(Por Astor Vitali) El centro de Santiago está tapeado. Muchos comercios con los vidrios amurados. Acorazados. Custodiando sus bienes. Acuartelados. Algunos carteles en la puerta de entrada rezan: “estamos atendiendo”.

Otros lugares de la ciudad están peleando contra la muerte: cientos de ciudadanos y de ciudadanas combaten contra los carabineros en unas batallas que tienen sus víctimas y sus símbolos. Víctimas materiales; presentes. Y una pelea simbólica de la que nadie puede escapar en Santiago, cuadra por cuadra, cartel por cartel, todo remite a que aquí se abrió los ojos y a que aquí se está luchando. Aquí se abrieron los ojos; tal vez por eso les disparen.

Según un informe publicado por el Instituto Nacional por los Derechos Humanos de Chile el 18 de febrero, “se ha constatado un total de 3.765 personas heridas en estas visitas, de las cuales en 427 casos se constatan heridas oculares, 34 de ellos con diagnóstico de pérdida o estallido ocular”.

Se trata de un reporte de balance a raíz de la observación directa de sus funcionarios y funcionarias en visitas a comisarías y hospitales, además de las acciones judiciales presentadas a nivel nacional, en el contexto de la crisis social que se inició el 18 de octubre de 2019.

En visitas a comisarías, verificaron “una cantidad de 9.545 personas visitadas en comisarías, desagregadas en 6.935 hombres, 1.475 mujeres y 1.112 niños, niñas y adolescentes detenidos tras participar de manifestaciones”.

Alexis Aguirre, Coordinador Nacional de Litigios Especializados del INDH, señaló que “como Instituto nos preocupa que durante la segunda quincena de enero continuamos recibiendo denuncias y constatando la existencia de lesiones oculares respecto de personas que ejercían de manera pacífica su derecho a manifestarse”.

Ya en noviembre del año pasado, invitado a comparecer ante la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, entregó un balance de las observaciones que ha realizado el Instituto desde el comienzo de las manifestaciones sociales y aseguró que “en este mes se han presentado 74 querellas por violencia sexual, cuatro veces que en nueve años y casi el doble de querellas por otras torturas”.

Sin embargo, el centro político de Santiago –de Chile-, La Moneda, aunque vallada y rodeada de efectivos, no parece registrar la sangría institucional. Por allí todo está normal… por el momento.

Mientras me dirijo hacia otros barrios donde las barricadas y las bolsas de basura encendidas aumentan la temperatura de enero, decido hacer una parada estratégica: ¿un baño? A unas diez cuadras de La moneda, sobre unas calles en zigzag, un shopping. Entro con la certeza de encontrar algún baño público. Miro la cartelería. La cartelería me indica el rumbo.

Creo haberme equivocado: dos molinetes y una boletería iluminada con un cartel: $500 (unos $40 argentinos). Sin embargo, no estaba yo equivocado sino desorientado. Era así nomás, el centro comercial ofrece un baño público a quinientos pesos chilenos. Yo los tenía pero ¿a qué baño acude alguien en pleno centro cuando lo necesita?

Por ejemplo, en nuestra ciudad, todo el mundo sabe que si sus tripas le ponen en apuros podría tomar un café y pedir el baño, o una botellita de agua. Si uno no anda con cinco e guita, también es sabido: uso el baño de la trasnacional de la obesidad y del mal gusto. Si necesito ir al baño, en nuestra ciudad, nos cagamos en Mc Donalds, y el sorete tiene hasta un gustito antiimperialista; alguna vez nosotres usamos a quienes nos usan siempre.

Pero allí no. Sin dinero, no hay derecho. Más que una metáfora de la desigualdad y de la clara existencia de ciudadanos de primera y de segunda, la boletería del baño público es la imagen más descarnada y pornográfica de un estado de cosas insoportable. El baño público clasista ayuda a comprender lo que todo el mundo sabe y el poder económico junto a sus representantes políticos aún niegan; por malcriados y por sus privilegios.

En su libro de reciente publicación Rebelión, el historiador chileno Jorge Baradit señala: “Nadie lo vio venir. Es la frase que escuchamos durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019. La verdad es que todos lo vimos venir, solo que no sabíamos cuándo. Todos lo sentíamos como electricidad en la piel, aunque al parecer ellos no. Las señales estaban ahí, cada tres días alguien publicaba en redes sociales exactamente la misma frase: ¿Cuándo vamos a explotar y salir a las calles? ¿Cómo es que no explotamos y quemamos todo? Compatriotas quejándose día a día por la falta de reacción frente a hechos insoportables, comparándonos con el coraje de los argentinos para tomarse sus avenidas cada vez que es necesario. Es mentira que no lo vimos venir. Está lleno de entrevistas, columnas, charlas, avisos, obras de teatro, poemas, libros, canciones, documentales que lo vieron venir. Pero el poder estaba demasiado ocupado exprimiendo las últimas gotas, estirando la cuerda un poco más, sólo un poquito más. Calculando que aún se le podía quitar un gramo más de forraje a la vaca para seguir ordeñándola a todavía menor costo. Porque no solo querían todo, querían más. Quería lo que se queda entre tus dientes, las pelusas en los bolsillos y las dos semillas en las bastas de tus pantalones”.

Queda dicho. Mientras los ricos asumen que sus sistemas de desigualdad se han instalado de manera irreversible, que cada experiencia de éxito de gobierno de los ricos es una hoja más en el libro de actas del club del Fin de la Historia, la hora de los pueblos siempre aguarda, más o menos silenciosa, más o menos estridente, el detonante para estallar en mil pedazos la ilusión de sus opresores.

 

Fotos: María Florencia Laiuppa

Comenzó el juicio a cuatro represores civiles que actuaron en Bahía Blanca durante el terrorismo de Estado. Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio integraron las patotas de Rodolfo Ponce y Remus Tetu.

En la primera audiencia, el fiscal Pablo Fermento leyó la acusación y los imputados se negaron a declarar. El juicio continuará el 25 de marzo a las 9:30 en Colón 80.

Más información, mañana en juiciobahiablanca.wordpress.com

Este lunes a las 10 comenzará el juicio contra integrantes de la Triple A de Bahía Blanca, a 45 años de sus crímenes contra más de cuarenta militantes políticos, estudiantiles y gremiales.

Para seguir el desarrollo del Juicio Triple A, desde FM De la Calle actualizamos nuestro blog juiciobahiablanca.wordpress.com y pusimos a disposición de nuestra audiencia el detalle sobre LA CAUSA, los IMPUTADOS y las VÍCTIMAS.

La audiencia pública será en Colón 80. Es el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

Para unos minutos después hicieron lo propio H.I.J.O.S., Red por la Identidad y la Mesa x el Juicio y Castigo.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

Se cumplen cuatro años del homicidio de Ángel Almada en Ingeniero White. El abogado de la mamá del adolescente, Leando Aparicio, comentó en FM De la Calle los avances en las causas por homicidio y  por encubrimiento que investiga el fiscal Marcelo Romero Jardín.

La familia convocó a una marcha a las 19. Irán desde la Escuela Técnica de Ing. White hasta el puente desde el cual arrojaron al joven.

“No me cabe ninguna duda que hay un contexto relacionado con la cocaína, con gente pesada. El chico muere a 200 metros del cargamento de cocaína más grande de la historia”, apuntó Aparicio.

El abogado afirmó que “ayer, después de cuatro años, finalmente los peritos enviaron a la Fiscalía el teléfono de Ángel, el de (Horacio) Pagotto y el de ex delegado municipal (Marcelo Acosta), son 12 teléfonos que habían sido secuestrados en noviembre del 2017. Romero Jardín me dijo que habían recibido y no pueden abrir el informe desde las computadoras de la Fiscalía. Hablé con el perito y son 64 gigas que hacen falta para abrir la información”.

De la causa por encubrimiento, las personas señaladas son “cinco policías -comisario, subcomisario y tres policías-, el ex delgado, el amigo del ex delegado y una falsa testigo. Está en el Juzgado de Garantías, tal vez este año podamos llegar a juicio. Se los acusa de apretar a los amigos de Ángel y hacerle decir básicamente que Ángel se había suicidado. Al ex delegado se le acusa por ser una especie de sheriff, llevando y trayendo testigos, yendo a buscar la partida de nacimiento del nene para presentar ante el registro y hacerlo pasar como un suicidio”.

Hipótesis 

Según la investigación de la querella, la madrugada del 4 de marzo de 2016 había dos fiestas: “Ángel estuvo siempre con Trinidad Acosta, la hija del delgado, que mintió las 3 veces que declaró. De la primera fiesta se van a otra fiesta un poco más pesada y después vuelven. Ahí alguien se lleva un teléfono que estaban usando para pasar música, hay una discusión de Ángel con las amigas y el se va. Ángel o la hija del delegado se llevan el teléfono. Ese es el celular que luego encuentran en la casa de Pagotto”.

“Desde que se van hay versiones encontradas, fue a un bar y estuvo haciendo cosas, no sabemos qué. Según una testigo, Ángel cambia un teléfono por dos cervezas. Pero esa testigo, que es quien entrega el teléfono de Ángel al otro día, ya lo había toqueteado, había sacado cosas, entendemos que ese teléfono ella lo compra a la gente que mata a Ángel”.

“Pedimos las cámaras que estaban en la DDI y los vemos (a Ángel y Trinidad Acosta) caminando juntos. Ella dice que no lo ve más y se va a la casa. Ángel ha visto cosas que no tenía que ver, con personas que no tenía que estar”.

Procedimiento

“El personal de Ferro Expreso hace la logística del procedimiento, mandan a 3 policías recién recibidas, ahí empieza el apriete a pibes de 16, 17 años, que los sacan de la cama y los llevan a declarar y los aprietan. Lo primero que advertí es que los pibes no hablan como está escrito en la causa. No dicen ‘una mirada torva’. Acá tiene que ver el delegado y  la hija, es una pieza clave que ha mentido mucho y que sabe cuáles fueron las causas por las que lo mataron, tiene que ver el ambiente de la noche de White”, finalizó Aparicio.

La sala II de la Cámara de Apelaciones rechazó el habeas Corpus presentado por la defensa de Rosalía en el cual reclamaba su liberación inmediata.

Los jueces Guillermo Petersen, Alfredo Hernán Mones Ruíz y Guillermo Emir Rodríguez no hicieron lugar al pedido de doctora Fabiana Vannini en el cual planteó que Rosalía está detenida arbitrariamente debido a que al momento de ser juzgada había prescripto acción penal.

Por otro parte, Vannini junto a Mario Coriolano, defensor oficial ante el Tribunal de Casación de la Provincia, solicitó la prisión domiciliaria ante el Tribunal Criminal N°3.

Rosalía está presa desde el año pasado en Azul. En 2005 parió en soledad y desamparo, se desmayó y, cuando despertó, la criatura había fallecido. El 19 de febrero el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a 8 años de presión por no haberle brindado los cuidados necesarios a su beba recién nacida.

Desde este lunes serán juzgados cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad. Será el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

Si bien el tribunal definirá el horario este viernes, se estima que será entre las 10 y las 12 en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80. La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

En una etapa anterior de la misma causa, el juez federal Walter López da Silva demora la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en febrero de 2018.

La defensora de Rosalía presentó ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías un Habeas Corpus reclamando la inmediata liberación de la mujer. “Consideramos que mantener a Rosalía privada de su libertad es arbitrario porque se encuentra prescripta la acción penal”, señaló Fabiana Vannini.

Los jueces Guillermo Petersen, Alfredo Hernán Mones Ruíz y Guillermo Emir Rodríguez deberán decidir en 24 horas si hacen lugar a lo solicitado por la defensa.

Rosalía parió en soledad en mayo del 2005 en Argerich, partido de Villarino. Llamó a los gritos a sus hijas para que la ayudaran y  cuando las vio corriendo y asustadas, se desmayó. Permaneció inconsciente durante horas y cuando despertó notó que la criatura había fallecido. El pasado 19 de febrero el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a 8 años de prisión por homicidio calificado por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios. Está presa en Azul desde junio de 2019.

“Habeas Corpus significa que se solicita la libertad inmediata de la persona, se considera que el encarcelamiento es ilegal o arbitrario”, comentó a FM De la Calle la abogada.

Señaló que ya plantearon la prescripción y “el Tribunal nos resolvió desfavorablemente con un argumento bastante cuestionable. Ahora planteamos esta cuestión ante la Cámara, si nos hacen lugar Rosalía puede recuperar la libertad y si no iremos con recurso de Casación para discutir la resolución desfavorable”.

“El delito por el que se la condena está prescripto, pasó el plazo que el Estado tenía para condenar que es 12 años. El Tribunal entendió que plazo es de 15 años, en base a una interpretación bastante forzada”.

En el recurso presentado, la defensa argumentó que “parece innecesario tener que recordar la raigambre constitucional y convencional que posee la actuación del Estado respecto de minorías desprotegidas en el complejo aspecto de la pobreza y de género que resulta el marco de la supuesta comisión del hecho que se imputa. Por ello, la única solución justa y adecuada a derecho y a la perspectiva de género que corresponde al caso es admitir la presente acción de Habeas Corpus, declarando prima facie prescripta la acción penal”.

Por otra parte, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur exigió al rectorado que se presente cómo amicus curiae en la causa de forma inmediata para exigir la liberación de Rosalía. “Nuestra Universidad es directamente responsable de la situación de precariedad laboral de Rosalía, cabe aclarar que el temor a perder el empleo fue la causal del estado anímico por el que atravesó su embarazo y parto”, comentaron en referencia a la ex trabajadora del frigorífico La Gleba. La Comisión Provincial por la Memoria interpondrá el mismo recurso.

Por último, Vannini comentó que “Rosalía está tranquila, bastante angustiada pero lo que quiere es que salga lo antes posible la orden de traslado a Bahía para estar cerca de la familia. El traslado depende del servicio penitenciario y el cupo que tenga la Unidad 4. Contestaron que no tienen lugar. Eso es cierto, en el pabellón femenino están con algún problema de sobrepoblación”.

El Comité de Solidaridad con Chile, Bolivia y Pueblos Latinoamericanos presentó una denuncia penal contra la dictadura boliviana por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo invocando el principio de jurisdicción internacional ante el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca a cargo de Walter López da Silva.

Las organizaciones que integran el comité afirmaron que “desde la instauración de la dictadura de la autodesignada presidenta Janine Añez, con el apoyo de la derechas locales, los Estados Unidos y el Estado de Israel, los hermanos bolivianos han sido víctimas de una innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos, dejado un triste saldo de personas muertas, heridas y desaparecidas, agresiones físicas, manifestaciones racistas y odio fomentado por los medios masivos de comunicación y las autoridades”.

El secretario de DD.HH. de la CTA, Dante Patrignani, dijo a FM De la Calle que “se presentó la denuncia en mesa de entradas, estuvieron revisándola y se aceptó la demanda. Ahora esperaremos qué respuesta hay. El objetivo principal que teníamos era avanzar con algunas cuestiones para visibilizar esto y por eso nos damos por satisfechos”.

“Sabemos que se presentó en Córdoba por parte de una asociación de ex detenidos políticos y en Buenos Aires por parte de la comitiva que viajó a Bolivia en la que participaron compañeros de distintas organizaciones. Sería bueno que esto se replique para que algún juez le de trámite. Es nuestro aporte, modesto pero nos parece que teníamos que hacerlo”.

En la demanda se propone una serie de testigos que padecieron el accionar de las fuerzas golpistas, encabezados por el ex presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. “Esperamos aporte al conocimiento de los hechos, el señalamiento y juzgamiento de los culpables y la reparación a las víctimas”.

El IPC Online registró un incremento del 2,45% en los precios de febrero en relación a enero. El informe destaca el impacto local del aumento del transporte urbano de pasajeros en el capítulo de mayor aumento.

El 17 de febrero el oficialismo recurrió a una concejala suplente para cubrir la banca de Gabriela Schieda y alcanzar el quórum, a pesar de que la edila radical estaba en el Concejo Deliberante. En la sesión extraordinaria -cuya validez hoy investiga la justicia- se aprobó, además, el Presupuesto 2020 y la venta de un tomógrafo.

El incremento del boleto impulsado por el intendente Héctor Gay y la UTA se aplicó el 30 de enero y se reflejó en la suba del 6,5% del rubro Transporte y Comunicaciones del IPC Online. El resto de los capítulos se mantuvo con variaciones muy bajas, sobre todo Alimentos y bebidas, incluyendo un poco común descenso en Otros bienes y servicios.

Los capítulos que registraron alzas lo hicieron en el siguiente orden: Transporte y comunicaciones (6,50%), Vivienda y servicios básicos (2,27%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,63%), Indumentaria (1,59%), Alimentos y bebidas (1,57%), Esparcimiento (0,62%), Educación (0,32%) y Atención médica y gastos para la salud (0,13%). Como se mencionó al inicio, el capítulo de Otros bienes y servicios registró una baja del orden del -0,52%.

La variación de precios fue menor al mes pasado y acumula en el corriente año 5,51%. Se debe mencionar que el mes de enero fue corregido cerrando finalmente en 2,99% y no en 2,93% como había sido publicado originalmente. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 53,91%, siendo más baja que la registrada en enero.

La asamblea de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur exigió al rectorado que se presente como amicus curiae en la causa de forma inmediata para exigir la liberación de Rosalía.

“Nuestra Universidad es directamente responsable de la situación de precariedad laboral de Rosalía, cabe aclarar que el temor a perder el empleo fue la causal del estado anímico por el que atravesó su embarazo y parto”, manifestaron sobre la ex trabajadora de La Gleba condenada a ocho años de prisión.

Este miércoles la defensa oficial apelará el fallo y pedirá la libertad en compañía de diversas organizaciones que se sumaron a la demanda de “ni una presa más por la justicia patriarcal”. Será a las 12 en Estomba 34.

El gremio ya realiza los trámites para participar bajo la misma figura legal, la cual le permitiría “aportar información o conocimiento generado y proporcionado, ya sea de modo escrito con una opinión legal, testimonios o informes”.

Rosalía fue condenada por la muerte de su bebé, al cual no pudo cuidar tras parir sola por haber sufrido un desmayo. “Nuestra Alta Casa de estudios debe reparar el daño que causaron las condiciones laborales en que tenía a esta trabajadora”.

“Tenemos como ADUNS y como UNS un deber moral de aportar en esta situación que ha afectado no solo a Rosalía R. sino también a sus hijos, quienes son víctimas de las violaciones a los derechos fundamentales de Rosalía, dos de ellos menores de edad y toda una familia, oriunda de Argerich y de una historia de ser trabajadores de la UNS, como lo fue el propio padre de Rosalía”, afirman en la nota dirigida al rector Daniel Vega y a la secretaria de Derechos Humanos, Andrea Montano.

Recuerdan que Rosalía “criaba sola a sus cuatro niñxs, trabajaba en jornadas de más de 12 horas diarias, totalmente precarizada, sin acceso a derechos sociales que gozamos las y los trabajadores. Cabe destacar que el lugar de residencia, Argerich, es zona semi rural, sin salas médicas, ni ambulancia”.

El intendente Héctor Gay negó haber estado al tanto de la situación de violencia machista padecida por Laura Trespando. La mujer denunció en diciembre a su ex pareja y titular de la UTA, Ricardo Pera, por lesiones agravadas y amenazas.

“No sé en el caso de Marisco, no en mi caso, nunca me llegó eso, no conozco a la persona y nunca me llegó. Es una decisión que está en la justicia”, dijo el jefe comunal tras la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas “sin causa” por presiones del acusado.

En su declaración en Fiscalía, Trespando aseguró que el presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay conocían el contexto de violencia. Los primeros, ofrecieron asistencia desde la oficina de Género comunal y posibles traslados aunque le soltaron la mano tras la victoria de Cambiemos en octubre.

“Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial, de todos estos meses para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia”, afirmó Trespando.

La víctima declaró que el 3 de diciembre Harfield la convocó a las oficinas de Bahía Transporte Sapem donde junto a un abogado y una escribana le notificaron su despido. “Que no existía otra opción. Que solo recibían órdenes”, le dijeron.

Firmó en disconformidad y se dirigió a la Municipalidad: “Concurrió al despacho del intendente Héctor Gay, donde Rubén Gómez -secretario de éste- le manifestó que no la iba a atender porque era un tema personal y no se iba a involucrar”.

“No es así, nunca habló conmigo, nunca me llegó la denuncia. Es posible que esté en la Sapem porque es un organismo autárquico pero respetuoso absolutamente de la justicia”, respondió Gay ante la pregunta de la periodista Virginia Pascual.

-¿No estaba al tanto de lo que ella estaba padeciendo?

-No, en absoluto.

Una música callejera denunció por redes sociales que inspectores municipales le labraron un acta por “ruidos molestos” por la denuncia de un vecino. Le informaron que debía conseguir la habilitación correspondiente para seguir trabajando.

“Me dijeron que si no me iba y me llegaban a encontrar de nuevo, me iban a multar”, dijo a FM De la Calle Rocío Saavedra.

Esta mañana se reunió con el Director de Planificación Urbana, Daniel Arrigo Reale,  y con el director de Cultura, José González Casali. “Ellos se encargan de efectuar los permisos para estar en la calle. Me dijeron que no podían creer lo que estaba pasando porque querían fomentar el arte en las calles y no que lo sacaran. Me están tramitando un permiso que me van a entregar en dos o tres días.  Si uno no tiene permiso no puede tocar en la vía pública”.

“Me dijeron que le avise a los músicos que vea y que se acerquen a Planificación que van a empezar a extender permisos a artistas para que si vienen inspectores municipales no nos puedan sacar”, comentó.

La artista se refirió, además, a la reunión que mantuvo con el presidente de la Comisión de Cultura del HCD, Carlos Quiroga, en la cual se le manifestó que impulsarán una ordenanza “para que esté permitido tocar, siempre y cuando no sea en horas de descanso, y que nos ayude a seguir trabajando y mantener nuestra fuente laboral”.

La Asociación Argentina de Actores, la UMSur y la Red de Espacios Culturales Independientes manifestaron su descontento luego de que se les negara la entrada al Concejo Deliberante para escuchar el discurso de Héctor Gay en la apertura de sesiones ordinarias.

“Cuando no tenemos invitación o no estamos acreditados, el ciudadano común no entra. Es una política de Juntos por el Cambio poner vallas en lugares públicos para que el público no tenga acceso a actos de gobierno. No es la primera vez que esto ocurre en Bahía”, dijo a FM De la Calle la delegada de Actores, Belén López.

“Nuestra intención era escuchar qué tenían para decir, estar atentos al discurso y conocer la propuesta política y qué importancia o rol va a cumplir la cultura en Bahía Blanca y nos interesaba escucharlo de boca del intendente”.

Respecto a la Mesa de Dialogo convocada ante el intento de derogación de las ordenanzas del Instituto Cultural y otros programas del área, López afirmó que “no nos han llamado para nada, no sabemos en qué estado está el proyecto superador del cual nos hablaron. Ese silencio no sabemos si es porque están trabajando, para mantenernos calmos o para que las cosas sucedan en el momento inesperado”.

“Hay que ver si se están sentando la Comisión de Cultura en su totalidad, yo eso lo desconozco y no podría afirmarlo. Estamos en estado de alerta y movilización desde el primer momento”, concluyó.

El ex candidato a intendente y actual titular del Consorcio de Gestión de Puerto, Federico Susbielles, fue más contemplativo que les concejales del Frente de Todos al valorar el discurso de apertura de sesiones de Héctor Gay.

“Fue un discurso de forma, correcto, con un llamado al diálogo y al trabajo mancomunado que esperemos que sea así. Con reconocimiento a los puntos que señalamos en campaña como la necesidad de tener un equilibrio medioambiental, erradicar los basurales a cielo abierto, poder trabajar en alternativas productivas solicitadas, recuperación de espacios verdes, de una ampliación de programas culturales.  Reconoció que la herencia de Vidal no es la adecuada y que toda la expectativa que se planteó en generar una región de importancia en la provincia no ocurrió”, dijo Susbielles.

Para Carlos Quiroga “el discurso fue breve y una enumeración de buenas intenciones. Habló de la obra de El Cholo y la autovía como si fueran obras a punto de terminar y solo fue una puesta en escena. Fue un discurso pobre”.

Opinó que “quedó en evidencia que se va a invertir un 10% más que lo que el presupuesto contempla en el Teatro Municipal, no sabemos si los pliegos tuvieron cambios, no sabemos si se ha tomado conocimiento por parte de la Comisión de Patrimonio sobre la magnitud de la obra en un sitio histórico. Me pareció saludable que no haya vuelto a la carga con al derogación de las ordenanzas”.

Gustavo Mandara afirmó que “es el primer reconocimiento de que haber ganado las elecciones no le da un cheque en blanco, por lo que se viene viendo no lo están ejerciendo. Cuando dice ‘siempre van a encontrar en nosotros un equipo dispuesto a alcanzar acuerdos y a trabajar en todas las políticas públicas que sean necesarias para que los vecinos de Bahía Blanca puedan vivir mejor’, me parece una hipocresía en relación a los últimos cinco años”.

Respecto al enfrentamiento entre barras de Villa Mitre y Olimpo, comentó que “pusieron una Secretaría de Seguridad, luego Subsecretaría y después pasa lo que pasó y el subsecretario habla de carreras de caballos”.

En cuanto al funcionamiento institucional del Concejo, Mandará dijo que “no se asume la gravedad de lo que pasó el 17 de enero, independientemente de la ley, hay que analizarlo en términos morales. Lo que perpetró Compagnoni es la inmoralidad, cambiar un concejal ajeno por uno propio es una inmoralidad”.

La concejala Analía López dijo que “esperaba que el intendente hubiera hecho más anuncios a futuro, más allá de lo que ya se ha realizado, aparentemente es el estilo en su inicio mencionar lo actuado que tiene que ver más con una rendición de cuentas que anunciar los proyectos que son los que tienen interés los vecinos y nosotros como funcionarios”.

Luis Calderaro manifestó que “acordar significa ceder y entender los escenarios y trabajar mucho en llegar a puntos de acuerdo. Hasta el momento no ha sucedido, no ha pasado más que contar un decálogo de números, cuando uno le da significación política puede no ser de la manera que lo plantea el intendente”.

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, dialogó con FM De la Calle luego de la apertura de sesiones ordinarias. Se refirió a la vuelta de las carreras de caballos, la situación de los carritos del Parque de Mayo, al boleto de transporte público, al intento de derogación de las ordenanzas culturales y al asesinato del hincha de Olimpo, Emanuel Castillo.

Sobre este último punto, el edil afirmó que la comuna no fue consultada por el gobierno provincial ni por la policía respecto al operativo de seguridad.  “No hubo consulta, nosotros somos respetuosos de las nuevas autoridades en materia de seguridad y cómo llevan estas cuestiones”.

En cuanto al cierre de los carritos en el Parque, destacó que el motivo es “emprolijar y darles legalidad”. “No solamente había que mejorarlos ediliciamente y en cuanto a la producción de esos lugares gastronómicos sino que legalmente había que renovar las licitaciones”. Consultado por la fecha de licitación señaló: “Eso lo lleva el Ejecutivo”.

Ante las denuncias presentadas por la oposición tras la sesión del 17 de enero -una de ellas en su contra por abuso de autoridad- comentó que “ha sido realizada de la manera que indican las normas vigentes que no es más que un reemplazo de una titular por su suplente que ya había reemplazado en varias oportunidades. Ahora, habiéndose judicializado hay que esperar cuál es la resolución de otros estamentos”.

Compagnoni argumentó que “si llegasen más subsidios que los que indica el estudio de costos, por supuesto que va a influir en futuros reajustes y mejoras al nuevo valor del transporte público”.

Por otro lado, ante la movilización de diversas organizaciones de la cultura por la intención del oficialismo de eliminar el Instituto Cultural y derogar otras ordenanzas que conquistó el sector, el presidente del HCD aseguró: “Me permití hacer un impasse, llamar al Ejecutivo para realizar una mesa de diálogo, para mejorar. Eso se empezó a realizar, hubo distintas reuniones. No te sé decir cuál será el calendario nuevo pero eso es lo que nosotros desde la política queremos llevar adelante.

Por último, Compagnoni comentó que se puso en contacto con las asociaciones proteccionistas que se oponen a las carreras de caballos. “Es una cuestión que tiene que ver con autoridades provinciales. En el momento en el que coordinemos esta reunión nos pondremos al tanto con sus reclamos. Entiendo que estamos todos absolutamente contestes, por eso hemos llamado a una mesa de abordaje desde el Concejo”.

El intendente Héctor Gay abrió esta mañana el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

Compartimos aquí el texto completo del discurso en el cual repasó lo hecho por las distintas secretarías durante el último año y algunas de las políticas que se implementarán en 2020.

Apertura de sesiones período 2020

“Por quinto año consecutivo tengo la satisfacción de pronunciar el discurso de apertura del año legislativo en Bahía Blanca, hecho que siempre renueva expectativas y profundiza nuestro compromiso con el rumbo democrático que nuestro país viene consolidando desde hace más de 35 años. Marca, además, el comienzo de una tarea conjunta con quienes fueron electos en los comicios de octubre último para integrar este cuerpo. Comicios que ratificaron la confianza de la ciudadanía en nuestra tarea, que mucho agradezco. Dejando en claro que si bien tomamos el resultado como un aval a la gestión, con números que no dejaron lugar a dudas, ello de ninguna manera significa un cheque en blanco. Por el contrario, nos compromete mucho más para los próximos cuatro años al frente del ejecutivo municipal.

Ese agradecimiento también va a quienes no nos acompañaron con su voto, por el respeto pese a las diferencias y porque demostramos en Bahía Blanca que se puede hacer una campaña con razonabilidad. Esto también fortalece la democracia.

Hoy no voy a abundar en números y detalles de cada área, porque para ello está la rendición de cuentas que llegará al recinto en pocas semanas y que brindará el detalle pormenorizado de lo actuado en el ejercicio cerrado. Sin embargo, creo muy importante destacar algunos hechos importantes que fueron posible en un año complejo como fue el 2019.

La situación macroeconómica no impidió concretar, con fondos propios, numerosas obras, como 3500 luminarias LED, 130 cuadras de pavimento, nuevo o reencarpetado, 4470 metros de cloacas ejecutadas y otras 3870 en ejecución, 11 plazas con nueva iluminación, 25 con juegos nuevos, intervenciones en los parques De Mayo y Boronat, 3300 metros de nuevas cañerías de gas, entre otras.

La atención de la salud y las políticas sociales fueron prioridades que permitieron aliviar la situación de miles de vecinos. Los números así lo certifican. En las distintas unidades sanitarias fueron atendidas 152.200 personas, con un total de 838.600 prácticas. Se aplicaron 211.000 dosis de vacunas y se realizaron en los móviles de castración animal más de 9800 intervenciones, a pesar de que uno de los móviles fue siniestrado.

Más de 60 mil ciudadanos recibieron ayuda social en sus diferentes programas: 3750 familias con ayuda económica directa, 7600 por mes con la tarjeta social personal, y 203 instituciones colaboraron para distribuir ayuda entre sus inscriptos.

Además el equipo de microcréditos acompañó a cada emprendedor, ofreciendo capacitación y puntos de venta en diferentes eventos municipales. Un centenar de ellos recibió el apoyo en 2019, con excelentes resultados.

Y cerramos el año con unas 400 soluciones habitacionales concretadas, otro programa en que queda plasmado el trabajo conjunto y la solidaridad.

Por primera vez se dio un trabajo mancomunado interinstitucional creando espacios de articulación entre áreas de niñez y salud, para pensar el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes y la salud mental en niñez, en el marco de la protección integral de derechos.

En el Hospital Leónidas Lucero se atendieron en consultorios externos 98.400 personas, en el servicio de guardia 85.300 y quedaron internados 10.800 ciudadanos en el año qué pasó. El laboratorio central atendió 72.600 pacientes y realizó 43.400 determinaciones. Además se hicieron 50 mil radiografías, 10.100 ecografías y 7.600 tomografías. Se efectuaron 3560 cirugías y 4300 prácticas quirúrgicas.

Sobre fin de año acordamos con la dirección del hospital la compra de un moderno tomógrafo, que insumirá unos 450 mil dólares y que será muy importante para la ciudad. También invertiremos más de 15 millones de pesos para modernizar el sistema de calderas del querido hospital que está a punto de cumplir 131 años.

Asumimos el compromiso de acompañar el proceso de mejoras en la calidad educativa y de estar presentes en iniciativas que orientarán a generar una comunidad de aprendizaje con igualdad de oportunidades, propiciando la inclusión educativa, la inserción laboral y el desarrollo creativo de niños y adolescentes.

En el último años se realizaron intervenciones en 89 edificios escolares por más de 175 millones de pesos, incluyendo puestas en valor, ampliaciones, refacciones y adecuaciones mayores y menores, a pedido del consejo escolar.

Solo a modo de ejemplo, hoy tres escuelas de Gral. Cerri están iniciando el ciclo lectivo en edificios que han sido refaccionados en su totalidad. Y ya están en marcha las reclamadas y necesarias mejoras en la histórica escuela 2 de calle Vieytes, donde en esta primera etapa invertiremos unos 25 millones de pesos. Pero además asumimos el compromiso de realizar en esta gestión la refacción integral del edificio, que incluye a la Secundaria 6 y al Instituto Avanza.

Para este año tenemos un listado de obras para 75 escuelas, cuya ejecución dependerá del ingreso de los fondos provenientes del fondo educativo.

Otro concepto de gestión que debe quedar claro, para este Concejo y para la ciudadanía, es el que se refiere a las cuentas del Municipio. Pese al contexto económico mencionado anteriormente, el ejercicio cerró con equilibrio, sin recurrir a ningún tipo de asistencia financiera nacional o provincial.

Sí me parece sustancial poner énfasis en lo que vendrá.

Tenemos bien en claro que la provincia de Buenos Aires tiene realidades diferentes, más allá de la problemática que afecta a todo el país.

Por eso tenemos que unificar esfuerzos, dejando de lado diferencias políticas, para que de una vez por todas el sudoeste bonaerense tenga un programa estratégico integral, donde Bahía Blanca sea líder de una política de estado seria, previsible, planificada y que perdure más allá del gobierno de turno. Debemos posicionar a esta región como un espacio moderno, innovador, equitativo, sustentable y con conciencia ambiental, que persiga la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, el crecimiento de sus empresas y un posicionamiento más allá de nuestras fronteras.

Para llegar a este objetivo es necesario alcanzar el crecimiento sostenido con una mayor diversificación de la matriz económica y productiva de la región, fomentando industrias creativas y de la ciencia y la innovación, enfocadas tanto en el mercado interno como externo, menos sujetas a los ciclos económicos y las crisis recurrentes.

Trabajar para dar respuestas a las nuevas demandas de la sociedad, centradas en mayor participación en las decisiones, mayor rapidez en las respuestas, mayor cercanía de los gobiernos, más y mejores servicios, mayor inclusión y mayor integración regional.

En ese sentido, estamos iniciando diálogos muy maduros y positivos con autoridades provinciales y nacionales, que comparten esta visión. Temas centrales como infraestructura, agua, energía, desarrollo social, vivienda y salud deben abordarse de esa manera, interjurisdiccional. No es posible lograr resultados concluyentes solo desde el ámbito local. Y tampoco sin la previa obtención de la licencia social para los cambios.

La situación social demanda creatividad, responsabilidad y compromiso. Los pedidos son crecientes y los recursos del Estado limitados. A modo de ejemplo, en 2019 de un presupuesto ejecutado del orden de los 7000 millones de pesos, unos 1800 millones fueron solo para atender los requerimientos en materia de salud.

El trabajo en red, que combina la actuación del Estado con la expresión solidaria de organizaciones de la comunidad no es una posibilidad, es una obligación.

En un contexto de restricciones como el actual, es necesario poner foco, más que nunca, en el trabajo coordinado y concurrente de instituciones como el Puerto, el Parque Industrial, la Zona Franca, los municipios vecinos y las reparticiones nacionales y provinciales asentadas en la ciudad para concentrar esfuerzos en el abordaje de situaciones estratégicas, como el abastecimiento de agua, la inversión pública en infraestructura y la privada en emprendimientos productivos que sigan posicionando a Bahía Blanca como uno de los faros del desarrollo nacional.

Bahía Blanca está en buenas condiciones para articular una propuesta de futuro que contemple todos los aspectos inherentes al desarrollo. Pero para lograrlo se necesita la concurrencia en pensamiento y acción de todos los sectores de buena voluntad.

Aun necesitamos definición de los criterios presupuestarios de Nación y Provincia para poder ajustar nuestro propio plan de acción. Pero es fundamental contar con el esquema local de prioridades compartidas para avanzar activamente en la articulación de la estrategia de desarrollo.

En pocas semanas ofreceremos a debate y perfeccionamiento un documento sobre el que hemos venido trabajando con el aporte de estamentos científicos, administrativos y operativos de la ciudad. Necesitamos perfeccionarlo y marcar prioridades acordadas entre todos para que los inevitables cambios futuros, tanto por modificación del clima como por intervención humana produzcan los máximos beneficios posibles con el menor impacto negativo alcanzable.

Uno de los objetivos de este segundo mandato es la creación de nuevos espacios públicos y el mejoramiento de los existentes, porque estamos convencidos de lo importante que es para cada bahiense poder contar con lugares donde disfrutar la naturaleza o hacer actividad física, ya sea en familia o con amigos.

Ya está en marcha un diagnóstico sobre la situación del arbolado urbano, priorizando la seguridad de la población. Y como paso previo a una reforestación planificada, que este año tendrá las primeras acciones, por ejemplo en el parque Campaña del Desierto.

Este año tenemos el desafío de reconfigurar y ordenar el transporte público, a través de una nueva licitación. Para eso hemos conformado una mesa donde todos los sectores de la sociedad estén representados.

También se va a ampliar el mapa de ciclovías, acompañando a los bahienses en el mayor uso de bicicletas que se viene manifestando año a año.

Simultáneamente, desde la Secretaría de Gobierno se está trabajando en la modificación del control de tránsito urbano, buscando una organización que trabaje en el mejoramiento del tránsito vehicular en la ciudad, poniendo especial atención en la educación y en la prevención de aquellas faltas que causan los mayores accidentes viales. Parte de la tarea se realiza en conjunto con el Tribunal de Faltas, para modernizar el sistema de confección de actas por infracciones y contar con un sistema más rápido y eficiente.

Está en marcha un proceso que busca mejorar el tratamiento de los residuos domiciliarios, comenzando con el proceso de separación en origen en algunos sectores del distrito. Para ello es indispensable el pleno funcionamiento de la Ecoplanta de Gral. Cerri, que hoy está comenzando una nueva etapa que confiamos será muy superadora.

Invertimos mucho dinero en la recolección y tratamiento de los residuos urbanos. Pero creemos que hay mucho por mejorar. Estamos colocando en distintos lugares bateas para la deposición de residuos de grandes dimensiones y ramas, buscando erradicar la instalación de microbasurales.

En materia de seguridad iniciamos otra etapa. La mirada del nuevo gobierno provincial difiere del anterior y plantea una mayor concentración del poder en el estado bonaerense. En ese marco tenemos un amplio diálogo y ambas partes coincidimos en la necesidad del trabajo en conjunto, más allá de respetar las responsabilidades inherentes a lo jurisdiccional.

Lo ocurrido en Villa Mitre el último mes no se puede ni debe repetir. Y todos debemos ser conscientes de ello. Y de la responsabilidad que nos compete.

Al respecto, en pocos días llegará a ustedes un proyecto para aliviar la situación de los comerciantes  del sector damnificados por el vandalismo. Aquellos que estén con sus tasas al día tendrán una exención temporaria de los tributos municipales.

Ya pusimos en funcionamiento la mesa de la nocturnidad, convocando a todos los sectores que participan de distintas maneras en actividades durante la noche. Se busca contener y mejorar la convivencia entre los jóvenes, disminuyendo la ingesta de alcohol y la violencia.

La reapertura del teatro Municipal es absolutamente prioritaria. En menos de dos semanas esperamos contar con la apertura de la licitación para los trabajos más delicados en materia de seguridad y electricidad, a los que destinaremos unos 40 millones de pesos.

Queremos que la reapertura sea un hito para los vecinos, con la tranquilidad de que no tendrán riesgos de ningún tipo. Y como eje de una programación cultural más amplia e inclusiva.

Las actividades artísticas y cultural en los barrios con artistas locales, las intervenciones de arte en espacios públicos, la incorporación de la cultura joven y de nuevas expresiones artísticas, las alianzas virtuosas con escuelas  de la ciudadanía e instituciones, proyectos como Los Museos Van a los Barrios o Disfruta Bahía, serán pilares de un año con actividad en crecimiento.

En 2019 más de 17 mil niños y adolescentes encontraron en Infinito por Descubrir el espacio de relación de sus intereses con la tecnología y la creatividad. Pretendemos este año duplicar la cantidad de adolescentes que participan en proyectos concretos.

Lo propio ocurrirá en la Escuela Municipal de Capacitación San Roque. El último año finalizó con 1400 egresados y nuevas instalaciones gastronómicas y en el taller de soldadura, para ofrecer a los ciudadanos la capacitación adecuada, acorde a las demandas del mundo laboral.

En materia de obras, también estamos aguardando las definiciones presupuestarias en los ámbitos superiores. Hemos planteado en Pcia. como prioridades  la concreción de la segunda etapa del camino de  Circunvalación, hasta la rotonda de avenida Cabrera y las obras para solucionar la problemática de la distribución de agua en la ciudad. En Nación la prosecución de la obra de autopista en ruta 33 y El Cholo, una de las diez mas importantes que tiene en ejecución Vialidad Nacional en todo el país.

Con recursos propios, lo más importante será la obra de la avenida Dasso, que esperamos iniciar junto al consorcio del puerto en este mes, la puesta en valor del Teatro Municipal, la creación de un nuevo centro de salud, en la zona de Grünbein y varias obras de pavimento, no solo en Bahía sino también en White, Cerri y Cabildo.

Tenemos una gestión ordenada. Estamos más maduros para encarar los desafíos de un año que se inicia con incertidumbres macroeconómicas y con la expectativa de conocer los lineamientos de crecimiento que fijará el ejecutivo nacional.

Necesitamos de un trabajo conjunto con este cuerpo que beneficie a la comunidad. Y que hagamos la autocrítica necesaria para ir mejorando una administración que, en definitiva, y más allá de los colores partidarios, todos integramos.

Antes de finalizar quiero resaltar un concepto que me parece sustancial para que podamos salir adelante como sociedad. Siempre van a encontrar en mí y en todos mis funcionarios, un equipo dispuesto a alcanzar acuerdos y a trabajar en todas las políticas públicas que sean necesarias para que los vecinos de Bahía Blanca puedan vivir mejor.

De este modo queda inaugurado el período ordinario de sesiones del año 2020″.

El concejal del Frente de Todos, Gustavo Mandará, se manifestó en contra de la vuelta de las carreras de caballos impulsada por el Club Argentino con el aval de la comuna.

En diálogo con FM De la Calle, comentó que “en la Mesa de Abordaje para la Problemática Animal se decidió ampliar una ordenanza para declarar o hacer de Bahía un distrito libre de cualquier tipo de actividad que pueda conllevar el maltrato animal”.

“Había cierta unanimidad en avanzar en ese sentido. Inmediatamente después vino la noticia de las carreras de caballos y nos parece que no conviene en este momento”, afirmó.

Mandará dijo que “no tenemos claro si es el Municipal o si es alguien que es funcionario como Álvarez Porte y está actuando a título personal. No hubo expresión del intendente apoyando, hasta donde sabemos participó de una reunión pero no ha habido una expresión que nos conste, por eso queremos ser prudentes, no me parecería una buena idea reactivar esto”.

Señaló que las organizaciones proteccionistas les hicieron llegar un escrito “manifestando su rechazo a una actitud que no tenemos muy en claro de dónde viene. No tenemos claro si es una iniciativa personal o municipal. No tengo claro si el Concejo tendrá que definir si sí o si no. A título personal me parece contraproducente en este momento y habiéndose superado, uno daba por descontado que la cosa había evolucionado y  quedado en el recuerdo”.

La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal se movilizó frente al palacio comunal para repudiar la condena a la médica Renata Pierini Lerner por el homicidio culposo de Micaela Hernández y Ramiro Gavilán por monóxido de carbono en el Barrio Las Cañitas.

Un jurado popular la encontró culpable por su rol como responsable de la ambulancia que se acercó al lugar y se retiró al no ser atendida. La resolución motivó el descontento tanto de la defensa como del fiscal Cristian Aguilar porque terminó con la absolución del operador del 911, Juan Manuel Sánchez.

El abogado de Lerner, Sebastián Martínez, pidió ayer la nulidad de la causa, La dra. Claudia Fortunatti, titular del Tribunal Criminal Nº2, deberá resolver el planteo y determinar el monto de la pena de la médica.

“Entendemos el reclamo de que se juzgue nuestro accionar. Y como cualquier ciudadano o servidor público estamos expuestos a ello. Entendemos que los pacientes y sus familiares nos griten y descarguen su angustia ante situaciones de gravedad. Entendemos que a veces nos agredan y nos amenacen. Porque eso nos pasa todo el tiempo. Incluso nos golpean, literalmente. Parte de nuestro trabajo es contener y acompañar en momentos de gran angustia bronca y tristeza. Y así lo hacemos”, manifestaron desde la APSM.

Desde las escalinatas de Alsina 65, agregaron: “Lo que no entendemos es que se nos quiera usar como chivo expiatorio de turno. No entendemos por qué se nos exigen resultados infalibles mientras trabajamos en situaciones inadecuadas y desfavorables. La sociedad debe aceptar que no somos dioses ni tenemos poderes especiales. No podemos adivinar el futuro ni ver detrás de una pared. No somos distintos al resto de las personas. No salimos a trabajar con la intención de hacer daño ni tampoco somos asesinos”.

“Por eso, le pedimos a la sociedad que tenga expectativas realistas y deje de ponernos en la cima del Olimpo o en lo más profundo del infierno. Somos personas que dedican su esfuerzo y entrenamiento a hacer el mayor bien posible, para otros”.

Las y los profesionales sostuvieron que “el problema no es una condena desfavorable. El problema es el juicio de un jurado que está compuesto por personas que viven y forman parte de una sociedad hostil y con enojo crónico. Y los profesionales de la salud somos sistemáticamente blanco de ese enojo. Así no se puede juzgar y ha quedado demostrado que de esa manera no se juzga con criterio”.

“Si el fiscal buscaba justicia debió preguntar primero por el responsable de la presencia de monóxido de carbono. Pero no lo hizo. Y después sí vayamos a analizar las responsabilidades que le siguen. Discutamos sobre las comunicaciones del operador y discutamos las responsabilidades del sistema de salud. Pero no al revés”.

“La ambulancia no fue para generar daño. Las ambulancias no salen para hacer daño. Por esto le pedimos a la sociedad y los responsables de impartir justicia que recuperemos la coherencia y seamos realistas con las expectativas del sistema de salud”, afirmaron.

Por último, advirtieron que “no se resuelve nada si solo se busca una condena para quien está para ayudar y se ignora el origen de los problemas. Por esto le pedimos a la sociedad y los responsables de la justicia que recuperemos la coherencia y se juzguen los hechos con la importancia que a cada parte le corresponde”.