(Por Alejandro Olmos Gaona) Es suficientemente conocida la relación que tuvo la Argentina con los organismos internacionales de crédito. Hay que estar viviendo en una dimensión distinta de la realidad para dudar de la complicidad operativa de los organismos multilaterales (FMI, BM y BID) con los grandes grupos financieros internacionales. El Plan Brady es un ejemplo de cómo colaboraron para salvar a los bancos, y liberarlos de créditos presumiblemente incobrables, articulando toda una estructura que fue impuesta en casi todos los países de Latinoamérica, a principios de la década del 90, mediante la cual además de incrementar el endeudamiento externo, permitieron comprar empresas públicos a precios irrisorios, lo que determinó en la Argentina, un desguace integral del Estado.
Aunque, este organismo multilateral, es solo en apariencia una institución que se dedica a la cooperación monetaria, en realidad tiene una estructura y un poder mucho mayor aún que un estado soberano. Si bien el FMI no tiene regulada ni establecida ninguna responsabilidad internacional por las acciones que realiza, es el que decide y consolida espacios de poder a través de la maniobrabilidad del dinero recaudado en los estados tributarios del sistema, generando un esquema plutocrático sin ninguna bandera ni frontera específica, que ha manejado los esquemas económicos del mundo entero, mediante la eufemística justificación de la existencia de un mundo globalizado, donde la interdependencia de los estados hace posible el funcionamiento de estos mecanismos de control. Si se recorre el documento donde está establecido su funcionamiento, se podrá ver que goza de todo tipo de inmunidades, aún respecto de la acción que puedan ejecutar gobiernos que eventualmente se sientan damnificados por alguna decisión de su directiva.
El resultado de la aplicación de estos programas de ajuste determinó durante la década del 90 el notable deterioro de nuestra calidad de vida, que se vio involucrada en medio de un sistema en el cual los indicadores de crecimiento de la productividad, la generación de empleo y los índices económicos en general mostraron una abrupta e indetenible caída. El sueldo real de los trabajadores disminuyó, al producirse recortes de salarios, mientras se flexibilizó la legislación laboral para permitir que el empresariado nacional y extranjero manejara discrecionalmente el empleo, sin limitaciones de carácter legal que pudieran encarecer lo que ellos llamaban sus costos de producción. Se redujeron los servicios sanitarios y educativos; reaparecieron con más fuerza las llamadas enfermedades de la pobreza (dengue, paludismo, cólera, etc) y aumentaron los precios de los servicios básicos (luz, agua, teléfono, combustibles, gas) debido a los procesos de privatización. Hubo una apreciable transferencia de recursos a la economía informal, como consecuencia de los despidos o en razón de la falta de puestos de trabajo, lo que determinó un auge exponencial del cuentapropismo. Creció la desocupación, la subocupación y los contratos laborales “basura”.
Pareciera que, pasan los años, y se repiten los mismos esquemas de auxilio financiero, ante crisis repetidas, y discursos mentirosos de una transparencia que no existe. El presidente Macri, dijo hoy que siempre habla con la verdad, pero la realidad que puede observarse muestra que su discurso resulta insostenible. La recurrencia al FMI, es un salvataje, porque las reservas del Banco Central están comprometidas, y la llamada “prevención” del auxilio financiero, no es tal, sino contar con dólares que ya no pueden obtenerse de los grandes bancos, cuyas ganancias han crecido exponencialmente y lo siguen haciendo
Los datos de la realidad son preocupantes:
En el presupuesto 2018 hay vencimientos por 1.284.400 millones de pesos y se contempla emitir nueva deuda por 2.180.700 millones, lo que significa un endeudamiento nuevo equivalente a 46.200 millones de dólares.
La deuda creció en el año 2016 34.500 millones de dólares, 38.200 en el 2017 y sumada la nueva deuda prevista en el Presupuesto el endeudamiento neto llegaría a los 119.000 en tres años. La dictadura en 7 años, elevó la deuda de 8.000 a 45.000 millones de dólares, que actualizados estarían en el orden de los 70.000 millones.
Colocar la deuda prevista este año 2.180.700 millones de pesos (113.000 millones de dólares) significa un promedio 6.000 millones de pesos por día y 250 millones de pesos por hora.
A diferencia del capital refinanciado, los intereses se pagan y son parte muy importante del gasto público, y lo que no se puede pagar se capitaliza por anatocismo. El año pasado estaba previsto pagar 247.600 millones de pesos, pero la cifra se elevó a 320.000 millones de pesos. En el presupuesto 2018 se prevé pagar 406.500 millones de pesos, lo que significa casi 21.000 millones de dólares solamente de intereses.
El pago de los intereses de la deuda es el que tiene mayor ritmo de aumento interanual 28.0% en el 2018 contra un promedio del gasto público primario (sin contar los intereses de la deuda) del 16% del 2017
El pago por intereses constituye el 14% del gasto público total, pero representa el 28.3% del gasto de la Administración Central.-
Las corridas de los últimos días se produce pocos días antes del mega-vencimiento de Lebac a renovar por el BCRA el Martes 15.5 por 680.000 M$ (Millones de Pesos), que representan el 55 % del stock total de estas letras (1.3 B$-Billones de Pesos). No está demás apuntar que ante la suba de la tasa de política monetaria, vamos a tener que pagar más de 400.000 millones de pesos de intereses de las Lebac durante el 2018.
La Política institucional de compra de Reservas con Deuda Pública – la deuda cuasi-fiscal del BCRA por Lebac – que fue utilizada en gran escala por la administración Kirchner y que ahora ha sido potenciada hasta límites inmanejables por la nueva administración se ha convertido así en el agujero negro de las finanzas del Estado Argentino, con consecuencias difíciles de dimensionar y que pueden llevar nuevamente a la Nación a una crisis de la deuda, al no poder afrontar sus obligaciones.
Los 30.000 millones de dólares, que posiblemente aportaría el FMI, es casi lo mismo que las Lebac que vencen el martes 15, y veremos que ocurre con su refinanciación.
Pareciera una constante de la dirigencia política actual y la de anteriores gobiernos, ocultar al pueblo lo que negocian en secreto, aunque después las consecuencias de lo que acuerdan deban ser asumidas por toda la comunidad. A esto se suma la hipocresía de referentes del gobierno anterior, que se han olvidado de lo que acordaron con los organismos internacionales, mientras pronunciaban encendidos discursos criticando sus acciones.
Dos ejemplos puntuales: 1.- El 31 de agosto del año 2011, la ex presidente Cristina Kirchner, solicitó al Congreso autorización para capitalizar al BID en 7525 millones de dólares, los que serían pagados en cinco cuotas diciendo que el BID tenía entre sus metas “el logro de una mayor equidad social y la reducción de la pobreza en los países de menor desarrollo de América latina y el Caribe y, asimismo mediante el fortalecimiento de las operaciones de cooperación técnica y productos no financieros a países, reforzar sus estructuras institucionales” La necesidad de esa capitalización, tuvo origen en una serie de operaciones del BID, que le significaron importantes pérdidas debido a inversiones especulativas en hipotecas subprime., y su capital operativo disminuyó considerablemente. 2.- El 21 de febrero de 2013, Cristina Kirchner volvió a solicitar la autorización del Congreso para elevar la cuota de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional en Derechos Especiales de Giro (DEG) en 3.187 millones, eso determinó que la Argentina debió pagar el equivalente a 1600 millones de dólares en DEG para esa capitalización de la cuota de la Argentina. En ese proyecto la Sra. de Kirchner decía que el FMI tiene entre sus objetivos “ fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos y poner a disposición de los países miembros con dificultades de balance pagos los recursos de la institución”
Un dato importante, que generalmente se soslaya, es que este descomunal endeudamiento, es de responsabilidad compartida entre el gobierno y la mayor parte de la oposición que votó favorablemente las leyes de presupuesto del 2016 hasta hoy, incluida la ley de pago a los buitres.
Como siempre lo he sostenido, una es la retórica declamatoria de los gobiernos que dicen una cosa y hacen otra, lo que se contrapone con los datos que surgen de lo que finalmente se acuerda y nadie se entera, como pasó con el acuerdo firmado con el Club de París por el ex ministro Kicillof, que reconoció una deuda que en un 60% era de la dictadura militar para compra de armamentos e importaciones no declaradas. En estos temas, nadie puede tirar la primera piedra, porque todos han sido parte del reconocimiento de una deuda fraudulenta que NINGÚN GOBIERNO QUISO INVESTIGAR, y seguimos pagando las consecuencias.
En el último informe del FMI, se deslizaron los ajustes que debía hacer el gobierno, ahora se van a ejecutar férreamente. Ya observaremos las consecuencias que pagaremos todos los argentinos, excepto el sector privilegiado que gobierno, cuyos fondos están debidamente protegidos en el exterior.
