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Así definió la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego al fallo del juzgado en lo Correccional Nº3 de Bahía Blanca, a cargo de la Jueza Susana Gonzalez La Riva, en el marco del juicio oral contra 5 trabajadores que tomaron en 2012 el frigorífico Villa Olga.

“Se consumó un atropello contra el legítimo derecho a la protesta social de los trabajadores. En la sentencia se condena a uno” de ellos, “Hugo Cartagena y se absuelve a los otros cuatro acusados. Se le imputa al trabajador el delito de ‘usurpación’, al tiempo que se restituye la propiedad del frigorífico a la familia Siracusa”.

Para el abogado de dos de los trabajadores criminalizados, Claudio Lofvall, el juicio “nunca debió haber llegado al ámbito penal ya que se trata de un conflicto que debía dirimirse en la justicia laboral”.

A través de un documento, la CTA recordó que “en el 2012 la legislatura bonaerense votó una ley que lo declaraba de ‘utilidad pública sujeto a expropiación´. En aquel momento se hizo un acto en las puertas del frigorífico con la presencia de los diputados del FpV Sonia Larraburu y Marcelo Feliú y se hicieron promesas de reactivación. Las mismas nunca se efectivizaron ni tampoco se concretó la expropiación. Ahora bien, en todo esto, los trabajadores no tienen responsabilidad alguna. Llama la atención que nadie del sector político que impulsó la ley estuviera en el juzgado”.

Criminazliación de la proyesta

Para la CTA, “la sentencia sienta un precedente en tanto criminaliza la decisión de 187 trabajadores despedidos en el 2012 de defender sus puestos de trabajo ante el vaciamiento patronal”. Además, el texto expresa que “en un momento en que se producen despidos tanto en el ámbito estatal como el privado, la justicia produce un fallo por el cual inclina claramente la balanza a favor de las patronales”.

Para la fiscal Olga Herro, según se puede escuchar en el audio extraído de una entrevista otorgada a este medio, no había ningún conflicto laboral que justifique la toma y se mostró únicamente abocada a observar el delito de usurpación sin contemplar el contexto en el que se llevó adelante la medida de fuerza. En este sentido, la central sostuvo que “usurpación es apoderarse injustamente y de forma violenta de una propiedad o de un derecho que pertenece a otra persona. Los trabajadores no se apoderaron de nada ni utilizaron la violencia. Frente a una patronal que primero los explotaba obligándolos a asociarse a una cooperativa fraudulenta y luego los despedía y comenzaba a llevarse las máquinas de trabajo para vaciar la planta acordaron conjuntamente la defensa del trabajo”.
Enrique Gandolfo, referente de la CTA regional, dijo a FM De la Calle que “nosotros hablamos de una justicia direccionada en este caso desde la fiscalía y convalidad por la jueza en el sentido de que hay una justicia que se saca la venda, abre bien abiertos los ojos y decide con una mano premiar a los empresarios, le devuelve la propiedad que había sido declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación y por otro lado castiga a los laburante”.

“La fiscal, cuando habla de los trabajadores, habla de esta gente. No es gente como ella”.

Reforzando lo antedicho, el dirigente que estuvo presente en los pasillos palaciegos contó que, mientras esperaban la lectura del fallo, “a dos metros de los trabajadores estaba la familia Siracusa (dueños de la firma). Pasa la fiscal: abrazos, besos con la familia, con la abogada. Un rato después la sentencia le da la razón a la patronal”.



Este sábado a las 17 la Casa del Pueblo propone su reapertura. La casona conocida históricamente como local del Partido Socialista fue habitada, desde hace pocos años, por una agenda cultural a cargo de un grupo de artistas.

El sábado 22 de agosto del año pasado la Municipalidad de Bahía Blanca tomó la decisión de clausurar el establecimiento durante una actividad de varieté. La actual casa de Socialistas para la Victoria es cedida para la gestión de actividades al grupo Perro Azul, conocido por la organización de El Semillero, un encuentro de formación y festival de gran impacto en la región.

Actualmente, rige la ordenanza de espacios culturales, sancionada en julio 2014. La misma prevé una mesa que incluye autoridades del Instituto Cultural, personal técnico que debería colaborar en la realización de los planes de readecuación de los establecimientos que están cerca de habilitarse según los cánones establecidos en la norma y un representante por los espacios culturales. A su vez, dispone un fondo presupuestable para financiar la actividad.

Sin embargo, al momento de la clausura de la Casa del Pueblo esta mesa no estaba funcionando. Ante el debate público que ocasionó el cierre del lugar, el gobierno saliente, de la mano de la ex directora del Instituto Cultural, Marcela Sainz, puso en marcha la mesa a último momento.

Según dijo a FM De la Calle Nicolás Caminiti, referente del espacio, “finalizado el año la comisión técnica no tuvo mayores progresos y los subsidios quedaron mayormente parados”.

Actualmente, “el Instituto Cultural todavía no convocó nuevamente a la comisión ni a los espacios culturales. El presupuesto destinado a los subsidios del año pasado todavía no sabemos en qué estado quedó”.

Desde el espacio artístico pidieron una reunión a las nuevas autoridades del Instituto Cultural, aún sin respuesta.

De cualquier manera, éste sábado desde las 17 “hasta aproximadamente las diez de la noche” se llevará adelante la reapertura de La Casa del Pueblo. Durante la jornada habrá música, danza, teatro y espacios de charla sobre la actualidad de los centros culturales será el entorno para dar comienzo a un nuevo año.

La actividad será con entrada libre y gratuita pero habrá urnas para quienes deseen colaborar con las refacciones que el espacio debe efectuar para lograr su habilitación.

Además, Jorge Rivas presentará en Bahía Blanca su libro “El rumbo”, prologado por Cristina Fernández. La publicación reúne intervenciones parlamentarias, notas de opinión, discursos partidarios y diversas exposiciones y ponencias en debates.

El concejal Matías Italiano presentó un proyecto de resolución solicitando a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires la inmediata realización de audiencia pública, a los efectos de garantizar la participación de lxs usuarixs en la discusión del aumento de tarifa del servicio público de energía eléctrica.

El Gobierno Provincial publicó el día 26 de Febrero de 2016, en el Boletín Oficial, una resolución del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Edgardo Cenzon.

Según el edil de Compromiso Bahía, “la resolución en cuestión, establece un incremento en la tarifa del servicio de la energía eléctrica de un ciento diez por ciento (110%)”.

La Ley N° 24.065 establece que “cualquier modificación al régimen tarifario debe contar con una convocatoria a audiencia pública en al que se expliquen los motivos y las causas de la reducción de los subsidios”

Este aumento se suma “a la intensión de fuertes aumentos en las tarifas de los servicios de gas y agua y cloacas”

A su vez, el texto indica que “los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social, y que los servicios públicos de suministro de calidad son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza” y “que los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y universal a los servicios en unos marcos normativos que prevean la rendición de cuentas”.

Por último, el proyecto de resolución destaca que “la Audiencia Pública es una garantía que tiene el usuario para ejercer un control evitando abusos en la fijación de la tarifa”.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la falta de mérito del dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad, y declaró abstracto el pedido de nulidad de lo actuado por el abogado Claudio Pontet, quien benefició al empresario en marzo de 2015.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia habían cuestionado aquel fallo ante la Alzada local, cuyo ex presidente Néstor Luis Montezanti presentó ayer la renuncia al cargo -en el cual estaba suspendido- jaqueado por un jury que le reprocha su pasado como personal civil de inteligencia del Destacamento 181 y sus vínculos con la Triple A. Con la lectura del veredicto establecida para el próximo jueves, el Ministerio de Justicia deberá decidir si acepta o rechaza la dimisión. En la causa Massot se había involucrado para exonerar al juez Álvaro Coleffi.

Ayer, Pablo Candisano Mera y el camarista marplatense Jorge Ferro firmaron la sentencia y dijeron que, “por el momento”, no se encuentra acreditada la responsabilidad de Massot como coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

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Pablo Candisano Mera.

En cuanto a la validez de la intervención de Pontet, Candisano Mera validó sus actos y afirmó que su designación no adolece de vicio alguno y, en ese sentido, el Consejo de la Magistratura solo se limitó a no ratificarla”. Ferro contrapuso que el letrado “no estaba en condiciones legales ni reglamentarias para acceder a tal cargo” aunque coincidió en que finalmente el pedido fiscal, con el juez fuera de la causa, “cae en abstracto”.

Los magistrados manifestaron que las operaciones psicológicas, según su lectura de las normativas militares, eran planificadas y desarrolladas por los uniformados y que “el control y fiscalización gubernamental de los medios de comunicación en la lucha contra la subversión también estaba consagrado reglamentariamente”.

“No es posible considerar como lo hacen los fiscales que toda esta responsabilidad recayera en una empresa privada, o en un civil, siendo más lógico y razonable, a la par de legal y reglamentario, que el Jefe de Operaciones de la Zona 5 se valga de aquellos elementos que le puedan resultar útiles en su planificación, resultando La Nueva Provincia ineludible en esta ciudad y alrededores, especialmente por su posición en el mercado local y su enfoque ideológico abiertamente expuesto”, dijo el autor del primer voto.

El veredicto compartió la “cuasi legalidad de la época” planteada por Pontet reconociendo los decretos del gobierno de Isabel Perón para “aniquilar la subversión”. “En ese marco de violencia política, dado fundamentalmente por el accionar, por un lado, de agrupaciones como Montoneros y el ERP y, por el otro, de grupos parapoliciales apañados por el Estado como la Triple A, el golpe militar no fue resistido por la sociedad, sino más bien aceptado, en algunos casos con resignación, en otros con entusiasmo, en especial en los medios de prensa”.

Como “para ciertos sectores de la sociedad”, entre ellos la empresa de la familia Massot, “la subversión armada era un peligro actual, real y palpable, por lo que la acción psicológica militar sobre ella, solo tendría que acentuar el miedo sin necesidad de convencer. Por ello es que no puede considerarse acreditado que el diario y/o sus directivos tuvieran un conocimiento previo y certero respecto de la realidad de la lucha contra la subversión”, entendió Candisano.

Al amparo de la “libertad de prensa”, agregó: “De allí también que la línea editorial, si bien no era muy diferente antes, alentara y proclamara la necesidad de aniquilar la subversión de la que legítimamente podían sentirse blanco, y dicho mensaje no era más que el oficial y, aún sin saberlo, hasta legal, según los cánones de legalidad de la época”.

La Fiscalía ubicó al actual director del diario dentro del “núcleo duro” de administración del multimedios, en una segunda línea compartida con su hermano Federico, subordinada a la madre de ambos, Diana Julio. Para ello destacan su carácter de dueño, de ser el encargado de representar internacionalmente a la empresa, de queintervino en forma directa y personal en los conflictos laborales haciendo labrar actas notariales, que tuvo reuniones con jerarcas de las fuerzas represoras y que cobraba sueldo como editorialista. Los jueces opinaron que nada de ello fue probado.

Por ejemplo, su rol de correo entre los genocidas Guillermo Suárez Mason y René Azpitarte, en medio de una interna militar, no significa “elemento cargoso alguno, pues dada la presencia prácticamente hegemónica del diario a nivel local y regional, resulta razonable que guardaran buenas  relaciones con las distintas autoridades asentadas en la ciudad, ya sean nacionales o  provinciales, civiles o militares”.

“La extensa y compleja imputación fiscal fue tratada en profundidad por el a quo y descartada por falta de elementos probatorios que la confirmen, pues no se ha acreditado que el imputado tuviera algún grado de participación en los hechos endilgados, teniendo en cuenta la edad, lugar de residencia  y su actividad al momento de los hechos”, culminó Candisano Mera.

ferro efemedelacalle

Jorge Ferro.

El marplatense Jorge Ferro, presidente del Tribunal Oral que ordenó investigar el rol de La Nueva Provincia tras condenar a 17 represores del V Cuerpo de Ejército, firmó que “hasta el momento no se han podido acreditar” los delitos imputados, “pues la sola circunstancia de publicar ciertas ideas más afines a  gobiernos dictatoriales o una línea editorial que muestra el perfil que sostiene el diario La Nueva provincia, no obstante que no se compartan tales ideales, por sí solo no dan la idea acabada de haber formado parte del plan criminal y formar una asociación ilícita a partir del Terrorismo de Estado”.

“Si bien he dicho en la causa N° 982 que le resulta arbitraria la consideración que los militares ‘utilizaron’ a La Nueva Provincia y admitieron una acción psicológica, imputar por ahora a todos los directores de diarios sería aplicar la lógica de libre convicción ya que, insisto, hasta el momento no  se valoró elemento alguno que lo acredite”, escribió.

En la misma línea, subrayó que “tampoco ha sido demostrado ni siquiera indiciariamente” que “el imputado asumió voluntaria y conscientemente su parte en el plan delictivo, realizando actividad de inteligencia, en las especialidades  de selección de blancos, construcción del enemigo, actividad psicológica de persuasión, compulsión y sugestión de la población, enmarcada incluso en los reglamentos militares, hasta el momento y con la indulgencia de las pruebas que exige este estado procesal”.

El espía chileno Arancibia Clavel dejó asentado en su archivo que su “amigo” Vicente Gonzalo Massot era parte de sus contactos en Buenos Aires. En un informe de 1974 -hallado recientemente por la Dirección de Comunicación de la PGN-, el agente revela que el empresario bahiense le pidió información para hacer una campaña en los medios “sobre la penetración soviética en América Latina”. Para la Fiscalía, los documentos fortalecen la acusación a Massot sobre instigación al genocidio.

El director del diario de Bahía Blanca La Nueva. (ex La Nueva Provincia) pidió en 1974 información al agente secreto de la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA), Enrique Arancibia Clavel, “para hacer una campaña” en sus medios “sobre la penetración soviética en América Latina”, según dejó plasmado el propio espía trasandino en su archivo, que es parte de la prueba del histórico juicio en el que se juzga la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, la Operación Cóndor. En los mensajes dirigidos a sus jefes, el agente indicó que lo unía “una antigua amistad” con Massot y que se reunía semanalmente con la redacción de la revista Cabildo, de Buenos Aires, donde el empresario justamente se desempeñaba como secretario de redacción.

Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, presentarán la prueba documental en la causa que tiene al empresario periodístico con pedido de procesamiento por “instigación al genocidio”. La escandalosa falta de mérito que le dictó el juez subrogante Claudio Pontet -separado luego de la causa- está siendo analizada por estos días por la Cámara Federal de esa ciudad.

La Fiscalía bahiense accedió a la información de inteligencia gracias a la colaboración prestada por el fiscal general Pablo Oviña, de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos, que interviene en el juicio oral por la Operación Cóndor, donde ya pidió la condena de 17 de los 18 acusados que llegaron a la instancia final del debate.

El informe que menciona a Massot como contacto de la DINA en Buenos Aires fue hallado por personal especializado de la Dirección de Comunicación Insitucional de la Procuración General de la Nación entre cientos de cables e informes de diferentes embajadas en base a los cuales se publicó en el sitio www.fiscales.gob.ar la nota sobre los documentos que prueban la Operación Cóndor. A raíz del hallazgo, desde la Dirección de Comunicación Institucional se avisó a ambas dependencias del Ministerio Público.

El documento hallado fortalece la acusación de la fiscalía. Massot, que en 1974 tenía 25 años, se encuentra imputado, precisamente, de realizar operaciones psicológicas para las Fuerzas Armadas, como presentar públicamente los fusilamientos de las víctimas como “enfrentamientos”. Los fiscales señalaron que realizó -junto a otros miembros fallecidos del clan, como su madre, Diana Julio- “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar. También está acusado como coautor del homicidio, entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, de los obreros gráficos del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, tras un conflicto sindical registrado el año anterior en la empresa.

Arancibia Clavel fue detenido en 1978 por el Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal en medio del conflicto con Chile que casi termina en guerra por la disputa del Canal de Beagle. Tiempo después de la mediación Papal, fue liberado. En esa época el espía chileno era conocido por diferentes contactos de las Fuerzas Armadas argentinas, pues era enlace de la Operación Cóndor en nuestro país. En el juicio oral en curso se ventilaron pruebas sobre su participacion en el secuestro en 1977, en Buenos Aires, de Laura Elgueta y Sonia Díaz Ureta, junto a policías federales. El propio fiscal Ouviña señaló en su alegato la paradoja de dos países que, pese a considerarse potenciales enemigos, compartían como objetivo común la persecución -para la eliminación- de la resistencia a las dictaduras.

En la década del ’90, Arancibia Clavel regresó a vivir a la Argentina y fue detenido, juzgado y condenado por el asesinato del jefe del Ejército chileno del gobierno de Salvador Allende, Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 en el marco de una asociación ilícita. Ambos murieron por la detonación de un explosivo colocado en su vehículo. El caso judicial sentó jurisprudencia, pues la Corte Suprema señaló en agosto de 2004, un año antes de declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que el delito de asociación ilícita por el que había sido condenado Arancibia Clavel era imprescriptible, por integrar la categoría de crímenes de lesa humanidad. En 2011, el ex agente chileno apareció muerto, apuñalado en el pecho, en su departamento del centro de Buenos Aires, donde cumplía el arresto domiciliario por la condena.

“Gonzalo”

LH_Banner_2Según se desprende de los documentos hallados, Massot pretendía alertar desde los medios que controlaba sobre la compra de armas por parte del gobierno militar del peruano Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que despertó preocupación en las dictaduras vecinas del continente porque su principal proveedora fue la Unión Soviética. Pinochet era además uno de los principales interesados, pues Perú era considerado en Chile entre las hipótesis más serias de conflicto bélico.

Con 30 años de edad en 1974, Arancibia Clavel enviaba semanalmente partes desde la Embajada en Buenos Aires a la DINA, la organización creada por la dictadura de Pinochet para perseguir a los opositores al régimen dentro y fuera de sus fronteras. En un informe fechado el 29 de octubre de 1974 en la Capital de nuestro país, a menos de un mes del atentado que culminó con la vida de Prats y su esposa, Arancibia incluyó un acápite sobre los “contactos establecidos” en Argentina y puntualmente señaló: “Gonzalo Massot, subdirector de la revista CABILDO (nacionalista de derecha y dueño del diario, televisión y radio de Bahía Blanca, me pidió material informativo sobre el armamentismo peruano para hacer una campaña en los medios que el controla sobre la penetración soviética en America Latina. También con Gonzalo me une una antigua amistad” (sic).

El encabezado del documento indica que se trata del “Memorándum 5” con destino a Luis Gutiérrez, en Santiago de Chile. Ese nombre, en realidad, no corresponde a ninguna persona, sino que era una clave de la DINA. En el juicio oral por la Operación Cóndor el documento fue identificado como 17A. Al final del documento el espía indica, pero no firma, su nombre de cobertura: Luis Felipe Alemparte.

En otro documento, nominado “Memorándum 9-A”, fechado el 3 de diciembre de 1974, Arancibia describe a la revista Cabildo, como lo hace con otras publicaciones, y pone de relieve que se reúne de forma “semanal” con su redacción: “CABILDO, revista mensual, nacionalista de derecha, antiperonista, normalmente tiene artículos sobre geopolítica en que atacan a Chile por problemas limítrofes, en el aspecto ideologico son defensores de la Junta. Mi relación con su equipo de redacción son muy buenAS y mantengo una reunión semanal con ellos. Envío el último número que corresponde a noviembre” (sic).

“Engranaje continental”

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que preparan la presentación de estos documentos, ponderaron que “siguen apareciendo evidencias que fortalecen una hipótesis que no ofrece ni ofrecía dudas sobre el rol de Vicente Massot, no sólo en el esquema de poder del grupo La Nueva Provincia, sino como un engranaje a nivel continental nada menos que con Arancibia Clavel, conocido agente de la DINA en Argentina”.

Palazzani y Nebbia agregaron que estos “documentos muestran que su participación personal en operaciones psicológicas con coordinación continental data de 1974 y que el contacto con la inteligencia de la dictadura chilena era semanal”.

“También, nos muestra la importancia de la preservación y el acceso a los archivos que construyen la memoria colectiva”, consideraron, al tiempo que pusieron de relieve el “gran trabajo del fiscal Ouviña y del equipo de comunicación de la Procuración General”, que permitió dar con esta información.

Fuente: fiscales.gob.ar

Lorena Zerneri, mamá de la adolescente fallecida tras la caída de una rama en el Parque de Mayo y denunciante en la causa que investiga a Marcelo Caramelli por coimas y extorsión, se mostró indignada por la obtención del arresto domiciliario mediante el pago de 45 mil pesos de fianza por parte del ex titular de Parques.

“Lo que más me indigna es la argumentación de la jueza -Marisa Promé- que obviamente habrá tenido una pericia o informe médico como para tomar esa decisión, pero no me parece que argumente que en estos casi tres meses, desde el 25 de noviembre, su salud haya ido deteriorando sin responsabilizar al penal. Directamente, su salud empeoró por una deficiencia en la alimentación y lo mandan a la casa”, dijo a FM De la Calle.

La madre de Daiana Herlein agregó: “¿El penal no está dando la asistencia de salud que tiene que dar a los presos? Bueno, entonces como esta persona que va a su casa que abran la puerta y que saquen a todos los que tienen diabetes o alguna enfermedad similar”.

Tanto el fiscal Gustavo Zorzano como el representante de Zerneri, Leandro Aparicio, trabajan por estas horas en la apelación del arresto domiciliario del ex funcionario de las intendencias del actual diputado nacional Gustavo Bevilaqcua y el ex ministro de la Producción sciolista Cristian Breitenstein. “Más allá del video -en el que se ve a Caramelli recibiendo una coima de un comerciante- había mucho más para investigar que tiene que ver con esta causa o que se puede desprender en otras”, manifestó Lorena.

Al ser consultada sobre la causa que investiga las responsabilidades penales por la muerte de su hija, Zerneri informó que “corren los plazos, ya son casi dos años, eso el fiscal lo tiene presente y me dijo que está trabajando también en las imputaciones de cada uno de los imputados, que no sé quiénes son, no me lo dijo. En el próximo mes o dos meses deberían estar saliendo. Mientras él necesite el tiempo para poder argumentar de mejor manera, más sólida, su trabajo, me parece perfecto”.

Por último, Lorena comentó lo conversado con el intendente Héctor Gay, a quién le preguntó sobre “el estado de los sumarios ya empezados y de los que aún no se empezaron” y acerca del rol del abogado y empleado comunal Sebastián Martínez: “Está defendiendo a un delincuente que en nombre de la Municipalidad estafó a un ciudadano”.

La nota completa:

Desde el lunes se realiza el juicio oral por el delito de usurpación del frigorífico. Ayer declararon los testigos de la Fiscalía, encabezada por la dra. Olga Herro, y hoy lo hicieron los de la defensa patrocinada por el dr. Claudio Lovfall. Cinco son los imputados en la causa: Hugo Cartajena, Enrique Orlando Garaggiola, Hugo Almada, Daniel Wenderlich y Pablo Cañiuqueo. Mañana serán los alegatos.

Entre las personas que prestaron testimonio este martes se encontraba el ex presidente del Concejo Deliberante, Carlos Alberto Moreno Salas, actualmente titular de la delegación bahiense del Ministerio de Trabajo. El ex edil afirmó que la cooperativa habría sufrido un “fraude laboral”, porque “los trabajadores no tenían acceso a la contabilidad de la cooperativa, ya que eran socios”, “ni cobertura social ni recibo de sueldo” y agregó que “era una relación de dependencia encubierta”.

Posteriormente se sometió a un careo con Silvio Siracusa, el dueño del frigorífico convocado por la Fiscalía. Discutieron los puntos de un acta acuerdo firmada en septiembre del 2011. El pacto entre el municipio y la cooperativa Fortín Cuatreros planteaba que Siracusa debía pagarle 500 pesos a cada trabajador y comprometerse a seguir faenando para reactivar el frigorífico. Además, hablaron sobre una supuesta cifra propuesta por el SENASA para poner en marcha la producción nuevamente. Según Moreno Salas, este acuerdo nunca se cumplió y la cifra del SENASA nunca fue aceptada, por eso debió intervenir la municipalidad otorgándo un subsidio.

Luego testificaron dos trabajadores. Jorge Mario Cabrera fue el primero, expuso que tuvo un juicio laboral contra la cooperativa porque su hijo falleció electrocutado en las inmediaciones de Villa Olga. “Me pagaban si yo no demandaba al frigorífico”, denunció.

En último lugar, declaró Perrone, quien mantiene un juicio laboral contra Fortín Cuatreros por haber tenido un accidente por el cual posteriormente fue despedido.

Mañana a partir de las 9:30, en Estomba 32, el Juzgado Correccional Nº 3, declararán los cinco acusados y comenzaran los alegatos.

Cobertura: Giuliana Crucianelli – FM De la Calle.

Consejeras y consejeros del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur presentaron una nota a la gobernadora María Eugenia Vidal en la cual piden la implementación del boleto estudiantil gratuito en la provincia de Buenos Aires. Pretenden “contribuir con los derechos de los jóvenes” bonaerenses “para que no encuentren vedado su derecho a recibir una educación plena, y en este caso, gratuita”.

El texto lleva las firmas de Dorina Linda Perez, Carolina Jesica Orieta, Nicolás Alan Paggi y Matías Barrón, integrantes de Grupo Académico, y advierte “sobre la falta de reglamentación de la Ley 14.735, que expresa que desde el ciclo lectivo 2016 el boleto inicial, primario, secundario, terciario y universitario debe ser gratuito en toda la provincia. La historia del boleto gratuito, que en los momentos más oscuro de nuestros país se llevó la vida de muchos compañeros, hoy nos exige no conformarnos solo con la APROBACIÓN DE LA LEY sino trabajar firme y mancomunadamente para transformarlo en una realidad efectiva. Esto requiere la participación activa de nosotros, los estudiantes, para que este reclamo no sea invisibilizado”.

“La reglamentación de dicha ley permitiría que los estudiantes de diversas clases sociales puedan a acceder a la educación, derecho que nuestra Constitución Nacional se encarga de reconocer y proteger, eliminando barreras de tipo económico que impiden el pleno acceso a la misma. Por eso, creemos que de no ser reglamentada antes del inicio del ciclo lectivo de este año no podría ser implementado en la totalidad del territorio provincial, causando grandes perjuicios a la población estudiantil”, agrega la carta.

Carolina Orieta aseguró esta mañana en FM De la Calle que el financiamiento “ya está dispuesto porque en el presupuesto del año pasado se estableció una partida”.

“Actualmente nos estamos comunicando con distintas agrupaciones de la provincia, donde ellos en La Plata teniendo la posibilidad de tener un contacto más directo con las autoridades están formando una mesa de trabajo con el secretario para poder reglamentar o establecer os parámetros básicos para lograr la reglamentación”, manifestó.

Con la ausencia del ex presidente de Bahía Transporte Sapem, Fabián Lliteras, y el silencio del gerente Adrián Saschgorodsky, se realizó el viernes la reunión plenaria convocada por la Comisión de Tránsito y Transporte del HCD para analizar la estafa concretada por la “utilización irregular” de tarjetas urbanas. Para el edil Pablo Rosenfelt, flamante representante de la oposición en la empresa, el encuentro dejó “más dudas que certezas” mientras que para el oficialista Fernando Compagnoni “fue una jornada muy positiva”.

El actual titular de la Sapem, Tomás Marisco, difundió un comunicado “atento la multiplicidad de versiones que desde ámbitos políticos y mediáticos ha trascendido, y con las limitaciones naturales en cuanto a revelación de detalles para no entorpecer la tarea judicial”. También acudieron a la cita Juan Carlos, Claudio y Cristian Curcio por EYCON y el abogado de la firma, Maximiliano Gorg.

“Creo que tuvimos menos certezas que dudas, arrancamos ya con el gerente de la Sapem que se autoexcluyó de dar respuestas aduciendo que no podía ventilar datos que tenían que ver con la justicia. Eso nos limitó porque teníamos un montón de preguntas que obviamente él como responsable tenía que haber contestado”, aseguró Rosenfelt a FM De la Calle.

El concejal interrogó a los empresarios whitenses sobre “si cuando las tarjetas estaban en blanco y salían sin crédito de la Sapem, no había controles que son elementales y que no había limitantes respecto a la carga, se podía cargar cifras siderales sin que nadie pusiera un tope. EYCON lo que dice es que ellos simplemente proporcionaban el sistema, son los dueños del software, y que no estaban en el tema del monitoreo ni del control que es una responsabilidad de la Sapem”.

“Creo que EYCON tiene muchísima responsabilidad respecto a los controles, cuando se les pregunta por qué hubo posibilidades de que estas 28 famosas tarjetas salieran con créditos exorbitantes, estamos hablando de 45 mil millones de pesos, ellos aducen que le ponen muchos dígitos a la tarjeta por el tema inflacionario”, explicó.

“Fue una jornada muy positiva y que nos permitió ampliar con la totalidad de los concejales, lo que ya había ocurrido en el despacho del intendente, Héctor Gay, en ocasión de haberse reunido con los diferentes presidentes de los bloques para ponerles en consideración todo lo que está sucediendo”, dijo el titular de la Comisión de Tránsito y Transporte, Fernando Compagnoni y aclaró que “lo que se buscó fue disipar dudas de la totalidad de los concejales, sin alterar el cauce de la causa penal”.

Por su parte, el secretario del intendente y actual presidente de Sapem Transporte, Tomás Marisco entregó a lxs concejalxs y a la prensa el siguiente comunicado.

Bahía Transporte SAPEM entiende necesario transmitir a la comunidad de Bahía Blanca información clara y objetiva acerca de los acontecimientos de público conocimiento que se encuentran en instancia investigativa por parte de la Fiscalía n° 10 a cargo del doctor Gustavo Zorzano. En tal sentido, atento la multiplicidad de versiones que desde ámbitos políticos y mediáticos ha trascendido, y con las limitaciones naturales en cuanto a revelación de detalles para no entorpecer la tarea judicial, informamos:

* Que con fecha 11 de enero del corriente esta empresa, representada por su gerente y con acuerdo previo del intendente municipal, formuló una denuncia penal ante la Fiscalía número 10 a cargo del Dr. Gustavo Zorzano; en forma conjunta con el representante de la firma EYCON S.A.

* Que en dicha denuncia se describe una situación por la cual terceros ajenos a la empresa habrían empleado fraudulentamente tarjetas Bahía Urbana destinadas al pago de viajes en el transporte público de pasajeros, las cuales contenían saldos extremadamente elevados, que no correspondían al adquirido por ningún usuario.

* Que la maniobra consistía básicamente en la aplicación de un mecanismo doloso para la conversión de aquellos saldos en dinero efectivo a través de la comercialización y distribución del mismo a usuarios finales, en forma de carga de crédito para viajar en colectivo.

* Que el crédito que detentaban aquellas tarjetas excede ampliamente el rango de valores que desde los sistemas de Bahía Transporte SAPEM puede asignarse a una tarjeta Bahía Urbana.

* Que si bien el monto de la estafa es de gran significatividad absoluta y resulta de imperativa prudencia aguardar la conclusión de la investigación penal para pronunciarse sobre su definitiva cuantificación, debemos reconocer que el fraude fue advertido por esta empresa co-denunciante como consecuencia del control y alertas internos al operar el sistema mencionado.

* Que tanto la cuantía relativa del monto de la estafa – en comparación con los volúmenes de la operación normal – , como la independencia económica de la unidad de negocios afectada, descartan totalmente de plano, una incidencia negativa con respecto al valor del pasaje de colectivo tomado según el último estudio de costos.

* Que la magnitud económica relativa de la maniobra, y por la forma meticulosa del accionar delictivo que consistía en bajar pequeños saldos por día, la tornan virtualmente indetectable e inmune a los controles y auditorías contables legales y de rutina. Por ello, y más allá del pesar por lo ocurrido, valoramos como un hecho especialmente positivo el haber advertido la situación internamente y previo a la concreción de un daño económico mayor.

* Que la tarea de esta sociedad no se agotará en el hallazgo y la denuncia del delito descripto, sino que se promoverán las acciones de reparación económica pertinentes.

* Que esta Sociedad también ha activado sus mecanismos internos requiriendo una auditoría técnica de la totalidad del proceso desde la recepción de las tarjetas hasta la venta de las mismas al público, con profesionales de la Universidad Nacional del Sur a los efectos de evaluar si pueden prevenirse este tipo de contingencias.

Aguardamos el completo esclarecimiento de los hechos oportunamente denunciados, respetando en todo momento, el trabajo investigativo de la justicia. Comunicaremos en relación a este tema sin demora, toda novedad relevante.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y de la Ley Provincial número 13.133, denominada Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, entre otras.

La abogada y mediadora Mercedes Patiño fue designada directora del ente el 23 de diciembre del año pasado. Nació y estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, se desempeñó durante 20 años en la Asesoría Letrada del municipio local y hace cuatro años cumple tareas de mediadora en este organismo.

La funcionaria acaba de participar de la 76° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC). “Fue una reunión muy fructífera. Estaban presentes 23 provincias de las 24. Fue una reunión que duró 11 horas y hubo mucho intercambio de experiencias y los distintos contextos de las provincias”, contó Patiño a FM De la Calle.

En la última semana, el órgano recibió más de 260 reclamos personales, a un promedio de 50 por día. Los principales temas registrados son sobre el servicio de agua, telefonía móvil y garantías de fábrica y extendidas.

Para comunicarse con la OMIC, acercarse a calle Donado 242 o comunicarse a los teléfonos 455-0383 o 0800-222-7024. También se puede escribir al correo electrónico [email protected]

Esta semana la funcionaria tendrá reuniones con los organismos que controlan los servicios.

Escuchá la nota completa:

Desde abril de 2012 trabajadorxs de esa planta tomaron posesión de las instalaciones, ante el incumplimiento de un acuerdo de reinversión por parte de la empresa. Luego, según el abogado Claudio Lofvall, la propiedad fue determinada a favor de lxs manifestantes por “una ley de expropiación de la Cámara de Diputados que le otorgó propiedad del frigorífico a la Cooperativa Fortín Cuatreros”.

Como trasfondo del conflicto, “lo que se debate a partir del lunes es si la conducta de esos trabajadores constituye el delito de usurpación o se trata de una conducta que apuntaba a ejercer un derecho o a defender la fuente de trabajo o el derecho a manifestarse, a protestar”.

De esta forma, “es un conflicto netamente del derecho laboral. Es un reclamo sindical. El derecho penal es la última alternativa si el derecho administrativo, civil o laboral no lograron encontrar solución al conflicto. En el terreno laboral esto se hubiera resuelto hace rato”.

“La discusión se da ahora en terreno penal porque evidentemente en el derecho penal los poderosos sí tienen más chance de ganar. Seguramente en el derecho laboral el derecho a huelga amparado constitucionalmente hubiera tenido otra acogida”.

Para Lofvall, “cuando dos derechos se enfrentan prima el mayor jerarquía. En este caso y siempre, cuando un derecho que es más importante que el derecho de la propiedad se enfrenta con el derecho a la propiedad existe un remedio legal que es, justamente, una ley de expropiación por utilidad pública”.

“Eso no lo hace la justicia sino la Cámara de Diputados que dice: ‘mire por estas razones, para mantener las fuentes de trabajo y habiendo constituido una cooperativa, ahora expropiamos la propiedad y se la damos a la cooperativa conformada por los trabajadores’. Eso es lo que sucedió”.

“Ahora debatiremos, a partir del lunes, si estos trabajadores, que nunca de debieron haber necesitado un abogado penalista porque con un planteo laboral les hubiera alcanzado, van a hacer valer el derecho que por ley les corresponde (Ley 15505) o se va a aplicar el derecho penal para criminalizar la protesta y se los va a meter presos y se les va a sacar el frigorífico que por ley les corresponde”.

El contexto

El abogado de los trabajadores acusados de usurpación recordó que “en el año 2011 disminuyó la faena del frigorífico. En septiembre la firma decide cerrar y despedir a 187 trabajadores. Los obreros se plantan en la puerta. Se plantea el conflicto social. Entonces intervienen la política, la municipalidad, el Concejo Deliberante, legisladores, el Ministerio de Trabajo y finalmente se hace un acuerdo de paz social. En él se comprometían a poner en marcha el frigorífico, la municipalidad iba a ayudar, la provincia iba a poner una plata y mantener a las familias que estaban tomando las instalaciones manifestando de ese modo. El convenio no se cumplió. Sí la provincia y la municipalidad cumplieron pero el frigorífico no se puso en marcha sino que, por el contrario, empezó a haber un movimiento de camiones donde empezaban a sacar máquinas balanzas, todos los elementos de trabajo”.

En este contexto, “en abril de 2012 los trabajadores dijeron: no saquen nada más. Tomaron la planta. En realidad no entraron a las oficinas. Se quedaron en una galería y las oficinas del frigorífico estuvieron siempre cerradas hasta que salió esta ley de la Cámara de Diputados que le otorgó la propiedad”.

¿Qué es lo que dirimirá el juicio oral?

Hasta el día miércoles, “la discusión se circunscribe a ver si hubo usurpación en ese período en que ingresaron al hall (y no a las oficinas) en 2012 y el momento en que la ley les reconoce la propiedad”.

Sin embargo, Lofvall cree “que se está queriendo criminalizar la protesta social y mandar un mensaje a toda la sociedad: que las paritarias tienen techo y que ‘si protestan los hecho’ y si hacen lío los meten preso. Creo que es una revancha política”.

En este sentido, el abogado recalcó que “la fiscal dice por los medios que van a pedir la condena y la restitución del frigorífico. Realmente eso es lo que les interesa”.

En el ámbito político, también cuestionó que “antes de que este juicio suceda y de que haya una sentencia ya las nuevas autoridades municipales se sacan foto en el frigorífico anunciando que se va a abrir con nuevos inversores. No podría hacerse esto sin que haya una sentencia”.

Foto: Telam

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó al Consejo de Seguridad Interior los alcances del “protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”. “No vamos a tolerar la extorsión”, advirtió la funcionaria tras su aprobación.

La iniciativa considera manifestaciones públicas a las “concentraciones pacíficas de personas, que se expresan con un fin o motivo en común, las que podrán ser programadas o espontáneas, y que se desarrolla por un período limitado de tiempo”.

En el caso de las programadas, las autoridades de seguridad jurisdiccionales deberán tomar “contacto con los líderes de la manifestación, a fin de que se encauce la misma en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes” y coordinar la protesta “de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia”.

El protocolo establece que las fuerzas de seguridad “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes –sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales”, enumera como ejemplo aunque deja a “criterio” de los uniformados “la táctica a utilizar” sugiriéndoles “atención preferencial” hacia niñxs, adolescentes, mujeres embarazadas, adultxs mayores y personas con discapacidad.

El procedimiento propuesto por el macrismo comenzará con el aviso a las autoridades políticas por parte de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de “un espacio de negociación para que cese el corte”, seguido por el aviso judicial.

Más allá del resultado de la “negociación”, se escucharán las “frases cortas y claras” del jefe del operativo de seguridad “a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz” ordenando a lxs manifestantes “desistir de cortar las vías de circulación de tránsito”, “retirarse” y “ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales”. “El personal de las fuerzas de seguridad no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.

Si la protesta persiste, se habilitará la criminalización mediante el art. 194 del Código Penal que promete de tres meses a dos años de prisión a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

 “Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”, amenaza el protocolo.

 Tras el acuerdo o la represión, las autoridades políticas de la jurisdicción designarán personal para “establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan”.

 Quienes “inciten a la violencia” o “porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de las personas”, bienes o “el medioambiente”, serán “identificados” y “aislados”.

Si existiesen daños durante la manifestación, se detendrá a sus autores y se accionará civilmente en su contra, así como la de “la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, sus representantes legales o administradores de hecho y/o contra quien corresponda”.

A contramano de lo actuado en sus dos meses de gestión, durante los cuales hubo balas y golpes tanto para trabajadorxs despedidos como para niñxs murgueros, el gobierno sostiene que “el uso de la fuerza” y de “armas no letales” debe limitarse siempre al mínimo posible”, inspirados en los principios de “legalidad”, “oportunidad”, “último recurso frente a una resistencia o amenaza” y “gradualidad”. En tanto, la prensa será ubicada en una zona determinada “donde se garantice la protección de su integridad física y no interfiera con el procedimiento”. Ya de filmar y fotografiar a lxs militantes deberán encargarse los uniformados, que para eso tienen experiencia.

El concejal del Frente para la Victoria Gustavo Mandará afirmó en FM De la Calle que la declaración del quiosquero Fernando Reta en la cual se ubica como único responsable de la estafa a la Sapem Transporte mediante la comercialización de saldos de tarjetas con cargas de miles de millones de pesos “no resiste el menor análisis”.

“Estamos tentando a los márgenes de la casualidad y a los índices probabilísticos, creo que Stephen Hawking se haría una panzada. La tarjeta esa le cayó justamente al quiosquero que más pasajes vende en Bahía”, dijo. El próximo viernes el Concejo Deliberante realizará una reunión plenaria convocada por la Comisión de Tránsito y Transporte para analizar el tema con la presencia de las autoridades actuales de Sapem y de quienes la integraban durante el gobierno de Gustavo Bevilacqua y de la empresa Eycon -creadora del software-.

Mandará reprochó al intendente Héctor Gay la “gafe” cometida al asegurar que el descubrimiento de la maniobra “se debe a una auditoría que se hizo. No, no, no se hizo ninguna auditoría en la Sapem, si hubiera habido una auditoría seria esto hubiera saltado mucho antes de lo que saltó. Ahora dicen que van a hacer una auditoría seria, externa, de acuerdo a lo que son los estándares mundiales para una empresa de este tipo. Hay muchas cosas en la Sapem que no se saben”.

“¿Quiénes trabajan y por qué? ¿Cuál ha sido el mecanismo de ingreso? ¿Quién lo reguló? ¿Hubo concursos o capacitación previa? ¿O era un lugar al que por allí se podía ingresar en base a contactos políticos? No afirmamos ni una cosa ni la otra simplemente queremos saber”, manifestó.

El edil repasó que según las declaraciones del gerente de Sapem, Adrián Saschgorodsky, el año pasado se detectó una diferencia entre la cantidad de pasajerxs y el dinero que ingresaba a la empresa. “Pensaron que podía ser algún tema en el sistema de reposición y allí empezaron a ver en el quiosco que más pasajes supuestamente vendía (que) las cargas a la Sapem eran muy chiquitas. Ahora, la pregunta que se cae de madura es: ¿esto lo empezaron a ver en abril de 2015, empezaron a tener las primeras certezas en agosto y recién en enero de 20116 salta?”. Por ello, el concejal subrayó la necesidad de “un esclarecimiento político” además de las responsabilidades penales que deberán establecerse.

Días atrás el FpV propuso anular el aumento del boleto del transporte suponiendo que el impacto de la estafa en el estudio de costos pudo haber desvirtuado su resultado. Desde la comuna se retrucó que esa afectación no fue tal por la distribución en el tiempo de los montos no ingresados.

“Cuando te dan los argumentos matemáticos te dicen que tres millones y medio de pesos en dos años realmente inciden poco. Lo que no nos pueden negar es que es plata pública que se perdió. Andá a decirle a una institución de bien público, recuerdo cuando este año peleamos el tema del presupuesto en el Concejo Deliberante la discusión monumental que hubo para asignar subsidios de diez mil pesos, ¿y resulta que tres millones y medio no importan?”, finalizó Mandará.

Esta mañana nos visitó el flamante Director de Programas y Proyectos de Formación y Capacitación, Esteban Uset, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales. Durante la entrevista explicó los objetivos de la nueva área de gobierno.

El docente fue sacerdote entre los años 1989 y 1993. Integró la Comisión Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) entre los años 2006 y 2012. Desde el 2014 promovió el ciclo “Rock en la escuela”, un certamen que tuvo como objetivo el encuentro y fomento de jóvenes músicxs de las escuelas en festivales itinerantes que recorrían distintos establecimientos educativos.

Uset dijo a FM De la Calle que la Dirección “surge a partir de una propuesta que me hace algunos meses atrás, concretamente Fabio Pierdominicci. El reúne un grupo de gente con la idea de armar un proyecto vinculado a las políticas sociales. Siempre quedó claro mi relación extrapartidaria. Le pareció interesante algunos aportes desde lo técnico de cómo imaginaba una gestión desde algún área vinculada a la educación”.

Según el reciente folletín publicado por la Subsecretaría de Formación y Promoción Educativa, a cargo de Morena Llanca Rossello, bajo cuya órbita se encuentra la dirección que nos ocupa, desde el municipio se ofrecerán “cursos y talleres de inclusión educativa, laboral y social y capacitaciones municipales”.

“El Estado municipal no puede ser ajeno a que quienes van a las escuelas de las provincia de Buenos Aires son los hijos de los vecinos de la ciudad. Por eso definimos la idea cuya denominación sea de promoción educativa. Es decir, una serie de acciones de marcado tinte político territorial como acción del Estado promoviendo la educación como un valor y promoviendo acciones que favorezcan la inclusión en el ámbito educativo, laboral y social desde nuestro aporte como formadores”, argumentó el director.

En este sentido, desde la Subsecretaría anunciaron que ofrecen capacitaciones “en delegaciones municipales, sociedades de fomento, centros comunitarios, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil”.

“La función es cumplementaria, no supletoria” del sistema de educación formal, según Uset.

“Nosotros no podemos quedarnos expectantes mirando lo mal que funciona la provincia. En algunas cuestiones corresponde, está normado. Pero hay otras desde donde el Estado municipal es el Estado. Hoy coinciden los colores políticos. El Estado tiene que estar presente, anticipándose”.

Respecto de la coordinación del municipio en el marco del Fondo Educativo que se arbitra en el ámbito de la Comisión de Educación, Cultura y Acción Social del Honorable Concejo Deliberante, el funcionario dijo que “una de las cuestiones que tiene que ver con estas tareas de promover la educación es realizar todas las gestiones posibles para que a las escuelas donde van nuestros vecinos no se les caiga el techo encima, no se resfríen, no los muerda una rata. A veces la distancia entre las gestiones provinciales y las municipales hacen que se haga muy difícil”.

Por último, Uset destacó que su intención es “llegar a los barrios”.

Para comunicarse con la dirección dirigirse a la dirección de correo electrónico promoció[email protected]  o al teléfono (0291) 4594000 interno 2173.

La periodista Maru Ludueña, vicedirectora de la agencia Infojus Noticias desde su fundación hasta su reciente desplazamiento por parte del gobierno macrista, se refirió en FM De la Calle al borrado de notas ordenado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Trata de personas, violencia de género, nietos restituidos, lavado de dinero, fondos buitre, justicia federal, Tragedia de Once y violencia institucional fueron los temas centrales de los más de once mil artículos ocultados uno por uno.

La censura de la cobertura del juicio político contra el suspendido vocal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, acusado por su pasado como espía de la dictadura y sus vínculos con la Triple A, fue una de las principales preocupaciones de las nuevas autoridades. “Los primeros días yo fui la encargada de hacer un sumario de notas que debían ser consensuadas, no me parecía mal, lo que me parecía mal era que la mayor parte de las notas no estuvieran siendo aprobadas”.

“Siendo parte de una política pública de acceso a la justicia con el caso de Montezanti estamos cumpliendo un rol importante porque hay mucha gente que no sabe lo que es un jury, el Consejo de la Magistratura, por qué se lo juzga a alguien que cumplió esas funciones. En estos temas que son tan complejos es muy importante ese tipo de estrategia periodística de hablar el lenguaje de la gente y no hacer creer que lo de Montezanti es un asunto como de un grupo o de una casta. Era muy grave que no nos dejaran hacer esas notas y si te fijás no hubo más notas de Montezanti en Infojus Noticias”, aseguró Ludueña.

Como ilustra Cosecha Roja, Infojus Noticias es una agencia creada por el Ministerio de Justicia y DD.HH. en marzo de 2013. Su lema fundacional fue: detrás de los expedientes hay personas. Desde el 19 de abril de ese año hasta el 10 de diciembre de 2015, sus periodistas publicaron 14.098 artículos, la mayoría de ellos de elaboración propia, además de cientos de videos, una decena de informes multimedia y varios ensayos fotográficos. El 10 de diciembre de 2015 asumieron las nuevas autoridades y desplazaron a la conducción de la Agencia. Luego despidieron a una decena de periodistas. En enero, con la agencia muy lejos de su producción habitual, las nuevas autoridades decidieron borrar el 83% del archivo, algo inédito en un medio de comunicación.

Según comentó Ludueña en el inicio de la octava temporada de En Eso Estamos, de comprobarse que las publicaciones fueron eliminadas definitivamente “se constituiría delito porque esas notas no solo son el patrimonio de Infojus Noticias sino de toda la ciudadanía porque se hizo desde una estructura del Estado, es información de un valor documental, testimonial, histórico fuerte, es construcción de memoria, más en los temas a los que nosotros nos dedicábamos que eran temas que en general no tienen demasiada resonancia en los principales medios masivos de comunicación”.

Cómo desmantelar Infojus Noticias

foto-infojus-680x365(Publicado por Maru Ludueña en Facebook el 10 de febrero) A diferencia de mis compañeros de Infojus Noticias, de cientos del ministerio y de tantos miles que trabajadores estatales que se enteraron de modo brutal de sus despidos, tuve el privilegio  de que me lo dijeran en la cara. Fue el 30 de diciembre, al final de la tarde. Ya casi no quedaba gente en la redacción, se venían los feriados de fin de año, y estaban por empezar mis vacaciones. Los detalles casi siempre me parecen importantes en los relatos.

El último día hábil del año, la nueva directora de la agencia donde trabajé desde su fundación (en marzo de 2013), me llamó a su despacho. Puso cara de circunstancias y dijo que no tenía buenas noticias.

-Pero hace poco, cuando asumiste al frente de Infojus Noticias, aseguraste a toda la redacción que nos quedáramos tranquilos. No iba a haber despidos- le recordé.

-Sí. Son cosas que me exceden. Los de arriba no quieren que la primera línea de la agencia se quede.

Cristian Alarcón, periodista, una de las personas más talentosas y humanas que conozco, generador de proyectos que crean laburo para muchos colegas, capaz de gestos de nobleza pocas veces vistos. Fue despedido sin que nadie se lo haya dicho. A esta altura solo queda pensar que nadie se atrevió a hablar cara a cara con el fundador de la agencia.

A Sebastián Hacher, jefe de redacción, compañero de largas noches cargando especiales de Infojus Noticias, capacidad insana de trabajo e innovación, lo despidieron el 29 de diciembre, antes de irse de vacaciones. Martín Ale, entonces director de Infojus Noticias -visión política aguda como su ojo editor- había renunciado cuando se anunció a la nueva directora.

Ella, Sabrina Santopinto, desembarcó en la oficina el 10 de diciembre, minutos antes de que Macri asumiera la presidencia, junto a otras tres personas: Alvaro Herrero de la Asociación por los Derechos Civiles (el más cortés, se reunió sólo con el director), Soledad Lladó de la Fundación Pensar y Pablo Actlas, mano derecha en comunicación del ministro de Justicia Germán Garavano. Del día del traspaso presidencial quedan anécdotas para compartir en talleres de periodismo y mesas entre colegas. Ya nos podremos reír. Todavía queda cerca, duele.

Aquel 10 de diciembre, tras una breve reunión con el director en su despacho, “la nueva gestión” se instaló en nuestra pequeña oficina. En el televisor Macri empezaba su discurso, y los tres nuevos nos impartían las órdenes con los modos secos, impertérritos con que los patrones tratan a sus súbditos.

-¡¿Por qué no hay buenas fotos de Mauricio?!

-Quiero las claves de acceso a todas las redes sociales.

-Me nombran administrador en las estadísticas.

-¿Cómo que no tienen una agencia privada que mida el flujo de visitas?

Observarlos era entender que ellos se habían conocido hacía poco, tenían su interna.

Editores, redactores, fotógrafos, equipos de video y redes, todos trabajamos con velocidad para producir los materiales que nos fueron pidiendo. Se habrán sorprendido, no éramos el cuco que esperaban, sino profesionales haciendo su trabajo. Ellos también lo hacían, aunque no podríamos asegurar que con criterios periodísticos:

-Bajá estas dos notas-, ordenó la que en pocos días más se convertiría en nuestra directora.

Las dos notas: “Cristina Fernández de Kirchner se despidió de la presidencia” y “Procelac denunció a la empresa que quiere cobrar bonos de la dictadura”. Qué curioso que fueran esas notas las elegidas: daban pistas. Qué curioso: no habían intervenido Télam, ni Radio Nacional, ni la TV Pública. Pero desde el minuto cero, cuatro enviados especiales tomaron el control de la agencia nacional  de noticias judiciales.

Cuatro veces la ahora directora de Infojus Noticias tuvo que pedir que bajáramos esos artículos. Hasta que apoyo su índice contra la pantalla de mi monitor. “Sacá esas notas”. Se quedó parada hasta que las oculté de la home, siguen online. Desde ese instante, la agencia que nos daba tanto orgullo no existió más. Retiramos las firmas y las iniciales de los que subíamos las notas, un sistema que visibilizó las tareas de cada quien.

Hoy recuerdo el traspaso presidencial como si lo hubiera visto desde la ventana de un submarino en el fondo del océano. Recuerdo a Macri diciendo ante la asamblea legislativa: “Queremos el aporte de todos”. Diciendo “pluralismo”. A Lombardi hablando de “enormes desafíos en materia de comunicación, que haya pluralidad respeto y tolerancia y calidad desde los medios públicos”. De “todas las voces en un tono de respeto”. Mientras Macri bailaba cumbia en el balcón de la Rosada, las claves del nuevo modelo comunicacional y gubernamental habían desembarcado en la agencia. Obsesión por las imágenes y las redes sociales, maltrato laboral, falta de libertad de expresión, desprecio por el Estado y un sentimiento bastante parecido a la revancha.

Al llegar, “la nueva gestión” pidió tranquilidad: no había nada que temer, la agencia les interesaba mucho, era muy valiosa, querían hacerla crecer. No tuvimos que esperar ningún despido para saber que no iban a cumplir.

Los primeros días me tocó hacer el sumario de notas que la nueva directora consensuaba con sus superiores del Ministerio de Justicia. Aceptaban alguna noticia de lesa humanidad pero rechazaban la cobertura de una muestra de fotos de Abuelas de Plaza de Mayo y el jury a Néstor Montezanti, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, al que se le imputó mal desempeño en sus funciones, por “conductas incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” .

De golpe bajó el caudal de notas. Se terminaron las guardias de fines de semana. La nueva directora transfirió mis tareas a otros. En teoría, seguíamos siendo la jefatura de la agencia pero otra jefa nos había pedido desalojar la oficina. Seríamos los primeros, después vendrían por los demás. Con otros modos y objetivos, ya me había pasado.

A fines de diciembre de 2000, una docena de personas fuimos despedidas de un portal de internet de noticias para mujeres (obsidiana.com), con sede en México, Brasil y Estados Unidos, donde trabajé como editora. Un día, sin más, no pudimos entrar a las oficinas. Debimos retirar los objetos personales con custodia. El Chase Manhattan Bank, dueño del sitio que nos había capacitado en su sede de San Pablo, envió telegramas diciendo que pasábamos las horas “jugando al tarot”. Iniciamos una demanda contra el banco con sede en Nueva York. Nos negaron hasta que fuéramos periodistas (la mayoría de esas personas hoy son muy valoradas en sus ámbitos). Aprendí de esa experiencia. Y este diciembre lo vi venir.

Las semanas de transición resultaron desgastantes para todos los que trabajamos -trabajábamos- en la agencia. Nos reunimos en largas asambleas. Muchas veces no logramos ponernos de acuerdo, otras sí. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Estas crisis son como la maternidad o la vejez: exacerban lo que había. Y así fueron esos días, controvertidos y agitados. Desde que empezó el desmantelamiento de la agencia, cuando se la vació de contenido, algunos expresamos la necesidad de decir algo públicamente. Se votó esperar.

Un par de días antes de Navidad, la nueva jefa, Sabrina Santopinto me preguntó qué pensaba hacer (yo era subdirectora de la agencia).

-Me sorprendió que los jefes no renunciaran- deslizó con una sonrisa.

-Como el 90% de la gente necesito laburar. Pero soy periodista, quiero saber cómo continúa la agencia y mi tarea. Si habrá notas, si habrá pluralismo, como dijo el presidente el 10 de diciembre.

Me reía de mi, idiota: pidiendo permiso para el pluralismo. Ese día también le pregunté por qué al llegar se había autocensurado haciéndonos bajar dos notas: que CFK terminó la presidencia no es objeto de debate. Dijo que no iba a discutir. Sentí la necesidad de explicarle que mi camino periodístico no había empezado en el ministerio de Justicia. Me advirtió que sabía bien quiénes éramos. Y dijo, sin sonrojarse, que nos habían investigado por internet. Yo también la conocía: ella había colaborado con una nota en Infojus en una oportunidad, un editor le había rechazado con amabilidad una segunda, aún después de darle la chance de reescribirla. Ahora volvía con superpoderes. Quedamos en volver a hablar.

El último día hábil del año, a las seis y media de la mañana, me preparé el mate. Cada mañana, a las siete, tenía los principales títulos leídos, había sintonizado la tele y la radio. Y hablaba con Juan, el redactor que entraba más temprano, para pasar en limpio las primeras noticias del día, para después partir hacia Tandanor.

Esa mañana del 30 de diciembre, conservaba el ritual o la tara, no tenía que pasar ninguna información. La agencia había dejado de subir noticias temprano, mejor dicho: había dejado de subir noticias. Estaba reducida a la difusión de comunicados sobre lo que hizo o dijo el ministro o alguno de sus aliados, salvo excepciones.

Ni bien terminé el primer amargo del día, pispeé algo extraño en la yerba. Algo demasiado oscuro. Me acerqué: había una cucaracha adentro del mate que me acababa de tomar. Tarde para escupir. No supe qué hacer. Presentí que no me esperaba nada bueno.

Cuando llegué a Tandanor, había caras nuevas y muchas miradas atentas a la seguridad en la entrada al edificio. Pensé que vendría Macri, pero alguien comentó: “Viene el ministro”. Me pareció que el ministro no podía venir a Tandanor, una sede importante de su área, como si fuera un lugar ajeno. Al mediodía subí al último piso, donde está el comedor. Sí, era él, Garavano dirigía unas palabras a doscientas personas que sentadas a las mesas habían dejado de comer. Hablaba de fortalecer el acceso a la justicia y de que no tuviéramos miedo a los despidos, su gestión iba a poner orden. Dijo que se había encontrado con un ministerio caótico, donde las dependencias funcionaban desarticuladas, compartimentos estancos. ¿Con qué sentido un ministro se dirige así a los trabajadores cuando les habla por primera vez, y -ya que estamos-, el último día del año? Dudé en acercarme y decirle que los 40 que hacíamos Infojus Noticias funcionábamos como un reloj. Que sabía cómo trabajaban algunas oficinas, en diálogo con diversos sectores. Pero recordé que había desayunado un mate con cucaracha. Insectos que crecen en la oscuridad y son capaces de resistir a la radiación.

Ese día interminable, después de esperar horas, la nueva directora me anunció que estaba despedida. No pudo dar detalles: ni a partir de cuándo, ni cómo, ni cuánto. “Te mando un mail, copio a recursos humanos” (no lo hizo). Le deseé suerte con la agencia: “Cuidala. La hicimos con amor”. Se sorprendió, el día anterior, el jefe de redacción le había dicho lo mismo. La parte más picante fue cuando se ofreció a dar referencias a futuros empleadores, y a explicar que mi “salida” no se debió a nada en particular. Un mes después, en una reunión ante los siguientes diez despedidos, dijo que fue ella la que pidió que echaran a la jefatura.

Tampoco es la idea cargar las tintas contra la directora de Infojus Noticias, una mujer que se escabulle por las escaleras y fue incapaz de dar una respuesta a tantos colegas que la llamaron en los últimos días. Ocupa un puesto donde le toca esta parte horrible, el punto de contacto con los que sí saben cuáles son los objetivos de esta gestión que no para con sus provocaciones. Los que detentan el poder como si fuera un traje caro que se compra con su plata.

Me fui de vacaciones, sí.  Después de la muerte de mi padre y la pérdida de mi trabajo – ocurrieron casi sin intervalos entre sí-, sólo podía seguir el plan de rescate emocional y espiritual trazado con familia y amigos, al mismo paraíso secreto donde veraneamos hace años.

Cuando volvía, diez compañeros más fueron despedidos brutalmente. Algunos habían ido durante días a laburar sin saber que ya los habían echado. Hoy somos 14 los que nos quedamos sin trabajo (contando la renuncia del director). Con una editora muy valiosa “devuelta” en enero a la dependencia que había habilitado su pase. Es decir, quince personas menos. Pocos pidieron la reincorporación, los banco y espero puedan lograrlo. Imagino que para quienes continúan la situación es durísima. Aunque no tengo más que unas clases en la facultad, desde que me echaron aclaré no quería la reincorporación. Lo que me desvelaba era el sentido de la tarea. Lo que hubiera querido evitar es el desmantelamiento de la agencia, que se lee en consonancia con el resto de los despidos en otras áreas del Estado, afectando a políticas de Verdad, Memoria y Justicia, pero también de cultura, género, salud, cárceles.

Cuando nos desalojaron de la dirección, no tenía demasiadas cosas que llevarme: todo lo que había hecho era colectivo y estaba online. Me pregunté ¿por cuánto tiempo más? Aquella tarde, mientras cargaba por los pasillos de Tandanor un par de bolsas con papeles, el mate y el termo, pensé que sentía orgullo de esos tres años de agencia. Hundirla les llevó un día. Borrar la mayor parte de su archivo, unas semanas más.

El miércoles pasado, cuando empezó a correr la voz del borrado de notas de Infojus Noticias, comprobamos que lo estaban haciendo selectivamente y en tiempo real.  El archivo tenía más de 20 mil notas. Hoy sólo están accesibles menos del 10%. “No sólo nos preocupa la pérdida de nuestro trabajo de tres años, sino que muchas de las notas tenían un fuerte valor testimonial, documental e histórico” dice el comunicado de los trabajadores de la agencia.

Pedimos que todos los archivos vuelvan a estar disponibles en la agencia. Seguimos esperando una respuesta. Llegaron la solidaridad, el reconocimiento y el apoyo de colegas, lectores y referentes. “No se puede borrar la historia, es como querer borrar la memoria” dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a Radio 10. Graciana Peñafort, en una nota en Cosecha Roja, explicó: “Cuando decidís borrar notas que han sido producidas por el Estado, es como quemarlas. No es ordenar tu escritorio, es destruir un patrimonio documental que pertenece a todos”. Peñafort dijo que se trata de una afectación grave del patrimonio documental. De comprobarse que las notas se borraron definitivamente, hay delito. Además de que eliminar estos archivos afecta el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, también implica un incumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica.

Cuando empezamos a hacer un registro de las notas borradas, repasé algunos de los momentos más intensos y desafiantes. Imposible nombrar todos. El operativo obsesivo de buena parte de la redacción para localizar la tumba de Videla. Cómo nos temblaron las manos cuando dimos la primicia de que estaba enterrado en Pilar. La emoción de haber contado sentencias históricas en juicios por delitos de lesa en todo el país, pero también las historias de las víctimas. Algunas hablaban por primera vez, y en ese gesto el relato se convertía en memoria histórica.

Las restituciones de los nietos. El momento en que un fotógrafo captó el papelito donde Etchecolatz  escribió “Julio López”. La cobertura persistente de juicios y memorias de violencia institucional (Masacre de Carcova, Luciano Arruga, Julio López). La represión en el Borda. Los juicios a los que no iba casi ningún medio masivo, como el del crimen de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero. El proceso por encubrimiento del atentado a la AMIA y de la represión 2001. Las notas sobre trata de personas, diversidades, nuevos derechos. La muerte violenta de Diana Sacayán. Las historias de los bomberos que murieron en el incendio de Iron Mountain, y las revelaciones sobre una red de complicidades. Conflictos como el de la imprenta Donnelley, la planta recuperada por los obreros. El juicio por el crimen de las turistas francesas en Salta, contado en la exquisita pluma de Ana Fornaro. Su cobertura desde Nueva York sobre la negociación con los fondos buitre, poniéndole ojos de cronista a los temás más ásperos.

Ese era nuestro trabajo: contar que detrás de los expedientes hay personas, detrás de las personas, historias y tramas complejas. Servir de insumo a los medios con las noticias judiciales, tanta veces encriptadas en el lenguaje para entendidos. Visibilizar las voces de las víctimas. Porque fuimos parte de una política de Estado de acceso a la justicia.

Algunos artículos hacían saltar los servidores y la adrenalina de la investigación periodística, como pasó con la restitución de la identidad de Ignacio Montoya Carlotto, a la que tampoco se pueda acceder. Otros cobraban vida a partir de un dato simple: la muerte de una médica del SAME, la “leona de ambo verde”, una de las más leídas. Y estaban esas que cuesta cubrir y leer, como la muerte de dos hermanitos en el taller clandestino de Flores, que Juan, un redactor, investigó obsesivamente.

¿Cómo contar la singularidad de cada historia, de cada proceso, de cada centro clandestino de detención, y dar cuenta al mismo tiempo de las tensiones en la que se inscribe la trama colectiva? ¿Cómo visibilizamos la compleja trama del lavado de dinero en Nordelta? ¿Y la complicidad económica con la dictadura? ¿Cómo hacemos para narrar que cada juicio a María Julia es diferente? Eran algunas de las preguntas que intentamos responder en esos tres años. Algunas de las respuestas están -estaban- en fotos, ilustraciones, videos y tuits que configuraron una identidad periodística. Cada temática era también un desafío doble: ¿cómo narrar desde el mismo Estado el atentado a la AMIA, las problemáticas de género, de violencia institucional y de discriminación? A las organizaciones y personas que activan las cuestiones que abordamos les debemos enorme agradecimiento por ayudarnos y más por desasnarnos.

Supimos tener colaboradores rápidos y agudos. Redactores y productores que llegaban de una entrevista y preguntaban qué se hace con ese dolor, como si tuviéramos algún conjuro. Quedan los aprendizajes y las batallas. Haber intentado eliminar para siempre el uso del potencial. Luchas por la construcción de una oración, por el uso de una palabra. Hicimos unos especiales por los que valió la pena laburar 20 horas seguidas, como en el caso de AMIA, que aún sigue online. Le pusimos todo lo que pudimos. En mi caso, no fue difícil: fue uno de los trabajos más hermosos que tuve. Me siento muy agradecida. Más allá de la exigencia que significó en mi vida personal: los malabares con mi hijo, mi esposo, mi madre y mi suegra todas esas veces que pasó “algo” y bancaron.

Los aciertos fueron colectivos, las equivocaciones también. Hubo errores, sí. Y fue de lo que más aprendimos. Con el más grave, pasamos noches sin dormir. Repasamos una y otra vez los procedimientos, dolidos y avergonzados. Al entonces director, Cristian Alarcón, le pidieron la lista de los compañeros involucrados en subir esa noticia. Se negó a darlos. Pagó el costo con su nombre, que a algunos medios les encanta ensuciar, y con su desplazamiento. Nos equivocamos, sí. Apenas lo supimos, pedimos disculpas y nos rectificamos. Esa es la diferencia entre el periodismo y la operación.

Hicimos un proyecto periodístico de calidad. No nos despidieron por nuestra capacidad ¿Por qué nos despidieron? ¿Por qué bajaron la mayor parte del archivo? ¿Por qué el ministro Garavano no pudo dar una respuesta consistente? Dijo al Buenos Aires Herald: “Algunos artículos pueden no estar disponibles, pero no fueron borrados” y anticipó que la agencia sufrirá cambios radicales: “no queremos una agencia de activistas”.  ¿Por qué quienes tantas veces se erigen en paladines de la retórica de la libertad de expresión siguen sin hablar de esto y publicaron notas que pretendieron ensuciarnos con datos falsos, quizás “preparando el terreno”?

Como decía Ryszard Kapuscinski , “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”. Ya lo dijo el maestro en el libro donde está esa cita: los cínicos no sirven para este oficio.

Hace unos días fui a notificarme del despido. Mientras esperábamos junto a Cristian, delante nuestro había tres jóvenes de mamelucos viejos y con restos de pintura, derrumbados sobre los asientos. Eran empleados de mantenimiento, esperábamos lo mismo: que el guardia nos hiciera pasar a una ventanilla a firmar los despidos. Una señora de más de 50 que acababa de firmar el suyo salió caminando despacito y se secó las lágrimas en silencio. Volvió a largarse a llorar cuando nos contó que trabajaba en limpieza y se había enterado ese día. Por otra puerta, al mismo lugar, llegaban los nuevos: jóvenes de camisa y pantalón, que, así como nosotros hace tres años, ese día firmaban su incorporación. Transferencia de recursos. Pensé en la promesa de terminar con la pobreza y en los grandes planes de acceso a la justicia. En la cucaracha en el mate y en el cinismo.

La secretaria de Gobierno, María Laura Biondi, visitó el estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle. A dos meses de gestión, la funcionaria dijo que “hemos encontrado cosas desorganizadas o sin hacer pero para todo había una solución. Muy buena predisposición del empleado municipal y mucha gente que se acercó para ofrecer inversiones y negocios”.

Revisión de contratos

La titular del área de gobierno informó que “hasta el 31 de marzo estamos analizando cada una de las secretarías. Hay que ver cuánta gente tiene cada uno a cargo, qué tareas tiene cada uno a cargo, si hay algún área que está superpoblada y a otra le falta. Hay gente que vino sola a presentarse pidiendo se le den funciones porque no tenían mucho que hacer, es el caso del Museo del Deporte”.

Por otra parte, “ocurrieron bajas de contratos temporarios pero para darlos de alta en otro sector. Una persona temporaria no la podés trasladar de dependencia. Tenés que dar sí o sí de baja el contrato y darle de alta en otro lado”.

“Estamos reunidos con el gremio para ver cómo vamos a ir regularizando los temporarios, becarios y planes de empleo. La idea es regularizar. Todo aquel que trabaja, no hay problema”.

Delegaciones

En el caso de las delegaciones, las auditorías también tienen fecha de finalización el 31 de marzo. “Se descubrieron algunas irregularidades. Se anunciarán a final de marzo”.

“La realidad es que hay muchos empleados que ponen plata de su bolsillo. Ante la necesidad de trabajo y el reclamo vecinal”.

Planta política

“Hubo un pequeño incremento” de la planta política. “Se deba a la creación de la Secretaría de Seguridad, a la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y a la re estructuración del área de Políticas Sociales a cargo de Fabio Pierdominicci”.

Empleo

A principios de año, el intendente municipal adelantó que se volvería a poner en marcha el frigorífico Villa Olga. Al poco tiempo se conoció que un conflicto legal, hasta dirimirse, no permitirá poner en funcionamiento el emprendimiento.

“La idea del inversor está firme. Se demora por la resolución judicial. Sería poner en funcionamiento el frigorífico y una planta de agua”. El inversor es Walter Ottavianelli.

El gobierno municipal también tiene en carpeta un country en la zona del cementerio, propiedad de Marta Furfuro.

El gobierno mantiene reuniones con diferentes inversores  pero no quieren adelantar nombres ni proyectos aún.

Innovación

“Hay mucha burocracia y por ahí para un trámite tenés que andar dando vueltas por dos o tres dependencias municipales, ni si quiera dentro de un mismo edificio. Eso es algo que se está cambiando desde el área de Innovación, Ciencia y Tecnología y también desde el área de Elisa Quartucci, para facilitarle las cosas al vecino y que tenga una respuesta, sea del área que sea”.

Bahía Transporte SAPEM

Luego de que se conociera la estafa por unos 8 millones de pesos, los allanamientos en 7 comercios que vendían la tarjeta de acceso al servicio de transporte público de pasajeros el viernes pasado y la confesión del kiosquero Federico Reta, quien dijo públicamente que habría usufructuado cuantioso saldo a favor “sin complicidades”, oficialistas y opositores debaten si esa cifra tuvo impacto en el precio del servicio.

“No creo que el kiosquero sea el culpable de todos los males. Remarca mucho que no hay nadie arriba de él. Estamos trabajando muy bien con los fiscales y con el juez. Es cierto que se filtró la información antes de lo que la justicia necesitaba ellos para seguir haciendo la inteligencia”.

Municipalización de los servicios

Sobre la prestación del servicio del agua, “hoy por hoy como está el servicio sería imposible la municipalización porque hace años que no se hacen obras de mantenimiento”.

“Hay reuniones constantemente con la gobernadora” de la provincia de Buenos Aires.

 

La Comisión Directiva Departamental de Bahía Blanca informó que el día viernes 12 de febrero desde las 8 de la mañana se llevará a cabo una Asamblea informativa en el Hall del Palacio de Tribunales (Estomba 34).

Por su parte, a nivel provincial “como respuesta al incumplimiento del compromiso asumido por la gobernadora Vidal durante la reunión mantenida el pasado 23 de diciembre, la AJB declaró el estado de alerta y movilización y convocó a los judiciales a debatir en asambleas la respuesta gremial en caso de mantenerse esta situación”.

Según la organización gremial, “el gobierno provincial asumió el compromiso de iniciar las mesas técnicas con todos los sectores de estatales en el mes de enero, para dar inicio a las negociaciones paritarias durante febrero”.

El 26 de enero, la entidad gremial presentó una nota al Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, solicitando al gobierno el urgente llamado a mesas técnicas.

El mandato paritario

El Congreso de la AJB, realizado en La Matanza el 18 de diciembre pasado resolvió, a partir de los mandatos de las asambleas departamentales realizadas días antes, reclamar en la negociación paritaria los siguientes puntos:

– Aumento salarial, entre un 45 y un 50%.

– Sanción de la ley de paritarias y de la ley que restituye el 3% de antigüedad.

– Bloqueo de título para los peritos.

– Pase a planta permanente de contratados, pasantes y tercerizados de limpieza.

– Incremento al 40% de la Bonificación Especial y Compensación Funcional.

– Transformación automática de Auxiliar 3º a 1º al año de antigüedad.

– Sanción de la ley de licencia por violencia de género.

– Universalización del cargo de Jefe de Despacho.

El bloque de concejalxs de Integración Ciudadana solicitó información a Eycon SA, Bahía Transporte SAPEM y al municipio para corroborar si se efectuó alguna denuncia penal y sumarios administrativos relacionados con la falta de recursos obtenidos por la venta y carga de tarjeta urbana.

Juan Manuel Martínez Eizaguirre adujo “la necesaria transparencia en la gestión de recursos públicos” y consideró que resulta pertinente informar al Concejo, “en vísperas de iniciar el estudio de rendición de cuentas, conocer con exactitud, si existe alguna irregularidad en el ingreso de fondos en comercios autorizados, que venden cargas de las tarjetas del servicio de Transporte Público de Pasajeros”.

Las versiones recogidas en el bloque advierten “la posible venta de pasajes, sin ingreso de los fondos al sistema en una importante suma de dinero, demostrando la vulnerabilidad del mismo respecto a las fallas, aspecto que de existir, no debería ocultarse, en la búsqueda de soluciones técnicas apropiadas”. Las empresas EYCON y Bahía Transporte SAPEM se habrían presentado en la justicia.

Lxs edilxs pretenden conocer qué fiscalía interviene; el monto aproximado del perjuicio; y si fue considerado el eventual faltante en el estudio de costos que fundamentó el aumento del boleto del Sistema de Transporte Público de Pasajeros; además de las personas responsables involucradas.