La semana pasada se realizó una audiencia pública para avalar un nuevo tarifazo del gas. El concejal del PJ-Cumplir Ezequiel Gimeno, el ex director de la OMIC  Matías Italiano y el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino analizaron la propuesta de incremento en FM De la Calle.

 “Se están solicitando dos incrementos: uno es la tarifa, que ya fue revisada en abril, sufrió un incremento del 40, y que ahora se pidió un incremento del 30%; por lo tanto, la tarifa en este año va a subir un 70%, contra un 25% que subieron los salarios en el mejor de los casos. Y la otra cosa que se está reclamando es una readecuación de los precios de la tarifa de gas cobrada en valor pesos a los usuarios pero que se paga a los proveedores en dólares”.

“En abril se determinó que el valor del dólar por cada peso era de $20,35 en virtud de la salvaje devaluación, el dólar hoy está en $40, por lo tanto, esa diferencia de casi $20 Camuzzi nos las va a cobrar a los usuarios.  Acá va a haber un doble impacto: uno por el solo hecho de la devaluación y otro por el incremento de la tarifa que se revisa semestralmente”, aseveró el concejal del PJ-Cumplir, Ezequiel Gimeno.

El Director del Instituto Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados y expositor en la audiencia en carácter de usuario, Matías Italiano, afirmó que “las mismas distribuidoras en esta audiencia pública plantearon que ellos pretenden un incremento que rozaría un 200%, pese a  que está circulando que el gobierno no autorizaría un incremento mayor al 30%, igual sigue siendo un porcentaje alto”.

Italiano además aseguró que en lo que va de la gestión de Cambiemos el aumento total del servicio se ha acumulado un aumento del 1500%. “Tenemos que aclarar que el gobierno apunta para el 2019 terminar con todos los subsidios en materia de servicio de gas. Lamentablemente todo esto se traslada a los usuarios. Es un gobierno que ha generado nuevos pobres”.

Héctor Polino, fundador y representante de Consumidores Libres, se refirió al impacto que puede tener el aumento de las tarifas en el sector productivo planteando que  esto modifica las estructuras de costos a las industrias que producen artículos, a los comercios que los venden y se trasladándose a los precios. “Si los salarios no aumentan en la misma proporción, lo que va a continuar es el deterioro de la calidad de vida y del poder de compra de millones de argentinos. Todas estas son exigencias del fondo”.

“Esta política del acuerdo con el Fondo Monetario ya fue ensayada en otras oportunidades y todas terminaron muy mal, porque el Fondo exige a cambio de una ‘ayuda’  mayor reducción del gasto público y eso significa menores recursos destinados a la producción y al crédito a la pequeña y mediana empresa, menor ayuda social  y mayores  impuestos. Todas estas son medidas que tienden a acentuar el proceso recesivo que ya está viviendo el país. Hoy no se sabe cuál es el precio del dólar, el gobierno está destinando recursos genuinos del Estado Nacional para frenar las escaladas que se produjeron en las últimas horas y aún así  el dólar ya alcanzado los $40, de modo que estamos en una situación muy complicada”, enfatizó Polino.

Consumidores Libres y otros 23 organismos de defensa al consumidor decidieron el viernes 31 de agosto, días previos a la audiencia, presentar una nota en el ENARGAS solicitando la suspensión de la misma. Según contó Polino a FM De la Calle fue por dos razones, “una  porque hasta el viernes al mediodía no estaban las propuestas de las empresas entonces, ¿qué íbamos a discutir? Y otra porque ¿vamos a discutir un nuevo aumento en medio de este desbarajuste económico que vive el país sin saber dónde va a anclar el dólar?”. Consumidores Libres decidió no asistir “para no avalar esa audiencia y tener posibilidades luego de hacer un cuestionamiento al Poder Judicial”.

“De acuerdo a la matriz energética argentina el 65% de generación de energía eléctrica se realiza en usinas térmicas cuyo principal insumo es el gas natural, de modo que si aumentamos las tarifas del gas natural estamos aumentando el costo de la energía eléctrica también, no sólo por la quita parcial del subsidio, no sólo por la devaluación del peso, sino también por el aumento en las tarifas del gas natural. Las empresas pueden pedir lo que se les antoje, porque en definitiva son empresas capitalistas. Ahora cuando el Estado privatiza y las coloca en manos del sector lucrativo el Estado tiene que regular y las ganancias tienen que ser razonables”.

Sacar crédito para pagar las tarifas

Polino comentó que “la empresa Fenosa, que es la que distribuye la energía eléctrica en determinados partidos del Gran Buenos Aires, hace dos meses cuando envió los sobres a los usuarios con la facturación correspondiente estaba la publicidad de una empresa financiera Credifácil que le ofrecía a los usuarios créditos de hasta $20.000 para pagar esa factura de gas. Además, decía que si iban a la oficina de la financiera a sacar el crédito en esa misma oficina podían pagar la factura de gas. A raíz de la denuncia que hice el ENARGAS prohibió que se vuelva a repetir esa modalidad. Es la primera vez que se ha visto en toda la historia de nuestro país”.

Consulta popular

Polino es referente de Unidad Popular, organización que va a llevar adelante en los próximos días una consulta popular para que el Congreso de la Nación debate el acuerdo con el FMI.

Se colocarán mesas para juntar firmas y luego habrá concentraciones en distintos puntos del país, ya que según el dirigente político “estamos en un mal camino y las políticas tanto de Martínez De Hoz, las de Cavallo y las que se están llevando actualmente, siempre terminaron mal”.

“Están provocando un daño social enorme, de modo que espero que el gobierno reaccione, porque si mantiene su política a rajatabla los sectores populares en algún momento no van a poder tener dinero suficiente para comprar las cuestiones más elementales para tener una vida digna y cuando se inicie la protesta social, que ya ha comenzado en algunos lugares, se sabe como comienza pero nadie sabe cómo termina”, finalizó.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría comentó en FM De la Calle el resultado de la pericia sobre la contaminación del estuario y afirmó que “lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso ahora se comprueba”.

Advirtió además que las conclusiones con la indicación de prohibir inmediatamente la pesca y consumo de peces y, en mediano plazo, el vertidos de metales pesados a las industrias no solo lo tiene la justicia sino también el Municipio y las autoridades provinciales.

“Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, todos tenemos la causa, tanto actores como demandados. Yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada”, dijo Beier.

Hay resultados que no son sorpresivos porque lo vienen planteando ante la justicia desde el comienzo de la causa.

Lamentablemente no nos sorprende, lo que sí nos sorprende es lo contundente de las conclusiones y los niveles que dio, los resultados. Sabíamos que existía contaminación. Ésta causa ambiental lo que trata de proteger es el medio ambiente y nosotros lo que denunciamos era que existía contaminación que afectaba a la biología, pero por lo visto era mucho más grave. Y además de afectar a la biología del estuario, también está poniendo en riesgo la salud pública lo que genera que exista un peligro de enfermarse o hasta de morir en caso de consumir peces del estuario.

-Destacan los profesionales que las especies evaluadas no son aptas para consumo humano. Incluso hablan de los riesgos en algunas enfermedades puntuales, algunos tipos de cáncer, y de niveles que superan entre 10 y 40 veces lo permitido. Hay toda una discusión en torno a lo permitido en cuanto a valores vertidos a la ría y lo que realmente afecta a la salud, ¿no?

Sí, hay una discusión en tanto en lo que es lo permitido en los vertidos y qué es lo permitido en lo que uno consume. Voy primero por los vertidos: lo que se aplica en Bahía es la Resolución 366 de la Autoridad del Agua del 2006, que se aplica a toda la provincia de Buenos Aires. Es tanto según si fuera mar abierto, si arroja al sistema cloacal o a agua superficial. Acá se aplica a agua superficial, el tema es que no se ha hecho un estudio del impacto que se ha producido en el estuario y si esa reglamentación es aplicable al estuario.

Nosotros dirigimos que no. La ley provincial de Pesca directamente en el artículo 13 prohíbe arrojar sustancias nocivas al ambiente acuático donde se explota las actividades de la pesca. Una ley tiene mayor jerarquía que una reglamentación. La ley lo prohíbe y la reglamentación lo permite hasta cierto punto, ese siempre fue un motivo de discusión. Evidentemente se demuestra con estos resultados que pese al cumplimiento, más allá de que según los informes del CTE hay un porcentaje bastante elevado de incumplimiento a esa reglamentación, pero aunque estuviesen cumpliendo, la bioacumulación de los peces ha sido de tal magnitud que torna peligroso consumir cualquier tipo de especie. Y además del peligro para la salud lo que hay que destacar es cómo ha afectado a la biología, que es lo que vienen denunciando los pescadores. Ellos lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso que fue denunciado ahora se comprueba.

-Existen metales pesados que provienen de las empresas del polo y de ABSA que tiene un capítulo aparte.

No negamos que de parte de ABSA hubo un gran aporte de los metales pesados o sustancias nocivas que también vienen por la cloaca. Ahora se está haciendo la planta de tratamiento y es sobre lo orgánico, o sea que todo lo que es inorgánico va a seguir cayendo crudo al estuario, lo cual va a seguir siendo un problema pese a que se va a solucionar otro problema que es un gran aporte de nutrientes que generan una contaminación por la demanda biológica del oxígeno. Un pequeño problemita estaría solucionado cuando la planta empiece a trabajar pero vamos a seguir teniendo una gran cantidad de aportes de materia inorgánica que con la bioacumulación se transforman en tóxicos, tanto tóxicos para los peces o para las personas que consumen esos peces y crustáceos.

-Hay un punto de las conclusiones de los integrantes de la Facultad de Agronomía de la UBA que habla específicamente de proximidades al Sitio 18-19, a la salida del colector de ABSA, que detecta algunos nivel de DQO -que para traducirlo sería la demanda química de oxígeno- y sugiere evaluar globalmente a las empresas que tienen autorización para arrojar vertidos en ese lugar y la posibilidad de que otras lo hagan de manera clandestina. ¿Qué quiere decir?

El que antes era el sistema cloacal del Consorcio, que es donde se arrojaba todas las cloacas de Ing. White, ahora no funciona más porque lo que es la cloaca de Ing. White está conectado a la cuenca mayor y ahí está arrojando Cargill.

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El caudal de agua que sale es muy grande y mucho más grande del que arroja Cargill donde el CTE toma las muestras. Vendría a ser el último puesto de vuelco  de Cargill y tanto el olor como el color cuando uno se acerca se da cuenta que está saliendo cualquier cosa. Imagino que se refiere a eso porque por supuesto que puede haber conexiones clandestinas, es casi imposible descubrirlas porque estamos hablando de superficies muy grandes, pero recomienda eso el perito, alguna forma de meter un robot con cámaras por el sistema cloacal y ver de dónde sale el agua.

Ha dado mal y después una discusión que hay con Cargill, ellos dicen que lo arrojan… como te explicaba recién, la reglamentación tiene tres parámetros, una para mar abierto, otra para sistema cloacal y otra para aguas superficiales. El sistema cloacal es el que tiene permitido arrojar mayor cantidad de sustancias porque, supuestamente, después tiene un tratamiento. Como acá no tiene ningún tratamiento no se debería aplicar eso y es una discusión de Cargill con el CTE, qué reglamentación se aplica. Por eso muchas veces Cargill no cumple con los parámetros.

-Ahí es la sugerencia de que lo tomen como agua superficial.

Exactamente porque caño cloacal o desagote cloacal sería cuando después hay un tratamiento posterior, entonces lo pueden arrojar ahí pensando que después se va a tratar pero acá en Bahía no hay ningún tratamiento entonces no se puede tomar ese parámetro.

-Ustedes de fondo están pidiendo la reparación ambiental del estuario. Hay una serie de sugerencias con la incorporación de nuevas tecnologías, ¿qué opinión tienen? ¿les parecen alternativas viables?

Evidentemente lo que se está haciendo hasta ahora no sirve para nada, lo único que se hacen es controles, llevan numeritos, hacer gráficos, subirlos a internet y con eso parece que nos quedamos tranquilos.

Lo que están proponiendo no es solamente analizar los efluentes, que es una toma que hace el CTE esporádicamente, sino analizar el caudalímentro, cuánto arroja esa empresa y también analizar constantemente las sustancias que está arrojando, no una sola toma de muestra.  Así nos daría una noción más acertada de que la cantidad que están arrojando a lo largo de un mes o año, qué cantidad de mercurio, por ejemplo, estaría arrojando Solvay a lo largo de un año.

Sabemos cuántos miligramos por litro arroja pero no sabemos cuántos litros arrojó por consiguiente no sabemos cuánta cantidad de mercurio arrojó.

-En algún momento hay menciones respecto de resultados a los que no se pudo llegar debido a la condición de las muestras. ¿Hay alguna falla al momento de tomar las muestras o surgen interrogantes que no estaban previstos?

Lo que pasó es que estas muestras se tomaron en el allanamiento de la justicia federal y se hizo en conjunto la Facultad de Agronomía con la Policía Federal. Entonces la Policía Federal tomó las muestras, las recolectó y las envío a Buenos Aires. Y los biólogos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, de las ostras le dieron el bichito, entonces hubo algunos elementos que no pudo analizar de las ostras, pero fue eso nada más. Todo lo otro lo pudieron analizar bien.

-¿Qué pasa partir de ahora? El juez tiene éste informe, ¿cómo sigue la causa?

Lo tiene el juez y también la Municipalidad y la provincia. Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, porque todos tenemos la causa, tanto actores como demandados, y yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, porque está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada.

Me parece que debería haber dado a conocer para que la gente tenga conocimiento, después que tome la decisión que quiera. Así como uno en los paquetes de cigarrillo encuentra ese cartelito que advierte que es perjudicial para la salud, me parece que tendríamos que ponerlo en conocimiento.

 Con respecto al juez… la ley le autoriza a tomar medidas en el transcurso del proceso hasta de oficio, sin que nadie se lo pida, cuando ve que la situación es grave o cuando ve que puede empeorar, él como funcionario tiene la obligación de velar por el cuidado del medioambiente, eso lo dice la Constitución Nacional y la Ley General de Medio Ambiente. El juez podría hacerlo de oficio o a petición de parte tomar alguna medida para al menos evitar que esto empeore, será eso lo que tiene que hacer y prontamente dictar sentencia.

-La prueba es la misma para la causa en el ámbito federal, ¿cómo se utiliza?

Los dos expedientes están en el mismo trámite, ya se ha terminado la recolección de prueba y lo que es la parte de investigación termina con la decisión del juez de llamar a indagatoria o no. Si considera que hay prueba suficiente que acredite que se cometió el delito y acredite la responsabilidad de los denunciados llama a indagatoria.

El delito es poner en riesgo la salud pública a través de los efluentes contaminantes. El peligro a la salud pública interpretó que ya está acreditado con el informe este y que las empresas arrojan efluentes ya está acreditado por los informes de CTE. Pero será cuestión que lo analice la jueza y llamará a indagatoria para que los directores de las empresas se presenten a ejercer su derecho a  defensa.

-Por último, cuando se habla de prohibir el vertido de este tipo de metales por parte de las industrias ¿qué significa? ¿parar el proceso productivo?

La verdad que eso lo saben mejor los de las empresas que yo. Pero tengo entendido que las empresas no pueden producir sin arrojar residuos. Es lo que recomienda el perito en vistas al cumplimento de la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes que dicen que tenemos que proteger el medio ambiente. Si tenemos que proteger el medio ambiente y sabemos que están esas empresas que son las que arrojaron las sustancias, que son las que contaminaron, bueno, como mínimo empecemos parando de contaminar. Después vemos la recomposición del estuario, pero primero dejemos de contaminar.

Cecilia Miconi, directora en uso de licencia de los museos de Bellas Artes y Arte Contemporáneo, difundió una carta en las redes sociales advirtiendo a las autoridades del Instituto Cultural sobre el riesgo que corre el patrimonio de la institución y exigiendo medidas de seguridad.

“Parezco una loca que denuncia pero nadie responde, nadie toma responsabilidad ni se hacen cargo”, dijo en diálogo con FM De la Calle.

Miconi recordó que desde 2007 se trabajó se localizó, catalogó y resguardó centenares de obras. “Por primera vez se logró reunir la totalidad de piezas de la colección de los museos de arte y el préstamo del Museo Nacional de Bellas Artes instalándolas provisoriamente en el SUM del Museo de Arte Contemporáneo”.

“A los tres años trasladamos todas las obras a un espacio seguro y protegido dentro del edificio del Museo de Bellas Artes. Este depósito que habíamos armado nos permitía mantener la temperatura adecuada para la conservación de las obras (colocamos un aire acondicionado que mantenía el lugar a 18 grados, cortamos la calefacción de ese espacio, cerramos y sellamos ventanas), darle estabilidad y protección de posibles amenazas de bacterias, polillas, larvas, etc (se realizaron trabajos de limpieza y desinfección en la madera de las aberturas, pisos y paredes) y, no menos importante fue concentrar, resguardar y proteger las piezas de robos, daños, accidentes o hurtos posibles”, aseguró.

Según advirtió, ahora “todo el Patrimonio está distribuido en diferentes partes del Museo de Bellas Artes”.

“Entiendo que es una muestra que pretende visibilizar toda la colección y el estado en qué se encuentra… pero ¿es necesario exponer y arriesgar las 900 obras que tienen hoy los 2 Museos a semejante barbaridad? ¿Los caprichos del director interino Christian Díaz valen todo el trabajo y esfuerzo que realizaron cientos de artistas y trabajadorxs durante años por preservar el patrimonio en buenas condiciones? ¿Se hace cargo del daño que está provocando a piezas invaluables, tanto conceptual como económicamente? ¿Entiende la importancia cultural que tiene a su cargo?”, se preguntó.

El patrimonio de los museos de Arte Contemporáneo y Bellas Artes contiene obras de León Ferrari, Tulio de Sagastizábal, Adrián Villar Rojas, Graciela Sacco, Marcos López, Elba Bairon, Marcia Schvartz, Ad Monoliti, Chap Ati, Yuyo Noé y de artístas de la región como Graciela San Román, Alicia Antich, Claudio Redolfi, Rafael Martín, Séptimo Ferrabone, Hugo Pizani, Vanesa Bojart, Sandra Biondi, Elena Van Hess, entre otrxs.

“No tener ningún conocimiento sobre el Patrimonio nos lleva a este desastre. No querer facilitar el diálogo con sus trabajadores y la comunidad artística y profesional, también. Esto es vaciamiento cultural”, afirmó Miconi.

(Por Mauro Llaneza) Profesionales de la Universidad de Buenos Aires recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

“Estos metales pesados sobrepasaron ampliamente los niveles de concentración permitido por el Código Alimentario Argentino”. Así lo advierte una pericia recibida por el juez Contencioso Administrativo, Agustín López Coppola, en el marco de la causa “Schroeder”.

La investigación impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.

Según el estudio, “al menos en un grado de probabilidad muy elevado”, la concentración de metales pesados en los peces analizados se debe a la actividad de las empresas del polo petroquímico.

La “constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies”.

La pericia fue realizada a pedido de la Fiscalía Federal por las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica y por el ing. agrónomo Gustavo Mozeris de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Utilizaron las muestras producidas durante los allanamientos a las empresas del polo, 28 informes preexistentes “de fuerte relación y relevancia” y, principalmente, el producido en el marco de la causa ‘Meninato, Rolando, PBB Polisur y otros s/inf. Ley 24.051′” que tramita en el fuero federal.

Peces tóxicos

La presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

Especies como la corvina rubia, langostinos, mejillones, camarones y ostras evidenciaron la presencia de ambos metales “en valores que superan 10 y 40 veces respectivamente lo permitido por normativa nacional e internacional para el consumo humano”.

“La gravedad de esta situación determina que sea necesario abordar un monitoreo permanente de la fauna marina del estuario, con un diseño muestral que permita entender la dinámica de la contaminación con metales pesados en el estuario de Bahía Blanca”.

El documento manifiesta la alteración del ecosistema marino local destacando “las altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

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Esto afecta el desarrollo y crecimiento normal de las especies presentes en la ría y en la totalidad de la cadena trófica, desbalanceando el nicho que ocupa cada especie en este ecosistema.

“Debería asimismo encontrarse una relación directa entre esta pérdida de biodiversidad por bioacumulación de metales pesados y los parásitos que forman parte de esta cadena en comparación con sistemas por fuera de los límites de la ía de Bahía Blanca”, afirma.

Los pocos ejemplares enteros evaluados impidieron estudiar otros indicadores de la contaminación y que estarían asociadas a la presencia de metales pesados e hidrocarburos.

ABSA “está provocando un daño casi irreversible”

Respecto a ABSA, la pericia advierte que “los valores DBO (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), fenoles y sólidos sedimentales del sistema cloacal” exceden los límites permitidos, por lo cual, deben tomarse medidas urgentes de saneamiento “ya que el vuelco de 84 millones de litros por día está provocando un daño casi irreversible”.

“La permanente transformación operada en el área del puerto de Ingeniero White en los último treinta años ha dado lugar a un cambio morfológico del paisaje y, consecuentemente, a la transformación de mecanismos y procesos naturales que tienen en su sistema hidrológico”.

La dificultad para descontaminar la ría se evidencia en la “imposibilidad” de “realizar una actividad productivo-comercial como la pesca artesanal”, por “la salida de actividad de gran cantidad de pescadores”, “la baja de la actividad económica de agentes relacionados” con la pesca y “la baja disponibilidad de especies de calidad comercial y su imposibilidad de consumo”.

Por otra parte, ante los niveles de DQO que superan “ampliamente” lo permitido para agua de mar abierto, el análisis sugiere evaluar globalmente a “las empresas que tienen autorización” para arrojar vertidos en proximidades del Sitio 18-19 a la salida del colector de ABSA y la posible existencia de otras que lo hagan de manera clandestina.

Controles en la mira

La prueba que tiene en sus manos el juez López Cóppola y su par federal, plantea una “duda razonable” sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos provinciales.

Llama la atención la presencia de metales pesados en vertidos de las industrias en las márgenes de la ría –“aunque todos ellos dentro de los niveles guía permitidos”- frente al nivel de metales pesados hallados en todas las especies analizadas.

“Se plantea el concepto de la ‘duda razonable’ ya que si evaluamos el conjunto de vertidos a la ría de empresas del Polo Petroquímico este sistema aporta un total de entre 11 y 18 millones de litros de efluentes por día, sumándose a esto lo volcado por el sistema cloacal que suma 84 millones de litros por día”.

Contra las leyes

El documento de la FAUBA explica que existen tres factores que deben asegurarse como mínimo para el logro de “una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable de una región”.

  • Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas.
  • Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos.
  • Y asegurar la conservación de la diversidad biológica.

Todos los ítems están contemplados por la Ley General del Ambiente Nº25.675.

El dictamen es lapidario: “Ninguno de estos puntos está siendo asegurado con la intervención antrópica que existe en la actualidad en la Ría de Bahía Blanca”.

Por otra parte, existe “incompatibilidad” con la Ley provincial de Pesca Nº11.477 (prohíbe arrojar al agua sustancias nocivas para la biología marina- y mediante los vuelcos se viola la Ley de Residuos Peligrosos Nº24.051.

Por un estuario vivible

Los profesionales de UBA proponen generar un “marco de  convivencia con visión sistémica del problema” ante la “complejidad que significa mantener un equilibrio entre las actividades económicas, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente que apuntan a generar situaciones viables, vivibles y equitativas”.

Para ello y frente la “gravedad de los resultados obtenidos”, proponen:

  • Utilizar nuevas tecnologías como los caudalímetros con dosificación dinámica de efluentes líquidos sin la intervención de la mano del hombre, ya utilizados en otras industrias.
  • El monitoreo constante de contenido de metales pesados en peces con una metodología validada por los organismos de control y aplicada al ecosistema marítimo de la ría.
  • Y la evaluación permanente de sedimentos del estuario.

Ante la llegada de facturas de luz de entre $2000 y $8000, vecinos y vecinas de Villa Talleres Sur exigieron a la Municipalidad que efectúe las negociaciones necesarias con la empresa proveedora del servicio (EDES S.A.) para garantizar su abastecimiento a un costo razonable, teniendo en cuenta que viven en uno de los barrios más postergados de la ciudad.

La comunidad del barrio gestionó y consiguió el tendido eléctrico desde enero, siendo este el único servicio disponible. La mayoría de las familias utiliza medios eléctricos de calefacción por lo cual suelen requerir mayor consumo de kW que el resto de los ciudadanos, que pueden acceden a la red de gas.

Ante la imposibilidad de pagar las primeras facturas recibidas, alrededor de 40 familias realizaron un reclamo a EDES y difundieron su problemática. Si bien la empresa aplicó la denominada ‘tarifa social’, la situación no se regularizó para algunos vecinos, quienes continúan sin poder afrontar los excesivos costos.

Una de las razones principales es que esta tarifa no contempla el elevado consumo que requiere una familia para subsistir con aparatos eléctricos como único medio de calefacción.

Al realizar un nuevo reclamo, el mismo encargado de la oficina de atención al cliente sugirió que es el Municipio quien tendría que aplicar las medidas necesarias para asegurar el servicio a un costo adecuado para este barrio.

Ismael Ramínez, niño qom de 13 años, fue asesinado por la policía chaqueña cuando un grupo de jóvenes pedía mercadería en un supermercado del Barrio Obrero de Roque Sáenz Peña. Otro pibe fue herido en el ojo y 19 personas fueron detenidas.

Rolando Núñez, integrante del Centro Mandela D.D.H.H., explicó a FM De la Calle que “evidentemente hubo una concentración, principalmente, de personas jóvenes frente al mercado de Impulso en un barrio de la ciudad de Sáenz Peña, que es la segunda ciudad por población, del Chaco”.

“El saqueo no se produjo, no ve en los vídeos que nadie salga con mercaderías, bolsos, ni tampoco con elementos del supermercado. Sí evidentemente intentaron ingresar, cuando se tensó la situación se escucharon disparos y allí es cuando recibe el disparo Ismael Ramírez, que es un adolescente de 13 años que recibió un tiro en el tórax, debajo de la tetilla. Este joven es qom y del Barrio Obrero, un barrio un pobre, casi no tuvo chances de sobrevida porque el disparo fue mortal”, comentó.

Nuñez aseguró que “hay personal de policía en Sáenz Peña, está incluso el jefe allí, tengo entendido que va a hacer una conferencia de prensa, y veremos cómo avanza eso. Sáenz Peña es compleja, tiene barrios indígenas numerosos”.

“Veremos cómo manejan esto, en la base de todo esto está la falta de comida, de chicos sin proyecto de vida, son muy jóvenes, está el alcohol, la droga. Un montón de conflictos que, lamentablemente, van conspirando contra la convivencia más armónica. No veo al gobierno con la respuesta necesaria, tanto en el plano policial como en el plano social, que es una herramienta necesaria”, manifestó.

Para el dirigente esta situación se puede asociar “fundamentalmente a la inequidad social, a la falta de acceso al sistema educativo, a un sistema sanitario que no da respuesta y un sistema de seguridad social muy debilitado producto de todos los actos corrupción  que se produjeron en los últimos tiempos”.

“Tenemos un desequilibrio primario que es lo que sale de comparar ingresos con gastos. Hemos tenido un mayor déficit financiero que, por el sistema de endeudamiento público que tomó en dólares la provincia del Chaco se redujo. Todo eso apuntó a cumplir con los puntos del pacto fiscal que firmaron varios gobernadores de provincias argentinas con el actual gobierno pero desfinanciaron las políticas sociales y, por eso, todo está paralizado en esta provincia”, aseguró.

Núñez concluyó: “El sábado a la noche en Resistencia, lo de anoche en Sáenz Peña y la tensión labrada que existe en este momento yo la asocio a la mala gestión del gobierno provincial y, de alguna manera, potenciado por las malas políticas económicas y sociales que viene diseñando el gobierno nacional con una inflación galopante, que hace casi imposible que las familias puedan comprar comida. El problema es social, es de pobreza y de falta de comida”.

La inflación de agosto en Bahía Blanca registró un aumento del 3,77% respecto al mes de julio, según el IPC Online. Transporte, alimentos y bebidas y atención médica encabezan los incrementos.

“Ya hay un retraso del traslado del dólar a precios en el sector minorista del 80 por ciento, tuvimos una depreciación del 100 por ciento desde enero y solamene un 21 de inflació minorista. Ese diferencial en algún momento se tiene que acomodar”, dijo a FM De la Calle el economista Juan Larrosa.

Ocho capítulos registraron alzas: Alimentos y bebidas (4,48%), Indumentaria (2,96%), Vivienda y servicios básicos (1,12%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,01%), Atención médica y gastos para la salud (4,86%), Transporte y comunicaciones (4,94%), Esparcimiento (4,23%), Otros bienes y servicios (3,62%).

Por el contrario, solo Educación (-0,83%) registró baja, que se debe a la eliminación de un retroactivo cobrado en el mes de julio en algunas cuotas de colegio privado.

De los 13.598 productos y servicios relevados el 29,9% registró alzas, el 3,9% bajas y el restante 66,2% no tuvo cambios. Las mayores alzas puntuales se registraron en precios de Agua saborizada, Tomate perita, Libro infantil, Yerba mate y Fideos secos tipo tallarín, todas con subas superiores a 55%. Las mayores bajas puntuales se encontraron en precios de Yogur cremoso, Mermelada, Vino fino, Texto primario y Crema de enjuague, todas ellas mayores a -25%.

Se observaron aumentos o arrastre estadístico en Afiliación a sistema de salud, Colectivo urbano, Taxi, Gas natural comprimido, Gasoil, Nafta de 93 a 97 octanos, Nafta de más de 97 octanos, Servicio de Internet domiciliaria, Servicio de televisión por cable y Cigarrillos.

Analizando la incidencia (variación ponderada) de los grupos de productos en el resultado final del nivel general del IPC Online podemos destacar que Combustibles y lubricantes, Cortes delanteros y traseros de carne vacuna fresca, Verduras frescas, Aves frescas y congeladas, Taxi y otros medios de transporte y Empanadas, pizzas y otras explicaron un 1,61% la inflación del mes en forma acumulada.

Por el lado de la incidencia de las bajas se pueden mencionar a Educación formal, Semipreparados en base de ave, Café y Otras carnes rojas frescas con un impacto acumulado de -0,10% de compensación a las subas mencionadas en primer término.

La evolución de la inflación a lo largo del mes informado mostró variaciones intersemanales de 3,06%, 0,47%, 1,28% y 0,56% para semanas 1, 2, 3 y 4, con variaciones T-4 de 5,02%, 3,59%, 4,15% y 4,06%, respectivamente.

La variación de precios fue mayor al mes pasado y acumula en el corriente año 21,65%. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 30,87%.

El presidente Mauricio Macri y su ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, afirmaron que el país está “en emergencia” y anunciaron medidas para “reducir el déficit fiscal”. El economista y columnista de En Eso Estamos, Francisco Cantamutto, dijo en FM De la Calle que los cambios son “una mala noticia para los sectores populares”.

El “esfuerzo mayor a quienes exportan” exigido por Macri se tradujo en un “aumento” de las retenciones a razón de  cuatro pesos por dólar para la producción primaria y tres pesos por dólar para el resto.

“El problema es que no hay absolutamente nada que garantice que la relación peso-dólar se mantenga 40 a 1. Entonces, en la medida que se sigue devaluando esas retenciones se licuan. Hay un incentivo de no exportar y especular para forzar que se devalúe más y luego se licue el impuesto que tenés que pagar. No liquiden sus importaciones, esperen todo lo que puedan, fuercen a que la devaluación sea más grande y van a pagar menos ustedes y todos nosotros y nosotras vamos a pagar bastante más”, comentó Cantamutto.

Respecto al ahorro que implicaría la reducción de 19 a 10 ministerios, el economista argumentó que  “siempre que se cambia la dependencia la cantidad de gente se modifica, los recursos presupuestarios se modifican, etc. Ahora tiene que venir la discusión del presupuesto y en la medida que pasan varios ministerios a secretarías o subsecretarías van a tener menos asignaciones presupuestarias, es dentro de la misma lógica de ajuste. A veces para interceder en favor del capital no hacen falta tener tantos ministerios”.

“Hay mucha pantomima, no deja de ser un problema porque muestra idas y vueltas que en ningún momento generan confianza. Este gobierno vino a representar uno de los mandatos del empresariado más conservador que era la regala de previsibilidad. Ahora, si vas y venís con los anuncios lo que estás generando es que no tenés una idea muy clara de lo que querés hacer o de cómo resolver las macanas que generan”.

Esta noche, Nicolás Dujovne viaja a Washington para cerrar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el cual pretenden “despejar dudas sobre nuestro financiamiento en 2019”.

“Yo creo que va a conseguir ese acuerdo, si no lo consiguiera también es cierto que tanto él como Caputo, al venir del mundo de las finanzas, pueden hacer movidas para que algún fondo de inversión ingrese algunos dólares o, al menos, deje de sacarlos a mansalva y eso modere las expectativas levemente que fue lo que hicieron en abril”, finalizó Cantamutto.

Luego de la conferencia brindada por el presidente Mauricio Macri, los pocos detalles económicos sobre las medidas que adoptará el gobierno frente a la crisis cambiaria vinieron de la mano del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Se incrementarán retenciones a los principales exportadores, se intentarán acelerar los desembolsos del FMI programados para los años 2020 y 2021, habrá más aumentos tarifarios y bajará la obra pública.

El gobierno busca llevar a cero el déficit primario para 2019, reduciéndolo un 1,3% respecto del programa acordado hace diez semanas con el organismo multilateral. Para lograr este fin, el ministro adelantó que se realizarán recortes presupuestarios en materia de inversión pública, remuneraciones, gastos corrientes y a subsidios en tarifas y transportes.

La recaudación será apuntalada por un impuesto transitorio (cuatro pesos por cada dólar) de derechos a las exportaciones para servicios, manufacturas y materias primas. Es decir, las retenciones no sólo abarcarán al campo.

“Hemos cometido errores: esos desbalances nos dejaron expuestos a esta situación, dejamos al descubierto el flanco fiscal, y eso generó un mayor impacto”, reconoció Dujovne respecto a la “situación difícil” que atravesaba el país. Además, admitió lo que costaba “llegar a fin de mes, pagar las tarifas, estamos conscientes de esta situación”.

Aludió a que los problemas del país se debían a un “déficit fiscal crónico que nos ha arrastrado a situaciones de endeudamiento e inflación, que provocaron atraso, pobreza y crisis”, aunque sólo durante “muy breves períodos Argentina pudo alcanzar el equilibrio fiscal”.

Entre otras cosas, también volvió a apuntar a la sequía en el campo, la depreciación de las monedas de los países emergentes (peso argentino, lira turca), la suba de tasas en Estados Unidos, y los “cuadernos de la corrupción kirchnerista”, eje en el que hizo hincapié en varios apartados de su discurso.

Horas antes de viajar a Washington a reunirse con el staff del FMI para renegociar el acuerdo que lejos estuvo de cumplirse, Dujovne adelantó recortes del 0,7% del PBI en inversiones públicas, 0,5% en subsidios a transporte y energía, y 0,2% en remuneraciones y gastos corrientes.

De esta manera, las consecuencias de dichas medidas tendrán su impacto en una reducción drástica de la obra pública, nuevos tarifazos y una reducción de la planta laboral en la órbita estatal.

Fuente: Notas Periodismo Popular.

Este sábado el gobierno convocó a referentes de las familias afectadas por el desalojo forzoso llevado a cabo la semana pasada por parte de funcionarios municipales, quienes supervisaron la destrucción de ranchos y viviendas en Parque Campaña del Desierto. Fue el operativo “Limpieza profunda”.

Desde el barrio se había anunciado para el domingo un encuentro titulado “Miramar resiste”, al cual se habían sumado una gran cantidad de artistas en solidaridad con la grave situación enmarcada en el enorme déficit de vivienda local.

El gobierno de Héctor Gay actuó rápidamente para desactivar la medida. Horas después del virulento desalojo, la comunidad ya había realizado cortes (Charcas y Lejarraga) para denunciar que el operativo se realizó sin orden judicial y para exigir una solución a la problemática habitacional.

Por el municipio participaron el subsecretario de Acción Social, Ignacio Caspe, la directora de Servicio Social, Cecilia Canosa Contin, la concejala Soledad Martínez y un funcionario policial.

De esta forma, el sábado abrieron la Municipalidad para “negociar”. Nueve vecinos y vecinas asistieron al encuentro. Algunas de esas familias tienen viviendas construidas en el sector.

La “negociación” no ofreció soluciones concretas por parte del gobierno. Simplemente se prometió que estudiarían “caso por caso” y que se comprometerían a no reprimir.

El acuerdo se caería si la comunidad decide tomar medidas de fuerza. Finalmente, a la espera de respuestas concretas, se dio de baja la realización del encuentro planificado para el domingo.

Foto: @apepe

“En los merenderos donde venían solamente los chicos a buscar la merienda, hoy viene todo el grupo familiar y también los ancianos. Por lo tanto hay una situación que lo que ha reaparecido es el hambre y la miseria”, dijo a FM De la Calle el dirigente de la CCC, César García.

La Corriente Clasista y Combativa actualmente posee alrededor de 14 merenderos en Bahía Blanca en barrios como Villa Nocito, Villa Esperanza, Spurr y Quilmes, Evita, Thompson, algunos de los cuales fueron inaugurados esta semana.

Respecto a la presencia que ha tenido el Estado en la emergencia social, García aseguró que a nivel nacional la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recibió a las organizaciones sociales en junio por primera vez desde diciembre del 2017.

“No había habido ningún tipo de contacto, ni con el equipo técnico de la ministra. A partir de junio que pasó la gran marcha federal, que se generalizó en todo el país y que se preocuparon de que no se les desmadre, es que dieron respuesta”.

A nivel local, afirmó, “les hemos planteado la situación que pasaba con las tarjetas sociales, de las cuales pasaron de 6000 a 5000 desde diciembre a julio de este año, que son las que se les daba a cada familia para que puedan ir al supermercado”.

“Cuando a principio de marzo el gobierno con bombos y platillos había anunciado que había bajado la pobreza, no solamente a nivel nacional sino también en Bahía Blanca, nosotros salimos a decir que eso no era así. Ellos computaban una parte de lo que fue el año pasado en relación a las elecciones, cuando todos conocemos que en las elecciones se reparten las cosas que no se reparten en dos años. El gobierno reconoció después del FMI, convocando una junta de emergencia, que están en una etapa de crisis, y cuando nos dicen eso, nosotros le decimos que estamos en emergencia”, agregó el referente de la CCC y del Partido del Trabajo y del Pueblo.

“Nosotros salimos a la calle a pelear por las necesidades de la gente y a partir de ahí lo que exigimos es que el Estado se tiene que hacer cargo, no solo a lo que tiene que ver con alimentos, sino también en relación a las cooperativas de trabajo, al salario social complementario y a las distintas cosas que realizamos para fomentar la cultura del trabajo. También peleamos por una salida de fondo porque entendemos que no alcanza con criticar y por eso es que creemos que hay que reagrupar todas las fuerzas populares, para no solamente enfrentar la política de Macri, sino para poder crear otra cosa que sea alternativa a esto”.

“Lo que hacen como política es: te juntan y se sientan. Pero cuando vos tenés un diálogo y te juntan 75 veces y no te dan ninguna solución o te hacen presentar 75 papeles y después te dicen que no hay presupuesto, es un diálogo de sordos”, finalizó García.

La Unión de Músic♪s del Sur convocó a una asamblea extraordinaria para definir sus políticas de género. Se realizará este sábado a las 10:30 en el Teatro El Tablado de Chiclana 453.

“Tuvimos una reunión previa de músicas mujeres, afiliadas o no afiliadas de Bahía Blanca y la zona, para compartir experiencias que vemos en nuestros trabajos y poder realizar un diagnóstico para ver qué temas sería importante trabajar desde la Unión en relación con las problemáticas de género, particularmente en nuestro trabajo como músicas y como docentes”, dijo Natalia Abad a FM De la Calle.

Durante el encuentro detectaron que la reproducción de la lógica patriarcal que impera en la sociedad en diferentes niveles también lo hace en los vínculos laborales y personales que se generan en el seno y en torno a su actividad.

Reconocieron tres niveles: la distribución de roles, el ejercicio del poder y las exigencias diferenciales.

En el primer caso, advirtieron “la influencia de la asignación previa de roles o la división implícita de los mismos en función del género como una expresión permanente de micromachismos que existen en el imaginario colectivo y nos atraviesan”.

“Vemos con preocupación la asunción tácita de que las mujeres estamos ‘prediseñadas’ para la ejecución de determinados instrumentos, de ciertas tareas y no de otros/as, ya que muchas veces eso no se condice solamente con la vocación (aunque pueda coincidir con ella), sino que también se ve influenciado por patrones de comportamiento y educación que reproducen esos condicionantes”.

En cuanto al ejercicio del poder, destacaron que “en muchos espacios prima el machismo y en los que menos, se sufren situaciones que tienen esa impronta. Existen espacios en el sector independiente donde la discrecionalidad en las remuneraciones permiten que exista una diferencia en perjuicio de las mujeres”.

Por otra parte, verificaron situaciones de acoso, de violencia verbal y/o física, muchas veces naturalizadas o justificadas. El análisis no estuvo exento de autocrítica y llevó a las músicas a visibilizar los micromachismos que las atraviesan y a “luchar permanentemente contra el peligro de reproducción”.

“En nuestro rol como profesoras, también percibimos permanentemente situaciones donde las mujeres ven condicionado su futuro, especialmente a través de las imposiciones machistas de padres, madres, docentes, respecto a los gustos y elecciones de instrumentos (aquí también inciden otras imposiciones como las socioeconómicas, que no podemos soslayar), de las posibilidades de acceso al estudio musical, las presiones asociadas al género que incrementan las exigencias en el caso de las mujeres”, agregaron.

Si querés conocer la agenda que debatirá la asamblea extraordinaria del sábado ingresá aquí.

Si no entregan un listado con los datos personales de quienes toman la merienda los domingos, el Municipio no entrega los víveres.  Así lo manifestó Chelo Pereira, integrante de la murga “Portadores de Alegría” que funciona en la Capilla San Dionisio del Bajo Rondeau.

“El domingo tuve la oportunidad de hablar con otra gente de la murga y muchos me dicen que no quieren figurar en ningún listado. Suponemos que con eso nos van a dar una ración limitada para la cantidad de gente que tengamos”, comentó Pereira en diálogo con FM De la Calle.


Como miembro de la Asociación de Murgas participó de las asambleas abierta sobre el recorte en las políticas públicas que organizaron el Consejo Local de Niñez y asesorxs del Consejo Cultural Consultivo. “Mucha gente nos planteaba que desde la municipalidad le están pidiendo esto”, agregó.

Pereira comentó que desde Políticas Sociales “estaban planteando que había gente que iba un domingo a un comedor y en la semana iba a otro, como si eso fuera un pecado. Que locura que los pibes y los grandes, porque no es una cuestión de minoridad, vayan a otros comedores que hay en el barrio”.

Por otra parte, el recorte comenzó en el verano cuando el Instituto Cultural decidió restar apoyo económico a los corsos de la ciudad. La consecuencia fue el “Carnaval del Desguace”.

“A partir del año pasado empezamos a sufrir recortes en la cultura. Inmediatamente en  las murgas se notó la desidia de la Secretaría de Cultura en cuanto a que nos dejaron de atender el teléfono. Nos costó muchísimo hacer los corsos y  se nos sacó el feriado de carnaval”, contó Pereira.

Por último, destacó  que la situación social en el barrio  “está muy difícil, hay recortes en todos lados, uno lo ve en la unidad sanitaria, en mucha gente que antes tenía algún tipo de ayuda y hoy no le alcanza. Cada vez hay más gente que tiene más necesidades.

El martes pasado se realizó una audiencia pública para analizar un proyecto de ordenanza referido a la autorización por excepción de tenencia de inmuebles lindantes al Balneario Maldonado para el desarrollo de las actividades de “Speedway y Motocross”.

El biólogo Pablo Petracci, el abogado Lucas Beier y el activista David Bustos, todos usuarios del estuario, visitaron FM De la Calle y comentaron la audiencia que reunió una mayoría de exposiciones contrarias a la propuesta oficial.

“Esto empieza en noviembre de 2017, que es cuando empiezan las obras. Ahí se empezó a cercar un espacio público, lo que es de una gravedad tremenda. Cerrar deliberadamente sin haber pasado por un proceso administrativo, sin haber sido presentado, sin haber sido aprobado, por lo menos en ese entonces, el estudio de impacto ambiental que después fue paupérrimo”, dijo Petracci.

El encuentro contó con la presentación de la iniciativa de los clubes y los informes de la subsecretaria de Gestión Adriana Chanampa y de Luis Pites, subsecretario de Planificación y Desarrollo Urbano.

Petracci afirmó que “más de un 70% de los presentes se pronunció en contra con argumentos técnicos, no bajo razonamientos emocionales que es lo que argumentan los clubes. Yo los entiendo en cierta forma porque ellos necesitan un lugar. Ninguno de los que estamos preocupados por el desarrollo de esa zona iría en contra de la actividad deportiva, todo lo contrario. Entendemos que los han ido moviendo por distintas partes de la ciudad pero es una actividad que genera impacto en la salud humana y en la biodiversidad, no por nada los han ido moviendo”.

La firma del estudio de impacto ambiental por una profesional sin permiso vigente, la actitud del Municipio de levantar de su página web información vinculada a la reserva y a los compromisos internacionales asumidos para su preservación son otras de las irregularidades que plantean los defensores del estuario.

Destacan además que se afectará a un sector que “generalmente no tiene voz”. Si vos caminás por Villa Caracol sin bandera política, sin micrófono y sin cámara, la gente te va a decir que no está de acuerdo con el proyecto. Si hacés lo mismo con la gente que va a Maldonado, te van a decir lo mismo. Las pistas se pueden mover, el estuario no”, afirmó Petracci.

Según Lucas Beier, las autoridades de los clubes de motos pretendían desprestigiar “a la gente que defendía la zona” y “eso es lo que ocurre normalmente cuando uno alza la voz para defender el medioambiente, lo desprestigian y casi en forma peyorativa te dicen ambientalista”.

“Considero que deberíamos todos, incluidos los políticos, tener una visión ambientalista, de proteger los lugares que después será muy difícil de recuperar. Las personas en general consideran que el daño ambiental es lo que ocurre en forma inmediata, ejemplo; hay un derrame de petróleo, hay un daño ambiental; talaron la selva, hay daño ambiental; ahora lo que pasa en forma paulatina y que las consecuencias las vamos a notar dentro de 10, 20 o 50 años, eso no lo consideran daño ambiental y el que defiende eso es un fanático sin argumentos”.

Entre el medio centenar de expositoras/es inscriptos se encontraban representantes del Colegio de Arquitectos y del de Ingenieros, concejales, entidades ambientalistas, profesionales de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Tecnológica Nacional y personas vinculas a las motos.

David Bustos precisó que “necesitamos tener posturas más a largo plazo, porque los que vivimos en Bahía Blanca respiramos su aire, hacemos recreación en sus espacios verdes. Creo que a partir de esta audiencia pública no solamente se ve las fallas del estudio de impacto, también se ve la falla política de enemistar a la sociedad civil que hace el trabajo del Estado gratuitamente”.

Uno de los argumentos de quienes impulsan el proyecto de las pistas es que esta iniciativa podría impulsar la actividad económica y ofrecer nuevos puestos de trabajo. Al respecto, Petracci aseveró que “hoy las economías están tendiendo a las economías de servicios. Están tendiendo justamente al aprovechamiento de la naturaleza en forma respetuosa y está comprobado que se generan más y mayor diversidad de puestos de trabajo; si tuviéramos la capacidad de desarrollar una buena propuesta eco-turística donde se empiecen a desarrollar proyectos de emprendedorismo, operadores de remo, de vela, guía de observación de aves, donde se inserten los profesionales que salen de las carreras de turismo”.

“Tenemos la oportunidad de revertir esto, estamos a tiempo que esto no se haga, no creamos que esto está cocinado, porque también nos vendieron eso con el proyecto del dragado. Acá hay todavía muchas instancias, hay que esperar la votación y luego hay instancias legales que se pueden recurrir una vez que los concejales también hagan su voto”.

“Si bien Argentina se había apartado durante varios años de sus leales socios y amigos, hemos regresado al camino del que no debimos alejarnos”,  dijo el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, cuando recibió a James “Perro rabioso”  Mattis, jefe del Pentágono, en el marco de una serie de visitas que el militar estadounidense realizó en Latinoamérica.

“Las relaciones de Estados Unidos con América del Sur son fundamentales para conseguir que el hemisferio occidental sea un lugar de colaboración, próspero y seguro”, aseguraba parte del comunicado de la comitiva de Mattis.

Sin embargo para Leandro Morgenfeld, profesor de la UBA e investigador del CONICET, estas iniciativas diplomáticas “ratifican la política del gobierno de Macri de subordinar toda la política exterior a los intereses de EEUU en todos los órdenes, no solo en el económico financiero y político, sino también en el orden militar. Esta gira de Mattis tiene que ver con dos cosas fundamentalmente: primero con seguir intentando juntar apoyo regional para desencadenar una posible acción militar contra el gobierno venezolano y segundo, como han dicho explícitamente, tratar de contener la creciente presencia de China”.

Morgenfeld destacó en FM De la Calle la gravedad de la dimensión militar del conflicto de intereses entre EE.UU. y China.  “En los últimos años Estados Unidos desplegó una red de bases militares de nuevo tipo por toda la región y desarrolló ahora un centro de operaciones de emergencia, un COE, que es una suerte de mini base en Neuquén, muy cerca del aeropuerto, para contrarrestar la base que China está desplegando también ahí; ellos dicen que es una base científica, que es para prevenir catástrofes naturales, humanitarias, pero ese es el eufemismo que tienen los nuevos tipos de base que EE.UU. quiere sembrar por todo el mundo”. Además el miembro del CONICET, afirmó que este país potencia viene presionando en toda América Latina para limitar “la frontera tan bien trazada en la Argentina entre seguridad y defensa. Es muy grave porque vuelve a posicionar a la Argentina en una línea de subordinación directa con EE.UU.”.

“Lo otro que es preocupante es que EE.UU. ofrece una colaboración militar para la cumbre presidencial del G2O que se va a hacer por primera vez en América del Sur el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Van a estar Donald Trump y los mandatarios de los principales países del mundo en la Argentina durante esos dos días y como ocurre históricamente va haber enormes movilizaciones de repudio a la agenda del G20”. En este sentido, Morgenfeld, adelantó las acciones que se llevarán adelante el 31 de agosto y el 1 de septiembre, cuando comenzarán los encuentros nacionales e internacionales preparatorios de  la Semana de Acción Global NO al G20.

“Nos parece muy importante discutir las agendas alternativas a las agendas que quieren imponer las potencias  del G20 y el gobierno de Macri; porque la injerencia de EEUU, con sus bases de nuevo tipo, buscan controlar los recursos naturales,  hacer inteligencia interna para amenazar a los gobiernos democráticos y para tener una posibilidad de intervención rápida ante cualquier cosa que ellos imaginen que afecta su seguridad nacional. Le quieren poner un freno a lo que ellos consideran su patio trasero, su área de exclusiva influencia y evitar que la región pueda primero avanzar con la estrategia de coordinación política como lo venían haciendo a través de la UNASUR, de la CELAC, del MERCOSUR ampliado y romper esos órganos de integración regional para volver a posicionar a la OEA y volver a posicionar a EE.UU. como un poder militar sin ningún tipo de resistencia en la región. Y lamentablemente el gobierno de Macri, como en otros aspectos, es absolutamente funcional a esta lógica”, finalizó Morgenfeld.

Ayer en la ciudad de La Plata, trabajadores del Astillero Río Santiago fueron brutalmente reprimidos con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma por efectivos de la Policía Bonaerense, mientras reclamaban por la paralización de la empresa.

El secretario general de ATE y CTA Autónoma de la provincia, Oscar de Isasi, dijo a FM De la Calle que “a los diez minutos que nosotros llegamos a la Casa de Gobierno, acá había un despliegue de casi mil policías que se disponían como un ejército ganando lugares, con armas específicas, con motos y demás, que hace pensar que esto fue una cuestión que ya se estaba pensado y desarrollando. Y por otra parte, quien es el máximo responsable de esta situación de tensión es Mauricio Macri”.

Respecto al funcionamiento de astillero, de Isasi sostuvo que está “plenamente produciendo, construyendo embarcaciones tan necesarias para la marina mercante, para la marina de guerra, para la flota pesquera y por supuesto para recuperar la capacidad de exportar embarcaciones, porque en el astillero tenemos mano de obra altamente calificada. En el astillero se hizo la Fragata Libertad, o sea no es el barco del país de los niños como dijo Lanata”.

Asimismo aseguró que “no hay inversiones” y que “nosotros tenemos embarcaciones por terminar que fueron contratadas a Venezuela, que al no terminarlas en tiempo y forma, la provincia va a tener que pagar los juicios que haga Venezuela. Por lo tanto le va a salir más caro”.

El Observatorio Geopolítico en la Energía y Soberanía (GENSUR) realizó un informe sobre la cuestión energética en Argentina y consideró los reacomodamientos en la región, que hacen del tema un asunto de política internacional y establecen una geopolítica de la energía que concatena todas las variantes ejercidas por los países centrales sobre nuestros bienes energéticos.

Ramón Gómez Mederos, integrante del GENSUR, dijo a FM De la Calle que “la energía en América Latina en general, no está siendo vista como un derecho humano y como un bien social. No es un solamente slogan o una apreciación filosófica sobre lo que debe ser la energía sino que, precisamente, la energía hoy por hoy es un elemento importante a la hora del desarrollo, no solamente de lo que tiene que ver con la transformación de la materia prima, sino que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades”.

Consultado respecto a la importación y exportación de combustibles en nuestro país por parte de empresas que priorizan, en muchos casos, la comercialización por sobre la producción comentó que “extranjerizar la economía energética no significa solamente importar combustibles, sino que significa importar excedente de petróleo y no ponerlo en las plantas que refinan el petróleo. Acá hay un punto importante porque, a finales de 2015 se importaba de tres países inclusive de la región, hoy se importa de 14 países y los que están a la cabeza en Argentina es Trafigura y Shell, precisamente las empresas que tienen que ver con el gobierno de Macri”.

En cuanto a las expectativas gubernamentales sobre una baja en las tarifas a partir de la explotación de Vaca Muerta  explicó que “es muy simple, nosotros importábamos gas de Bolivia de seis dólares. Con el negocio de la importación de combustible del gobierno de Macri, se empezó importar desde Chile, que en realidad es una importación de GNL que Chile trae del exterior, lo regasifica y lo vende a Argentina por el doble de lo que se lo compra a Bolivia. O sea, el esquema es regional”.

Un grupo de militantes que conforman la Multisectorial 21F fueron amedrentados mientras viajaban al lanzamiento a nivel nacional de dicha organización.

Desde este espacio, emitieron un comunicado en el cual destacan la impunidad con la actuaron integrantes de las fuerzas de seguridad. Allí relatan que “mientras almorzaban en una estación de servicio de Saladillo fueron demorados por policías que lisa y llanamente los acusaron de robar “algo” del interior de un automóvil Chevrolet Cruze blanco. El vehículo en cuestión pertenece, oh casualidad, al Ministerio de Justicia de la Nación”.

“Los efectivos policiales revisaron la combi de la delegación y a ningún otro de los tantos vehículos que había en el lugar, ni demoraron a ninguna de las demás personas que allí se encontraban. Revisadas las cámaras de seguridad de la estación de servicio y comprobándose lo evidente (que nadie sacó nada del auto blanco), la delegación fue autorizada a continuar el viaje”. Algo similar ocurrió también con la delegación que viajaba desde la provincia del Corrientes, quienes fueron demorados por efectivos de Gerdarmería.

El delegado de la Asociación Argentina de Actores a nivel local e integrante de dicha organización, Ángel Dantagnan, se refirió en FM De la Calle sobre este episodio y además destacó lo que fue el acto celebrado ayer en la cancha de Atlanta: “La parte interesante y lo que debería trascender es un movimiento muy interesante, muy variado. Movilizado sí, por camioneros, pero también por las dos CTA, que son los impulsores de este movimiento 21F con Yasky y Micheli a la cabeza y se han ido sumando gremios y movimientos sociales”, aseguró.

“De acá de Bahía pudieron asistir: APOPS, SUTEBA Celeste, La René Salamanca, La Norma Plá, nosotros desde Actores, el gremio de seguridad privada y camioneros. Y después de todo el país es muy variado y con un objetivo claro de pararse frente a estas políticas neoliberales de avallasamiento de derechos de los trabajadores. Los oradores fueron muy breves y Gustavo Vera, que es de La Alameda y quien también estuvo recorriendo el país, tuvo un discurso muy interesante donde se planteó un plan de lucha, con movilización de acá a noviembre cuando se armé la reunión del G-20. La idea es que el G-20 encuentre a todas las agrupaciones pertenecientes al 21F en la calle, para decirles que no nos interesan este tipo de políticas que quieren implementar y que está llevando adelante este gobierno”, manifestó.

Consultado sobre cómo se empiezan a articular los debates de la Multisectorial en nuestra ciudad, Dantagnan explicó que “está abierto a quién se quiera sumar y empezar a hacer alguna otra acción concreta de movilización en la calle, para acompañar las luchas locales de cada uno y pensando en que en algún momento la conducción, sea el partido que toque gobernar, esté atravesada directamente por los trabajadores”.

“Es interesante, es difícil, la unidad siempre es difícil pero es un camino. Lo interesante es que es muy variado y que da una esperanza para plantarse a este tipo de políticas que se llevan puesto los derechos que se han conseguido a lo largo de tantos y tantos años de lucha”, enfatizó.