Desde Sureando analizaron la situación habitacional del barrio Evita y señalaron que hubo una “explosión demográfica” durante la pandemia. Reclaman la reapertura del Consejo Local del Hábitat, organismo que el Municipio mantiene inactivo desde el año pasado.
Organizaciones integrantes del Consejo Local de Hábitat denunciaron que desde noviembre las autoridades municipales no se convocan a las reuniones del organismo. “Existen recursos estatales adjudicados en diversos puntos del país, pero en Bahía Blanca no se ejecutan por falta de voluntad política y una notoria carencia de gestión municipal”, afirmaron la Mesa del Hábitat, Vamos, Frente Grande G83, Progresistas, PTP, Nuevos Vientos y Cardumen.
Juan Sarai, integrante de Ser Comunidad, dijo a FM De la Calle: “Hemos tenido varias conversaciones con Martín Castro, secretario de Planificación y Urbanización, que es quien tendría que convocar. Tenemos como respuesta que está reestructurando la oficina y por eso no ha podido convocarlo”.
Entre las problemáticas de los barrios destacó “falta de tierras y acceso al crédito para mejoramiento habitacional, infraestructura, calles y pavimentación. Hay un fondo que derivaba de la Ley 14.449 para utilizar en programas y espacios que deberían consensuarse en el Consejo Local de Hábitat para la aplicación y el Municipio lo está utilizando como les conviene a ellos”.
“Desde hace muchos años no se generan en Bahía Blanca políticas de acceso al hábitat popular, se reiteran los asentamientos, se densifican los barrios con necesidades de infraestructura y no se producen intervenciones ni nuevos loteos”, afirma el comunicado de las organizaciones.
Sarai enfatizó que “nunca logramos que nos den un informe completo de en qué se está utilizando, sabemos que se está usando para hábitat popular, para el gas y cloacas del 9 de noviembre salió de ese fondo, estaría bueno que se pueda consensuar en el espacio del Consejo”.
Por último, argumentó que “Tierras Argentinas o Costa Blanca, son barrios que tienen 3 o 4 años que no tienen casi ningún servicio puesto de manera correcta, las instalaciones son precarias y por eso se dan los incendios. Habría que intentar hacer obras en estos barrios además de los que ya tienen muchos años organizándose”.
A principios de marzo varios focos de incendio tiñeron el paisaje patagónico de humo, ceniza y ruinas. “A nadie le quedan dudas de que fue intencional”, dijo a FM De la Calle, Patricia Dambielle, integrante de la APDH Chubut.
Afirmó que “el saldo fueron más de 400 casas afectadas, la mayoría quemadas en su totalidad, hubo pérdidas humanas, gente que todavía está con quemaduras, la gente está reconstruyendo gracias a la enorme solidaridad de todo el país”.
Dambielle aseguró que “el impacto psicológico fue para todos los habitantes porque quienes elegimos el lugar por el contacto con la naturaleza cada vez que cruzamos la zona afectada es un desgarro, y mucho más para la gente que ha perdido todo. Hay gente que es artesana y ha pedido no solo su casa sino su frente de laburo”.
Por tal motivo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos impulsó la campaña Apapachar Patagonia. “Apapachar significa abrazar con el alma, reunimos 2 o 3 voluntaries de cualquier lugar con una familia. Hay apoyos no solo materiales sino emocionales, es impresionante cómo cambia la gente cuando se siente acompañada, es muy lindo lo que se está haciendo en ese sentido”.
25 voluntaries viajaron desde Buenos Aires para ayudar en el proceso de reconstrucción de las viviendas. “Hicieron mingas, ya levantaron unos 20 techos, hoy estaban construyendo las paredes de la casa de un matrimonio mayor”.
Desde la APDH solicitaron al Ministerio del Interior informes sobre las partidas presupuestarias enviadas. “Nos dijeron que se había girado 200 millones de pesos, iban a poner unos módulos provisorios de viviendas, son unos 20 que todavía están sin vidrios. Se entregan en concepto de comodato, después los van a tener que devolver. A la gente que perdió parcialmente la casa tienen habilitados hasta 400 mil pesos para construir y para los que perdieron al casa completa les ofrecen a tasa cero un crédito, tienen que cumplir requisitos y cuando se anotan muchos, va a sorteo”.
Mientras tanto, “a algunas familias les han facilitado el pago de alquiler algunos municipios y el resto se arreglan con amigues, gente solidaria que les ha ofrecido espacio, muchos hicieron refugios y otros están construyendo en el lugar donde perdieron las casas”, comentó Dembielle.
“Las casas que se hacen voluntariamente son de permacultura, con barro, son bastante térmicas, se están haciendo las estufas tipo rusa y cuando logramos que estén cerradas las casas se ponen más calentitas. Se apunta a que sean viviendas permanentes, el diseño que hicieron arquitectos de manera voluntaria permite ampliación a futuro. Tienen living comedor, cocina con un baño y un dormitorio y después dala posibilidad de ampliar, se subsana el tema inmediato pero se prevé una casa permanente”, dijo.
Por donaciones o para participar de Apapachar Patagonia pueden comunicarse con Patricia al 294 410 99 44.
Foto: Télam.
Un hombre que se presenta como dueño y encargado del predio hace varios meses comenzó a hostigar a un grupo de vecinos y vecinas de la toma de Don Bosco al 3900, en particular a Claudia quien se encuentra en el lugar intentando levantar su casa.
“El señor Manuel Contreras vive hostigándome, amenazándome, que me va a romper la cabeza, que me va a mandar gente para que me golpee y me lastime. La semana pasada vino y me amenazó que me va a mandar gente a que me mate porque dice que el predio es de él”, contó Claudia a FM De la Calle.
Acudió a la policía en varias oportunidades aunque no tuvo respuestas. “Quise hacer la denuncia el jueves pasado cuando vino a amenazarme, en la comisaría no me la quisieron tomar, en la de la Mujer me dijeron que como no era algo conyugal no me la tomaban. Me mandaron de nuevo a la Quinta, ahí no estaba el señor que toma las denuncias, me dijeron que mandaban un móvil y no mandaron nada”.
“Estoy con miedo, vivo aterrada, psicológicamente me está haciendo mucho mal. El otro día llamó a la policía por disturbios y yo estaba con la pala. Vive hostigándonos y amenazándonos. Quiero hacerlo público porque tengo miedo. Quiero que se aleje y no se acerque a molestarme”, enfatizó.
Carina, otra de las vecinas, dijo que quieren “dejar en claro que nunca nos movimos, tenemos más de 5 familias en situación de calle que ya están viviendo acá porque no tienen donde ir. Hay gente que se enganchó de la luz porque no nos dan los servicios. Esperando tener respuestas desde lo legal, la Municipalidad nunca se acercó a hablarnos”.
Más de un centenar de familias sin vivienda intentaron este martes tomar tierras en Pacífico al 3300. Hoy fueron desalojadas por la Policía Bonaerense.
El supuesto dueño de los terrenos, Gustavo Ionni, había intentado echar a las familias el mismo lunes. A su vez, difundió mediante La Nueva Provincia una foto del dirigente del Partido Obrero, Néstor Conte, a quien denunció como organizador de la toma.
“Es una operación de prensa tratando de recaer sobre un militante de izquierda y no sobre el problema que es que la gente esté saliendo a tomar terrenos”, dijo Conte a FM De la Calle.
Contó que “apareció un individuo hablando en algunos medios que aparentemente es el dueño pero no tiene el título. Supongamos que fuera el dueño, tenemos un problema que es que los que tendrían que hablar en los medios son políticos y concejales. En Bahía se necesita un banco de tierras ociosas públicas o privadas para afectarlas a la construcción de viviendas populares”.
Conte dijo que el problema habitacional “es muy grave, entonces la gente ha decidido tomar esos terrenos que están abandonados con la idea de construir y hacer algo que dé una respuesta o solución al hacinamiento que viven miles de bahienses”.
“No hay ninguna política de Estado, lo único que hacen los poderes constituidos es mandar una orden de desalojo. Escuchando el discurso de Gay en la apertura de sesiones, habló de un futuro maravilloso con inversiones pero los problemas concretos son la pobreza, la marginalidad, la falta de vivienda y comida. Miles y miles de trabajadores son pobres”, finalizó.
Foto: Telefé Bahía
Desde hace un año, alrededor de 400 familias esperan por un plan que les permita acceder a las tierras que ocupan en Don Bosco al 3900.
Parte de los lotes habían sido entregados en comodato por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado a la Unión Ferroviaria para la construcción de viviendas. Eso nunca ocurrió y vecinas y vecinos comenzaron a lotear.
“Estamos organizados, hemos hecho manzanas, somos más de 390 familias. No supimos más nada del Ferro, nunca se comunicaron, tampoco la Municipalidad, han firmado un acuerdo para ceder las tierras a la gente que está ocupando. Seguimos como al principio”, comentó a FM De la Calle Carina, una vecina del barrio .
A principios de marzo, el Municipio informó sobre la firma de dos convenios con el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura (TAI), Alexis Guerrera, para el uso de tierras ferroviarias. El primero se trata de un predio ocioso que será utilizado para la construcción de instalaciones y desarrollar actividades de protección ambiental. En el segundo, las tierras serán destinadas a la inclusión social a través de proyectos deportivos.
Carina agregó que una “parte iban a ceder para emprendimientos y otra parte para viviendas, supuestamente a quienes estamos ocupando no nos iban a mover. La Unión Ferroviaria tenía 5 años para hacer un proyecto de vivienda y por lo que tengo entendido nunca se hizo por presupuesto”.
Las familias decidieron comenzar a lotear los terrenos para intentar obtener la conexión a los servicios. “En Tierras Argentinas están conectados a la red de Puertas del Sur, mucha presión de gua no hay. Del lado de Don Bosco no se han podido enganchar porque nos denuncian. Están la mayoría a vela” .
Muchas familias viven precariamente “porque tienen miedo que los saquen, y muchas por la pandemia y la desocupación ya se fueron instalando”.
“Hay gente que alquilaba y que con la desocupación no les quedó otro remedio que ocupar. Hay gente desocupada, otros que tienen su trabajo pero alquilan y hay muchos que no les da el presupuesto para seguir alquilando”, dijo la vecina.
Comentó que “seguimos con el merendero, estamos todos los sábados desde las 16 en Pampa Central y Calvo. Recibimos donaciones, ropa, alimento, chapas, tirantes, todo sirve”.
Mañana vence el DNU firmado por el gobierno nacional que establecía un congelamiento de alquileres y suspendía los desalojos. Las familias que hayan acumulado deudas tendrán hasta 12 cuotas para ponerse al día.
“De acuerdo al INDEC, en los 31 aglomerados urbanos principales de la provincia, son 1 millón 700 mil los hogares en los que hay inquilinos, con más de 5 millones de personas. Es un universo muy amplio que puede estar afectado a partir del descongelamiento, una medida excepcional que tiene consecuencias con otras como la pérdida de poder adquisitivo de los inquilinos”, señaló el defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello.
Agregó que un estudio de la Universidad de San Martín determinó que casi 8 de cada 10 de esos inquilinos se encontraba endeudado. “No específicamente con los alquileres sino en términos generales. Con el descongelamiento a aquellos inquilinos que no actualizaron, les van dar la posibilidad de pagarlo entre 3 y 12 cuotas. Si bien el decreto dice que no se pueden aplicar punitorios sí pueden aplicarse intereses compensatorios”.
Respecto a los garantes explicó que “la situación de imposibilidad de desalojo por finalización de contrato no cercena sus obligaciones. Estamos en una situación bastante compleja”.
Por otro lado, mencionó que “en algún punto hay que salir de este congelamiento porque de alguna forma tiene como implicancia que propietarios digan yo no alquilo más o que suban los precios, eso limita al mercado”.
La medida que se propuso ante el término del congelamiento es un registro de desalojos pero “cuando ya se llega a un desalojo la situación es crítica porque probablemente la persona no tenga la posibilidad de formalizar un nuevo contrato. La ley nueva es más benigna para inquilinos, están regulados los honorarios, el problema sigue siendo de ingresos y ahí es donde vamos a tener mucho trabajo”.
Martello recomendó “establecer un canal de diálogo con el propietario. En caso de no llegar a un acuerdo, llamen a la Defensoría. Vamos a ofrecer un área de mediación para los casos particulares”.
Para los contratos que se firmen bajo la nueva ley el funcionario destacó que los contratos pasarán de dos a tres años de duración y que los aumentos deberán respetar un índice que elabora el Banco Central.
El Consejo Municipal de Hábitat realizó su segunda reunión presencial del año. Participaron diversas organizaciones, algunas de ellas integrantes del Colectivo #VillasEnAgenda, las cuales expusieron sobre las prioridades de los asentamientos de la periferia.
“Había un pre proyecto que presentaba Ser Comunidad y Cáritas por unos lotes con servicios en Talleres Sur y la Municipalidad presentó un plan de planeamiento para la generación de suelo, básicamente utilizando herramientas de la Ley de Hábitat”, afirmó a FM De la Calle Diego Dorcazberro.
El referente de Sureando agregó que “la idea era pasar suelo nacional y provincial al Municipio. Se abrió finalmente la cuenta de Hábitat, donde irían impuestos que se van a generar a las viviendas sin uso o a los terrenos que se usan para especular”.
Dorcazberro mencionó que “hasta ahora no existía la cuenta, hay una ordenanza del 2016 que adhiere a la ley provincial, la idea es que se generen esos fondos y se usen solo para proyectos de este Consejo”.
“Para generar suelo no se necesita plata sino decisión política. La ley lo que dice es que por la concentración de suelo hay pocos que tienen muchos terrenos. A medida que la ciudad fue avanzando, se fueron poblando las zonas, el Estado invirtió en infraestructura y el valor del terreno empezó a subir. Esa plusvalía se la queda solo el especulador si el Estado no interviene”, apuntó.
Por otro lado, el dirigente comentó que están intentando abrir el Registro Único de Postulantes: “El Estado lo que hace es generar suelo, por el lado de la demanda se necesita abrir el RUP, el gobierno no quiere abrirlo porque sabe que se va a desbordar. Con Sureando hicimos dos relevamientos en Talleres Sur y Evita, lo que saltó a la luz es que hay dos Bahías, la Bahía del centro y la Bahía de villas y asentamientos”.
María del Rosario Fernández integra la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y asesoró a las familias que llevaban adelante la toma en Guernica, que terminó en represión. “Estábamos por firmar un acuerdo, el miércoles (28 de octubre) dos y media de la tarde, sentados en los gazebos que había armado el Ministerio de Desarrollo, a unas cuadras de la municipalidad de presidente Perón. Estaban las organizaciones, los representantes, abogados, el ministerio de Desarrollo, el de Justicia, el subsecretario de Hábitat. Lo que nos dice el ministro Larroque es: yo tengo que sacar gente hoy, ya mañana no puedo garantizar, mañana a las cero horas cambia de ministerio, sale de Desarrollo y pasa a Seguridad. Obviamente que no pudimos firmar porque esto es un conjunto, no es que salvamos a unos y otros no”.
En este nota, la letrada explica a FM De la Calle, paso por paso, cómo una negociación en la que el conjunto estaba interesado en llegar a un acuerdo pacífico, terminó en el desalojo encabezado por Berni, reuniendo material para su spot de campaña.
Cuando se habla de la toma en Guernica, se trataba de “cien hectáreas que se habían divido en cuatro barrios: La Unión, La Lucha, 20 de Julio y San Martín”. El plan que estaban por implementar era “primero sacábamos La Unión que era e lbarrio más chico y después nos teníamos que seguir reuniendo para ver cómo íbamos evacuando al resto de la gente. Pero si vos me decís yo hoy saco a la gente de La Unión y mañana entra Berni… Si no garantizás la seguridad de la gente que queda no podemos firmar nada. Si nos vamos bien, nos vamos todos”.
En diálogo con el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, la abogada le preguntó qué pasaba que ya no se podía esperar más. ¿Qué habría sucedido? “Me dijo: doctora saque a los buenos. Yo le dijo son todos buenos, no sé a qué a que te referís. Y no nos dio ninguna alternativa. Suponemos que algún tipo de presión de los propietarios o la señora intendenta de Presidente Perón han presionado para que esto se termine”.
Solución política o criminalización de la pobreza
“Cuando apelamos, en verdad, pensamos que la Cámara, con criterio, iba a cajonear la causa porque iba a decir esto es un problema político. No podemos solucionar el problema habitacional de la República Argentina, que tiene décadas, con el código Penal”.
Según el censo había mil cuatrocientas cuarenta familias que, de haberse ingresado al acuerdo, accedería a lotes y acompañamiento.
“La toma estuvo organizada con delegados del barrio que vivían en la toma y después muchas organizaciones políticas que tenían militantes dentro de la toma que asistieron con atención médica, llevando ropa, comida. Después quedaron al frente de la negociación y que son las que llaman a La Gremial. Cuando llega el tema jurídico y viene el desalojo nos llaman y ahí empezamos la negociación. Fue muy complejo por la cantidad de actores intervinientes. Todos querían lo mismo”.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires responsabilizó al Polo Obrero de no haber podido llegar a un acuerdo. Al respecto, Fernández pidió “que deje de darle entidad el gobierno a un solo partido que opinó distinto, se apartó, pero no molestó. Si no el fiscal no decía que no, el acuerdo iba a estar, haya estado de acuerdo el Partido Obrero o no”.
“Hemos escuchado tantas ridiculeces. Yo estuve en el medio del conflicto. Cuando entraron y me golpearon me llamaron del ministerio para decir que me retire. Yo tengo que estar acá con ellos”.
Desde la provincia también se dijo que las organizaciones de izquierda utilizaban máscaras y gases, y que el gobierno no lanzó “ni un solo gas”. Para la integrante de La Gramial, “escuchar un Berni que diga que la izquierda tiene gases lacrimógenos…. O se le escapan algunas cositas o está mintiendo. En un momento de la confrontación la gente de toma le devolvía a la policía los gases lacrimógenos y la policía les devolvía las piedras. En ese momento la policía tuvo que retroceder más de dos cuadras porque no tenían máscaras. Además hizo mucha seguridad en la toma así que no puede decir que no sabía lo que había en la toma. En la toma no había nada de eso y la izquierda no tiene esas cosas. Si no hubiera hecho la denuncia y le fiscal interviniente hubiera hecho detenciones. Es mentira, si no Berni ya lo hubiera hecho todo esto”.
“Yo creo que son sumamente desafortunadas las palabras del ministro Larroque y le quita brillo a todo lo que hizo su ministerio porque uno no puede dejar de reconocer que ellos han hecho mucho trabajo en Guernica. Han puesto mucho. Hasta el miércoles había interés de ministerio de acordar. La Justicia dijo: se terminó el crédito. Algo pasó”.
Respecto del rol de la intendenta de Presidente Perón, Fernández sostuvo que “nos dijo claramente que tenía que cuidar los intereses de los countrys y que había puesto los fiscales de su riñón. La Justicia en la provincia y la policía local están mandados por los intendentes que son sherrifs en los lugares”.
¿Se podría haber evitado?
“Berni responde a Kicillof. Es muy corto. Me pasa lo mismo cuando necesitamos traslados en el servicio penitenciario y dicen que no tienen combustible, no llego a juntar la cantidad de hombres, no llego con los micros. Me lo dijo hace veinte días. Excusas, podrían haber puesto un montón. Y Kicillof podría haber dicho yo quiero una solución pacífica, lo llamo a Rizzo y le digo yo entiendo la independencia de poderes pero denos quince o veinte días más. Pero hay que ponerse los pantalones largos para eso”.
Por último, Fernández dijo que “lo que tienen que mirar los dirigentes es que la gente está peleando por un pedazo de tierra para vivir, no por un country. Nada más ni nada menos que por eso”.
“Acá se está armando la sociedad de fomento”, cuenta Silvano mientras lleva en su moto a la cronista de FM De la Calle en una recorrida por los terrenos de la toma de Don Bosco al 4100. A la izquierda, un cartel que dice “Nueva Esperanza” abre las puertas de un cuadrado de chapas y palets sin techo: “Ese es el merendero”.
El contraste es significativo. De un lado asfalto, supermercados mayoristas, ruta, camiones, obras. Detrás: 22 hectáreas, más de 300 familias, algunos ranchitos de chapa, un terraplén, ni un poco de sombra.
“Hay mucha gente precaria, que se quiere venir a vivir acá, gente que la pandemia la dejó en la calle, muchos compañeros vienen a pasar la noche acá, mucha gente con necesidades”, dice Silvano. Tiene tres hijos y trabajo pero con lo que gana no puede acceder a un crédito.
Carina tiene uno de 16 y el más chiquito de cuatro que llegó a la esquina de su mano y se puso a jugar con una rama. “Hay mucho apriete, han prendido fuego ranchitos, no sabemos quién. La Federal cayó hace cuatro meses intimando y yendo a la casa de la gente, cayendo en los trabajos. Hemos visto que la Unión Ferroviaria nos saca fotos, vienen, se paran con la camioneta cerca de nosotros, nos filman”.
Las tierras pertenecen a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). La Unión Ferroviaria las recibió en comodato hace años con el compromiso de construir un complejo de viviendas, sin embargo, solo instalaron algunas canchas y piletas. El contrato se vence a fin de año.
“Cuando la Unión Ferroviaria empezó a actuar puso vigas de cemento con arena para que no pase ningún vehículo, vino la policía, llevó a cuatro compañeros presos. Se logró de común acuerdo sacarlo”, dice Silvano frente al terraplén ubicado en el acceso por Don Bosco.
La causa pasó a la justicia federal, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez no pidió el desalojo pero ordenó la intervención de la Policía Federal.
“Estamos movilizados para ayudar a la gente que está viviendo, gente que necesita, se han venido con lo puesto. Antes podíamos alquilar y ahora no, la mayoría estaba con changas, somos todos laburantes, no somos vagos que queremos algo de arriba, se propuso poder pagar y nadie dio respuesta”, cuenta Carina.
En marzo llegaron las primeras familias y el lugar comenzó a poblarse. Palos, cordones, cintas y bolsitas hacen las veces de división entre lote y lote. Algunes ya empezar a hacer el pozo ciego para el baño. Hay quien puso puertas y ventanas. A lo lejos se ve un cordel de ropa.
Un grupo de madres comenzó a cocinar para todo el barrio. El fin de semana repartieron arroz con leche. En los merenderos todos los días se reparte algún plato de comida, para grandes y chicos. Con la llegada del calor incorporaron el reparto en carretilla de botellas con agua congelada.
No hay servicios, no hay agua para lavarse las manos y hay pandemia. Cecilia tuvo Covid: “Mis hermanas y yo nos contagiamos, los vecinos y familias cercanas nos dejaban cosas de higiene. De lo que es Municipio no apareció nada. En Tierras Argentinas también se contagió un montón de gente. Mi marido es de riesgo, no lo dejo salir”.
“La Municipalidad hace la vista gorda, somos ciudadanos, acá tiene que venir tanto el intendente como concejales a hablar con nosotros, somos personas que podemos hablar con cualquiera, queremos tener un lugar para hacer una casa y criar a nuestro hijos”, agrega Silvano.
Carina relata que para Gustavo Avellaneda, abogado de la comuna y flamante delegado de Ing. White, “tenemos que estar todos presos porque somos delincuentes”.
“Mucha gente piensa que somos oportunistas, que nos dedicamos a esto. Es toda gente laburante. Hay mucha gente que está esperando que se venza el contrato de alquiler para venir, comprar chapas sale caro, a la noche a veces al estar a oscuras, te vienen a robar”, comenta.
“Así andamos, peleándola para poder tener un techo para mis hijos”, se lamenta Cecilia.
Guernica no es la única localidad en la cual centenares de personas claman por una vivienda digna. En Bahía Blanca, más de 300 familias se organizaron en una toma pacífica detrás del supermercado Yaguar en Don Bosco al 2200.
“Habían recibido notificación de la Federal de que habría amenazas de desalojo. En realidad no hay cambios en la causa hasta este momento. Ulpiano Martínez parece que como antes mandaba a la Bonaerense para amedrentar ahora manda a la Federal, pero no hay orden ni plazo de desalojo”, señaló a FM De la Calle, Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la CTA.
Sobre los ataques a la militancia que acompaña a familias que reclaman su techo, el dirigente afirmó que “parece que la gente que tiene necesidad y se organiza es una asociación ilícita. La mejor forma (de reclamar) es de manera solidaria y no de forma individual. Seguramente ese discurso está apuntado a que cada cual resuelva individualmente, es parte del discurso de la derecha que usa cualquier argumento para sostener sus privilegios”.
Argumentó que intervendrá la abogada de la central para cambiar el fuero de la causa a la justicia ordinaria: “No hay delito de usurpación, en todo caso los interesados deberán hacer la denuncia en la justicia civil previendo el desalojo pero no en al penal”.
Las familias y la CTA tienen una reunión pendiente con el secretario de Gobierno, Adrian Jouglard, quién debió aislarse por Covid 19 el día en que estaba pautada. “Hace una semana que insisto pero nos están caminando y no nos dan respuesta. Vamos a insistir en eso y en la cuestión judicial a ver si podemos parar esto”, comentó Patrignani.
El gobernador Kiciloff afirmó que el desalojo en Guernica fue “cuidadoso”. Para Patrignani “es lamentable que alguien que se dice parte de lo nacional y popular tengan estos argumentos. Kiciloff sigue sosteniendo a Berni que es el que encabezó la represión y que también ha venido mintiendo en el caso de Facundo. Hay dentro del kirchnerismo sectores que están pataleando por este rumbo que esta tomando el gobierno”.
Agregó que “lo de Guernica, el caso Etchevehere, es típico, parece que tiene más poder el judicial que los políticos y la necesidad de la gente.
Por otro lado, me parece que el modelo está cediendo a la presión de los sectores de poder en todos los frentes, frentes a los avances de la derecha está concediendo cada vez más”.
Tras una reunión con Luciano Scatolini, subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, los concejales del Frente de Todos, Walter Larrea y Luis Calderaro, presentaron un proyecto de ordenanza para adherir al Plan Nacional de Suelo Urbano.
“Lo que busca es que el gobierno municipal adhiera e implemente la creación de bancos de suelo, un registro de suelos de dominio público ya sea municipal, provincial o nacional y que el Municipio vaya apropiándose de un número de lotes que están ociosos y abandonados y que en muchos casos tienen un fin especulativo”, comentó Larrea a FM De la Calle.
Agregó que “esto posibilitaría que el Municipio pueda desarrollar una política habitacional y que tiene que ser programada, planificada, contemplar que los lotes a urbanizar tienen que ser con servicios básicos, apuntando a construir una ciudad justa, inclusiva y para muchos sectores de la informalidad que no califican como sujetos de crédito para programas destinadas a otros sectores, planes PROCREAR u otras líneas comerciales”.
Larrea mencionó que “la toma de tierras no es la solución ni la respuesta más eficaz. Del mismo modo la penal no es la respuesta para la ocupación indebida de tierra. Tendríamos que discutir si la ocupación de lotes abandonados constituye un delito”.
“Para mí la ocupación de tierras ociosas no encuadran en el delito de usurpación calificado en el 181 del Código Penal e incluso las respuestas de desalojo o de expulsión de los ocupantes no estarían contemplando recursos y soluciones que tiene la justicia enmarcados en los propios códigos”, señaló.
Por último señaló que “la respuesta punitiva de aplicar el Código Penal y el desalojo como respuesta única lo único que hace es generar más conflictividad social”.
Familias de la toma de tierras ubicadas en Don Bosco al 3900 se manifestaron frente al Municipio y reclamaron una reunión con las autoridades luego de que el viernes la policía detuviera a cuatro personas.
“Lo de siempre, la policía pasó a identificar a gente que ya está viviendo en la toma y la llevó detenida supuestamente para notificarlos. Estuvieron casi 4 o 5 horas detenidos, la gente obviamente que va a estar en el terreno porque ya están viviendo ahí”, mencionó Cecilia a FM De la Calle.
Según informaron más tarde, las familias pudieron establecer contacto con funcionarios de provincia encargados del área de acceso al Hábitat.
Cecilia comentó que la Unión Ferroviaria “volvió a tapar con un montículo de tierra la calle que pasa y comunica con tres barrios. Piensan que así nosotros vamos a abandonar, el que la necesita sigue yendo y sigue poniendo cosas. De ahí no nos vamos a ir por más que llamen a quien llamen, estamos pacíficamente”.
“La Unión Ferroviaria sigue en la misma postura, dijeron que van a seguir firmes y que se van a seguir haciendo las cosas por abogados. Lo único que pudimos obtener fue un papel de la ADIF en el que dice que no son de los ferroviarios las tierras sino que son del Estado que se las está prestando como un alquiler”, agregó.
Afirmó que ya hay seis familias viviendo y que “hemos contado hasta 300 que vamos y venimos. La cantidad de ranchos que se han hecho son muchos, la gente quiere venir a vivir porque no tiene donde ir”.
Las familias de la toma en Altos de Independencia no pudieron llegar a un acuerdo con los dueños de los terrenos porque es “impagable lo que están pidiendo”.
Se trata de 150 familias que permanecen en las tierras ubicadas en Fragata Sarmiento y Fournier . “Habíamos pedido contactarnos con los dueños, hablamos y resulta que lo que pasó fue una locura. Nos dijeron que nos iba a dar cuotas y precios accesibles y fue todo lo contrario”, señaló Yanina a FM De la Calle.
“La mayoría de acá depende del día a día, son jornaleros, albañiles, amas de casa, nos dijeron que la propuesta iba a ser accesible, nos pidieron una entrega de 120 mil pesos y 18 cuotas de 22 mil pesos y si no nos pedían lo que sea que tuviéramos a nuestro nombre en forma de pago”, comentó.
Agregó que “acá nos vamos a quedar hasta que tengamos una respuesta. Se nos rieron en la cara. Le dijimos el monto que podíamos pagar y se nos rieron en la cara. Nos bloquearon en WhastApp cuando le dijimos la propuesta”.
El acuerdo que ofrecen los vecinos es pagar el terreno a 10 años. “Podemos pagar 5 mil pesos por mes. Estamos todos cuidando nuestro lugar porque lo queremos, lo necesitamos, hay chicos, hay personas con chicos con discapacidad que no pueden pagar el alquiler”.
Por último, destacó que “sabemos y tenemos en claro que esto está mal pero necesitamos. Esto está hace años acá, esto es un basural. Nos tomaron el pelo, se nos rieron en la cara y fue una locura. Queremos llegar a un acuerdo al que todos podamos acceder”.
Familias de la toma de Don Bosco y Pampa Central se reunirán el lunes con representantes de la Unión Ferroviaria, gremio que se presentó como propietario de los terrenos.
“Somos más de 300 familias y pudimos conseguir una reunión que venimos pidiendo hace semanas porque no se presentó nadie, solo intimidan con denuncias a gente al azar. A mi cuñado le hicieron la denuncia de que es el supuesto puntero y le cayó Gendarmería a la casa cuando no tenía nada que ver. Estamos pacíficamente y solamente queremos un terreno para vivir dignamente”, comentó Cecilia a FM De la Calle.
Agregó que “Gendarmería ha ido hasta la puerta del trabajo de mucha gente, dicen como que hay gente que está repartiendo terrenos. Somos familias necesitadas, no nos quedó otra que hacer esto. La gente está dispuesta a tener un diálogo con la Unión Ferroviaria y si hay que pagar los terrenos no tenemos problemas, necesitamos que sean cuotas accesibles. Nos tratan de vividores pero somos gente trabajadora, albañiles, niñeras, no estamos en blanco y no tenemos cómo cumplir los requisitos del PRO.CRE.AR.”.
Días atrás, particulares no identificados cerraron la calle Fanny Fideleff de Nijamkin bloqueando el tránsito que va de Don Bosco hasta el barrio Tierras Argentinas.
“Dicen que es porque no es una calle formal, para el lado de los terrenos nos pusieron montículos de tierra. Nadie se ha presentado a charlar con nosotros y solamente a intimidarnos y diciendo que amenazamos. Nada que ver porque nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo”.
La toma permanece desde hace casi cuatro meses, “ahora dicen que son dueños pero nadie presentó un papel. Apareció un dueño de uno de los terrenos, presentó papeles, hablaron bien y la gente pacíficamente se retiró”.
“Gracias a la gestión de Héctor Gay estamos haciendo lo que hacemos. Esto del déficit habitacional no es de ahora, esto viene hace rato, y nadie se hace cargo, y cuando alguien empieza a moverse ahí hacen algo”, comentó la vecina.
Afirmó que se encuentra con su familia: “Somos cinco, estábamos alquilando, mi marido es persona de riesgo, doble operación de riñón, la única que mantiene todo soy yo. Así como yo hay mucha gente, nadie nos da respuesta y lamentablemente nosotros no nos vamos a mover. Hay que pelearla y seguir aguantando sin luz y sin agua. Tampoco podemos pagar un alquiler y con los chicos es complicado”.
Vecinos y vecinas de la toma de tierras detrás del supermercado Jaguar se reunieron con el abogado del Municipio, Gustavo Avellaneda. Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la CTA también participó de la reunión y comentó lo charlado en FM De la Calle.
Expusieron “la situación de necesidad que se agravó con la pandemia, que muchos están sin trabajo, que no es solo un problema local. Avellaneda plantea que la Municipalidad lo que puede hacer es entregar tierras si tiene posesión, lo ha hecho en la toma de Arias. En este momento no tienen y están avocados a conseguir tierras y que el mecanismo es que a propietarios que tengan deudas se las cobran a partir de la cesión de terrenos” .
Por otro lado Avellaneda expresó que “claramente que se esta cumpliendo un delito porque la Constitución garantiza el derecho a la propiedad, y que en este caso esta judicializado, que no vivimos en un país socialista, etc. La reunión termino abruptamente cuando dijo estoy con la postura de Berni el que usurpa tierras tiene que ir preso”.
Patrignani argumentó que “la Constitución de la Provincia dice que el Estado deber garantizar el acceso a la tierra y me dijo ‘reclámele a Kicillof’. No es menor cuando un gobierno en lugar de negociar alguna solución te plantea que la política es el que toma tierras tiene que ir preso, es todo una definición”.
Agregó que “la gente sigue ahí, nos comprometimos en iniciar una acción judicial. nuestro abogado es Aparicio y en estos días esta complicado. Primero hay que definir claramente de quién es la propiedad de la tierra, nos llama la atención que siendo propiedad de la Unión Ferroviaria actué la Justicia Federal”.
Ante la pregunta de Patrignani por ver cómo se resolvía, Avelleneda respondió que “cuando nos enteramos de una ocupación, denunciamos ante la fiscalía, el juzgado o le avisamos al propietario. No existe ninguna preocupación por resolver el problema”.
Vecinos y vecinas que llevan adelante una toma de terrenos detrás del supermercado Jaguar se presentaron en el Municipio pero no les permitieron el ingreso ni fueron recibidos por ningún funcionario.
“Somos 150 familias, fuimos a ver si alguien nos podía atender y darnos una respuesta de algo, nos paró la Policía en la puerta y nos dijo que no podía ingresar nadie”, comentó a FM De la Calle Francisco Rodríguez.
Dijo que “las familias son vulnerables, generalmente numerosas, mujeres solas con chicos, que no tienen posibilidad de pagar un alquiler, al PRO.CRE.AR no pueden acceder porque no tienen recibo de sueldo y no te da el sueldo para pagar un alquiler. La única alternativa que tenemos es tomar un terreno”.
Rodríguez comentó que limpiaron los terrenos y comenzaron a aparecer más familias. Las tierras pertenecerían a Ferroexpreso Pampeano.
“Vamos a seguir insistiendo y nos vamos a quedar en los terrenos. Yo voy a a ser uno de los primeros que me voy a ir a vivir ahí. Estamos haciendo construcciones precarias porque todavía no hay luz, iba a empezar a hacerme algo de cerco recuperable, porque tengo dos hijos y mis señora y no tengo donde vivir”, señaló.
Aseguró que no quieren “conflictos con nadie, nos estuvieron ensuciando diciendo que vendíamos tierras, en redes sociales nos han tildado de chorros, no nos queremos meter en eso porque no queremos problemas, queremos soluciones”.
Luego del faltazo a la convocatoria del Consejo Local de Niñez para exponer sus medidas para un eventual segundo mandato, Héctor Gay tampoco concurrió a una reunión con organizaciones sociales a escuchar propuestas en torno a las emergencias alimentaria y laboral y la política de hábitat.
Rodolfo Viano, integrante de Curas en Opción por los Pobres, dijo a FM De la Calle que “queremos tratar de que se instale en la agenda pública, en la agenda de la campaña, la situación de la periferia con políticas concretas de corto, mediano y largo plazo”.
“Nos dimos medianamente satisfechos porque vino la mayoría de los candidatos, participaron tres de cinco. En el caso de oficialismo no hubo ninguna explicación, del FIT hubo una comunicación informal de que justificaban una cuestión de horarios”.
El sacerdote comentó que “se dio una conversación interesante en la se expusieron sintéticamente los diez puntos del documento. Las posturas fueron muy favorables. Estamos en camino a una democracia participativa donde los que sí tienen voz tiene que tener la oportunidad de poder expresarla”.
Respecto al pedido de la Banca 25, Viano señaló que “no tenemos respuesta todavía. Hoy se acercaban a la presidencia, la semana pasada los convocaron desde la Comisión de Asuntos legales y se dieron las explicaciones del oficialismo que ponían algún reparo en otorgarla”.
“Sinceramente te digo cuando en las propagandas locales aparece la oportunidad de ocupar la banca me indigna un poco esta situación que se da, una cosa es la propaganda y otra es lo que en concreto se va dando. Desde el 19 de septiembre que se viene reclamando”.
“En realidad si hubiera algún temor de que vamos a bajar línea, a armar alguna revuelta, es totalmente infundado. Lo que vamos a hacer es poner sintéticamente los puntos concretos de los reclamos. No estamos pretendiendo estigmatizar a nadie”, finalizó.