Entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre se realizará en Zapala un juicio por jurado contra la inal lonko de la comunidad Winkul Newen, Relmu Ñamku, por tentativa de homicidio agravado y a otros dos mapuche por daños en el marco de un proceso de defensa territorial ante el avance petrolero.

“Sabemos que vamos a un juicio desmesurado, que tiene todo un tinte racista detrás, donde la justicia neuquina pretende amedrentar al pueblo mapuche con este juicio como una causa ejemplar para aplacar las luchas que venimos sosteniendo”, dijo Relmu a FM De la Calle.

Los hechos sucedieron en diciembre de 2012 cuando la oficial de justicia Verónica Pelayes, policías y representantes de la petrolera Apache entraron al territorio de la comunidad para notificar su desalojo firmado por la jueza civil antimapuche Ivonne San Martín. Lxs originarixs paralizaban el yacimiento Portezuelo Norte mientras velaban a una beba nacida con serias afecciones de salud. La comunidad se defendió con piedras, la empleada judicial fue herida en el rostro y al día siguiente Relmu se enteró que la acusaban de tentativa de homicidio.

Las audiencias se realizarán en una gran carpa frente a los tribunales “como si fuera un circo”. Para la dirigente originaria se pretende mostrar “que se está llevando al banquillo de los acusados al pueblo mapuche, pero nosotros también con esto tenemos la posibilidad de mostrar y evidenciar cómo el sistema judicial, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, hoy trata el tema”.

“Por un lado, se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en el país pero, por otro, no hay una aplicación de estos derechos, lo cual ha implicado diversos y múltiples conflictos en donde hoy se mantiene judicializados a un porcentaje importante de la población indígena que está resistiendo a la avanzada no solamente de la industria extractiva, sino también de los distintos emprendimientos que en manos privadas pretenden desarrollarse en territorio indígena”, explicó.

En el territorio de la comunidad Winkul Newen, “una de las luchas más importantes es contra la explotación petrolera, que no es nueva. Hace más de dos décadas que se viene resistiendo primero a la explotación convencional y ahora tenemos el nuevo método que se ha inventado, el fracking”. De la misma manera se enfrenta a la megaminería en otros puntos del país. “Por suerte podemos decir que más allá de todas estas causas judiciales y persecución, el pueblo mapuche está resistiendo al avance del modelo extractivista dentro del territorio indígena”.

Consultada acerca del acompañamiento social a la causa indígena, más allá del discurso racista de la dirigencia gubernamental y empresarial, Relmu aseguró que “hay que tener siempre en cuenta que hay una gran parte de la sociedad que está en simpatía con el pueblo mapuche y que eso también refleja quiénes son hoy los dueños, entre comillas, de las tierras. Hay numerosas extensiones de tierras que están en pocas manos, que son privados amigos del gobierno, de las empresas, que son una minoría, nada más que como manejan el poder económico terminan definiendo las políticas para la mayoría”.

“Tiene que ver con ese abuso de poder que tienen los gobiernos corruptos que se apropian de las tierras, que entregan concesiones sin consulta a los pueblos originarios”, dijo y agregó que el trabajo de las comunidades implica la “concientización de esta sociedad que muchas veces ve al pueblo mapuche como una cuestión folklórica y no como sujetos de derecho, (…) más si queremos construir una sociedad intercultural que es la que siempre levantamos como un derecho a ser diversos, a reconocernos en esta diversidad, ver la diversidad como algo que nos enriquece y nos potencia en vez de que sea algo que nos aleje”.

maxresdefaultLa inal lonko de Winkul Newen recordó que “cuando éramos chicos nos decían ‘indios de mierda’, ‘negros’, y nosotros, como cualquier niño en un contexto donde el mismo sistema educativo no está adaptado para poder contener la diversidad, claro que no queríamos ser lo que se nos acusaba. Y ahora de grandes, que estamos orgullosos de ser mapuche, de haber podido reconstruir nuestra identidad, tenemos una sociedad o un sector racista que niega y no quiere reconocerla, incluso acusándonos de que no somos mapuche. Es una locura ver cómo se va manipulando el discurso para no garantizar los derechos que tenemos”.

Ñanku comentó que su participación en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, recientemente realizado en Mar del Plata, “tiene que ver con seguir construyendo alianzas, como pueblo originario sabemos que enfrentar solos un monstruo como este sistema, como el modelo extractivista, es imposible. Cuando interpelamos a ese modelo estamos diciendo que las mujeres somos más vulnerables porque la contaminación, más allá de afectar nuestros pueblos, nuestros territorios, el aire, el agua, las primeras en ser afectadas somos las mujeres por perder la posibilidad de traer vida al mundo por los abortos espontáneos, por solo decir alguno de los casos que se generan a partir de la contaminación”.

En cuanto a las imputaciones, Relmu afirmó: “Seguimos sosteniendo nuestra inocencia, sostenemos que yo no tiré esa piedra de la cual se me acusa. Los hechos que ocurrieron ese día fueron en el marco de la defensa territorial en el patio de nuestra casa, como cualquier persona defendería su hogar o su territorio, en este caso para los pueblos originarios. Jamás tuvimos la intencionalidad de matar”.

“Salimos automáticamente, cuando nos enteramos de lo que había ocurrido, a pedir disculpas públicas para Verónica Pelayes que es la oficial de justicia. De ninguna manera la consideramos una enemiga sino que creemos que es una víctima tal cual nosotros ante un Estado que sigue sin reconocer nuestros derechos, un Estado que pretende avanzar como en la época de la Conquista del Desierto, como si en estos territorio nos existiese gente, no viviera nadie”, manifestó.

FOTO IndymediaÑamku advirtió que “este caso se va a utilizar para otras luchas sociales y esa es la preocupación que tenemos y que por suerte han podido entender muchas de las organizaciones que nos apoyan. Al ser un caso testigo va a ser parte también de poder escarmentar a otras organizaciones y movimientos sociales que están en lucha”.

Finalmente aseguró que la fiscala que realizó la investigación, Sandra González Taboada, es muy cuestionada en la provincia y tiene un pedido de jury por parte de familiares del joven Sergio Ávalos –desaparecido en 2003- y otras organizaciones “por mal desempeño, por mala praxis, por haber cajoneado pruebas fundamentales para poder resolver este caso tan impune”.

“Es una fiscal que además ha tenido la posibilidad de resolver otras denuncias que ha hecho nuestra comunidad Winkul Newen en hechos de violencia donde una patota petrolera (nos) ha violentado, ha golpeado salvajemente a nuestras mujeres embarazadas, a menores de edad con tiros en las piernas, una anciana con su cabeza golpeada, macheteada con cuchillo. Sandra González Taboada tuvo la posibilidad de investigar esta causa y, sin embargo, la dejó prescribir.

“Esta sí la caratuló como ‘lesiones’ y por eso creemos que es una fiscal que está de la mano con el gobierno, que es una fiscal que le abre todas las puertas para que las empresas petroleras saqueen el territorio, no solamente mapuche sino de toda la provincia de Neuquén”. Para Relmu, la funcionaria tiene “distinta vara judicial para medir las causas”: avanza en aquellas contra “pueblos originarios y pobres” y garantiza impunidad en aquellas en las que “esté en juego el poder económico como son las petroleras o la corporación judicial”.

Luego de dos años de intenso recorrido en cines y festivales “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” está disponible para ver y bajar en internet. La tercerización, los negociados con los servicios públicos, el desvío de subsidios, el papel de la burocracia sindical y de los funcionarios políticos, la actuación de las fuerzas represivas (bajo el mando de Aníbal Fernández) son temas de enorme actualidad en la situación política reflejados en la película. Mirala en delacalle.org

Un intenso recorrido 

El 4 de abril de 2013 fue el día del estreno de “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” en los cines. Faltaban sólo dos semanas para la sentencia en el juicio por el asesinato de Mariano que terminaría con una histórica sentencia a una parte de los responsables políticos del crimen. Entre ellos uno de los principales líderes de la burocracia sindical que aún hoy continúa preso: José Pedraza.

Los realizadores Julián Morcillo y Alejandro Rath, junto al Ojo Obrero y la productora Puente Films, hicieron un gran esfuerzo para llegar con la película terminada para esa fecha con la intención de sumar el estreno a la campaña por juicio y castigo que ya era una gran causa popular con importantes hitos de movilización y expresiones artísticas de apoyo. En un mercado cinematográfico muy hostil para las producciones documentales nacionales (por el dominio del mismo por parte de las producciones norteamericanas) la película consiguió permanecer en cartel durante cinco semanas en cinco salas de la ciudad de Buenos Aires y estrenar en varias salas del interior del país (Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca, etc.) logrando superar la cifra de 10.000 espectadores. Incluso ese número podría ser superior si la película hubiese sido estrenada en una mayor cantidad de salas. Un dato que certifica esto es que la película logró estar en el top ten de cantidad de espectadores por función de todas las películas estrenadas en 2013. Este hecho y la gran repercusión obtenida en medios y críticas hablan de la importancia de la película en la lucha por el juicio y castigo.

La realización misma de la película fue producto de una excepcional movilización política. Martín Caparrós interpretando al protagonista; Iván Moschner y Lucía Romano realizando importantes papeles; la participación de Leonor Manso, Enrique Piñeyro y Soledad Villamil; los compañeros de lucha de Mariano y su familia que dieron su testimonio; los cientos de militantes que representaron los hechos del 20 de octubre; el equipo técnico que se sumó a la producción; la gente que puso su casa para filmar o que ayudó con la comida en el rodaje, las decenas de aportes recibidos para terminar la película; la campaña militante de difusión de la película; los miles de espectadores que llenaron las salas en los primeros días para permitir que la película siga en cartel… en fin, una película que pudo ser realizada y tener el recorrido que tuvo sólo porque expresó una causa popular y sentida.

Fuente: APEL.

La Corte Suprema de Justicia cerró la última querella por “calumnias e injurias” que el ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones imputado en la causa Triple A, Néstor Luis Montezanti, había iniciado contra el militante Alberto Rodríguez.

“Se ha resuelto declarar extinguida por prescripción la acción penal, quedando cerrado definitiva e irrevocablemente el proceso a favor del querellado”, sostuvieron Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El ex estudiante se mostró “sorprendido” ante FM De la Calle porque desconocía que el docente suspendido hubiera recurrido al máximo tribunal.

“Otra vez miente miente, pero esta no le salió”, manifestó Rodríguez recordando el reportaje que el ex Personal Civil de Inteligencia de la dictadura se hizo en el diario de Massot acorralado por su pasado en la Universidad del Sur, el Consejo de la Magistratura y la causa penal en la cual el juez Ramos Padilla lo declaró en rebeldía por cobijarse en sus fueros para no ser indagado.

En el panfleto, Montezanti negaba su pertenencia a la Triple A y mentía: “Cuando un viejo y tenaz militante comunista quiso usar esa infamia en mi contra para limpiar la universidad de todos los profesores que se opongan al discurso homogéneo e intolerante de su facción, yo me sentí injuriado, lo querellé y gané el juicio”.

El represor comenzó la querella tras una serie de denuncias que Rodríguez hizo en 2002 ante el Consejo Superior de la UNS. En aquella reunión, el testigo del asesinato del dirigente David Cilleruelo por miembros de la Triple A exigió “analizar de una buena vez el plantel de docentes”, recordó que “aún hay personajes de la misión Ivanissevich que fueron cómplices de crímenes ocurridos en esta universidad” y señaló a Montezanti como “partícipe de la Triple A”.

“Eran cuatro querellas. Dos las pude demostrar ante el juez Ares, otra en el Juzgado de Mercedes que es adonde elevó la queja y quedaba la de la misión Ivanissevich la cual la Corte de la provincia la mandó a archivo y hasta ahí la había seguido. Después se ve que sin avisar mandó a la Corte Suprema de la Nación el recurso de amparo y acaba de salir que definitivamente las calumnias e injurias por las cuales me acusaba quedaron definitivamente archivadas dando la razón al querellado, que en este caso era yo”, comentó Rodríguez.

“Esperemos que pase también lo mismo con la Universidad del Sur donde los amigos de Bahía Blanca parece que todavía lo protegen“, dijo el actor y afirmó que si bien la imputación sobre la pertenencia del ex camarista a la misión Ivanissevich fue archivada, “él fue un abogado secretario del Departamento de Humanidades para hacer el listado de profesores para que luego quedaran cesantes. De eso no tengo pruebas que lo hizo pero sería interesante preguntarles a los docentes cesanteados qué hizo Montezanti en las pocas semanas que fue secretario”.

Desde La Casa del Encuentro, con el apoyo de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) y Amigos del Alma, están impulsando un proyecto de ley que garantice una ayuda económica mensual para niños y niñas cuyas madres hayan sido víctimas de femicidios.

Cada semana, seis niñas y niños quedan huérfanos de madre por femicidios perpetrados en Argentina y quedan desamparados, bajo el cuidado de familiares u otras redes de contención en caso de poseerlas. En el peor de los casos, terminan en hogares. Además, cabe señalar que la mayoría de las veces, sus padres resultan detenidos, al ser responsables de esos femicidios.

La ley permitirá que hijas e hijos, víctimas colaterales de la violencia machista, cuenten con un monto mensual equivalente a una jubilación mínima y cobertura de salud, hasta su mayoría de edad. Las organizaciones impulsoras de este proyecto, insisten en que no se trata ni de un subsidio ni de una asignación o ayuda, sino de una reparación económica para que precisamente el Estado se responsabilice sobre la situación que no llegó a prevenir. Además será compatible con otras asignaciones que posean (por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo) e independiente de otros aportes que reciban de padre y/o familiares.

El proyecto lleva el nombre de “Ley Brisa” para recordar el caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años que vive en Moreno junto a sus hermanos gemelos, Elías y Tobías, de siete años. Su madre Daiana Barrionuevo fue asesinada a golpes el 20 de diciembre pasado y su cadáver arrojado a un río dentro de una bolsa.

El femicida, su marido, denunció para cubrirse y obtener impunidad que la víctima había abandonado el hogar y se había fugado con un amante. Pero el cuerpo fue hallado de casualidad el 10 de enero y el sujeto resultó detenido. Desde entonces, la pequeña y sus hermanos conviven con su tía Cintia Barrionuevo, quien es madre de tres hijos.

Lo paradigmático del femicidio de Daiana Barrionuevo y el vínculo construido con su hija e hijos llevó a que desde La Casa del Encuentro, junto con periodistas de la RIPVG como Maximiliano Montenegro -que dio a conocer el caso en Diario Popular- nombraran el proyecto de ley con el nombre de la menor. “No podemos dejar solos a estos chicos, sumarles dolor. Esperamos que otros colectivos se sumen”, afirmó Montenegro.

“Es un trabajo mancomunado y transversal entre diferentes grupos. Desde La Casa del Encuentro estamos elaborando el anteproyecto de ley que será puesto a consideración del Congreso de la Nación. La sociedad civil comprometida genera permanentemente propuestas legislativas porque creemos que una vida libre de violencia es posible”, resumió Fabiana Tuñez de La Casa del Encuentro.

Vale recordar que el Observatorio de Femicidios “Marisel Zambrano”, dependiente de esta organización (el único registro que hay ya que no existen datos oficiales), identificó desde 2008 hasta 2014 un total de 2.146 hijas e hijos de mujeres asesinadas en femicidios.

Quienes motorizan el proyecto desde la sociedad civil también se encuentran impulsando un petitorio para que más personas se sumen a colaborar, “difundiendo y visibilizando esta necesidad, para que este proyecto reciba pronto tratamiento parlamentario y posterior aprobación”. En este link puede firmarse en apoyo a la petición al Congreso y más información puede obternerse escribiendo al correo [email protected]

Mientras el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano se encamina lentamente a su fin, otro represor se benefició con la impunidad biológica. Esta vez fue el turno del ex jefe de la Base Aeronaval Comandante Espora Domingo Ramón Negrete.

El ex capitán de navío falleció el viernes a los 85 años, según los avisos fúnebres publicados este fin de semana en el diario LaNueva. del empresario Vicente Massot, coimputado en las causas contra civiles y militares partícipes del terrorismo de Estado que se tramitan en Bahía Blanca.

La Fiscalía y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la APDH habían solicitado en sus alegatos la pena de 17 años de prisión para el genocida por ser coautor mediato de privación ilegal de la libertad en dos casos, un caso de imposición de tormentos agravados y uno de abuso deshonesto. En tanto el Equipo Nizkor y familiares de víctimas elevaron el pedido a 25 años.

El represor había nacido el 9 de abril de 1930 en Salta, hijo de Eduardo María y de Rebeca Irene Visich. Desde el 6 de febrero de 1976 al 31 de enero de 1977 ejerció la jefatura de la Base Espora, una de las principales bases operativas de la Aviación Naval en la cual se asentaban varias escuadrillas y un taller aeronaval.

Familiares, amigos y el consorcio del Edificio Caviglia, en cuyo piso 15 cumplía prisión domiciliaria oraron por la “querida memoria” del reo y sus camaradas de armas de las “Promociones 79 ENM, 18 CMN y 82 EAN” mostraron en las páginas de La Nación, pesar por su muerte “en situación de detenido político” .

La Defensoría del Pueblo presentó una intimación a las empresas de internet Google y Youtube, para que eliminen de la web los contenidos que vulneran los derechos de un adolescente bahiense, en los que se afectan su intimidad, imagen, dignidad y honor, por los cuales padece un sistemático hostigamiento a través de las redes sociales.

El titular del organismo, Marcelo Honores, informó a FM De la Calle que el miércoles “Google y Youtube habían bloqueado el acceso a esos videos, a esa información, en los portales y en los motores de búsqueda. Lo cual significa que han aceptado el pedido que se hace en resguardo de los derechos del niño y creo que la motivación de la afectación es indudablemente un tema muy sensible, es un chico de 13 años, esto le está causando un daño y de alguna forma había que cesarlo”.

El hecho por el cual el joven sufre -desde hace meses- hostigamiento a través del amplio abanico de redes sociales, se dio luego de una nota televisiva donde el adolescente aparece y habla ocasionalmente sobre sus gustos por la lectura y el arte y que disparó a cientos de personas a ridiculizarlo en videos, imágenes, graffitis y hasta imprimir merchandising con su cara.

El cyberacoso llegó a tal punto que trascendió el espacio virtual para instalarse en la vida cotidiana del chico y su familia, que no pueden salir a la calle sin que se acerquen los “fans” a solicitarles una foto o una “selfie”.

“Para bloquear determinada información, los buscadores pueden crear filtros a partir de ciertas palabras y así evitar mostrar todos los sitios que las contengan. No se trata de un reclamo de naturaleza jurídica, sino de un imperativo humano y moral, el cual busca proteger y garantizar los derechos del adolescente”, explicó Mónica Bornia, coordinadora de la Secretaría General y del equipo interdisciplinario sobre hostigamiento escolar de la Defensoría.

Honores explicó a FM De la Calle que el grupo conducido por Bornia está “integrado por periodistas, psicólogos, licenciados en servicio social, que trabajan específicamente el tema y tienen la función concienciar y atender los casos. Trabajan muy coordinadamente con la Dirección de Psicología de la Dirección General de Escuelas”.

En Bahía Blanca funciona una delegación de la Defensoría del Pueblo en Salta 350. Para contactarse al 451-4692 o por correo electrónico a [email protected]

Con el impulso de la Vía Campesina se celebra hoy el Día de la Soberanía Alimentaria de los pueblos. En Bahía Blanca el Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria -ETSA- realizará desde las 19 una charla en el Aula 9 del Departamento de Agronomía de la UNS (San Andrés 800). “Concepto e implicancias de la soberanía alimentaria en el modelo agropecuario y el sistema agroalimentario” será el punto de partida del lic. Matías Alamo.

Esta mañana el disertante comentó en FM De la Calle que se discutirá “cómo y cuándo un pueblo es soberano y cómo y cuándo puede aplicar sus políticas priorizando a la agricultura familiar, a los pequeños productores, a los campesinos y a las comunidades originarias”.

“Es decir, la soberanía alimentaria la pensamos como la manera diferente de producir a este agronegocios, a este agrobusiness, a esta agricultura industrial que aplasta con todo el modelo y todo el sistema y que es controlado por cinco o seis multinacionales en todo el mundo. Es pensar un objetivo social de los alimentos y no los alimentos como una mera mercancía”, sostuvo.

Alamo destacó que “el ETSA es un colectivo que lo formamos la mayoría profesionales graduados y estudiantes de la UNS con el ámbito de aplicación en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos pensando en experiencias vinculadas con la feria, con la comercialización, con acercar a esos productores familiares a los potenciales consumidores que se encuentran en el espacio urbano”.

“Nuestra experiencia es incipiente porque venimos trabajando de 2013, pero la idea es nuclear a esos pequeños productores en ferias de la agricultura familiar, de las pequeñas producciones. Uno de los principios de la soberanía alimentaria es anclar a los sistemas agroalimentarios locales, revalorizar esas economías locales y regionales que van a permitir incrementar las producciones y además, que los consumidores accedan a alimentos mucho más sanos y más nutritivos”, agregó.

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La Cámara Federal bahiense, con la firma de los jueces ad hoc Omar Cirilo Vojacek y Javier Esteban García, avaló una queja del ex Personal Civil de la Inteligencia de la dictadura Néstor Luis Montezanti la cual nulificaría su suspensión como docente y la sustanciación del juicio académico resuelto por el Consejo Superior de la Universidad del Sur.

“Estamos asesorándonos con los abogados, creo que queda una instancia de apelación y la idea es agotar todas las que tengamos”, dijo la vicerrectora de la UNS, Claudia Legnini, a FM De la Calle. Al ser consultada sobre la vuelta del espía a las aulas afirmó: “Dennos tiempo a ver qué paso seguimos. Siempre se buscarán distintos caminos y demás para ver si se pueden resolver las cuestiones realmente de fondo que nosotros creemos tener en cuanto a diferencias para con determinados profesores”.

El ex presidente de la Cámara también fue suspendido en dicho cargo por el Consejo de la Magistratura y espera el inicio de un juicio político en su contra. Además, fue declarado en rebeldía por el juez Alejo Ramos Padilla por no responder a cuatro llamados a indagatoria en el marco de la causa que investiga 22 crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A en la cual está imputado junto a cinco miembros de las patotas que actuaron en la ciudad.

El punto que obstruye la discusión sobre la capacidad ética y moral de Montezanti para dictar -paradójicamente- clases de Derecho se reduce a una discusión burocrática. No fueron los tres años que el Departamento de Derecho cajoneó la solicitud de enjuiciamiento presentada en 2011 por el profesor Dante Patrignani sino el inicio del conteo de los cinco días hábiles que el denunciante tenía para apelar la impunidad universitaria del abogado.

La Cámara afirmó que corresponde tomar los plazos de licencia anual ordinaria del personal no docente y no del plantel docente como lo hizo Patrignani, dado que se trata de un trámite administrativo. “Notificado el nombrado el 05/01/2015, que por haber sido declarado asueto por el aniversario de la UNS debe considerarse inhábil, el quinto día hábil para interponer el recurso de apelación se cumplió el 02/02/2015”, dijeron los jueces ad hoc al considerar al planteo como “extemporáneo”.

Trámite celerísimo

El fiscal general Alejandro Cantaro cuestionó la designación de los jueces ad hoc y pidió su nulidad, mencionando que el Consejo de la Magistratura tramita un concurso para ocupar las vocalías vacantes y analizaba un dictamen de la Comisión de Selección para su cobertura temporal con magistrados subrogantes. Este último paso se cumplimentó el martes con la jura de los camaristas Alejandro Segura (San Justo), Alberto Lugones (de San Martín) Roberto Lemos Arias (La Plata) y el también integrante del tribunal que lleva adelante los juicios de lesa humanidad, Jorge Ferro (Mar del Plata).

Vojacek y García sostuvieron que dicho argumento “no abona” la postura del fiscal y que “por el contrario, podría ser interpretado como un planteo dilatorio: el de ‘quedarse a la espera’ de lo que ocurra primero (la definición del concurso o el tratamiento del dictamen en el Plenario), abandonando los expedientes sin magistrado hasta que algo suceda, lo que se da de bruces con el trámite celerísimo que impone a los magistrados la ley 16.986”.

Para rechazar su apartamiento, los magistrados ad hoc aseguraron que para su nombramiento se utilizó la lista confeccionada por el Poder Ejecutivo que incluye catorce conjueces con acuerdo del Senado. Solo dos de ellxs están domiciliados en la jurisdicción: el abogado Walter Larrea y la subrogante del Juzgado Federal de Santa Rosa Iara Silvestre. Del resto se carecía de mayores datos que permitieran su ubicación.

Desde la Cámara se solicitó la información de rigor a lxs conjueces encontrándose con cuatro inhibidos por estar afiliados a un partido político “sin expresar su determinación de renunciar al mismo” o desempeñar cargo público. Otros ni siquiera contestaron. Así la lista se redujo a cinco sumando a lxs mencionadxs Silvestre y Larrea a Omar Cirilo Vojacek, Juan Antonio Raña y Javier Esteban García, domiciliados en otras jurisdicciones.

El fallo advierte que de la lista en cuestión surgieron 46 designaciones de conjueces para intervenir en diversos trámites, siendo en el expediente analizado el único en el cual el fiscal “objetó la validez del trámite”. La referencia no incluye las causas de lesa humanidad en las cuales Cantaro no interviene.

Por ende, los firmantes se ratificaron en la causa y reprocharon al fiscal general “un celo selectivo” dado que “son estas designaciones en estas causas las que lo perturban y no las otras múltiples designaciones de igual tenor que han sido necesarias en los últimos meses por encontrarse el fuero totalmente desintegrado”.

Helen Turpaud y Luciana Foulkes son dos de las bahienses que el último fin de semana hicieron el 30º Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, ayer visitaron la FM De la Calle y repasaron tres jornadas de lucha, alegría y represión patriarcal.

Helen destacó la multitudinaria participación de mujeres y advirtió que “no nos comemos ciertos versos que circulan en relación a ‘los derechos ya están’, no nos comemos el verso de la Iglesia, y es importante que eso quede claro. Es el año del #NiUnaMenos y todo esto cuaja de una manera bastante irregular por ahí en organizaciones estructuradas o en gente que no sabe hasta qué punto se entienden o no algunas cuestiones. Es todo muy heterogéneo. El balance es muy positivo a pesar de lo que nos sacude bastante, que fue la represión en la Catedral”.

Su compañera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y Socorristas en Red, Luciana Foulkes, agregó que “era un año especial porque estamos cumpliendo los diez de la Campaña y justamente es una muestra del sentido en que sirven estos encuentros. Si bien siempre hay una crítica de que no son resolutivos, no sé hasta qué punto sirve resolver ciertas líneas de acción en un taller donde nos encontramos personas de muy diversas procedencias políticas, pero sí son espacios donde nos encontramos muchas compañeras que venimos laburando las mismas cuestiones”.

“Estuvo muy atravesado por el #NiUnaMenos y más allá de que el final de la marcha fue un bajón, el resto estuvo muy buena. Una de las cosas más valorables es que había muchas mujeres que se iban sumando en el camino a la marcha y creo que eso tiene que ver con una conciencia que generó el trabajo de las organizaciones de años y que terminó de cerrar con el #NiUnaMenos”, opinó Luciana quien integra además el Colectivo Pueblo en Lucha.

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Al ser consultadas sobre la decena de femicidios ocurridos en los últimos días, Luciana sostuvo que “no es casual que se dé mientras las mujeres ganamos en organización y hacemos un encuentro que casi duplicó la cantidad de gente de los anteriores, se producen en la misma ciudad tres femicidios. No es una relación lineal, no matan tres mujeres porque vamos a hacer el encuentro pero sí tiene que ver con una reacción machista frente a un empoderamiento de las mujeres”.

“Nos interesa siempre marcar políticamente estos temas, el sistema funciona así, funciona reprimiendo y reprime el doble cuando empieza a haber un cuestionamiento cada vez mayor del poder hegemónico. (…) Lo de Diana Sacayán es realmente tremendo porque es una militante travesti que ha estado en todas las movidas para ampliar derechos, para luchar por la comunidad trans. Es realmente muy impactante y hay que reaccionar a eso, hay que seguir, hay que poder aprovechar el envión de saber que somos muchísimas que estamos tendiendo hacia esta lucha para poder organizarnos”, dijo Helen.

Luciana recordó que “por parte del Estado tenemos una ley contra la violencia que está muy buena pero sigue sin ser reglamentada, lo que significa que no se le asigna presupuesto y en la realidad concreta esa ley no está”.

Desde la Colectiva Feminista hicieron una evaluación sobre las respuestas municipales al #NiUnaMenos y concluyeron que “fue la foto con el cartelito pero después, ¿qué hacemos? Seguimos teniendo un refugio que alcanza para cinco personas, 50 botones antipánico, una cantidad insuficiente de los cuales la mitad no anda. A nivel institucional fue muy poco lo que cambió. Sí vemos que cambió a nivel social, que la gente comprenda el femicidio, todas las mujeres que se animaron a hablar, a ir a un encuentro de mujeres, saber que esta problemática excede el caso individual”.

Iglesia, neonazis y policías

10486524_10153384668283645_831646093150675060_nEn el audio que acompaña esta nota Helen Turpaud describió la represión a la manifestación que llegó hasta la puerta de la Catedral marplatense donde las mujeres se encontraron con una patota de católicos neonazis y policías que les dispararon con balas de goma y gases lacrimógenos y llegaron a secuestrar a tres de ellas por varias horas dentro del templo.

“Parecía realmente como si fuera una trampa por toda la secuencia de cosas: se dispersaron las compañeras, sentí el olor a gases, salí corriendo gritando ‘limón, limón’ porque había estado una vez en Chile y compañerxs allá me tiraron la del limón. Estaba medio disperso el tema pero después cayó una columna de compañeras de izquierda y había muchos chicos y chicas de la plaza que se sumaban y ahí empezaron a tirar directamente a la gente. En la corrida se tuvieron que replegar compañeras a las que hubo que ayudar, había con carritos de bebés, no es para victimizarse”, comentó Helen.

Agregó que “si la policía estaba tan interesada en proteger a la población no hubieran hecho esto, saben perfectamente lo que pasa, cómo son las marchas todos los años, no es que justo no sabían. Si querían que esto no pasara ponían un cordón de otro tipo y no pasaba, no pasa ni la barrabrava de Boca. Ya tenemos experiencia con esto, en Tucumán fue muy heavy también porque tiraron gases lacrimógenos y ahí también había infiltrados que golpearon compañeras en la marcha”.

“La diferencia acá es la absoluta declaración de principios de tener a un dirigente neonazi (Carlos Pampillón) adentro de la Catedral. También lo de arrastrar compañeras y secuestrarlas dentro de la Catedral es, como decía una compañera, presas por la policía dentro de la Catedral, ni siquiera una metáfora”, manifestó la autora de las fotos aquí publicadas.

Por su parte Luciana relató que “veíamos cómo a partir del papa Francisco empieza a haber una recomposición de los sectores más conservadores de la sociedad que se aglutinan alrededor de esa figura y ahí vimos la alianza clarísimo. Policías que salen a proteger a un dirigente neonazi y sus amigos que estaban rezando en la puerta de la Catedral. Después deteniendo compañeras ilegalmente, porque hablar de detenciones es otra cosa que hizo la organización del Encuentro cosa que nos parece importante no hacerla, no fueron detenciones porque una detención se hace en una comisaría y queda asentada en un registro. Es un secuestro, una privación ilegítima de la libertad”.

La candidata a concejal por la fuerza política que dirige a nivel nacional Maurio Macri, Cambiemos, visitó el estudio Heinrich y Loyola el martes durante el programa Tarde Piaste.

Aquí dejamos la segunda de las charlas con quienes encabezan la lista de aspirantes a ocupar cargos en el Honorable Concejo Deliberante local.

Las ocho grandes refinerías del país se encuentran en zonas urbanas o próximas a ellas; y en no pocos casos, quienes viven en los alrededores aseguran que la cercanía deteriora gravemente su calidad de vida. La falta de información veraz y de acceso a la documentación oficial se convierte en un problema tan serio como los riesgos tóxicos a los que están expuestos. Como demuestran los trabajos reunidos en esta publicación, no existe una firme política de control, las instancias de fiscalización no son efectivas y no se han desarrollado programas permanentes de evaluación socio-sanitaria. Estas carencias impiden un conocimiento profundo de lo que sucede, dificultan la generación de demandas para revertir la situación, invisibilizan el problema, obturan los debates públicos -tanto sobre la necesidad de otra planificación territorial como de políticas de control industrial y también la búsqueda de alternativas a la matriz energética existente-, y restringen las discusiones, en el mejor de los casos, a las intervenciones de especialistas contratados por las plantas industriales.

El Colectivo Tinta Verde fue el responsable de analizar la situación de la refinería de YPF y el polo petroquímico ubicado en Ensenada y Berisso, en las afueras de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. En segundo lugar, el Observatorio Petrolero Sur, desarrolla el caso del complejo industrial perteneciente a YPF en Plaza Huincul, Neuquén. El presidente de OIKOS Red Ambiental, Eduardo Sosa, tuvo a su cargo el tercer capítulo, en el que leyó minuciosamente los expedientes de los incidentes ambientales y sus remediaciones en la refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza. Seguido, Mariela Dobal, periodista de FM De la Calle, de Bahía Blanca, expone el caso del polo petroquímico ubicado en la localidad de Ingeniero White y la refinería de Petrobras de Loma Paraguaya. Por último, Cecilia Bianco, coordinadora del Área Tóxicos de Taller Ecologista, fue la encargada de analizar los impactos de la refinería y la planta fluvial del Grupo Indalo, ubicados en San Lorenzo, Santa Fe.

Polos: injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina aspira a ser un aporte a ese movimiento de generación de información fidedigna, que pretende conmensurar la implicancia de estas instalaciones en la vida de su comunidad, barrio, ciudad. En ese sentido, busca ofrecer una mirada global de las problemáticas socioambientales vinculadas a la industrialización de los hidrocarburos en Argentina; lo hace desde el paradigma de justicia ambiental, en un intento de enunciar y explorar las preguntas que surgen de quienes viven en las cercanías de las plantas; las que son fruto de la lectura atenta de los informes de remediación ambiental, y, finalmente, las que resultan de la ausencia o vacíos de información.

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La semana pasada la Cámara de Diputados creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del Registro Nacional de Armas (RENAR). Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la norma representa un avance sustantivo en el desarrollo de políticas integrales de prevención de la violencia armada. Entre 2008 y 2011, sólo en la provincia Buenos Aires murieron 4.596 personas por armas de fuego.

Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática, destacó en FM De la Calle “las dificultades del propio Estado para registrar, evaluar la circulación dinámica de las armas que tiene en su poder. Cualquier política seria ligada a la regulación de mercados legales e ilegales tiene que tener al Estado como principal motor de proponer una política concreta de desarme y trabajar en políticas eficientes para evitar que armas que están en su poder pasen a mercados ilegales”.

Respecto al armamento de la Policía Bonaerense sostuvo que “hemos identificado que no solo que no se sabe a ciencia cierta cuántas y cuáles son sino que, por otro lado, detectamos que una cantidad importante se pierden, de extravían, les son robadas al personal policial o quedan involucradas en faltantes que se producen en comisarías y no hay mayores explicaciones”.

Desde 2012 la Comisión por la Memoria elabora y actualiza un informe sobre prevención de la violencia armada que da cuenta de las graves falencias en materia de control de armas. Según el documento que puede leerse aquí, esa falencia deriva en un “alto impacto en la producción de violencia, ya que las fallas y omisiones de los distintos poderes del Estado en el registro y resguardo de las armas propician el desvío hacia el mercado ilegal y facilitan el despliegue de prácticas policiales y judiciales ilegales”.

La CPM accedió a información oficial que constata la existencia, entre 2009 y 2014, de al menos 900 armas pertenecientes a la Bonaerense que se extraviaron, robaron o desviaron, entre otros supuestos. Sin dudas, se trata sólo de la punta del iceberg que da pie a diversas hipótesis; entre ellas, la incorporación de estas armas al mercado ilegal. Sin embargo, queda pendiente continuar explorando la verdadera dimensión de este problema si se tiene en cuenta el caudal de armas en poder del Servicio Penitenciario y las agencias de seguridad privada.

En relación a la intervención policial con armas de fuego, el documento destaca que la mayoría de las muertes provocadas por funcionarios policiales se desencadenan fuera del horario de trabajo. La muestra sobre la que trabaja el informe, indica que el 70 por ciento de estas muertes se produjeron en franco de servicio. En estos casos y en el marco del estado policial, los policías utilizan las armas reglamentarias para gestionar conflictos privados o responder a situaciones de victimización por robos.

Pomares explicó en el programa En Eso Estamos que el estado policial “constituye al policía como un sujeto-policía, se transforma en un algo distinto al resto de la sociedad (…), si a eso se le agrega que es considerado prácticamente -como lo ha expresado el gobernador en el juramento que les tomó- como un defensor de la democracia, lo liga más a las fuerzas militares o de seguridad que a las policiales que son de prevención”.

“Respecto a las policías locales venimos alertando y proponiendo que son policías de proximidad, que trabajan sobre la primera línea de prevención de los delitos, alertan, toman intervención inmediata pero con una lógica de monitoreo de los territorios, no son una fuerza de intervención directa. Lo que planteábamos es que era un buen momento para discutir el estado policial y que los policías tengan que portar su arma luego de cumplir su actividad”, finalizó.

El candidato a concejal por el Frente de Izquierda y los Trabajadores en Bahía Blanca, Néstor Conte, visitó el estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle ayer durante el programa Tarde Piaste.

Aquí dejamos la primera de las charlas con quienes encabezan la lista de aspirantes a ocupar cargos en el Honorable Concejo Deliberante local.

(Por Giuliana Crucianelli – FM De la Calle) A mí no me la contó nadie, yo la vi. Yo la viví. Yo estuve en el medio de la marcha multitudinaria de alrededor de 70 mil mujeres que se manifestaron en el 30 Encuentro Nacional de Mujeres.

Yo participé de la fiesta y del miedo que se vivió cuando la cana y el grupo neonazi de este tipo nefasto Pampillón, reprimió a las chicas que se manifestaron en la Catedral. Sí, es cierto que se pintó la ciudad, sí es cierto que estaban en tetas y gritando. Todo eso es cierto, pero ¿no es excesivo reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos una decena de pares de pezones y unos cuantos grafitis? ¿No resulta excesivo arrastrar, secuestrar, chupar mujeres dentro de la catedral, esposarlas y golpearlas?

Más allá de estos repudiables hechos, por los cuales seguiremos luchando, el ENM fue una fiesta. Fue alegría. Fue emoción. Fue hermandad. Mujeres de todos los puntos del país se concentraron en la ciudad para gritar y luchar por las desigualdades. Se realizaron más de 65 talleres donde se debatió, se discutió, se conversó y se elaboraron ideas y conclusiones concretas.

Diversos grupos participaron del encuentro, diferentes organizaciones con ideas políticas opuestas en muchos casos, pero que pudieron conciliarse ante una lucha codo a codo, de igual a igual.

La marcha duro dos horas y media más una hora de concentración en Avda. Luro e Independencia. Tres horas de cantar ininterrumpidamente, de arengar, de abrazos, de besos, de pogo enardecido. Alegría que desbordaba corazones, gente en los balcones que gritaba con nosotras.

La sensación de que no nos conocíamos pero en realidad sí. Estábamos todas unidas por una misma causa, por un mismo sentir. Eso se demostró durante todo el encuentro, en el agite popular, en los cánticos, en los gritos y banderas. En el abrazo de pogo y en la unión de las manos que hacían las cadenas humanas para cuidar las calles, para contener toda esa emoción que emanaba de 70 mil cuerpos.

Para pedir por el aborto legal seguro y gratuito, para hacerle frente a este sistema machista y patriarcal que nos condena, nos oprime y nos mata. Para visibilizar a nuestras compañeras muertas, violadas, a las que no las dejan opinar, a las que están supeditadas a un patrón abusador o a un marido golpeador y por todas las que todavía no lo saben pero que están oprimidas. Para lograr equidad, para despertar a las dormidas, caminamos, caminamos y seguiremos caminando, seguiremos luchando y sumando adeptxs, con los pies rotos, con el corazón sonriente y con el puño en alto, al grito de “¡Muchachas! ¡Ni una menos nos puede faltar! ¡Todas vivas nos queremos! ¡Todas vivas y a agitar!”

Luego de más de diez años de lucha, la Red Argentina para Desarme (RAD) celebró la aprobación por unanimidad de la ley que crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del Registro Nacional de Armas (RENAR). La nueva normativa, responde a las demandas de un país que sufre la violencia con armas de fuego y que necesita políticas públicas integrales y permanentes para su prevención.

 “La premisa de la que partimos es que toda arma ilegal nació siendo legal, por lo que controlar efectivamente el mercado legal de armas de fuego va a permitir tener una incidencia notoria sobre el mercado ilegal. Para eso uno tiene que poder contar con un organismo con capacidad”, dijo a FM De la Calle la coordinadora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Aldana Romano.

La Ley aprobada jerarquiza el organismo al cambiar su naturaleza de simple registro a agencia de control y modifica el sistema de administración financiera, que conlleva incentivos negativos para el ejercicio de una verdadera política de control.

La politóloga explicó que “hoy el RENAR no solamente funciona como registro sino que se financia de la venta de formularios de las armas de fuego y además, sus recursos son administrados por un ente privado -a similitud de lo que pasa con el registro automotor- que es nada más y nada menos que la Sociedad de Armeros”.

Asimismo, la ley otorga una definición clara de objetivos y funciones del nuevo organismo para que se supere la visión militarista por la cual el RENAR era una herramienta de la política de defensa nacional.

Finalmente, la nueva normativa garantiza la publicidad de la información y de los actos de gobierno. En la actualidad no hay forma de conocer las dimensiones del mercado de las armas de fuego.

Nueve femicidios se registraron en el país durante la última semana, tres de ellos en Mar del Plata, ciudad que concentró el fin de semana a más de 60.000 personas en el Encuentro Nacional de Mujeres que terminó bajo el reclamo #NiUnaMenos, consigna social que pide el cese de la violencia de género.

“La cifra para una semana es impresionante. Hay una toma de conciencia social, un posicionamiento que repudia y no tolera los femicidios. Quedó demostrado en la masiva marcha nacional #NiUnaMenos del 3 de junio y se profundizó ahora en el encuentro en Mar del Plata, pero a las mujeres las siguen matando”, dijo a la agencia de noticias Télam, Ada Rico, directora del Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro.

El trágico listado comenzó el martes 6 de octubre, con el asesinato en la calle de Sandra Elizabeth Costantopulos, crimen que habría sido cometido por su ex pareja Claudio Javier Soto, quien horas después del ataque se suicidó. Al día siguiente a Daiana Luisa Rodríguez, de 17 años, la balearon en la localidad bonaerense de Carmen de Areco y murió en el hospital. El sospechoso del ataque sería su novio Nicolás Cancino, de 24 años, quien también se mató.

Ese mismo día, en Bariloche, Río Negro, asesinaron por asfixia a María de la Cruz, crimen por el que está detenido como sospechoso Hernán Guillermo Cortés. El jueves 8, en la localidad mendocina de Los Corralitos se encontró el cadáver de Marlene Carruman López, de 18 años, en un pastizal. Las primeras investigaciones difundidas por medios locales hablan de que ella estaría en situación de prostitución y que la justicia investiga a un “cliente” como autor del crimen.

A las 24 horas, en Tartagal, Salta, se conoció el femicidio de Silvina Barba, de 23 años. La policía busca al posible autor del hecho, Santino Salas, de 57 años, pareja de la joven, quien estaría prófugo. El sábado 10 mataron a Rosario del Carmen Salinas en Mar del Plata. Ella había logrado una orden de restricción judicial para que su ex pareja Carlos Ruiz Díaz, no se acercara. La mujer había denunciado maltrato y se había mudado a la casa de su mamá. Allí, fue asesinada. El hombre está detenido.

“Este femicidio es uno de los tantos que nos muestran que hay que cumplir con la ley de protección integral que tenemos desde el 2009. El Estado debe ejecutar, con presupuesto, lo que la ley dice. El hombre tenía prohibido acercarse e igual la mató. La justicia debe pensar otras estrategias para cuidar a las víctimas”, analizó Rico.

Ese mismo día, en la misma ciudad, apuñalaron hasta la muerte a Claudia Sposetti, cuyo cuerpo se encontró luego de 48 horas de búsqueda. Está detenido como principal sospechoso su ex pareja Héctor Daniel Herrera. El domingo, Julieta Mena, fue asesinada a golpes en Ramos Mejía y su novio Marcos Andrés Mansilla fue detenido luego de estar prófugo. “Un vecino de Julieta dijo a los medios que escuchaba el maltrato constante. Pero avisó a la policía cuando escuchó silencio y ese silencio era la muerte de la joven”, resaltó la dirigente de la ONG.

Para la titular del Observatorio de Femicidios, la violencia de género “se acrecentó, y también, se visibilizó. Las mujeres se animan a hablar, salen a las calles a decir ¡Basta! Sin duda, esto enfurece a los agresores. Entonces, se deben profundizar las acciones preventivas y de asistencia. Es urgente. Hoy, los violentos siguen matando”.

También son nueve los niños y niñas que quedaron huérfanos esta semana, víctimas colaterales de estos nueve femicidios. Por eso “es esencial que el Parlamento debata urgente los proyectos que presentamos para quitar la patria potestad -responsabilidad parental en el nuevo Código Civil- a los femicidas y la asistencia económica inmediata para estos niños, lo que llamamos Ley Brisa”, agregó Ada Rico.

Fuente: Télam.

El diputado nacional Héctor Recalde (FpV) consideró que el titular del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, y el propietario del ingenio azucarero de Ledesma, Carlos Blaquier, deberían ser “los primeros en declarar” en la Comisión Bicameral que investigará la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, y cuya conformación cuenta con media sanción del Congreso.

“Sugerí que sean ellos dos los primeros en ser llamados a declarar por la responsabilidad que tuvieron en hechos represivos. Más adelante, la Bicameral debería citar a los directivos de las empresas Ford y Mercedes Benz”, señaló Recalde en declaraciones que reproduce ayer el diario Tiempo Argentino.

En ese sentido, el legislador apuntó que otro caso de tendría que analizar este organismo parlamentario cuando se ponga en fusiones sería el de la firma cementera Loma Negra de Olavarría, cuyo personal directivo habría estado implicado en la desaparición del abogado laboralista Carlos Moreno, durante la última dictadura cívico militar.

“Hay que poner en marcha las investigaciones porque además de los casos conocidos, seguramente van a ir apareciendo otros más. En los últimos días recibí información de particulares que se ofrecen a declarar”, sostuvo Recalde.

El mes pasado, con 170 votos a favor y sólo 14 abstenciones del bloque del PRO, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto para crear esta Bicameral y lo giró al Senado para su aprobación definitiva.

El matutino cita también las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, quien consideró que “cualquier caso” de complicidad civil con la última dictadura “debe ser investigado por la Justicia”.

“No se entiende la conformación de esta Bicameral. Esto es un operativo de un gobierno autoritario que impone operativos de prensa para atemorizar a la población. Ahora, a pocos días de terminar lanzan esto”, fustigó el empresario rural.

En ese sentido, Etchevehere adelantó que el próximo coloquio empresarial de IDEA, que se llevará a cabo en Mar del Plata, la entidad patronal agropecuaria que encabeza intentará “frenar la iniciativa”.

“Si van los candidatos al coloquio sería bueno preguntarles antes de las elecciones qué van a hacer con esto. Deberían tomar un compromiso antes de las elecciones porque eso es calidad institucional”, subrayó.

A modo de réplica, Recalde defendió la puesta en funciones de la Bicameral y las atribuciones del Congreso para impulsar investigaciones, al tiempo que cuestionó el papel de la SRA durante el terrorismo de Estado.

“¿Etchevehere no explicó por qué la SRA le entregó a la dictadura un predio en Junín para que funcionara un centro clandestino de detención? No hay un argumento solvente para impedir la creación de la Bicameral. La Constitución afirma que los legisladores estamos obligados a investigar para ‘afianzar la justicia’”, puntualizó.

A principios de mes se reglamentó la Ley 25.929 de Parto Respetado y fue presentado oficialmente el Observatorio de Violencia Obstétrica, impulsado por Las Casildas con el apoyo del Consejo Nacional de las Mujeres. Al final de esta nota el enlace para ingresar a la encuesta.

“La escena del parto se ha tornado muy violenta y el tipo de violencia que invade la escena está completamente naturalizada e invisibilizada. Por eso la concreción de esta iniciativa del observatorio para cuantificar y visibilizar a todas las mujeres que a lo largo y a lo ancho del país son sistemáticamente violentadas en un momento tan fundante y tan revolucionario como es parir a nuestros hijos y nuestras hijas”, explicó a FM De la Calle Julieta Saulo, fundadora de la organización de mujeres.

Agregó que “si bien este tipo de violencia está especificado en la ley 26.485 no es muy conocido entre nosotras las mujeres. Es decir, yo tengo a mi hijo de manera violenta, la mujer que vive al lado de mi casa también, nos relatamos los partos y no hay nada que discrepe, los partos fueron absolutamente violentados los dos”.

Para la militante “la información es poder y no solo empodera a las mujeres sino a las familias en general” y  si bien la ley de Parto Humanizado está vigente desde 2004, contar con la reglamentación “ha sido un gran avance en torno a los derechos sexuales y reproductivos porque viene a traer la bajada al territorio”.

“Por ejemplo, la ley estipula desde 2004 que las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas en el parto. Cuando se reglamenta, se baja al territorio que las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas si lo deseamos y que puede ser tanto de una mujer o de un varón y no hace falta que se acredite filiación, que sean parientes. Aparte que las instituciones privadas no pueden cobrarle un extra a esas personas por acompañar a la mujer que es lo que habitualmente sucede”, comentó.

Saulo sostuvo que “en muchos casos las mujeres que tienen a sus hijos e hijas por cesáreas entran solas al quirófano porque se habla de la asepsia y demás y en realidad no hay documentación científica que así lo avale, se basan solamente en decisiones institucionales”.

Además, subrayó el desequilibrio de poder entre las pacientes y lxs médicxs partiendo de “la posición en la que parimos las mujeres, acostadas y atadas. Básicamente para comodidad del médico o la médica. El médico se sienta y se queda ahí mirando o interviniendo -porque lamentablemente no solo se quedan mirando sino que intervienen en el proceso-, mientras tanto las mujeres estamos con las piernas atadas, abiertas y recostadas, intentando parir. Las mujeres que así y todo pueden parir realmente es meritorio porque no tiene absolutamente nada que ver con la fisiología del proceso”.

El Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina propulsado por Las Casildas es una iniciativa ciudadana y nacional cuya finalidad es visibilizar y difundir esta problemática y los derechos que amparan a las mujeres. La encuesta a la que se puede acceder en este link es una de las herramientas de las que disponen y su función es generar estadísticas en torno a la atención del parto/cesárea. La información es confidencial, los datos personales (nombre, apellido, dni, etc) no serán difundidos en ningún medio, los piden para garantizar la legitimidad de la consulta y evitar posibles repeticiones en el registro de los datos.

Escuchá la entrevista completa: