la colaboración de Martín Della Libera Minghetti, los punteros Santiago Cruz, Eusebio “Pichi” Sánchez, Abelardo “Cololo” Parra, “con la especial cooperación de la mano derecha y hermano del intendente” Martín Fernández, Hernán Arranz, Diego Ramil y como “beneficiario último de la maniobra” el intendente Marcos Fernández.
Castaño detalló que los acusados atraían a la ciudad balnearia “individuos de bajos recursos (los buscaban, por ejemplo, en Villa Miramar de Bahía Blanca) bajo la promesa de otorgarles algún beneficio, como ser, facilitarles el carnet de conducir, comida, vales de nafta, etcétera”.
Les hacían “declarar falsamente su domicilio” y “una vez concretado el cambio, quedaban atraídos por el padrón electoral de Monte Hermoso y eran ‘acompañados’ en transportes, cuyo pago, se sospecha de fondos públicos, hacía el partido del Frente para la Victoria de Monte Hermoso y finalmente a las escuelas donde debían sufragar”.
Algunos de los transportistas cuyos servicios fueron contratados durante las elecciones de 2015 declararon que trabajaron gratuitamente por una cuestión “de cortesía” porque “este partido está de toda la vida” y que “no queda otra”: corrían el riesgo de no ser más contratados o habilitados.
La presentación del intendente de esta mañana cierra la ronda con la totalidad de los imputados que comenzó el 12 de marzo. La estrategia defensiva apuntaría a llevar la causa al fuero electora, tal como hizo Cambiemos con la investigación sobre aportantes truchos.
La causa comenzó con una denuncia de concejales del Frente Progresista Cívico y Social.