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La Cámara Federal procesó con prisión preventiva al ex titular de la Cruz Roja, Humberto Luis Fortunato Adalberti. La Fiscalía lo imputó a partir de testimonios que lo ubicaron en el centro clandestino de detención La Escuelita en su rol de médico militar.

El órgano judicial revocó, además, el sobreseimiento de los ex secretarios del Juzgado Federal Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti, quienes continuarán siendo investigados por su participación en el terrorismo de Estado.

“Adalberti era uno de los médicos militares del Hospital de Evacuaciones 181. Era una estructura chica respecto a los militares que tenían especialidad de médico y dentro de la misma siempre se supo, por reconocimiento de alguno de los de mayores jerarquías de esa unidad, que la prestación de asistencia médica al centro clandestino La Escuelita la realizaban desde allí”, dijo a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento.

Recordó que “son conocidos los casos del enfermero (Adalberto Osvaldo) Bonini, a quien mencionaron muchos testigos como la persona que llevaba los medicamentos y siempre se supo que (Raúl Eduardo) Mariné era el que dirigía ese rol criminal y que uno de los médicos era (Jorge Guillermo) Streich, ambos se encuentran fallecidos”.

“En el caso de Adalberti, esta Fiscalía lo había imputado en su momento, es otro de los capitanes médicos junto a Streich, como la otra persona que concurría a La Escuelita a tratar a enfermos. Esto se pudo reconstruir, sobre todo, en base a la declaración de algunos conscriptos que en aquel momento prestaban servicio y que, por el hecho de ser médicos, estaban afectados al hospital y pudieron hablar y percibir esta dinámica. Incluso a alguno de ellos le ordenaron ir a La Escuelita en una situación, se negó y fue sancionado”.

El Juzgado Federal requirió a la Fiscalía que defina la situación de imputados a quienes se le había otorgado la falta de mérito.

“A partir de declaraciones testimoniales que se recibieron en los últimos juicios se habían despejado dudas que quedaban sobre Adalberti, que fue uno de los apuntados ya desde los Juicios por la Verdad como uno de los médicos que hacía esta tarea”, dijo Fermento. Por ello, se solicitó el procesamiento del cirujano.

La Unidad Fiscal solicitó además la ampliación del procesamiento del enfermero Bonini, quien espera ser juzgado por la desaparición de Julio Infante. Ahora se le reprocha su intervención en el centro clandestino.

En el caso de Sierra y Girotti el fallo de la Cámara no significa su procesamiento “sino que se revocó el sobreseimiento que de haber quedado firme impedía seguir insistiendo con esas imputaciones”.

“La Fiscalía tiene varias líneas de investigación en curso y, en función de eso, va evaluando ampliar imputaciones o insistir con imputaciones que no prosperaron en el pasado, como el caso de Adalberti”, explicó Fermento.

El senador provincial Andrés De Leo dijo que “no hay que hacer un hecho político” de la explosión en Dow. “Hubo una reacción rápida de parte del Estado, primero hay que ver si la empresa cumplió con los protocolos del accidente y de la información”.

Consultado sobre el proyecto de ley que busca extender el plazo de prescripción de las causas por infracciones medioambientales que tramita el OPDS, el legislador oficialista comentó que luego de la media sanción en el Senado “quedó trunco en Diputados”.

“El OPDS se comprometió a hacer gestiones en la Cámara. Ahora hay un proyecto más abarcativo que está en Diputados, que no ha tenido sanción. Incluye este punto que impulsé en el 2016 con la prescripción de estas multas. El OPDS ha agilizado enormemente el tema que tiene que ver con la sanción de las multas, esto no quita que esa ley venga a cubrir el vacío legal”.

En cuanto a las condiciones presupuestarias y a los recursos con que cuenta el OPDS para el control de las empresas del polo bahiense, De Leo afirmó: “No soy yo un especialista, sería aventurado hablar en términos técnicos. Desde la Comisión de Presupuesto he tenido reuniones con el OPDS, respecto de como ellos necesitan un presupuesto para cubrir fondos”.

“Hay un programa para que ellos puedan contar en el mediano plazo con un presupuesto acorde para cubrir los mecanismos de control. No estoy capacitado técnicamente para decir si esto es así o no. Hay una preocupación y ocupación de parte del gobierno de la provincia para que el OPDS vaya contando las herramientas presupuestaras para llevar su control adelante”.

El concejal Marcelo Feliú afirmó este jueves que el intendente Héctor Gay tiene facultad para clausurar preventivamente plantas del polo petroquímico “ante determinadas situaciones graves, delicadas, donde se haya podido poner en peligro o haya la posibilidad de un daño inminente sobre la salud de los trabajadores, la población o el medio ambiente”.

“Casi una descripción de lo que pasó”, agregó en referencia a la explosión ocurrida el viernes en el Craker 2 de Dow.

Fue en el marco del debate que terminó con la aprobación de la convocatoria a la subsecretaria de Gestión Ambiental, el coordinador del proceso Apell y el titular del Comité Técnico Ejecutivo para que den explicaciones ante el deliberativo.

Además, se avaló un pedido de informes sobre lo ocurrido y un llamado a reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental, paralizada hace ocho meses por Cambiemos.

Al analizar el rol de la Municipalidad, Feliú recordó que a partir de los escapes del 2000 se entendió que Bahía Blanca estaba en una situación extraordinaria y se aprobó una ley localizada que delegó en la comuna el poder de policía en materia ambiental.

El ex diputado provincial refutó las declaraciones de Gay y de algunos de sus concejales al señalar que ante riesgos para la población o el ambiente “recobra en cabeza del propio intendente tal vez la facultad más importante que en este caso se puede inmediatamente tomar desde lo local. El intendente puede clausurar preventivamente a la empresa que ha motivado este hecho”.

“Este decreto absolutamente vigente y que pone en total complementariedad con esta idea de que habría que avanzar en la delegación, le da poder al intendente para ser el director del manejo de la crisis -explicó Feliú-. Absolutamente el director. Quien puede lo más, que en este caso es la clausura inmediata preventiva, puede lo menos. Principio jurídico indiscutible. Si yo puedo hacer lo máximo, constato de que la situación fue potencialmente peligrosa para personas y bienes, inclusive por fuera del ámbito privado, ahí el intendente tiene la facultad de ser quien conduce el proceso políticamente”.

El concejal agregó que “a esa facultad jurídica con decisión política se llega a la conclusión de que ante un evento no se disminuye la posibilidad de intervenir sino que aumentan”.

La Red Argentina para el Desarme afirmó que el “decomiso de armas más grande de la historia” difundido por el gobierno nacional no es más que “una nueva muestra de la ineficacia estatal y de la connivencia política con los grandes actores del mercado ilegal de armas”.

La “Operación Palak”, como fue presentada por la propaganda del Ministerio de Seguridad desplegada a nivel local por la gestión del intendente Héctor Gay, incluyó tres allanamientos en Bahía Blanca.

Uno de ellos en una vivienda ubicada detrás del consultorio odontológico de Castelli al 342 y otro en Clegg al 600, siendo secuestradas unas 40 armas. Su propietario, Hernán Castillo, es uno de los 17 detenidos en el país. En total fueron unos 50 allanamientos en Argentina, España y Estados Unidos en los cuales se decomisaron 12000 armas, municiones y explosivos.

En diálogo con FM De la Calle, el investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Julián Alfie aseguró que “el Estado debería haberlo detectado antes, y no sucedió. Esta cantidad enorme de armas circuló por varios años en el país sin que el Estado sea capaz de detectarlo. La mayoría de las personas involucradas eran sujetos de control del Estado por ser armerías, por ser establecimientos que habían estado bajo control de las propias Fuerzas Armadas”.

“No solo que no sucedió sino que toman conocimiento a través por Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos, que detectan que estas armas estaban empezando a circular en el comercio internacional ilícto. Recién ahí es donde se activan las alarmas de nuestro país”.

¿Por qué no se detectó antes? Alfie explicó que “el Estado hace cuatro años no implementa la ley que crea la Agencia Nacional de Control de Armas de Fuego, la ANMAC, que venía a reemplazar al RENAR. Creaba una agencia con presupuesto propio para tener una política proactiva de control sobre el mercado ilegal de armas de fuego y eso nunca se implementó”.

“Hoy tenemos apenas una decenas de inspectores en todo el país para esa agencia que debería controlar y fiscalizar el circulante de armas, inspectores que no tienen recursos para movilizarse por el país y por lo tanto la capacidad de control tiende a ser nula”.

La empresa bahiense Dienst Consulting, propiedad de Guillermo Martín es la encargada de llevar a cabo el Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para usuarios de armas implementado por la ANMaC. Martín es socio del vicepresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca y dueño de La Nueva Provincia, Gustavo Elías.

“La ANMaC realiza una serie de controles psicofísicos que en este caso fueron tercerizados a esta empresa. Pero aparte de eso tiene que haber una política proactiva de persecusión y control del mercado legal. Aquellos lugares, armerías, establecimientos legales, tienen que ser fiscalizados por esta agencia. Ante el vencimiento tiene que actuar porque ese arma que había sido legal pasa a ser ilegal”, señaló Alfie.

El investigador aclaró que “no existe prácticamente fabricación ilegal de armas de fuego en el país, lo que existe son fábricas legales que hacen desvíos hacia el mercado ilegal, a través de, por ejemplo, la doble numeración. Por lo tanto la capacidad del Estado de controlar y de disminuir esas armas ilegales es altísimo porque el Estado sabe dónde se fabrican, lo que tiene que hacer e ir a esos lugares que fabrican o importan armas y fiscalizar que no haya desvíos hacia el mercado ilegal”.

INECIP subrayó en un comunicado que entre los establecimientos de los cuales se secuestró armamento que tenían su habilitación vecinda se encuentra TALA, “empresa que funcionaba en un predio perteneciente a las FFAA y ya tenía antecedentes del 2004 por almacenar irregularmente bombas de 500 y 1000 kilos, cohetes antiaéreos de 57 milímetros, detonadores y explosivos”.

“La banda no solamente operó en nuestro territorio durante años sin que el RENAR pudiera detectarlo, sino que uno de los presuntos contrabandistas era funcionario del Ministerio de Defensa dirigido por Oscar Aguad”, afirmó en referencia al directivo de TALA Diego Martín Bollati, uno de los 17 detenidos.

 

Familias de la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº10 de Cerri manifestaron su preocupación ante la falta de gas en el establecimiento desde el año pasado. Señalaron que luego del cambio de la instalación la empresa Camuzzi demora la inspección la obra.

Laura Ponte, madre de una alumna, brindó detalles a FM De la Calle: “La situación se remonta a larga data, estamos hablando de septiembre de 2018 cuando detectamos una situación problemática de gas. Se ha dilatado hasta llegar a esta instancia en la cual en la escuela no hay gas”.

“La obra de gas en sí misma estaría concluida, es una obra que llevó a cabo el Consejo Escolar con un fondo educativo municipal. Está faltando la inspección de Camuzzi”.

“Los pequeños estuvieron con caloventores pero era tanta la carga eléctrica que no se soportaba y se cortaba la luz. También el caloventor está de manera elevada, entonces el espacio que pueda llegar a ofrecer calefacción es reducido, las aulas son grandes”, comentó.

Ponte agregó que “los chiquitos comenzaron a enfermarse, habían muchos con certificado médico. Los docentes también están sufriendo la misma situación. Las clases no están suspendidas, hay un plan de continuidad pedagógica, es una reducción de carga horaria, los chicos tienen de las 10 a 12 a la mañana y de 13 a 15 en turno tarde”.

“Hoy tuve que ir a buscar tarea a la mañana porque mi hija tiene una discapacidad motora y está en post operatorio, en los próximos días debería incorporarse a la clases y en estas condiciones va a ser difícil”.

Finlamente, la madre acotó que “nuestra preocupación y la unión nos llevó a hacernos sentir, hacernos escuchar, estamos luchando por la igualdad de oportunidades para nuestros hijos y ofrecerles el clima adecuado para que los chicos estén en el aula aprendiendo no sufriendo”.

El titular de La Bancaria, Fernando García, aseguró que el Banco Santander “está incurriendo en graves irregularidades en lo que tiene que ver con las liquidaciones salariales, el reconocimiento de categorías y despidos encubiertos, desde agosto del año pasado llegan a 500 porque les hacen firmar acuerdos mutuos. Las presiones son tantas que terminan firmando”.

“Lo que hacen con la firma de estos mutuos acuerdos es que el banco queda preservado de las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo. En la Seccional Bahía Blanca estas medidas afectaron a un compañero de Bahía y otro de Suárez”, comentó en FM De la Calle.

Respecto a la paritaria, García señaló que “si para dentro de unos quince días no se cierran va a haber paro. Nosotros pretendemos una cláusula de ajuste, gatillo o el nombre que le quieran poner, pero no podemos perder contra la inflación. Ha habido una pre paritaria donde hemos arreglado un aumento hasta mayo de un 19,5% y un bono de $12.500 de pago en dos veces, la segunda parte viene en julio”.

En el marco del aumento de la pobreza y el desempleo en la ciudad y tras la explosión en la planta de Dow y la ratificación judicial de las pruebas de la contaminación del estuario, la agrupación Nuevos Vientos destacó: “Que unos pocos ganen cada día más, lleven sus ganancias fuera del país, a costa de nuestro trabajo, nuestros recursos y nuestro medioambiente no es desarrollo”.

El ex concejal Raúl Ayude dijo a FM De la Calle que “el discurso es macroeconómico, de déficit cero y ves que la gente está más lejos de satisfacer sus necesidades básicas y que en promesas de miles de millones de dólares de inversiones no se generan puestos de trabajo, al contrario, se terminan produciendo riesgos a la salud y medioambientales”.

“Por ejemplo lo que sucedió con la justicia y la confirmación de lo que se había puesto en duda que era la contaminación de al ría y la responsabilidad tanto de empresas como de la Municipalidad, el Consorcio, sumado a lo terrible que pasó en Dow el otro día. Cuando había pasado una hora de la explosión  y nadie sabía lo que tenía que hacer”.

“La decisión acerca de elegir un modelo de ciudad debe darse en un marco participativo de todos los sectores que componen la comunidad. No solo las empresas y el gobierno de turno, sino también las universidades, asociaciones intermedias y vecinos en general, en un debate público y abierto donde se evalúen las repercusiones de dichas instalaciones e inversiones”, afirma el comunicado de Nuevos Vientos.

Agrega que “deben recuperarse ámbitos participativos abiertos e institucionales como el funcionamiento histórico y regular que tuvo la comisión asesora de medioambiente del HCD, herramienta importante para evaluar proyectos”.

La concejala Paola Ariente confirmó que la Comisión Asesora Ambiental no se reúne desde 2018 y aseguró que hay disconformidad desde el Comité de Control y Monitoreo por el manejo de la información luego de la explosión en Dow.

“Si mal no recuerdo no nos reunimos desde mitad del año pasado, el último pedido que hice para que la Comisión Asesora se reuniera fue con el informe que hay de la causa judicial de la contaminación de la ría donde pedí que la gente del IADO, UNS y CONICET pudieran venir a explicar el Programa Integral de Monitoreo que venían efectuando. Se aprobó y nunca se citó”, comentó.

Según la web del Concejo, el último encuentro convocado por el oficialista Leandro Santomassimo fue 6 de noviembre de 2018 para discutir “la evolución del clima la ciudad en los últimos 40 años”. Ariente comentó que “es él quien hace el orden del día y convoca a las reuniones. Como coordinador es quien tiene que estipular la reunión”.

El edil participó este mediodía de una reunión con voluntarios interesados en “trabajar articuladamente un proyecto de apoyo, rescate y socorrismo para animales”.

Ariente informó que presentó una serie de cuestionamientos sobre lo ocurrido en Dow en el Comité de Control y Monitoreo donde hay “disconformidad” por no haberse enterado de los hechos”por los canales formales”.

En cuanto a los fondos destinados a temáticas ambientales, dijo que en la rendición del Centro de Control y Monitoreo “se nos explicó cuál había sido la subejecución, que por una cuestión de contrato y convenio pasaban para este año, pero respecto al dinero que se había destinado al proceso Apell, que no se había ejecutado, no se nos dio una repuesta satisfactoria de por qué no se habían gastado. Hay un guardia ambiental menos porque un inspector dejó su cargo y debe estar por abrirse el concurso. El resto no te sabría decir porque hubo una reducción de personal o de horas”.

Respecto a la  posición del bloque frente a lo ocurrido el viernes pasado, refirió que “no nos puede seguir pasando esto de que cada vez que ocurre un suceso los canales comunicativos sean tan confusos, que siempre tengamos una versión de la empresa, que si bien es válida no puede ser la única”.

“La gente no tiene la respuesta política de quienes deberían tenerla. Ni la gente ni lo concejales tampoco. No nos puede seguir pasando esto, los protocolos hay que revisarlos”, afirmó.

Cinco días después de la explosión en la planta de Dow, el intendente Héctor Gay pidió actuar “con prudencia” y afirmó que se cumplió el protocolo de emergencias aunque “hay cosas que mejorar”.

“Hemos pedido a la justicia que actúe, por las leyes vigentes la competencia del Municipio es muy reducida. Hemos acompañado al OPDS y a la justicia en el trabajo. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se diga lo que pasó. Sí con la prudencia necesaria pero con la preocupación de que no se repita”.

“Por suerte pudimos instalar el comité de crisis muy rápidamente, a los 20 minutos ya estaba instalado, inclusive algunos periodistas pudieron participar de la reunión”.

“Los especialistas dicen que no se puede dar una información en un evento de esta naturaleza, con el grado de certeza que como Estado tenemos que dar, antes de una hora. Se cumplió el protocolo, a los 47 minutos se brindó la información. Hay cosas para mejorar. Hemos tenido reuniones con la empresa, con la justicia y con el OPDS. El Municipio necesita, quiere y exige que haya un esclarecimiento pero obviamente prudente, en los tiempos que se manejan”, comentó.

Entre las cosas a mejorar, Gay apuntó a la comunicación mediante Radio Nacional y dijo que se vieron “atravesados por una situación lamentable que es lo de las noticias falsas que es un problema con el periodismo que quiere informar bien”.

“Que el principal medio nacional (TN) al otro día haya publicado la foto de un incendio en Córdoba diciendo que era en Bahía Blanca, o que otro medio haya publicado otro incendio en la India diciendo que era en Bahía cuando no hubo fuego nunca, es cierto que nos preocupa”.

Finalmente comentó: “Somos conscientes de que hay que dar buena información, verídica, sin ocultar nada pero tampoco hay que caer en los excesos que hemos tenido en estos días”.

Alejandro Barrera, secretario general de la Unión Jerárquicos Petroquímicos, aseguró a FM De la Calle que les preocupa que las responsabilidades de la explosión en la planta Dow recaigan sobre el personal jerárquico de la empresa, el cual no cuenta con representación sindical.

“Muchas de estas compañías cuando hacen esas investigaciones llegan a conclusiones donde los mandos medios, que serían nuestros afiliados, son atacados o despedidos y sin tener la incidencia de un sindicato. Nos perdemos la posibilidad de defender al personal que es el más fácil de atacar, en el sentido que se puede responsabilizar a la gente sin verificar qué pasó”, afirmó.

Barrera aclaró que “hace dos años convocamos a la gente de Dow pero el día que les informamos que estábamos haciendo reuniones para conformar el sindicato despidieron a una persona. Después no pudimos convocar a nadie más. Lamentamos no tener representación en Dow”.

La UJPe está conformada por los mandos medios y superiores, administrativos, profesionales y técnicos. En la actualidad su desarrollo comprende a integrantes de la plantilla de Unipar Indupa.

“Lo único que veo que estuvo mal es una cuestión de comunicación, evidentemente las redes sociales son mas rápidas que los medios. Todo el Polo está monitoreado por el CTE y es quien debería comunicarle a la comunidad lo que pasó, es el primero que se entera. A los cinco minutos ya había fotos circulando, me parece que hay que comunicar más rápido para que la gente no se asuste”, opinó.

Barrera integra la mesa sindical de la CGT, espacio al cual representa en las reuniones de la Comisión Asesora Ambiental que coordina el concejal de Cambiemos Leandro Santomassimo. “Este año no nos convocaron nunca, antes hemos tenido algunas reuniones donde se discutían temas de medio ambiente de la ciudad”, dijo.

La empresa Dow difundió anoche las primeras imágenes del sector de la planta Craker 2 que explotó el viernes pasado y causó conmoción en Ing. White y Bahía Blanca.

El registro de fotos y videos en el lugar había sido impedido en primer término a bomberos y a algunos periodistas que fueron invitados a recorrer el sector el lunes. La empresa adujo “cuestiones de seguridad”.

Sin embargo, sí pudieron hacerlo el fiscal Christian Aguilar y el juez Guillermo Mércuri durante la inspección ocular que realizaron el domingo para dilucidar si hubo daño a trabajadores o bienes de terceros y, en consecuencia, se configuró delito durante el incidente.

Horas después de la explosión, Dow informó que se trató de “un acontecimiento sonoro sin presencia de fuego”. El fin de semana, la empresa publicó una solicitada en la cual sostuvo la minimización de la gravedad del episodio y agregó que lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas”.

Federico Manfredini, soldador de alta presión durante más de 30 años en Solvay Indupa, comentó a FM De la Calle cómo vivió la explosión en la planta de Dow la madrugada del viernes y recordó algunos mecanismos y formas de trabajo de las empresas del polo.

“Me tembló la cama, las ventanas, el portón. Al principio pensé que era un temblor.  A la mañana hablé con mis ex compañeros y me explicaron lo que sabía todo el mundo”, aseguró el papá de Juan Cruz, joven bahiense fallecido por precarización laboral en Camin Cargo Control.

Manfredini dijo que “las causas siempre son por falta de material, por no haber cambiado caños o por una válvula que no abrió. Son fallas de cuestiones mecánicas, fallas reales. Ahora, si hicieron mantenimiento o no no lo vamos a saber, no te lo van a decir. (Ernesto) Monterroso se cayó a la pileta (de Solvay) por falta de mantenimiento. Eso fue arreglado rápidamente y al otro día estaba todo en condiciones óptimas”.

“El factor riesgo siempre está, se trabaja con presiones muy altas y me llama la atención que un caño de vapor haya hecho tanto ruido. Seguramente hay válvulas que registran eso, que cortan automáticamente o cierran cuando hay un desperfecto. El choque de vapor con la atmósfera es muy grande. Llama la atención que no hayan dejado entrar a los bomberos”.

Manfredini recordó un incidente en el año 87: “Se prendió fuego el fósforo de monómero vinílico. Estaba dividida en tres partes la planta de Solvay. Eso fue muy alarmante porque teóricamente desapareció todo el fósforo. Yo estuve en la reparación del artefacto”.

“La ciudadanía tiene que tener en claro que se deben hacer públicos los registros de mantenimiento a las unidades. Tienen que ser todos los años. Muchas veces durante el año se hacen paradas de planta para arreglar cañerías y válvulas pero no son públicas”.

Manfredini recordó que después del escape de cloro del 2000 “fueron muy exigentes con toda la cañería, con el tipo de soldadura, con el modus operandi de trabajo. Estuvimos muy cerca, todo lo que pasó por esa nube no quedó nada. Como me dijo alguna vez algún gerente de una planta: ‘Mientras salga el producto por el caño, no nos hagamos problema'”.

El fiscal de Delitos Culposos Cristian Aguilar investiga si existió algún delito alrededor de la explosión ocurrida en Dow el viernes pasado. Esta mañana informó que busca determinar si “hubo o no riesgo cierto, no potencial, de afectación de bienes y personas”.

“No cualquier explosión es un delito penal, de lo contrario serán infracciones administrativas. La Fiscalía no controla la actividad de las empresas del polo, esa no es función del fiscal ni del Poder Judicial. Eso atañe al poder estatal, en este caso, a lo administrativo. La investigación de la Fiscalía es cuando el hecho ya acaeció”, comentó.

La intervención judicial de oficio la inició Marcelo Romero Jardín, quien se encontraba de turno al momento del episodio que alertó a Bahía Blanca. Durante el domingo, Aguilar y el juez Guillermo Mércuri -subrogando a la jueza de Garantías Susana Calcinelli- realizaron una inspección ocular junto a peritos de la UNS.

Aguilar manifestó que “no hubo escape de amoníaco, lo que hubo es una explosión de vapor y agua. No hay verificada la existencia de personas muertas o heridas. Incendio o explosión es la denominación técnica del delito”.

Santiago Maíz, secretario de Extensión, Investigación y Convenios del Departamento de Ingeniería de la UNS, destacó que lo que explotó fue “agua a elevada temperatura con lo que se producen dos productos de Dow, hubo un radio de expansión de 40 metros para la zona más alejada y de 10 metros par la zona más cercana”.

“El tanque está totalmente destruido. Pedimos los datos de los registros, era un tanque de tres metros de alto por uno de diámetro. Se ve la chapa abierta completamente. La tapa del mismo tanque estaba ubicada a 40 metros. Estaban destrozados diferentes aparatos cercanos al recipiente”.

¿Qué es la sobrepresión?

Maíz explicó que “ese tanque almacena el vapor que se condensa en las cañerías y lo vuelve a recircular. Pasó la presión de trabajo varias veces y explotó. Nos tienen que pasar los registros de las válvulas, los planos de la planta. La sobrepresión se ha llevado a cabo por alguna válvula que no funcionó. Lo que vimos es un registro que nos mostraron y se ve que la presión se elevó en cuestión de minutos”.

Aguilar insistió en que “para que sea delito se requieren diversas situaciones: que existan lesiones u homicidio. Si esto no ocurre, se requiere una afectación indeterminada de bienes y a personas. Daño ambiental es otro tipo de delito. Es necesario acreditarlas”.

El ingeniero Maíz comentó que, “por lo que pudimos averiguar, con el apagón del domingo anterior la planta se paró y se volvió a comenzar el ciclo que fue lo que derivo en la explosión. Seguramente en esa parada hubo que hacer alguna tarea operativa para el arranque y pudo haber fallado alguna válvula pero todavía no está clara la causa de la explosión”.

Hernán Zerneri, titular de la la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, destacó la falta de recursos en los organismos de control y concientización y la subejecución presupuestaria reconocida por el gobierno municipal.

“Los responsables de la empresa manifestaron que la sirena de planta no se activó porque no hubo intervención de productos combustibles ni de fuego. Eso nos abre un interrogante: ¿cuál es el protocolo interno de activación de alarmas internas de la planta siendo que además puede haber fugas tóxicas en las que no interviene fuego y puede que no sean  combustibles? Sin embargo, ¿en ese caso no activan la alarma? Parece que la explicación la ajustaron a lo que pasó“., afirmó.

Zerneri sostuvo que “habrá que evaluar de qué manera establecer la comunicación a partir de ahora y también agiornar el PRET. Por ejemplo, el coordinador de APELL manifiestó que no se habían cumplido ninguno de los pasos comunicacionales del PRET. No podemos darnos el lujo de cometer tantos errores en la comunicación en esta etapa de la manifestación de un episodio como este porque está en juego la respuesta que la propia comunidad tiene que dar en el caso de una emergencia tecnológica“.

La asociación integra el Comité de Control y Monitoreo, organismo de “carácter consultivo” del Programa Especial para la Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental, el cual debe controlar las “emisiones gaseosas y efluentes líquidos de origen industrial” en el Polo Petroquímico y el puerto.

Consultado sobre la emisión de gases mediante las antorchas de piso, Zerneri dijo que su instalación “vino a solucionar el problema de todos los gases que emanaban en una parada de planta imprevista. Estos gases se enviaban a la antorcha de altura y generaban una columna de humo negro que se veía a varios kilómetros. Si no salió un humo negro de las de piso significa que hubo una buena quema y combustión, que no repercutió en la cuestión ambiental atmosférica”.

Presupuesto

Zerneri advirtió que “la plantilla de APELL tiene un coordinador y una sola persona activa que es técnica y administrativa. La respuesta a la emergencia, si bien APELL coordina y no es la que actúa operativamente, no puede manejarse solamente con dos personas. Es una plantilla muy pobre para atender un tema tan importante como este”.

En cuanto al presupuesto, comentó que “en una reunión de Comité de Control y Monitoreo el propio Gobierno municipal presentó un resumen de los gastos del Comité Técnico. Tenemos casi 4 millones de pesos que no se ejecutaron. (…) Solamente se ejecutó 700 mil pesos de casi 5 millones”.

Agregó que “si se pudiera ejecutar el total del presupuesto tal vez podríamos tener mayores simulacros, mayor personal del área, podríamos tener un sistema de comunicacional como el de hace unos años con una respuesta más inmediata no solamente de una app sino de WhatsApp”.

De la Secretaría a la Subsecretaría de Gestión Ambiental

“Fuimos la única institución que en su momento, cuando hubo un replanteo del organigrama municipal, solicitamos públicamente a través de notas, hasta nos reunimos con el intendente, del cambio de rango que tuvo el área de medio ambiente. No es menor. Planteamos que teniendo uno de los polos petroquímicos más importantes de Sudamérica, el contrato con terceros más importantes del presupuesto municipal que es el de recolección y disposición de residuos urbanos, sufre la deposición de rango, el área ambiental pasa a ser subyacente a otros”.

“Pasando de secretaría a subsecretaría la autoridad máxima no puede plantear temas en reunión de gabinete como debería”, comentó.

Foto: Telefé.

Que a esta nueva explosión en el polo petroquímico no se la lleve el viento.

Que sirva para pensar la ciudad que fuimos, la ciudad que somos y la ciudad que queremos ser.

Un aporte para este finde lluvioso.

“Ingeniero White, un pueblo que están matando”, de María Giovis.

Este documental es un grito de denuncia, de dolor y de lucha. White era un pueblo donde había vida, con miles de ferroviarios y portuarios en actividad y que empezó a morir con los despedidos de esos trabajadores y siguió con la instalación al lado del pueblo, de un Polo Petroquímico. La contaminación, las muertes abruptas, los cánceres raros y la precarización laboral, llegaron con ese Polo.

La película entera se puede descargar con fines educativos y de difusión desde el siguiente enlace (copiando y pegando este enlace en una pestaña y clickeando el botón debajo del video que dice descargar) link: https://vimeo.com/269130923

IDEA ORIGINAL, GUIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: MARIA GIOVIS

EQUIPO TÉCNICO:

MONTAJE: CYNTHIA GABRENJA

MÚSICA ORIGINAL: MARIANO PIRATO

RESTAURACIÓN DE SONIDO: MARCELA TURJANSKI

MÚSICA ORIGINAL : CHRISTIAN LASALLE “KRIS FUEGO”

ANIMACIÓN: RUBÉN LONGAS.

DISEÑO GRÁFICO: CYNTHIA GABRENJA

DURACIÓN: 01:47:10

COLOR

FORMATO ORIGINAL: HD

IDIOMA: ESPAÑOL

ASPECTO DE RATIO: 16:9

Tras la explosión ocurrida esta madrugada en Dow, el abogado Leandro Aparicio advirtió que no estamos ante el primer episodio de estas características y recordó al inspector Martín Negri, “suicidado” por denunciar un hecho similar en 2011.

Aparicio trabaja en un documental en el cual expondrá parte de las grabaciones que le entregó la familia del inspector: “La mamá me da tres CD´s con 500 horas de grabación desde el 26 de junio del 2010 hasta el 14 de octubre de 2012”.

“Agobiado por el acoso laboral del que era objeto, por las presiones y amenazas constantes, el ingeniero agrónomo Martín Negri, que se desempeñaba integrando la Coordinación de Unidad de Respuesta Rápida (URR) del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) puso fin a su vida el pasado 14 de octubre del 2012″, informaron en aquel momento la Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, Aukan, Asamblea Ambiental del Sur, la Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente, Gral. Daniel Cerri y estudiantes autoconvocados.

El abogado refirió que en tres llamadas de junio de 2011, Negri “advierte primero lo que pasa, la jefa le dice que sabía y que vaya, va y le dice que lo llamó la Municipalidad, (el entonces titular del CTE, Fernando) Rey Saravia me llamó, me está llamando el gerente de Dow, me dice ‘comunicate con (la ex titular del OPDS) Verónica Gladario que es tu jefa”.

“Yo si entro a la empresa clausuro. Si quieren unificar criterio con el municipio me quedo acá en casa y no hago nada”, decía Negri.

“Él los manda a la mierda. Esa conversación final es el principio del fin”, afirmó Aparicio. “A los dos meses lo echan, cuando él habla con la jefa, cuando lo están echando, pide perdón, dice que se sintió abandonado y la jefa le dice ‘¿y que querés? A mí me llamó el gobernador. Se relaciona con el rol de Scioli con Dow, quien efectivamente en la campaña del 2015 fue a visitar la planta con el embajador de Estados Unidos en Argentina”.

Ocho años después, el único cambio que estamos en condiciones de confirmar es el de los nombres propios de quienes ocupan dichas responsabilidades y que Negri ya no está.

Para Aparicio “no hay nada más real que el audio de una persona que se graba y después se suicida. Esa información la tenemos que dar a conocer. Las empresas ponen una plata para salvar el planeta y sarasa y esa plata es la que fomenta los organismos de contralor como el CTE y el OPDS”.

Imagen: Canal 7.

A las 0:20 de la madrugada se registró una explosión en el Craker de LHC2 de empresa Dow. César Pérez, titular del Comité Técnico Ejecutivo, brindó detalles de lo ocurrido a FM De la Calle .

Primeros minutos 

“En la guardia nuestra de 24 horas, el monitoreo percibió el ruido de la explosión y se puso en contacto para verificar en qué planta había habido algún incidente. En forma paralela ingresamos a la misma. Apenas emitió la guardia la información, automáticamente ellos (Dow) empezaron a averiguar planta por planta para verificar cual era”.

“Primero se decretó el Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas con nivel 1, esto tiene todo un protocolo de actuación para evitar lo que ha sucedido en las redes sociales. El ingreso a la planta, la inspección y el recorrido nos lleva un determinado tiempo para dar información verídica de lo que sucedió. La guardia recorre la periferia de la planta para determinar si hay un riesgo o no”.

¿Qué es el cracker lhc2 de Dow y qué implica el PRET Nivel 1?

“Se trata una de las planta de producción de etileno de la empresa”.

“PRET 1 son las siglas de Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas. Hay tres niveles. El nivel uno implica que lo sucedido se circunscribe dentro de los límites de la empresa. Si se ve afectado personal de la empresa, es nivel dos. Si hay alguna afectación importante hacia la comunidad sería nivel 3, eso implicaría el accionar de la sirena comunitaria para tomar medidas de autoprotección”.

¿A quién le corresponde difundir la información y capacitar a la población? ¿El nivel 3 en qué caso se aplica por ejemplo?

“Comunicar y difundir es parte del programa APELL. En caso que haya algún escape de producto tóxico, de algún gas y que las concentraciones implican riesgo a la comunidad sí se activa la sirena”.

¿Por qué se produjo la sobrepresión en “el recipiente” que explotó?

“Se está evaluando por qué se produce la sobrepresión, están evaluando los técnicos de la planta, evaluando las variables operativas y registros”.

Informaron que no se registró ninguna infracción por parte del CTE, ¿por qué?

“Vamos a hacer un informe técnico y va a ir al OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para que determine cuál es la sanción o multa para la empresa Dow.

¿La explosión está vinculada al apagón nacional del 16 de junio?

“A raíz del apagón del Día del Padre todas las plantas tuvieron que parar y paulatinamente fueron poniéndose en marcha. Ayer estaba iniciado todo el proceso de puesta en marcha”.

¿Las cámaras del CTE y del Parque Industrial de quepasabahiablanca.gob.ar las gestionan ustedes? ¿Por qué funciona una de cuatro?

“Son cámaras que van directo a la web, no es gestión nuestra. Nosotros tenemos una repetición de las cámaras y tenemos cámaras propias apuntando directamente a antorchas y chimeneas de las empresas. No presté atención a la web. Sí lo vimos con la cámara nuestra, tenemos una cámara domo que permite hacer un zoom y vimos cómo se registró la nube de vapor”.

¿Hubo algún venteo o quema particular en las antorchas de Dow?

“No, alguna de las imágenes que vi eran de otras plantas y no de la situación de ayer. Lo que se pudo haber observado es mayor luminosidad en las antorchas de esta planta producto de tener que parar la planta, toda la producción la tuvieron que quemar en forma segura en las antorchas que es para lo que están preparadas”.

Foto: Matías Freidig.

Carlos Ordiales denunció que se aprovecharon de la desesperación de su familia para cobrarle por tratamientos cubiertos por PAMI y advirtió que tras informar a la obra social, su padre fue maltratado hasta su fallecimiento.

“Estoy pidiendo auxilio”, afirmó en una publicación de Facebook en la cual difunde videos del cobro de 10 mil pesos por parte de integrantes del Hospital Italiano.

Ordiales detalló a FM De la Calle los padecimientos que sufrió su familia previo al fallecimiento de su padre: “El día 7 lo llevo de urgencia por guardia en el Hospital Italiano, mi padre sufría EPOC. Recién el domingo que lo llevo de urgencia y le dan la internación.  Mi papá tendría que haber quedado internado desde el día uno”.

Días después “lo llevan a terapia, lo entuban. Más tarde, el jefe de terapia nos dice que había que realizar unos estudios y que no eran cubiertos por el PAMI. Había que hacer tomografías computadas. Nosotros teníamos que pagar una de cinco mil pesos y el resto se hacía cargo el hospital”.

“Bajo a pagar, se me ocurrió grabar, la persona que me atendió me dijo que no me podía dar recibo, que PAMI no reintegraba la plata, que eso era un plus para ellos. Pasa el tiempo y mi papá seguía igual, llamo a PAMI  y me dicen que el martes, luego del feriado, me iban a atender”.


“Analía de PAMI me mete en un cuarto aparte con mi mamá, cuando le muestro los videos me dijo que me estaban estafando. A mi mamá le agarró una crisis. A partir de ahí  se desató una película de terror en el hospital”.

“Cuando llegamos al hospital a la noche vemos que a mi papá le habían cambiado el respirador por uno viejo, en eso se le desconecta el respirador, pido auxilio a las enfermeras, conectan las mangueras. A mi papá le hacen una traqueotomía y me dicen que tampoco lo cubría PAMI. Y me dijeron que tenía que pagar otros 5 mil pesos más. Pago, vuelvo a pedir un recibo, me dice que no tiene”.

“Los médicos me dijeron que tenían que hacerle la traqueotomía en quirófano y no fue así. Se la hicieron en terapia. Yo lo vi.  Me dijeron que había sido un éxito y no fue así. Mi papá empeoró. Hasta que empecé a rezarle a Dios para que se lo lleve y falleció”.

Ordiales comentó que “me han dejado muchos comentarios que le han matado a familiares. Está la denuncia radicada en Fiscalía, están todos los nombres de cirujanos y médicos que lo atendieron.
Espero que se haga justicia, no por mi papá sino por la gente. Hay videos y fotos que no mostré porque mi familia está destruida”.