Cinco días después de la explosión en la planta de Dow, el intendente Héctor Gay pidió actuar “con prudencia” y afirmó que se cumplió el protocolo de emergencias aunque “hay cosas que mejorar”.

“Hemos pedido a la justicia que actúe, por las leyes vigentes la competencia del Municipio es muy reducida. Hemos acompañado al OPDS y a la justicia en el trabajo. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se diga lo que pasó. Sí con la prudencia necesaria pero con la preocupación de que no se repita”.

“Por suerte pudimos instalar el comité de crisis muy rápidamente, a los 20 minutos ya estaba instalado, inclusive algunos periodistas pudieron participar de la reunión”.

“Los especialistas dicen que no se puede dar una información en un evento de esta naturaleza, con el grado de certeza que como Estado tenemos que dar, antes de una hora. Se cumplió el protocolo, a los 47 minutos se brindó la información. Hay cosas para mejorar. Hemos tenido reuniones con la empresa, con la justicia y con el OPDS. El Municipio necesita, quiere y exige que haya un esclarecimiento pero obviamente prudente, en los tiempos que se manejan”, comentó.

Entre las cosas a mejorar, Gay apuntó a la comunicación mediante Radio Nacional y dijo que se vieron “atravesados por una situación lamentable que es lo de las noticias falsas que es un problema con el periodismo que quiere informar bien”.

“Que el principal medio nacional (TN) al otro día haya publicado la foto de un incendio en Córdoba diciendo que era en Bahía Blanca, o que otro medio haya publicado otro incendio en la India diciendo que era en Bahía cuando no hubo fuego nunca, es cierto que nos preocupa”.

Finalmente comentó: “Somos conscientes de que hay que dar buena información, verídica, sin ocultar nada pero tampoco hay que caer en los excesos que hemos tenido en estos días”.

La empresa Dow difundió anoche las primeras imágenes del sector de la planta Craker 2 que explotó el viernes pasado y causó conmoción en Ing. White y Bahía Blanca.

El registro de fotos y videos en el lugar había sido impedido en primer término a bomberos y a algunos periodistas que fueron invitados a recorrer el sector el lunes. La empresa adujo “cuestiones de seguridad”.

Sin embargo, sí pudieron hacerlo el fiscal Christian Aguilar y el juez Guillermo Mércuri durante la inspección ocular que realizaron el domingo para dilucidar si hubo daño a trabajadores o bienes de terceros y, en consecuencia, se configuró delito durante el incidente.

Horas después de la explosión, Dow informó que se trató de “un acontecimiento sonoro sin presencia de fuego”. El fin de semana, la empresa publicó una solicitada en la cual sostuvo la minimización de la gravedad del episodio y agregó que lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas”.

La periodista Soledad Barruti presentará su libro “Mala leche” en Bahía Blanca. Será este jueves, a las 20, en la Biblioteca Rivadavia.

La investigación analiza al “supermercado como emboscada” y continúa la propuesta de “Malcomidos: cómo la industria alimentaria argentina nos está matando”.

“La comida para chicos es la peor de la góndola, la que uno no compraría en búsqueda de salud, estamos alimentando a las nuevas generaciones a base de azúcar, llenos de harinas blancas y aceites de la peor calidad. Como resultado aparece una sociedad más enferma, con niños que se enferman de cosas que nunca antes se habían enfermado”, afirmó la autora.

Barruti sostiene que la mala alimentación parte de “una confluencia de libre mercado y no regulación absoluta, en donde la industria ha ido ganando más espacios producto de confundir la publicidad con información, de hacer acuerdos con sociedades científicas, con profesionales de la salud en los que confiamos, a los que los terminan instruyendo en base a lo que las marcas pueden ofrecer, tienen visitadores médicos en los consultorios de los pediatras, stands fijos en los congresos, son los que muchas veces sostienen las sociedades de nutrición y pediatría, y eso va moldeando una idea alimentaria de la que nos cuesta salir”.

A la confusión que esto genera la autora agregó que “la posibilidad y acceso a los alimentos frescos y buenos se volvió cada vez más complicada. Los productos comestibles y bebidas son sumamente adictivos, entonces entre que la comida de verdad no está, lo que nos llega como mensaje de que esos comestibles son buenos y que son adictivos, tenés la trampa perfecta“.

Barruti destacó que “la única manera de darle de comer bien al mundo es la agricultura a pequeña escala. No con las lógicas de sobreproducción, de tirar comida, de agrotóxicos. Las personas que más inseguridad alimentaria tienen son las que viven en zonas rurales, el sistema actual ha desplazado a trabajadores, personas que vivían en esos campos donde se producía alimento, es un tema complejo, sin embargo, las soluciones están ahí”.

La periodista afirmó que “estamos acostumbrados a pensarnos como consumidores, somos seres sociales alrededor de la comida, comemos en sociedad, ninguna persona come pescado y algas a la mañana como en Japón porque sencillamente comemos lo que come el resto. Eso habla que comer es un acto social y que nos vincula con la gente.  Lo que debería pasar es que se debería socializar la información, hacer cambios comunitarios en las escuelas, trabajos, etcétera”.

El economista y  columnista de FM De la Calle Francisco Cantamutto analizó las implicancias y posibles puntos de conflicto que traerá la puesta en marcha del acuerdo consensuado entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Es una medida con efectos de muy largo plazo buscada de cara a las elecciones. Por otro lado, para lograr el acuerdo se pone por encima la ideología librecambista y la postura negociadora de entrega absoluta para obtener el resultado. No es una conquista para el país ni para el bloque regional, es un retroceso en términos institucionales. La Unión Europea pudo imponer todas las condiciones que estaba demandando”, afirmó.

Cantamutto agregó que “es una especie de colonialismo del siglo XXI que no tiene nada prometedor para dejarnos. Por suerte no está todavía consolidado, las críticas no son solo de acá sino europeas también. Tenemos que hacer lo imposible para que esto no pase por el Congreso. Es una entrega del país y del bloque a los capitales europeos”.

El economista destacó el hermetismo en torno a lo negociado: “Las cámaras PyMEs como la Unión Industrial han salido a declarar que nunca tuvieron participación en esto, que no se las consultó y que no están de acuerdo. Los representante sindicales de la CGT y CTA han hecho pedidos formales y nunca se les ha dado información. Cuando se filtra en Europa nosotros los conseguimos acá. El gobierno que se jacta de la transparencia no está haciendo el acuerdo en esos términos”.

¿Qué implica el acuerdo en medidas económicas?

1- Desregulación del comercio en el sector industrial”

“La mayor parte del comercio con UE ya está liberalizado, las posiciones arancelarias o de negociación de trabas al comercio de este acuerdo son con sectores sensibles como el automotriz. Estamos ante el riesgo real de que el sector automotriz si no desaparece quede reducido a una cosa mínima. Recordemos que este sector tiene un enorme entramado de cadena de proveedores hacia atrás en la industria metal-mecánica”.

Cantamutto agregó que “hay dos sectores en el Mercosur con protección especial: el automotriz y el azúcar. Si quitás esas protecciones es muy probable que el abastecimiento de autos en la región provenga de otras latitudes: Europa, Asia. Si se quita la protección y la industria automotriz deja de producir se pierden esos empleos y el entramado hacia atrás y hacia adelante”.

Los estudios que llevó a cabo Paula Español, ex secretaria de Industria del gobierno anterior, indicarían que “en todas esa cadena productiva podrían perderse 185 mil puestos de trabajo, es más que toda la fuerza laboral de Bahía Blanca. Esto puede repetirse para otras cadenas industriales”.

2-Nos reduciría a la exportación de bienes primarios

“Dentro de la agroindustria son muy pocos los bienes que podrían obtener una cota mayor, concretamente hablamos de la industria ganadera. El agro en Europa sigue subsidiado y con protecciones para-arancelarias, puntualmente controles fitosanitarios o normas de calidad de otro tipo. Agregan que la producción en el Mercosur está fundamentalmente apalancada a través del uso masivo de agrotóxicos. En Europa han elevado los estándares de calidad ambiental y no están dispuestos a recibir estos productos que consideran potencialmente riesgoso para la salud”.

“Esto llevaría a perder toda la cadena industrial y exportar muy pocos bienes con poco valor agregado en la producción primaria“.

3– Patentes

“La Unión Europea insiste mucho en la protección de los derechos de la propiedad intelectual, el uso de medicamentos genéricos podría desplazarse de 10 a 20 años, con lo cual la medicina se encarecería mucho porque habría que pagar las patentes de las farmacéuticas europeas 10 años más. Es un golpe directo al bolsillo. En otras áreas también es patentamiento de material genético local, una discusión del Congreso como la Ley de Semillas, es impedir que los productores manejen su propio material genético y tengan que comprar la semilla a Europa”.

4-Obra pública y compras estatales

“El tratado propone que tanto para la obra pública, licitaciones y compras de empresas estatales, no podrían tener preferencia que promuevan la contratación de empresas o PyMEs locales. Las empresas europeas podrían licitar igual que las locales y las locales no serían capaces de competir. Esto produce una devastación de empleo y más salida de recursos en la balanza de pago. Esto se compensaría buscando divisas por otros lados, ¿cuáles serían esos otros lados? Los mismos que el tratado impugna como problemáticos, que son el extractivismo y la producción agroganadera y minera en condiciones insostenibles“.

Federico Manfredini, soldador de alta presión durante más de 30 años en Solvay Indupa, comentó a FM De la Calle cómo vivió la explosión en la planta de Dow la madrugada del viernes y recordó algunos mecanismos y formas de trabajo de las empresas del polo.

“Me tembló la cama, las ventanas, el portón. Al principio pensé que era un temblor.  A la mañana hablé con mis ex compañeros y me explicaron lo que sabía todo el mundo”, aseguró el papá de Juan Cruz, joven bahiense fallecido por precarización laboral en Camin Cargo Control.

Manfredini dijo que “las causas siempre son por falta de material, por no haber cambiado caños o por una válvula que no abrió. Son fallas de cuestiones mecánicas, fallas reales. Ahora, si hicieron mantenimiento o no no lo vamos a saber, no te lo van a decir. (Ernesto) Monterroso se cayó a la pileta (de Solvay) por falta de mantenimiento. Eso fue arreglado rápidamente y al otro día estaba todo en condiciones óptimas”.

“El factor riesgo siempre está, se trabaja con presiones muy altas y me llama la atención que un caño de vapor haya hecho tanto ruido. Seguramente hay válvulas que registran eso, que cortan automáticamente o cierran cuando hay un desperfecto. El choque de vapor con la atmósfera es muy grande. Llama la atención que no hayan dejado entrar a los bomberos”.

Manfredini recordó un incidente en el año 87: “Se prendió fuego el fósforo de monómero vinílico. Estaba dividida en tres partes la planta de Solvay. Eso fue muy alarmante porque teóricamente desapareció todo el fósforo. Yo estuve en la reparación del artefacto”.

“La ciudadanía tiene que tener en claro que se deben hacer públicos los registros de mantenimiento a las unidades. Tienen que ser todos los años. Muchas veces durante el año se hacen paradas de planta para arreglar cañerías y válvulas pero no son públicas”.

Manfredini recordó que después del escape de cloro del 2000 “fueron muy exigentes con toda la cañería, con el tipo de soldadura, con el modus operandi de trabajo. Estuvimos muy cerca, todo lo que pasó por esa nube no quedó nada. Como me dijo alguna vez algún gerente de una planta: ‘Mientras salga el producto por el caño, no nos hagamos problema'”.

Consultado acerca de las versiones que circularon durante el fin de semana acerca de su expulsión, el fundador del Partido Obrero señaló que “la fracción oficial que dirige el partido obrero lo está rompiendo. Tenemos una discusión política hace bastante tiempo entre nosotros. En función de nuestro estatuto hemos pedido el reconocimiento de una corriente interna para tener derecho a asistir a todos los debates”.

Según el dirigente, el oficialismo le había solicitado que utilizaran este recurso y cuando tomaron la decisión de hacerlo, con el apoyo de más de setecientos afiliados, “la reacción a esto es un comunicado que sacan el sábado donde afirman que me había ido de la organización. Han tomado medidas de exclusión muy importantes con gente que ha firmado esto. Hay un ambiente de exclusión y de ruptura”.

Altamira también destacó que esta actitud representa un “golpe a la campaña electoral”. Desde los spots de campaña se habla de la unidad del noventa por ciento de la izquierda a través de la alianza FIT-Unidad.

¿Cuál es la diferencia de fondo?

“Esencialmente entendemos que el partido está siendo llevado por esta fracción oficial a una deriva electoralista, parlamentarista y en el plano de la propaganda mediática donde el planteamiento profundo de nuestros objetivos es desplazado por frases y sonrisas. No se está construyendo el Partido Obrero sobre una perspectiva de rebelión del pueblo”.

Altamira sostiene que “hay una manifiesta crisis del régimen político integral. Al mismo tiempo un ataque como pocas veces se ha visto a los trabajadores y todavía promesas de reformas más agresivas que las que ya hay”. En este contexto, “la banca parlamentaria es un instrumento débil e ineficaz para detener una cosa de este tipo. Hay que decirle al trabajador que tiene que tomar las cosas en sus propias manos y construir al Partido Obrero desarrollándolo sobre la base de esta premisa política”.

“En mi opinión somos más realistas que nuestros críticos que nos quieren llevar por el mismo camino diciendo ´esto es lo que hay´. Hay que quebrar esta muralla que partidos e instituciones ponen a que se satisfagan los reclamos del pueblo trabajador”.

El fiscal de Delitos Culposos Cristian Aguilar investiga si existió algún delito alrededor de la explosión ocurrida en Dow el viernes pasado. Esta mañana informó que busca determinar si “hubo o no riesgo cierto, no potencial, de afectación de bienes y personas”.

“No cualquier explosión es un delito penal, de lo contrario serán infracciones administrativas. La Fiscalía no controla la actividad de las empresas del polo, esa no es función del fiscal ni del Poder Judicial. Eso atañe al poder estatal, en este caso, a lo administrativo. La investigación de la Fiscalía es cuando el hecho ya acaeció”, comentó.

La intervención judicial de oficio la inició Marcelo Romero Jardín, quien se encontraba de turno al momento del episodio que alertó a Bahía Blanca. Durante el domingo, Aguilar y el juez Guillermo Mércuri -subrogando a la jueza de Garantías Susana Calcinelli- realizaron una inspección ocular junto a peritos de la UNS.

Aguilar manifestó que “no hubo escape de amoníaco, lo que hubo es una explosión de vapor y agua. No hay verificada la existencia de personas muertas o heridas. Incendio o explosión es la denominación técnica del delito”.

Santiago Maíz, secretario de Extensión, Investigación y Convenios del Departamento de Ingeniería de la UNS, destacó que lo que explotó fue “agua a elevada temperatura con lo que se producen dos productos de Dow, hubo un radio de expansión de 40 metros para la zona más alejada y de 10 metros par la zona más cercana”.

“El tanque está totalmente destruido. Pedimos los datos de los registros, era un tanque de tres metros de alto por uno de diámetro. Se ve la chapa abierta completamente. La tapa del mismo tanque estaba ubicada a 40 metros. Estaban destrozados diferentes aparatos cercanos al recipiente”.

¿Qué es la sobrepresión?

Maíz explicó que “ese tanque almacena el vapor que se condensa en las cañerías y lo vuelve a recircular. Pasó la presión de trabajo varias veces y explotó. Nos tienen que pasar los registros de las válvulas, los planos de la planta. La sobrepresión se ha llevado a cabo por alguna válvula que no funcionó. Lo que vimos es un registro que nos mostraron y se ve que la presión se elevó en cuestión de minutos”.

Aguilar insistió en que “para que sea delito se requieren diversas situaciones: que existan lesiones u homicidio. Si esto no ocurre, se requiere una afectación indeterminada de bienes y a personas. Daño ambiental es otro tipo de delito. Es necesario acreditarlas”.

El ingeniero Maíz comentó que, “por lo que pudimos averiguar, con el apagón del domingo anterior la planta se paró y se volvió a comenzar el ciclo que fue lo que derivo en la explosión. Seguramente en esa parada hubo que hacer alguna tarea operativa para el arranque y pudo haber fallado alguna válvula pero todavía no está clara la causa de la explosión”.

Hernán Zerneri, titular de la la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, destacó la falta de recursos en los organismos de control y concientización y la subejecución presupuestaria reconocida por el gobierno municipal.

“Los responsables de la empresa manifestaron que la sirena de planta no se activó porque no hubo intervención de productos combustibles ni de fuego. Eso nos abre un interrogante: ¿cuál es el protocolo interno de activación de alarmas internas de la planta siendo que además puede haber fugas tóxicas en las que no interviene fuego y puede que no sean  combustibles? Sin embargo, ¿en ese caso no activan la alarma? Parece que la explicación la ajustaron a lo que pasó“., afirmó.

Zerneri sostuvo que “habrá que evaluar de qué manera establecer la comunicación a partir de ahora y también agiornar el PRET. Por ejemplo, el coordinador de APELL manifiestó que no se habían cumplido ninguno de los pasos comunicacionales del PRET. No podemos darnos el lujo de cometer tantos errores en la comunicación en esta etapa de la manifestación de un episodio como este porque está en juego la respuesta que la propia comunidad tiene que dar en el caso de una emergencia tecnológica“.

La asociación integra el Comité de Control y Monitoreo, organismo de “carácter consultivo” del Programa Especial para la Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental, el cual debe controlar las “emisiones gaseosas y efluentes líquidos de origen industrial” en el Polo Petroquímico y el puerto.

Consultado sobre la emisión de gases mediante las antorchas de piso, Zerneri dijo que su instalación “vino a solucionar el problema de todos los gases que emanaban en una parada de planta imprevista. Estos gases se enviaban a la antorcha de altura y generaban una columna de humo negro que se veía a varios kilómetros. Si no salió un humo negro de las de piso significa que hubo una buena quema y combustión, que no repercutió en la cuestión ambiental atmosférica”.

Presupuesto

Zerneri advirtió que “la plantilla de APELL tiene un coordinador y una sola persona activa que es técnica y administrativa. La respuesta a la emergencia, si bien APELL coordina y no es la que actúa operativamente, no puede manejarse solamente con dos personas. Es una plantilla muy pobre para atender un tema tan importante como este”.

En cuanto al presupuesto, comentó que “en una reunión de Comité de Control y Monitoreo el propio Gobierno municipal presentó un resumen de los gastos del Comité Técnico. Tenemos casi 4 millones de pesos que no se ejecutaron. (…) Solamente se ejecutó 700 mil pesos de casi 5 millones”.

Agregó que “si se pudiera ejecutar el total del presupuesto tal vez podríamos tener mayores simulacros, mayor personal del área, podríamos tener un sistema de comunicacional como el de hace unos años con una respuesta más inmediata no solamente de una app sino de WhatsApp”.

De la Secretaría a la Subsecretaría de Gestión Ambiental

“Fuimos la única institución que en su momento, cuando hubo un replanteo del organigrama municipal, solicitamos públicamente a través de notas, hasta nos reunimos con el intendente, del cambio de rango que tuvo el área de medio ambiente. No es menor. Planteamos que teniendo uno de los polos petroquímicos más importantes de Sudamérica, el contrato con terceros más importantes del presupuesto municipal que es el de recolección y disposición de residuos urbanos, sufre la deposición de rango, el área ambiental pasa a ser subyacente a otros”.

“Pasando de secretaría a subsecretaría la autoridad máxima no puede plantear temas en reunión de gabinete como debería”, comentó.

Foto: Telefé.

Que a esta nueva explosión en el polo petroquímico no se la lleve el viento.

Que sirva para pensar la ciudad que fuimos, la ciudad que somos y la ciudad que queremos ser.

Un aporte para este finde lluvioso.

“Ingeniero White, un pueblo que están matando”, de María Giovis.

Este documental es un grito de denuncia, de dolor y de lucha. White era un pueblo donde había vida, con miles de ferroviarios y portuarios en actividad y que empezó a morir con los despedidos de esos trabajadores y siguió con la instalación al lado del pueblo, de un Polo Petroquímico. La contaminación, las muertes abruptas, los cánceres raros y la precarización laboral, llegaron con ese Polo.

La película entera se puede descargar con fines educativos y de difusión desde el siguiente enlace (copiando y pegando este enlace en una pestaña y clickeando el botón debajo del video que dice descargar) link: https://vimeo.com/269130923

IDEA ORIGINAL, GUIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: MARIA GIOVIS

EQUIPO TÉCNICO:

MONTAJE: CYNTHIA GABRENJA

MÚSICA ORIGINAL: MARIANO PIRATO

RESTAURACIÓN DE SONIDO: MARCELA TURJANSKI

MÚSICA ORIGINAL : CHRISTIAN LASALLE “KRIS FUEGO”

ANIMACIÓN: RUBÉN LONGAS.

DISEÑO GRÁFICO: CYNTHIA GABRENJA

DURACIÓN: 01:47:10

COLOR

FORMATO ORIGINAL: HD

IDIOMA: ESPAÑOL

ASPECTO DE RATIO: 16:9

Tras la explosión ocurrida esta madrugada en Dow, el abogado Leandro Aparicio advirtió que no estamos ante el primer episodio de estas características y recordó al inspector Martín Negri, “suicidado” por denunciar un hecho similar en 2011.

Aparicio trabaja en un documental en el cual expondrá parte de las grabaciones que le entregó la familia del inspector: “La mamá me da tres CD´s con 500 horas de grabación desde el 26 de junio del 2010 hasta el 14 de octubre de 2012”.

“Agobiado por el acoso laboral del que era objeto, por las presiones y amenazas constantes, el ingeniero agrónomo Martín Negri, que se desempeñaba integrando la Coordinación de Unidad de Respuesta Rápida (URR) del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) puso fin a su vida el pasado 14 de octubre del 2012″, informaron en aquel momento la Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, Aukan, Asamblea Ambiental del Sur, la Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente, Gral. Daniel Cerri y estudiantes autoconvocados.

El abogado refirió que en tres llamadas de junio de 2011, Negri “advierte primero lo que pasa, la jefa le dice que sabía y que vaya, va y le dice que lo llamó la Municipalidad, (el entonces titular del CTE, Fernando) Rey Saravia me llamó, me está llamando el gerente de Dow, me dice ‘comunicate con (la ex titular del OPDS) Verónica Gladario que es tu jefa”.

“Yo si entro a la empresa clausuro. Si quieren unificar criterio con el municipio me quedo acá en casa y no hago nada”, decía Negri.

“Él los manda a la mierda. Esa conversación final es el principio del fin”, afirmó Aparicio. “A los dos meses lo echan, cuando él habla con la jefa, cuando lo están echando, pide perdón, dice que se sintió abandonado y la jefa le dice ‘¿y que querés? A mí me llamó el gobernador. Se relaciona con el rol de Scioli con Dow, quien efectivamente en la campaña del 2015 fue a visitar la planta con el embajador de Estados Unidos en Argentina”.

Ocho años después, el único cambio que estamos en condiciones de confirmar es el de los nombres propios de quienes ocupan dichas responsabilidades y que Negri ya no está.

Para Aparicio “no hay nada más real que el audio de una persona que se graba y después se suicida. Esa información la tenemos que dar a conocer. Las empresas ponen una plata para salvar el planeta y sarasa y esa plata es la que fomenta los organismos de contralor como el CTE y el OPDS”.

Imagen: Canal 7.

A las 0:20 de la madrugada se registró una explosión en el Craker de LHC2 de empresa Dow. César Pérez, titular del Comité Técnico Ejecutivo, brindó detalles de lo ocurrido a FM De la Calle .

Primeros minutos 

“En la guardia nuestra de 24 horas, el monitoreo percibió el ruido de la explosión y se puso en contacto para verificar en qué planta había habido algún incidente. En forma paralela ingresamos a la misma. Apenas emitió la guardia la información, automáticamente ellos (Dow) empezaron a averiguar planta por planta para verificar cual era”.

“Primero se decretó el Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas con nivel 1, esto tiene todo un protocolo de actuación para evitar lo que ha sucedido en las redes sociales. El ingreso a la planta, la inspección y el recorrido nos lleva un determinado tiempo para dar información verídica de lo que sucedió. La guardia recorre la periferia de la planta para determinar si hay un riesgo o no”.

¿Qué es el cracker lhc2 de Dow y qué implica el PRET Nivel 1?

“Se trata una de las planta de producción de etileno de la empresa”.

“PRET 1 son las siglas de Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas. Hay tres niveles. El nivel uno implica que lo sucedido se circunscribe dentro de los límites de la empresa. Si se ve afectado personal de la empresa, es nivel dos. Si hay alguna afectación importante hacia la comunidad sería nivel 3, eso implicaría el accionar de la sirena comunitaria para tomar medidas de autoprotección”.

¿A quién le corresponde difundir la información y capacitar a la población? ¿El nivel 3 en qué caso se aplica por ejemplo?

“Comunicar y difundir es parte del programa APELL. En caso que haya algún escape de producto tóxico, de algún gas y que las concentraciones implican riesgo a la comunidad sí se activa la sirena”.

¿Por qué se produjo la sobrepresión en “el recipiente” que explotó?

“Se está evaluando por qué se produce la sobrepresión, están evaluando los técnicos de la planta, evaluando las variables operativas y registros”.

Informaron que no se registró ninguna infracción por parte del CTE, ¿por qué?

“Vamos a hacer un informe técnico y va a ir al OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para que determine cuál es la sanción o multa para la empresa Dow.

¿La explosión está vinculada al apagón nacional del 16 de junio?

“A raíz del apagón del Día del Padre todas las plantas tuvieron que parar y paulatinamente fueron poniéndose en marcha. Ayer estaba iniciado todo el proceso de puesta en marcha”.

¿Las cámaras del CTE y del Parque Industrial de quepasabahiablanca.gob.ar las gestionan ustedes? ¿Por qué funciona una de cuatro?

“Son cámaras que van directo a la web, no es gestión nuestra. Nosotros tenemos una repetición de las cámaras y tenemos cámaras propias apuntando directamente a antorchas y chimeneas de las empresas. No presté atención a la web. Sí lo vimos con la cámara nuestra, tenemos una cámara domo que permite hacer un zoom y vimos cómo se registró la nube de vapor”.

¿Hubo algún venteo o quema particular en las antorchas de Dow?

“No, alguna de las imágenes que vi eran de otras plantas y no de la situación de ayer. Lo que se pudo haber observado es mayor luminosidad en las antorchas de esta planta producto de tener que parar la planta, toda la producción la tuvieron que quemar en forma segura en las antorchas que es para lo que están preparadas”.

Foto: Matías Freidig.

Un grupo de personas con ceguera y baja visión elevaron una carta al intendente Héctor Gay y concejales, sobre los diversos inconvenientes de accesibilidad que les dificultan transitar con autonomía la ciudad.

“La carta refiere, por ejemplo, a los obstáculos de las veredas de distintos negocios. En algunos casos las personas responden bien, corrigen lo que está mal. En otros no encontramos la misma respuesta. En Colón y Drago por ejemplo, un café. Tuvo que ir un chico y filmar la situación, lo hizo viral, lo hicimos publico. A partir de ahí cambió la situación, pero pasaron tres años”, comentó Carlos Hogg.

“Debería ser el Estado quien se ponga al frente de eso. Tenemos una ordenanza de discapacidad hace 10 años o más, tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene rango constitucional pero no se cumple”.

Hogg comentó que “Camuzzi y Edes, hace por lo menos tres años que vienen poniendo nichos o columnas cerca de la pared o en el medio de la vereda. La que está frente al Hospital Privado está hace dos años, la de calle Berutti también, eso lo hablé con directora  del área de discapacidad en su momento, Lucía Pendino y bien gracias, nunca hubo una respuesta”.

Otro obstáculo se presenta en los bancos: “Para sacar un turno tenés que poner tu documento, ¿por qué tenés que estar entregándole el DNI al primero que encuentres para sacar el numero? Eso tranquilamente podría hacerse con audio y resolverse. La gente del Banco Provincia me dijo que las máquinas vienen preparas para audio, solo hay que programarlas”.

El texto de la carta entregada al intendente Gay y al Observatorio de Discapacidad del Concejo Deliberante.

Al intendente de la ciudad de Bahía Blanca:

Sr. Héctor Gay

Las instituciones y ciudadanos abajo firmantes, nos dirigimos  a usted con motivo de solicitarle la solución de los siguientes inconvenientes que se hallan en la ciudad.

  • Exigirle a las empresas Camuzzi y Edes, la eliminación de todas las barreras urbanísticas que desde hace más de dos años están poniendo en toda la ciudad, lo que constituyen un obstáculo y peligro para las personas con ceguera y otras discapacidades. Hacemos referencia a las columnas de materiales que han construido en calle como Las Heras al 100, Calle Roca en su primera cuadra, Estomba al 500, Rondeau al 600, Holdich al 500, Berutti al 100 y la recientemente construida en calle O.Higgins al 300 (a una cuadra y media del Centro de Rehabilitación Luis Braille), entre otras.
  • Los inconvenientes y peligros que constituyen las motos y autos estacionados en las veredas, los distintos comercios  con la colocación de carteles, cajones, bancos,mesas, sillas, macetas,  todo tipo de elementos para la construcción como escaleras, carretillas y otras maquinarias o componentes para el trabajo empresarial o para la casa, muebles, etc,etc,etc,

Y todo esto en el microcentro de la ciudad, lo que en los distintos barrios  se agrava mucho más.

  • La reparación de las veredas en que realizan algún tipo de ruptura, donde salvo excepciones no se realizan las reparaciones convenientes lo que también, al igual que en el primer punto, constituyen un inconveniente para todos los peatones, en especial para las personas con ceguera  o movilidad reducida.
  • En este cuarto punto, aclaramos que no es un inconveniente que viene desde su gestión pero que sí es necesario solucionar. En este caso nos referimos a la poca accesibilidad que tiene la Terminal de colectivo San Francisco de Asís, al menos para las personas con cegueras que pretendemos tener autonomía. No hay un sector claro por donde transitar tanto al dirigirse hacia las plataformas  como viceversa, es decir, desde las plataformas hacia la salida; ya que en el camino se encuentran  mesas, sillas, bancos, etc.

 

Todo lo solicitado se enmarca  en la ordenanza 8.089 que en su artículo 2 dice:

­“ E1 programa tenderá a eliminar en forma continua las barreras que existen en la ciudad y que impiden o dificultan a algunos vecinos, en determinadas circunstancias, una mejor calidad de vida.”, y que en su Artículo 5º dice: ­ “Las medidas que se propongan deberán orientarse a suprimir las barreras para las personas con movilidad y comunicación disminuidas facilitando así, en igualdad de condiciones, el acceso de todos los vecinos a los servicios y bienes comunes, tomándose para ello en cuenta las características propias generalizadas de cada grupo.”

las leyes nacionales  22431 (Sistema de Protección Integral de los Discapacitados), en la ley 24314 y en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que nuestro país adhirió en el año 2008 y que tiene rango constitucional, en su preámbulo, inciso  “E” dice: “Reconociendo / que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”,y en el encabezado de su artículo 9 manifiesta:”

los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.”

Por ello, como autoridad máxima de la ciudad, le volvemos  a reiterar el pedido de solución y eliminación de todas las barreras arquitectónicas, urbanísticas, electrónicas  como sucede en DOSEM (Obra Social de los Trabajadores y Trabajadoras Municipales, en el Banco Provincia, y las empresas tercerizadas como EDES, CAMUZZI, ABSA y otras), las que si bien sabemos que no son de su competencia, sí le pedimos que se ponga al frente de estos reclamos y le pedimos se hagan todos los controles que sean necesarios  ty para eliminar todos los inconvenientes detallados y otros que existen en la ciudad, los que lejos de eliminarse tal cual como se señala en las normativas mencionadas, día a día se ven incrementadas.

Es necesario también dejarle por escrito que, de no haber respuesta favorable y efectiva en lo inmediato, recurriremos a otros estamentos estatales y no estatales e internacionales para que una ciudad inclusiva, sin barreras se haga real y no simplemente declamatoria.

Militantes de la organización barrial La Poderosa convocan a una reunión informativa este sábado a las 15 en Santa Cruz 3431.

Rocío Soto, militante y vecina del barrio Tierras Argentinas, destacó a FM De la Calle que “es una asamblea informativa. No somos los únicos afectados por estar realidad social. Estamos queriendo reformar y poner en condiciones un vagón con la colaboración de vecinos, también queremos hacer una escuelita de fútbol para hacer deportes en la plaza”.

“Estamos queriendo traer el Plan Fines, para la gente que no puede llegar, se dan muy lejos del barrio. Hay gente que está muy interesada, pero al no tener movilidad o al complicarse con los chicos no acceden”.

Rocía comentó que con la llegada del invierno están “preocupados por la calefacción, muchos tienen estufa a leña, la luz no da para poner una estufa eléctrica. Hace rato estamos peleando con EDES para que pongan la luz, pusieron un solo cableado, faltan más, se estancó la obra. Juntamos firmas, dijeron que se iba a empezar a hacer por tramos y que hasta el año que viene no se van a hacer muchas obras”.

Familias usuarias del programa Caballo de Troya viralizaron una serie de videos para “intentar llamar la atención del intendente” y poder tener una audiencia con Héctor Gay.

Quieren que la subsecretaria de Niñez Juliana Cerritelli no rescinda el contrato de una psicopedagoga “sin una explicación lógica”.

Marilina Merrero, mamá de un nene de cuatro años que asiste al programa, señaló a FM De la Calle: “Me sorprende y me indigna que a esta altura y conociendo las experiencias nuestras no le salga del corazón decir las voy a escuchar”.

“Tuvimos una reunión el 5 junio con Cerritelli  y dos abogados. Nos plantearon que el cambio que quieren hacer es ampliar el programa hacia otros programas municipales. Quieren incorporar otra psicopedagoga con más capacidades que Florencia (Chiaravalli) para vincular esos programas. Ella está totalmente capacitada para el cargo, siete años del programa la avalan”.

El contrato finaliza el último día de junio: “Cuando preguntamos por el reemplazo no nos dicen quién es, estamos a días de que se rescinda el de Florencia y no sabemos quién va estar”.

“No es que quieren incorporar otra psicopedagoga, quieren reemplazarla. Es inentendible, lo que te dicen es que Florencia no está capacitada para el cargo. Este trabajo es con chicos con discapacidad, el vínculo con ellos es la base de todo”, comentó Merrero.

El hijo de Marilina padece retraso madurativo: “Él empezó en marzo y realmente los cambios que han logrado en tres meses en Leo son increíbles. Desde que nació está en tratamiento, con fonoaudiólogas y lo que han logrado desde Caballo de Troya no lo logró nadie más”.

“Las familias que tienen un chico con discapacidad saben lo que significa. Desde todo lo que hemos vivido les decimos que no se puede andar probando. Mi hijo no entiende de razones mi hijo entiende con el corazón. Cuando él quiere a una persona se pueden lograr cosas maravillosas”.

Las fábricas de cerámica recuperadas Zanón (hoy Fasinpat), CerSinPat y la Cerámica Neuquén (Cooperativa Confluencia) presentaron un amparo en la justicia neuquina para que Camuzzi no les corte el gas.

Su abogado, Mariano Pedrero, comentó a FM De la Calle que “lo que dice (la empresa) es que tiene que haber un proveedor de gas. A diferencia de un usuario común que paga el consumo y transporte hasta el domicilio, en la fábrica esto se separa, uno paga a Camuzzi el transporte y cada fábrica tiene que conseguir un proveedor”.

“Está muy difícil conseguir a alguien que pueda vender gas a precios razonables. Saltó diez veces la cifra en Zanón, pasó de una factura de 1 millón de pesos a una de más de 10 millones. Es imposible. Lo que decimos es que hay que abonar una tarifa subsidiada para afrontar el pago”.

Pedrero explicó que “de la noche a la mañana sale el Enargas con esta resolución, el brazo ejecutor es Camuzzi, y dicen que como no se ha conseguido un proveedor de gas van a ingresar a las plantas a cortar el suministro. Y en una fábrica de cerámica sin gas no hay producción, sin producción no hay fuentes de trabajo. Estamos hablando de centenares de familias”.

“Estamos dando la pelea. Solicitamos una mesa de diálogo y una reunión para encontrar una solución. Las fábricas no se pueden cerrar, las fuentes de trabajo no se pueden perder. Que nos vendan el gas a un precio razonable. En la provincia donde está la segunda reserva de gas del mundo no puede ser que digan que no hay un proveedor de servicio subsidiado para cooperativas de trabajo. Son empresas que hace muchos años que viene peleando contra la desocupación, que enfrentaron a las patronales y que con muchísimo esfuerzo siguen produciendo”, comentó el abogado.

FaSinPat es gestionada por sus trabajadores/as hace 20 años, Cerámica Neuquén 5 y CerSinPat 10. “Este ejemplo tiene una significación profunda porque es una muestra y una esperanza que se le da a compañeros y compañeras que hoy son los sujetos en los cuales se descarga la crisis”.

“Vemos cómo aumenta la desocupación y la pobreza. Contra eso no hay que resignarse y hay que luchar. Hay que ponerse de pie. Los trabajadores nos organizamos, nos ponemos de acuerdo, podemos impedir los cierres, seguir manteniendo las máquinas prendidas y la esperanza de que se puede llevar el plato de comida trabajando autogestionadamente y sin patrones”.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, Lucas Beier, destacó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó diagramar un plan de inversiones para frenar la contaminación del estuario.

“Compensa el mal golpe del año pasado cuando la jueza (Gabriela) Marrón decía que la pericia no era suficiente para tomar una medida. Nosotros decíamos: ¿qué otra prueba más se puede llegar a necesitar? La Cámara dice lo contrario, que la pericia es suficiente, que tratándose del medio ambiente y que está en juego la salud pública no se necesita tanto ritualismo y hay que tomar una medida”, afirmó en FM De la Calle.

La máxima autoridad judicial bahiense ordenó que el fiscal Santiago Ulpiano Martínez coordine la mesa a integrar con las empresas denunciadas, los pescadores artesanales, la Municipalidad, el Consorcio del Puerto, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad del Agua y los organismos especializados intervienen en la causa.

La Cámara tuvo en cuenta los anuncios de ABSA sobre el avance de la obra de planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Tercera Cuenca y recordó la alternativa de reutilización para uso industrial.

“Es una propuesta que viene de hace años, la hemos planteado y ABSA es bastante reticente. No sé si por cuestiones políticas o económicas. La idea sería la reutilización de esa agua y la no utilización del agua del dique. Con una orden de la justicia que dice que tiene que disminuir los residuos ya no va a ser una decisión únicamente de ABSA”, dijo Beier.


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En cuanto a la tecnología que podría aplicarse para un mejor control, el abogado comentó que lo que los expertos de la UBA sugerían era “poner un caudalímetro que controle de forma constante y no una vez por mes, como se hace ahora”.

Respecto a la continuidad de la causa, más allá del plan de inversiones, la querella considera que no hay nada más para investigar. “Tenemos bien identificado cuáles son las empresas del polo que arrojan los desechos, qué desechos arrojan y con la pericia acreditamos el peligro: el delito es poner en peligro la salud pública”.

Mientras tanto, en el fuero civil, el juez Agustín López Coppola se apresta a abrir la instancia de alegatos. A fines de mayo recibió informes de las defensas. Para Beier, las conclusiones fueron “un papelón”.

“Me causaba indignación leer a los peritos de Bahía, principalmente del IADO, del Conicet local. Que hayan presentado ese tipo de informe donde, por ejemplo (Jorge) Marcovecchio, expresamente pone que es potencialmente imposible que las empresas del polo petroquímico contaminen el estuario, después de toda la prueba que hay, genera una indignación terrible”, afirmó.

El precandidato a intendente por el Frente de Todos, Federico Susbielles, dialogó con FM De la Calle sobre algunas de las medidas que implementará si es electo en octubre. Vaca Muerta, políticas sociales y contaminación del estuario fueron algunos disparadores.

El senador provincial cuestionó “el hecho de seguir pensando que la situación de Bahía se puede solucionar a través inversiones o hecho milagrosos como Vaca Muerta: si seguimos siendo una puerta de salida, que exporte comodities y que no le agregue valor, vamos a continuar con una matriz que va a beneficiar a un pequeño grupo de empresarios y no una matriz productiva”.

“Necesitamos empresas pesadas, no solo de servicios. Venimos trabajando y dialogando con Axel (Kicillof) para generar mayor empleo. Las PyMEs han tenido un comportamiento destacable porque han mantenido las fuentes laborales en este contexto de pérdida de rentabilidad”.

Ante la satisfacción oficial por la política social del Municipio, Susbielles contrastó que “la gente se siente abandonada. Lo primero que hay que hacer es garantizar la alimentación, hay que trabajar en llevar a las familias y comedores alimentos a menor costo. Este modelo de ciudad no le sirve a nadie y la medida que vayamos reactivando el consumo interno, la situación va a mejorar pero ahora hay que asistir”.

“Hay que generar un nuevo acuerdo, una nueva mesa de trabajo, generar políticas de acá a 20 o 30 años. No solamente es planificar lo que está sino soñar lo que queremos que esté. Hay un clima anárquico en el crecimiento industrial y urbanístico. Hay que generar un nuevo pacto social incluyendo la participación de todos en serio”.

Una de las consecuencias de la matriz productiva actual es la destrucción de la pesca artesanal y la calidad ambiental del estuario bahiense. Entre las empresas y organismos públicos investigados por la justicia se encuentra la Municipalidad  que Susbielles aspira a conducir.

“Hay que redoblar el compromiso ambiental. Entre los mecanismos de control ciudadana tiene que estar el monitoreo de la calidad de agua y aire, uno debería poder verlo desde su casa. Está claro que hay un daño ambiental, cuando se plantean nuevas radicaciones uno ve estudios de impacto ambiental y dicen que no hay impacto, esto no es real. Que el impacto de inversiones tenga un correlato en un cuidado ambiental. Queremos una ciudad ambientalmente sustentable”, afirmó.

Respecto a las resoluciones que regulan el vertido de efluentes al estuario, el candidato dijo que “es un tema que tiene que abordarse de una manera distinta, estamos ante una situación de daño ambiental que al parecer no infringe la normativa vigente. El compromiso de las empresas debe ser distinto. Hay que correr el velo y que en esta discusión puedan todos ser parte. No es un tema menor y hay que dar el debate y la defensa de la ciudad”.

(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

La causa investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario.

El fallo da “fuerza probatoria” a la pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

El camarista Pablo Candisano Mera advirtió el “peligro de daño grave a la ría” y se apoyó en el derecho humano a un ambiente sano -art. 41 de la Constitución- y en jurisprudencia de la Corte Suprema. Adhirió a su voto Silvia Fariña.

“Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema”, afirmaron.


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La aceptación parcial de la apelación realizada por el abogado Lucas Beier excluye el llamado a indagatoria de directores y gerentes de las empresas denunciadas y la prohibición del vertido de sustancias tóxicas.

Mesa de abordaje

La Fiscalía coordinará la mesa que tendrá 90 días para presentar el plan. Deberá convocar a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible,  a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.

La Cámara requirió “un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable”.

También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense”.

Antecedentes

Luego de un primer rechazo judicial al pedido de medidas cautelares, la Asociación de Pescadores Artesanales denunció como “hecho nuevo” la pericia de la FAUBA que ratificó el perjuicio ambiental y determinó, entre otras cosas, que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental”.

La demanda fue otra vez rechazada por la jueza Gabriela Marrón y el fiscal subrogante Horacio Azzolin, quienes sostuvieron que no había pruebas para determinar si existe delito y quiénes serían sus autores.

El presidente de la Cámara afirmó que la jueza no tuvo en cuenta el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, el cual establece que “cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.

Por otra parte, le reprochó no haberle dado “fuerza probatoria (…) a lo expresado en el informe pericial” de la FAUBA.

Candisano Mera destacó que “si bien en este caso no hay aún procesamiento del responsable penal del delito, la contaminación del estuario evidencia la aludida verosimilitud de un posible daño ambiental, que sumado al peligro en la demora de que dicha situación se perpetúe en el tiempo, acreditan la urgencia del caso y el dictado de la medida cautelar ambiental a fin de evitar que tal situación se prolongue en el tiempo indefinidamente, independientemente de la situación procesal del o los probables autores del ilícito”.