Facundo: la Fiscalía insistirá en recusar a la jueza

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Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín recurrirán ante la Cámara de Casación tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones bahiense a la recusación contra la jueza federal María Gabriela Marrón.

También apelarán el rechazo de nuevas medidas investigativas, mientras se continúan realizando diligencias en el estuario de Bahía Blanca. Por otra parte, Santiago Ulpiano Martínez ya tiene reemplazante.

La vacante del funcionario inhibido en la causa será cubierta por la fiscal federal de Santa Rosa Iara Silvestre, designada días atrás por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

La Cámara Federal de Bahía Blanca, con el voto de Pablo Larriera, rechazó el planteo de recusación de Marrón. La Fiscalía consideró que su imparcialidad había quedado afectada luego de disponer de oficio y sin control de las partes una medida de prueba por sobre la estrategia de litigación del caso que tienen los representantes luego de que se les delegara la instrucción del sumario.

Heim, Azzolín y Silvestre están elaborando un recurso de casación contra dicha decisión, ya que consideran que sus argumentos no fueron valorados en su totalidad, en especial en lo relativo a nuevas irregularidades cometidas por la titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca en las últimas semanas, como no suspender la ejecución de la medida pese a varios planteos en ese sentido y el efecto suspensivo del recurso interpuesto.

Además, informaron ante la Cámara Federal, en el marco del trámite del incidente de nulidad que plantearon contra esa decisión de la jueza, que consideraron que no estaba adecuadamente fundada y afectaba la independencia del organismo. Si bien la jueza rechazó la nulidad, los fiscales esperan revertir esa situación en instancias superiores y, como consecuencia, apartar a la magistrada del caso tal y como lo prevé el Código Procesal Penal.

Nuevas medidas realizadas y solicitadas

Los y la representante del Ministerio Público solicitaron en los últimos días, con el secreto de sumario vigente, la concreción de una serie de medidas de prueba que fueron rechazadas por la jueza, decisión que también fue apelada.

Azzolín, Heim y Silvestre esperan que la nueva queja sea resuelta por el tribunal revisor en el mismo sentido que lo hizo en febrero, lo que motivó la concreción de allanamientos.

En el marco de los trabajos de campo que desde hace meses vienen realizando en el estuario de Bahía Blanca, días pasados la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron un relevamiento del lugar con drones. También se prevé una recorrida a pie en compañía de testigos.

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Finaliza el congelamiento de alquileres y desalojos

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Mañana vence el DNU firmado por el gobierno nacional que establecía un congelamiento de alquileres y suspendía los desalojos. Las familias que hayan acumulado deudas tendrán hasta 12 cuotas para ponerse al día.

“De acuerdo al INDEC, en los 31 aglomerados urbanos principales de la provincia, son 1 millón 700 mil los hogares en los que hay inquilinos, con más de 5 millones de personas. Es un universo muy amplio que puede estar afectado a partir del descongelamiento, una medida excepcional que tiene consecuencias con otras como la pérdida de poder adquisitivo de los inquilinos”, señaló el defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello.

Agregó que un estudio de la Universidad de San Martín determinó que casi 8 de cada 10 de esos inquilinos se encontraba endeudado. “No específicamente con los alquileres sino en términos generales. Con el descongelamiento a aquellos inquilinos que no actualizaron, les van dar la posibilidad de pagarlo entre 3 y 12 cuotas. Si bien el decreto dice que no se pueden aplicar punitorios sí pueden aplicarse intereses compensatorios”.

Respecto a los garantes explicó que “la situación de imposibilidad de desalojo por finalización de contrato no cercena sus obligaciones. Estamos en una situación bastante compleja”.

Por otro lado, mencionó que “en algún punto hay que salir de este congelamiento porque de alguna forma tiene como implicancia que propietarios digan yo no alquilo más o que suban los precios, eso limita al mercado”.

La medida que se propuso ante el término del congelamiento es un registro de desalojos pero “cuando ya se llega a un desalojo la situación es crítica porque probablemente la persona no tenga la posibilidad de formalizar un nuevo contrato. La ley nueva es más benigna para inquilinos, están regulados los honorarios, el problema sigue siendo de ingresos y ahí es donde vamos a tener mucho trabajo”.

Martello recomendó “establecer un canal de diálogo con el propietario. En caso de no llegar a un acuerdo, llamen a la Defensoría. Vamos a ofrecer un área de mediación para los casos particulares”.

Para los contratos que se firmen bajo la nueva ley el funcionario destacó que los contratos pasarán de dos a tres años de duración y que los aumentos deberán respetar un índice que elabora el Banco Central.

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Facundo: rechazaron recusación contra la jueza

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El camarista Pablo Larriera ratificó a la jueza Gabriela Marrón en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

De esta manera rechazó la recusación planteada por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín quienes invocaron “temor de parcialidad” al concluir que Marrón comprende una única hipótesis: que Facundo “en su trayecto hacia la localidad de Ingeniero White, transitó por el complicado terreno del estuario en el que se anegó y luego se ahogó”.

Plantearon, además, que la jueza se entrometió en asuntos de la Fiscalía al reasumir la investigación para incorporar un estudio de mareas del IADO en el cual el director del organismo oceanográfico “realizó consideraciones que no le fueron solicitadas sobre el posible desplazamiento de Facundo dentro del estuario”.

Azzolín y Heim devolvieron el escrito, “no obstante luego, invocando una medida para mejor proveer y afirmando que no reasumía la instrucción, la dra. Marrón ordenó un estudio que, en los hechos, implicaba realizar las mismas actividades que el IADO realizó sin que se lo haya ordenado”.

#Facundo: la Fiscalía pidió apartar a la jueza Marrón de la causa

Al rechazar su recusación la jueza sostuvo que “la conexión entre el Estuario y la Ría de Bahía Blanca y el aporte que puede llegar a lograrse a partir de su estudio es innegable para la reconstrucción del hecho, ya que esta última zona es donde se vio a Facundo José Astudillo Castro transitar con vida, y luego, se encontraron sus restos y pertenencias”.

Se refiere a lo dicho por la Testigo H, cuyo testimonio fue incorporado a la causa por dos de los policías sospechados -Mario Sosa y Siomara Flores- y se contradice en varios aspectos con el de Alberto González, quien detuvo a Facundo por segunda vez el 30 de abril. Marrón no considera, entre otras pruebas, el hallazgo de pertenencias del joven en un calabozo de Puesto Policial de Teniente Origone.

En definitiva, en el fallo firmado ayer en la Cámara de Apelaciones, Larriera manifestó que la delegación de la investigación en los fiscales “no implica que el juez pierda la dirección del proceso y la decisión final en determinados temas”. Esto independientemente de lo que los camaristas resuelvan respecto a la validez de la prueba del IADO cuya nulidad fue planteada en otro incidente.

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Violencia machista: Pera evadió otra vez la indagatoria

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Por tercera vez el secretario general de la UTA, Ricardo Pera, evitó ser indagado por el fiscal que interviene en la causa por violencia de género iniciada por su ex pareja. Laura Trespando lo denunció por lesiones agravadas y amenazas.

“El viernes a última hora presentó un certificado en el que dice que está pasando por un cuadro de Covid positivo. Se resolvió por parte de la fiscalía que se fijaba un nuevo horario y, si tenía algún síntoma, previamente tuviera una entrevista telefónica con el médico pericial. No se pudo hacer porque no atendió el teléfono”, señaló a FM De la Calle la abogada de víctima, Fernanda Petersen.

La letrada agregó que “más allá de la autenticidad o no del hisopado, del que no tengo porqué desconfiar, la realidad es que el teléfono apagado demuestra voluntad de evadir a la justicia si tenemos en cuenta que no se lo pudo notificar en el domicilio real”.

El fiscal Juan Pablo Schmidt dejó abierto el acto para llamarlo nuevamente cuando esté en condiciones. Una vez realizada la indagatoria, acto de defensa en el cual Pera puede o no declarar, se elevaría la causa a juicio.

“Esta persona no solo ejerció violencia públicamente, sino que sigue haciéndolo al no presentarse a la justicia. Es el hombre de las mil causas y mil situaciones, esto es una manera de seguir ejerciendo poder”, afirmó Petersen.

Denuncian a Ricardo Pera por violencia machista

El ex concejal fue condenado en febrero a un año y diez meses de prisión por agresiones contra dos legisladores. Los hechos ocurrieron en 2015 dentro del Concejo Deliberante.

“Estamos convencidas de que se va a llegar a una condena y la causa anterior, si es confirmada en la sede de apelación, opera como un antecedente que agrava y que se tiene en cuenta para establecer pena”, explicó Petersen.

Finalmente, destacó que Pera “públicamente ha demostrado su conducta violenta, si a esto le sumamos la privacidad de un domicilio, la situación de trabajo y de poder, estamos frente a una situación donde los elementos sobran”.

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Las derechas alternativas según Stefanoni: “Empieza a ser un fenómeno político cultural que es importante mirar”

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En el contexto del 24 de marzo, FM De la Calle entrevistó a Pablo Stefanoni, doctor en Historia (UBA), jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad y autor del libro ¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común.

Proponés tomarnos en serio a estas derechas y a su vez planteás que, por ahora, son marginales porque hay anticuerpos como “Nunca Más”. ¿Qué elementos de estas las derechas alternativas persisten de aquel viejo proyecto que implantó el terrorismo de Estado y de qué manera pueden ir socavando ese acuerdo social?

La idea del libro era hacer un mapeo de figuras, de grupos e ideas de extrema derecha o de derecha alternativa y cómo eso va a operando en el mundo. En el libro se habla más bien de un fenómeno político cultural y de una atracción juvenil de estas derechas que tienen un discurso transgresor hoy, que compite con la izquierda construyendo un discurso antisistema. Después se discute contra qué sistema están peleando.

América Latina es particular porque la única experiencia que hay hoy es la de Brasil y la particularidad es que hay alguna conexión en el caso de Bolsonaro con una reivindicación de la dictadura militar.

En Argentina hay un intento por construir una derecha del PRO, que no tiene conexión en sí con la dictadura ni con personajes de la dictadura pero parte de la trasgresión era poner en duda la cifra, los derechos humanos. Aparece por ese lado parte de ese discurso “transgresor”, poniendo en cuestión la política de los derechos humanos.

En este tiempo se mezcló con la propia grieta del kirchnerismo, ahí creo que es efectivo el discurso para atraer a muchos jóvenes. No son mayoría ni nada, pero empieza a ser un fenómeno político cultural que es importante mirar.

¿Esto viene en relación a espacios que cede la izquierda o los sectores progresistas? Por ejemplo, en cuanto a la corrección política, ¿ahí habilita el juego a esa rebeldía de derecha?

Sí, hay todo un debate si el progresismo se moralizó demasiado, qué es hoy la corrección política, si el progresismo se volvió un poco conservador en el sentido de que las imágenes de futuro son muy negativas, incluso distópicas. Esto no solo afecta al progresismo sino a las derechas o centroderechas convencionales. Fue claro el caso del Partido Republicano donde el trumpismo desplaza a los neoconservadores de la era Bush o Reagan. Algunos se reconvierten pero otros son desplazados y quedan con la sensación de que Trump les copó el partido. Las “víctimas” de estas nuevas derechas son el progresismo y las derechas más convencionales. Hay una imagen de futuro muy negativa y el progresismo en general trata de defender lo conquistado, el Estado de bienestar, la forma de trabajo que hay. Creo que en la era Trump se profundizó eso de defender el statu quo con el miedo a que lo que venga va a ser peor. Eso es un problema para la izquierda porque en muchos lugares el descontento social, el enojo, la crítica a la política convencional se canalizó con fuerza hacia la derecha.

Es bastante variopinto el mapa de las derechas alternativas. ¿Cómo sintetizarías las principales corrientes y qué tensiones hay entre ellas?

Si uno mira el mundo hay algunos clivajes: hay extremas derechas más neoliberales, otras más partidarias de un Estado de bienestar pero solo para los nativos. Por ejemplo, Marine Le Pen en Francia o Matteo Salvini en Italia o Los Hermanos de Italia que son partidarios de mantener el Estado de bienestar pero excluir a los migrantes. Pero hay otras fuerzas como Vox en España o Alternativa por Alemania que son más neoliberales. Hay otros más partidarios de la alianza con EE.UU. frente a otros que miran a Rusia o Asia como una posible fuerza que les permitiría luchar contra la Unión Europea. Hay antisemitas clásicos, al viejo estilo. Hay algunos que ven a Israel, sobre todo en la era Netanyahu, como una fuerza para luchar contra el islam. Algunos partidos que vienen de viejas fuerzas post fascistas mientras que otros son populistas de derecha sin conexión con el viejo fascismo europeo.

Es un mundo de fuerzas diversas, es verdad que en la medida que se acercan al poder algunos cambian posiciones, hoy casi nadie planeta salir de Europa, antes era una consigna fuerte.

En el caso argentino vemos un espacio a la derecha del PRO que va desde los libertarios –que son una corriente nueva- hasta Gómez Centurión y sectores vinculados al nacionalismo militar, pasando por derechas más católicas. Lo interesante es cómo hay un paraguas que hace que esa gente esté tratando de actuar en un terreno común  y construir una fuerza, con muchas divisiones pero sociológicamente existe un espacio de Argentina al que creo que le gustaría que hubiera una fuerza más claramente de derecha, más ideológica. Mientras que el PRO siempre era reacio a hablar en términos ideológicos.

No siempre escuchamos con atención a personajes como Javier Milei, quien dice cosas como estas: “Estoy fuertemente comprometido con la batalla cultural y la sensación que tengo como liberal libertario que soy es que cada vez que piso una baldosa escupe socialismo la Argentina. (…) Yo soy anarco capitalista, filosóficamente. Pero entiendo que el mundo por el momento tiene restricciones y, por ende, soy minarquista de corto plazo. Es decir, considero que el Estado para lo único que sirve es para seguridad y justicia. (…) Utilizan el monopolio de la fuerza para imponerte la esclavitud fiscal. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente. Y sobre todas las cosas, la mafia compite”.

También aparecen Agustín Laje o Nicolás Márquez, dos personajes cercanos a Vicente Massot, ex director de La Nueva Provincia. ¿Qué otros elementos hay en esos libertarios locales o paleolibertarios?

Milei creo que es el que trajo al libertarismo de derecha a Argentina, que es una corriente que incluso en EE.UU. era bastante minoritaria. Plantea estos términos nuevos como anarcocapitalismo. Una especie de crítica radical al Estado.

Mientras Milei está muy presente en los medios con un discurso de la economía, Agustín Laje, que está en una batalla cultural contra el feminismo, tiene poco espacio. Eso tiene que ver con los espacios actuales: es más fácil discutir anarco capitalismo en los medios que invitar a alguien que es anti feminismo. Laje tiene muchos seguidores en internet pero lo invitan mucho en América Latina y da charlas. En el caso de Milei también hay cierta proyección a América Latina.

Paleolibertarismo es una corriente que articula una crítica radical al Estado, anarcoapitalista. Por otro lado, una defensa de valores morales conservadores. Eso explica porqué los libertarios están en contra de la legalización del aborto, que no es una obviedad porque el libertarismo clásico está a favor, porque si la idea es eliminar el Estado es para poner la libertad individual como un valor.  Mientras que el paleolibertarismo es mucho más conservador y se ubica más a la derecha radical.

Son dos figuras que tienen llegada a los jóvenes. Después tenés más dinosaurios. Milei desprecia mucho a los viejos liberales y esos viejos liberales cuestionan a Milei. Milei apela a armas retóricas no convencionales, apela a este tipo de imágenes donde la mafia es mejor que el Estado, que la justicia social es una mierda.

Instala dos ideas claves: la anti política y el derecho a no pagar impuestos. Eso hoy tiene un terreno en Argentina para expandirse.

También señalás en el libro el homonacionalismo y el ecofascismo. ¿Cómo los explicarías?

El capítulo de homosexualidad de extrema derecha se basa en cierto interés personal en ver por qué había muchos liderazgos en la extrema derecha europea que se asumían como homosexuales.

En el caso de los países de norte de Europa, no tanto en el sur ni en el este, hay una votación de poblaciones de gays o lesbianas hacia la extrema derecha. Hay fenómenos de “normalización” de la homosexualidad y de dejar de ser un grupo oprimido en las capitales occidentales. En el caso francés como Marine Le Pen fue muy hábil para usar a la minoría LGBT, contra la minoría musulmana o árabe y plantear una defensa de la laicidad.

En el caso argentino es menos fuerte ese fenómeno pero hace poco se conformó una agrupación que se llama “Puto Bullrich” que de a poquito está más visible. Terminó siendo un espacio pequeño pero significativo de apoyo de sectores LGBT a la ex ministra de Seguridad.

Y en el caso ecofascismo es un debate más filosófico. Es toda una corriente que intentó juntar ambientalismo y pureza racial. La pregunta es si en el futuro lo que va a predominar va a ser la idea de que todos estamos en el mismo barco, la idea de la nave tierra en la que o nos salvamos todos o no se salva nadie u otra lógica que algunos llaman la ética del bote salvavidas en el que no entran todos. Empieza a haber un discurso ambiental de extrema derecha.

Nos acostumbramos a que la extrema derecha es negacionista del cambio climático, es Trump. La idea del libro es: estemos preparados para otros discursos, que la extrema derecha sea también gay, que no sea solo homófoba, que tenga un  discurso ecológico.

Desde el progresismo y la izquierda a menudo se cae en cierta subestimación de estos discursos. Parecen “locuras” que no apelan a nadie, sin embargo, tienen plafón social. Lo mismo ocurrió con el fascismo. ¿Encontraste similitudes entre los discursos violentos actuales y los que construyó el fascismo como fenómeno social de masas?

Las derechas hoy no se organizan de esa forma, no construyen partido de masas. Hoy va más por un tipo de cultura de internet. Hay muchos debates sobre cómo nombrar esto. Algunos las nombran como derechas post fascistas.

Hay un italiano que vive en España, Steven Forti, que habla de extremas derechas 2.0 para señalar este aspecto de cómo cambió la lógica de reclutamiento, de difusión. No existe esa dimensión de masas al viejo estilo, es más post moderna. Riman pero reformulan cosas: hoy nadie habla de superioridad de razas pero se habla en clave cultural en ese sentido. Hay una defensa de la cultura occidental o cosas que remiten a ese tipo de discursos.

En el caso europeo el tema del islam es el vector para una serie de discursos. Yo puse una frase que dice la historia no se repite pero rima.

Un historiador, Sternhell, decía que el fascismo no fue simplemente una contrarrevolución, compitió con la izquierda por otro tipo de revolución y tenía una visión de futuro. Había un montón de fenómenos culturales que acompañaban el fascismo y le daban una dimensión de ruptura con el viejo orden que, en este caso, era la democracia liberal.   

Sí creo que hay una crisis de la democracia en un sentido más amplio, ahí es donde se meten estas cosas. Más que el peligro del fascismo es el peligro de otras cosas como la idea de Estado sin política, la división entre libertad individual y política, la idea de un tipo de capitalismo sin política. Era algo que existía como un fermento pero que algunas derechas lo están mirando, sobre todo los más utópicos, en Silicon Valley. Por ahora es una utopía pero a veces empiezan así y se vuelven más realistas.

Foto: Sebastián Freire.

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Rechazo a la Mesa Social: “Pareciera que vivimos en realidades paralelas”

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El Consejo Local de Niñez expresó su preocupación ante el rechazo al proyecto de ordenanza que proponía la creación de una “Mesa Social de Articulación en la Pandemia”.

“Fue confusa la respuesta del jueves del Concejo, pareciera que en aras de defender un posicionamiento se empieza a desconocer ciertas realidades que a través de las organizaciones que representamos vemos permanentemente”, comentó la psicóloga Alba Picardi.

Señaló que “el planteo puntual da a entender como que la mesa de crisis alimentaria funcionaba y bien. Hemos presentado un informe porque no estaba funcionando. Cuando lo hacía era más un espacio donde se informaba lo que se pensaba hacer pero las decisiones ya venían tomadas, no había un trabajo articulado con las organizaciones”.

“Nos parecía que este proyecto era un propuesta superadora en relación a esa mesa que no está funcionando desde septiembre. Era una buena manera de adelantarnos a lo que va a venir y para seguir trabajando con lo que va pasando. La crisis alimentaria no se terminó en septiembre, no entendemos porqué no se convocó más a la mesa”, comentó Picardi.

Insistió que la emergencia alimentaria no se resolvió: “En vistas de la segunda ola se va a profundizar. Más allá de eso, lo que propone el proyecto es articular entre efectores y organismos que trabajan en los barrios para generar redes e instrumentos que no queden solamente en lo que implica lo alimentario e ir hasta algo más profundo. Lo pensábamos saliéndonos del criterio del asistencialismo, para que las comunidades pudieran organizarse y puedan ser generadores de herramientas”.

“Tenemos representantes de las organizaciones en el Consejo Local. Si la idea era plantear que la crisis ya no era real, vemos que sigue siendo real. La desigualdad se ha profundizado, significa que no es solo el alimento que llega o no, sino además la desigualdad con todo, acceso a la salud, quienes quedaron fuera de la cotidianidad de la educación por no tener los elementos, problemáticas de salud mental, violencia y adicciones”.

Picardi concluyó, “es mucho más amplio que una tarjeta alimentaria o un bolsón, pareciera que vivimos en realidades paralelas”.

Desde Creer Sí también manifestaron su preocupación por el rechazo a la inicativa.

“Creemos que las miradas y accionar de distintos actores sociales de la comunidad implicaría un trabajo colectivo más eficiente que redundaría en una mayor protección, amparo y promoción de las familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad y en especial de nuestras infancias”.

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Emergencia social: oficialismo y oposición sin acuerdo para enfrentar la segunda ola

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En la última sesión del Concejo Deliberante el oficialismo rechazó conformar una “mesa social articulada de trabajo, gestión y planificación en el marco de la pandemia” para analizar la situación de los sectores vulnerables ante la segunda ola de Covid.

Romina Pires, una de las autoras del proyecto, dijo a FM De la Calle que el espacio que se conformó e 2020 “dejó de funcionar en septiembre”.

“El martes se juntaron directores de hospitales, integrantes de Región Sanitaria y el intendente. En esa misma línea, pretendemos sentarnos a pensar y retomar el diagnóstico del año pasado junto a organizaciones sociales y al Consejo Local de Niñez”.

Pires remarcó que “lo social no es sólo lo alimentario, también hay cuestiones de vínculos, de dispositivos, de contención, de propuestas territoriales, con un abordaje más integral: hay personas que no salieron de sus domicilios y otras que quedaron golpeadas por la pandemia”.

“No es menor que se diga que está por venir una segunda ola, esto nos tiene que llevar a pensar que la ciudadanía requiere respuestas distintas a las de estos últimos seis meses. Hay que sumar el frío, las lluvias y la complejidad en los barrios”, afirmó.

Por último, la concejala expresó que “desde el Municipio existen varias tarjetas: una de $860, otra de $1660 y la última de $1860 por mes. Habría que preguntarle a la secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, el criterio de estas tres tarjetas”. Un ejemplo de coordinación podría ser que, a través de la mesa, “junto a las organizaciones sociales, se releve si todos los que la necesitan tienen tarjeta, hay familias que por distintos motivos aún no accedieron a este beneficio”.

El debate en el Concejo

“¿Qué es lo social?”, preguntó durante la sesión el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Nicolás Vitalini. “Creo que se confunde lo social con el asistencialismo. Dicen que no nos interesa lo social. Cuando uno habla de esto, puedo decir que es bregar por el asistencialismo en las escuelas, cosa que se han negado sistemáticamente en post de la obsecuencia al gobernador”.

Vitalini ejemplificó: “Fue año sin presencialidad, ¿dónde está la parte social de la vinculación de los chicos con sus pares? Lo social también tiene que ver con evitar restringir los derechos: durante un año hubo un Estado policíaco, te pedían un permiso para entrar a un lado y otro”.

“A veces se hace un enfoque en los barrios que más necesidades tienen, pero muchas medidas del presidente y del gobernador tuvieron impacto negativo en lo social. Porque esas personas más vulnerables son las que precisan que sus hijos se eduquen para salir de dicha situación, necesitan tener un trabajo y no perderlo. Argentina tiene un índice de alto crecimiento de la desocupación por las medidas desacertadas tomadas durante la pandemia”, afirmó.

Finalmente, el edil expresó: “Terminemos con el planteo de que somos insensibles. Se le da una connotación a lo social que en definitiva es la consecuencia pero no se ataca nunca la causa. Que Argentina tenga una pobreza estructural de más del 30% hace cuarenta años tiene que ver con lo social y si no hay generación de empleo, si no hay libertad, si no hay educación, va a ser cada vez más grave”.

La concejala del Frente de Todos, Analía López, interpeló a la oposición al decir que “ya que desde su espacio político se arengó tanto por la vuelta a la presencialidad y por el sostenimiento de las escuelas, principalmente las de explotación o responsabilidad privada, también pedimos que haya una mirada atenta hacia el cumplimiento de los protocolos y de lo que establece el plan jurisdiccional”.

“Debemos ser promotores de los derechos pero, a su vez, como veedores y fiscalizadores, tenemos la responsabilidad que la normativa se cumpla porque es en pos de la protección y cuidado de todas y todos”, finalizó la docente.

En respuesta al bloque opositor, Lucía Pendino afirmó que “el proyecto que presentaron propone algo que ya existe. Se logró trabajar en forma efectiva y con amplia convocatoria: participaban la Universidad del Sur, representantes de distintos cultos, organizaciones sociales, el Municipio desde la Secretaría de Políticas Sociales y la Secretaría de Gobierno, PAMI, concejales, la senadora provincial, Ayelén Durán, la presidente del bloque Frente de Todos y el Consejo Local de Niñez”.

Pendino dijo que rechazaron el proyecto presentado por Pires “porque la mesa de contención y colaboración social es un trabajo comprometido que se viene realizando desde el 2020 y que sin duda, atento a las necesidades, va a seguir trabajando en forma conjunta”.

Nuevamente, desde el Frente de Todos, Paula Echeverría retrucó que “la mesa que existió no se junta desde septiembre. Esto fue hace seis meses. ¿Vamos a decir que no existieron en estos meses problemáticas y urgencias dentro de nuestros territorios? Estas instituciones no tuvieron un lugar de encuentro” y, a pesar de eso, “las organizaciones sociales, la universidad, las iglesias, la organización comunitaria y territorial sigue dando respuesta y acompañamiento”.

“Nos falta como Estado municipal dónde encontrarnos y articular, pensar desde lo local de qué manera vamos a hacer frente a esta próxima ola de Covid que golpea a todos y todas pero mucho más fuerte en nuestros territorios. Para eso necesitamos no solamente poder decir qué es lo social sino que solicitamos una gestión, una planificación, un abordaje y un trabajo serio, desde los sectores que durante este tiempo le pusieron el hombro a la pandemia”, expresó.

La concejala Lucía Martínez Zara dijo que “perdemos una gran oportunidad de crear un espacio, de tener una agenda común. Pensamos distinto, tenemos concepciones de Estado muy diferentes, pero por fuera de estas cuatro paredes hay una realidad social compleja y delicada. Muchas personas que la pasaron súper difícil y otras que se pusieron a disposición de manera solidaria, voluntaria a ayudar, se merecen ser escuchados, tenidos en cuenta”.

Por último, desde el mismo bloque, Carlos Moreno Salas planteó que “si hubo un gesto del señor intendente de juntarse con los médicos y con los directores de hospitales, también cabe juntarnos con los referentes que las vivieron en carne propia, gente humilde, sencilla, que ofreció su casa para hacer un plato de comida caliente y poder distribuir en el barrio. Hay hipocresía, dejamos de reconocer las cosas que ocurrieron. Debemos tener la responsabilidad y la madurez política para pasar este difícil momento”.

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Modificación del impuesto a las ganancias: “Tiene que ver con reactivar la economía”

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El economista y columnista Francisco Cantamutto analizó en FM De la Calle la reciente aprobación de la reforma al impuesto a las ganancias.

El especialista señaló dos aspectos de la iniciativa. El primero es que “se siguen discutiendo elementos del impuesto sin revisión integral, significaría modificar las alícuotas progresivamente, hoy cuando empezás a pagar muy rápidamente pagás el máximo porque las escalas están muy reducidas”.

“El segundo aspecto a revisar son las exenciones del impuesto, control y fiscalización. Una de las críticas es que se está discutiendo cuántos trabajadores o trabajadoras lo pagan pero no se están discutiendo las exenciones de, por ejemplo, a quienes hacen las operaciones inmobiliarias”.

“Esto no fue parte del debate, lo que se hizo es aplicar una exención por la cual quienes reciben salario bruto de hasta 150 mil pesos, no pagarían”, comentó.

El economista agregó que “esto hace que 1 millón 267 mil personas dejen de pagar, se vuelve a la situación de 2015. Es un 10% de personas asalariadas pagan el impuesto a las ganancias”.

“En el 2019 por la falta de actualización de los mínimos llegó a pagar un cuarto de los asalariados. Esto genera un efecto distributivo desigual”.

Cantamutto comparó que “la canasta de pobreza es de 58 mil pesos por mes y el salario promedio del sector privado es de $56.550. Los asalariados ganaban en promedio por debajo de la canasta de pobreza familiar. La mayor parte de los asalariados ganan mal pero, una vez que logran superar esa barrera, muy rápidamente saltan en la escala y pagan el tope de ganancias”.

“Esto nos habla de que se erosionó el salario de la clase media. Es decir, la mayor parte gana un salario de pobreza y, cuando logra saltar esa brecha, pasa a ser incluido entre quienes más ganan. Esto es un efecto de la desigualdad de distribución del ingreso, es de fondo y va más allá del impuesto”.

¿Por qué esta medida se sanciona ahora?

“Más allá del gesto político en el año electoral, la lectura económica tiene que ver con reactivar la economía. Mientas se negocia con el FMI, se habla de reducción de déficit fiscal, las exportaciones no reaccionan con la velocidad esperada, la inversión pública está atada, los salarios no suben, la mejora tiene que generar incentivos para que sectores medios y altos vuelquen el dinero en el consumo. No solamente mediante esta medida que libera fondos para que se vayan al consumo atrasado, sino también las iniciativas para el fomento a la construcción”.

El economista señaló que “se habla de un crédito hipotecario que en lugar de actualizar por UVA sea por índice salarial para que, si aumenta la inflación y no el salario, no se vaya la cuota al demonio. Todas las medidas que fomenten a la construcción especialmente, porque es mano de obra muy intensiva, generan muchos encadenamientos”.

“No es solamente un arreglo o un gesto político sino que tiene que ver con cómo hacer para reactivar la economía”, finalizó.

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“Vendieron colectivos sin debate previo”

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El Municipio cedió a la empresa San Gabriel las líneas de colectivos 502 y 504, las cuales eran gestionadas por Bahía Transporte SAPEM.

Varios días después se informó que el traspaso incluyó 17 unidades a un costo de 16 millones de pesos -incluyendo intereses por el pago en cuotas- y a 32 de alrededor de los 70 trabajadores de la SAPEM .

El ex concejal y dirigente de Nuevos Vientos, Raúl Ayude, analizó en FM De la Calle qué implica el traspaso de líneas para el sistema de transporte público.

“Nos enteramos que le vendieron colectivos a menos de un millón de pesos cada uno, transfirieron 32 empleados, sin debate previo y sin que los miembros del directorio de la SAPEM lo sepan. Eso hace a una complejidad que es repudiable”, señaló.

Agregó que hay “una crisis muy grande debido a que la pandemia bajó la cantidad de gente que circula en transporte, con un agravante que es el aumento automático, sin revisión del funcionamiento del sistema, a partir de la mayoría automática de Cambiemos en el Concejo”.

“Tenes el boleto que aumenta de manera automática, la concentración en dos empresas privadas del sistema público de transporte, el vaciamiento de SAPEM, menos cantidad de pasajeros transportados y mucha dependencia de los subsidios de provincia y Nación para el sostenimiento del sistema”.

Sistema de cobro

El sistema de cobro no es propio de SAPEM sino que depende de SUBE. “Eso implica determinados costos y obligaciones que tienen que ver con SUBE. Durante todos estos años se incorporó personal. Si para una empresa privada el servicio le permite tener ganancia, en el caso concreto parte de esa reinversión se estaba haciendo para brindar trabajo”.

“Pareciera que una misma línea a San Gabriel le da ganancias y al Municipio da pérdidas. Ahí hay una diferencia entre la concepción del Estado, de lo público”.

Rol de la SAPEM al momento de su conformación

En sus inicios el reparto de recorridos estaba compuesto por “combos de líneas estrellas, las que tenían muchos pasajeros en relación a los kilómetros recorridos y otras que se llamaban de carga. Lo que se pedía es que el Estado intervenga para tener líneas testigos”.

“Al no tener pretensión de ganancias puedo tener un servicio para personas con discapacidad, que los pibes lleguen a una escuela de otra manera que capaz no es tan rentable, tengo mi propia estructura de parada, de cambio de parada. Manejar tres líneas permitía tener esos elementos y sentarte a discutir con empresas, gremios y usuarios”, comentó Ayude.

El Estado y lo público

La 19 A “es una línea que da pérdida, SAPEM se quedó con la peor de las tres, con más empleados que los que necesita. Lo que tenés que explicar a los usuarios es porqué tomás esta decisión, explicando números, estrategias”.

El ex concejal mencionó que con SAPEM se aplicó una “concepción en la que se privatizan espacios públicos” donde, por ejemplo, “en gastronomía con experiencias que son rentables se cede a una estructura privada”. “Lo mismo se hizo con SAPEM. Es la visión política que tienen por la cual cerraron talleres en los barrios dejando de atender la primera infancia”.

¿Se debería discutir una reforma integral del sistema?

Queda pendiente una reforma estructural del sistema de transporte, aunque Ayude sostuvo que “no se puede repensar en este momento de pandemia o en plena crisis”.

“La mayoría de líneas pasan por el centro, la mayoría de recorridos son muy largos, sigue habiendo mucha centralidad, pasan por calles angostas, el sistema de transporte escolar hace que sea necesario refuerzos en diversos momentos”, apuntó para la futura discusión.

El dirigente de Nuevos Vientos destacó finalmente que, con la cesión de líneas, SAPEM y el Municipio “perdieron la posibilidad de ganancia cuando mejore el sistema porque ya se quedó con cosas deficitarias”.

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La agricultura familiar llega a buen puerto

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Los grupos asociados que ofrecen cada mes las bolsas con Producciones de la Agricultura Familiar inaugurarán este domingo al mediodía un nuevo punto de comercialización: se trata de la Feria del Puerto que funcionará los fines de semana de 12 a 19 en Ing. White.

El espacio es impulsado por el Consorcio de Gestión del Puerto, organismo que convocó a INTA Pro Huerta y Cambio Rural, sumando a una red de trabajo que integran Cáritas Arquidiocesana, los centros de formación profesional N° 402 y 401 (anexo UP N°4) y FM De la Calle. Se podrán adquirir hortalizas, panificados, huevos, harinas integrales, mermeladas y conservas, plantas aromáticas y próximamente hongos, pescado, carne de cerdo y pollos.

Si bien la apertura del mercado estaba prevista para este sábado por cuestiones climáticas el puerto no abrirá.

Marina Huentenao, integrante del área de Economía Solidaria de Cáritas, comentó que el público ser encontrará con un patio de gazebos que muestran las propuestas de emprendimientos que se aglutinan en el local de comercio justo Reloj de Arena y la Red de Comercialización de la Economía Solidaria, junto a otros artesanos locales.

Luego, accederá al mercado donde tendrán sus puestos Moras Brix, Productores Hortícolas de Sauce Chico y Colonia La Merced, Runtu Thani, Don Atilio, Trigo Limpio, Cocinando Ilusiones, Somos Andando y proyectos productivos que acompañan las Cáritas Parroquiales como trabajo de promoción humana.

Huentenao señaló que esta alternativa de comercialización estable «es un punto importantísimo porque hace muchos años hemos ido caminando en distintos lugares con todo lo que implica el armado y desarmado. Poder contar con un espacio fijo que esté pensado para eso, donde la infraestructura está dispuesta para eso, es impensado. Cuando inauguremos lo vamos a poder creer».

«Desde los pequeños productores se generan puestos de trabajo concretos. Con el desarrollo y el acompañamiento del Estado o instituciones intermedias, con apoyo financiero, se puede ver la calidad de vida que adquieren», enfatizó.

La integrante de EcoSol comentó que la apertura del mercado en el puerto coincide con la llegada de un banco de herramientas que le permite a las emprendedoras, por ejemplo, pasar del horno casero a un horno pizzero e incorporar amasadoras y cuadruplicar la producción.

«En esta economía donde su costo fijo es el cuerpo, poder contar con maquinaria de este estilo significa que no se levantan a las tres o cuatro de la mañana. Eso que no se puede cuantificar y que está acompañando por instituciones hace que estos espacios mejoren la calidad de vida estos integrantes de esta red».

Otro gran desafió es la autonomía. Huentenao resaltó «lo positivo que ha sido el momento de crisis que nos lleva a pensar alternativas. Se constituyeron bancos de herramientas, un fondo rotativo para la producción de harinas y de alimentos balanceado que nace desde Cáritas y habilita la compra de insumos de manera colectiva con un pequeño interés para generar fondos y ampliarlo».

«Estamos acompañando todo el paso previo para que la producción vaya tomando escala de a poco para que no se termine autoexplotando el productor si no que sea un crecimiento paulatino», finalizó.

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Cristina Castro: “Perdí el miedo el día que me mataron a mi hijo”

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La madre de Facundo, Cristina Castro, dialogó con FM De la Calle a un mes de cumplirse el primer aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro.

El lunes, la querella denunció la desaparición de un testigo clave, quien fue localizado varias horas después. Se había escondido por temor a las amenazadas recibidas en el marco de la causa que tiene a la Bonaerense en la mira de la justicia.

“Buscan amedrentar, yo perdí el miedo el día que me mataron a mi hijo. Seguimos en pie de lucha sin importar quién caiga, son muchas las personas que están cubriendo este asesinato”, dijo Cristina.

Como cierre de la semana de la Memoria, afirmó que “cambiaron los Falcon por la Hilux. Estamos viendo una vena de la dictadura que no logramos cerrar. Es lo mismo, solo que en democracia avalados por muchos, por el poder político y judicial”.

“Lamentablemente me tocó pasar por lo mismo que les pasó a las Madres y las Abuelas. Me acordaba de tantas cosas, veo que la lucha de Facu era genuina, tuve que empezar a estudiar historia de verdad, tuve que aprender de lucha”.

En relación al testigo de identidad reservada contó que “desapareció, venía siendo amenazado de muerte él, su familia, su hijo. Nos dijeron que habían activado protocolos de búsqueda. Estos policías tienen un abogado, la jueza (Gabriela) Marrón levantó el secreto de sumario, así tuvieron acceso a las iniciales de estos chicos y empezaron a amenazarlos”.

“Gendarmería tardo casi cinco horas en llegar a Luro y ni siquiera fueron a la casa del chico. Yo creo que apareció por la presión de las redes, los grupos activaron el protocolos de búsqueda”, enfatizó.

Cristina relató que “la ministra Frederic me aseguraba que ya lo habían localizado y estaba todo bien y no era así. Terminé de hablar con ella y a los cinco minutos tenía a la familia en mi casa diciendo que no, que era mentira lo del mensaje de voz, que era un mensaje escrito por Whatsapp, y nos pidieron que no lo dejáramos de buscar hasta que apareciera, que querían verlo con vida. A la madrugada cuando apareció hicieron lo mismo y me pidieron que tuviera un poco de calma y pidiera reserva y tranquilidad para ellos, imagináte el momento que pasaron”.

Respecto a las pericias judiciales realizadas esta semana, en las cuales el perro del adiestrador Marcos Herrero volvió a señalar los patrulleros que detuvieron a Facundo el 30 de abril, Castro destacó la marcación de la Hilux del Puesto de Origone: “Ni bien soltó a Yatel, se clavó en el patrullero, no hay dudas de que mi hijo estuvo ahí y lo trasportaron en ese móvil”.

Consultada sobre el pedido de revisión del teléfono del presidente del Concejo Deliberante de Villarino, Omar Promenzio, explicó que está relacionado a una testigo “que se presenta a declarar de forma espontánea algo que escuchó. No la conozco, ella se acercó, tuvo una entrevista conmigo y después de un tiempo de animó a declarar porque tiene mucho miedo. Recuerden que a los amigos de Facundo los están persiguiendo todo el tiempo, tenemos ocho cartas documentos por un valor de 200 mil pesos cada una (por realizar pintadas). La policía los sigue hostigando, no pueden salir porque les ponen un patrullero atrás”.

“Esta testigo hace referencia a la jueza Marrón y a su amiguismo particular con la familia Bevilacqua, el intendente de Villarino. Nos resulta extraño que siga al frente de la causa cuando dijo que iba a cerrar el caso a finales del año pasado. Vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias. Estamos esperando resultados para las imputaciones, la salud me jugó una mala pasada, no puedo estar al frente, están mis abogados y mi familia ocupándose”.

Los policías sospechados -Siomara Flores, Mario Gabriel Sosa, Jana Curruhinca y Alberto González- “siguen trabajando y portando un arma, siguen desparramados por acá. Es inevitable no cruzarlos, siguen gozando de un sueldo que le pagamos los ciudadanos y ahora están patrocinados por un abogado que puso el Municipio”.

“Vamos por lo que el Flaco peleaba, por un Nunca Más en serio, porque en Villarino no nos vuelva a desaparecer ni un pibe, porque no los golpeen en las comisarías, porque no tengamos más femicidios, por todo eso. Sabemos que la lucha es larga y contra gigantes, pero no se preocupen que desde este lado les vamos a dar pelea”, concluyó.

Foto: Cristina Castro junto a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin en el Puesto Policial de Origone.

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El padre se llevó a su hija y hace siete meses que no la ve

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Cintia Villega denunció por violencia de género en reiteradas oportunidades al padre de su hija, Gustavo San Román. El 21 de agosto el hombre se llevó a la nena de nueve años impidiéndole todo contacto con la madre.

En la puerta de la Fiscalía General, la mujer junto a su abogada y organizaciones sociales reclamaron celeridad para que la niña pueda volver con su familia y que citen a declarar al agresor.

“Hace nueve años estoy juntada con él, siempre me amenazó con que me la iba a sacar y lo hizo, manipuló la situación. A mi hija la tiene manipulada, no la vi más a la nena. No se cómo está, la sacó de la vida que ella tenía, iba a natación, inglés, él la veía todos los días. Se enojó conmigo, me pegó y se la llevó”, dijo Cintia a FM De la Calle.

Relató que fue a la Comisaría de la Mujer a denunciar que la “ahorcó” aunque “justo el servicio local estaba con otro caso”.

“Me cruzo un amigo de él que le avisa que estoy ahí. Él va con Sofía a la comisaría, le dice al servicio local si puede tener a la nena durante tres días porque era el cumpleaños del hermano y no me la trajo nunca más”.

La abogada Alicia Busteros afirmó que “la justicia tiene que ser más expeditiva porque si no no es justicia. La criatura tiene un problema de salud grave, no se la medica en tiempo y forma. Ahora se agravó porque tampoco la lleva a la escuela”.

“La escuela fue la que dio aviso de que no estaba yendo la nena, el servicio local nos dijo ‘vamos a comunicarnos la semana que viene'”, señaló.

Hay varias denuncias: una está radicada en el Juzgado de Familia Nº3 y otra en la UFIJ Nº3 a cargo de la fiscal Agustina Olguín.

Busteros destacó que el hombre se “manifiesta humillando a la madre, golpeándola físicamente, psicológicamente. El servicio local no se había dado cuenta que se ejercía violencia psíquica contra ella porque la violencia que ejercía contra la madre era siempre enfrente de la nena”.

Por último, Cintia contó que “Sofía estaba todos los días conmigo, ella hacía deportes, iba a canto, estaba todos los días con los hermanos. Tiene a su perro, su gato, su rana, todo en mi casa. Ella no se quedaba nunca a dormir con él porque no quería. No puedo creer que hace siete meses que la tiene y que no se cómo está. Necesito que me ayuden”.

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Monte Hermoso: censuran a guardavidas en el acto del 24 de marzo

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El secretario general del Sindicato de Guardavidas de Monte Hermoso fue censurado mientras se refería al conflicto gremial que mantienen con el Municipio durante el acto por el 24 de marzo.

Un hombre le sacó el micrófono al dirigente cuando este mencionó la situación de persecución y hostigamiento que sufren por parte del Ejecutivo, hechos denunciados penalmente ante la justicia bahiense con el acompañamiento de las secretarías de Derechos Humanos de la provincia y la Nación.

“No tenía pensado hablar, habíamos hablado con la gente de Suteba que iban a ser ellos los encargados del acto pero bueno, quiero pedir disculpas en nombre de los montermoseños por este mal momento, al compañero si se sintió agredido, no era la intención seguramente, el ámbito donde se va a resolver seguramente el litigio es el judicial no en el ámbito de un día festivo“, dijo el intendente Alejandro Dichiara

En diálogo con FM De la Calle, Brian Ollearo afirmó que la persona que le impidió cerrar su discuro “es cercano al Municipio” y aclaró que “no buscamos detenernos en personas concretas, más allá de que lo que hizo es horrible”.

El dirigente señaló que “es un acto de censura en un momento que rememora entre otras cosas, la censura en la dictadura. Lo que queríamos decir es la situación delicada por la que estamos pasando. Cómo no vamos a expresar la persecución y violencia que estamos pasando los guardavidas en Monte Hermoso”.

Mencionó que “queremos que se reincorpore a los trabajadores y que se termine con la persecución de trabajadores organizados. Por primera vez nos organizamos para que se respeten nuestros derechos. Recibimos esta represalia injusta, irracional e ilegal”.

Agregó que “por ley el servicio mínimo es de 150 días y el Plan de Seguridad Acuática presentado por el Municipio establecía que los 75 guardavidas íbamos a trabajar desde el 1 de diciembre hasta el 4 de abril. Todo eso fue violado”.

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“Este país está forjado sobre un genocidio de las naciones originarias”

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A 45 años del inicio de la dictadura cívica militar eclesiástica, Jorge Nawel, coordinador zonal de la Confederación Mapuche de Neuquén, comentó que la mirada de los pueblos originarios “en relación al 24 de marzo ha sido siempre acompañar la lucha de los organismos de derechos humanos para que el ‘Nunca más’ realmente lo sea”.

En diálogo con FM De la Calle, el werken mapuche reflexionó sobre la importancia de “no tener una memoria sesgada, limitada, si no nunca vamos a entender por qué ocurrieron los acontecimientos en los ‘70”.

Sobre las familias y los grupos de poder concentrados que participaron en el golpe, Nawel afirmó que “tienen origen cien años atrás, cuando nuestro territorio fue invadido por un naciente Estado que era una tercera parte de lo que es hoy y que luego se convirtió en lo que conocemos como Nación Argentina. Fue genocidio y, por ende, es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Debe haber una política de reconocimiento y reparación del daño que han causado durante 145 años de represión cultural e invasión territorial”.

Nawel será uno de los participantes del Conversatorio “145 años de terrorismo contra el pueblo mapuche” organizado en el marco de la semana de la memoria. La charla, contará también con el docente, ex detenido-desaparecido, Orlando “Nano” Balbo; el activista, periodista y escritor, Adrián Moyano; y la antropóloga feminista de la Lof Newen Mapu, Meli Cabrapan Duarte. La transmisión en vivo será este jueves 25 a las 19hs a través de los canales de Facebook y YouTube de la Confederación Mapuche de Neuquén.

“Poner en agenda del poder judicial este genocidio es una forma de ejercitar la memoria y buscar la verdad y la justicia, ya que no se puede considerar como error o producto del pasado”, explicó Nawel.

Añadió que “son delitos que tienen plena vigencia, deben ser juzgados y tiene que haber condena y, fundamentalmente, reparación. La condena de por sí no va a modificar nada, el Estado debe asumir esa masacre ya que tuvo un alto precio en vida, en cultura y en cosmovisión. Y que se generen acciones de reparación ya que tiene una responsabilidad directa en la política pública. Si no el contexto de relación hoy con el gobierno de turno es de una permanente criminalización, persecución y violencia contra la lucha de las comunidades mapuches en la Patagonia”.

En relación a las medios empresariales de comunicación, el referente mapuche ejemplificó que “cuando se escucha hablar a una Bullrich, a un Pichetto, a un Weretilneck y tiene semejante impacto y dimensión su palabra, no por la importancia de estos personajes porque son marginales en la política sino porque hay otro poder que se impone, que es el mediático y que las sobredimensionan y las convierte en voces poderosas, ahí es donde aparece este nuevo actor que es muy peligroso: los poderes de la comunicación, controlados por esos que ayer se enriquecieron producto del despojo del territorio mapuches”.

Agregó: “La voz de los pueblos originarios quedan soslayadas, quedan marginales al lado de esas otras voces que toman el poder y lo convierten en una palabra peligrosa”. Por último, Nawel afirmó: “No podemos aceptar que los mapuches sean percibidos como un sector terrorista violento cuando se está en semejante estado de empobrecimiento material. Las familias salen a recuperar tierras para desempeñar la vida comunitaria, para forjarse un futuro. Existe una injusticia estructural que hay que modificar y no se puede asumir sin ver que tiene un origen. Por eso esta semana de la memoria es importante agitar esa parte de la historia que no es mostrada, que no es transmitida”.

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Producción de vacunas contra la Covid: la ética cubana

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El médico Horacio Romano analizó en su columna en FM De la Calle la labor médica en Cuba para la producción de vacunas y medicamentos contra el coronavirus.

“Cuba tiene una historia de epidemiologia muy fuerte, tiene una amplísima experiencia en el desarrollo farmacológico, entre ellos el de vacunas”, comenzó.

Romano destacó que “ya llevan cinco proyectos de vacunas, dos de ellas ya pasaron a fase 3 y una, la Soberana 2, tiene 150 mil voluntarios. Están en una fase avanzadísima de aplicación, piensan que entre abril y mayo estaría lista. Un país bloqueado, con enormes dificultades de índole alimentaria, para conseguir aparatología, está desarrollando con gran éxito cinco tipos de proyectos vacunales”.

“Pero no se quedan ahí los cubanos”, argumentó el médico, “están planificando vacunar a países con ingresos bajos que no tengan posibilidades de acceder a vacunas, en parte porque las provisiones están acaparadas por potencias y por los costos más bajos que tiene producirla”.

“Hay 16 proyectos, entre otros tipos de medicamentos. Uno que me llamó la atención es que ya están trabajando con apoyo de China en hacer algún tipo de vacuna que incorpore a las distintas cepas que van surgiendo, que sirva como refuerzo de las vacunas que se están dando. Esto va a ser fundamental porque no sabemos si las vacunas que estamos dando son efectivas para las otras cepas”, detalló.

Asimismo puso énfasis en el “relativismo ético, entendiendo la ética como el estudio del bien y mal”. Destacó un informe del Ministerio de Salud de EE.UU. y su oficina de estudios globales que plantea que “previendo la mala influencia de países como Venezuela, Cuba y Rusia presionaron a gobiernos, por ejemplo de Panamá y Brasil, para que no acepten vacunas rusas o médicos cubanos. Es una vacuna que podría haber ayudado a salvar vidas en Brasil. Las brigadas cubanas elogiadas en todo el mundo, son candidatas a Premio Nobel”.

“Te tenés que sentir bastante inseguro para que una vacuna te haga tambalear el gobierno de la democracia y la libertad”, refirió.

Por último, agregó que “no pueden ponerse más allá de ganar un dólar más. Esa es la diferencia entre EE.UU. y Cuba, que piensa en su gente y más allá, pensando en los que no tienen nada en el mundo”.

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Progama Especial a 45 años del Golpe de Estado

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En el aniversario 45º del Golpe de Estado cívico-eclesiástico- militar, FM De la Calle realizó un programa especial de En Eso Estamos.

Se escucharon los testimonios del secretario de Derechos Humanos de la CTA, Dante Patrignani y de Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén invitando a un conversatorio a 145 años de terrorismo de Estado contra el pueblo mapuche.

Por otro lado, Pablo Stefanoni, autor del libro “¿La rebeldía se volvió de derecha?”, analizó cómo calan en la sociedad la reconversión de los discursos de extrema derecha.

Escuchalo acá.

En un recorrido por el arco político local se compartimos las voces de referentes y referentas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales reflexionando sobre el significado de este nuevo aniversario del golpe genocida.

Saira Millaqueo, coordinadora de Ciudadanas Trans y Viviana Marfil, secretaria general de ATE.

Fernanda Petersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Alberto Rodríguez, miembro del Centro Cultural La Panadería.

Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio y la CGT y Nahuel Blanco, integrante de la organización barrial Talita Kum.

Ana Canullo, primera secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA y Elisardo Tunessi, representante de la Red de Espacios Culturales Independientes.

Pilar, integrante de Sureando y Verónica Bajo, activista de Acciones Feministas.

Luciano, miembro del Centro de Estudiantes del Colegio La Piedad y Carolina, integrante de la organización social El Puente.

Anabella Tarabelli, integrante de la Comisión del Sindicato de Prensa y Diego Dorcazberro, referente de Sureando.

Juan y Victoria, estudiantes de la FES.

María Belén López, delegada general de la Asociación Argentina de Actrices y Actores.

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Los informes sobre la preparación del golpe militar que anunciaban una represión sin precedentes

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Los cables de la embajada de Estados Unidos en Argentina permiten acceder a detalles de los preparativos del golpe de Estado: entre mostrarse eficaces en la lucha contra el comunismo y proyectar una buena imagen internacional, el objetivo de la intervención militar y el plan de los primeros días de gobierno que mencionan, inicialmente, con el nombre de “intervención militar en el proceso nacional”. Los documentos también son reveladores de la lectura política de Estados Unidos sobre el anunciado golpe: esperaban un “gobierno militar por un periodo prolongado y de una severidad sin precedentes”.

Desde varios meses antes, la Embajada sabía de los planes golpistas y mantenía canales de comunicación con la inteligencia militar. En paralelo a la diplomacia oficial, en los días previos al golpe de Estado, también se menciona en los documentos desclasificados la visita de un senador republicano y un ex subdirector de la CIA y las reuniones extraoficiales para lograr que altos mandos militares se encuentren con autoridades norteamericanas.

Los documentos forman parte de una selección publicada por el National Security Archive (NSArchive) en Washington DC, y accedidos como una primicia para ser difundidos aquí en el marco del convenio de cooperación entre la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el National Security Archive y la universidad William & Mary [Para más información contactar al Director del Proyecto de Documentación del Cono Sur del NSArchive, Carlos Osorio].

A 45 años del golpe de Estado, en el marco del convenio con el National Security Archive y la universidad William & Mary, compartimos esta selección, un recorrido de los días previos al 24 de marzo, los militares y la diplomacia, el relato de un golpe militar anunciado largamente y que ya, en ese entonces, dejaba ver lo que se avecinaba: un despliegue represivo nunca visto.

El 14 de marzo de 1976, en una reunión con Raymond Molina, el General Alberto Dalla Tea, afirmó que, entre el miércoles 17 y el jueves 18, las Fuerzas Armadas argentinas derrocarían a la presidenta Isabel Martínez de Perón y que los militares mantendrían el control absoluto durante los primeros diez días del golpe.

La información está contenida en un cable secreto que el agregado legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina Robert Scherrer le envía al director del FBI el día siguiente a la reunión. Entre los muchos puntos cubiertos por el general Dalla Tea durante el encuentro con la fuente, Scherrer destaca tres: “1. Las Fuerzas Armadas argentinas desean una estrecha cooperación con los Estados Unidos; 2. El comandante en jefe del ejército argentino será reconocido el líder golpista; 3. Luego de los primeros diez días del golpe, los militares argentinos pretenden incorporar civiles con perfil técnico al gobierno para cubrir los cargos de ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Economía y ministro de Hacienda”.

La fuente, Raymond Molina, es presentado en los documentos del FBI de esos días como un ciudadano estadounidense, quien participó en la invasión de Bahía de los Cochinos en Cuba. La reunión entre Molina y Dalla Tea fue programada por el empresario y dirigente político Jorge Antonio, quien fuera muy cercano a Juan Domingo Perón y enemistado públicamente en esos años con José López Rega. Según los mismos cables desclasificados, Jorge Antonio tenía la expectativa de “ser elegido presidente de un gobierno civil, que seguirá al golpe de Estado militar”.

El mismo cable del FBI del 15 de marzo también aporta detalles del plan militar, indicios de lo que serían las principales líneas de acción de la dictadura: la persecución al movimiento obrero y el proyecto económico liberal.

“El general Dalla Tea le dijo a Molina que los militares argentinos reconocieron el hecho de que tendrán que ocuparse de varios sindicatos que se opondrán a un golpe militar pero que estaban dispuestos a hacerlo”, transcribe el agregado legal de la Embajada. Y agrega: “[…] creen también que el gobierno ha tomado el control de demasiadas industrias privadas y que muchas de ellas deberían volver al control privado con el fin de alentar la inversión”.

Cuando los militares se fueron del poder en 1983, los resultados de esos lineamientos de gobierno quedaron claros: el 32 % de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado eran obreros fabriles, la estructura productiva del país quedó severamente resentida y la deuda externa ilegítima contraída durante esos años se arrastró por décadas.

Los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) —archivo que gestiona la CPM desde el 2001— ponen algo de perspectiva sobre la represión a trabajadores y trabajadoras. En los años previos a 1976, las fuerzas armadas y de seguridad incrementaron las acciones de inteligencia sobre el movimiento obrero, desde la CGT hasta los cuerpos de delegados.

En mayo del 75, por ejemplo, ya estaba funcionando el “acantonamiento militar de Campo de Mayo” una coordinación de las áreas de inteligencia del Ejército Argentino y varias de las Delegaciones DIPPBA, en la persecución de obreros de la zona industrial del norte del conurbano de Buenos Aires. Zona donde se encuentran las mayores empresas industriales transnacionales y que tuvieron una gran cantidad de trabajadores desaparecidos.

La información está en el documento de la mesa Ds [Delicuentes subversivos] carpeta Varios Nº 2981 y tiene el siguiente título. “Hecho: reunión informativa en acantonamiento militar de Campo de Mayo el día 8-5-75”. La reunión se efectuaba en razón de la creación del Destacamento de Inteligencia e Informaciones en ese acantonamiento “tendiente a cooperar en estrecha colaboración con los organismos de seguridad en la represión subversiva e infiltración de elementos ideológicos dentro de la masa obrera de las organizaciones extremistas”, según lee en el documento.

En esa misma reunión acordaron que iban a juntarse todos los meses del 5 al 10 para intercambiar ideas y que iban a pedir a las delegaciones de la DIPPBA que “facilitaran informes sobre establecimientos fabriles existentes en la zona de su jurisdicción para tener un control sobre los mismos en caso de una emergencia”. La vigilancia a establecimientos industriales y fábricas tenía el objetivo de captar el conflicto en el lugar de trabajo.

Los contactos militares por fuera de la diplomacia oficial

En un teletipo también secreto enviado el 16 de marzo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada Robert Scherrer retoma la información obtenida por la fuente. En el documento se lee que, durante esa reunión del 14 de marzo, Raymond Molina enfatizó «la absoluta necesidad de que se lleve a cabo un programa de relaciones públicas bien preparado en Estados Unidos para contrarrestar cierta reacción desfavorable a un golpe de estado militar contra un gobierno constitucionalmente electo”.

El comentario habría tenido una aceptación casi inmediata. A las pocas horas, Molina dice que lo visitaron en el hotel donde se hospedaba con el mensaje de que el general Jorge Rafael Videla dio instrucciones para establecer contacto con el mayor general retirado del Ejército de Estados Unidos Daniel Graham “para explorar en detalle las recomendaciones del general sobre el aspecto de relaciones públicas del proyectado golpe de Estado de las Fuerzas Armadas Argentinas”. En el mismo mensaje, Dalla Tea también avisaba que, a la luz de estos comentarios, la fecha del golpe de Estado parecía que iba a pasarse para la semana siguiente.

El Teniente General Daniel O. Graham había sido subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entre 1973 y 1974 y luego director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), cargo que abandonó en diciembre de 1975.

Graham fue parte de una comitiva que viajó el 12 de marzo a Argentina, junto al Senador republicano por Carolina del Norte Jesse Helms. En un memorándum del 17 de marzo, en respuesta al teletipo del director del FBI, el Teniente Graham confirma esa visita al país, pero se desvincula de cualquier contacto con los militares argentinos: ante los rumores del Golpe de Estado, “sintió que su presencia allí sería imprudente y agregó que no tiene intención de establecer ningún contacto con el general argentino ni sus representantes aquí en Estados Unidos ni en el exterior”.

Por el contrario, en un cable enviado a Washington en esos días, el Embajador en Argentina Robert Hill reconoce que fue él mismo quien lo instó a abandonar rápidamente el país. Y agrega: “Espero que este problema haya quedado atrás. Sin embargo, podría haber sido extremadamente vergonzoso como mínimo y, como mucho, muy perjudicial para nuestras relaciones”.

Su compañero de viaje el republicano Jesse Helms volvería a la Argentina en una visita oficial pocos meses después: el 5 de julio Videla lo recibió en la Casa Rosada. Helms señaló que representaba a un grupo de 17 senadores preocupados por el comunismo y que estaba visitando Argentina, Chile y Uruguay porque “sus gobiernos parecen compartir el deseo de pararse frente al comunismo”. El dictador argentino le dijo que compartía la preocupación por la amenaza del comunismo y le regaló una edición del Martín Fierro.

Los informes de la inteligencia militar a la Embajada  

Más allá de la información remitida por Raymond Molina a las autoridades de la Embajada y la presencia en el país de esa comitiva de miembros del partido Republicano, durante las semanas previas al golpe de Estado se intensificaron los informes de fuentes del Ejército al agregado legal de la Embajada de Estados Unidos.

El 18 de marzo, en un nuevo teletipo dirigido al director del FBI, el agregado legal dice que un oficial de rango del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino le indició que el golpe de Estado se dará el sábado 20 ó domingo 21.

La fuente confidencial también le informa sobre otros detalles de la preparación del golpe: “El agregado militar superior argentino en cada embajada en todo el mundo ha recibido instrucciones de pasar por alto al embajador respectivo en cada país y presentarse ante el gobierno anfitrión, notificando que el gobierno de Perón será reemplazado por un gobierno militar. Esta notificación a los altos agregados militares argentinos en las distintas embajadas del mundo se programará para que el agregado militar superior tenga al menos doce horas de anticipación sobre la hora real del golpe de estado militar”.

“Según un informe reciente emitido por el alto mando del ejército argentino, diez países ya informaron informalmente a los agregados militares argentinos en esos países que se otorgaría un reconocimiento inmediato a un gobierno militar argentino”, agrega Robert Scherrer. 

El 20 de marzo, en un nuevo teletipo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada en Buenos Aires informa que los militares argentinos pospusieron el golpe de Estado hasta el martes 23 de marzo, “debido a problemas no especificados en Rosario relativos a la efectiva imposición del control militar”. Y agrega: “No consideran el derrocamiento del gobierno peronista como una revolución o un golpe de Estado en el sentido más estricto de estos términos, se refieren a sus acciones como una ‘intervención militar en el proceso nacional’”.

La actualización de información, nuevas incidencias, quedaron registradas en esos cables de los días previos al golpe de Estado: la postergación de la fecha del derrocamiento, los problemas no especificados en Rosario, discusiones en los círculos políticos y militares en torno a los nombres que se mencionaban para el gabinete militar, la mención a un atentado de Montoneros.

Esta información no solo da cuenta del flujo de comunicación entre la Embajada y las fuentes del Ejército argentino sino también del interés y el grado de conocimiento que las autoridades diplomáticas tenían sobre los hechos. La antesala de un golpe militar anunciado: de acuerdo a los archivos recientemente desclasificados, la Embajada conocía desde hace mucho tiempo el plan de derrocamiento.

Tal como explica el National Security Archive en esta gacetilla de prensa, si bien hay referencias anteriores, el primer informe sustantivo sobre un “posible golpe de Estado” en Argentina es de mediados de febrero de 1976. En un cable, el subsecretario de Estado William Rogers le advierte al secretario de Estado Henry Kissinger: “[…] al intensificar la lucha contra la guerrilla, es casi seguro que un gobierno militar argentino incurrirá en violaciones de derechos humanos que generen críticas internacionales. Esto podría llevar a presiones públicas y del Congreso de Estados Unidos que complicarían nuestras relaciones con el nuevo régimen».

En esa misma fecha, en otro cable aparece un elemento revelador: el propio Embajador Robert Hill reconoce que “la embajada ha indicado discretamente y a través de terceros a los militares que el gobierno de los Estados Unidos reconocerá un nuevo gobierno en Argentina”. El 23 de marzo en una nota al Consejo de Seguridad Nacional, Hill dice que, mientras redacta el documento, Argentina está en un estado de cambio. Y agrega: “Argentina ha sido uno de nuestros principales interlocutores y es poco probable que esto cambie”.

Equipo de producción integrado por:
Carlos Osorio, director del proyecto de documentación del Cono Sur del NSArchive
Silvia Tandeciarz, profesora William & Mary
Área de comunicación y programa contra la corrupción y la inteligencia ilegal – CPM

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A 45 años del golpe: los juicios en números

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1025 genocidas fueron condenados tras la reapertura de las causas de lesa humanidad hace 15 años y 165 personas fueron absueltas. En total, son 3490 las investigadas de las cuales solo un cuarto está privado de la libertad.

Según información de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida.

Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas.

En la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado: 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso.

Entre febrero y marzo inicaron los debates de cinco causas y para abril se espera el inicio de otra. La situación de emergencia sanitaria influyó en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados antes de la cuarentena, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite. Entre estos últimos, el debate de la causa Triple A de Bahía Blanca.

De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia.

A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.

De las 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas 1661 -es decir, un 47% del total- transitan los procesos en libertad, mientas que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio. Esta modalidad de detención predomina desde 2016.

La Procuraduría destacó, además, que en relación al tiempo que insume la tramitación de estas causas, transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme.

Analizado ese lapso por tramos, el organismo estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.

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