Luego de la escalada del dólar que llegó a superar los 23 pesos, el gobierno se vio obligado a salir a calmar las aguas mientras que el Banco Central efectivizó un paquete de medidas para subir la tasa de política monetaria al 40%. Eduardo Lucita, integrante del Colectivo de Economistas de Izquierda, analizó la situación en el aire de FM De la Calle.

Afirmó que el problema financiero “corrió el velo sobre la debilidad de los fundamentos del programa económico del gobierno. En esta disputa ganó el mercado internacional porque la presión fue muy fuerte luego de que Estados Unidos decidiera subir la tasa de interés”.

También aseguró que la idea que quiso dar el gobierno “es que finalmente se acabó el gradualismo. Hasta ahora era un ‘gradualismo sui generis’, porque en las tarifas se utiliza una política de shock (la antítesis). Hay una embestida muy fuerte de los poderes financieros internacionales y de los gurúes de la city de que hay que aplicar una política de shock fuerte en general”.

Sobre los dichos del secretario de Comercio, Miguel Braun -“subestimamos el pase de la devaluación a la inflación y el impacto de las tarifas”- aseveró que “se va a transmitir rápidamente a los precios –especialmente en alimentos– pero también en la industria y sectores que son importadores. Quizás en uno o dos meses también se refleje en precios mayoristas”.

Respecto a cómo afecta esto a los salarios manifestó que “el ministro Dujovne ratificó hoy que no van a mover la pauta inflacionaria del 15%. Si hasta ahora se pensaba que la pauta del 15 se iba a cumplir en agosto, y los últimos 4 meses los salarios iban a perder… van a empezar a perder desde ahora”.

Lucita aseguró que “el promedio de datos que hace el Banco Central periódicamente ya hablaba de una inflación del 20%; con la situación actual, si está por debajo del 25% hay que descorchar champagne. Los salarios si siguen así van a perder más”. Y, si bien el presupuesto plantea un crecimiento de la economía del 3.5, “varias consultoras hablan de que el crecimiento va a estar por debajo del 2; si uno no crece al 4% no crea empleo real”, indicó.

“Si un Estado –que se precie– no le mete mano a la banca y al comercio internacional, no hay forma de eludir la salida de capitales. Le pasó al gobierno anterior que controlaba el tipo de cambio y administraba reservas pero se le iban dólares por todos lados. El mercado lo doblegó en el 2014 y obligó a una devaluación que se les fue de las manos pero que pudieron recomponer por los controles estatales que tenían”, explicó el economista.

“Ahora todo el poder está en los bancos y en el capital financiero. Frente a eso el Estado es un colador, no tiene forma de controlar los movimientos. Todos los que entraron para aprovechar la bicicleta financiera decidieron irse porque Estados Unidos subió la tasa al 3% y están todos mirando para allá porque hoy se anuncia cuánto es la tasa de desempleo (si la tasa de desempleo baja, los salarios aumentan, la inflación va a aumentar y la reserva federal va a aumentar de nuevo)”.

Luego del debate en tres comisiones de la Cámara de Diputados de distintos proyectos para frenar o aliviar los tarifazos, el legislador Nicolás del Caño comentó a FM De la Calle la posición del Frente de Izquierda.

“Nosotros hemos planteado retrotraer los aumentos al 2016. Planteamos la realización de una auditoría sobre las empresas de servicios públicos privatizados porque lo primero que hay que decir es que recibieron subsidios realmente millonarios estas empresas durante los gobiernos kirchneristas y no sabemos qué pasó con ese dinero”.

“Mindlin y Caputo en 2017 ganaron nueve mil millones de pesos. Sus ganancias crecieron un 2000%, entonces son contrastes enormes entre como han ganado las empresas y la rentabilidad”.

Consultado sobre los cambios propuestos por el oficialismo a los proyectos, explicó que no se habla de las ganancias de las empresas sino que “se pide a los municipios y a las provincias que hagan un esfuerzo”.

“La mitad de los trabajadores en la Argentina gana menos de 12 mil pesos ¿cómo hacen para pagar una factura de luz de 1000? tenes que pagar un alquiler, tenes que darle de comer a tus hijos, realmente es insostenible la situación”.

Miguel Caracciolo, titular de la Asociación para la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (APRESUH), se refirió en FM De la Calle a los cambios en controles a frigoríficos y aseguró: “al mes de mayo tenemos la misma cantidad de casos de SUH que los registrados en todo el 2017, nos preocupa porque quiere decir que las cosas no andan bien”.

En relación a los controles a frigoríficos comentó que “viene afectando hace muchos años a los que dependen de la provincia y ahora se extiende a todo el país”. Así, dejaran de hacerse los “mínimos controles” que se realizaban sobre más de 250 enfermedades de transmisión alimentaria.

“Normalmente los frigoríficos nacionales tenían control a través de veterinarios de planta (pagados por el estado) que supervisaban e inspeccionaban cada frigorífico”. Caracciolo aseguró que no era el control que “uno pretendería que se llevara a cabo de acuerdo a cánones vigentes” pero se controlaba el manejo de cada frigorífico, si la manipulación era correcta y se hacían análisis de medias reses.

“El veterinario de planta no existe más, pasa a ser veterinario de registro y depende de cada frigorífico”, es decir que el dueño del lugar –que debería controlar, supervisar y fiscalizar– será responsable de pagarle el sueldo. “Un veterinario es empleado del frigorífico que le paga y llegado el caso tiene que sancionar o clausurar el lugar que le da de comer. Si alguien cree que eso puede pasar, vuelvo a creer en los reyes magos”, dijo Caracciolo.

Si bien esta situación sucede “hace años” en la provincia, sí es nuevo que “haya salido una medida a nivel nacional. Nos ponemos a trabajar para llegar a través de la Legislatura y que se tomen cartas en el asunto. […] Debería tomarse conciencia de la situación, y responsablemente se debería dar marcha atrás, ese es el pensamiento de APRESUH”.

Sobre los casos de SUH, garantizó que están llevando adelante una campaña de prevención y concientización junto a la Cooperativa Obrera y profesionales de APRESUH en Bahía Blanca, gran parte de la región y distintas provincias.

El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó en la Comisión de Acuerdos del Senado una impugnación a la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de Bahía Blanca.

El organismo destacó la “incapacidad absoluta para asumir una tarea de similares características y responsabilidades” a la que ejerció durante tres años como subrogante del Juzgado Federal 1.

Federico Efrón, coordinador del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, dijo a FM De la Calle que “hay dos grandes motivos que, cada uno por si solo lo invalidan para ser fiscal. El primero es su actuación en los juicios de lesa humanidad donde sistemáticamente obturó, frenó, obstaculizó el avance de los juicios de lesa humanidad en la jurisdicción de Bahía Blanca, de eso hay acaba prueba en distintos expedientes donde eso quedó completamente claro cuál era su actitud, es decir, lo hizo durante tres años, no es que estamos cuestionando una resolución en un caso”.

“Y el segundo es, en términos más generales o integrales de cómo llevar adelante un juzgado sea federal o lo que sea, él demostró también incapacidad absoluta para hacerlo porque el estado en el cual lo dejó cuando no fue ratificada su designación como juez subrogante era realmente calamitoso y no solo tiene que ver con una cuestión de seguridad de las personas que allí trabajaban, ya que por ejemplo había explosivos a la intemperie, sino que también tenía que ver con que eso terminaba afectando el derecho de defensa de muchas personas detenidas sin indagar mucho tiempo”, agregó.

El 9 de mayo a las 10 se realizará la audiencia en el Senado donde deberá aprobarse o no el pliego de Martínez como fiscal bahiense. En la misma oportunidad se definirá la cobertura de cuatro vocalías de la Cámara Federal de Apelaciones local.

“Nosotros enviamos esta impugnación que nos parece suficiente, también hay otros organismos que han enviado sus impugnaciones y han propuesto preguntas para hacerle al candidato. Esperemos que la Comisión de Acuerdos realmente lleve adelante la audiencia y se le hagan las preguntas pertinentes”, dijo Efrón.

Finalmente, subrayó que la candidatura de Ulpiano Martínez “va a la Comisión de Acuerdos porque fue una propuesta del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que no es menor, o sea es grave que un candidato como este llegue a esta etapa final, es grave”.

Así opinó Carlos Quiroga, concejal por Unidad Ciudadana, sobre el proyecto del oficialismo aprobado por el Concejo Deliberante en su última sesión. El ex-intendente Rodolfo Lopes dijo que “se van a dar cuenta que con este 3% no baja absolutamente nada”.

El edil ratificó la decisión del bloque en comunicación con FM De la Calle: “Todo aquello que pudiera dejar un centavo más en el bolsillo de la gente nos parecía bien y queríamos acompañarlo”. Así lograron incorporar dos artículos en el proyecto: “Uno establece que el Departamento Ejecutivo está obligado a la reasignación de partidas del presupuesto a efecto de conformar un fondo de la misma magnitud al que estaba determinado (con la tasa)”.

Por otra parte, el artículo 3 indica “que rindan cuentas trimestralmente de qué obras se están haciendo para que no suceda lo del año pasado, que se recaudaron $8.8 millones y apenas invirtieron el 23% de ese recurso”.

Respecto al 67% de fondos restantes, Quiroga aseguró que pidieron documentación “porque hay cosas poco claras, dicen que los procesos licitatorios son muy lentos pero los recursos están comprometidos. Vamos a profundizar este tema cuando se discuta la rendición de cuentas de obras públicas y de todas las áreas del municipio”.

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El ex intendente Rodolfo Lopes criticó la derogación de la ordenanza, reivindicando el fin para el cual había sido creado y modificado durante su gobierno. “Estoy en las antípodas de lo que pueda pensar este gobierno”, aclaró.

“El intendente no entiende porque no defiende al usuario de Bahía Blanca, si no se reuniría con autoridades de EDES y les preguntaría por qué de la provincia de Buenos Aires esta ciudad es la que más caro paga el kilowatt. Estamos en un corredor energético, tenemos dos centrales termoeléctricas, nadie puede explicar el tema del precio de la energía, son sinvergüenzas”.

Además expresó que “hacen creer a la población que sacando ese 3% le van a bajar el precio a la boleta, es una mentira total. El costo se baja hablándole a los cuatro empresarios de la provincia de Buenos Aires, amigotes de estos personajes, y diciéndoles ‘en vez de ganar tanto ganen menos, pero no generen este conflicto con la sociedad’”.

La tasa municipal que se derogó fue implementada en una ordenanza a fines del ‘89 y significaba “la posibilidad de tener un fondo solidario de los que tenemos gas para los que no tienen gas. Una parte para eso y otra parte para hacer redes de gas, porque cuando uno analiza: el que más caro paga el gas es el que menos tiene y más necesita”, dijo el ex intendente.

Durante su intendencia el acuerdo con Camuzzi implicó que si el/la vecinx pagaba por la red, la empresa le retribuía 1000m3 de gas. Si bien el compromiso se mantiene, él descree: “Si hoy que tienen el dinero que llega de arriba (el 67% de recursos que mencionó Quiroga) no lo usan, ¿te parece que van a disponer una partida para hacer las obras que nunca hicieron?”.

Sobre la derogación indicó que “están quejándose todos los intendentes de la provincia –que no pertenecen a Cambiemos– que no toleran que se esté sacando el impuesto porque hay herramientas que se desfinancian y no van a representar un valor importante para bajar el costo de la tarifa.[…] El político no tiene que tener miedo, hay que enfrentar esa realidad. El costo político lo está pagando la sociedad”.

Foto factura: Ramiro Villalba.

El Senado de la Nación reformó esta semana el Código Procesal Penal. Por reclamos de la oposición y organizaciones civiles la modificación excluyó un capítulo vinculado a la vigilancia digital.

Valentín Muro, columnista de La Nación, dijo a FM De la Calle que “estamos hablando de la posibilidad de que el gobierno pueda hackear legalmente la computadora o celular de una persona que está siendo investigada”.

Muro explicó que la iniciativa “regula la manera en que el Estado puede hacer escuchas telefónicas. El Código anterior permite ‘libertad probatoria’ que si bien contempla la escucha de teléfonos de línea, cuando se trata de nuevas formas de obtener información –como intervenir una computadora o celular– el juez puede elegir usar esos recursos”, y queda a su criterio la duración de la vigilancia.

Lo que plantea el nuevo Código son penas más graves para quienes filtran información –en respuesta a lo ocurrido con las escuchas de CFK y Parrilli–, y explicitar varias de estas prácticas: “en particular, la intervención de dispositivos electrónicos”. Asimismo manifestó que el problema es que la redacción de la reforma tiene puntos “flojos”: “no estipula por cuánto tiempo se podría intervenir los dispositivos” de la persona.

IMG_7397-2_previewSi bien al intervenir una línea fija la información que se obtiene es clara porque “se puede saber con quién está hablando la persona investigada y si es irrelevante a la causa no tiene por qué quedar registrado”, el problema con un celular es que se tiene acceso de manera remota al micrófono o la cámara (pueden activarse), también a las fotos que se haya tomado, a cuentas como Google Drive o Dropbox, “incluso a la información de tu cuenta de Tinder”.

En años anteriores, ONGs internacionales publicaron una propuesta que estipulaba de qué manera los gobiernos pueden hackear dispositivos de la manera más ética posible. Respecto al documento comentó que “tiene trece puntos donde, por ejemplo, marcan: si la persona después recibe una notificación de que fue investigada –acá sólo se saca a la persona de la causa sin que se entere que fue investigada–, límites al uso de la información obtenida, cuánto se puede obtener y durante cuánto tiempo”.

El proyecto tampoco establece cuáles podrían ser las razones para intervenir dispositivos, “si bien los motivos suelen ser pedofilia, trata de personas, narcotráfico”, en este tipo de vigilancia “no queda claro cuándo podemos hacer eso, si por cualquier tipo de causa podemos intervenir la computadora de alguien; que sería extremo”.

La seguridad de la información recolectada tampoco es efectiva, “se podría mandar de forma digital y así garantizar (de manera más segura) que la persona que tiene que escucharlo lo pueda hacer”. Actualmente las escuchas telefónicas se graban en discos (3000 por día) como archivos de audio y se transportan por Correo Argentino.

“Estábamos seguros de que iba a aprobarse, pero se rechazó la modificación del artículo 30 que deja de lado todo lo que garantiza ciertos derechos. Después de que se discuta en Comisión, idealmente se abriría a la participación de expertos en seguridad informática, derechos civiles, y más especialistas”.

El presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (APyME), Daniel Moreira, dijo que el cuadro del sector es “más que preocupante y muy desesperante” y aseguró que “las pequeñas y medianas empresas estamos excluidas”.
En diálogo con FM De la Calle recordó que lo mismo sucedió “el año pasado cuando el tarifazo fue del 2000% y la presión popular hizo que bajara el 500”.

“Claramente este gobierno desde que asumió e implementó el plan económico lo que hizo fue, sistemáticamente destruir el mercado interno, que es el mercado con el cual el 98% de las pymes nos desarrollamos, con lo cual ha hecho que hoy las pymes estén desapareciendo. Hoy podemos estar hablando a nivel nacional que, entre formales e informales, tenemos alrededor de más de 6000 pymes que ya no existen más”, aseguró.
El empresario manifestó que en “los diálogos que hemos tenido las distintas organizaciones pyme lo que nos dice desde un primer momento el gobierno es que si el negocio no sirve reconviértanse. El problema no es una cuestión de reconvertirse, sino que el problema es que han destruido el mercado interno”.
Moreira comentó que llevan adelante un monitoreo para medir el impacto de las tarifas en los costos de producción: “En el 2015 el impacto en costo era entre un cinco y un siete por ciento aproximadamente, según el rubro. En enero de este año, o sea, sin contar este último tarifazo, el impacto dentro de nuestros costos es entre un 27 y un 30 por ciento”.
“Tienen una política de Estado clara para que las pymes desaparezcan. Ellos cuando llegaron lo primero que hicieron fue sacarle los impuestos la campo y las mineras, en principio, y después todas las políticas que vienen implementando son políticas para hacer negocios ellos. Entonces, cuando te dicen lo que te dicen, son cínicos y mentirosos del primero hasta el último”, dijo.
El 15 de marzo venció el acuerdo paritario de la Asociación Judicial Bonaerense. “Lamentablemente seguimos sin convocatoria”, afirmó el dirigente Pablo Abramovich. En diálogo con FM De la Calle dijo que “ante ese incumplimiento y una demora que ya lleva mucho más de un mes nosotros estamos realizando una serie de acciones gremiales”.

“El reclamo salarial es el 25% en una cuota y con cláusula gatillo, esto tiene una fundamentación bastante sencilla: nosotros miramos siempre hacia atrás para definir el monto en una paritaria. La inflación 2017 según el INDEC fue del 24,8%, con lo cual 25 es el piso de lo que permite recuperar esa pérdida de poder adquisitivo y, aún desde la perspectiva del gobierno que dice que hay mirar para adelante, hoy todas la proyecciones de inflación están hablando de una inflación arriba del 20% y en algunos casos cercana al 25”, comentó.

Abramovich aseguró que “hay decisión política muy fuerte de la gobernadora de sostener ese 15%. Las seis reuniones con los docentes con la misma propuesta evidencian eso y además, eso es parte de la política económica a nivel nacional de poner un techo salarial del 15% para este año sin cláusula gatillo, y la gobernadora ha dado muchas señales de que no se va a correr de esa pauta”.
Ante los proyectos oficialistas que pretenden reformar el sistema judicial de la provincia, el dirigente opinó que “es un anuncio genérico de la gobernadora que se expresa en una cantidad de proyectos de ley, los cuales nosotros, por supuesto los que ingresaron a la Legislatura, los estuvimos analizando. En algunos casos ya hemos tenido participación en la misma Legislatura en trabajo en comisiones planteando nuestras posiciones y en otros casos estamos reclamando que seamos escuchados”.
“La mayoría de los proyectos tienen serios problemas, creemos que lamentablemente no atacan las cuestiones de fondo que tiene que abordar la justicia y eso tiene que ver con el presupuesto que tiene la justicia. Si no se mejora el presupuesto va a ser muy difícil hacer la justicia más dinámica y más cercana a los ciudadanos en la provincia, y el otro tema es: qué jueces, qué fiscales, qué defensores tenemos”, agregó.

El diputado provincial por el Frente Renovador Lisandro Bonelli analizó por FM De la Calle el anuncio que hizo María Eugenia Vidal sobre la derogación de impuestos en las boletas de servicios.

“Que la gobernadora haya tomado el proyecto, lo ponga arriba de la mesa y lo haga realidad, es una buena noticia”, aseguró. Recalcó que se trata de un proyecto que habían presentado desde el Frente Renovador hace un año y medio, y la anulación incluye “impuestos que se generaron hace más de 35 años, en la dictadura, impuestos inconstitucionales”.

“Me parece importante aclarar que el problema tarifario no es de la provincia ni de los municipios, es principalmente del gobierno nacional. Quien decidió aumentar de manera desmedida las tarifas de gas y luz es Macri. Más allá de lo que anunció Vidal le pedimos al Presidente que tome la iniciativa que hemos presentado en el Congreso Nacional”.

“Tenemos que discutir qué tipo de impuesto cobramos y qué cantidad de impuestos cobramos. No puede ser que el vecino que usa gas envasado pague 21%, lo mismo que el vecino de una zona pudiente. Ese impuesto del IVA necesitamos que se cobre de manera discriminada, de acuerdo al poder económico de cada vecino”.

Respecto a la sesión fallida de la semana pasada el diputado aseguró que “como consecuencia de los nuevos aumentos le planteamos a la Gobernadora discutir rápidamente para aliviar el bolsillo de los bonaerenses. Lamentablemente la semana pasada ni los legisladores de Cambiemos ni Vidal quisieron sentarse a discutir. Por suerte han recapacitado y la van a llevar a la práctica”.

Si bien no ven posible la propuesta de Unidad Ciudadana de retrotraer las tarifas a los valores de principios del 2017, “no lo vemos posible por la decisión política de Macri, que ha decidido jugar para las empresas de servicios en detrimento de la gente, empresas en manos de sus amigos. Sí creemos que puede hacer un esfuerzo desde lo fiscal”.

Gisela Estremador, integrante del equipo periodístico del noticiero de Canal 4, se refirió a la carta que ayer difudieron periodistas y comunicadorxs bahienses como respuesta a los hechos de violencia social y escraches mediáticos ocurridos durante las últimas semanas.

Comentó a FM De la Calle que la iniciativa surgió tras ver “el tratamiento periodístico que se hacía de temas sensibles que no son de estos últimos tres meses” pero que sí mostraron “que la situación ya estaba desbordándose y no existían los límites”.

“Nos parecía importante que todos los trabajadores que de una u otra manera sientan posición con respecto a lo que están editando” sean incluidos para “darle la mayor pluralidad de voces. […] Estamos satisfechos porque son alrededor de 50 firmas y en Bahía Blanca lograr esto, que cada unx se haga responsable de firmar y todo lo que conlleva al posicionamiento político que esto tiene, nos parece a destacar”.

“Quizás tengamos que hacer un mea culpa porque tal vez no llegó a personas que adherían, quizás hay gente que esto le hace ruido y tendrá que rever alguna práctica (o no) que está haciendo. […] Hay determinados límites donde no todo da lo mismo: puede haber otra forma de comunicar y no hay que subestimar a las audiencias, tampoco a aquellos que van a ser futuros comunicadorxs; no se les puede ofrecer como único modelo comunicacional este que muchas veces se explota y se pone como ejemplo”.

Estremador agregó que “esta forma de comunicar, con mayor o menor grado de sensacionalismo, existe y existió siempre, esta inmediatez con la que se nos superponen un montón de temas de altísimo grado de sensibilidad”.

“Estamos asistiendo a un espectáculo muy triste. Los límites son tan difusos que hay determinadas cuestiones que nos imponen y quedan, quedamos un poco shockeados por lo que leemos pero pasó de largo y mañana se construye otra noticia, otra realidad, y no importa si lo que se estaba contando era del todo cierto, era una interpretación, tenía una intencionalidad puntal y pasó”.

Al consultársele sobre el criterio que muchos medios aplican argumentando que “es lo que la gente quiere ver”, la comunicadora cuestionó: “¿La gente quiere ver eso? Estamos en un momento donde la sociedad termina siendo esclava de eso, el linchamiento mediático, luego no importa si por lo que te estaban acusando era verdad o no, quedaste expuestx y después vemos si pasó o no, si te trajo algún tipo de consecuencia en tu vida personal o laboral”.

“Es subestimar muchísimo, no todas las audiencias quieren eso. Hay muchas que quieren productos de calidad, información de calidad. Lamentablemente la hegemonía mediática está imponiendo este tipo de modelos”.

Lo afirmó Walter Larrea (Unidad Ciudadana) a partir del bloqueo oficialista para que el presidente de Bahía Transporte Sapem, Tomás Marisco, concurra al Concejo Deliberante para dar explicaciones sobre el funcionamiento de los parquímetros. Por otro lado, el edilse refirió a la aprobación de la ordenanza de “Buzones Anti Narco” para recepcionar denuncias anónimas.

Sobre esta última iniciativa Larrea aseguró que “fue un proyecto escabroso que en primera instancia habíamos decidido no acompañar” ya que la ordenanza amplía la categoría de delitos a denunciar “dejando un poco al arbitrio de cada ciudadano la denuncia”.

“Había que dar un debate porque, de salir así, el proyecto iba a constituir una intromisión en las garantías de todas las personas. […] La apertura de buzones, recepción y evaluación de denuncias va a estar en manos de un ámbito conformado por la Comisión de Seguridad, Secretaría de Seguridad, concejales que quisieran participar y la fiscalía especializada en drogas”, explicó.

El otro tema resonante en la última sesión legislativa fue el rechazo por segunda vez por parte de Cambiemos para convocar a Marisco al recinto. Larrea mencionó los dos pedidos de informes (uno de Unidad Ciudadana y otro de Cumplir) y aseguró que “a estas alturas se torna imperativo que el presidente de Sapem concurra a dar explicaciones”.

“El pedido de informe sin las respuestas nos permite esta interpelación de manera directa. […] Que Marisco explique todas esas cuestiones que preocupan a los concejales: qué pasó con la recisión del contrato de Eycon, los fundamentos, en función de qué fue el resarcimiento que la empresa recibió, cuál es la merma de recaudación del estado municipal por el no funcionamiento de parquímetros”, entre otras.

Además, afirmó que los cinco reemplazos para los síndicos de Sapem ya fueron seleccionados, a pesar de que dos tienen que ser aprobados por el HCD: “Cuando me toque asumir el directorio pienso pedir las actas donde se designan a esas personas”.

Y reiteró: “¿Cuál es el impedimento para que venga Marisco y exponga? Supongamos que no hay ningún tipo de irregularidad, habrá que bancarse los sopapos dialécticos de la oposición pero no se puede mantener en una zona de nebulosa de explicaciones […] a esta altura el que tendría que venir es Gay”.

Insistió en que seguirán demandando respuestas y acompañarán el reclamo de la sociedad “porque entre otras cosas con la falta de recaudación se está desfinanciando el Consejo Local de Niñez y Adolescencia y ‘pasajeros frecuentes’, es dinero público y hay partidas que se están dejando de percibir”.

La Agencia Nacional de Discapacidad sufrió una vez más el recorte del Estado, más de 60 despidos se registraron en el país la semana pasada. El Colegio de Trabajadores Sociales de Bahía Blanca realizó un abrazo en la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para repudiar la situación y los tres despidos acontecidos en nuestra ciudad. La movilización culminó en la Municipalidad con el acompañamiento de varios sectores sindicales.

Raquel Flores, una de las trabajadoras sociales despedidas, conversó con FM De la Calle respecto a las señales que venían visualizando antes del recorte ya que en la actualidad no se encontraban dentro de ninguna dependencia del Estado. A partir de septiembre de 2017, por decreto, y luego del intento de baja de más de 170 mil pensiones, el Poder Ejecutivo absorbió la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, el Servicio Nacional de Rehabilitación, el Programa incluir Salud y la ex Comisión Nacional de Pensiones, para dar lugar a la Agencia Nacional de Discapacidad. En este proceso varios trabajadores/as quedaron sin claridad  respecto a su lugar dentro del organigrama institucional.

“La última alerta que tuvimos fue cuando desde Coordinación Territorial que viene a ser nuestra dependencia superior, nos informan que nosotros teníamos la liquidación de nuestro sueldo a través de una financiera, lo cual significa que no solamente se generó un desguace de las políticas sociales, del vaciamiento del estado, sino que también los afectados específicamente a pensiones, quedaban liquidados por una tercerización provisoria”, aseguró Flores.

También denunció la situación en la que queda la dependencia local de Desarrollo Social y los trámites/expedientes por pensiones: “El cierre del expediente es con el informe del trabajador social, la gestión del trámite requiere de profesionales. El hecho de que despidan a las dos únicas trabajadoras sociales en Bahía Blanca significa el cierre de la comisión acá en Bahía Blanca”.

Consultada por el mecanismo de selección que pudieron haber tenido para definir quiénes serían los/as despedidos, Raquel Flores, aseguró que lo que está ocurriendo “tiene que ver con esta situación nacional, este modelo de Estado y qué posición tienen frente a las políticas públicas. Además están las vertientes personales de la vida privada y del desarrollo profesional. Yo creo que soy parte de este desguace que afecta a los pensionados y  a las condiciones del trabajador y que también afecta a la vida privada porque en lo personal yo vengo del campo nacional popular donde jamás mezcle mi condición militante dentro de mi desempeño profesional. Esto es lo que ha aparecido fuertemente en el listado de los seleccionados porque tiene que ver con personas que están o han estado en algún momento muy vinculado a los sectores de la militancia”.

Las políticas de ajuste en el organismo llevaron a ATE Pensiones a  mantenerse en estado de alerta permanente, ya que como afirman de la asociación, “este gobierno desmantela áreas y recorta por los más débiles”.  Flores agregó que todas las pensiones gestionadas a partir de 2015 no recibieron el ingreso al sistema.

“Están en un cuello de botella. Nosotros teníamos una apertura de expedientes normalmente un promedio de 20 pensiones por día para elaborar el informe, y ahora con estos nuevos criterios donde dejan afuera a todos los discapacitados para acceder al sistema, hay un promedio de entre tres y cinco semanales, entonces sobramos”, finalizó.

Somos periodistas, comunicadores/as y trabajadoras/es de diversos medios de comunicación de la ciudad de Bahía Blanca, reunidos ante la necesidad de expresar nuestra preocupación por las coberturas periodísticas y el ejercicio de nuestra profesión en la ciudad. Les hablamos a ustedes, lectores y lectoras, audiencias, estudiantes, docentes de la comunicación y a quien desee escuchar lo que tenemos para decir.

Construimos esta carta abierta desde el pleno convencimiento que el llamado ‘periodismo independiente y objetivo’ no existe, ni tampoco la idea corporativa del “periodismo”. Lo que hay son diversas miradas editoriales desde donde relatar la realidad y construir una interpretación de ella. En ese ejercicio creemos que la libertad de expresión, la ética periodística y la responsabilidad social que debemos ejercer, está en riesgo por la forma de dar construcción y tratamiento a esas noticias.

En las últimas semanas en nuestra ciudad se sucedieron varios hechos de violencia social que requieren de nuestra práctica periodística el máximo cuidado y respeto con estos principios básicos de la profesión. Los tiempos que corren son complejos y por lo tanto vulnerables al tratamiento que cada medio otorga a los casos; en este sentido si las herramientas que tenemos a nuestro alcance no son aplicadas de forma responsable con la información, corremos el riesgo de faltar a la veracidad de los acontecimientos y romper con los límites de nuestro sistema constitucional de derechos. Si instalamos una noticia adulterada como verdad, no sólo se falsea y miente, sino que también, se manipula a plena conciencia.

La tergiversación, el sensacionalismo, la provocación y la idea de la primicia desmembrada, son acciones tendientes a fomentar aún más la violencia social existente y a reproducir parámetros estigmatizadores y lapidarios.

Los alarmantes sucesos de violencia hacia las mujeres que se vienen sucediendo, en aumento en las últimas semanas, merecen al menos replantearnos algunas formas delejercicio de la profesión, entendiendo que los medios de comunicación son constructores de realidades y legitimadores de conductas. Cuando se dice que esos “hombres violentos” son la excepción a una regla, a una sociedad, y no el producto de una sociedad violenta, se legitiman con palabras y se aíslan como único emergente. Entonces se re victimiza a las víctimas y perdemos de vista la responsabilidad como sociedad.

El caso reciente de la difusión ilegal de imágenes de menores de edad ante el asesinato de Agustina Bustos, el nivel de exposición del docente Sebastián Maidana, la creación de escenarios más ficcionales que periodísticos del caso de las dos mujeres secuestradas, llevando los relatos a la morbosidad sin respeto por los derechos personalísimos, y la utilización de ideas estigmatizadoras son sólo algunas muestras de lo expresado anteriormente.

Como no creemos en la censura, tampoco censuramos nuestra palabra, pero sí creemos que esta lógica se aplica a nuestra profesión, cuando las únicas fuentes periodísticas son aquellas que faltan en algunos casos a su profesionalismo y que desde el lugar que ocupan en la estructura de poder las convierte en parte del problema y no de la solución.

Proponemos una carta abierta a la sociedad en su conjunto porque los/as trabajadores de la comunicación también somos parte de una sociedad que pretende informar y ser informados/as con la mayor rigurosidad y coherencia posible, de esta manera los y las abajo firmantes nos comprometemos a ejercer con profesionalismo y responsabilidad nuestra tarea.

Anabella Tarabelli, periodista; Gisela Estremador, periodista; Joaquín Baridón, periodista; Gabriel Cena, comunicador; Virginia Calzada Frache, periodista; Luis Cano, periodista; Sandra Crucianelli, periodista; Gabriel Bermúdez, periodista; Mariano Álvarez, periodista; Matías Oyamburo, periodista; Matías Freidig, periodista; Gretel Walz, periodista; Virginia Pascual, periodista; Mauro Llaneza, periodista; Mariela Dobal, periodista; Giuliana Crucianelli, periodista; Paula Ercoli, periodista; Soledad Reuque, periodista; Astor Vitali, periodista; Emanuel Brianne, fotógrafo; Sol Azcárate, periodista; Marcelo Lev, periodista; Diego Kenis, periodista; Denise Navarrete, periodista; Natalia Schnaider, periodista; Rodolfo Formosa, camarógrafo; Mario Fernando Etchegorry, camarógrafo; Mauro Salvador, comunicador; Federico Hidalgo, periodista; José Cornejo, periodista; Rocío Cereijo, periodista; Sergio Segui, periodista; Matías Aguirre, periodista; Martín Ruperez, camarógrafo; Carla Pereuilh, periodista; Facundo Muñoz, periodista; Facundo Morales, fotógrafo; Soledad Llobet, periodista; José Luis Díaz, operador de control central; Marcelo Cejpek, productor; Emiliano Falco, operador de control central; Oscar Contreras trabajador jubilado de control central; Analía Garelli, reportera gráfica; Antonio Ferullo, control central; Roberto Fiori, control central; Guillermo Aversano, productor; Cristian Romero, camarógrafo; Ángel Dantagnan, conductor-comunicador; Belén López, locutora; Brenda Ghiberti, periodista.

En 2016 las legisladoras rionegrinas Marta Milesi y Marta Bizzotto presentaron una denuncia por mal desempeño en sus funciones contra el juez Juan Pablo Chirinos, por haberle otorgado salidas transitorias a Jonathan Luna, quien nunca volvió y engañó y mató a Micaela Ortega en Bahía Blanca.

El Consejo de la Magistratura de Río Negro suspendió ahora al magistrado. El sumario iniciado a Chirinos quedó a cargo del diputado por el Frente para la Victoria, Nicolás Rochás.

“La vinculación de tres casos en el análisis de las decisiones adoptadas por el juez son las que me tocó a mí llevar adelante como instructor sumariante del Consejo de la Magistratura y de sugerirle al pleno al pleno del Consejo de la Magistratura las conclusiones que arribaban al cargo de mal desempeño. Solicitándoles también que tengan bien valorada la suspensión del juez hasta tanto se resuelva esto que ahora con la decisión del Consejo de la Magistratura pasa a la órbita del Ministerio Público Fiscal”, manifestó el  legislador a FM De la Calle.

Explicó qué “la decisión respecto de las conclusiones sumariales que yo había advertido, sobre la formulación del cargo de mal desempeño, fue por unanimidad. Eso incluye al presidente del Superior Tribunal de Justicia y al representante de de la Cámara Penal de esa circunscripción. Lo que fue por mayoría, con abstención, fue la separación del cargo”.

El legislador sostuvo que el Poder Judicial tiene “que abandonar esta posición corporativa y de protección, de autodefensa, porque la sociedad está reclamando otro tipo de posicionamiento, está reclamando de los funcionarios públicos, de todos los que seamos, a mí me toca ser legislador pero a ellos les toca ser jueces y lo que tenemos en común es que somos funcionarios públicos, que no somos una casta especial, que tenemos que rendir cuentas de cada uno nuestros actos y hay una sociedad esperando que así sea”.

Este fin de semana Estados Unidos, con el apoyo de Inglaterra y Francia, bombardeó nuevamente a Siria por la supuesta existencia de depósitos con armas químicas.

“La invasión viene prácticamente desde el 2011 cuando estaban invadiendo Libia. En 2007, Democracy Now, una revista estadounidense, y otros medios publicaron las declaraciones del general Ramsey Clark, ex jefe del comando de la OTAN, donde denunciaba que Estados Unidos tenía una lista de países que iba a invadir”, explicó a FM De la Calle, la analista internacional Stella Calloni.

La periodista sostuvo que esto es “una guerra colonial del Siglo XXI que ha comenzado Estados Unidos y sus asociados. Es una Europa colonizada porque contra la expresión de su pueblo como estamos viendo en Gran Bretaña y otros países, están acompañando a Estados Unidos en donde ellos simplemente ponen la plata para comprar las armas”.

Acerca de la supuesta existencia de armas químicas en Siria, Calloni comentó que “las que llegaron, está todo probado por investigadores europeos, venían por parte de Arabia Saudita”.

“Cuando Siria va ganando con el apoyo que pidió a Rusia, se demostró que lo que había hecho Estados Unidos, Francia, Israel y Gran Bretaña era bombardear las infraestructuras Sirias”, explicó.

Juan Manuel Larrosa, economista y docente del Departamento de Economía de la UNS, comentó los datos del IPCOnline del último mes y opinó sobre la meta inflacionaria del gobierno.

Sobre la expectativa del Ejecutivo de cerrar el año con una inflación en  un 15%, estimó que si “en marzo ya tenemos acumulado un 6%, muy tranquilamente a mitad de año vamos a llegar al 12% o 15%. […] De ahí, que en medio año tengamos que cubrir 2% es completamente irrealizable, es algo que hacemos en un mes. Esa meta en este momento no es viable, […] es un pensamiento mágico”.

Respecto a su percepción sobre la economía, manifestó que “va a estar muy parecido al 2017, que cerró en 21% o 22%. Este año –con suerte– cerrará en un punto menos. El tema es simple, si la inflación mensual supera el 1% vas a tener 18% o más de inflación anual. En los primeros tres meses ya se registra un total de 5,6%, tenés que compensarlo en los meses siguientes y no hay expectativa de que la inflación vaya a bajar tanto”.

Sobre la situación local, el equipo integrado por Larrosa, Gonzalo Ramírez Muñoz de Toro (estudiante de Abogacía) y el ingeniero Juan Ignacio Uriarte computó 55.178 precios de sitios web radicados en la ciudad sobre 14.601 productos y servicios, que dio como resultado una inflación fue de 1,49% respecto a febrero. Un resultado bajo en comparación a “otros indicadores de Buenos Aires, como el INDEC, que cerraron en más de 2%”.

El economista también explicó que informan dos valores diferentes: el IPComún (1,49%) “que registra todas las variaciones, y después filtramos todo lo que tenga que ver con productos estacionales –frutas y verduras– y precios regulados –tarifas–, que es la inflación núcleo. Justo este mes tenemos una inflación núcleo más alta que lo común”.

Aseguró que a pesar de no haber tantos ajustes en marzo por el cuadro tarifario, “sí esperamos que en abril se registre un fuerte impacto de tarifas sobre lo que va a ser el IPC de abril, por el gas y el agua, y la actualización de las tarifas”.

Cabe destacar que entre los capítulos analizados, ocho registraron incrementos: Alimentos y bebidas, Vivienda y servicios básicos, Equipamiento y mantenimiento del hogar, Atención médica y gastos para la salud, Transporte y comunicaciones, Esparcimiento, Educación, Otros bienes y servicios.

El Partido Justicialista de Bahía Blanca expresó su preocupación por la “arbitraria” decisión de la Jueza Servini de Cubría de disponer la intervención del Consejo Nacional del PJ.

“Resulta un atentado a la libre organización de los partidos políticos garantizada por la Constitución Nacional. Esta medida tiene una gravedad institucional inusitada que esconde motivaciones que en nada se condicen con la democracia. Resultan cada vez más evidentes los efectos de las presiones del Poder Ejecutivo sobre la Justicia para neutralizar cualquier opinión que manifieste no estar de acuerdo con sus políticas”, afirmaron en un comunicado Mario Simón y Hugo Álvarez, presidente y vice locales.

Según los dirigentes, “el fallo carece de todo fundamento legal, erigiéndose en un manifiesto de arbitrariedad. Es la intervención judicial la que apunta al vaciamiento del principal partido de oposición, dejándolo a expensas de los intereses electorales de la restauración conservadora en marcha”.

“Las autoridades del Partido Justicialista se constituyeron de manera legal, constitucional y sobre todo legítima, con dirigentes de altísimo valor militante y representatividad territorial. Denunciamos una arbitraria injerencia ‘judicial’ en la vida interna de nuestro Partido, por esto instamos a que se restablezcan las legítimas autoridades del Consejo Nacional ilegalmente desplazadas”.

“Hacemos responsables directos a la Jueza y al gobierno nacional de las consecuencias de esta intervención antidemocrática e ilegal que lleva entre sus objetivos ocultar el rechazo cada vez más generalizado del pueblo argentino a sus políticas de hambre y desempleo. Invitamos a todas las instituciones y partidos políticos a expresarse frente a esta afrenta institucional que en el futuro también pueden sufrir ante acciones políticas que no sean del agrado del poder de turno”, agregaron.

(Por Paula Ércoli) Tiempos violentos corren, o más bien tiempos signados por una crisis social donde pareciera que las violencias, en sus más amplias expresiones, son noticia corriente. Cómo narrarlas y darles tratamiento sigue siendo materia pendiente del periodismo.

Miriam Maidana es psicoanalista, docente de la UBA, investigadora y columnista del portal de noticias digital Cosecha Roja. Actualmente coordina un taller en este medio digital sobre cómo narrar las violencias. Su punto de partida es el análisis de la relación construida a lo largo del tiempo entre la noción de violencias y de cuerpos.

En la introducción al taller que estás impartiendo en Cosecha Roja planteás que a partir de la irrupción de la dictadura cívico militar hasta la actualidad en nuestro país es posible “escuchar” la expansión de conductas violentas ligadas al cuerpo, ¿cómo ha ido mutando el término violencias en este breve recorrido histórico que planteas en la propuesta de encuentro?

La desaparición durante el proceso fue la marca, es esto que dice Videla, “no están muertos ni vivos, son desaparecidos”. De lo que habla es de un cuerpo no enterrable, no encarcelado, ni un cuerpo libre, ni un cuerpo sepultado, lo que instala una figura que en psicología ligamos con lo siniestro, pero no es una amenaza clara, tiene que ver con ‘algo’ que todos empezamos a sentir como una amenaza: estamos amenazados pero no sabemos porqué.

Esto está muy ligado, en la actualidad, a trabajar el término como violencias (plural) porque es impensable el fenómeno desde una sola disciplina. No es casual que la patología de la época sean los ataques de pánico que están absolutamente ligados a ésta sensación de un miedo, el miedo a morir, el miedo a salir, al contacto y se liga entonces, con lo siniestro y yo elijo leerlo a partir del fenómeno del proceso.

Cuando hablamos de violencias, necesariamente hablamos de cuerpos, esto toma una relevancia significativa en estos tiempos que corren por lo casos de femicidios, asesinatos, matanzas escolares. ¿Qué dimensión cobra la idea de los cuerpos al momento de narrarlos?

Hay una característica, hay un sesgo de la época que es el cuerpo desecho. Desde la aparición de Ángeles Rawson en el CEAMSE, que es el lugar no casualmente donde se procesa la basura, chicas embolsadas, travestis en alcantarillas, el cuerpo de Lucía empalado, Kiara enterrada viva aún embarazada con 14 años; habla de un cuerpo al que hay que someter incluso a un daño mas importante, no alcanza solo con matar sino que hay como un ensañamiento en este punto: o sea, el cuerpo objeto “yo tomo tu cuerpo y puedo hacer de vos lo que quiero” y esto es completamente siniestro.

Por eso trabajar violencias es todo un tema porque la verdad que la violencia existe ancestralmente, si vos lees un párrafo de la Biblia verás que hubo violencias terribles en todas las épocas. Pero el concepto de violencia urbana, yo elijo pensarlo desde Rosa de Olmo, que es quien introduce de algún manera este concepto en Latinoamérica.

En la Argentina la particularidad es que al cuerpo hay que buscarlo, en general la mayoría de los femicidios, travesticidios, empiezan con una desaparición y ahí lanzamos las redes de búsqueda que normalmente terminan con resultados poco felices. No es el mismo fenómeno en México, en Colombia o en Brasil donde las matanzas y la exposición de los cuerpos tiene que ser visible, porque es como una firma de los asesinatos. Entonces, si te cortan las manos es una característica del cartel de Guadalajara, pero si te sacan los ojos es una característica de la zona de Cuerno de Vaca. En Argentina ese fenómeno aún no existe, salvo en los casos de representación de asesinatos vía narcotráfico, sobretodo en las mulas. El fenómeno que yo trabajo, sobre todo en el tema de las muertes de mujeres, tiene que ver con este fenómeno donde el cuerpo se transforma en un objeto y yo ‘muestro mi poder a través de que lo corto, lo trozo’, es decir lo vuelvo a matar reiteradas veces.

¿Qué ocurre cuando las violencias se mediatizan y se asocian a la idea de primicia? ¿Qué rol le cabe al periodismo al momento de informar estos casos?

En la Argentina se ha venido viendo en los últimos cinco años una masacre mediática, se violan cualquier tipo de garantías, porque cuando una persona asesina, igual tiene que ser comprobado y, por el contrario, generalmente todo lo que se dice en los medios el primer día es mentira: la edad de los femicidas, de lo que se ocupan, de los antecedentes que tienen y en muchos casos cómo se llaman, donde vivían y con quiénes vivían.  Los medios salen y dicen, total después digo otra cosa ¿quién se va a acordar? Esto tiene que ver con lo efímero de los cuerpos. Y, ¿cómo se instala? Por repetición, lo que genera que un mismo caso lo pasen varias veces a lo largo del día, no es que son ‘distintos femicidios’, es siempre el mismo pero tratan de buscarle distintos ángulos, y entonces pareciera que, por ejemplo Lugano, está siendo víctima de un asesino que está tirando chicas por el balcón para matarlas; y esto tiene un efecto importante en la población, porque la población tiende a defenderse y  piensa salir a la calle y matar también, cuando en realidad la violencia seguida de muerte, está más ligada a lo ‘intra’ que a lo externo. Son muy pocos casos donde alguien mata a un desconocido.

Algunos/as plantean que la ciudadanía es “morbosa”, que pareciera que en algunos casos el o la lectora que quiere saber más sobre cómo pasó, que porqué sucedió, ¿cómo impactan estas violencias en aquel/aquella que lee, mira, escucha?

Eso pasó siempre, una persona se cae en la calle la diferencia es que ahora la filman. Ser espectador tiene mucho de atractivo y sí, claro que hay un morbo. Pero los medios de comunicación producen vía la imagen y lo que hacen es guiarte la mirada. No es lo mismo ver Crónica que ver TN, sin embargo cuando hay un femicidio todos salen a buscar lo mismo: el cuerpo. Está todo enfocado en la víctima y esto es más siniestro que lo morboso, porque de alguna manera caemos en la victimas que ‘se lo merecen’, que lo han buscado, y las que no.

Foto: Cosecha Roja.