El Colectivo Abrazo a la Plaza del Sol se reunió con el secretario de Movilidad y Espacios Públicos, Tomás Marisco, para conversar acerca de las mejoras proyectadas para el lugar y el futuro de la iniciativa de Fidetrust para construir cocheras subterráneas.

“Estamos en alerta porque la situación es que, si bien Marisco nos dijo claramente que desde el Ejecutivo no tienen intención de apoyar el proyecto de las cocheras, que no es de interés municipal, esto continúa en el Concejo Deliberante y el expediente está abierto”, comentó a FM De la Calle la abogada María de los Ángeles Rosón.

Integrantes del grupo le preguntaron a Marisco si el intendente vetaría el proyecto en caso de ser aprobado por el Concejo. “Eso no lo podemos afirmar”, contestó.

Rosón cuestionó el “mecanismo de decir que el Ejecutivo no tiene nada que ver y que depende del deliberativo como si se tratara de un tema en el que está escindido de esto, como si no tuvieran mayoría en el Concejo”.

“Por eso estamos haciendo una presentación en el Ejecutivo y en el Concejo solicitando el archivo del expediente “, destacó la abogada.

Agregó que “decir que el Ejecutivo no va a hacer nada si esto se aprueba en el deliberativo es solamente una demostración de voluntad. En cuestiones administrativas la voluntad no tiene cabida, pedimos que se declare patrimonio cultural e histórico -hay una ordenanza que así lo habilita- y eso nos daría la posibilidad de que la plaza quede como está”.

Rosón señaló que el funcionario expresó que “en enero comenzaría la puesta en valor de la plaza. Es una demostración de voluntad. Necesitamos que no que quede abierto ese expediente, supongamos que eso se suspende pero cambia la gestión y eso se retoma con medio expediente dentro del Concejo Deliberante”.

En el encuentro se “explicó el plan de forestación y que hay que hacer la plaza más accesible. Eso está contemplado. Hoy a la tarde estamos haciendo una propuesta en relación a las plantas, de la mano con gente de la UNS. La última charla de forestación se va a hacer en la plaza y ahí le vamos a entregar la propuesta”.

La cita en la cual funcionarios/as de la comuna informaran a la comunidad sobre el estado del arbolado será a las 18 abierta a quienes tengan interés en la temática.

Rosón enfatizó que “sigue vigente la presentación de audiencia pública, si se archivan las actuaciones esto no tendría sentido. Hemos puesto en debate público qué sucede con la gestión entre lo privado y lo público, cuál es la mirada del Municipio”.

“El operativo fue en la madrugada, me entero el martes a media mañana por los medios porque no nos habían comunicado. Me acerco a la casa de mi hijo y veo que estaban haciendo el allanamiento. Se realiza un operativo simultáneo en más de 20 hogares, en la noche, y se procede a la detención de 15 o 16 personas”, relató a FM De la Calle, Fabiana Herrero, madre de Nicolás Lupín.

La medida, que contó con un despliegue policial de más de un centenar de efectivos, fue ordenada por el juez Guillermo Mércuri y estuvo a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

En los últimos días, familiares y amigos de Lupín se manifestaron en varias ocasiones reclamando la liberación del autocultivador de cannabis. A Nicolás le secuestraron “plantas pequeñas que no estaban sexadas”.

Herrero agregó que “el operativo se presenta como el desbaratamiento de una banda de narcotraficantes que en realidad no lo es. Nicolás es un pibe que labura todos los días, anda en bici, es ayudante de albañil y vive en una casa prestada. Caratularlo de narcotraficante está muy lejos de ser lo que él es”.

“Están alojados en la DDI de Bahía Blanca, tenemos que hacer 160 km para llevarle comida y que puedan estar medianamente en condiciones”, subrayó.

Luego de lo que se presentó como un “mega operativo” que sorprendió al pueblo, la mujer señaló que “pusimos a nuestro abogado que esta trabajando sobre la causa pero desconocemos las cuestiones legales. Pedimos la excarcelación, sabemos que los hechos que se le imputan no son excarcelables”.

El médico y columnista de FM De la Calle, Horacio Romano, entrevistó a su colega Martín Biaggioni, uno de los creadores del Sistema de Alto Flujo para pacientes con insuficiencia respiratoria que funciona en el Hospital Municipal para tratar personas con Covid de alta complejidad.

“Es un sistema que permite dar mucho flujo de oxígeno con alto caudal a los pacientes y estaría disminuyendo la tasa de intubación y ventilación mecánica de los pacientes con Covid”, señaló Biaggioni, especialista en Clínica Médica, médico de planta e instructor de residente en el HMABB.

Romano destacó que “atrás de esta breve síntesis hay un trabajo de estudio, de investigación, de colaboración con el CONICET, de lucha contra el sistema para tratar de imponerlo. Viene a suplir una falla que durante mucho tiempo no se podía importar y hacerlo en Bahía significa que somos pioneros en el país. Acaban de recibir una premiación del Congreso Internacional de Medicina”.

El investigador mencionó que cada aparato importado cuesta alrededor de 15 mil dólares, el equipo logró disminuir su costo a 10 mil pesos. “Junto al CONICET diseñamos un aparato facilitador que permite la terapia. En octubre pudimos probarlo, los resultados fueron increíbles, empezamos a colocarlo cuando en otro momento se hubiera pasado a terapia con respirador y rápidamente permitieron que en un promedio de cinco días los pacientes se recuperen y se vayan caminando a la casa”, destacó.

Biaggioni explicó que “llegamos a tener siete pacientes en simultáneo, esto lo permitió la implementación de esta aparatología por el bajo costo que tiene. Se desarrolló a pulmón porque no tuvimos financiamiento externo y fuimos haciéndolo en conjunto con investigadores. Nos permitió ahorrar 24 camas de terapia intensiva”.

Romano subrayó que “eso fue en un momento donde no había más respiradores. Había indicaciones de que podía ser potencialmente peligroso para el personal porque podía esparcir aerosoles. Sin embargo, eso se descartó y siguieron adelante poniendo plata del bolsillo. No hubo financiamiento y el CONICET dio una mano enorme”.

¿Cómo funciona?

“Es un sistema que brinda oxígeno a muy alto flujo, calentado y humidificado con un sistema de mediciones que permite llegar a una presión determinada y un flujo adecuado. Este calentador usa cánulas y frascos de oxigenoterapia convencional”, señaló el especialista.

Añadió que “la mejora tiene que ver con permitir una oxigenación a nivel del alvéolo, mejora la cantidad de oxígeno que llega, por ahí a la persona no le cuesta tanto respirar sino oxigenar”.

Por último, señaló que “la capacidad de tratamiento depende de las camas que dispongas. Teníamos en simultáneo hasta siete u ocho pacientes, se lo teníamos que desconectar a uno y ponérselo a otro, era permanente uso, hoy tenemos tres en simultáneo. Nuestra meta tiene que ver con lograr la aprobación del sistema para poder replicarlo”.

Esta mañana se realizó el juicio oral contra el ex concejal Ricardo Pera por lesiones leves contra Gustavo Mandará y Sergio Massarella. Los hechos ocurrieron en 2015 cuando participaban como concejales en una Asamblea de Mayores Contribuyentes. Pese a ser un debate público el tribunal prohibió el ingresó de la prensa.

El Fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó la pena de 2 años de prisión en suspenso por ser la primera condena, fijar domicilio, someterse a las normas del Patronato de Liberados y hacerse cargo de las costas del proceso. Su defensor, Sebastián Martínez, pidió la absolución. La sentencia se difundirá el martes 29 a las 12.

Gabriel Giuliani, a cargo del Juzgado Correccional N°1, será quien determine la responsabilidad del secretario general de la Unión Tranviarios Automotor.

Según detalla la investigación del fiscal Marcelo Romero Jardín “Pera habría amenazado de muerte a Massarella y le habría propinado un golpe para luego agredir a Mandará, provocándole una lesión en la pierna izquierda”.

El ex concejal arribó a la audiencia luego de varias medidas dilatorias, entre ellas la imposibilidad de notificarlo por lo cual ayer se había ordenado su detención en caso de que no concurriera a la audiencia. Finalmente se presentó junto a su abogado Sebastián Martínez.

Esta no es la única causa que tramita la justicia con Pera como acusado. En 2019 fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas. Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

La organización social Giravida recibió una notificación de que, a partir de enero, el Municipio no solventará el alquiler de su sede de Pacífico y Gorriti. Esta tarde realizarán una asamblea junto a vecinos y vecinas para “pensar juntos acciones de reclamo”.

“Nos enteramos que a partir del 2021 la Municipalidad cesaría el contrato de alquiler de la casa donde estamos trabajando hace once años. Mandamos algunas notas a través Acción Católica y del Arzobispado para poder lograr un encuentro con Políticas Sociales y acordar por lo menos que no sea tan abrupto. Estamos a la espera de una respuesta favorable pero no la estamos teniendo”, dijo a FM De la Calle Josefina Tévez.

Giravida es un “programa social de Acción Católica que trabaja en los barrios Bajo Rondeau y Villa Caracol con espacios abiertos a la participación barrial y fortalece la organización comunitaria. La gente participa de las realización y ejecución de las actividades que son talleres de apoyo escolar, de mujeres y organización de jornadas comunitarias. Trabajamos en red con las instituciones territoriales del barrio, para organizar cosas para mejora la situación de la gente del barrio y para acompañar algunas familias y también para festejar”.

Durante la pandemia Giravida fue una de las organizaciones que estuvo realizando el trabajo de contención con entrega de bolsones alimentarios, elementos de limpieza e higiene. “Esto es producto de un montón de años de trabajo en red y es la lógica que también adoptamos la mayoría de las instituciones del Noroeste”.

“Decidimos comunicarle a la gente que es parte del programa esta situación. Ayer tuvimos el reparto de cajas navideñas y aprovechamos a contar la situación y convocamos hoy a una reunión. Enseguida salieron propuestas para no dejar ir este programa y la casa de la gente”, destacó Tévez.

¿Hay plan B?: “Por las actividades del programa no hay otra casa en esos barrios como para poder hacerlo de la mejor manera, estamos pensando opciones, son acotadas”.

La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino, analizó los costos de las complicaciones por abortos clandestinos y se preguntó cuánto dinero de las arcas públicas se destina para atender consecuencias evitables.

“Desde 2018 hemos escuchado argumentos en contra del aborto legal desde distintos puntos de vista: desde la religión, desde el derecho y otro argumento pro aborto clandestino es el económico, dicen que el gasto público aumentaría mucho si el Estado tiene que hacerse cargo de las IVE”, señaló.

Costantino agregó que “hay datos publicados en un informe del 2018, de un grupo que se autodenomina Profesionales de Ciencias Económicas a Favor de la Vida, con números y cálculos de fuentes dudosas, que afirma que si el Estado se hiciera cargo, el costo de cada aborto sería -a plata de hoy- 30 mil pesos por cada intervención. Si se estiman entre 400 y 500 mil abortos anuales, el gasto público se elevaría de manera considerable dejando afuera otras prácticas moralmente ‘menos reprochables'”.

“El argumento es falaz porque la comparación de los escenarios no es aborto legal vs. inexistencia de aborto sino aborto legal vs. aborto clandestino”.

El Centro de Estudios de Economía Política publicó un informe que se llama “La economía del aborto”, en el cual realizan cálculos acerca del costo para el Estado del aborto legal y del clandestino.

“En Argentina se realizan 450 mil abortos por año y el 10% tiene complicaciones. Ese numero se tiene de las altas que se dan en el sistema público de salud de personas con complicaciones derivadas de aborto: unas 45.000 por año. Tienen distintos grados de gravedad, desde tratamientos leves como son los ambulatorios hasta complicaciones graves que requieren intervenciones quirúrgicas o terapias intensivas”, mencionó la economista.

En nuestro país “el aborto representa la tercera causa de muerte materna y, de acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2018 el 13,6% de las muertes maternas fueron a causa de abortos incompletos. Este número está sub-registrado debido a la clandestinidad y criminalización de la práctica. Es esperable que, con la legalización el número de IVEs disminuya y, por supuesto, también el número de complicaciones derivadas de IVEs”.

La columnista destacó que “según el informe de CEPA, del total de los egresos hospitalarios por abortos incompletos que se producen en promedio en un año, el 67% requerirá una intervención leve, el 31% serán complicaciones de gravedad media y el 2% corresponderá abortos incompletos con cuadros de alta gravedad“.

“Lo que hacen es calcular, según complejidad, los abortos incompletos con complicaciones leves, le cuestan al estado aproximadamente 43 mil pesos, con media gravedad es 80 mil pesos, y uno con alta gravedad le cuesta al Estado 130 mil pesos.

De esta manera, el costo total anual estimado por tratamientos a complicaciones leves (67% de los casos) es de $1.315 millones, por tratamientos a complicaciones de gravedad media (31% de los casos) de $1.147 millones y, por último, el costo total por el tratamiento a abortos incompletos con complicaciones de alta gravedad (2% de los casos) se estima en $ 123,8 millones por año”.

¿Cuánto cuesta un aborto seguro?

Hay dos tipos de procedimiento: “con Misoprostol o con tratamientos como el AMEU (Aspiración Manual Endouterina). El costo unitario de una caja de Misoprostol es de 6 mil pesos, y el costo de un AMEU es de 15 mil pesos. Si comparamos el valor de la caja de Misoprostol, con lo que le cuesta al sistema de salud atender las condiciones de un aborto mal realizado de riesgo, llegamos a la conclusión de que el aborto clandestino cuesta 21 veces más que el aborto legal”.

“Si los 45.000 abortos con complicaciones se hubieran realizado de manera segura con misoprostol, los costos para el Estado hubieran disminuido en un 88% (300 millones vs. 2.500 millones de pesos)”, argumentó.

Eliminar el lucro con la salud de quienes abortan

A lo anterior hay que sumarle que “la legalidad eliminaría el negocio del aborto clandestino. Según el titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, en 2018 el costo promedio de un aborto de una clínica privada -a números de hoy- es de mil dólares. 100 mil pesos”.

“¿Quiénes pueden acceder a un aborto seguro de manera clandestina? No cualquier mujer tiene 100 mil pesos para acceder a un clínica. El porcentaje de mujeres activas en Argentina es del 40%, porque el resto se dedica mayormente a tareas de cuidado. Las que trabajan lo hacen con salarios mucho menores en promedio respecto a los varones, los niveles de pobreza están altamente feminizados, de las personas que menos ingresos tienen siete de cada diez son mujeres”, subrayó Costantino.

Conclusiones finales

“La legalización del aborto no solo generaría mayor equidad en términos de género sino en términos de clases sociales. Es un problema que desde la economía feminista llamamos interseccional, fuertemente clasista”, mencionó.

Costantino destacó que “al Estado la legalización no le implicaría mayor costo sino un ahorro del gasto público y generaría justicia equitativa en términos distributivos porque bajarían los costos de bolsillo que las mujeres tiene que pagar para hacerse un aborto”.

El presidente de la Coalición Cívica ARI y senador provincial de Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, se refirió en FM De la Calle al espionaje ilegal con fines políticos sobre organizaciones y referentes bahienses durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Más allá de que estamos preocupados por este intento de hacer caer la causa Cuadernos, esta investigación nos lleva a ver que si esto ocurrió es muy grave y berreta”, dijo el funcionario.

Agregó que “hemos sido críticos de la actuación del juez (Alejo Ramos Padilla) vinculado al operativo de tratar de hacer caer la causa Cuadernos, pero desde la Coalición Cívica de todas maneras hemos tenido una posición crítica respecto de organismos de inteligencia”.

“Además de ser condenable lo vemos como algo berreta, no vemos ni siquiera que tenga un sentido, ni siquiera un sentido perverso, es preocupante, repudiable y queremos que se investigue”, remarcó De Leo.

En relación a las responsabilidades políticas sobre el accionar delictivo de la AFI de Cambiemos mencionó que “está claro que se debe investigar y avanzar. Si los servicios de inteligencia se dedican a hacer un ciberespionaje nos preocupa porque cualquiera pueda ser víctima. Se trató de un revelamiento bastante berreta, lo cual no le quita la gravedad del caso y si hay responsabilidades políticas me parece muy bien que se las investigue”.

“Desde la Coalición siempre dijimos que los servicios de inteligencia se han dedicado a cuestiones de política interna. Históricamente han cobrado vida propia y algunos gobiernos han querido utilizarlos y terminan siendo víctimas ellos mismos”.

“De (Silvia) Majdalani habíamos fijado postura crítica y habíamos pedido que sea reemplazada porque no estaba cumpliendo con lo que pensamos que tiene que hacer”, dijo en relación a la segunda autoridad de la AFI, procesada junto a Gustavo Arribas y otros funcionarios de la ex Side.

Al ser consultado sobre si tenía conocimiento sobre el accionar de la AFI local De Leo dijo: “Honestamente, no”.

“Desconocíamos absolutamente y tampoco sabemos cuál era la intención de una investigación como esta. No le encuentro ninguna clase de sentido, no veo ni tensión política, me parece lamentable que se haya querido buscar una línea en este sentido”, señaló.

En su fallo, Ramos Padilla se detiene en la persecución a los gremios docentes en el contexto de la paritaria y la campaña electoral de 2017. “La situación del conflicto docente era algo de la tensión política razonable en democracia, podríamos pensar distinto con la dirigencia sindical pero no vimos ninguna situación que pudiera pensarse en estos niveles”.

Jorge Sebastián Novais, era el titular de la delegación local de la AFI durante el espionaje. De Leo mencionó que no lo conoce: “Es la primera vez que me entero de su existencia”. Junto a él otros tres espías conformaban la sede local en el marco del proyecto ilegal.

“Lo que me preocupa es que quien tiene la capacidad de remover esto es el gobierno y esperamos que se lo haga con un sentido, donde hay una intención del gobierno a través del juez de hacer caer la causa de los Cuadernos”, finalizó.

Luego de más de dos años, Juntos por el Cambio convocó a una reunión de la Comisión Asesora Ambiental del Concejo Deliberante cuya ordenanza establece que debe funcionar una vez por mes.

El tema central del encuentro virtual fue el análisis del proyecto de limpieza de un tramo del cauce del arroyo Napostá mediante un dragado desde el partidor del Parque de Mayo hasta la entrada del entubado.

“Todos los que hablaron lo hicieron en contra de la intervención. Al final se leyó una nota del decano de ingeniería que sí está de acuerdo. El resto fue planteando distintas razones de porqué no se recomendaba esa intervención”, comentó a FM De la Calle, Paola Germain, integrante de Tellus- Asociación Conservacionista Sur.

Afirmó que el subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, realizó una “explicación pobre”.

“Lo que plantea es un detalle de un pedacito de un informe de geólogos, que no explica bien quiénes son, ni cuál era el informe, justificando que había que hacer una limpieza en ese lugar”.

“Sabíamos que se quiere hacer una limpieza desde el derivador hasta el entubado, no sabíamos cómo o con qué metodología. Él no lo explicó, dijo que esperaba llevarse una alternativa a lo que había planteado. Es lo único que dijo”, detalló.

En relación a los proyectos alternativos, Germain señaló que “se plantea una posible inundación y por eso hay que limpiar. En el entubado puede circular un tercio del caudal del arroyo, eso no se soluciona limpiando ese sector”.

“Si hay un problema de posible inundación es al final porque ahí hay construcciones casi en el cause del arroyo, además de la basura, el riesgo estaría ahí. Habría que mantener sin construcciones el ingreso del arroyo a la ciudad y con la vegetación natural que puede absorber gran parte del agua entonces, frente a una lluvia extraordinaria, no llegaría tanta agua”.

Germain señaló que “no es que pensamos que no hay que intervenir, no queremos que se intervenga en ese sector de esa manera, no estamos de acuerdo con un dragado pero sí que hay que sacar la basura, incluso algunas especies vegetales que no son propias del ambiente”.

Por último, destacó que “estamos a la espera de si van a tener en cuenta todo lo que se dijo ahí. Como el arroyo es jurisdicción provincial tienen que que esperar la autorización del área de Hidráulica”.

La concejala del Frente de Todos, Romina Pires, analizó en FM De la Calle el presupuesto presentado por la Secretaría de Políticas Sociales. El proyecto del Ejecutivo se trataría el 7 de enero.

“No veo un fundamento concreto de hacia dónde va Políticas Sociales en el 2021. Hablan de la articulación con provincia y Nación y de un trabajo interdisciplinario entre las áreas de Políticas Sociales, es algo que se tiene que dar por sentado. No hay posicionamiento ideológico, ético o político que se plasme en los tres párrafos que escribieron. Es dejar pasar una oportunidad de escribir sobre qué base se va a trabajar”, afirmó.

Destacó que “es el mismo presupuesto que el año pasado, hay algunas partidas que no se utilizaron, algunas son lógicas y otras preocupantes. Prometieron un equipo interdisciplinario de abuso sexual infantil, en ese momento lo celebré. Luego llegó la pandemia, estamos en diciembre y lo que pregunto es cómo han trabajado con este equipo: no lo armaron”.

“Me preocupa muchísimo, puedo entender que de marzo a junio no hayan podido armarlo, pero una vez que te acomodás tenés que seguir tu agenda de trabajo. Los temas de abuso no frenaron por la pandemia. Que la excusa sea no pudimos armarlo y todavía no lo armamos y ahora lo vuelven a presupuestar habla de una falta de planificación y sensibilidad”, agregó la concejala.

Este martes a las 10 concejales y concejalas del oficialismo y la oposición recibirán a trabajadores/as del área de Niñez. “Hace años que vienen pidiendo una reestructuración del sueldo, los Servicios Locales hacen un trabajo inmenso. Están en condiciones laborales muy precarias. No tienen previsto hacer mejoras laborales, va a ser un año muy dificultoso, hay que poner sobre la mesa los temas y seguir insistiendo”.

Partidas vinculadas a violencia de género

“Es un chino encontrar las partidas de género y vemos como un tema que para afuera se habla de género y para adentro no hay una convicción, es plantear presupuesto, decisiones políticas que se vean en la práctica”, argumentó Pires sobre uno de los ejes discutidos con integrantes de la Secretaría en su presentación en el Concejo Deliberante.

Emergencia alimentaria

La concejala comentó que respecto a la continuidad de las necesidades alimentarias en distintos barrios se habló “sobre el traspaso de bolsones a tarjetas. Manejan 12 mil tarjetas, va a seguir subiendo el número porque hay mucha gente que todavía no la ha solicitado. El monto también van a tener que revisarlo, si estamos hablando de una inflación arriba del 35% eso implica que con el bolsón de 1100 pesos no podés comprar casi nada”.

En relación al empleo para jóvenes aseguró que desde el Municipio “están esperando programas de Nación a partir del Potenciar Trabajo y con respecto a lo local, plantean que van a hacer cursos de formación, no solo presenciales sino virtuales. Para microemprendedores, hay una partida importante en Economía Social, pedí números para ver como lo van a llevar en los barrios”.

El juez federal Walter López Da Silva dispuso y concretó la semana pasada la detención de cuatro ex militares en cumplimiento de la resolución de la Cámara Federal por la cual se hizo lugar al recurso interpuesto por la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad para que se les imponga la prisión preventiva.

Las capturas de los cuatro imputados tienen como antecedente la resolución dictada por el tribunal de alzada el 3 de diciembre, por la cual se confirmó su procesamiento por el delito de abuso deshonesto contra una víctima que permaneció cautiva en la compañía Combate My. Keller del Batallón de Comunicaciones 181 y se ordenó que fueran detenidos.

Los militares detenidos son el ex jefe de sección, Enrique Stel; el ex oficial de Estado Mayor, ex ayudante del jefe de la Unidad y ex jefe de Sección, Raúl Esteban Andrés; el ex jefe del Grupo Artillería, Vicente Alfredo Flores; y el ex jefe de grupo, Eduardo Carlos Videla.

Los cuatro imputados revistaron durante 1976 en aquel destino. La compañía tuvo una destacada participación en la ejecución de los operativos de secuestros y constituyó el principal grupo de tareas con el cual contaba el batallón.

El juez López Da Silva solicitó cupo al Servicio Penitenciario Federal para alojar a los cuatro ex militares, aunque decidió que a raíz de la pandemia de COVID-19 cumplan la medida cautelar en sus domicilios.

Esa resolución fue recurrida por la Unidad Fiscal. No es la primera vez que estos imputados son detenidos pero se encontraban en libertad porque habían sido excarcelados en otros expedientes.

En el recurso ante la Cámara Federal, la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani, sostuvo que la decisión apelada se apartaba de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia. También señaló que no se habían analizado los peligros procesales que provoca la omisión del dictado de la medida cautelar.

Los cuatro militares detenidos a raíz de la decisión de la Cámara Federal fueron imputados de varios hechos de violencia sexual, pero ese tribunal consideró que había prueba suficiente para uno de los hechos, calificado como abuso deshonesto, que tuvo como víctima a una mujer. Respecto de los demás hechos, dictó el sobreseimiento. La Unidad Fiscal informó que se encuentra en preparación el recurso de casación para revertir esa decisión. Para la representación del MPF el análisis desde una perspectiva de género en los procesos de lesa humanidad resulta determinante a la hora de demostrar el carácter sistemático de este tipo de conductas.

Con la confirmación del procesamiento de los doce imputados, el proceso se encamina hacia el primer juicio -el juez López Da Silva ya corrió traslado a la fiscalía para que solicita la elevación del caso a debate oral y público- en el que se juzgará a miembros del Ejército Argentino por delitos sexuales ocurridos en centros clandestinos bajo su jurisdicción. En 2015 el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca encontró responsables por este tipo de delitos a varios integrantes de la Armada Argentina.

Fuente: fiscales.gob.ar

Representantes de organizaciones que fueron espiadas ilegalmente por la base local de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri se manifestaron esta mañana para repudiar la persecución.

Nuestro compañero, Astor Vitali, dijo que “quien ha sido un elemento central en la conducción de Cambiemos en la provincia, el intendente Héctor Gay, tiene que decir si sabía, si fue parte y dar toda la información y una respuesta a la comunidad. No es a quienes estamos aquí a quienes han perseguido sino a referentes del pueblo de Bahía Blanca”, afirmó.

Destacó que, a diferencia de lo realizado en otras jurisdicciones, la AFI en nuestra ciudad incluyó el seguimiento a un medio de comunicación -como FM De la Calle– y a organismos oficiales como la Universidad Nacional del Sur.

“En los 90 la radio también había padecido espionaje ilegal desde la DIPPBA, similitudes entre el menemismo y el macrismo”, recordó.

Mencionó que muchas de las personas señaladas en el informe son “compañeros y compañeras con los cuales nos hemos encontrado en la calle, en nuestro caso a través de radios abiertas, durante el macrismo y con algunos nos seguimos encontrando ante situaciones que consideramos injustas”.

Vitali saludó en nombre de FM De la Calle “a las personas y organizaciones a las cuales este informe nos liga, al compañero Gabriel Cena que estuvo al frente de la radio durante muchos años y a la radio de la Universidad Nacional del Sur”.

“Se señala que de la radio participan todos los movimientos de izquierda, de pueblos originarios, populares y alguna que otra cosa más. Claramente eso es una radio comunitaria, un espacio del que participan y que abrimos a las organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales que consideren que la comunicación es un derecho. Para eso estamos y renovamos nuestro compromiso en ese sentido”.

“La inteligencia debería estar abocada a problemas más graves. A la trata, al narcotráfico. El mismo año que nos estaban investigando salía el cargamento de Bobinas Blancas y cuanto no sabremos que habrá salido. Ni que hablar de los crímenes financieros, se investiga a la militancia política, social y cultural mientas se saquean recursos a través de mecanismos, algunos legales otros ilegales, que vacían los recursos de la población”.

Foto: Raúl Gallardo.

“Referente del SADOP. Aliada al Frente para la Victoria”, detalle de estudios y militancia sindical son los datos registrado por la inteligencia ilegal macrista sobre la actual concejala del Frente de Todos Analía López.

La gremialista dijo a FM De la Calle que “no consideré que pensaran que era una amenaza para ellos, estoy intentando interpretar por qué tenerme en la mira de su espionaje”.

“Esto demuestra que uno siempre ha estado alineado y militando del lado correcto, de la justicia social y del lado de un gobierno nacional y popular. Aquellos que están del lado contrario, que nos consideran una amenaza tenían la mirada puesta en nosotros”, apuntó.

López señaló que su militancia política es anterior a la sindical: “Estoy afiliada al PJ desde los 18, milité en la unidad básica en Villa Mitre, tuve un impasse mientras me dediqué a criar a mi familia y luego retomé en la militancia sindical y fui profundizando el activismo político. Uno sabe que tiene un cierto grado de exposición, de cuestionamiento de las y los otros que piensan distinto, esa exposición termina perjudicando a los más directos que nos rodean, mis hijos y esposo lo saben y me bancan”.

“Nací a la militancia política junto con la democracia, cumplí 18 años en ese momento, pensé que habíamos dejado atrás esas prácticas oscuras propias del Proceso, evidentemente no ha sido así”, destacó.

López argumentó que “la dirigencia sindical docente ha sido la más constante, ha estado fuertemente ligada al espacio político peronista kirchnerista y ha sido la que ha mostrado una oposición más dura en las prácticas antilaborales que perjudicaban a sus representados. Cambiemos ha tomado nota de eso y había un ensañamiento con el sector docente. Tiene que ver con políticas de persecución a quienes se oponían al proyecto que ellos proponían”.

Desde la delegación de SADOP local emitieron un comunicado en repudio a lo sucedido en la ciudad y con la sede de Mar del Plata, también víctima del espionaje.

“Se me puso la piel de gallina cuando me lo mandaron”, dijo a FM De la Calle Miguel Agüero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales ante la aparición en los informes de espionaje realizados por la Agencia Federal de Inteligencia.

“Te espían sin autorización, vulnerando cualquier principio legal. Hemos sido un sindicato muy aguerrido, defendiendo los derechos de trabajadores en el gobierno de Héctor Gay, somos referentes de la sexta sección, un sindicato que no deja que se vulneren los derechos, todo eso lleva a pensar ¿por qué no me lo van a hacer?”, destacó.

Agüero destacó que es un sentimiento “ambiguo, por un lado porque te sentís mal, no hubo un solo dirigente de Cambiemos -porque convivimos con el poder político, desde el presidente del Concejo hasta los demás funcionarios- que haya dicho somos solidarios, no convalidamos este procedimiento de cualquier gobierno, tampoco tuve el llamado del intendente”.

“Cuando veo el tweet de un colega tuyo y deja foto en blanco y negro se te pone la pile de gallina porque te hace volver a los años 70”.

Comparo el sentimiento con “un robo en tu casa porque decís lo material no importa, porque lo que más duele es que se metan en tu intimidad, pienso en mis hijas y que nadie haya salido a decir nosotros no convalidamos esta situación. Evidentemente estamos atravesando una grieta más grande de lo que cualquier oyente puede entender”.

“¿Me escucharon lo que hablaba por teléfono? ¿Me siguieron? ¿Me buscaron en Wikipedia? Uno nunca sabe lo que hay detrás de esta investigación, esto es el Estado, esto es terrorismo de Estado”, apuntó el gremialista.

Agregó que se presentarán como querellantes: “El staff de abogados del sindicato está evaluando a ver si presentan una demanda judicial porque somos víctimas”.

“Estas cuestiones te dan un poco más de fuerza, significa que estamos haciendo bien las cosas, leí el informe integro, asusta porque sabían muchas cosas más de lo que uno cree. No hay peor cosa que se vulnere la privacidad de las personas”, finalizó.

“Más allá de mí, están atacando a la institución”, señaló a FM De la Calle la ex vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, espiada por la AFI cuando era subsecretaria de Derechos Humanos de la institución.

Agregó que la noticia la tomó por sorpresa aunque “no me debería sorprender del anterior gobierno. Dije ¡ay Dios! gastaron su tiempo espiándome a mí. Después estaba muy indignada”.

“A esta gente todo lo que sea Secretaría de Derechos Humanos le paran los pelos, fui funcionaria, están atacando a un área creada democráticamente, que es autárquica y autónoma”, subrayó.

La ex funcionaria de la alta casa de estudios mencionó: “Después me fui enterando del listado, a todas las organizaciones sociales, a los partidos de izquierda, a la radio de ustedes, a los sindicalistas”.

“Macri asumió procesado porque espiaba a su propia familia, era la cabeza de Juntos por el Cambio y ahí lo integra también el radicalismo. Un partido centenario, democrático, que tuvo en Alfonsín a un tipo que defendió a los Derechos Humanos y que ahora no digan nada, no es solo acá en Bahía. A mí no me llegó que el radicalismo como partido condene estas prácticas de la dictadura”, resaltó.

Respecto a la labor de la Subsecretaría destacó que “había sido una universidad muy atacada, nos presentamos como querellantes del caso de Watu, no solo por lo que había pasado con los desaparecidos y los crímenes en la UNS sino porque hay muchos otros casos que siguieron en la actualidad. Aparecen (en las fichas) tres o cuatro actividades que desarrollamos que tienen que ver con Memoria, Verdad y Justicia, teníamos un Consejo Asesor que lo integraban todas las organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad”.

Durante su mandato, Vaquero señaló que “había presentado la defensa en temas de género, de defensa laboral, el término derechos humanos es muy amplio. Fui una de las impulsoras de la Red de Derechos Humanos de todas las universidades del país, teniendo la memoria viva sobre todo”.

“Me pone contenta, algo bueno debo haber hecho para haberlos molestado”, concluyó.

Entre la documentación secuestrada en la base de Bahía Blanca de la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de la investigación sobre el espionaje ilegal se encontró el archivo titulado “informe_organizaciones.docx”.

Para el juez federal Alejo Ramos Padilla “resultó ser un insumo que finalmente dio lugar a otro caratulado informe_abril2017.docx, en el cual se retoma la información contenida en el anterior y se agregan otros datos”.

Allí se menciona el listado completo de las organizaciones sobre las cuales recayó el seguimiento ilícito del gobierno de Mauricio Macri en nuestra ciudad hasta abril de 2017.

–Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS).
–Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur.
–Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA Bahía Blanca).
–Centro de Educadores Bahienses en la Federación de Educadores Bonaerenses (CEB–FEB).
–Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS).
–Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP Bahía Blanca).
–Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STM).
–Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
–Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines (SITRAIC).
–Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
–Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
–Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA).
–Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.).
–Sindicato Unidos de Portuarios Argentinos (SUPA).
–Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
–Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
–Partido Obrero (PO).
–Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
–Frente Popular.
–Patria Grande.
–Partido Comunista.
–WATU – Corriente Comunista.
–Frente del Colectivo Pueblo en Lucha.
–Grupo 83.
–FM De la calle.
–Unidad Socialista Para la Victoria (USPV).
–Federación Juvenil del Partido Comunista.
–Tesis XI.
–Cardumen.
–Puño y Letra – Estudiantes para la Liberación.
–Franja Morada.
–La Caldera – Unión de Juventudes por el Socialismo.
–Frente Único de Estudiantes en Lucha (FUEL).
–Centro de Estudiantes del Conservatorio de Música de Bahía Blanca.
–Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
–Pan y Rosas.
–Plenario de Trabajadoras (PDT).
–Corriente Clasista y Combativa (CCC).
–Partido Comunista Revolucionario (PCR).
–Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).
–Movimiento Evita.
–Unidos y Organizados.
–La Cámpora.

El juez Alejo Ramos Padilla confirmó que la sede bahiense de la AFI realizó espionaje ilegal “con un objetivo netamente político” durante el gobierno de Mauricio Macri. La base local, creada a principios de la década del 70, estaba a cargo de Jorge Sebastián Novais.

“Es dable destacar que la producción de información no se limitó, como en otras bases relevadas, a las organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles, sino que en este caso se relevaron incluso medios de comunicación, como la radio ‘FM de la calle’, y organismos públicos como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur”, subrayó el magistrado.

El fallo incluye un informe de abril de 2017 con el seguimiento a 43 organizaciones: “Las características del documento se condicen con las de un mapa político de la ciudad de Bahía Blanca. Las referencias a la afinidad ideológica de personas y organizaciones, su carácter de opositoras al gobierno, la reseña de las actividades políticas más relevantes en las que participaron y las imágenes de sus referentes no permiten otra interpretación”.

El “Proyecto AMBA” consistió en la instalación de seis bases de  inteligencia en el conurbano -Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes- desde mediados de 2016, a las que se sumaron las delegaciones históricas con asiento en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI en la provincia durante 2017.

Oficialmente debían “investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas” aunque se probó que “se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno”.

Para ello se reclutó a 70 personas que se sumaron a los 20 agentes que revistaban en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. La delegación local estaba a cargo de Jorge Sebastián Novais, quien ingresó a la AFI en 1995 y se jubiló en junio de 2017, ocasión en la cual fue contratado nuevamente.

“A pesar de sus esfuerzos por mostrarse lejano –geográfica y funcionalmente– a las labores de las restantes bases de inteligencia provinciales, lo cierto es que aquella división interna de la base bahiense pasó a depender directamente, desde abril de 2017, de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, la que tenía ámbito de competencia en toda la provincia y no sólo sobre el conurbano bonaerense”, dijo el juez.

La resolución advierte que una mirada comparativa a los acervos documentales de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) y de la AFI “permite identificar el modo en que la Agencia Federal de Inteligencia, a través de las bases que nos ocupan, vino a reinstaurar institucionalmente una serie de prácticas ilegales”.

El Proyecto AMBA “dio lugar o cobertura a una intensa red de inteligencia ilegal que se había iniciado unos meses antes y logró un conocimiento bastante acabado de todas las actividades de tipo de actividad política, en las que se incluyen las acciones de protesta, las articulaciones políticas de cada zona, los referentes, los movimientos de los intendentes, las estructuras locales de los partidos políticos y de cada agrupación de base, gremial, entre otras”.

Docentes en la mira

Durante la campaña electoral de 2017, la cual llevaría al ministro de Educación Esteban Bullrich al Senado, el espionaje puso el foco sobre los sindicatos docentes y sus organizaciones de base. Entre muchos otros: ADUNS, Suteba, CEB-FEB y Sadop. Este es solo un ejemplo de la persecución a objetivos específicos dentro de la planificación ilegal.

Además del fichaje de algunes referentes de los gremios bahienses se encontró en los archivos una publicación de la Confederación de Educadores Argentinos titulado “Formación y entrenamiento sindical para dirigentes, delegados y afiliados del sector docente”.

“No se advierte cuál era la hipótesis de afrenta a la seguridad interior, la defensa nacional o qué investigación sobre delitos complejos pudo motivar a que la Agencia Federal de Inteligencia tuviera en su poder un manual de formación sindical para el sector docente”, manifestó Ramos Padilla.

Por otra parte, el juez subrayó que “la delegación Bahía Blanca tenía en su poder una base de datos de todas las personas que participaban de la vida política institucional de la Universidad Nacional del Sur, con sus números de documento y legajo universitario”.

Falta de mérito para el jefe local

Ramos Padilla dictó la falta de mérito con prohibición de salir del país y una caución de diez millones de pesos para Novais.

En su declaración, el imputado manifestó que su jurisdicción era muy grande y no tenía recursos humanos ni tecnológicos para hacer su tarea. Respecto a sus superiores afirmó que “no nos daban ni cinco de bolilla”. El juez destacó que el espía se refirió a la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires como “Dirección AMBA” o directamente “AMBA” y a la base que tenía a cargo como “base AMBA” y que insistió que “fuera del área del conurbano bonaerense poco podía aportar”.

Además de la distancia que intentó establecer con la actividad ilícita de la AFI en el conurbano, el jefe local declaró: “Realmente es prácticamente imposible que haya hecho algún tipo de inteligencia porque en Bahía Blanca tanto 2015, 2017, 2019 con amplia mayoría el partido que estaba en ese momento –perdón, el gobierno que estaba en ese momento– ganó ampliamente, entonces realmente no tengo ninguna, nada que decir con respecto a eso”.

Para el magistrado, de esta manera, Novais “asume que la inteligencia de tipo política sólo se realiza frente a un panorama electoral adverso”.

“La información hallada vinculada a la Base AMBA, si bien en su mayoría es anterior a la asunción de Novais, da cuenta de un amplio registro ilegal de inteligencia y que es compatible con la misión que les fue asignada formalmente y por resolución escrita, a todos quienes integraran la estructura de inteligencia dependiente de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, Novais incluido”, agregó.

Otro de los espiados por la AFI en Bahía Blanca durante la presidencia de Mauricio Macri es José Lualdi, a quien señalan como cabecilla del Partido Comunista (PC).

En el informe de la ex SIDE se señala que el PC tiene un “centro de ‘adoctrinamiento’ llamado CEFMA”. El dirigente, en la actualidad, participa de La Watu – Corriente Comunista, otra de las organizaciones espiadas ilegalmente.

“Parece paradójico que hoy que la Comisión Provincial por la Memoria está exponiendo (en el Juicio Triple A) cómo se manejaba la inteligencia desde los años 50 en adelante aparezca este informe. No es una novedad ni es patrimonio del gobierno anterior, el Estado siempre espía a quienes pensamos diferente, como si fuéramos subversivos”, comentó a FM De la Calle.

Agregó que “venimos trabajando desde la Central (CTA) para ver si podemos, más allá de las diferencias, dar una respuesta colectiva, una conferencia de prensa de todos los sospechados. Yo lo califico como una barbaridad, era un ataque que parecía habíamos superado en el imaginario colectivo”.

Señaló: “Mi preocupación es si seremos capaces de dar esta respuesta política colectiva, para demostrarle a quienes nos espiaban que no vamos a tolerar este tipo de avasallamiento a las libertades y a la propia Constitución”.

Por último, en relación a las reminiscencias con el espionaje durante la última dictadura cívico militar, Lualdi mencionó que “no deja de ser preocupante porque hasta sin darnos cuenta nos acostumbramos. Es muy grave que se vuelvan a repetir estas cuestiones después de lo que ha pasado. Que un gobierno elegido democráticamente vuelva a incurrir en esta cuestión de espiar al conjunto de los opositores, intentar generar miedo y zozobra es una actitud que repudiamos”.

El juez federal Alejo Ramos Padilla procesó a las autoridades y varios integrantes de AFI durante el macrismo por espiar a referentes y organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos y medios de comunicación de la oposición entre 2016 y 2017.

Entre las delegaciones que participaron de la tarea de inteligencia, aparece señalada la de Bahía Blanca, y dentro de la larga lista de los espiados se encuentra Sergio Zaninelli, secretario general de ADUNS.

“Lo que siento es que algo bueno estábamos haciendo si nos espiaba la AFI ilegal de Macri”, dijo el dirigente a FM De la Calle.

“En Bahía hay muchos informes y coinciden con los referentes y referentas de organizaciones que estuvimos en las calles durante todo el periodo macrista manifestándonos contra sus políticas de ajuste. Algunas nos seguimos manteniendo en esa línea a pese a que Macri haya perdido las elecciones”, agregó.

“Lo grave es que con Macri se instaura la inteligencia ilegal. El gobierno de Macri quería información centralizada de lo que ocurría, en el 2017 fueron las primeras elecciones legislativas y en las que Cambiemos se ponía en competencia siendo presidencia, querían datos de las bases. Dice Padilla, un ensañamiento particular con las gremiales docentes, hay 45 informes de diversos sindicatos. Acá en Bahía al único que nombra es ADUNS, eso también deja en claro que los sindicatos docentes a todo nivel combatimos duramente las políticas de Mauricio Macri”.

En 2017, con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, “se le reclamaba a estas agencias que informaran las acciones que se llevaban a cabo entorno al pedido de aparición con vida y de hacer un testeo de como afectaba la imagen de Cambiemos la desaparición de Santiago”.

En el ámbito local, Zaninelli destacó que el responsable es “Jorge Sebastián Novais, que se jubiló en julio del 2017, al mes siguiente lo contrata la AFI y lo asigna como jefe de Proyecto AMBA en Bahía. Relata que poco podían hacer porque tenían 4 agentes, dos vehículos y equipamiento obsoleto. Por eso los informes que hacían se relevaban obteniendo las noticias de internet”.

“Cuando Cambiemos pierde en 2019 en la base de Mar del Plata se destruyó mucha información, algo se pudo rescatar. Novais vive en Bahía, tiene una empresa de servicios aéreos, compartimos la calle con él. Le tomaron declaración, no lo procesó pero le prohibió la salida del país”

En relación al rol que debería cumplir la Agencia Federal de Inteligencia, el gremialista señaló que “su función es otra, prevenir ataques de terrorismo internacional, investigar el narcotráfico a gran escala, no investigar a organizaciones sindicales y políticas. Esas manifestaciones son públicas, legales y legítimas”.

Concluyó que “es lo que hacía el terrorismo de Estado en al dictadura o la Triple A, que no solamente hacían investigación sino que asesinaban a los investigados. Me acordé mucho de la DIPPBA, es un poco eso. Esta claro que tenemos más herramientas para estar alertas y para protegernos de estas ilegalidades”.