Los asambleístas Miguel Ángel González y Miguel Argentino Pérez, fueron sometidos hoy y hasta el viernes a la etapa de juicio oral por la muerte del motociclista Walter Maulucci en Arroyo Verde. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, se movilizó hasta la Cámara Federal de Paraná, para protestar ante el comienzo del debate por el cual se acusa a los dos vecinos por “homicidio culposo”.

Norma González es una de las asambleístas que se acercó hasta Paraná y en diálogo con FM de la Calle recordó los hechos que derivaron en esta instancia judicial. “Una noche antes de la marcha que hacemos todos los años en el mes de abril como protesta por la pastera, venía un señor del Uruguay en moto. Le pidieron por favor que no siguiera porque había una niebla cerrada y que fuera despacio. El señor no hizo caso. Cuando llegó al puesto de Gendarmería los gendarmes también le pidieron que no siguiera. El señor tampoco hizo caso. Cuando llegó a la altura de Arroyo Verde los que tenían que correr un acoplado habían dejado una pequeña punta hacia el costado de la ruta. Este señor, como no veía nada, se lo llevó por encima y se mató”.

Respecto de los imputados, González explicó que “esa noche en Arroyo Verde había más o menos 200 personas, colegios que estaban acampando, policías, un puesto de gendarmería. Uno de los señores que está enjuiciado hacía un ratito que había llegado. El otro estaba durmiendo en la casilla. Fueron enjuiciados injustamente, simplemente por el hecho de estar ahí”.

Foto: noalaspapeleras.com.ar

Durante el día de ayer la Comisión de Usuarios Testigo emitió un comunicado donde expresa que “hace varios meses estamos reclamando ante el Sr. Saschrgorodsky (gerente de SAPEM) y el Sr. Frappichini (director de Tránsito y Transporte) por los cambios de recorrido producidos en las líneas 505, 509 y 519A, y por la precaria e irregular situación en la que se encuentra la línea 520 (que une a Bahía Blanca con Cabildo)”.

Según dijo a FM de la Calle Mariana Guatta, integrante de la organización, durante la mañana de hoy “entregaron copias del comunicado” en el Honorable Concejo Deliberante.

La vecina afirmó que “el municipio no hace las cosas como las tiene que hacer. Se supone que el colectivo está para acercar a la gente, no para alejarla”.

A su vez, respecto del mal estado de las calles por las que se modifican recorridos, Guatta dijo que hay lugares donde “hace 6 meses los vecinos vienen pidiendo que pasen la máquina, las calles no tienen mantenimiento”.

 

Por su parte, Adrián Saschrgorodsky (Gerente de Bahía Transporte SAPEM) expresó la mirada oficial respecto de los cuestionamientos. Según dijo hoy en el programa En Eso Estamos de nuestra emisora, “lo que tienen que tener muy claro los usuarios testigos es que todo cambio tiene un fundamento. Cuando se modifica un recorrido porque hay una calle en mal estado, lo que se está priorizando es darle continuidad el servicio”.

Además, el funcionario expresó que “cuando se busca optimizar un recorrido, donde acercarle el servicio de un grupo de pasajeros implica acercárselo a otros. Es una cuestión de solidaridad y equidad. En esto que es de naturaleza hay que priorizar el interés general sobre el particular”.

Aquí dejamos el detalle de las críticas expresadas por la Comisión.

Línea 505: Por el mal estado de las calles Chaco (entre el 600 y el 700) y Patricios (entre el 1600 y el 1800) dejó de transitar el colectivo por estas arterias y lo hace por Juan Molina hasta Catamarca, alejando aún más a los vecinos del sector que no tienen otra línea que pase por esos barrios.

Línea 509: Ante un pedido vecinal se planteó la posibilidad de acercar a los usuarios a la UNS para que en vez de pasar por Mitre lo hiciera por Alem o Zapiola, pero en vez de ello ahora el colectivo pasa por Estomba hasta el centro perjudicando así a los vecinos en vez de beneficiarlos, y además dejó de pasar por Gral. Alvear y Sarmiento perjudicando a los chicos que van a la escuela primaria nº 39 (que ahora tienen que caminar 7 cuadras para llegar y encima deben cruzar Sarmiento, que a esa altura es doble mano y muy peligrosa para los niños), sin mencionar que también se ven perjudicadas las personas que trabajan en el sector. Por otra parte los vecinos de los barrios La Falda y Bella Vista han juntado firmas para que restituyan el servicio, pero hasta ahora siguen esperando.

Línea 519A: Otra vez se vuelve a modificar el recorrido que realiza el colectivo en el Bº Mara por el mal estado de las calles, en vez de ir por Malvinas hasta Biggio lo hace hasta Esquiú, alejando así a los vecinos del Bº Los Álamos y aledaños de la única línea que los lleva hasta la Escuela de Agricultura y alrededores (tienen que caminar 8 cuadras o más para poder tomarse el colectivo). Tampoco está circulando con regularidad el rondín de V. Bordeu y Los Chañares por el mismo motivo provocando que los vecinos del sector tengan que caminar hasta la ruta, con los riesgos que ello implica, para poder tomar el colectivo.

Línea 520: Desde el año pasado los vecinos de Cabildo vienen pidiendo que se regularice la situación precaria de esta línea ya que no existe ninguna norma que establezca el servicio que une Bahía Blanca-Cabildo y que la actual empresa les cobra a los usuarios lo que mejor le parece, viajando en coches que no son aptos, sin un recorrido establecido y con horarios que no se cumplen; esta situación se hace insostenible para nuestros vecinos.

El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, afirmó que “pareciera como una confabulación , una especie de conjura de sectores de poder judicial, de impedir el avance de las causas”. Lo hizo en referencia a la declaración de ilegalidad por parte del juez federal subrogante, Santiago Ulpiano Martínez.

Sobre los argumentos del juez, Auat dijo que “no es fácil comprender el hecho de que es válido todo lo actuado pero ilegal la designación, hay una cosa bastante complicada para comprender incluso a la luz de cualquier parámetro del derecho. Es decir, pone en crisis la habilitación para actuar pero legitima lo actuado. ¿Cómo se entiende eso? Si para actuar yo tengo que tener una habilitación legal, y si actué ilegalmente no sé cómo pueden validar lo que hice. Es decir, hay una cosa bastante curiosa”.

Respecto de la resistencia de amplios sectores judiciales a avanzar con estas causas por delitos contra la Humanidad, el titular de la Procuraduría explicó que “hay una cuestión que a mí me llama la atención. El presidente de la Corte ha dicho que esto es política de Estado. Y si esto es así me parece que toda la agencia judicial debería alinearse a ese objetivo, que es política de Estado y que hay que avanzar en las causas. Cualquier martingala procesal que impida el avance debe ser rechazada”.

Finalmente, Auat describió la actitud corporativa que “que nosotros venimos observando. No es fácil avanzar con los civiles y mucho menos con los grupos económicos del poder real. La propia corporación se defiende. Esto era previsible”.

Foto: fiscales.gob.ar

El asesor legal del gremio de aceiteros (F.T.C.I.O.D y A.R.A.), Carlos Zamboni, afirmó que, luego de las negociaciones ef ectuadas ayer en audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, se encuentran “lejos de acordar el aumento para este año”.

Se fijó una nueva audiencia para el jueves. Sobre esa cita, el dirigente calificó de “positiva” la posibilidad “de sentarse en forma directa con las empresas en un conflicto que ya lleva más de 15 días”.

El porcentaje ofrecido por las patronales es “del 23 o 24% y no se mueven de ahí”. Respecto de esa actitud empresarial, Zamboni expresó que “me da la sensación de que (las empresas) encuentran respaldo en algunas decisiones del Poder Ejecutivo Nacional que están en todos los diarios. Por ejemplo, ayer la presidenta clausuró la posibilidad de un acuerdo en la paritaria de la UOM”.

La Federación sindical cree que la situación “podría cambiar en los próximos días, no por el gobierno sino porque el conflicto ya lleva muchos días y está haciendo daño a las empresas”.

Los trabajadores del rubro exigen aumentos basados en las ganancias de las empresas y en los estudios realizados sobre las necesidades básicas de cada familia obrera.

“Ustedes conocen muy bien en Bahía Blanca lo que mueven estas empresas agro exportadoras y la rentabilidad que tienen. Los costos laborales son realmente irrisorios en este tipo de empresas. Por ello no se entiende por qué no hay un aumento”, afirmó el dirigente.

Finalmente, cuestionó el mecanismo oficial de aumentar salarios con el criterio de porcentajes. “En esta locura del porcentaje, queda de lado lo que necesita una familia para vivir. Nosotros lo calculamos en $ 14 931 para un trabajador inicial. Esto, al hablar de porcentaje, queda de lado. Porque en algunos salarios de miseria por más que le aplique el 40 por ciento van a seguir siendo salarios de miseria. Lo otro que no se discute es la tasa de ganancia de los empresarios, en el marco de esta locura del porcentaje”.

En Bahía Blanca se levantaron los cortes pero el paro nacional sigue, involucrando a más de cuarenta fábricas de todo el país.

Hoy se desarrollará la cuarta edición de Bahía Originaria. Se trata de un espacio de reflexión sobre la hist oria, el presente y las culturas originarias de nuestro territorio convocado por la organización Kumelen Newen Mapu y FM De la Calle.

La actividad se realiza en el marco del 156 aniversario de la masacre del 19 de mayo de 1859, cuando más de 200 mapuches, ranqueles y tehuelches fueron asesinados e incendiados por días en la plaza central del Fuerte Argentino.

A las 20 hs en Alem 1253 participará del encuentro Félix Díaz, qarashé qom de la Comunidad Potae Napocna Navogoh La Primavera de Formosa, quien visitó la FM de la Calle durante esta mañana y dialogó con Mauro Llaneza sobre las problemáticas de los pueblos originarios en la actualidad, que intentan visibilizar a través del acampe que mantienen desde hace tres meses en la Avenida 9 de Julio de Capital Federal.

 

Santiago Ulpiano Martínez, juez federal subrogante, declaró ilegal la resolución de la Procuración General de la Nación que en 20 13 designó como fiscales federales ad hoc a José Nebbia y Miguel Palazzani.

En diálogo con Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos de la FM de la Calle, Nebbia afirmó que “es parte de una maniobra que venimos denunciando desde el año pasado. Un hito más en esa avanzada que están llevando adelante”.

El funcionario recordó que el juez (Ulpiano Martínez) “ha sido denunciado por su actuación y por su situación irregular frente a un juzgado, cuando hay una jueza titular en la jurisdicción”

Respecto de la ilegalidad resuelta por Martínez, Nebbia explicó que “el Tribunal Oral que está juzgando en Bahía Blanca en dos oportunidades distintas rechazó esa situación. Básicamente porque tanto la defensa como el juez citan una resolución adoptada por la Corte Suprema en 2013 respecto de una fiscal que estaba subrogando ante la Corte. Nosotros señalamos que no es así en nuestro caso porque nosotros aquí no estamos como subrogantes, nosotros estamos como ad
hoc”.

Las instancias administrativas por las que seguirá el trámite serán la Cámara Federal y el Concejo de la Magistratura. Mientras no se diriman las posiciones, los fiscales impugnados por Martínez seguirán con su labor normalmente.

El funcionario también recordó que “Martínez tiene un antecedente respecto del fiscal Córdoba cuando se le planteó la nulidad de su designación. La Cámara (Federal) rechazó ese planteo. Tendrá que buscar nuevos argumentos. Y luego el Concejo de la Magistratura deberá intervenir no ya jurídicamente sino por lo que está sucediendo laboralmente”.

Un grupo de trabajadores y trabajadoras de la cultura movilizaron hoy hacia las oficinas del Instituto Cultural par a hacer entrega de una nota a su directora, Marcela Saínz. El documento contiene los reclamos resueltos por asamblea el día sábado dos de mayo, cuando los delegados Omar Chouvié, Nicolás Fernández Vicente y las delegadas Belén Lopez y Ana Montaner de las áreas artísticas del Consejo Consultivo debatieron junto a sus asesores y artistas que desempeñan su labor en artes escénicas, música, artes visuales y literatura.

El texto entregado expresa que “no encontramos respuestas a nuestras necesidades por parte del Inst. Cultural respecto de las partidas del presupuesto destinadas a la producción artística, ya que la mayoría de los proyectos están siendo absorbidos por el Fondo Municipal de las Artes, cuyo monto es mínimo si consideramos el presupuesto general del ICBB, situación que provoca que cada año queden proyectos sin recibir financiación de ningún tipo. Asimismo, existe una serie de omisiones administrativas que lejos de expresar exclusivamente un problema burocrático, constituyen una expresa falta de voluntad política en términos del respeto al lugar que ocupa el Consejo Consultivo”.

Hoy a las 10 de la mañana tenían cita los y las miembros del Consejo Consultivo. Minutos después de las 11 fueron recibidos, junto a un grupo de artistas que acompañaron el reclamo, en la oficina que ocupa la dirección del Instituto.

Luego de dar ingreso administrativo de la nota, Sainz se comprometió a elaborar los informes que pide la nota, así como cumplir con algunos de los reclamos allí planteados, quedando el diálogo abierto para una próxima reunión.

Durante una conferencia de prensa ofrecida minutos antes de entregar el documento, registramos las declaraciones de los consejeros y consejeras.



Los reclamos expresados en la nota son:


1ª Cumplir con la Ordenanza de creación del Instituto Cultural, dando participación permanente al Consejo Consultivo, en la política del ICBB y en la elaboración del Presupuesto Anual.


2º Incrementar el presupuesto anual del ICBB, particularmente el destinado a la producción artística local. En concordancia con esto, es de suma importancia conocer el monto de dicho presupuesto destinado a las actividades artísticas locales de 2014.


3º Desglosar el presupuesto anual ejecutado, el cual venimos reclamando año a año, en el que se expresen las inversiones de los fondos públicos destinados a las actividades artísticas locales.


4º Ejecutar lo aprobado en el presupuesto 2015 de $538.581,60 como aporte del ICBB al Fondo Municipal de las Artes.


5º Cumplir lo acordado entre el Consejo Consultivo y el IC respecto de la presentación mensual por escrito del detalle de los ingresos provenientes por la tasa de los espectáculos nacionales e internacionales presentados en la ciudad. Esto es necesario para asegurar que, en caso de que los ingresos sean superiores a lo presupuestado, estos sean otorgados al FMA como se expresa por ordenanza.


6º Cumplir con el normal desarrollo de las reuniones en las fechas acordadas con el CC y con la designación de un secretario de actas durante sus sesiones. Asimismo, consideramos necesario intensificar el trabajo de difusión, no solo en lo referido a la convocatoria, inscripción y festival del FMA, sino también al resto de las actividades impulsadas por el IC.


7º Asegurar, a los efectos de la rendición de los proyectos aprobados por el FMA, que el IC se encargue del seguimiento de todas las etapas, a saber: presentación del proyecto y cumplimiento de los requisitos consignados en las bases y condiciones, ejecución del proyecto, presentación de la documentación probatoria y cumplimiento de las contraprestaciones. En ese sentido, designar un veedor municipal para que desempeñe estas funciones.


8º Que el listado de proyectos pendientes de rendición sea difundido y tenga carácter público, tanto los pertenecientes al FMA como aquellos subsidiados con partidas presupuestarias por el IC.


9º Que el IC debe financiar los eventos anuales permanentes de reconocida trayectoria, probado impacto social y proyección nacional. Estos no deben ser derivados al FMA, ya que desde su creación no está abocado al financiamiento permanente de proyectos, ni tampoco dejarlos al arbitrio de capitales privados.


10º Que existan partidas presupuestarias específicas para el financiamiento de actividades culturales anuales permanentes como salones, encuentros, festivales, ciclos, entre otros.

A 19 meses de transcurrido el “primer sorteo de la línea de crédito compra de terreno y construcción en octubre 2013, co n promesas de todo tipo que ni siquiera han comenzado a resolver nuestra problemática de acceder a un terreno en las condiciones que lo indica el crédito y el Banco Hipotecario” emitieron un comunicado personas beneficiarias del Pro.Cre.Ar. Fue luego de una asamblea que realizaron las familias involucradas en la problemática.

El documento expresa que “desde diciembre de 2013, y ante la realidad de que más de mil familias nos encontráramos a merced de la especulación inmobiliaria, comenzaron los sucesivos anuncios que fueron quedando en la nada. Primero, Anses-Procrear decidió apostar todo al Programa de Movilidad de Suelos propuesto por el Municipio de Gustavo Bevilacqua como solución. Luego, la Licitación Pública impulsada por Anses desde mayo de 2014, para la compra de macizos privados, y su posterior descarte a raíz de una “nueva” alternativa consistente en las 15 has desafectadas del Ejército en octubre del mismo año. Finalmente, nos encontramos con otras 21 has, también del Ejército, que vienen a reemplazar a las anteriores, y tierras de provincia, sobre las cuales el municipio reclama su propiedad en tanto le habrían sido cedidas hace décadas por el estado provincial. De esta manera, el Estado se viene haciendo presente con sus “aciertos” y su imposibilidad de articular entre sus distintos estamentos y sus respectivos funcionarios políticos, administrativos y técnicos”.

Franco Baier es uno de los beneficiaros del programa. En diálogo con Mauro Llaneza durante el periodístico En Eso Estamos de FM de la Calle, el referente reclamó que “esta ‘imposibilidad’ y las numerosas versiones encontradas, que se divisan claramente como producto de enfrentamientos políticos ajenos a nuestras necesidades, no nos retrase más la posibilidad de acceder a la compra de un terreno por medio del crédito Procrear en las condiciones que impone el crédito y el Banco Hipotecario”.

Concretamente, las familias beneficiarias reunidas en asamblea el pasado jueves resolvieron:

– “Solicitar tierras para todos los beneficiarios; que de existir un sorteo, sea para asignar los terrenos entre todas las familias y no para que algunos sean bendecidos por el azar y otros continúen sin lote”.

– “Reclamar a todas las partes intervinientes (Anses-Procrear, Banco Hipotecario, Gobierno de Bs. As., Municipalidad y Concejo Deliberante de Bahía Blanca) una reunión conjunta, donde nos sea explicitado a los beneficiarios de forma concreta y fehaciente cómo se instrumentarán las medidas anunciadas, quedando esto plasmado en un acta compromiso. Es decir, entre otras cuestiones importantes, cuáles son los plazos estipulados, quiénes serán los responsables de llevar a cabo los distintos pasos administrativos y las obras de urbanización sobre las tierras anunciadas, y cómo se piensa articular lo mencionado con las cuestiones vinculadas a los trámites personales en el Bco. Hipotecario –donde al día de hoy se están dando turnos con hasta cuatro meses de demora, existiendo la posibilidad de que nos encontremos allí con un cuello de botella muy importante en caso que cientos de familias iniciemos los trámites simultáneamente-“.

El viernes pasado una asamblea de SUTEBA definió, entre otros puntos, “exigir una ley de Emergencia contra la violencia de género y adherir a la marcha del 3 de junio que impulsa dicho reclamo”.

La Secretaria General de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego e integrante de la comisión directiva de SUTEBA habló con Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos respecto de lo que la comisión de género de esta organización plantea.

Luego de la asamblea de la semana pasada, lxs docentes movilizaron hasta el Honorable Concejo Deliberante a fin de exigir que le cuerpo se expida sobre su problemática. Por otra parte, la dirigente sindical explicó las medidas de acción gremial definidas, entre las que se encuentra “impulsar una asamblea popular en defensa de la educación pública en el marco del paro impulsado por ATE junto a docentes y otros estatales para los días 28 y 29 de mayo”.

 

El próximo lunes 18 de mayo Félix Díaz, qarashe qom de la Comunidad Potae Napocna Navogoh La Primavera de Formosa, participará en la cuarta edición de Bahía Originaria, un espacio de reflexión sobre la historia, el presente y las culturas originarias de nuestro territorio convocado por la organización Kumelen Newen Mapu y FM De la Calle.

La actividad se realizará a las 20 en el Salón de Actos de la UNS de Alem 1253 en el marco del 156 aniversario de la masacre del 19 de mayo de 1859, cuando más de 200 mapuches, ranqueles y tehuelches fueron asesinados e incendiados por días en la plaza central del Fuerte Argentino.

“De la masacre del 19 de mayo al acampe en la 9 de Julio” será este año el punto de partida para seguir analizando los hechos históricos de nuestra región y difundir la situación de las comunidades qom, wichí, nivaclé y pilagá que mantienen un acampe en Capital Federal desde hace más de dos meses para llamar la atención de las autoridades nacionales sobre las violaciones a los derechos humanos que sufren.

Bahía Originaria continuará el martes 19 a las 7 con una ceremonia en la plazoleta de Florencio Sánchez y 19 de mayo y una volanteada informativa en Plaza Rivadavia durante la mañana del mismo día.

ADHESIONES: [email protected]
Contacto entrevistas: Fabiana Méndez 156 497 002
Evento en Facebook: Bahía Originaria IV – Félix Díaz en Bahía Blanca

afiche felix diaz

El Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-A), a través del informe sobre conflictividad laboral, negociación colectiva y mercado de trabajo, dio a conocer la situación laboral en la Argentina, caracterizada por una creciente conflictividad social en todo el país. A lo largo del informe se incluye data sobre 232 conflictos laborales, la mayoría de los cuales se llevó adelante en el sector público. También se presentan los resultados del relevamiento de homologaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo a lo largo de 2014 y la información sobre las negociaciones colectivas salariales de este año.

Según el informe, durante el IVº trimestre del 2014 se registraron 283 conflictos, de los cuales 141 correspondieron al sector público, 117 al privado, 11 a ambos sectores y 14 fueron impulsados por trabajadores del sector informal (cooperativistas, trabajadores desocupados, etc.).

El total de 1207 conflictos anuales ponen al 2014 como el de mayor cantidad de conflictos desde 2011. De la evolución trimestral en 2014 se desprende que el año se inició con altos niveles de conflictividad que se mantuvieron estables. Los últimos meses registran una baja de conflictos poco significativa y por encima del total registrado en 2011 y 2012.

Al comparar el último trimestre con el mismo período del año anterior se observa una importante disminución de los conflictos en el sector público. Los motivos de este cambio se vinculan a la baja de los conflictos de los policías, que fueron claves para explicar el pico de disputas a fines de 2013, y al adelantamiento de las negociaciones salariales de los trabajadores docentes.

El sector privado mantuvo un nivel similar al IIIº trimestre y registró una leve suba respecto del mismo período en 2013, transformándose en el IVº trimestre más conflictivo de los últimos cuatro años.

En el sector privado la mayor cantidad de conflictos se registra a nivel de empresa, aunque en los últimos dos años creció significativamente la participación de los conflictos por rama de actividad. A nivel de empresas, las disputas se explicaron por una importante presencia de motivos de crisis. A nivel de actividad se registra un volumen similar a 2013 y se mantienen por encima de la comparación interanual respecto de los años 2012 y 2011. Los motivos principales se asocian a las demandas por bonos de fin de año y aumentos salariales.

En el sector público, la mayoría de los conflictos se realiza a nivel provincial. No obstante se observa una importante disminución respecto del año anterior donde ganaron protagonismo las disputas policiales. A nivel municipal también se observa una merma de conflictos mientras que los trabajadores del Estado Nacional mantienen niveles similares que en los años anteriores.

Paros y acciones comunicacionales

En el IVº trimestre se relevaron 544 acciones conflictivas de las cuales 270 pertenecen al sector público, 209 en el privado, 43 a ambos sectores y 22 al sector informal. Las medidas de mayor frecuencia siguen siendo los paros, acciones comunicacionales, movilizaciones y cortes.

Los paros tuvieron una fuerte presencia en ambos sectores y son la principal medida utilizada en los conflictos públicos. Un comportamiento similar se observa en los cortes de ruta y calle donde hay una paridad entre ambos sectores y en las acciones comunicaciones con una mayor presencia en el sector privado. Donde existe una diferencia es en las movilizaciones y marchas. Mientras en el sector privado tienen una presencia minoritaria, en el público representan la segunda acción de mayor frecuencia. Una explicación a este comportamiento puede estar asociada a las diferentes condiciones de trabajo que afrontan los trabajadores de cada sector.

En efecto, los trabajadores públicos parecieran contar con un mayor margen de movilidad del puesto de trabajo durante su jornada laboral. Sumado a esto su habitual puesta en práctica podría indicar que la exteriorización en la vía publica de los conflictos es una herramienta potente a la hora de plantear sus demandas. Este tipo de medida es utilizado en la mayoría de los conflictos múltiples, es decir aquellos donde intervienen diversos tipos de acciones conflictivas.

Por último es importante destacar las 43 acciones que se desarrollaron en ambos sectores. Entre estas se destacan los 18 cortes que ocurrieron en el marco de la jornada de lucha convocada por la CTA el 18 de diciembre.

El informe completo puede leerse en: www.obderechosocial.org.ar

Fuente: Agencia ACTA.

El próximo lunes 18 de mayo Félix Díaz, qarashé qom de la Comunidad Potae Napocna Navogoh La Primavera de Formosa, participará en la cuarta edición de Bahía Originaria, un espacio de reflexión sobre la historia, el presente y las culturas originarias de nuestro territorio convocado por la organización Kumelen Newen Mapu y FM De la Calle.

La actividad se realiza en el marco del 156 aniversario de la masacre del 19 de mayo de 1859, cuando más de 200 mapuches, ranqueles y tehuelches fueron asesinados e incendiados durante días en la plaza central del Fuerte Argentino.

El historiador de la UNS e investigador del CONICET Sebastián Alioto se refirió esta mañana en En Eso Estamos a aquel episodio que la historia oficial denominó “el último malón” y aseguró que el origen del ataque indígena”fue una revancha hacia una invasión anterior a tolderías de Calfucurá” entre “otro cúmulo de ofensas”.

La Fiscalía General requirió a la titular del Juzgado Federal Nº2, Gabriela Marrón, la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público.

La presentación está firmada por el fiscal Alejandro Cantaro quien dialogó con Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos explicando los alcances judiciales. El funcionario dijo que “primero, entendemos que es un delito -vertido de residuos tóxicos peligrosos- que está sancionado por una ley con consecuencias penales. Lo segundo, efectivamente en este vertido, desde el inicio hasta hoy, es porque la OPDS (quien controla el vertido del Polo Petroquímico en la Ría) trabaja en función de una resolución de la autoridad del agua que indica algunas medidas que son posibles de verter y nosotros lo que le estamos diciendo a la jueza es que la medición de estos estándares no deberían hacerse con esta resolución de la autoridad del agua que está creada para medir vertidos que son arrojados en aguas abiertas y este estuario claramente no es de aguas abierta”.

A su vez, Cantaro expreso que “lo cierto es que si son residuos tóxicos no debería dictarse una prohibición ahora sino que debería estar prohibido ya. Pero como está este juego donde hasta cierto nivel es posible verter entonces nosotros estamos diciendo que no es racional manejarse con ese estándar y acompañamos además a la jueza estudios en la causa. No nos olvidemos que esta es una denuncia hecha por pescadores artesanales, que ellos lo indicaban y se ha comprobado que varias especies tiene en el hígado, y lo que es mucho más peligroso en la musculatura residuos de metales pesados, lo que afecta a la salud pública, obviamente”.

Ojo por ojo, causa por causa

s_100065_6877_Coleffi_1rPor otro lado, recordamos que la Cámara Federal de Bahía Blanca, con el voto de Néstor Luis Montezanti y Pablo Candisano Mera, resolvió la semana pasada despedir al ex secretario de Ejecuciones Fiscales del Juzgado Federal Nº 1 Álvaro Coleffi. Fue a partir de una investigación donde está sospechado de difundir escuchas de la causa Suris que investiga delitos vinculados al narcotráfico. El ex funcionario fue citado para prestar declaración este miércoles 13.

Organizaciones de derechos humanos (HIJOS, APDH, entre otras) se movilizaron el martes para denunciar esta iniciativa judicial como una represalia hacia Coleffi, quien como juez subrogante fue el único que avanzó en las investigaciones sobre los partícipes civiles del terrorismo de Estado como Vicente Massot, el cura Aldo Vara o el secretario judicial Hugo Sierra.

Durante la entrevista, el fiscal Alejandro Cantaro, explicó al respecto que “esa causa la lleva el Juzgado. La Fiscalía no tiene delegado ni ha ofrecido ninguna prueba. De lo que surge de la causa hay una conexión muy cercana, muy íntima entre Álavaro Coleffi y Germán Sasso. En la causa se han acreditado más de un centenar de comunicaciones telefónicas. En ese mismo tiempo, en ocasión de una visita de Elisa Carrió buscando información “Coleffi la recibió con la presencia de Sasso”.

La Fiscalía General requirió a la titular del Juzgado Federal Nº2, Gabriela Marrón, la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público.

La presentación lleva la firma del fiscal Alejandro Cantaro y agrega documentación a la Causa 135623/2011 “MENINATO, Rolando (PBB Polisur S.A.) y otros s/ inf. Ley 24051” originada años atrás por pescadores artesanales de la localidad portuaria ante la disminución de peces en el estuario.

“Teniendo en cuenta por un lado la magnitud de los daños que podrían suscitarse a la población de la ciudad de Bahía Blanca -en particular a los vecinos de Ingeniero White y a las personas que trabajan en el ámbito del puerto e industrias radicadas en la zona de influencia inmediata-; como por el otro, la incertidumbre sobre las reales posibilidades de contaminación del producto de la pesca en la zona de la ría y consecuente contaminación de quienes de ello se alimentan, corresponderá se ordene judicialmente que se prohíba los vertidos que se reprochan como de sustancias prohibidas”, dice el Ministerio Público.

Previo a dicha prohibición, la Fiscalía solicita además “la convocatoria a una audiencia con las empresas denunciadas y los expertos que la jueza crea menester convocar, el Ministerio Público Fiscal y los representantes legales y técnicos de los querellantes, a fin que se establezca un inmediato plan de saneamiento de los vertidos con el control técnico que la jueza decida, bajo apercibimiento de ordenarse la clausura que se deja solicitada en primer término”.

A su vez, el Ministerio Público pretende realizar una pericia sobre el impacto de “las diversas acciones antrópicas, sobre la contaminación con residuos peligrosos en la Ría de Bahía Blanca, a través de la Cátedra de Sistemas Alimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA y la correspondiente toma de muestras a través de la Policía Federal Argentina”. Como el costo del trámite no puede ser asumido por la Procuración, la Corte ni la querella propone se concilie con los representantes técnicos y jurídicos de las empresas imputadas “los puntos de pericia” y se exija “el importe en dinero requerido para la realización de la pericia”.

Entre la documentación que da cuenta de la contaminación en la ría se incluyen informes de la Agencia Ambiental municipal, el Comité Técnico Ejecutivo, el Instituto Argentino de Oceanografía, el Organismo para el Desarrollo Sostenible provincial, el Consorcio de Gestión del Puerto además del Estudio de Tecnología Alimentaria de Mar del Plata realizado a pedido de la Cámara Unión Pesquera y Comercial de Ingeniero White, Puerto Rosales y Bahía Unión en 2009 y los resultados de Análisis Fisicoquímicos de Producto producidos por el Instituto de Análisis FARES TAIE, a pedido de ROUCOMAR S.R.L. de Ingeniero White.

“Para satisfacer necesidades humanas (y en algunos casos meramente necesidades comerciales) no se puede poner en riesgo a la vida y la salud de los seres humanos, sus bienes, y el medio ambiente. Ante el conflicto de valores, debe darse prevalencia a los esenciales, esto es, a los que -precisamente- ampara prioritariamente la Constitución Nacional”, agrega la presentación.

En sus apartados refiere también al “principio precautorio” entendiendo que “la sola probabilidad de que un acontecimiento configure una situación dañosa, activa este principio, que tiene como objetivo garantizar un nivel elevado de protección de la salud pública y el medio ambiente.

De este modo, el principio precautorio se transforma en uno de los puntales de mayor importancia en lo que respecta y se relaciona a la materia ambiental. (…) Los elementos informados por las distintas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal -ante la carencia de estudios que permitan determinar exhaustivamente las condiciones de seguridad operativas-, resultan por lo pronto insuficientes para alejar las enormes preocupaciones y presunciones sobre los peligros que genera el vertido de los residuos tóxicos del proceso industrial que en el Polo Petroquímico se producen”.

También menciona el principio de prevención, “con el que se busca anticipar e impedir todo aquello que pueda generar un perjuicio ambiental, más allá de que algunas acciones ocurren irreversiblemente y amén que esas consecuencias se ocasionan en actividades humanas” y termina diferenciándolo del anterior en tanto que con el precautorio “hacemos referencia a un riesgo futuro, la prevención se inserta en el llamado riesgo actual”.

El martes 12 la Fiscalía invitó a organizaciones ambientales con el objetivo de informar sobre la presentación. El Dr. Horacio Romano, de la Asamblea Ambiental del Sur AUKAN, participó y comentó luego detalles del encuentro en diálogo con Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos de la FM De la Calle.

Lucas Beier es abogado. Representa a la Asociación de Pescadores Artesanales que comenzó una causa judicial hace varios años. De esos hechos denunciados surge la presentación que hace 48 horas publicó el Ministerio Público Fiscal solicitando que “se deje de cometer el delito de arrojar sustancias tóxicas produciendo un peligro a la salud humana con la alteración del medio ambiente”.

El profesional dijo que “no solamente pedimos que se las condene por el delito cometido sino que en el ínterin se tomen medidas a fin de que dejen de cometer este delito, es decir, a fin de que dejen de contaminar”.

Finalmente, el letrado insistió en el hecho de que “una autorización reglamentaria no libera de responsabilidad penal ni de la civil a quien está cometiendo el delito”, haciendo referencia a la resolución de la Autoridad del Agua 336/03. En este sentido, Beier afirmó que “todo lo que se arroja en la ría queda acá, ya que no hay una depuración como en mar abierto donde el agua se renueva, por lo que esta autorización no debería ser aplicable. Por eso también estamos denunciando a funcionarios públicos también”.

Relmu Ñanku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain fueron imputados por “tentativa de homicidio con alevosía”. La justicia provincial se basó en la Ley Antiterrorista Nº26.734. Lxs imputadxs integran la comunidad Mapuche Winkul Newen de la provincia de Neuquén, entre la ciudad de Zapala y Cutral-Co.

Enuna entrevista realizada por Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos de la FM De la Calle, Relmu Ñanku explicó que “hubo una legítima defensa” y agregó que “el día que sucedió esto nosotros estábamos en un velorio, enterrando a una bebé que nació con una malformación terrible, y esto se da porque hay contaminación”.

Según un artículo publicado por Federico Paterno en ANCAP, “la madrugada del 28 de diciembre del 2012 la ‘justicia’ neuquina sorprendió a la comunidad mapuche tras una gran cantidad de topadoras que se acercaron a su territorio, junto con el apoyo de las camionetas de la multinacional norteamericana Apache (hoy YPF). Se resistió el desalojo que los invadió, la principal defensa para echarlos fueron las piedras que estaban al alcance para evitar perder lo que les corresponde. Este desenlace es el que hoy cae sobre los originarios Mapuches. Relmu Ñanku recibió la acusación de homicidio agravado en grado de tentativa y daño agravado. Martin Maliqueo y Mauricio Rain están acusados de daño agravado”.

Foto: Cartago.

Rodrigo J. Vecchi es investigador de la UNS y del CONICET. Durante el programa En Eso Estamos de la FM de la Calle dialogó con Mauro Llaneza sobre los objetos de fines del siglo XIX que fueron hallados en la denominada “Pulpería de Lucanera”, ubicada frente al Fortín Cuatreros en Gral. Cerri. El material fue descubierto cuando trabajadores municipales extraían un gran árbol para abrir una calle.

“Se trata del basural del mismo establecimiento. Para ese momento de fines del siglo XIX no estaba la costumbre de la recolección domiciliaria de residuos. Todo el cúmulo de estos, en aquel momento, iba a parar a un pozo en el patio trasero de cualquier vivienda. Entonces se dio esta posibilidad de encontrar una gran cantidad de materiales” indicó Vecchi. Esto explica el hallazgo de elementos de “dos o tres momentos distintos, dos o tres quemas distintas”.

Foto: Santiago Jara, director del Museo Fortín Cuatreros y Marcela Sainz, titular del Instituto Cultural. (Prensa Municipalidad).

Estuvo en Bahía Blanca Adolfo Villatte, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Durante un encuentro con medios de prensa, afirmó que “queremos ver la realidad de la situación”. Refiriéndose a nuestra ciudad, Villatte explicó que “actualmente la Procunar no viene interviniendo en ningún caso puntual”. Sin embargo, afirmó que es destacable la “ubicación geográfica de Bahía Blanca, donde confluyen economías de distintos puntos del país, una ciudad que tiene un puerto muy importante y por esas características, y la cantidad de habitantes que tiene, se dan una serie de elementos que nos llevan a pensar que tal vez habría que ver si no hay otras situaciones que se deben investigar con mayor profundidad”.

Finalmente, explicando la mirada de la Procuraduría, dijo que “los puertos juegan un rol muy importante sobre todo en lo que se refiere al contrabando de exportación de estupefacientes”. Entre las facultades que tiene a su cargo la Procunar puede intervenir directamente en los procesos y realizar investigaciones preliminares cuando fuera oportuno.