10° aniversario: el recuerdo del inicio del primer juicio de lesa humanidad

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Con motivo del décimo aniversario del inicio del primer juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca -el cual condenó a 18 represores cuyos crímenes fueron enmarcados “en el genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”- FM De la Calle comparte las siguientes reflexiones de sobrevivientes y militantes por los derechos humanos.

Adriana Metz, su madre Graciela Romero y su padre Raúl Eugenio fueron detenidos y continúan desaparecidos al igual que su hermano Raúl, nacido en cautiverio en La Escuelita y apropiado por los terroristas de Estado

Las Madres Marcela García y Celia Korsunsky junto a Adriana.

Junio del 2011 un rato antes de la primera audiencia me enteraba de que tenía que declarar. En la calle me crucé con Hugo Cañón y me dijo que Bahía empieza a ser algo más justa. Cuánta razón tenía. Fue la primera condena por la apropiación de un bebé, mi hermano, sin que él haya recuperado su identidad. Se pudo comprobar que nació y alguien se lo llevó. 44 años después, lo seguimos buscando. La justicia citó a un civil, Massot, y a un cura, Vara. No solo lo decían familiares, las Madres, las Abuelas, los Hijos, quedó demostrado en la justicia que fueron desaparecidos por razones políticas. Falta mucho pero se hizo bastante, vamos a seguir, no queda otra.

Marita Aure, integrante de la Comisión de Apoyo a los Juicios

El inicio de los juicios fue un momento muy especial cargado de grandes expectativas, de mucho trabajo previo en lo inmediato de los organismos de derechos humanos en pos de su consecución y con mucho acompañamiento de la sociedad en general.

Pasaron seis años del comienzo de los juicios a nivel nacional hasta que se logró su realización en la ciudad por las reticencias y trabas del Poder Judicial local que se rehusaba a ser parte del juzgamiento. Todos los integrantes del Tribunal Oral Federal han sido de otras jurisdicciones, con la excepción de un representante local en la actual conformación.

En estos diez años se han llevado a cabo varios juicios a Ejército, Armada y actualmente a la Triple A. Aún quedan otros por hacer. Mucho se ha caminado, develado, aportado a la verdad histórica. Se han logrado condenas ejemplares y otras que no lo han sido. Siempre se pidió Justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Siempre hemos dicho que la justicia tardía tiene poco de Justicia. Con los juicios estamos algo más cerca. De todos modos, ¡seguimos exigiendo su cumplimiento!

Walter Larrea, abogado querellante por la APDH y la Comisión de Desaparecidos de Río Negro y Carmen de Patagones

Hace diez años comenzó un proceso demorado por distintas normas que trabaron el proceso de verdad jurídica. El juicio estaba previsto para meses antes pero hubo que recusar a los magistrados porque en los días previos a la audiencia se conoció la noticia de que los jueces de l tribunal oral se habían reunido con los procesados a tomar café en un club de la ciudad. Eso demoró hasta el mes de junio.

Pasaron cientos de testimonios cruentos, la satisfacción de saber que se inició un camino que había llevado muchos años de impunidad, merced a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pero que finalmente la democracia argentina comenzaba a saldar una deuda con desaparecidos, familiares y con la sociedad toda.

Emociona cumplir 10 años y el deseo que la justicia avance en la culminación de todos los procesos porque el tiempo atenta contra la posibilidad de brindar justicia. El juicio tuvo una importancia trascendental, pero los procesos de memoria, verdad y justicia no deben anclarse únicamente en procesos judiciales, sino en políticas públicas de no repetición y memoria. Y para que sobrevivientes, familiares y la sociedad toda podamos tener la posibilidad de procesar aquel tiempo y postular que ni en la Argentina ni el mundo, el terror como práctica estatal, la dictadura como método de gobierno, la desaparición forzada, tortura y muerte no puede ser jamás una acción política.

Fortunato Mallimaci, sociólogo e investigador del CONICET. Estudió en la UNS hasta que su exilio en 1975

Me parece importantísimo hacer memoria, verdad y justicia y recordar muy fuerte al fiscal Hugo Cañón, que hizo de su vida un esfuerzo para que estos juicios lleguen a Bahía Blanca; a los organismos de derechos humanos que se movilizaban cuando pocas personas se movilizaban; y a la UNS, que prestó sus dependencias. A partir de ahí comenzó un proceso de condenar a los responsables del terrorismo, de la Triple A, los crímenes que se cometieron del 74 al 83. Hacer memoria, verdad y justicia ayuda para que ese Nunca Más siga presente en Bahía Blanca.

Por último, recordar a las víctimas que sufrieron el terrorismo de Estado en Bahía y que transformaron su sufrimiento en testimonio y permitieron condenar a los responsables. Gran homenaje a ellas y ellos porque nos permiten mirar lejos, tener esperanza y mostrar que ese sufrimiento se ha transformado en condena.

Ángeles Prádanos, hija de Juan Carlos, profesor universitario y técnico del INTA Ascasubi

Gracias por mantener viva la memoria a través de los juicios que se dictan en todo el país, les agradezco a todos los que participan y han participado, quienes están en la justicia, ex militantes, sobrevivientes, los medios y la sociedad que acompaña. No ha sido fácil que haya juicios, es algo que jamás me imaginé. Lamento que muchos ya por impunidad biológica no estén y tantos casos que les han dado domiciliaria. Es una enseñanza para la sociedad y las generaciones futuras, Argentina es un ejemplo. Espero que la justicia llegue a todas las víctimas.

Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA

Destacar las emociones que recorrían las calles y el edifico de la UNS, en todas las personas que nos habíamos congregado para celebrar el inicio de aquellos juicios. Habían pasado 35 años de los reclamos por, en primer lugar, la aparición con vida y, luego, por el juicio y castigo a los culpables de los crímenes cometidos.

La cantidad de personas en aquella manifestación y acto estaba atravesado por esa idea de haber alcanzado algo por lo que tanto se había luchado. Y ahí estaban también las memorias presentes de tantos y tantas compañeras que habían dado la lucha desde el comienzo acompañando a los organismos de derechos humanos.

También, es parte de la verdad histórica, era necesario una decisión política que era anular las leyes de la impunidad. En esta ciudad, que en tantos lugares se habla del conservadurismo, también la lucha debería reflejarse, para llegar a ese día hubo un cúmulo de lucha obrera y popular presente. Recordé a Miguel Loyola y a Enrique Heinrich.

Fue el inicio de este proceso de juicios que hoy tiene otro eslabón en crímenes que se cometieron antes, como son los de la Triple A, para los que algunos tienen desmemoria y es necesario refrescar todos los días. Fueron 24 asesinatos entre el ’74 y ’75 y buena parte de las víctimas era militantes del movimiento social, obrero y estudiantil. Llama la atención que el presidente y vice del PJ se olviden que también en esa época se cometieron crímenes y que había responsables y que están identificados en el juicio.

Hay una continuidad en la lucha por la memoria y en no dejar en el olvido a estos crímenes que intentaron acallar las voces que no se resignaban a un presente de explotación, sometimiento y saqueo y llevaron adelante una lucha. Recordamos a los y las compañeras, no por las determinaciones que llevaron a su asesinatos sino por sus actos de vida en la militancia y de creer en los sueños que tenían.

Julia García, sobreviviente del terrorismo de Estado y hermana del “Negrito” Luis Jesús García, asesinado por la la Triple A

Recordar todas las luchas y esfuerzos que se pusieron para llegar a ese punto. Recordar todo lo que fue, habían pasado 35 años del golpe, la lucha del pueblo argentino fue incansable, comenzó con los familiares de las víctimas y la búsqueda de desaparecidos. Un camino que no solamente significó el dolor por las desapariciones, torturas y muertes sino una lucha en contra del propio Estado, de diferentes gobiernos.

Rescatar el Juicio a las Juntas, el informe de la CONADEP, pero no se debe olvidar la ley de Obediencia Debida y la de Punto Final, el indulto de Menem. En Bahía en particular, a pesar de estar vigente estas leyes, se pudo avanzar con los Juicios por la Verdad y tuvimos la suerte de que hubiera miembros del Poder Judicial comprometidos como Hugo Cañón y Abel Córdoba. Este juicio y todos los posteriores son una clara muestra de la organización, de la búsqueda de la verdad y de la información. No me quiero olvidar de ustedes por su presencia y compromiso en la difusión, la otra voz de lo que significó la complicidad de La Nueva Provincia en el genocidio.

Telma Alonso, ex consejera universitaria, militante por los derechos humanos e impulsora del juicio académico a Gloria Girotti

Nos parecía que no llegaba nunca la iniciación del primer juicio por delitos de lesa humanidad pero finalmente llegó. Cuando pienso, no sin una mezcla de alegría y de nostalgia, en ese día histórico me viene a la memoria el recuerdo de gente muy valiosa que nos acompañó, algunos ya no están, como el querido Hugo Cañón o Eduardo Hidalgo, otros siguen en su camino de lucha como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Marcela, la mamá del Negrito García, José Schulman, el colectivo H.I.J.O.S., los militantes de los distintos campos comprometidos con los derechos humanos. Este hecho fue la demostración más cabal de que es necesario apostar con mucha fuerza al proceso de verdad, memoria y justicia. Se lo debemos a los 30 mil compañeros que están siempre presentes con nosotros y a todas las víctimas de esta nefasta dictadura genocida.

A una década del primer juicio: “Fue fantástico”
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A una década del primer juicio: “Fue fantástico”

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Diez años transcurrieron desde la fría mañana del 28 de junio de 2011 en la cual comenzó el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Era el primer tramo de la causa Ejército con 17 represores sentados en el banquillo y una multitud manifestándose frente al rectorado universitario y colmando el Aula Magna de Colón 80.

Quince meses después, llegaría el día de justicia para parte de las víctimas del terrorismo de Estado con condenas a cadena perpetua a 14 imputados, de 17 años y medio de prisión para dos de ellos y 18 para el restante. Sus crímenes fueron enmarcados “en el genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”.

También se ordenó investigar la posible comisión de delitos por parte del diario La Nueva Provincia a partir de las publicaciones que sustentaban las versiones de enfrentamientos fraguados por el V Cuerpo de Ejército y la complicidad de integrantes de la Iglesia Católica y el Poder Judicial.

Pablo Fermento, fiscal auxiliar a cargo del debate oral de la causa Triple A, por aquel entonces estaba “en la trinchera”, había ingresado al equipo de la Fiscalía cuando Hugo Cañón entregó la posta a Abel Córdoba, y participó de los preparativos del juicio.

-¿Qué significó ese primer juicio?

Era avanzar sobre tierra virgen, no había nada reconocido, así que muchísima ansiedad. Estamos en una jurisdicción de alguna manera tardía en lo que era el desarrollo de los trámites respecto a otras ciudades, en La Plata ya había sentencia desde hacía varios años, en Neuquén también, en Bahía costó un poco más, se trataba de que por primera vez la justicia declarara la existencia de La Escuelita, de los centros clandestinos, de un plan criminal sistemático en la región, muchísimos desafíos. Hubo un prófugo antes de arrancar el juicio, además del antecedente de (Oscar “laucha”) Corres. Muchísimo trabajo, el equipo a full, muy movilizante, algo que te supera por todos lados, técnica, profesional y emocionalmente, fue un juicio fantástico.

-A diferencia del que hoy está en curso acumulaba años de aportes e investigaciones judiciales, de la Conadep, de los organismos de derechos humanos…

Exactamente, el primer juicio fue la consolidación de un trabajo de tres décadas, arrancando desde los habeas curpus que se metieron en la fecha en cuanto a registro documental, los primeros esfuerzos de familiares, de compañeros, de la comunidad en la búsqueda de verdad y justicia; los procesos en sede militar; la 11/86 que fue el Juicio a las Juntas versión Bahía Blanca ya con la presencia de Hugo (Cañón); posteriormente los Juicios por la Verdad; y todo ese bagaje fueron los pilares sobre los que se construyó aquella sentencia.

Hubo personas como Hugo, (Luis) Cotter, Mirta Mántaras, en ese momento la secretaria de Fiscalía era Haydée Hernández, Pirucha para los conocidos, que venía de hacer los Juicios por la Verdad, era una interacción generacional super interesante. Estaba Eduardo (Hidalgo), ya se había ido (Ernesto) Malicia. Abrió caminos, en Bahía fue el primero de los ocho que vamos, fue para nosotros los más jóvenes, parte de un proceso que se tenía que dar y se iba a dar, pero para la gente más grande era ver concretado algo que pensaron que tal vez nunca iba a pasar.

-¿Qué decían los testigos luego de declarar por primera vez ante un tribunal? ¿Cómo les impactaba?

Fue totalmente nuevo para todos. Mi mirada en ese momento también era la de alguien que recién iba acercándose a todo eso. Con el tiempo fui comprendiendo más un montón de situaciones, pero para mí también fue la primera vez que vi declaraciones de víctimas de estos delitos en juicio, yo no había seguido los Juicios por la Verdad, cuando empezamos a trabajar sí vi los videos pero verlos ahí por primera vez y escuchar a los chicos de la ENET, que ya no eran chicos pero que de alguna manera lo seguían siendo porque era como volver a su infancia, a su adolescencia, ellos ya habían declarado dos o tres veces, con esa carga y ese compromiso, era fuertísimo. Escucharlo a Eduardo a quien uno veía como representante de la APDH, un militante, contar su historia, te partía al medio. Y para ellos también era el compromiso de declarar en esas condiciones de estar todo por decirse, no porque en los otros juicios esté todo dicho pero, de alguna manera, ya hay reconocimientos sobre los que se continúa. Hay hechos que consideramos notorios y que se establecieron en ese juicio.

-Luego la sentencia no solamente implicó penas importantes para los represores que estaban en juicio sino que abría investigaciones sobre los sectores civiles. ¿Cuánto esperaban y cuánto se pudo trabajar a partir de ese fallo?

Fue el puntapié para investigar a los civiles. Antes del fallo ya habíamos realizado la imputación a los secretarios federales (Hugo Sierra y Gloria Girotti), se había solicitado el allanamiento de La Nueva Provincia sin imputación, que fue rechazado, pero lo que fue la investigación a los directivos de LNP salió de ahí en base a lo que se había exhibido entorno a los enfrentamientos fraguados, cómo se habían presentado en el diario cuando habían sido fusilamientos.

Siguió con investigaciones al juez (Francisco) Bentivegnia. Ya habíamos hecho la imputación a (Guillermo Federico) Madueño, el juez federal, que estuvo prófugo y falleció al poco tiempo de ser capturado y al capellán (Aldo) Vara. Y en 2015 iniciamos este juicio que está terminando a la Triple A bahiense.

-¿De aquella sentencia están confirmadas las condenas salvo en un caso?

Queda pendiente tratar por la Corte el recurso de Walter Tejada, los demás recursos fueron rechazados. Hace unos días nos corrió traslado el tribunal para la ejecución de las penas, deja de ser prisión preventiva y pasa a ser cumplimiento efectivo de condena.

-¿En aquella sentencia se comenzaba a realizar reparaciones simbólicas?

En Armada I, en 2015, se ordenó la publicación de la sentencia en LNP. En Bayón se solicitó la reparación civil, que no nos hicieron lugar, y en Sticker -que fue en 2013- se solicitó la anulación de un Consejo de Guerra, más allá de que no producía un efecto concreto, esos consejos fueron utilizados para blanquear los cautiverios en La Escuelita y la continuación de esos cautiverios en la cárcel nunca se habían anulado esas condenas y consideramos necesario repararlos simbólicamente.

Triple A: cerca de la sentencia

Juan Carlos Curzio, uno de los cuatro imputados en la causa Triple A.

Este martes la Fiscalía replicará el alegato de la defensa de los cuatro imputados por haber integrado la Triple A. “Vamos a contestar algunos planteos sobre el tratamiento de los hechos y la valoración de la prueba, después hubo planteos técnicos que tiene que ver con cuestionar la imprescriptibilidad de la acción, la incostitucionalidad de la asociación ilícita, del pedido de perpetua y otras que trataremos de desarrollar brevemente para no dilatar más el proceso”, explicó.

Agregó que en su alegato “la defensa en lo general trató de establecer un contexto diferente del que existió y planteamos nosotros, que este escenario previo a la dictadura ya formaba parte de la maquinaria del terrorismo. Y sobre el homicidio de Watu (Cilleruelo) intentó deslizar la duda razonable entorno a la intervención de Aceituno: acepta que fue Jorge Argibay quien disparó y la presencia de su hijo Pablo y sostiene que no habría sido Aceituno sino Sañudo el tercer ejecutor. Es uno de los puntos que vamos a tratar mañana”.

Luego tendrá la opción de replicar la querella a cargo de la dra. Mónica Fernández Avello y de hacer su dúpica la defensa oficial.

Cumplida dicha instancia, restarán las palabras finales de los acusados -Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero- y la lectura del veredicto del tribunal.

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¿Qué implica la reglamentación de la Ley de Talles?

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Días atrás se reglamentó la Ley de Talles sancionada en 2019. Prevé la creación y aplicación en todo el país de un Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital, de indumentaria.

Anybody es una organización que desde el 2011 trabaja por “activar la conciencia sobre la problemática en torno a la cultura visual y el daño en la propia percepción del cuerpo”. Una de sus integrantes, Lucía Ramos, licenciada en nutrición con una mirada no peso centrista, dialogó con FM De la Calle acerca de los alcances de la ley.

Explicó que la normativa contempla tres puntos fundamentales. El primero es “la elaboración de una tabla de talles, se va a confeccionar a partir de un estudio antropométrico, donde se escanean los cuerpos de personas a lo largo de todo el país y, a partir de allí, se elabora la tabla de talles”.

En segundo lugar, “esta ley contempla algo interesante que es la realización de campañas, información y sensibilización para concientizar sobre la discriminación y estigmatización por cuestiones de talles”. Y, por último, establece “el trato digno y equitativo en los comercios de indumentaria”.

Sin embargo, la norma no obliga a que empresas y marcas tengan todos los talles. “Consideramos que es un paso más y todavía queda mucho trabajo. Esto de alguna manera lo que hacer es unificar talles y va a permitir que en cualquier local y marca los talles tengan un mismo tamaño, ahora un S o M son del mismo tamaño o incluso existe el talle único”.

Ramos enfatizó que “es importante destacar que la segunda causa de discriminación en el país es el aspecto físico, según un estudio del INADI de 2020. No encontrar ropa vulnera un derecho básico de las personas. Es una ventana que abre una problemática que es muchísimo más amplia”.

En 2020 Anybody encuestó, como cada año desde 2013, a más ocho mil personas para conocer las problemáticas en relación a los talles. Entre los resultados se destaca que “el sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es la tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada (44,7%).  El 46,9% responde que el no encontrar talles les lleva a cuestionar su cuerpo“.

“Casi el 75% de las personas encuestadas planeta que tiene problemas para encontrar ropa, encontrar talles. Esto tiene muchas repercusiones de la autopercepción de la persona”, argumentó la nutricionista.

En relación a lo relevado, la imposibilidad de encontrar ropa y calzado acorde con el cuerpo coincide con talles de cuerpos no hegemónicos. “Más del 80% de las personas encuestadas manifiestan que hubieran querido comprar el talle único, esto pasa con mayor frecuencia en indumentaria femenina, es el extremo de esta problemática. ¿Qué representa ese talle único? Un cuerpo hegemónico, que no es el cuerpo de las personas que nos rodean, que encontramos en el bondi, en la facultad o el supermercado”.

En relación a su visión y formación como profesional de la salud en un modelo no peso centrista afirmó que “hay un camino, cada vez se avanza más en materia de diversidad corporal, es lento, pero que de a poco hay más profesionales que están saliendo de este modelo que centra la salud de una persona en su peso”.

“Existen muchísimos determinantes y la apariencia física no es suficiente para determinar el estado de salud. Con solo ver a una persona no podemos determinar cuál es su salud. Detrás de esto hay discriminación y estigma, con solo ver a alguien no podemos saber cómo son su hábitos, cómo es su alimentación, qué tipo de movimiento realiza ni como es su salud”, explicó.

Finalmente, señaló que para la aplicación del SUNITI resta “terminar con el estudio antropométrico que ya comenzó, falta relevar un 40% de la muestra, elaborar la tabla de talles”.

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El cupo laboral trans es ley: “Marca una bisagra para la comunidad”

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El Senado transformó en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero. “Es una bisagra más dentro del proceso de emancipación del colectivo trans feminista en tanto años de lucha”, dijo a FM De la Calle, Saira Millaqueo, integrante de Ciudadanas Trans

La norma -aprobada por 55 votos a favor y 1 en contra, y 6 abstenciones- establece que “el Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1% la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

“El cupo viene a materializar el empoderamiento y para ejercer nuestra ciudadanía, con libertad de oportunidades. La ley de Identidad de Género, en lo personal, cambió el rumbo de mi vida. Para mayo que se sancionó la ley yo no tenía DNI y para enero del 2013 yo tenía documento y cambiaban mis objetivos, proyectos y podía reapropiarme de esa identidad que tenía negada”, afirmó Millaqueo.

Agregó que “estos sucesos marcan una bisagra porque en meses, a un año a más tardar, cambia ese entorno de vulnerabilidad, de clandestinidad, de completa ilegalidad que vivimos la comunidad travesti trans, cambia para bien, a una realidad que se materializa”.

La militante bahiense destacó que el promedio de vida de 35 años del colectivo tras explica la necesidad de una política pública focalizada. “Si en una sociedad donde el promedio de vida es de 70 años y no nos preocupa que haya una comunidad que se muere antes de los 40 es más que preocupante. Es urgente resguardar esos derechos vulnerados”.

Las condiciones de vida actuales son de “extrema pobreza y vulnerabilidad, violencia institucional, todavía se ve la falta de acceso a una salud integral. Más allá de la ley de Identidad de Género, en los hechos falta materializarla porque no lo interpreta la sociedad, sigue habiendo obstáculos por estos sectores conservadores que no logran captar el cambio de época, no interpretan las necesidades que atravesamos por meros prejuicios, discriminación y preconceptos que se tienen sobre nuestras existencias”.

Millaqueo señaló que la ley contempla el acompañamiento para que las personas que ingresen por el cupo trans “tengan la posibilidad de capacitación y terminalidad educativa”.

Por otro lado, se refirió al artículo 7, cuestionado por un sector de la oposición, el cual establece que no se deben tomar en cuenta los antecedente penales derivados de la ejecución de códigos contravencionales: “Hablamos de una población que hasta el 2012 iba encarcelada con 30, 60 y hasta 90 días de arresto por el hecho de salir vestida como deseaba”.

La flamante ley ordena la creación de “un registro y a partir de ahí evaluar los perfiles laborales, de los cv que llegan, de quiénes van a estar dispuestas para esos cargos. El cupo es selectivo porque hay que cumplir determinados requisitos, nuestro movimiento sabe que muchas van a quedar por fuera del cupo. Seguimos soñando con la reparación histórica, por condiciones que no están contempladas dentro del cupo, por un régimen de cobertura para quienes nunca tuvieron un aporte jubilatorio”.

En relación a las empresas privadas la normativa prevé incentivos fiscales para quienes contraten personal trans. “Los organismos van a tener que hacer un trabajo de sensibilización, tiene que ser profundo, porque es una fuerza productiva que ha sido inviabilizada y tiene que ser tenida en cuenta”, señaló Millaqueo.

La ley lleva el nombre de Lohana Berkins y Diana Sacayán porque “fueron, junto a otras como Pía Baudracco, las que tuvieron la visión política de mirar las raíces del problema de la expectativa de vida de la comunidad y el estar destinadas al trabajo sexual como único destino de vida”.

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Vía Pringles: piden la restitución del tren de pasajeros

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El vicepresidente del Senado bonaerense, Alfredo Fisher, presentó un proyecto solicitándole al gobernador, Axel Kicillof, que gestione “la restitución y reapertura del servicio ferroviario de transporte de pasajeros encomiendas y cargas livianas que vincula la Estación Constitución con Bahía Blanca por el ramal Pringles”.

“Durante muchos años el servicio ferroviario que pasaba se deterioró y eso ha sido responsabilidad de la falta de atención de nuestros gobiernos, pero por más mal que estuviera siempre lo tuvimos hasta que la ex gobernadora Vidal tomó la decisión de suspenderlo. Se terminó con el servicio de la empresa de Ferrobaires, veníamos mal y eso fue el acabose”, dijo a FM De la Calle el ex intendente de Laprida.

El ramal Pringles a partir de Olavarría conecta las estaciones de Laprida, Pringles, Sierra de la Ventana, Saldungaray, Estomba y Cabildo.

Según el proyecto, la cancelación del servicio de Ferrobaires en toda la provincia generó un impacto real en las economías locales, afectó a 104 pueblos y ciudades y a más de 670 mil usuarios y usuarias.

Fisher afirmó que “ahora, con una concepción distinta de parte del gobierno respecto de lo que significa el transporte de pasajeros vía tren, podemos ir recuperando el servicio”.

El senador se reunió con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, para pensar alternativas intermedias. “Trenes Argentinos ya había hecho una revisión de la vía, el diagnóstico no fue tan complejo, es una infraestructura reparable, no es un presupuesto inabordable. Sí hay escases de formación y material rodante. Se nos ofrecía una alternativa previa, la circulación entre Bahía- Olavarría de un coche motor que pueda transportar pasajeros que puedan hacer trasbordo en las dos puntas, está lejos de ser el retorno del servicio completo, pero está en un horizonte más cercano”.

El senador provincial enfatizó que “es un servicio esencial para los sectores más complicados en términos económicos. Una familia de Pringles, de Sierra, si no tiene una suma importante de dinero no puede ni pensar un viaje a Buenos Aires, a hacer un trámite, alguna cuestión de salud, ver afectos, no les queda otro remedio que juntar mucha plata para un remis o acudir al estado municipal. Pretendemos que se vayan haciendo los pasos necesarios para que más temprano que tarde recuperemos el servicio”.

Ferrosur Roca comenzó a operar en 1992 en forma intensiva el ramal con cuatro formaciones diarias que luego se fueron incrementando. “El ramal quedó al 100% disponible únicamente para el transporte intensivo de cargas pesadas y a granel entre las cabeceras y Olavarría sin ningún tipo de conexión positiva con las regiones, distritos y municipios locales”.

“Para el transporte de cargas, que se desarrolla con un promedio de velocidad más baja, no requiere de las condicione técnicas que requiere una formación que va más rápido y que transporta pasajeros. Esta empresa, que era gerenciada por Loma Negra, después una empresa brasilera, y ya cerca del vencimiento de la concesión no ha atenido ningún reparo en mantener la vía para que pueda circular un convoy de pasajeros”.

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Mercurio en Bahía: “Que algún fiscal o juez pregunte de dónde salió”

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“Teníamos razón desde el comienzo, lo ocultaron, no salen a reconocerlo. El operativo ya se desarrolló ante el desconocimiento de las poblaciones”, dijo a FM De la Calle Domingo “Mingo” Jofré, integrante de las Asamblea Jáchal No se Toca, colectivo que denunció que un cargamento de 100 toneladas de mercurio serían trasladados desde la mina Veladero de San Juan hasta el puerto de Bahía Blanca.

El asambleísta hizo un llamado a comprometerse con las causas ambientales y manifestó su deseo: “Que algún fiscal o algún juez, aunque sea por vergüenza, no por empatía, se presenté en el puerto de Bahía Blanca, pregunte de dónde salió, con autorización de quién, por dónde recorrió, cómo llegó hasta ahí”.

“Con eso hay una cadena de mandos que tendrían que estar presos y se determinaría el cierre de esta mina ilegal que está violando la Ley de Residuos Peligrosos produciéndolos, violando la Ley de Glaciares destruyéndolos, violando la Ley de Medio Ambiente y las leyes naturales porque está destruyendo nuestra cordillera y violando nuestra Ley de Minería que dice que después de tres incidentes la mina debe cerrar definitivamente y esta mina ya se cansó de insultar a nuestro territorio”, afirmó.

Jofré participó de una mesa virtual junto al biólogo e investigador CONICET, Guillermo Folguera, referida a los alcances del mercurio y los riesgos de su traslado.

Según lo informado por el Consorcio de Gestión del Puerto son cinco contenedores de 20 toneladas cada uno que «permanecerán en la terminal hasta ser embarcados con destino al Puerto de Rotterdam en área primaria aduanera, dentro de zona especial para Mercancía Peligrosas según requiere el Código Internacional IMDG».

“La mina Veladero es de oro y plata, por lo menos eso es lo que declara. Se dedican a obtener un lingote que se llama de metal doré, donde van oro, plata y otros elementos que nunca declaran. La faena minera se trata de volar y triturar una montaña y llevar esa roca a un valle de lixiviación, es decir un piletón. Ahí vuelcan esa montaña triturada y la riegan con una solución. Hacen un cóctel que tiene el efecto de extraer de esa roca triturada los minerales diseminados, les interesa el oro, la plata, etcétera, y ahí aparece el mercurio que es un mineral prohibido”, argumentó Jofré.

Explicó que el mercurio “es un subproducto no deseado de la megaminería en nuestro territorio, en Veladero. Es una actividad que produce en su accionar residuos peligrosos altamente tóxicos y prohibidos en el mundo. Ahí ya hay una faena y destrucción, por más que el ministro (Matías) Kulfas venga a decir que en Veladero se está haciendo patria es extractivismo”.

La comunicación oficial da cuenta que el cargamento fue trasladado “con custodia de Gendarmería Nacional. El operativo previo estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y dentro del Puerto se encuentran bajo custodia permanente de Prefectura Naval Argentina” .

Ing. White: Prefectura Naval custodia el mercurio de Veladero

Al respecto, el asambleísta mencionó que “son las mismas instituciones que deberían haber controlado que no se produzcan los derrames que ocurrieron en Veladero en 2015. Un año después nos enteramos de dos más, nos enteramos por mensajes de empleados que entraban en pánico, no por los órganos oficiales. No puedo creer que estén controlando porque nunca controlaron”.

El residuo tóxico se exportará para su tratamiento en Suiza y su posterior disposición final en Alemania. “Si hay negocio debe ser non sancto porque la utilización del mercurio está prohibido, no se puede usar ni comercializar, no se puede usar para nada legal. Hace ruido que 100 toneladas de mercurio vayan cruzando el Atlántico medio a escondidas, van a Suiza, hacen un tratamiento y después van a Alemania”.

Por su parte, el biólogo e investigador del CONICET, Guillermo Folguera sostuvo que todo depende de “la confianza en que los empresarios amigos del poder hagan bien las cosas y tengan suerte en el camino. Está todo sostenido desde ahí. Hay que empezar a discutir qué democracia tenemos, el informe del puerto de Bahía aparece una primera cuestión aparentemente oficial, donde no se menciona quién se hará cargo”.

Destacó que “la falta de información no es un equivoco, es una parte fundamental, si no no pueden hacer lo que hacen. En los derrames del 2015, 2017, fue informado de manera informal, en todos los temas no hay informe oficial, megafactoría de cerdos, aprobación de trigo transgénico, la megaminería en Andalgalá”.

“No taparnos los odios, abrir los ojos, reconocer que desde hace mucho tiempo hay gente que reacciona a esto. Escuchar a esa gente que dice que hay un gobierno que cogobierna con la mineras, hablan tanto de la soberanía y la patria y están cogobernando con poderes extractivistas, llevándose recursos no renovables, el costo lo estamos pagando con la salud y el medioambiente”, finalizó Jofré.

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Juicio Triple A: la defensa pidió la absolución de los represores

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Tras cinco jornadas, terminó este mediodía el alegato de la defensa en la causa que juzga a ex miembros de la Triple A de Bahía Blanca. El 29 de junio desde las 9 se dará lugar a las réplicas de las partes.

La estrategia consistió en resumir los crímenes a “luchas sectoriales entre bandas dentro del peronismo y en algunos casos por fuera de él”, la negación del control de los hechos por parte del Estado y, por lo tanto, la descalificación de los mismos como delitos de lesa humanidad y genocidio.

La intervención, a cargo de Gustavo Rodríguez y Cintia Bonavento, culminó con el pedido de absolución para los cuatro imputados por haber integrado la asociación ilícita que cometió más de una veintena de crímenes de lesa humanidad.

La defensa pública pidió la inmediata libertad para Raúl Roberto Aceituno y que se mantenga la excarcelación de Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Ángel Forcelli.

En el caso de Aceituno, respecto a la acusación por el homicidio de David “Watu” Cilleruelo, requirió subsidiariamente se lo condene como “cómplice secundario” a la pena máxima de 3 años de prisión en orden al delito de amenazas calificadas por uso de armas y se tenga por purgada la pena con la prisión preventiva que cursa desde 2015.

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Sistema Integrado de Cursado UNS: “Va en detrimento de los derechos estudiantiles”

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La semana pasada se presentó en comisiones del Consejo Superior Universitario un proyecto que plantea cambios en la forma de cursado. Se trata del Sistema Integrado de Cursado y Aprobación de los Espacios Curriculares.

La iniciativa fue planteada por un grupo de profesores del cual forman parte el rector y el vice, Daniel Vega y Javier Orozco.

“Para pasar a este sistema paternalista tienen que avasallar varios derechos estudiantiles”, comentó a FM De la Calle Juan Cruz Dellerba, estudiante de derecho y asambleísta por la lista Nueva Universidad.

“Es pasar de este sistema de autogestión, de tener la libertad de manejar la carrera como nosotros deseamos -si quiero rendir un final puedo, si no quiero rendir también, si quiero hago 5 materias o hago 2 o si necesito salir a laburar también puedo- a un un sistema paternalista donde la universidad te dice cómo tenés que hacerlo, en qué momento. El estudiante no gobierna su carrera “, aseguró.

El dirigente señaló que esta iniciativa “deroga la obligación de los docentes de poner mesas de examen libres y regular todos los meses. Se reduciría a una pequeña ventana donde podemos rendir en un cierto período de tiempo”.

“Plantea la imposibilidad total de rendir libre o una posibilidad mínima. Otra cuestión es la derogación de los recuperatorios para cada parcial que se tome. Esto parece que se recuperaría todo al final de ciclo, pero no especifica bien cómo y lo flexibiliza de una forma tajante”, mencionó.

Dellerba detalló que “le otorga a docentes la facultad de evaluar cosas tan discrecionales como la participación en clase y lo que llaman cuestiones aptitudinales del estudiante, ¿cómo se puede evaluar la participación con cursadas de 400 o 500 estudiantes?”.

Otra de las modificaciones tiene que ver con la obligatoriedad de asistir a clase. “Esto excluye a quienes estudian y trabajan. Tiende a volverse un sistema elitista, quienes puedan dedicarse full time y nunca tengan una problemática, van a poder seguir este régimen de la universidad”.

“Este proyecto parece que le hecha la culpa a los estudiantes, son ustedes que no saben estudiar y como autogestionarse y nosotros como universidad tenemos que ir, decirles cómo llevar adelante la carrera. El diagnóstico es correcto, la solución es todo lo contrario”, enfatizó.

Por último Dellerba dijo que el proyecto está en comisiones: “Vemos muy difícil plantear modificaciones porque choca completamente con nuestra concepción ideológica, si junta las firmas necesarias pasa al plenario y ahí se debería votar en el Consejo Superior”.

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Ing. White: Prefectura Naval custodia el mercurio de Veladero

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El Consorcio del Puerto de Bahía Blanca confirmó este miércoles la llegada de 100 toneladas de mercurio provenientes de la mina Veladero. Ingresaron al sitio 21, muelle concesionado a Patagonia Norte S.A. y son custodiadas por Prefectura Naval.

Según el comunicado, son “cinco contenedores consolidados y precintados” con el residuo peligroso distribuido “en envases de máxima seguridad”.

La CTA de Bahía Blanca, alertada por la información difundida por la Asamblea Jáchal No se toca, destacó que el traslado se realizó “a espaldas de la población de Bahía Blanca e Ingeniero White y del conjunto de las localidades” atravesadas por el convoy.

“Queda absolutamente comprobado que la megaminería genera enormes cantidades de residuos peligrosos, que la mina Veladero viola las Leyes de Glaciares, Residuos Peligrosos y de Medio Ambiente”, manifestó la central y agregó que “por acción u omisión los gobiernos son responsables, tanto en el ámbito municipal, como en el provincial y nacional”.

El Consorcio del Puerto informó que los contenedores “fueron trasladados desde la provincia de San Juan con custodia de Gendarmería Nacional. El operativo previo estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y dentro del Puerto se encuentran bajo custodia permanente de Prefectura Naval Argentina, según protocolos nacionales e internacionales de seguridad vigentes”.

“Los contenedores, de 20 toneladas cada uno, permanecerán en la terminal hasta ser embarcados con destino al Puerto de Rotterdam en área primaria aduanera, dentro de zona especial para Mercancía Peligrosas según requiere el Código Internacional IMDG”.

El comunicado oficial agregó que “todo el procedimiento de consolidación de residuos peligrosos se enmarcó en lo estipulado por la Ley N° 24051, su decreto reglamentario N° 831/93 y en el cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado por nuestro país mediante la Ley N° 23922, garantizando de esta manera los máximos niveles de seguridad ambiental”.

Desde la CTA concluyeron que “la megaminería es incompatible con la vida de los territorios y es parte del modelo de saqueo extractivista que nos une en la lucha de la cordillera al mar y del norte al sur de la Argentina”.

La intervención del Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación difundió que la Brigada de Control Ambiental (BCA) fiscalizó los contenedores en el establecimiento que opera la firma Minera Andina del Sol S.R.L. en la provincia de San Juan.

La Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, cuyo titular es Sergio Federovisky, le otorgó a la empresa Minera Andina del Sol S.R.L. la renovación de su Certificado Ambiental Anual (CAA) como generador, operador y exportador de residuos peligrosos. Dicho certificado alcanza la gestión integral de residuos peligrosos consistentes de mercurio metal líquido desde su generación, incluyendo la etapa intermedia de tratamiento de estabilización, hasta su disposición final.

Además, autoriza a la firma a exportar 500 toneladas de mercurio líquido para su tratamiento en Suiza y posterior disposición final en Alemania. También estipula que la empresa debe mantener actualizado su libro de operaciones, asentando sus diferentes etapas, e informar a la cartera ambiental nacional modificaciones sobre el proceso de generación de los referidos residuos, su sistema de manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final y cualquier incidente o accidente donde el mercurio generado se vea involucrado en un plazo de 48 horas; y, al momento de la renovación, la cantidad anual producida de ese residuo peligroso, junto con el stock total almacenado.

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La Cámara bahiense ratificó la ley de aborto

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La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó el rechazo in límine -sin entrar en el tratamiento del fondo de la cuestión- de la acción declarativa de inconstitucionalidad contra la ley 27.610, de “Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” interpuesta por el partido NOS de la provincia de La Pampa.

El fallo destacó la falta de legitimación activa de la parte actora y la inexistencia de un caso concreto que permita propiciar la vía del control judicial.

Con el voto del camarista Roberto Daniel Amábile y la adhesión de su colega, Pablo Candisano Mera, el tribunal de alzada confirmó la resolución del Juzgado Federal de Santa Rosa.

En la resolución, la Cámara Federal no ingresó al fondo de la cuestión y rechazó la petición por cuestiones formales, dado que “no se encuentran acreditados los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción intentada”.

La decisión se dictó en línea con el dictamen del fiscal general subrogante ante ese tribunal, Horacio Azzolin, y de la fiscala a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, quienes habían solicitado al rechazo en una extensa presentación realizada el 14 de junio pasado, en la cual analizaron los aspectos formales del pedido e ingresaron en el fondo de la cuestión.

La Fiscalía bahiense y la UFEM dictaminaron a favor de la constitucionalidad de la ley de IVE

Antes de esta intervención de la Fiscalía General, la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, se había pronunciado en el mismo sentido en febrero pasado.

En su voto, el camarista Amábile señaló que “en concordancia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, considiro deben tenerse especialmente en cuenta los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Halabi” respecto de los alcances de la figura de la acción colectiva.

Así, señaló, “se debe corroborar la presencia de los elementos significativos del caso colectivo, que son la existencia de un conflicto colectivo que amerite su canalización, la necesidad de su tramitación y resolución por medio de un único proceso; la concurrencia de un factor de agresión común, en la medida en que la vulneración que se invoca recaiga sobre bienes colectivos o sobre intereses individuales homogéneos; la representación adecuada por parte de quien acciona en defensa del bien colectivo, o del grupo, clase o categoría de sujetos damnificados y los efectos expansivos de la sentencia”.

El camarista explicó que, sobre la base de esos parámetros, “no surge la representación del interés colectivo que se invoca, no solo en razón de la discutida posibilidad de encuadrar a los partidos políticos como uno de los sujetos habilitados por el artículo 43 de la Constitución Nacional para promover este tipo de planteos, sino que además, por las características particulares que rodean al proceso de reconocimiento de personería en curso que se encuentra impulsando la Junta Promotora del Partido NOS”, que “a la fecha impide reconocerle más potestades que las que pudieren otorgarle voluntariamente los diez miembros que de momento la conforman” como parte actora, y “menos aún, la arrogada representación de un interés jurídico concreto, inmediato y sustancial para que la acción resulte procedente”.

Por otro lado, la Cámara señaló que tampoco se ha demostrado “la existencia de un caso concreto” y, por lo tanto, “no corresponde al Poder Judicial de la Nación hacer declaraciones generales o en abstracto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes que dicte el Congreso o de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, sino únicamente con relación a la aplicación de estas al hecho o caso contencioso producido”.

El magistrado que lideró el acuerdo señaló que “la mera invocación formal de la jerarquía constitucional del derecho a la vida que el accionante señala querer resguardar, resulta insuficiente para tener por demostrado un interés jurídico preciso que justifique su legitimación activa, así como también la presencia de un caso concreto que habilite la vía judicial excepcional de control de constitucionalidad de una disposición emanada de los otros dos poderes del Estado siguiendo los procedimientos constitucionales específicamente establecidos a tales fines”.

En ese sentido, citó una vez más la fiscalía para afirmar que el planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley 27.610 “no puede ser analizado en abstracto, dado que ello implicaría la intromisión del Poder Judicial, a pedido de un partido político en formación que carece de representantes en el Congreso de la Nación, en una discusión que ya fue suficientemente efectuada y resuelta en el seno de los poderes democráticos”.

Fuente: fiscales.gob.ar

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Fase 3: “La cifra que se maneja está por debajo de la declarada”

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El Ministerio de Salud de la provincia anunció el pase de Bahía nuevamente a fase 3. El médico Horacio Romano habló, en su columna semanal en FM De la Calle, del subregistro de casos y de las vacunas vía mecanismo COVAX.

“Los números de la municipalidad son más correctos. (En el SISA) hay un desfasaje del 30%, hay un subregistro donde todo un sector no reporta a SISA pero si al número final de la municipalidad, con lo cual la cifra que se maneja está por debajo de la declarada” comentó.

Refiere que los datos de la tasa de incidencia cada 100 mil habitantes tomados por el Ministerio (SISA) para definir el cambio de fase no se corresponden con los datos del municipio.

“El SISA es un sistema que se utiliza para denunciar enfermedades pero que está preparado para recibir una dos, tres, diez denuncias, no para la avalancha que es esto. Cargar los datos te puede llevar por paciente 10 o 15 minutos, según la cantidad de casos es la cantidad de registros. En el Municipal hay personas dedicadas únicamente a cargar datos al SISA”, apuntó.

En relación a los laboratorios, destacó que sí informan al SISA, pero cuando se detecta un caso positivo y se hace el seguimiento telefónico no se registran ni se cargan los convivientes que probablemente den positivo también. “Convivís con 3 personas más de las cuales 2 personas probablemente tengan la enfermedad: esas dos personas no se están cargando. Esto se agrava con el sistema privado, no todo el mundo tiene acceso al SISA”.

“Debemos decir que Bahía esta bastante prolijo, en otras regiones los datos carecen bastante de realidad”.

Mecanismo COVAX

“COVAX fue una idea hermosa, nacida desde la solidaridad. Desgraciadamente, no sucedió. Los países ricos se comportaron peor que en nuestras peores pesadillas”, publicaba en su portada la semana pasada la revista científica The Lancet.

Covax “nace como una idea superadora, allá por abril o mayo del 2020, que estábamos con una idea de que el mundo podía mejorar después de la pandemia” dijo Romano.

El plan apuntaba a que “todos los países más ricos pusieran plata, por medio del mecanismo se comprarían vacunas, se crearía un fondo y cada país recibiría dosis para el 20% de su población”.

“Para EE.UU poner 5 mil millones de dólares es como poner una moneda, 700 millones Reino Unido, y 1000 millones Japón, con eso recién hace un mes se juntaron los 8 mil millones de dólares para comprar vacunas y tener un stock. Hoy hay países de África que no han recibido nada y Canadá, amparándose en este contrato con Covax, ha retirado 40 millones de dosis”, dijo.

“10 países se adueñaron del 75% de las vacunas del mundo. 92 países no han vacunado ni siquiera a su personal sanitario”, argumentó.

Sigue primando la idea de “me salvo solo y no me importa que hagan los del alrededor”, finalizó.

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Bahía vuelve a Fase 3

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El Gobierno bonaerense confirmó el pase de Bahía Blanca a Fase 3. De esta manera, el distrito queda habilitado para retomar las clases presenciales el próximo lunes 28.

Se esperan precisiones de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y, según lo anunciado por Carlos Bianco, jefe de gabinete provincial, se utilizará esta semana “para ir preparando las condiciones para la vuelta a una presencialidad cuidada”.

Según detalló el secretario de gobierno local, Adrián Jouglard “lo que tiene que ver con las actividades generales, comerciales y sociales, empiezan a regir a partir de hoy. En un rato sale publicado el cuadro de actividades en el Boletín Oficial”.

Acerca de la situación epidemiológica, el funcionario municipal agregó que “han mejorado los indicadores y hay una tendencia a la baja en la cantidad de casos. Eso va a llevar un tiempo hasta que se vea reflejado en la situación particular de los sanatorios, donde tienen unos 10 o 15 días hasta que se vea esa merma” argumentó.

“Es importante todo lo que se está haciendo, pero falta que pase gran parte del invierno. Hemos dejado atrás el domingo con un Día del Padre donde tal vez hubo reuniones sociales en cantidad y eso puede tener algún impacto”, finalizó.

Actividades permitidas

  • Clases presenciales (a la espera de detalles y definiciones del Ministerio de Educación)
  • Se restringe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana
  • Los locales gastronómicos deberán cerrar a las 23
  • Los comercios deberán cerrar a las 20, salvo aquellos esenciales
    Actividades autorizadas:
  • Restaurantes y bares: espacios cerrados con el aforo del 30 %
  • Gimnasios: con aforo del 30 %
  • Shoppings: con aforo del 30 %
  • Museos: con aforo del 30 %
  • Eventos religiosos: hasta 20 personas
  • Natatorios: hasta 10 personas
  • Se podrán realizar eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos con máximo de 30 personas
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Gas en garrafas: “Queremos que se declare como un derecho humano”

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Avanza un proyecto para declarar el gas en garrafas como servicio público. Se trata de una iniciativa impulsada por organizaciones que articulan a lo largo del país. El proyecto ya tiene el apoyo de oficialismo y oposición en el Congreso.

“Queremos que se declare como un derecho humano para que se regularice todo el tema de garrafas, no solo el precio que está bajo la órbita de al Secretaria de Energía, que pone un precio pero eso no siempre se cumple. No solo es el precio sino que en el único lugar que conseguís ese precio es en la distribuidora y a veces son pocas, o una sola, y se termina comprando en el comercio de cercanía, con altos precios”, dijo a FM De la Calle Silvia Jensen, Integrante de la Red Nacional de Multisectoriales, de Necochea.

Agregó que “hay distintos precios y vemos que la realidad es diferente según los lugares, 600, 800 o 1200 pesos. En las distribuidoras, en algunos lugares, manejan el precio a su antojo. Convertirlo en un servicio publico regularizaría el precio y el alcance del servicio esencial”.

“Hay un 40% de argentinos que no cuentan con gas de red y son generalmente los sectores más vulnerables” mencionó.

El proyecto beneficiaría a 16 millones de personas que no cuentan con el servicio de gas de red y están a merced de un sistema especulativo por parte de las grandes distribuidoras. A igual nivel de consumo, aquellos que utilizan garrafas terminan gastando hasta el doble de dinero que un usuario residencial..

“La garrafa de 10 kilos esta en 435 pesos, hay que agregarle IVA, distribución y demás. Hay precios mínimos y máximos. Además los envases, que son carísimos, deberían ser dados en comodato y no la venta que hay”, dijo Jensen.

Finalmente, sostuvo que “la gente se acostumbró a pagar el gas o la electricidad en cuotas porque no alcanza, no hay que naturalizarlo. Necesitamos una ley que lo regule, debería haber un registro de envases con un control del Estado”.

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Colectivo trans: inclusión laboral y salud en Bahía Blanca

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El Senado comenzó a debatir el proyecto de Cupo Laboral Travesti Trans que ya tiene media sanción en la Cámara Baja. Se aprobó en las comisiones de Banca de la Mujer y de Trabajo y Previsión Social y está listo para que la semana próxima se convierta en ley.

Dicha iniciativa establece que “el Estado deberá contratar al menos el uno por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

Agrega un punto importante: “El requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.

Panorama Local

En septiembre de 2019, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que reglamenta el cupo laboral en el sector público.

El proyecto establece que por lo menos el 1% del personal municipal y las sociedades de economía mixta con mayoría de capital accionario municipal (SAPEM Transporte y SAPEM Ambiental) debe estar ocupado por personas travestis, transexual y transgénero. También prevé la creación de una base de datos a través de un Registro Único de Aspirantes.

Luego de un año y nueve meses de sancionada la ordenanza, el 3 de junio el Municipio abrió la inscripción para dicho listado.

Ingresando aquí podés anotarte:https://www.bahia.gob.ar/cupotrans/

En caso de no contar con los dispositivos y/o medios para acceder a la web, acercarse al área de Políticas de Género (Av. Cerri 757) de 8 a 13 h.

Centros de Salud

Región Sanitaria I cuenta con cuatro centros de salud para la diversidad sexual, dos en Bahía Blanca y dos en Tres Arroyos. En Bahía se encuentran en el Hospital Penna y el Hospital Municipal.

Según la referenta regional del Programa de Salud Sexual y reproductiva del Ministerio de Salud provincia, Mariana Rubio, en el Municipal funciona todos los días, en el Penna atienden los lunes. Región Sanitaria provee regularmente las hormonas para realizar el tratamiento de transición.

Hospital Municipal- Estomba 968- 0291 459-8484

De lunes a viernes de 8 a 12. El turno se pide en ventanilla en Bravard 15. Se dan con una anticipación máxima de 30 días. Si se necesita un turno urgente, por una patología a tratar, será dado en el día. Las recetas de fármacos crónicos, sin turno, se piden a la mañana de 8 a 10 y se entregan hasta las 14. Se atienden a personas con domicilio en Bahía Blanca.

Hospital Penna- Av. Lainez 2401 -0291 459-3600

Atención con turno, de mañana, en estos momentos los lunes. Se debe sacar turno con el Dr. Mario Marzialetti previo a la consulta.

Los datos se encuentran en: http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/generoydiversidad/centros-de-salud/

Tratamiento hormonal

Según Fundación Huésped “las personas que quieren feminizar su cuerpo se administran hormonas femeninas (estradiol) y bloqueadores de las hormonas masculinas (espironolactona y acetato de ciproterona). Mientras que para las personas que desean masculinizar su cuerpo se utilizan hormonas masculinas (testosterona)”.

Sin embargo, en el ámbito local los obstáculos aparecen al momento del otorgamiento de los turnos para los chequeos médicos previos al tratamiento. Con la pandemia se han visto demorados por varios meses.

“En el momento de la transición estaba con el trabajo registrado. Mi endocrinóloga me dijo si podés no dejes el trabajo, porque estábamos en plena pandemia, estaba colapsado, acceder a las hormonas era imposible, los turnos estaban otorgándose de acá a 3 meses, eso afecta el cuerpo porque hay que seguir por varios meses, además de chequeos y análisis”, comentó a FM De la Calle Maxi Bialous.

Agregó que “se empieza con un gel, pasás a las inyecciones. Hoy en día tengo que esperar dos meses para que me den turno para que de ahí vaya al hospital y vean cuándo puedo pasar a buscar esa inyección. Esto termina afectándote emocionalmente, físicamente, eso es lo que hace que la vida de las personas trans sea tan corta”.

“Cuando empecé el tratamiento me hicieron llenar un formulario con pros y contras, diciendo que si te dejas de hormonar el cuerpo tiene síntomas adversos, pero si el Estado mismo no te deja acceder fácilmente a eso cómo me pueden garantizar mi salud”.

“Queremos poder caminar por nuestro barrio sin miedo a morir”

La precariedad a la que se ven sometidas las personas trans, sin posibilidades de acceder a un trabajo registrado, con obstáculos en el sistema de salud y con una sociedad que juzga y señala pese a tener una Ley de Identidad de Género próxima a cumplir los diez años de su sanción, reducen a 35 años la expectativa de vida de las comunidad travesti trans.

Tehuel, un chico trans de la localidad de Alejandro Korn, desapareció el 11 de marzo yendo a una entrevista laboral. Las dos personas que lo vieron por última vez permanecen detenidas y se niegan a declarar, mientras tanto los rastrillajes no arrojan resultados positivos.

En Salta, el cuerpo de Santiago Cancinos apareció cerca del río La Caldera  “de casualidad” mientras investigaban otro crimen. Su familia lo buscaba desde el 2017 cuando salió de su casa para ir al colegio y nunca volvió.

“El miedo que sentimos los chicos trans de ir a una entrevista precaria, que no nos vean como nos queremos sentir y tener miedo a ser juzgado por lo que fuimos en un pasado”, destacó Maxi.

Say Sacayán, hermane de Diana, activista por los derechos de la comunidad travesti resumió en una crónica: “queremos poder caminar por nuestro barrio sin miedo a morir”.

“De volver a nacer, yo elegiría ser travesti, amo ser travesti y al travestismo con todo su ingenio; que no tiene nada que ver con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos, que nos ridiculizan”. Lohana Berkins.

Foto: Paula Sequeira.

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Absolvieron a Rosalía

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“Recién recibí la noticia que tanto esperé, una noticia que me llena el alma”, dijo a FM De la Calle, Rosalía Reyes, quien luego de 16 años de enfrentarse a los obstáculos judiciales, finalmente, fue absuelta por la Cámara de Casación Penal.

Se trata de un fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana.

Rosalía parió una madrugada de 2005 a su quinto hijo en su casa de Argerich después de largas jornadas de trabajo en el frigorífico La Gleba. Se desmayó en el baño y cuando volvió en sí la criatura había fallecido. En febrero del 2020, el Tribunal Criminal N°3 la condenó por homicidio calificado a ocho años de prisión.

“Después de tanto tiempo quedé en liberad, estoy esperando que me saquen la pulsera electrónica. Estoy muy agradecida con las mujeres de pañuelo verde, agradecida con la abogada (Fabiana) Vannini. Me siento muy emocionada porque tanto tiempo esperé esta noticia, estoy más que feliz. No tengo palabras de agradecimiento”, agregó.

“Utilizaron la declaración de ella para condenarla”

Entre los fundamentos de absolución, el juez Maidana afirmó que “nos enfrentamos a una causa en donde las condiciones personales y familiares, sociales y económicas de la imputada la ubican en un contexto de vulnerabilidad que debió ser evaluado para interpretar y juzgar los hechos, brindando un tratamiento diferenciado que supone incorporar perspectivas específicas de género”.

El año pasado, gracias a la insistencia de la Campaña por la Absolución y el camino judicial iniciado por su abogada defensora, le otorgaron la prisión domiciliaria. En pandemia pudo realizar los trámites para volver a Zárate donde estaba su pareja y su hija más pequeña.

Condenada por no ser “buena madre”

Casación señaló al Tribunal Criminal Nº3 -compuesto por Daniela Castaño, Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire- que en primera instancia condenó a Rosalía que debió “introducir la perspectiva de género, considerando el contexto de vulnerabilidad personal, social y económica que rodeaban a la imputada”.

Agregó que “la sentencia impugnada (…) contiene abundantes referencias a modelos estereotípicos del rol maternal, que marcan un estándar ideal y abstracto sobre cómo debe actuar una ‘buena madre’, desentendiéndose de la contundente información reunida en torno a la falta de posibilidades reales de actuar conforme al modelo”.

“La capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio”, sostuvo el tribunal superior.

Su resolución enfatizó que durante las instancias judiciales previas no fue considerado que “Rosalía no tenía acceso al servicio de salud, que no tuvo ningún control médico durante el embarazo, que en el momento del parto se encontraba sola y sin la asistencia de un adulto, que la vivienda donde residían se encontraba alejada de un centro urbano y sin línea telefónica, ello además de la apremiante situación económica que no le permitía afrontar la pérdida de una jornada de trabajo y el temor fundado a perder su puesto en caso de conocerse su embarazo. La circunstancia de haber experimentado cuatro partos anteriores no determina un conocimiento de ‘cuestiones básicas’ acerca de cómo desenvolverse en un parto”.

Por último, agregó que “la descontextualización de la situación de Rosalía” y el rol estereotípico de “buena madre” asumido por el Tribunal Criminal “creó exigencias ideales no alcanzables por Rosalía” quien “se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la norma”.

Rosalía: “Sigo firme porque no me siento sola”

Meses atrás FM De la Calle dialogó en vivo por Instagram con Rosalía.

«Esa anoche llegué muy cansada, no quise cenar, me acosté a dormir, me desperté a las dos o tres de la mañana con un dolor muy fuerte en el vientre y cuando fui al baño hice una fuerza mínima y salió mi bebé. Me desmayé, caí al piso, no recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando tomé conocimiento estaba todo lleno de sangre. Llamé a mi hija Vanesa, corté el cordón como pude, cuando lo alzo al bebé ya estaba sin vida, frío. Me acosté con el bebé dándole calor en el pecho y me dormí. No lo pude ayudar, lo tomé en una bolsa y llamamos a la policía. Ahí fue cuando empezó mi pesadilla», relató.

El frigorífico La Gleba fue fundado en 1997 con aportes de la UNS y su Fundación. Años más tarde, cerró por apuestas comerciales fallidas y un manejo de fondos poco transparente que se pretendió excusar por el supuesto aporte educativo de la iniciativa.

«Sigo firme y fuerte por todas las mujeres. Sigo firme porque no me siento sola, porque me siento acompañada de las mujeres feministas. A cualquier mujer que esté pasando por una situación así le digo que ya no se sienta sola porque hay mucha ayuda, no estamos solas», dijo en aquella conversación.

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Contaminación en la ría: protesta y reunión en la Unión Industrial

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Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ria se reunieron con autoridades de la Unión Industrial, entidad a la cual están afiliadas las empresas investigadas por la contaminación del estuario.

Luego de once años de trámites judiciales y con las causas estancadas en el fuero federal y el contencioso administrativo, los trabajadores comenzaron una serie de cortes y manifestaciones para visibilizar la problemática.

Un grupo de pescadores y el abogado Lucas Beier fueron recibidos esta mañana por Marcela Guerra y Roberto Elissamburu, directora institucional y director Industrial de la UIBB, respectivamente.

“Les dijimos que traten de interactuar ya que la Unión Industrial tiene como principales asociados a empresas del polo o afines al polo. Necesitamos una solución urgente, desde los empresas de manera individual no nos reciben, no están dispuestos a escucharnos. Necesitamos una solución inmediata, para mañana, del daño que han generado a estas familias desde hace 11 años”, dijo Beier a FM De la Calle.

Semanas atrás, la Cámara Federal anuló los convenios firmados por el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico, por no haber incluido en la discusión a los pescadores ni a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente.

Beier comentó que intentan “alguna negociación extrajudicial que derive en un acuerdo judicial. Pero en forma inmediata se necesitan una respuesta, están bastante firmes en su postura, van a seguir con los cortes”.

En cuanto al Consorcio de Gestión del Puerto, organismos que también está denunciado ante la justicia, el abogado destacó que “venimos con buen diálogo hace mucho tiempo, desde hace un año y medio, pero hasta ahora ninguna respuesta concreta”.

“Los pescadores llegaron a un momento de saturación, no quieren escuchar más que hay reuniones. Lamentablemente las causas judiciales están muy lentas y la expectativa es que se demore muchos años más. 2 pescadores fallecieron, algunos se están poniendo viejos y necesitan una respuesta ya”.

Esta semana la jueza Gabriela Marrón rechazó citar a indagatoria a empresarios y ex funcionarios. “No lo van a hacer, dicen que no hay pruebas suficientes y no dicen cuáles faltan. En el delito penal hay una acción típica: dice el que arroja sustancias nocivas, peligrosas para la salud. Ya está demostrado por una pericia que dice que los peces tiene 40 veces más que lo permitido por el Código Alimentario. Faltaría demostrar quién lo arroja: esta más que acreditado por los informes del Comité Técnico Ejecutivo que dice quién y qué sustancias. Hay dos informes en la causa con la nómina de todos los directores. No lo entiendo, le vengo diciendo que si cree que no están identificados que produzca la prueba que tenga que producir”.

“Cuando es una persona jurídica la responsable de arrojar sustancias, los responsables son los directores, lo dice la ley. Parece que acá la jueza quiere que yo pueda acreditar que Juan Pérez un día dio la orden de abrir la canilla. No lo pide la ley, no lo pide la jurisprudencia”, enfatizó Beier.

“Estamos perdiendo el estuario”

“El Consorcio nos atendió pero nos mintió, el Municipio nunca nos atendió, estamos viendo que nos atiendan para llegar a un acuerdo como la gente. Hasta que no haya una solución en concreto vamos a seguir con esta lucha. Van 11 años de tomada de pelo”, dijo Héctor Seijas frente a la sede de la UIBB al móvil de FM De la Calle.

Miguel Córdoba señaló que “la justicia siempre va por debajo de la mesa, siempre quedamos afuera de todas las conciliaciones. A nuestros abogados los atienden mientras nosotros hacemos medidas de fuerza”.

“En este juicio hace 11 años que estamos reclamando por una fuente laboral que teníamos, me pude hacer mi casa, vivía dignamente, le daba una buena vida a la familia. Después del 2008 que se cortó todo tuvimos que reinventarnos”, agregó Fabián Torres.

Córdoba recordó que “había 60 embarcaciones con 7 tripulantes, sumále las familias, los negocios que vivían de los pescadores. De esas 60 lanchas quedan 4 en el agua, el resto las compró el Consorcio. Los permisos de pesca tienen un solo dueño: el Consorcio compró todas las lanchas para desarraigar los pescadores, las compró cuando ya los dueños no sabían qué más hacer para tener esa lancha a flote. Todo eso lo perdimos gracias al Consorcio y las empresas”.

“Que la gente de Bahía tome conciencia de que la contaminación afecta a toda la ciudad, que miren a White, todo lo que viene para acá, estamos perdiendo el estuario. El puerto es lindo para tomar mates el domingo que es lo que le muestra el Consorcio… que metan la mano en el agua”.

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Discursos de odio: ¿vos qué vacuna preferís?

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¿Qué relación existe entre la preferencia por una u otra vacuna y la reproducción de discursos de odio? A partir de ese interrogante el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM realizó una encuesta en el marco de sus estudios sobre autoritarismo político y social en nuestro país.

“Hay una serie de categorizaciones y enunciados que incitan y legitiman la violencia, cierta especificidad en los discursos. Lo que hacemos es estudiar las disposiciones ideológicas que hacen posible la aparición y la divulgación y crecimiento de discursos de odio, que en algunos casos se termina conduciendo en acciones violentas hacia un otro”, dijo a FM De la Calle la dra. en Ciencias Sociales Lucía Wegelin.

La investigadora detalló que el relevamiento “se hizo entre diciembre y febrero, preguntamos por las vacunas en circulación en ese entonces, lo que se sabía quizás era un poco menos. Lo llamativo es la intensidad de la correlación entre la preferencia de algunas vacunas y el índice de discursos de odio”.

Sostuvo que “el 45,8% de quienes eligen Pfizer estaría dispuesto a promover mensajes que nosotros calificamos como discursos de odio en sus redes. Entre los de que prefieren la Sputnik solo el 14% promovería discursos de odio. Hay mucha diferencia”.

Wegelin dijo que “evidentemente” son posturas que están en la opinión pública. “Estamos hablando de una diferencia con discursos científicos -como las vacunas-. Que se asocien tan intensamente, de modos deferentes, con disposiciones ideológicas habla de que en la esfera pública estaba produciéndose esa asociación, entre los políticos y en el periodismo sucedía algo que aparece replicado en la población en general”.

La socióloga comentó que a nivel internacional el de los discursos de odio “es un tema que está siendo recientemente estudiando. Elegimos 3 enunciados: uno racista, uno discriminatorio -en relación al colectivo LGBT- y uno deshumanizador, por ejemplo, ‘miles de bolivianos cruzan la frontera como ratas para cobrar el IFE, hay que hacer algo con ello'”.

Mencionó un documento de Naciones Unidas en el cual se destaca la necesidad de estudiar los discursos de odio “por la peligrosidad de que pasen a la acción”.

Confirman atentado con “artefacto explosivo no reglamentario”

Desde 2013 el Laboratorio se dedica a analizar las nuevas formas del autoritarismo social y cómo se reproducen. “Hay algo que efectivamente pasa, en los momentos de crisis económica y social, ese tipo de discursividades tienen más posibilidades de crecer, sin duda la pandemia es un momento de crisis, que en este caso lleva a construir relatos que den sentido a algo que parece no tenerlo”.

Wegelin subrayó “la aparición de un alto grado de antisemitismo. Un enunciado que hablaba sobre una cierta teoría conspirativa en la que los judíos ocuparían un lugar en esta trama conspirativa que produjo la pandemia y es sorprendente el grado de acuerdo”.

“Cuatro de cada diez personas -un 37 %- mostraron algún grado de acuerdo con la idea de que el coronavirus surgió como un plan de empresarios judíos para ganar dinero fabricando vacunas. En el otro extremo, un 43,8 % manifestó algún tipo de desacuerdo”.

-¿Cuál es el límite entre libertad de expresión y discurso de odio?

Hay que mirar qué le hace ese discurso a la democracia, si ese discurso está dentro de una esfera pública que facilita y promueve el conflicto o si pretende eliminar al otro y desplazarlo. Esa pregunta es una forma de discriminar cuándo hay una amenaza o una expresión de una posición diferente a la nuestra.

–En relación a lo ocurrido con el grupo de periodistas que realizó la investigación “La reacción conservadora”, ¿qué conclusiones podemos sacar?

Si hago la pregunta sobre qué le hacen a la esfera pública democrática estos datos, en principio no la estarían resquebrajando. Son datos públicos, firmados por una serie de periodistas. Uno puede no estar de acuerdo y es posible, es susceptible de ser manifestado, pero eso no significa que sea antidemocrática, no veo argumentos que puedan afirmar eso.

En que no se puedan publicar esos datos, que se haya bajado la página, que se haya cercenado esa voz, hay un desplazamiento en la esfera publica, que es lo que pasa con casos de asedio en redes. No solo decís ‘me molesta tal o cual cosa de tu persona’ sino que lo asedias de tal manera que lo corrés de la esfera pública.

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Fallo judicial: “Si hubieran averiguado verían la doble o triple carga que tenemos”

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La secretaria adjunta de SUTEBA, Gabriela Delfino, cuestionó la resolución del juzgado Contencioso Administrativo N°1 que ordenó la entrega a cuatro hermanas en situación de vulnerabilidad de los materiales necesarios para garantizar su continuidad pedagógica.

La dirigente aclaró que accedió a la difusión periodística del fallo pero “de ser así” -de apuntar a las escuelas y no a las autoridades provinciales-, “difiero totalmente con la responsable de la ONG que habla de un fallo ejemplar. A quien debería exigir la justicia es al gobierno para que provea los materiales necesarios porque, hasta ahora, lo han hecho los docentes de sus bolsillos”.

Luego de la entrevista y ante la consulta de FM De la Calle, la abogada María de los Ángeles Rosón explicó que la denuncia fue contra la Dirección General de Escuelas, organismo que debe responder a través de las escuelas Primaria N°65 y Secundaria N°43.

“Me hubiera gustado ver el trabajo que llevó previamente la ONG, soy del Equipo de Orientación Escolar (EOA) de una escuela y sé cómo se trabajan estas cosas como para presentar la denuncia en los términos en los que se presentó. Si hubieran averiguado verían la doble o triple carga que tenemos con las burbujas presenciales, virtuales y también hay que encargarse de los alumnos y alumnas que no alcanzaron con los contenidos del año pasado y que están en promoción acompañada hasta fin de año”.

Fallo judicial: más allá de la presencialidad o la virtualidad

Delfino afirmó que “la mayoría de las escuelas tienen EOA y la mayoría, en caso de sostener este vinculo pedagógico, ha generado materiales cuando el Estado no ha hecho absolutamente nada. A través de diversos encuentros, en la entrega de bolsones. En mi escuela hemos llevado a las casas de alumnos y alumnas las tareas”.

“Me parece que la cuestión acá pasa tal vez por hacer ver una ONG y tal vez una campaña política a futuro porque las cosas se resuelven de otra manera, te contactás con el personal y ves cómo podés solucionarlo. Además no exponés a la familia, eso desde la escuela no lo haríamos”, apuntó.

Presencialidad

En relación al pedido por la vuelta a la presencialidad planteado por el oficialismo local y un sector de la comunidad educativa, Delfino sostuvo que “la situación epidemiológica sigue siendo grave, venimos sosteniendo que la presencialidad disparó los contagios y que hay que decidir en función de preservar la vida”.

“Me parece que hay una operación muy intensa con el tema de la presencialidad y que se relaciona con el hecho de que las escuelas tienen que estar abiertas porque la gente tienen que ir a trabajar y sino están abiertas no hay donde dejar los chicos, con una decisión del gobierno de no sostener licencias para quienes necesiten quedarse en sus casas”, finalizó.

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