“A mi hermano lo mataron el 2 de julio del 1975. Hoy hace 47 años cruzó la frontera hacia la Argentina tratando de salvar su vida”, dijo desde Chile Carlos Oliva Troncoso. Afirmó que tanto la Universidad Católica de Temuco como la Universidad del Sur tienen responsabilidades en el crimen.

Lo hizo el viernes pasado ante el tribunal oral que juzga a cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense. Su hermano Víctor, estudiante de Filosofía y Letras, llegó a la ciudad con una convicción: “Va a ser lo mismo aquí o allá, mi camino está elegido”.

“Su vida era la militancia, su vida era el futuro. Me siento orgulloso de su decisión porque a pesar del riesgo y el peligro el no renunció, intentó hacer su vida completa”, destacó.

Las audiencias continuarán el jueves 29 y el viernes 30 desde las 9 con transmisión por el canal de youtube de Audiovisuales UNS.

Carlos Oliva declaró que su hermano, “a pesar de ser refugiado de ACNUR y tener la residencia argentina, no fue protegido por el Estado. En noviembre del 75, apenas unos meses después de su asesinato, la justicia argentina sobreseyó el caso, no hubo ninguna intención de averiguar qué pasó y por qué lo mataron, sabiendo que se utilizaron armas de guerra y que la motivación fue política”.

Lalo era buen hijo y buen estudiante. Le gustaban los deportes y el arte. Un pibe como cualquier otro, “la diferencia es que en mi casa se discutía mucho lo que sucedía en el mundo y eso lo llevó a militar desde joven”.

“Su presencia física en este mundo fue terminada cuando no cumplía los 24 años. Fue una existencia muy rica, muy potente, que dejó huella en todos los lugares donde pasó”.

A fines de la década del 60, Chile vivía un proceso de movilizaciones populares. Lalo empezó a militar en el secundario y continuó como dirigente estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en la universidad.

“En el gobierno de Allende su tiempo fue en gran parte absorbido por su compromiso político. Su entrega y su coraje probablemente lo llevaron a perder la vida”, dijo su hermano menor.

Juntos, fueron detenidos algunos días por la dictadura de Pinochet. Al tiempo, Víctor cayó nuevamente en manos de la policía civil. “Lo logramos sacar por gestiones de mi padre ese mismo día pero la orden era asesinarlo. La orden venía de la Universidad Católica de Temuco”.

“Lalo no se quería ir de Chile. Lo convencimos pensando que era la única manera que podía mantenerse con vida”. El 23 de octubre de 1973 los hermanos se abrazaron sin dramatismo. “Me dijo una frase que fue lo último que escuché de él: va a ser lo mismo aquí o allá, mi camino está elegido”.

Víctor vivió un tiempo entre Cipolletti y Buenos Aires hasta que supo de un grupo de profesores de Temuco que daban clases en la Universidad Nacional del Sur. Llegó a Bahía Blanca a principios de 1974 y se matriculó en Filosofía y Letras de la UNS.

“En un año y medio envió unas 15 cartas donde cuenta lo que podría contar. No menciona nombres, dice que está bien, estudiando, menciona que estaba de novio. Mi mamá estuvo en Bahía en el 75, unos meses antes de que lo asesinaran, y volvió preocupada. Nos dijo que el Lalo estaba nuevamente participando en política. No veo por qué allá iba a ser distinto. Yo me quería ir con él y me pidió que no, que mi deber era estar al lado de los viejos y que su intención era volver”, afirmó Carlos.

En 2014 la familia comenzó a viajar a la ciudad para reconstruir la historia de Víctor y buscar justicia. Conocieron detalles de su secuestro y asesinato, de su participación en asambleas, del recuerdo de la comunidad de Villa Nocito. “Siguió militando y eso para mí tiene un valor, a pesar de los riesgos eligió su camino de compromiso social y político y lo llevó hasta el final”.

“¿Don Lalo, vio el diario?”, preguntaron al padre de Víctor en el almacén de su barrio en Temuco. Un chileno fue encontrado muerto en las afueras de Bahía Blanca, 22 años, 35 impactos en el cuerpo, respondería al nombre de Víctor Oliva.

“Esto fue dos días después. A la noche llamamos por un teléfono con mensajero a mi tío Manuel en Cipolletti. Pasó mucho rato y no hubo respuesta. Al segundo llamado responden diciendo que Don Manuel estaba en Bahía Blanca por un accidente que sufrió un familiar. Ahí tuvimos certeza que la persona que habían matado era Lalo”.

Carlos relató que su madre nunca se recuperó: “Creo que hizo un pacto de no volver a sonreír para transitar por el resto de vida que le quedaba sufriendo la pérdida de su hijo. Entre ellos había una complicidad muy particular”.

“Estábamos en casa de unos familiares. Mi papá se agarró a cabezazos contra una chimenea, gritaba y decía por fin lo mataron estos asesinos, lograron lo que querían. Paradójicamente Lalo fue asesinado en el lugar que buscó para salvar su vida”.

El cuerpo de Lalo fue abandonado en ropa interior con dos ejemplares del diario del PRT ERP. Su tío lo sepultó en Cipolletti, a donde sus padres lo visitaron durante años. En 1986, en plena dictadura chilena, fueron trasladados a Temuco.

Lalo es mencionado en el Informe Rettig. “Se dice que fue una colaboración entre la DINA y la Triple A. No fue el único chileno asesinado allá, era una preparación para asesinatos anteriores como la Operación Colombo o la Operación Cóndor. Las dos universidades tienen responsabilidades de lo que le pasó”.

Para Carlos dar testimonio en el juicio “es trascendental, es el deber que uno tiene como ser humano, como militante y como hermano. Es lo que Lalo hubiera hecho por mí”.

Fotos Calos Oliva: capturas “Memorial Universidad Católica de Temuco“.

La jueza federal Gabriela Marrón mandó investigar al perito Marcos Herrero, quien acompaña la querella de la familia de Facundo en la causa por su desaparición forzada seguida de muerte. Lo ordenó a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin en el fallo que denegó medidas vinculadas  al accionar de la Bonaerense.

Ante el fracaso de las intervenciones de los canes de la Policía Federal, recientemente apartada, Marrón reprochó los resultados positivos de Yatel. El perro marcó el patrullero en el cual se encontró un pelo cuyo ADN es compatible con Cristina Castro, encontró el amuleto en el Puesto Policial de Origone y la piedra turmalina en un patrullero bahiense.

¿En qué se basa Marrón para denunciar al adiestrador? ¿Después de cuánto tiempo pueden los perros detectar el olor humano? ¿Quiénes son los expertos traídos al expediente por el fiscal Ulpiano Martínez?

En la resolución, la jueza puso en duda que la sandía con la vaquita de San Antonio en su interior perteneciera a Facundo y se preguntó si la “trasladaba con él a todos lados como refiere la madre”. Tras ello, atacó directamente su “legalidad” y “validez”.

El amuleto fue encontrado por Yatel en el segundo allanamiento a la estación policial de Origone, a la cual ella misma autorizó el ingreso de Marcos Herrero como perito de parte. “Los canes de la fuerza de seguridad no marcaron la bolsa de basura donde se encontró el amuleto pero sí lo hizo el perro de Herrero”, plantea Marrón en referencia a los animales de la Policía Federal, institución que fue apartada del caso por su parcialidad.

Sin embargo, dijo, “la ciencia” y “la técnica –a través de profusa bibliografía-” dan cuenta que los canes entrenados pueden oler rastros humanos durante un cierto período de tiempo.

Para la jueza, de la combinación de “la fecha probable de muerte y el lapso que los perros pueden oler a una persona viva o a un cadáver” surge “que al momento del hallazgo del amuleto el perro del perito de parte no tenía aptitud para oler rastros de la víctima”.

Aplicó la misma lógica al hallazgo de la turmalina en el patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca: “Este caso es mucho más grave aún ya que la piedra fue encontrada con posterioridad al otro amuleto y cuando la víctima, según informe pericial, llevaba casi dos meses fallecido, como mínimo”.

Por ello, concluye que es “necesario y también forzoso” que la Fiscalía “investigue el accionar del perito”.

Rastro criminal

Lo extraño del caso es que la magistrada, que controla la investigación delegada en la Fiscalía, habiendo reconocido la aptitud y legalidad de Herrero para ser perito de parte, ahora lo cuestione sin reproches hacia las fuerzas federales y los testigos que firmaron las actas de los allanamientos en los que actuó.

Fuentes allegadas al adiestrador explicaron a FM De la Calle que la técnica utilizada en Origone se denomina “rastro criminal” e implica la búsqueda de material biológico humano en un determinado perímetro y no necesita un olor de referencia.

«Mi persona explicó que el perro identificó una esencia de rastros biológicos que podrían o no ser de Facundo. El hecho importante es cuando se abre la bolsa, (…) Cristina (…) reconoce un elemento que le había regalado la abuela a sus tres hijos», dijo Herrero en aquella oportunidad.

Diferente fue el trabajo sobre el Toyota Etios en Bahía Blanca, en el cual se aplicó la técnica de “rastro específico”, que sí requiere del olor humano.

Sin embargo, los antecedentes de Herrero destruyen las conclusiones de los peritos convocados por Santiago Ulpiano Martínez para desacreditar al rionegrino, quienes hoy son invocados como “la ciencia” y “la técnica” por la jueza Marrón.

Dichos “expertos” informaron que el olor humano no podría detectarse después de 72 horas. ¿Cómo hicieron entonces Herrero y sus perros para encontrar el cuerpo de Micaela Ortega y pertenencias de su femicida 35 días y once meses después del crimen, respectivamente?

Otro caso en el cual se destacó la labor del perito fue el de Araceli Fulles, otra víctima de femicidio cuyo cuerpo fue encontrado por uno de los canes de Herrero 25 días después de su desaparición, enterrado debajo de un contrapiso.

“La ciencia” y “la técnica” tienen nombre propio

Se trata de dos de los tres “especialistas” requeridos por el recusado Martínez para relativizar las pericias de Yatel y su guía. Uno es el Director de Defensa Civil de la Provincia de Chubut, José Mazzei, y el otro el veterinario y comisario correntino Mario Rosillo.

Cuando la jueza dice que “el perro del perito de parte no tenía aptitud para oler rastros de la víctima” lo hace sobre una de las conclusiones de Mazzei. Aunque lo informado sea que “en rastro por olor referenciado se sabe que el umbral de latencia se ubica alrededor de las 72 hs., si bien se han conseguido buenos resultados con un rastro de mayor edad'”.

Agrega el director de Defensa Civil: “Lo cierto es que a partir de las 72 hs. el rastro empieza a perderse, estando directamente relacionado con las condiciones ambientales, climáticas, meteorológicas, topográficas y tipo de superficie”. Condiciones que el propio Herrero reconoce como obstáculos a considerar, si bien en el caso de la sandía y la turmalina se trató del interior de un calabozo abandonado y el de un vehículo.

Por otro lado, Mazzei indica que la justicia debería convocar peritos “certificados por la Dirección Nacional de Cinotecnia dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación” aunque, tal como manifiesta, “está pendiente (estaba prácticamente a ponerse en marcha el año pasado) la certificación de canes y guías Detectores de Restos Humanos (de RH) y canes y guías de Rastro por Olor de Referencia”.

Más contradicciones

La predisposición de Rosillo hacia el pedido de Martínez es aún más generosa. En la causa manifestó que “se ha sugerido que el intervalo calificado para una búsqueda abierta es de 24 a 72 hs. como óptimo. El ideal para una búsqueda rápida son 12 hs.”.

Sin embargo, en su libro “La identificación humana forense con caninos” (2017) sostiene: “La resistencia del olor humano se ha demostrado en los objetos sometidos al calor, las explosiones, el envejecimiento y la contaminación por otros olores. De manera similar, el olor humano en el campo se ha demostrado viable a pesar de la influencia del medio ambiente y el envejecimiento. (…) También se cree que el olor no va a sobrevivir por largos períodos de tiempo fuera. Sin embargo, los últimos estudios conllevados con la experiencia indican que el olor humano es más resistente de lo que se creía anteriormente”.

Rosillo citó en la causa de Facundo un protocolo de odorología forense de Salta que menciona procesos para la recolección de olor “con más de tres meses de antigüedad” y comentó que en 2010 encontró a un puestero de estancia de Cipoletti desaparecido por “más de 5 meses”.

El comisario retirado mostró su entusiasmo con el expediente en una segunda presentación en la cual sugiere a Ulpiano Martínez hacer un peritaje con olor de referencia en laboratorio sobre la zapatilla encontrada intacta a metros del esqueleto del joven. Evidentemente creyó que, aun habiendo pasado tres meses y medio de la desaparición forzada, todavía podría dar resultados. Quien no tenía ningún apuro ni interés era el fiscal recusado: “toda vez que dicho elemento será sometido a un examen pericial, de momento no se producirá la medida propuesta”.

Rosillo también ha sostenido versiones contradictorias según el lugar que ocupe en las causas. Por ejemplo, como perito de la defensa en la causa por el abuso sexual y muerte de Marito Salto afirmó que el olor humano solo persiste 72 horas y, convocado por el Tribunal Oral correntino en el Caso Schaerer dijo que “el habitáculo de un automóvil es idóneo para preservar huellas olorosas por un tiempo de dos a dos años y medio”.

Un atentado contra la verdad

Los fiscales Heim y Azzolin y las querellas apelaron el fallo de Marrón. Desde la Comisión Provincial por la Memoria destacaron en un comunicado que “los argumentos para desacreditar los peritajes recaen en tantas irregularidades y contradicciones que resulta difícil de explicar y mucho más difícil de entender”.

Agregaron que “en el transcurso de la causa, la policía bonaerense cometió una serie de delitos e irregularidades que no se explican si no es para encubrir hechos y desviar la investigación” y “a pesar de reconocer la historia de hechos de violencia institucional, la jueza parece desconocer la verdadera complejidad de estos procesos en donde se sospecha la intervención de una fuerza de seguridad. La falta de voluntad de investigar y la demora en las medidas de pruebas sólo atenta contra la verdad, la justicia y la reparación”.