El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo analizó la situación económica y opinó acerca de la situación que atraviesa Bahía.

“Es un dato la saturación de gente en el Tren Sanitario demandando servicios. Si la salud pública funcionara con los recursos necesarios no habría necesidad de esto. La falta de laburo, la pelea por la vivienda, las tomas por vivienda estigmatizadas por el poder pero que responde a un derecho que tiene toda la población. Cuando los trabajadores pelean tratando de organizarse los estigmatizan y les dan palos por todos lados”, dijo a FM De la Calle.

Respecto a la media sanción del proyecto de Emergencia Alimentaria votada en la Cámara de Diputados, señaló que “la emergencia alimentaria es poco, desde las PASO se fueron alrededor de 14 mil millones de dólares en fugas de capitales, son 100 emergencias alimentarias. Es un problema estructural, evidentemente los comedores están saturados, el servicio escolar es poco, el aumento fue de 6 pesos. Te dan menos raciones de las que se demandan en los colegios”.

“Alberto Fernández les está diciendo a cada uno lo que quiere escuchar, se reunió con la mesa de enlace y la Sociedad Rural. La gente lo votó para rechazar a Macri. Ahora, ¿qué va a ser Fernández? . Uno se preocupa cuando lo escucha decir que el dólar a 60 está estable, eso es un problema porque si la clase obrera no se moviliza va a terminar pagando”, finalizó Castillo.

En Argentina, la tasa de casos de sífilis en varones y mujeres se cuadruplicó entre 2013 y 2018, con un pico en el grupo de los jóvenes de 15 a 24 años. Esta tendencia acompaña un fenómeno mundial de estabilización o caída de los casos de VIH y aumento de esta enfermedad.

“Tiene que ver con la conciencia, tendría que haber difusión, prevención, hay mucha vergüenza, les da vergüenza o miedo preguntar. Y en cuanto al acceso a preservativos, están a disposición de salas médicas y centros de salud”, comentó a FM De la Calle la bioquímica de Lucía Boccatonda.

Hoy se realizó una jornada de testeo de carácter gratuito, confidencial y abierta a la comunidad organizada por la Secretaría General de Bienestar de la UNS, el Equipo de Salud del Hospital Penna y el Programa de VIH-ETS y Hepatitis Virales de la Región Sanitaria I.

“Es la primera vez que vamos a hacer la detención de sífilis. Este año se le dio más importancia porque en los últimos se dispararon los números, se cuadruplicó entre 18 y 25 años”.

La profesional del Hospital Penna afirmó que “la sífilis es una infección que se transmite sexualmente o por contacto con la lesión. También la transmite la mamá embarazada al bebé. El tratamiento es simple, con penicilina, tres inyecciones por semana. Se cura. Si uno tuvo y se trató, se tiene que seguir cuidando, no es que tiene inmunidad de por vida”.

Boccatonda señaló que “la sífilis primaria se presenta con una lesión denominada chancro donde entra la bacteria. Esa lesión es indolora, por lo tanto, si está en un lugar que el paciente no lo ve, como puede ser la zona genital, uno no se da cuenta. Luego pasa a un estado secundario donde se trasmite a la mucosa y queda una fase latente y si llegara a la fase tardía tiene complicaciones multisistémicas”.

Consultada por el faltante de reactivos para los controles de carga viral de personas que viven con VIH comentó: “En el Penna tenemos un programa de Nación y provincia que nos proveen los reactivos y estuvieron mandando mails que estábamos escasos de reactivos, por ahí habrá que ver de hacer los controles más espaciados”.

“Este gobierno fue un representante fiel de los intereses del patrón. Se ha caracterizado por seguir el camino que ofrece el capitalismo. Su práctica dentro de estos cuatro años de gobierno es que han pedido que los trabajadores pongan el hombro pero que los empresarios sigan consiguiendo ganancias”, dijo a FM De la Calle el secretario de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra.

Desde ayer se realiza en Bahía Blanca una jornada de formación sindical con participación de dirigentes nacionales y abogados laborales y penalistas.

“Piensan como la patronal y siguen sus consejos. Además tienen la costumbre del castigo, algo común en los patrones”, aseguró Yofra tras tres años y medio de caída de la industria y cierre de fábricas.

El dirigente planteó el objetivo de la lucha sindical frente a la adversidad económica y social: “Hay un 50% de trabajadores que cobran por debajo de la línea de pobreza. No podemos esperar mucho tiempo más. Necesitamos que nos allanen el camino para ciertas cuestiones y poder cerrarlas nosotros con los empresarios. Queremos paritarias libres para poder acordar nuestros derechos. Tiene que haber menos accidentes de trabajo ,y por ende, menos muertes”.

Pretenden “un salario que pueda satisfacer las necesidades que establece la ley de contrato del trabajo y la Constitución Nacional. Siempre y cuando sea un consenso donde los trabajadores participen”.

Yofra aseguró que “el patrón siempre considera que el salario es un costo y que, si es muy alto, perjudica a la empresa. Esta es la famosa lucha de clases. Que el empresario gane un poco menos para que podamos tener una vida mejor. El presidente no habla desde su rol como presidente sino como el de un patrón. Quieren zafar del conflicto de tener que echar a una persona. Es mentira que no pueden echar a nadie, de hecho, hoy lo hacen”.

Respecto a las alternativas que tiene el movimiento obrero para lograr sus objetivos, el referente aceitero afirmó que “no podemos permitir que nos saquen el derecho a huelga porque es el último bastión que tiene el trabajador. Es como pelear contra un enemigo sin ningún arma. Necesitamos un movimiento unido sin importar el color político que esté en el poder”.

“Como espíritu del protocolo está el sentido de la prevención y la formación, no tiene un carácter netamente punitivista”, comentó a FM De la Calle la subsecretaria de Derechos Humanos de la UNS,  Andrea Montano, respecto al “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género” que se pondrá en marcha en los próximos meses.

Comentó que están en la búsqueda y selección de personas para conformar los órganos de ejecución del proceso.

“La idea es que cualquiera sea la situación, haya un ámbito donde presentarla, el Comité de Actuación tomará las medidas inmediatas y luego analizará si esas medidas deben sostenerse en el tiempo o si requieren que se aplique sanciones. Pero el foco está puesto en la prevención”, señaló.

La medida abarca a toda la comunidad universitaria y a todos los ámbitos donde se desarrolla alguna relación laboral o educativa, puede ser un aula, cualquier dependencia o la plataforma virtual.

“Hasta ahora las situaciones las viene atendiendo al Secretaría de Derechos Humanos con lo que tenemos. Es todo muy a pulmón, ni siquiera estaba iniciado el canal directo para hacer las presentación y se hacía o en el centro de estudiantes o en el departamento y después llegaba a nosotros. Desde febrero, cualquier problemática vinculada debe presentarse en la Secretaría, eso allanó el camino. Ahora habrá un único camino institucional con personas capacitadas en materia de género”.

Montano señaló que están en la búsqueda de profesionales para cubrir tres cargos del Comité de Actuación: “Ya está en marcha la convocatoria para conformar el Comité que va a recibir las denuncias y a poner en marcha el procedimiento. Lo pensamos conformado por profesionales con experiencia específica”.

El gremio de docentes privados elaboró un proyecto de ley contra despidos abusivos que busca garantizar la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras del sector.

La secretaria general de la delegación bahiense, Margarita Orellano, dijo a FM De la Calle que “desde hace un tiempo nos preocupa la cantidad de despidos sin causa que se produjeron en su mayoría en establecimientos con subvención estatal”.

La iniciativa que deberá analizar la Legislatura pretende que en caso de despido arbitrario se suspenda la subvención. “Sería por 12 meses en el caso de cualquier docente y por 14 meses en caso de que ese trabajador esté sindicalizado”, señaló.

La dirigente comentó que “a veces se despide a los docentes por el reclamo de sus derechos, como una manera de adoctrinar al personal. Pero, por otro lado, envían un telegrama así sin más, sin haber seguido los canales que deberían: presentar un sumario, antecedentes para presentar un telegrama”.

“En general, nos levanta sospechas el hecho de que se vuelve a cubrir ese cargo. Sabemos de 300 casos en lo que va del año en la provincia, seguramente hay más, no nos hemos enterado del resto porque no se acercan al sindicato”.

Respecto a las estadísticas locales, Orellano señaló que en los últimos meses “hemos tenido 8 despidos. 5 de esos fueron sin causa y en su mayoría de colegios subvencionados. Hay otras delegaciones donde ha habido 40 despidos. Si además tenemos en cuenta que nuestro sector está mayormente representado por mujeres y ellas se han transformado en jefas de hogar, tiene un impacto muy grande”.

Tras mantener una reunión con Orellana, el concejal Walter Larrea presentó un proyecto de resolución expresando el beneplácito del Concejo Deliberante por la propuesta de modificación a la Ley Provincial Nro 13.688 (Ley Provincial de Educación).

Consideró que la norma “ayudará a solucionar los problemas de aquellos establecimientos de gestión privada que solicitan recursos para su funcionamiento, ya que permitirá reordenar el sistema, re-direccionando los recursos estatales hacia a aquellas instituciones educativas que tengan una imposibilidad real de pago y fomentando el uso mesurado y responsable de los dineros públicos que pertenecen a la sociedad en su conjunto”.

El próximo domingo se reactivaría la planta LHC II BB de Dow donde se produjo la explosión del 28 de junio. Autoridades de la empresa informaron sobre el avance de las reparaciones al Comité de Control y Monitoreo.

“Volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento, la cual se prevé finalizar el 30/11/19”, registró el CTE.

El titular de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, comentó a FM De la Calle lo conversado ayer en la reunión del organismo de control. Participaron autoridades de Dow y los peritos que intervienen en la causa judicial.

“Nos dijeron que entre una semana y dos va a estar llegando el recipiente nuevo. Lo fabricaron en Rosario según la normativa internacional. En manos de los peritos quedó realizar las preguntas técnicas. La empresa respondió todo lo que se le consultó, quedaron algunas dudas a despejar, por ejemplo, la pertinencia de la colocación de una válvula de seguridad que trabaje en forma independiente a la mano del ser humano”.

-¿Es la válvula que dijeron los peritos que debió estar desde la puesta en funcionamiento del recipiente?

Hay una divergencia porque la empresa dice que según la normativa ASME pueden colocar una válvula de bloqueo manual entre el equipo presurizado y la válvula de alivio porque dicen que, en el caso de tener que calibrar la válvula de alivio con una válvula de bloqueo, pueden trabajar tranquilamente.

Los peritos dicen que no, que esa válvula tiene que estar conectada directamente como sucede con cualquier recipiente a presión. Entendemos que las medidas que va a implementar Dow no solamente son en el V907 sino el V908, que es el que está al lado y cumple la misma función. Es un equipo que reúne el condensado de vapor de ciertos circuitos y luego hace una recuperación energética y redistribución en la planta. También van a aplicar el mismo mecanismo de seguridad aportando una válvula de alivio automática para poder enviar al panel de control de la empresa una serie de señales que lo que harían sería independizar el sistema de la decisión de alguna persona.

El Comité Técnico Ejecutivo recorrió el jueves pasado el sector donde ocurrió la explosión. Según consta en sus actas, la empresa aseguró que “al equipo afectado se le agregará una alarma por alta presión, una de muy alta presión con set a 5,5 barg con cierre automático de la válvula de ingreso al equipo, alarma por alto nivel, alarma por muy alto nivel con cierre automático de válvula de ingreso de condensado. Además se agrega la válvula de alivio de presión PSV 90701”.

“El 15/09 la planta volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento”.

-¿Qué significa que la planta se reactive “sin la recuperación del condensado de hornos”?

A los efectos de la producción y funcionamiento de planta no implicaría una modificación. Podrían operar con la planta en funcionamiento, independientemente que no trabajen con estos equipos de recuperación de condensado. Es a los efectos de optimizar pero no hace al proceso en sí mismo. Van a bypassear el sistema y parte de ese condensado lo van a arrojar a unas piletas de tratamiento dentro de la misma planta. Según dijeron va a ser algo costoso para la planta porque el agua que recuperan es una agua tratada que circula dentro de las cañerías.

-Pero más costoso es tener la planta parada…

Exacto, más costoso es tener la planta parada.

-¿No hay ningún riesgo de seguridad?

No, no. Siempre hay un riesgo en la puesta en marcha de cualquier planta pero tomando los recaudos necesarios suponemos que no debieran tener inconvenientes. La propia representante del municipio se encargó de considerar esta cuestión de seguridad. Uno mínimamente tiene que tener la confianza en la empresa de que en la puesta en marcha no va a suceder nada.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS llama a inscripción de postulantes para cubrir tres cargos del Comité de Actuación creado en el “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género”.

Son requisitos ser profesional en el campo de la abogacía, la psicología, el trabajo social y/o especialidades o profesiones afines, acreditar formación en perspectiva de género y experiencia en proyectos y/o actividades orientadas a promover la igualdad de género, el respeto por la diversidad sexual y/o la prevención y erradicación de la violencia de género.

Las personas designadas serán retribuidas con un estipendio equiparable a un cargo de Asistente de Docencia con dedicación simple (10 horas semanales). En el caso de profesionales externos a la UNS será necesaria la inscripción como monotributista para realizar la factura correspondiente. La designación será por dos años y podrá ser renovable.

Según el “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género”, las funciones del Comité de Actuación son:

1) Recibir consultas y/o denuncias.
2) Asesorar, brindar información y acompañar a quien denuncia en todo momento.
3) Informar de la denuncia al Consejo Asesor y de Intervención.
4) Intervenir en el procedimiento de acuerdo con lo establecido en el Art. 12º del Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género.
5) Efectuar las investigaciones correspondientes pudiendo citar a terceros/as a ofrecer testimonio.
6) Elaborar y elevar al Consejo Asesor y de Intervención el informe con todas las actuaciones y la denuncia para su resolución.
7) Proponer al Consejo Asesor y de Intervención mediante dictámenes fundados, la aplicación de medidas de protección o la apertura del procedimiento sancionatorio cuando correspondiere.
8) Disponer la aplicación de medidas de protección urgentes en los casos previstos en este protocolo.
9) Tramitar la ejecución de las medidas de protección que disponga el Consejo Asesor y de Intervención ante quien corresponda (Rectorado, Decanatos, Direcciones, etc).
10) Registrar las consultas y denuncias recibidas y realizar un relevamiento sistemático de los datos a los fines estadísticos, garantizando siempre la 11) confidencialidad de las actuaciones y la preservación de la identidad de las personas denunciantes.
12) Facilitar la consulta de expedientes bajo su custodia a quienes tengan derecho a hacerlo.
Los interesados deben enviar un CV con valor de Declaración Jurada al correo institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS: [email protected]

Las postulaciones serán  recibidas entre el 16 y el 27 de septiembre de 2019 hasta las 17 hs. Por consultas dirigirse a [email protected]

El Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género, puede verse ingresando aquí

Fuente: Prensa UNS

Francisco Cantamutto, economista y columnista de FM De la Calle, analizó el impacto del control al tipo de cambio aplicado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

“El problema es que el gobierno se construyó hablando en contra de estas medidas, esto es la confesión de parte más dura. Tenían la idea de que el libre mercado iba a ser suficiente para el desarrollo y tuvieron que volver para atrás”.

“Lo que hicieron fue poner límite a las compras de dólares para atesorar, no es un control muy estricto, frena el atesoramiento a gran escala y esto va de la mano con un anuncio del reperfilamiento, estructurar y extender los plazos de deuda a corto plazo”, dijo.

Cantamutto explicó que “las medidas se aplican de manera tardía porque lo hacen cuando ya todos los grandes operadores se fueron. Si se mira la cantidad de depósitos de más de 20 millones de dólares, no hay ningún registro más bajo que el actual hasta dos años atrás”.

“Quieren atrapar a la perejilada, como vos y como yo. En las últimas semanas ha crecido mucho, no tanto la compra de dólares, sino ir a retirar los dólares que están en el sistema financiero”.

“Si uno mira la cantidad de depósitos de dólares han caído casi 9 mil millones, la caída es muy pronunciada. Esto es gente que saca los dólares del banco y los pone en el colchón o en la caja de seguridad. Es imposible controlar el tipo de cambio sin control de capitales, que no puedan entrar y salir cuando quieran”, comentó el economista.

En definitiva, “no están logrando contener la salida, sigue estando muy elevada, lo que se está negociando es la reestructuración de la deuda, no negociar quita sino extensión de plazos”.

“¿Qué va a pasar? No voy a hacer predicciones pero todo parece indicar que pueden extender esta situación un poco más. Lacunza estaría viajando a fin de mes para pedir el último lapso de la deuda. En el mejor de los casos se llega a octubre y no sé qué pueda pasar en el mes y medio que queda hasta el 10 de diciembre”.

El proyecto presentado por la oposición tiene como eje facilitarle al Ministerio de Desarrollo Social y la Jefatura de Gabinete la compra de alimentos para comedores, intendencias y provincias.

La sesión especial se realizará el próximo jueves. La iniciativa reunió 13 firmas de distintos bloques peronistas.

“Tenemos una discrepancia con parlamentarizar los reclamos. El gobierno tiene que darle una garantía inmediata de provisión de alimentos a los comedores, de apertura de nuevos planes y de apertura de las inscripciones”, dijo a FM De la Calle la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá.

Agregó que “tirar el tema a que lo resuelva el Congreso es patear para adelante la situación, vemos que hay una maniobra del gobierno para estirar el debate. Vamos a estar en la sesión pero tenemos diferencias con el proyecto que extiende una emergencia alimentaria que ya existe”.

“Están planteando extenderla dos años más porque vence en diciembre y poner un índice en cuanto a que deberían incrementarse las partidas. El gobierno ya no está cumpliendo la aplicación de la ley que ya está aprobada, por eso nos parece que de parte de la oposición hay un cierto grado de distracción en el problema”, dijo Del Plá.

La iniciativa dispone “un incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.

También se faculta al jefe de Gabinete a que, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualice trimestralmente estas partidas presupuestarias, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.

A su vez, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.

Se establece en este sentido que “las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘’Servicios sociales’’’.

Por último, el proyecto indica que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberá realizar de manera anual un control periódico sobre las partidas del Presupuesto Nacional destinadas a la alimentación saludable como “política de Estado”.

Del Plá destacó que “técnicamente hay pocas chances de que se apruebe porque no ingresó con dictamen de mayoría pero hay como una posición en algún sector de Cambiemos de que no van a obstaculizar y quizás den los dos tercios que hacen falta”.

“Hay que ver si quieren seguir pagando más costo. La clave va a estar en el acampe por 48 horas que van a organizar las organizaciones de desocupados, las organizaciones piqueteras, reclamando una salida inmediata”, concluyó.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reabrió la investigación y habilitó avanzar sobre el posible delito de “abandono de persona” en la causa de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

Sebastián Premici, periodista de Cadena del Sur y autor del libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado” dijo a FM De la Calle que “el fallo habla de un nexo de causalidad entre la muerte de Maldonado y la pertenencia  de agentes del Estado, es decir, Gendarmería. Por ende, se abre la puerta para investigarla, lo que no se hizo en ningún momento durante la instrucción”.

“Con este fallo queda claro que Maldonado no estaba solo sino rodeado de gendarmes, había dos grupos de gendarmes que estaban con él”, afirmó.

Premici destacó´que “el texto de la Cámara reseña la presentación del CELS y cita un informe de la PROCUVIN, que elaboró un trabajo detallado sobre cómo fue la represión ese 1º de agosto que estuvieron en el río. Ese informe fue ocultado por el procurador interino Eduardo Casal, el juez Lleral y la fiscal Silvina Ávila. Esta resolución abre las puertas a investigar el rol represivo de la Gendarmería, que fue lo que determinó la desaparición por 78 días de Santiago y su muerte”.

“La Cámara no se juega del todo a decir que fue 100% causalidad de Gendarmería, deja de lado la figura de desaparición forzada y da por válida la autopsia que dice que se ahogó. Yo sostengo que se muere ahogado pero lo más relevante fue entender el rol represivo de la Gendarmería”.

Culpables y testigos

Premici señaló que “hubo una secuencia de cacería y la causa está ahí. Por eso dan marcha atrás con Emmanuel Echazú. No porque sea el único, en mi investigación doy cuenta que además de Echazú lo corren otros dos, Darío Zoilán y Orlando Yucra. Un testimonio que va a tener que realizarse es el de Lucas Pilquiman, dice que cuando cruzan el río lo ve a Santiago agazapado y ve a los gendarmes desde el barranco disparando 9 mm y escopetas”.

La declaración de Pilquiman deberá tomarse nuevamente porque “Lleral lo tomó sin la presencia de las querellas, de un día para el otro, por una cuestión de control de las partes y para que sea todo lo relevante que es, se pide de nuevo. Se abre la posibilidad de que otros testigos vuelvan a declarar o que declaren quienes no declararon aun”.

Reconstrucción de los hechos

Otra de los puntos relevantes de la resolución es que ordena una reconstrucción, algo que nunca se había hecho hasta el momento. “No se sabe cómo fueron los hechos cronológicamente. Hay fragmentos que uno puede reconstruir, lo que hay que hacer es la reconstrucción in situ. La Cámara dice que tiene que ser virtual, utilizando el material fílmico, visual, fotográfico, hacer una suerte de realidad virtual y colocar a todos los actores en el territorio. Yo creo que es clave hacerlo en el territorio”.

“Sería la primera vez que se esboza cómo fueron los hechos y ahí tenés la última foto de Santiago. Es de las 11:32 de la mañana, veinticinco segundos después se ve que estaciona un Eurocargo y hay gendarmes en el territorio. Hay muchos elementos que permiten elaborar esa reconstrucción. Ahí no van a quedar dudas del rol clave de la Gendarmería en lo que fue una cacería, quiénes fueron quienes lo persiguieron y qué se investiguen otras hipótesis delictivas”.

Por tercer año consecutivo, el colectivo Basta de Asesinatos Laborales realizó una multitudinaria movilización para pedir justicia por los crímenes de trabajadoras/es.

“Hay muchísimas más muertes por las enfermedades profesionales que se producen por las condiciones laborales, entendemos que sumado a quienes están en negro se puede triplicar las muertes llegando a 1200 trabajadores”, dijo a FM De la Calle Ariel Godoy.

El secretario de Seguridad e Higiene del gremio del Neumático comentó que “a raíz de estos crímenes se produjo un proceso de lucha en la línea 70 y los compañeros del INTA hicieron lo propio. Entendieron que esto no eran casos aislados sino que quedaban en el marco de más de 400 muertes en accidentes de trabajo, lo que llamamos asesinatos laborales”.

A partir de los casos de David Ramallo, Diego Soraire y Richard Alcaraz buscan instalar el 9 de septiembre como fecha de lucha contra los asesinatos laborales.

“Se fue gestando esta fecha que queremos instalar para visibilizar la muerte de estos compañeros. Tiene como función organizarse en los lugares de trabajo, talleres donde puedan tener formación técnica. Entendemos que los únicos que pueden defender las condiciones de trabajo son los propios trabajadores. Al Estado y a los empresarios no les importa la salud de los trabajadores sino las ganancias”.

Godoy señaló que “a la par de que miles de trabajadores se han quedado sin trabajo, donde la crisis se empieza a profundizar y se denuncia el achatamiento salarial, se denuncian los despidos, el problema de que cuando tenés trabajo esas condiciones son ultra precarizadas, la precarización laboral es el principio fundamental, por lo que se producen estas muertes”.

“En este contexto de crisis esto se profundiza. El colectivo de trabajadores lo que tiene que poner en agenda son las condiciones de trabajo, eso se debe discutir en la paritaria. Las grandes centrales no están discutiendo las condiciones de trabajo.

“No se está contando, hay muchísimas más muertes por las enfermedades profesionales que se producen por las condiciones laborales, entendemos que sumado a quienes están en negro se puede triplicar las muertes llegando a 1200 trabajadores”, concluyó.

Un adolescente de 18 años venía viajando desde Choele Choel y necesita ropa, calzado y dinero para volver a Formosa. La Policía lo echó de la terminal cuando lo encontraron durmiendo. Su familia lo ubicó esta mañana luego de cuatro días sin conocer su paradero.

Su tío viajó a buscarlo a Bahía Blanca pero en la Comisaría Cuarta de Villa Mitre no le tomaron la denuncia y le dijeron que debía realizarla en Formosa.

Marcela Torres, integrante del colectivo Familiares y Amigos de Daniel Solano, colaboró con la búsqueda del chico y confirmó a FM De la Calle que “Nicolás está en el barrio Thompson, está muy bien, solamente necesita ropa y zapatillas”.

Para colaborar comunicáte con Marcela al +54 9 298 478-3740.

“Nicolás Camilo Rivarola salió para Formosa el lunes pasado. Tenía que hacer el trasbordo en Bahía, se quedó dormido y se equivocó de colectivo. Perdió el colectivo y lo llamó al papá que le dijo que espere dentro de la terminal que le iba a mandar el pasaje. La policía encuentra a Nico en la terminal, lo sacan a la calle, le averiguan los antecedentes pero no lo ayudan, queda varado en Bahía”.

“Luego va a la comisaría cercana para denunciar que no tiene el documento y le dicen que ahí no se hace el trámite. A Nico se le rompió el teléfono y no sabía los números, por eso no se pudo comunicar más. Está viajando para allá César, su tío”.

Torres comentó que “César fue hasta Bahía Blanca, para hacer la denuncia de que su sobrino no aparecía y le dicen en la Cuarta de Villa Mitre que no se puede hacer la denuncia sino que hay que hacerla en Formosa de donde es Nicolás. Al tío le dijeron eso ,y pobrecito, se volvió para Choele. Luego publicaron en las redes sociales y desde anoche que lo estamos buscando”.

“Nicolás está en el barrio Thompson, está muy bien, solamente necesita ropa y zapatillas. Ropa limpia en buen estado para que pueda manejarse, zapatillas número 43 para un adolescente, necesita plata también. A tío César le falta una mano, trabaja en su huerta en Choele, vende su verdura y frutas y con eso vive. Con eso ha tenido que movilizarse para buscar a su sobrino, necesitamos plata para que Nico pueda llegar hasta Formosa”.

Torres destacó el gesto solidario de Andrea Galietti y su hijo Javier, quienes brindaron a Nicolás ayuda y un lugar donde alojarse.

“Para nosotros, desde Familiares y Amigos de Daniel Solano, poder reencontrar a un chico con su familia nos llena el corazón. Gualberto Solano se murió esperando encontrar a su hijo”, concluyó.

Suteba Bahía Blanca realizará un paro este martes junto a la CTA, Aduns y la Asociación Judicial Bonaerense. La semana pasada más de 500 maestras y maestros definieron medidas de protesta ante el deterioro de la situación económica.

Gabriela Delfino, secretaria general del sindicato docente, analizó además en FM De la Calle el impacto del aumento de fondos para los comedores escolares anunciado por la gobernadora María Eugenia Vidal. “¿Yo quisiera saber qué es lo que le puede dar cualquier funcionario a sus hijos con 33 pesos?”, se preguntó.

“Para los comedores se tenía que implementar la administración por parte de Municipio, el suministro de recursos es una cuestión compleja por la logística que necesita y por la modalidad de entrega. El año pasado se entregaba toda la mercadería en un solo día, teníamos muchos problemas para mantener fresco lo que nos entregaban, las escuelas no tienen heladeras, aunque se cubrieran las necesidades alimenticias era muy complicado poder sostenerlos, ahora con 33 pesos la calidad ha bajado”.

Delfino comentó que “la ampliación de los cupos siempre fue una batalla que había que dar, había argumentos como que no lo necesitaban o que la gente mandaba a los chicos al comedor para no cocinar”.

Por otro lado, manifestó que durante la última asamblea docente “en la Técnica 2 hubo más de 500 compañeros y compañeras, lo que expresa el descontento de las cosas que estamos viviendo”.

“Toda esta corrida cambiaria, el dólar, originó que de un día para el otro perdiéramos todo nuestro poder adquisitivo. ¿Qué hubiera pasado si el día de cobro nos hubieran depositado el sueldo con el 20% de menos? Creo que hubieramos salido todos a la calle a reclamar que nos paguen el sueldo entero, es la misma situación”.

Delfino comentó que “a fines de octubre nos corresponde la cláusula gatillo y tuvimos en agosto un reajuste. Una de las demandas es que la indexación sea mensual y la reapertura de la discusión paritaria. Para todos los estamentos nacionales, menos docentes, se plantea un bono de emergencia, en el caso de la provincia los anuncios de la gobernadora tienen el tenor de una aspirina frente a una neumonía”.

Crece la preocupación entre personas que viven con VIH por la escasez de reactivos para el estudio que analiza la carga viral. El mes pasado fue denunciada la falta de drogas para tratamientos.

“Normalmente tenemos que hacer dos cargas virales por año, o al menos una, y como había faltante lo que estaban haciendo era restringirlo solamente a personas en embarazadas y diagnósticos recientes. Ahora la situación es tan crítica que restringieron las cargas para todo el mundo. Se comunicó desde Nación que no iba a haber por lo menos por lo 4 próximos meses”, comentó el presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo, José María Di Bello a FM De la Calle.

“La carga viral es el análisis que las personas que tenemos VIH nos hacemos para saber cómo está la cantidad de virus en sangre. El tratamiento lo que hace es disminuir la carga viral al mínimo, a punto tal que la carga es tan por debajo del umbral que no lo detecta. Es lo deseado para que el VIH se convierta en una dolencia crónica”.

El origen se debe a la falta de previsión en las compras por parte de la Secretaría de Salud de la Nación: “Había una previsión de un stock de un año y medio. Antes que se acabaran los medicamentos, los preservativos, los reactivos, la leche maternizada, ya estábamos comprado o iniciando los expedientes que llevan todo un tiempo de aprobación de publicación, entre tres y seis meses. La última licitación que intentaron sacar se les cayó. Sumado a la devaluación y la crecida del dólar, que significa que los laboratorios no fijen precios de lo que va a costar el reactivo para hacer la carga viral y por eso no se concretó la última compra”.

Lo recomendable para quienes viven con VIH es que se realicen los análisis entre dos y tres veces por año. Sin embargo, la excusa principal del gobierno ante el faltante es una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud.

“Plantea que en los países con extrema pobreza y con mucha dificultad para tener los insumos que, en vez de dos veces por año, se realice una. Eso lo tomaron en Argentina para salvaguardar la situación que tenían de faltante de stock. Así tenían que usar la mitad de los recursos por año”.

Por último, Di Bello comentó que “no solo faltan medicamentos, reactivos y preservativos, sino que falta la leche de fórmula maternizada para darle a las personas con VIH que tienen bebés, la indicación es no darle el pecho porque es una vía de transmisión. Tuvieron que recurrir al programa de Ciudad de Buenos Aires para abastecer a Nación pero ya no está alcanzando tampoco”.

Integrantes del Consejo Local de Niñez y Adolescencia mantuvieron una reunión con el secretario de Salud municipal para evaluar falencias en las prestaciones de salud mental.

La presidenta del Colegio de Psicólogos Alba Picardi dijo a FM De la Calle que “se dieron algunas situaciones con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad con problemáticas de salud mental que se les complicaba mucho abordar”.

“Al no haber instituciones especializadas, por ahí algunos niños y adolescentes permanecían en internaciones más prolongadas. Lo que nos planteaba el secretario de Salud es que han abierto algunos dispositivos y a través del trabajo organizando con algunas ONG están pudiendo resolver estas situaciones de urgencia”.

Picardi comentó que  los dispositivos mencionados por Acrogliano refieren  a “un equipo de trabajo que lo que hace es coordinar recursos entre Niñez y Salud y que se coordinen las acciones para que se haga un trabajo más rápido. Armar una estrategia terapéutica para que el chico no permanezca internado cuando ya está compensado”.

“Lo que sí venimos planteando es que faltan dispositivos a la internación, como centros de día, para chicos que tienen algunas dificultades puedan recibir, antes de llegar a la crisis, algún tipo de abordaje que prevenga que lleguen a esas situaciones”.

Según la psicóloga, las falencias obedecen a que “estos centros de día estaban compensados con dispositivos comunitarios, talleres y Enviones que, al pasar los años, se han ido cerrando o recortando. No requiere tanto recurso sino de articulación de lo que hay para mantenerlos en una necesidad útil para los adolescentes. Los Enviones han sido sumamente importantes, pero se han cerrado algunos, se han cerrado talleres, entonces, la respuesta no es la esperable. Los trabajadores son los que sostienen en estos casos”.

Por último, Picardi señaló que “pedimos la Banca 25 porque dado que no hemos tenido respuesta a la Emergencia en Niñez queremos expedirnos respecto de este diagnóstico. Está pedida desde fines de junio. La respuesta es el silencio”.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación se manifestó, junto a otros gremios del puerto, ante el Consorcio de Gestión por la falta de materia primera para los frigoríficos locales.

La asistencia es fundamental para preservar más de 150 fuentes laborales en White Gulf y Roucomar. Por otra parte, se demandó obras de infraestructura y mejoras laborales.

“El sector pesquero hace varios años que viene con dificultades. Desde el  2014 que no pudimos ingresar al puerto los barcos para operar, tenemos plantas como Roucomar, que hoy están sufriendo los embates de no poder tener la materia prima”, comentó el delegado regional Juan Pablo Moreno.

Desde el gremio informaron que plantearon al presidente del Consorcio, Miguel Donadío, “la urgencia de liberar de forma inmediata fondos con un atraso de más de 6 meses, lo que nos permitirá poder contar con la suficiente materia prima nuevamente para poder elaborar normalmente en la planta”.

“El frigorífico White Gulf es una empresa que exporta, que depende pura y exclusivamente de frutos del mar, que la posibilidad que tiene de adquirir materia prima es a través de camiones, que vienen desde el sur. Veíamos la imposibilidad a través de un retraso en las gestiones del Consorcio y es preocupante porque atrás hay puestos de trabajo, queremos que se entienda nuestra situación”.

Moreno comentó que “en líneas generales la situación es muy preocupante, siempre decimos que cuando al crisis llega a nuestra actividad, fabricamos alimentos, imagínenese en el resto de actividades. La situación es crítica, los compañeros no llegan a fin de mes, se ha dolarizado la economía y con los sueldos no ha pasado eso”.

“A  la víctima se le infunde terror y es lógico, más aun con un Estado ausente, que esa víctima se pierda, se extravíe para el sistema, posiblemente en alguna nueva victimización en otra parte del país”, dijo Franco Di Santi tras conocer el fallo que revocó las absoluciones de la causa Iglesias.

La Cámara de Casación ordenó al tribunal oral que reconsidere la sentencia respecto a Víctor Hugo Iglesias y Eduardo Horacio Gutt.

Di Santi, integrante de Bahía contra la Trata, afirmó que “no haber considerado la declaración de las víctimas había sido uno de los elementos por lo que se los absolvió y Casación marca que deben ser tenidas en cuenta, tener en cuenta las escuchas, los antecedentes que iban manteniendo una línea de que se dedicaban a explotar personas y tratar a las mujeres como cosas o como si nada valiera”.

“Es muy difícil de reparar el daño porque son personas que no tienen nombre, no solo en la resolución judicial, tanto para el Estado que habilitaba esos lugares, para varones prostituyentes y para los explotadores también. Si llega algo de justicia por la persecución de algo que puede entrar dentro un expediente, contribuye a que no se repita. Si del otro lado miden que es una práctica muy redituable y con baja probabilidad de ser juzgado es más factible de realizar”, dijo.

El fallo de Casación revocó, además de las absoluciones, el rechazo al decomiso de los bares Broadway y Kaos.

De Santi destacó en ese sentido que “hay una sentencia de la semana pasada en un cabaret de Palermo donde hubo una reparación de más de 16 millones de pesos, con embargos de inmuebles, cuentas, etcétera”.

“Se tiene que reparar a las víctimas y el decomiso es una forma de hacerse de los bienes para generar ese recurso y en el caso de ser un sobrante que vaya a un fondo de asistencia para víctimas. No es una práctica tan habitual porque era parte de la invisibilización de las mujeres como víctimas, no se las veía como sujeto de derecho que debiera ser reparado. La sentencia de capital es un cambio en ese sentido”.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto el sobreseimiento del gendarme Echazú y ordenó reabrir el expediente para cumplir las medidas de prueba que no se realizaron.

Lo resuelve la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en un fallo que ordena también cumplir las medidas pendientes.

La abogada Verónica Heredia dijo que “es muy importante porque demuestra la arbitrariedad con que se cerró la causa”.

“Consideramos que se investigó una única hipótesis delictiva –aquí definitivamente descartada- sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión de personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado”, dijo la Cámara.

Si bien descarta que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes hayan abandonado a Santiago en las aguas del río Chubut. Por eso, revocó el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú.

Comunicado de la familia 6.9.2019.

La Cámara de Apelación de Comodoro Rivadavia comunicó su decisión de reabrir la causa entendiendo que la investigación no está agotada y corresponde profundizar la misma a efectos de reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon el suceso. La Cámara asimismo señaló que es contradictorio rechazar las medidas probatorias peticionadas por la querella en pos de “no demorar la respuesta judicial”, ya que lo que debe prevalecer es el “derecho a la verdad”.

La Cámara reconoce que no se hicieron pericias claves para determinar que sucedió, tal cómo la reconstrucción de los hechos, la ampliación de los puntos de pericia en la data de muerte, la presencia de polen en las prendas, el informe de diatomeas y la peritación del bastón y los billetes. Todos estos puntos fueron pedidos reiteradamente al Juez Lleral y en todos los casos fueron denegados.

Expresa asimismo: “nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos. De allí que corresponda ampliarse la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna hipótesis delictiva”.

Finalmente la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reconoce que existe una contradicción en la autopsia, que NO DICE ni cómo ni cuándo ni dónde murió Santiago Maldonado.

Seguiremos luchando para que haya justicia y verdad por Santiago Maldonado.

Gracias a todas las personas que nos acompañan y luchan junto a nosotros.

Fuentes: Sudestada y Justicia por Santiago Maldonado.