La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) declaró en estado de emergencia al sector que incluye 131 publicaciones autogestivas tras analizar la crítica situación expresada en el marco de su asamblea anual en la que se vio reflejado el impacto de la crisis económica en los medios que editan publicaciones impresas. AReCIA advirtió que la situación encierra una amenaza a la libertad de expresión y al trabajo autogestivo.

Según el reciente censo realizado por AReCIA, las publicaciones registraron un aumento promedio del costo de impresión por ejemplar del 60 por ciento. El papel subió un 79 por ciento en sólo seis meses (hasta agosto), superando la devaluación del peso argentino respecto del dólar, que en el mismo período acumuló una suba del 61 por ciento. Además, al estar los soportes web atados al valor dólar, también se genera una instancia de incertidumbre a la hora de planificar la sostenibilidad de los medios.

La encuesta realizada a las publicaciones asociadas entre fines de mayo y principios de junio reveló que las políticas económicas y el impacto en la estructura de costos de las revistas impidieron la salida en papel de un 15 por ciento de los títulos.

Entre las revistas que aún siguen publicando el panorama también es amenazante: todas aseguran haber sufrido -en los últimos meses- aumentos en los costos de producción.

? Un 66,6 por ciento registró aumentos en los servicios de agua, gas y luz.
? Un 59,5 por ciento, en gastos de conectividad (teléfono e Internet).
Los editores también informaron aumentos en alquileres, transportes, correo y servicios profesionales contratados.

En lo que se refiere a la impresión, el golpe de los costos es aún más claro:

?? El 50 por ciento de las revistas redujo su tirada.
?? El 25 por ciento redujo la cantidad de páginas o la calidad de impresión.

Las ediciones que no modificaron calidad de impresión ni cantidad de páginas sufrieron aumentos en los costos de impresión que en algunos casos llegan al 500 por ciento. AReCIA confrontó costos por ejemplar informados por cada publicación en su último censo, en agosto de 2017, con los de mayo de este año. El aumento promedio fue casi del 67 por ciento en 9 meses.

? AReCIA exige a las autoridades políticas nacionales, provinciales y municipales, y en especial a los funcionarios del área de Cultura, que brinden una respuesta ante el estado de emergencia en el que se encuentran las publicaciones gráficas autogestivas de todo el país, en tiempos de creciente concentración y monopolización de los medios de comunicación, con los riesgos que ello conlleva para la existencia de una genuina libertad de expresión.

La situación implica, a su vez, una amenaza para la vida democrática.

Las propuestas:

1. Reparto equitativo y transparente de la pauta pública.
2. Acceso igualitario y protegido al precio del papel, principal insumo del sector.
3. Eliminación del 2,5% de IVA a las publicaciones.
4. Posibilidades de crédito sin tasas usurarias.
5. Democratización del circuito de distribución.

Fuente: Hamartia.

Jair Bolsonaro coronó este domingo el triunfo fascista en Brasil al obtener el 55,1% de los votos en la segunda vuelta frente a Fernando Haddad, el candidato del PT, quien se quedó con el 44,9% de los sufragios.

Horas antes de la votación, el director de la Izquierda Diario, Fernando Rosso, participó en Bahía Blanca en la charla “Cómo enfrentar a Bolsonaro y la derecha en Brasil” -organizada por la Agrupación Tesis XI en el Departamento de Humanidades- y conversó con FM De la Calle.

El portal de noticias “La Izquierda Diario” tiene ya cuatro años de trabajo digital y se ha posicionado como fuente de consulta de muchos sectores organizados. Rosso comentó cómo surgió el periódico digital: “Si dejamos que solo la derecha utilice los medios más avanzados, como por ejemplo está haciendo ahora Bolsonaro en Brasil, con lo que hizo con las redes sociales, con whatsapp, las fake news, y nosotros nos quedamos en lo conservador de la tradicionalidad de la izquierda, sin cambiar necesariamente, ni las ideas, ni el programa, ni la estrategia y buscamos llegar… (…) Estamos entendiendo que cuanto más masivo no es que aggiornas el discurso pero sí tratás de no hablar en la comodidad de la zona de confort, de la jerga”.

Respecto a la situación de la política actual, Rosso adjudicó parte del avance de las políticas del macrismo a quienes le otorgan gobernabilidad al actual gobierno, entre los que también se encuentran, según él, la mayoría de los sindicatos.

“Hay que trabajar sobre los sindicatos para pensar cómo es la relación entre las conducciones y las fuerzas en Argentina. La diferencia que tenemos con Brasil, es que vivimos un momento sindical, que pese a todo el retroceso que tuvo el movimiento sindical en el mundo, hay una relación de fuerza que se le hace mucho más difícil a Macri, que si pudiese en términos de programa  económico  sería  como el de Bolsonaro o más y no puede.  Me parece que hay que pensar qué utilidad se le da a esas organizaciones porque pensando sólo en términos electorales  o parlamentarios Macri hasta ahora sigue avanzando”.

El periodista y conductor del programa de radio “El Círculo Rojo”, el cual se emite todos los domingos por Radio con Vos, afirmó que hay un sector empresario que comienza a soltarle la mano al actual presidente:  “No porque no tenga acuerdo con lo que Macri plantea, sino porque no creen en la capacidad de lo que pueda hacer”.

“El 17 de octubre  estuvo el aniversario en Tucumán y ahí sectores empresarios como por ejemplo Hugo Sigman, que es dueño de un oligopolio de laboratorios acá y en el mundo, Daniel Vila de América y otros de los que participaron… empezaron a poner fichas en la posibilidad de lo que llaman un ‘peronismo racional’, es decir alguien que gobierne bajo la perspectiva que dejó planteada Cambiemos pero que pueda hacer las cosas: que pueda hacer la reforma laboral, que pueda hacer un ajuste negociado, que pueda menemizarse. Insisto no porque no lo apoyen, sino porque creeen que se está debilitando demasiado y un segundo gobierno agónico de Macri puede ser peligroso para la estabilidad”.

En este sentido, analizó los antecedentes de la llegada de Bolsonaro a Brasil y el avance de la derecha. “Las causas son múltiples y ninguna es despreciable. Si las democracias en general tienen muchas distorsiones, en el caso de Brasil es una cosa distinta. Hubo un golpe institucional que destituyó a Dilma Rouseff en 2016, hubo una gran operación que es la Operación Lava Jato que la encabeza el juez Sergio Moro  y que juzga a unos y deja libre a otros (…), después se dio la proscripción del principal candidato que tenía el 40%  de intención de votos según las encuestas, que es el caso de Lula, (…) todo eso fue favoreciendo a Bolsonaro, más los medios y las fake news”.

“También hay una desilusión sobre todo con lo que fue el segundo gobierno del PT de Dilma, que había empezado un ajuste importante que se expresó en jornadas como las del 2013, manifestaciones en la calle… y que si uno va al núcleo, el motivo de fondo de muchos de los votantes es económico. Nosotros lo vemos y no lo podemos creer, pero tampoco es una tendencia tan loca: estaba Trump, está la derecha italiana; hay como una bronca con los sistemas políticos tradicionales, no necesariamente reaccionaria de conjunto. La gente que ve la corrupción, que la pasa mal y que ve que se enriquece,  tiene una bronca justa. Después si no hay salidas progresivas es muy probable que terminen canalizadas por demagogos de este tipo ¿no?”.

Rosso aseguró que el modelo de Bolsonaro para Brasil “desde el punto de vista económico propone un neoliberalismo radicalizado. Paulo Bede que es el que va a poner como ministro de Economía estudió en el Chile de Pinochet la economía ultra neoliberal. Además propone privatizar un montón de las empresas estatales que quedan en Brasil. Para el tema laboral propuso derecho con trabajo o trabajo sin derechos; propuso declarar como terroristas al MST y al Movimiento Sin Techo”.

“Y no sé si va a poder hacer todo eso, porque una narrativa de Estado de ese tipo puede desatar en términos clásicos una lucha de clase peligrosa para el orden, por lo cual, quizás lo quieran contener las propias Fuerzas Armadas, que algunos dicen que tienen intereses más nacionalistas, o el propio poder judicial que está manejando como árbitro el régimen político y no quiere largar eso. (…)  Lo que Bolsonaro haga depende de cuánta organización y cuánta resistencia haya”.

Desde nuestras redes de radios, canales de TV y otros medios comunitarios denunciamos el nuevo recorte brutal que el proyecto de Presupuesto infringe al Fomento legalmente establecido por ley 26.522, agravando a una escala inédita la millonaria deuda que el Estado arrastra con el sector.

Hasta acá, el incumplimiento venía dándose por tres vías: asignando menos de lo que la ley indica; ejecutando menos de lo asignado vía rechazo de proyectos con argumentos absurdos o inexistentes en reglamentos; y estirando meses y hasta años las definiciones y pagos con procedimientos complicados y engorrosos. Esto viene acumulando deudas por: 35 millones de concursos ganados y nunca pagos de 2015, 58 millones de concursos no adjudicados en 2016, 160 millones de concursos todavía en proceso de 2017, 300 millones correspondientes a concursos 2018 aún no abiertos y varios cientos más por diferencias acumuladas entre lo dispuesto por la ley y lo asignado año tras año.

Esta es la primera vez que a todo esto se le suma una baja de lo asignado el año anterior: de 180 millones asignados en el Presupuesto 2018 (contra 300 que correspondían por ley, según recaudación del gravamen a la comunicación audiovisual del año anterior), bajamos a 140 millones para este ejercicio (sobre una recaudación que va a ser obviamente mayor, que el acumulado 2018 es de 258 millones faltando todavía 3 meses).

Esto constituye: una burla a los compromisos asumidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) luego de muchas manifestaciones y “mesas de diálogo” que son inconducentes sin recursos; una expresión más del vergonzoso Presupuesto del Ajuste dictado por el FMI; un nuevo ataque al Derecho a la Comunicación y la pluralidad de voces que la ley debe garantizar con este mecanismo; y el agravamiento de un incumplimiento sistemático de esta ley por parte del propio Estado y sus funcionarios, reteniendo o usando para otros fines fondos de asignación específica, lo que es un delito.

Reclamamos:

-A legisladores y legisladoras que no convaliden este nuevo atropello, ni el vergonzoso proyecto de Presupuesto del FMI que lo contiene junto a muchos otros más

-Al gobierno nacional y las autoridades del ENaCom, organismo de aplicación de esta ley y esta política pública, que cumplan los compromisos asumidos y la ley sin más trampas ni dilaciones.

Espacio InterRedes:

Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) / Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) / Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) / Red Colmena (Cooperativas de Trabajo-CNCT) / Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)

El fiscal Antonio Castaño manifestó su bronca en FM De la Calle tras las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y otros dos imputados por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y se mostró confiado en que la Cámara de Casación revoque la sentencia del Tribunal Oral.

El funcionario judicial fue quien realizó junto a su par de la Protex, Marcelo Colombo, la investigación desde 2014 e intervino en la causa hasta su elevación a juicio. “Si en Bahía no hay trata tampoco hay droga”, ironizó al responder dichos de la defensa.

Si bien los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu aún no difundieron sus fundamentos, el fallo estaría basado en “que no existe prueba porque no han podido ser citadas a declarar las víctimas”.

“La idea de los imputados de llevar a juicio a quienes fueron víctimas de este flagelo hace nada más que volver a revictimizarlas. Es imposible que declaren frente a estos personajes que, como todos sabemos, las tienen atemorizadas, las tienen amenazadas, saben dónde viven, dónde se desenvuelven”, dijo Castaño.

Las redes de trata “permiten que esas mismas personas circulen por distintos lugares, cuyos propietarios tienen relación con los propietarios de los demás lugares por donde las víctimas han pasado. Son blanco fácil de poder ubicar”.

Castaño remarcó que entre la prueba “teníamos declaraciones testimoniales brindadas en el ámbito de nuestra Fiscalía Federal con todas las garantías del proceso, porque no solamente he estado yo sino también las defensas de los imputados. Lo que no permitió el tribunal es que esas declaraciones que estaban en forma escrita sean leídas en el debate. Fue a pedido de las defensas, más vale, quieren que las víctimas vayan al lugar y que lógicamente lo que van a declarar no va a ser lo que realmente han pasado”.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Para ejemplificar las situaciones de riesgo y las intimidaciones padecidas por las testigos víctimas, recordó que para una de las mujeres cuyo testimonio fue “totalmente contundente en cuanto a la operatoria de Víctor Iglesias” tuvo que solicitarle a la jueza Mirta Filipuzzi una custodia permanente ante su domicilio.

Dicha tarea la asumió la Prefectura, la cual informó luego que durante su tarea “se habían acercado distintos personajes a los efectos de, según ellos, invitarla a comer un asado a esta testigo, personajes relacionados con los imputados de la causa”.

“Esto lógicamente va a ser apelado por el fiscal de juicio, el dr. Santiago Roldán. Hay antecedentes en Casación de estas circunstancias, así que tenemos plena fe con el fiscal de juicio que esto va a ser revertido pero queda la sensación de impotencia tanto mía como de toda la gente que trabajó denodadamente en esta causa”.

El fiscal destacó el poder alcanzado por algunos imputados: “Son personas con mucho poder económico, vinculadas normalmente a cuestiones políticas y enquistados en nuestra sociedad como grandes señores, hoy son empresarios y así se seguirán manejando”.

“Lo de Gutt está comprobado.

Hoy tiene la posibilidad de volver a la Prefectura, es una barbaridad desde todo punto de vista”.

El Tribunal Oral dio a conocer el viernes el veredicto tras prohibir la participación del público y la prensa durante las audiencias. El fiscal Roldán desistió de acusar al dueño de El Gran Chaparral, Martín Vargas, quien recuperó su libertad tras los alegatos. Lo mismo sucedió al día siguiente con Iglesias y el ex prefecto Eduardo Horacio Gutt.

El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

Foto Castaño: De la Bahía.

Con la lectura de la acusación arrancó este viernes el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. Es el segundo tramo de la causa que investiga crímenes del terrorismo de Estado ordenados y ejecutados en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

De los 18 imputados uno solo llegó esposado en un móvil del Servicio Penitenciario. Otros tres se acercaron por su cuenta a Colón 80 desde sus prisiones domiciliarias y el resto hizo lo propio, hacia sedes judiciales de Capital Federal y Necochea, para seguir la audiencia por videoconferencia.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani afirmó que el debate mostrará una vez más “el circuito de Baterías, Comando de Operaciones Navales y la comunidad de la Armada Argentina operando junto con el V Cuerpo de Ejército. Vamos a escuchar algunas cosas que ya conocemos como hechos notorios y otras que se van a ventilar por primera vez, con todo lo que significa la realización de un juicio para seguir construyendo la memoria, la verdad y obtener justicia”.

Las próximas audiencias serán el jueves 1 y el viernes 2 de noviembre desde las 15.

El tribunal está integrado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de H.I.J.O.S. y APDH, respectivamente.

El fiscal Palazzani destacó ante FM De la Calle que “hay un contexto discursivo, simbólico, de cierta regresión. Es la instalación de discursos que uno pensaba que estaban superados a esta altura”.

“Es una conquista de toda la sociedad argentina, hay un hecho notorio -y eso tiene su significación judicial, es un hecho que no debemos probar ni discutir- que es la existencia del terrorismo de Estado. Y uno viene escuchando en ciertas esferas de producción discursiva reverberancias de la teoría de los dos demonios, de la palabra guerra, de reivindicaciones del sector que fue victimario y no víctima”, afirmó.

Miguel Ángel Palazzani.

Miguel Ángel Palazzani.

Palazzani aseguró que ver “en el público algunos cursos de chicos del secundario” hace que los juicios “tengan sentido”.

Consultado respecto a la generalización de las detenciones domiciliarias, el fiscal explicó que fueron recurridos en Casación y en la Corte todos los casos que consideran injustos o en los cuales los genocidas, incluso con alguna dolencia, pueden ser atendidos dentro del Servicio Penitenciario Federal. “El resultado es este que estamos viendo. Fiscalía no deja recurso ni petición por efectuar. Luego, los que deciden son los jueces”.

Mario José Bilesio.

Mario José Bilesio.

 

Minutos antes del inicio de la audiencia, integrantes de la Agrupación H.I.J.O.S. leyeron un comunicado en el cual repudiaron las domiciliarias y el escaso tiempo dedicado por el Poder Judicial para las causas de lesa humanidad.

“En momentos de profundos retrocesos en materia de derechos humanos y de derechos en general en nuestro país, a lo largo y ancho de Argentina, se sigue juzgando genocidas gracias a la convicción y valentía de los sobrevivientes y testigos, de un sector del Poder Judicial que continúa avanzando a pesar de las dificultades y del compromiso de organismos y ciudadanos que sostenemos los juicios”.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Dante Patrignani, afirmó que estamos atravesando “un momento histórico en el cual desde el gobierno se están ralentizando estas cuestiones y hay una clara política en contra de la memoria, la verdad y la justicia, desde el negacionismo de Lopérfido a poco de asumir el gobierno pasando por el intento del 2×1 se trata de silenciar todo esto y, como organización de los trabajadores, teníamos que estar presentes”.

El dirigente agregó que la designación como fiscal del ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, a pesar de las impugnaciones presentadas por organismos de derechos humanos por su complicidad con los genocidas, va “en la misma dirección que el nombramiento de Carlos Rosenkrantz (como presidente de la Corte) y las presiones hacia los jueces que cumpliendo las normas legales se niegan a seguir las directivas del gobierno. Hay toda una ofensiva del Poder Ejecutivo, de los pro genocidas del gobierno, para que el Poder Judicial se someta a sus políticas”.

Arturo María Quintana.

Arturo María Quintana.

Tras la lectura de la acusación, la Fiscalía adelantó que su alegato contendrá el pedido para que los delitos sexuales cometidos o avalados por varios de los imputados sean considerados de manera autónoma a las torturas, tal como se plasmó en la sentencia del primer debate de la causa.

Las defensas se escandalizaron aun antes de escuchar el planteo fiscal y deberán argumentar su oposición en la apertura de las sesiones de principios de noviembre.

El ex presidente de Huracán Víctor Hugo Iglesias y el prefecto Eduardo Horacio Gutt fueron absueltos por el tribunal oral en el mayor juicio por trata de mujeres para explotación sexual de la historia judicial bahiense. El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

El fiscal Sebastián Roldán había requerido ayer una pena de diez años para Iglesias por trata y facilitación de la prostitución, cinco años y medio para García y cinco años para Gutt. Respecto al propietario de El Gran Chaparral, Martín Vargas, había pedido su absolución por falta de pruebas.

En los próximos días los jueces Luis Salas, Oscar Albrieu y Marcos Aguerrido darán a conocer los fundamentos del fallo. Víctor Hugo Iglesias, quien fue defendido por Maximiliano De Mira y Dámaso Larraburu, deberá afrontar otro juicio oral por una investigación iniciada en 2012.

Antes de la lectura de los alegatos, un conjunto de organizaciones realizaron un llamamiento para que “la explotación sexual no quede impune y que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas”.

Nora Dinoto, integrante de la Red Local de Violencia de Género y firmante del documento, agregó que consideran a la trata de personas “como una forma de violencia extrema en el que se vulneran todos los derechos; el derecho a la identidad y a la vida misma. Lógicamente la ciudadanía y los organismos que peleamos por los derechos humanos tenemos que estar presentes aquí para reivindicar una vida digna para todas las personas”.

Además opinó sobre la actuación del tribunal: “Tendrían que haber difundido más toda esta cuestión que está en discusión. Hay que evitar la revictimización de las víctimas rescatadas en toda esta situación de trata pero sí quedaron algunas cosas pendientes que nos hubiera gustado que se manejaran de otra manera”.

Miriam Iantosca, integrante de Bahía Contra la Trata, aseguró a FM De la Calle que “se debatió muchos años y costó mucho. Verlos acá y que tengan que rendir cuentas hace que nosotros sigamos luchando, por esto que es una violación a los derechos humanos. A las mafias hay que seguirles los pasos, porque estas mafias mutan, hay que perseverar y permanecer en esta lucha porque es la única manera que vamos a estar rescatando a las niñas, niños y ahora, adolescentes”. Antes de conocer el veredicto afirmó que “lo que queremos es que queden adentro, lo que parece es que puede haber un poco de impunidad”.

Para la concejala de Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani el juicio fue “hermético”, con irregularidades y poca información. “Hay algunas cuestiones con las pruebas que fueron bastantes dudosas, en un juicio que ha sido el operativo más grande en la ciudad de Bahía Blanca. Nos preocupa porque seguimos viendo que se declama desde los estados municipales, provinciales y nacionales pero cuando vamos a la práctica, cuando realmente tenemos que demostrar lo que se hace y dar fallos ejemplificadores, todo queda muy licuado. Ellos mismos solicitaron la Declaración de Emergencia en Materia Social de Violencia de Género que sigue vigente y hemos pedido dentro del marco de la emergencia saber qué medidas se tomaron. Acá murieron tan solo este año cuatro mujeres y nos parece que el Ejecutivo al no responderte claramente nos está diciendo qué es lo que hace”.

Al ser consultada por los vínculos de Iglesias con el peronismo y en particular con el dirigente Dámaso Larraburu, Ghigliani dijo que “cuando estuvo en la interna del Partido Justicialista nosotros fuimos en la otra lista y es uno de los puntos que planteamos y, por suerte, ganamos la interna porque nos parecía que era aberrante que figurara como si fuese una persona que pudiera venir a decidir en un espacio político partidario”.

El documento leído este jueves frente al tribunal fue firmado por más de cuarenta organizaciones. La ex diputada nacional Virginia Linares, integrante del Frente Julieta Lantieri, aseveró que “Bahía y Punta Alta le han dado la espalda a la trata de personas, como si no existiera en esta ciudad. La idea es empezar a decir esto: existe en Bahía Blanca la trata de explotación sexual y también la laboral y que hay que empezar a denunciar”.

Verónica Bajo de Acciones Feministas brindó un marco más amplio desde dónde pensar la explotación sexual: “Siempre decimos que la prostitución es la cosificación extrema de un ser humano, de las mujeres en este caso. Es la conjunción máxima entre capitalismo y patriarcado. Usar a las mujeres para hacer un ejercicio de poder sobre los cuerpos es la visibilización más patriarcal que hay. Y no es casual que hoy estemos asistiendo a un juicio que ha sido invisibilizado por los medios donde hay un silencio muy grande y donde hay complicidad. No es casual que sea uno de los negocios más grandes del mundo, tiene complicidad de los estados, de los gobiernos, de los poderes económicos y de la justicia”.

Ana Canullo, integrante de CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, instó a que “la gente que va a la Cantina Royal  sepa a dónde va, que sepa quién es el dueño de la cantina y dónde se sienta a comer. Evidentemente estas cuestiones de poder son tan dificiles de desenmarañar que es una tarea de las militantes salir a denunciar”.

Finalmente Laura García Vázquez, secretaria adjunta de CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, agregó que “lo importante es todo lo que se ha avanzado en conciencia social. Hace unos años parecía que estar en contra de la trata estaba bien pero daba un poco de miedo. (…) Lamentablemente todos estos delitos aberrantes para la condición humana, y en este caso para las mujeres, cuentan con el apoyo del poder real: económico, político, judicial. Y esa es una batalla muy grande que tenemos que dar por las mínimas garantías democráticas”.

Este viernes a las 9 comenzará el debate oral del segundo tramo de la causa Armada. Mientras, se demoran una cuarta parte de Ejército, el juicio a integrantes de la Triple A y otras investigaciones contra responsables civiles del genocidio en Bahía Blanca y la región.

18 imputados, 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias orales y públicas serán cada quince días en Colón 80. Habrá alrededor de veinte testigos y, probablemente, solo un represor en la sala. El resto seguirá el debate por videoconferencia.

Es el sexto juicio que se realizará en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Es el lento camino de una etapa del Juicio y Castigo iniciada en junio de 2011.

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En septiembre de 2012 fue la histórica sentencia con condenas de prisión perpetua para 14 genocidas y otras tres de entre 17 y medio y 18 años. El grupo de criminales estaba conformado por integrantes del Comando V Cuerpo de Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181, de la Policía Federal de Viedma y por ex responsables de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

Además, el fallo incluyó decisiones relevantes en el proceso judicial como fue la orden de abrir y profundizar investigaciones contra genocidas civiles: el clan Massot y La Nueva Provincia, el capellán Aldo Omar Vara y de quienes ocuparon la Secretaría del Juzgado Federal: Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti.

En diciembre de 2013, el Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca difundió el segundo veredicto en la Causa 05/07 que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

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Hubo cuatro penas a prisión perpetua y el resto a once, cuatro y tres meses y tres años y cinco meses. Los siete condenados pertenecían al Batallón de Comunicaciones 181 y al V Cuerpo de Ejército, entre ellos se destacaba un grupo de guardias del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

Los magistrados ordenaron abrir una investigación sobre la responsabilidad del ex juez provincial Francisco Bentivegna durante el terrorismo de Estado y, a modo de reparación, dictaron la nulidad absoluta de una sentencia del Consejo de Guerra del V Cuerpo.

El 25 de noviembre de 2015 el TOF bahiense condenó a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Los sentenciados fueron miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

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Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “el diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía” que ocho militantes peronistas “fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y, en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que señalice “el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías” como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados”.

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En mayo de 2017, el comisario Gustavo Abel Boccalari fue condenado a prisión perpetua por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a Julio Argentino Mussi. Tras el debate los jueces Luis Roberto Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido ordenaron señalizar como “sitio de la memoria del terrorismo de Estado” el predio de Chile y España donde funcionó el centro clandestino de detención de la División Cuatrerismo.

En octubre del mismo año, 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Fue el Juicio Ejército III, en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo requerido por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Luego de realizarse la audiencia preliminar del juicio que ahora comienza, los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti renunciaron a sus subrogancias en el tribunal oral y fueron reemplazados por Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.

16 de los imputados serán juzgados por primera vez en la ciudad. Otros dos ya fueron condenados a prisión perpetua en el primer tramo del juicio. De todos ellos, uno solo está en la cárcel.

Organizaciones sociales, políticas, sindicales y feministas convocamos a la comunidad a la lectura del documento “No a la impunidad” en el marco del juicio por trata de mujeres para explotación sexual más importante de la historia judicial bahiense.

Será este jueves a las 11 frente al Tribunal Oral de Chiclana y Lavalle donde se escucharán los alegatos contra el dirigente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

La investigación del fiscal Antonio Castaño y del titular de la Protex, Marcelo Colombo, destacó la “evidente connivencia policial y política” con la que actuaban los proxenetas en Ing. White. 25 mujeres y niñas fueron rescatadas.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

 

ANTE EL JUICIO DE TRATA MÁS IMPORTANTE

DE LA HISTORIA DE BAHÍA BLANCA, NO A LA IMPUNIDAD

En el marco de un juicio histórico por trata de personas con fines de explotación sexual que se está llevando a cabo en la ciudad, queremos transmitir un mensaje claro.

Se llega a esta instancia judicial con evidencias concretas de un armado en red, destinado a la trata de mujeres. En este marco, se efectuó el mayor operativo de desarme de tramas de explotación sexual en la ciudad, en el cual fueron rescatadas 25 mujeres. Asimismo, señalamos que en este caso se destacó la connivencia entre los explotadores y las fuerzas de seguridad, lo cual constituye una de las principales características de este delito a nivel mundial. Nuestro objetivo es hacer ver lo que se pretende silenciar o invisibilizar: que la explotación sexual es una forma de vulneración de Derechos Humanos, la cual no puede ser tolerada, naturalizada, ni avalada por los Poderes de la República.

Es por lo mencionado que, desde organizaciones y referentes sociales, políticas/os, sindicales y feministas, hacemos un llamamiento a que la explotación sexual no quede impune, y a que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas, en pos de restituir todos sus derechos vulnerados.

ADHIEREN:

Bahía Contra la Trata – Frente Julieta Lanteri – Red Local de Violencia de Género – Consejo Local de las Mujeres – Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur – Grupo de investigación UNS Prostituir es tratar – El Nido – Acciones Feministas – Desbandadas – Comisión de Género y Diversidades sexuales del Colegio de Psicólogos Distrito 1 – Bahiensas Feministas – Asociación Civil Manos Entrelazadas de Punta Alta – Colegio de Psicólogos – La Misión – Centro de estudiantes de trabajo social Bahía Blanca – Centro de pensamiento jurídico Inclusivo – FM De la Calle – Centro de estudiantes de Abogacía UNS – Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca – Equipo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Congregación Claretiana Bahía Blanca – Comisión de Cultura y Deportes venezolana de Bahía Blanca – Programa Aquelarre Radio Urbana Bahía Blanca.

Ate Bahía Blanca – Suteba Bahía Blanca– Sadop – Adef Bahía Blanca – CGI (Comisión Gremial interna) Banco Credicoop – Jaime Linares Senador Nacional MC – Frente feminista nacional y popular – Integración Ciudadana – Nuevos Vientos – Unidad Ciudadana – Bloque de Concejales Cambiemos – Bloque de Concejales PJ Cumplir – Frente de Mujeres Nuevo Encuentro – Juventud Radical – Jóvenes Pro Bahía Blanca – Puño y Letra Comunismo Revolucionario – Juventud Sindical Peronista – Socialistas para la Victoria – Melina Rebollo secretaria de DDHH e igualdad de género Secasfpi Anses – CTA Autónoma Nacional Pablo Micheli secretario general y Dora Martinez secretaria adjunta – CTA Provincia de Buenos Aires Cristian Echeverría secretario general, Laura García Vazquez, secretaria adjunta – Jesús Felix, secretario general CTA Autónoma Bahía Blanca Coronel Dorrego.

(Por Mauro Llaneza) La justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría en el marco de las causas que investigan la contaminación del estuario.

En el ámbito federal se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento.

En el fuero contencioso administrativo se rechazó prohibir la pesca -tal como sugirieron los expertos-, difundir el resultado de la pericia realizada por la Facultad de Agronomía de la UBA que concluyó que las especies no son aptas para el consumo humano, prohibir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales y la distribución de dividendos de las empresas.

Los representantes de los pescadores habían solicitado a la justicia federal la citación a indagatoria a los directores de ABSA S.A., Compañía Mega S.A, Solvay Indupa SACI, Cargill S.A.,  Petrobrás Argentina S.A., Profertil S.A., Dow Argentina S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a funcionarios del OPDS y la Secretaría Ambiental de Bahía Blanca.

“Los directores de cada una de las empresas han tomado la decisión, con conocimiento y voluntad, de instalarse en una zona con características morfológicas particulares que provocan que el agua no sea renovable, que asimismo es una zona de reproducción y cría de muchas especias marinas y en donde se ha instalado una ‘polo petroquímico’, sabiendo que cada una de las empresas incorporan sinérgicamente sustancias nocivas al ambiente”, denunciaron.

No hay estudios que certifiquen que el aporte individual de contaminantes de cada empresa del polo petroquímico genere daño ambiental en un área sin renovación de agua y donde se reproducen y crían muchas especies marinas.

Sin embargo, los directivos decidieron instalarse allí y “continuar produciendo y arrojando sus desechos industriales constantemente al estuario” sabiendo que su “aporte no es el único” y que “la sumatoria de todos los desechos industriales son los que realmente importan cuando se debe prevenir la contaminación”.

Por ello, el abogado Lucas Beier y el fiscal Alejandro Cantaro solicitaron oportunamente la prohibición del vertido de sustancias no permitidas o la conformación de una mesa con todas las partes para establecer un plan de saneamiento.

La jueza Gabriela Marrón, a instancias del fiscal subrogante Horacio Azzolín, falló que aun con el resultado de la pericia realizada por la UBA y la Policía Federal es “prematuro” aceptar las medidas cautelares.

En el fuero contencioso administrativo los pescadores artesanales insistieron al juez Agustín López Coppola que dicte medidas precautorias ante el riesgo para la salud de la población por la contaminación y para frenar el crecimiento de las empresas que lo generan.

En todos los casos el magistrado sostuvo que, a pesar de las conclusiones de la pericia de la FAUBA, “nada ha cambiado” para alterar los argumentos con los cuales había rechazado acciones similares en 2009.

“Sabiendo que el estuario no admite más carga de contaminantes y que este proceso judicial seguramente durará muchos años más hasta tener una sentencia firme, el dictado de una medida cautelar es la única medida idónea para cumplir el mandato legal y constitucional de prevenir más efectos nocivos”, le reprochó el abogado Lucas Beier en su apelación.

Más allá de la pericia, en nueve años y decenas de miles de fojas, la causa incorporó resoluciones ministeriales, del Comité de Control y Monitoreo y documentos en los cuales las propias empresas reconocen “la constante y continua deposición final de sustancias peligrosas en el estuario”.

“¿Que sería más prudente, preventivo y responsable ante la afirmación científica de que existe un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies que prohibir su captura y consumo?”, se preguntó el abogado.

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El juez argumentó que la pericia está en etapa de “bilateralización” -durante la cual las partes analizan el estudio- y si bien el análisis “será ampliado y explicado luego de las impugnaciones”, vale destacar que ya no es posible pedir su nulidad.

El magistrado rechazó dar a publicidad los resultados de la pericia y advertir a la población sobre los riesgos del consumo de peces del estuario aunque aclaró que la querella podría realizarlo por su cuenta y destacó que, de hecho, la noticia fue difundida por los medios de prensa.

En su apelación, Beier recordó al juez que “ningún acto de las partes puede suplir los actos de imperio del juez que, dicho sea claramente, son también actos de gobierno” y que sobre su cabeza pesa “cumplir los objetivos y principios de la Política Ambiental Nacional”.

López Coppola se contradijo al no impedir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales que utilicen el estuario para descargar sus efluentes argumentando que los pescadores no informan sobre una fecha precisa de inicio o existencia de proyecto en ese sentido.

“La consideración de lo público y notorio por parte del juez es errónea por parcial pues ha considerado la difusión mediática de ciertos aspectos de la pericia de la UBA pero no ha considerado que, previamente, se viene informando por los mismos medios de prensa que existen concretas intenciones de grupos empresarios, inclusive parte de las empresas demandadas, de invertir sumas millonarias en ampliaciones industriales en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, complejo industrial que tiene al estuario homónimo como cuerpo receptor de todos sus detritos nocivos y contaminantes”.

El punto no solo alcanza a firmas del polo sino de cualquier industria cuyos residuos líquidos lleguen por la red cloacal a la ría sin tratamiento. Por obvio, excluyen de la prohibición reclamada a “las que lo hacen en forma clandestina”.

Durante el fin de semana se realizará en Trelew el 33º Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis que cada año reúne mayor cantidad de participantes.

Miles de mujeres llegan desde todo el país y del exterior para participar de un evento único. Este año se esperan más 50 mil participantes durante las dos intensas jornadas de debate y aprendizaje.

“Llegar a un encuentro no te garantiza que vas a salir feminista pero sí que vas a descubrir el movimiento de mujeres y ver cuantas hay viviendo historias como la tuya, vas a dimensionar lo que está sucediendo en América Latina donde las mujeres estamos demandando derechos, un mundo más justo, más igualitario, donde el mercado no nos lleve puesta a nosotras y a las generaciones futuras”, dijo a FM De la Calle Marcela Rodríguez.

El Encuentro comenzará con un acto de apertura en el cual se leerá un documento consensuado por quienes integran la comisión organizadora. En ese momento se toman las inscripciones opcionales y las participantes hacen un aporte de dinero para solventar los gastos.

Durante todo el año, la comisión organizadora gestionó alojamiento y comida para las participantes del evento. Este año habrá por primera vez una Feria Gastronómica “Al horno el patriarcado”.

“Tener que abastecer a tanta gente de comida demando la necesidad de esta feria. La idea es que tenga precios accesibles, esta desde la calle Edison hasta el centro y unas cuadras más adelante empieza todo el paseo de feria artesanal. Esta feria tiene el nombre de ‘Evelyn Moli Artesana de Sueños’, era una artesana que murió víctima de femicidio”, comentó Rodríguez.

Otra de las particularidades del encuentro de este año es la Campaña por un Encuentro Plurinacional que llevan adelante las mujeres de los pueblos originarios.

Las escuelas se abren para alojar a las viajeras y para ser cede de los 73 talleres, se incorporan dos nuevos “Mujeres y fútbol” y “Mujeres por la libre autodeterminación de los pueblos” y centenares de actividades culturales en paralelo.

Es un encuentro festivo, donde las diferentes demandas del movimiento de mujeres y feminista confluyen en un solo evento que finaliza con una marcha multitudinaria de todas las organizaciones en conjunto con independientes. Y finalmente se realiza un acto de cierre donde se elige la próxima sede.

“Estamos exigiendo al gobierno provincial que no haya medidas de represión, no pedimos seguridad de Gendarmería ni de la Policía en los momentos en que nosotras nos encontramos y transitamos por los espacios públicos”, dijeron desde la organización.

“El encuentro es un espacio de maravillosos, de crecimiento y formación para cada una que participa. Esta sociedad patriarcal y machista nos genera experiencias que no son agradables, nos deja las marcas del patriarcado en la sensibilidad de la piel, en la memoria. Eso es lo que nosotras seguimos construyendo, proponiendo nuevas formas de relacionarnos, de entender y mirar el mundo”.

Les pibes en la escuela. Hombres y mujeres martillan los restos de las viviendas de chapa que ayer destrozó la policía. Se organizan entre sí. Este rato ayudan a una mujer a levantar lo poco que le tiraron. Otro rato ayudan a otra vecina a colocar el techo. Trabajadores/as sin trabajo. Uno de ellos despedido recientemente de Servicios Integrados Bahía Blanca.

Esta mañana, presentaron un recurso de amparo. “Vinieron sin orden de desalojo”, dijo Juliana a FM De la Calle, y reprimieron “sabiendo que hay chicos menores”. “Se metieron a las casas”, agregó su vecina, en situación de calle con dos niños a cargo. “Hay menores con balas de goma”.

Ambas se acercaron a la municipalidad, en otras oportunidades, frente a la difícil situación económica que atraviesan. “En este caso vivieron con agresión y amenazas” sin mediar diálogo político.

“Por algo estamos acá” suma Luciano, quien recuerda que están anotados en “planes de vivienda desde el 2006. Son tierras que el municipio quiere negociar porque es mucha plata. Queremos un lugar donde poder vivir dignamente”.

“No queremos que nos lleven a un hogar donde hay más mugre que acá. Queremos una respuesta. Queremos que se haga cargo el intendente. Que se haga responsable. Que no se olvide que estamos en un rincón de Bahía Blanca. Que les dé una solución a la familia. No estamos usurpando. Estamos ocupando un lugar que nos pertenece como bahienses. No queremos que nos den materiales, lo vamos a levantar de cero”.

A su vez, denunciaron que durante la represión de ayer el municipio les “robó lo poco que teníamos. Se llevaron chapas, todo. Buscan que nos peleemos entre pobres y no lo van a lograr”.

Mientras tanto, el intendente Héctor Gay, junto a un puñado de dirigentes nacionales, lanzan la Unión Industrial de la Patagonia Argentina en el Teatro Municipal.

Por 33 votos a favor y 20 en contra el Senado aprobó ayer el pliego de Santiago Ulpiano Martínez para que asuma la titularidad de la Fiscalía Federal Nº2 de Bahía Blanca. De esta manera, la mayoría de las y los senadores desoyó las graves denuncias de los organismos de derechos humanos y de víctimas del genocidio.

“Ulpiano Martínez es parte de la estrategia del gobierno de Mauricio Macri para garantizar la impunidad para los culpables de crímenes de lesa humanidad”, afirmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, y Rosana Heinrich -hija de Enrique Heinrich, obrero gráfico de La Nueva Provincia asesinado por la última dictadura cívico-militar-.

Una de las impugnaciones presentadas en abril fue realizada por el CELS y planteaba que Martínez “carece de idoneidad para el cargo” dado que “sus tres años a cargo del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca dejaron un cuadro de atraso y falta de organización de las causas sobre las cuales debía resolver. Además, tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad”.

En cuanto a las investigaciones sobre el genocidio, los organismos destacaron que las “reiteradas irregularidades” se “convirtieron en estrategias de impunidad”.

“Entre los beneficiados está Vicente Massot, uno de los responsables de La Nueva Provincia, acusado por el secuestro y asesinato de Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas, y Miguel Ángel Loyola, tesorero del mismo sindicato”.

“Además, Ulpiano Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, rechazó el pedido de detención de Aldo Vara, capellán acusado por delitos de lesa humanidad, lo que facilitó que se fugara y muriera impune, y omitió informar sobre prisiones preventivas cuyos plazos estaban vencidos”.

El comportamiento irregular de Ulpiano Martínez fue informado por el juez Alejo Ramos Padilla, su sucesor como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, ante el Consejo de la Magistratura y la Comisión Interpoderes.

Ayer votaron a favor: Federico Pinedo, Julio Cobos, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Bullrich, Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Néstor Braillard Poccard, Humberto Schiavoni, Carlos Espínola, Roberto Basualdo, Inés Blas, Inés Brizuela y Doria, Miriam Boyadjian, Mario Fiad, Julio Catalán Magni, Eduardo Costa, Alfredo De Angelli, Silvia Giacoppo, Gladys González, Daniel Lovera, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Dalmacio Mera, Claudio Poggi, Blanca Porcel de Riccobelli, Laura Rodríguez Machado, Guillermo Pereyra, Magdalena Solari Quintana, María Belén Tapia, José Uñac, Marta Varela, Silvia Beatriz Elías de Pérez y Pamela Verasay.

En tanto, los votos en contra fueron los de: Anabel Fernández Sagasti, María Inés Pilatti Vergara, Eduardo Aguilar, Ana Almirón, Norma Durango, Marcelo Fuentes, Silvina García Larraburu, Nancy González, Pedro Guastavino, Ana María Ianni, Alfredo Luenxo, José Mayans, Beatriz Mirkin, María de los Ángeles Sacnún, María Odarda, José Ojeda, Juan País, Eugenia Catalfamo, Sigrid Kunath y María Teresa González.

El viernes se realizó una nueva entrega de la bolsa con Producciones de la Agricultura Familiar y FM De la Calle emitió desde Avellaneda 416 un programa especial de En Eso Estamos con entrevistas a integrantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, de los grupos de productores/as asociados/as, consumidoras y consumidores.

La iniciativa llegó a Bahía Blanca a partir de la experiencia de la Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María -Córdoba-, un grupo de organizaciones e instituciones que desarrollan una lógica de consumo organizado, teniendo en cuenta tres líneas de trabajo: compra directa a productores; compras en el mercado de frutas que no se producen en la localidad; y compra a productores nucleados en pequeña cooperativas.

Aquel espacio nacido en la red de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria impulsa, además, el debate acerca de la cadena de producción de los alimentos que consumen, la formación de precios y cómo lograr un comercio justo.

Luego de participar de una jornada de trabajo en Villa María, integrantes del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca convocaron al CFP 401 Anexo UP4, al INTA Pro Huerta, a Cambio Rural y a FM De la Calle para proyectar la iniciativa a nivel local.

El objetivo era lograr que Pro.Sau.Chi, un grupo de productores del Sauce Chico, vendan más, a un precio justo, de forma directa y sin intermediarios. Luego se incorporaron emprendedoras asociadas con capacidad de producir en mediana escala.

Se trata Moras Brix, un grupo de mujeres que elaboran conservas, Runtu Thani, productoras de huevos frescos, e internos de la Unidad Penal de Villa Floresta, quienes aportan lombricompuesto, hongos comestibles y la serigrafía de las bolsas. También participan pescadores artesanales de Pehuen Co, quienes están en proceso de regularización de su actividad.

Marina Huentenao, integrante del equipo de Ecosol de Cáritas Bahía Blanca


 

Castorina Chamorro y Alejandra Millán, productoras de mermeladas y panificados


 

Celina Diotto y Carlos Mojica, INTA Pro Huerta y Runtu Thani


 

Antonio Gareca, integrante de Productores del Sauce Chico


 

Pablo García y Alicia Torre, Cambio Rural y FM De la Calle


 

Eliana Soto y Sonia Zamora, productoras de huevos de Runtu Thani


 

Analía Guerrero, integrante de La Feria del Lago


 

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

Eduardo Galeano.

(Por Giuliana Crucianelli) En noviembre tendrá lugar en Buenos Aires el G20, cumbre de los presidentes de 19 países más la Unión Europea. Se presenta como el “principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política” que “aborda los grandes desafíos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan”.

Mientras tanto, comenzaron a realizarse las reuniones de los grupos de afinidad en los cuales líderes de diferentes áreas proponen lineamientos para cumbre. La agenda de género es uno de los capítulos: Women 20. ¿Qué significa la equidad de género para este foro? ¿Cuál es su modelo de mujer?

“Propone empresarias exitosas pero para el resto el emprendedurismo, te las tenés que arreglar con lo que tenés, con lo que conseguiste. Ahí no vale ningún tipo de organización social, ni respuesta del Estado, ni de política social. Eso se contrapone con el ajuste y los despidos que estamos viviendo, esa realidad está totalmente avalada por el W20”, dijo a FM De la Calle Mariana Iturriza, integrante del Foro Feminista Contra el G20.

“Cerrar la brecha de género es un objetivo impostergable. La única medida para que alguien lleve a cabo un proyecto y logre sus objetivos debe ser su capacidad y su talento”, afirmó la esposa presidencial Juliana Awada durante la apertura oficial.

Uno de los puntos centrales del foro es aumentar la tasa de participación de las mujeres en el mercado del trabajo. ¿De qué inclusión estamos hablando? ¿Hay alguna forma de pensar esa inclusión sin incluir el trabajo doméstico y de cuidado?

Según la Asamblea NO al G20 “las perspectivas de esta confluencia tienden a asociar la posibilidad de mejora en la inclusión de ‘los trabajos del futuro’ cuando sabemos que hoy ‘el trabajo’ está en crisis y que son las mujeres y otras identidades disidentes quienes se encuentran en una situación de mayor precariedad y flexibilidad, con crecientes niveles de de desempleo y de empleo informal”.

Por otro lado, Iturriza agregó que “hablan de inclusión laboral, de inclusión financiera. Es una farsa porque se apropian de nuestros términos, de nuestro lenguaje y de nuestro discurso pero en realidad los vacían de sentido” .

Susana Balbo, la “chair” o presidenta del W20, fue diputada por Cambiemos hasta que dejó su cargo para abocarse a la planificación de la cumbre. Es empresaria, tiene viñedos y una bodega de alta gama en Mendoza. También aparecen Juliana Awada y Máxima Zorreguieta, entre otras.

“Ese tipo de mujeres son las que, supuestamente, nos representan. Desde el Foro lo que decimos es que el término mujeres nos queda chico, nosotras somos un movimiento de mujeres, lesbianas, trans, tarvestis y bisexuales y de un montón de diversidades que tienen que ver con las realidades que vivimos como, por ejemplo, mujeres negras, mujeres migrantes, indígenas, campesinas, de la economía popular”.

Mientras tanto, la liberalización de los mercados, el avance de las empresas trasnacionales sobre las economías regionales de “países emergentes” -como llama este foro a los países subdesarrollados- impactará diferencialmente sobre los cuerpos de mujeres y disidencias. El G20 solo viene a ofrecer soluciones parciales y superficiales lejos de dar respuestas a los grandes problemas estructurales que dejan a las mujeres empobrecidas y en estado de vulnerabilidad permanente.

La docente e investigadora de la Universidad Nacional del Sur, María Celia Vázquez, se jubiló para dar paso a una nueva etapa de su vida después de casi 31 años de trabajo y aporte a la comunidad.

FM De la Calle conversó con ella para conocer sus deseos, expectativas y opiniones sobre la actualidad de la tarea docente.

María Celia se inició en 1985 en escuelas secundarias y nocturnas e ingresó dos años más tarde a la UNS como ayudante de cátedra.

“Desde el momento que empecé a evaluar la posibilidad de jubilarme, un poco apremiada por la coyuntura, empecé a ver como una película de lo que fue la trayectoria. Recuperé imágenes que tenía super olvidadas, se ve que se activa la idea de cierre de algo; la proximidad de eso me activó un montón de recuerdos. Estoy muy contenta de lo que pude hacer, para empezar porque pude trabajar siempre en el contexto de la actividad de la educación pública, a la que reivindico y defiendo. Me parece que es una pieza clave en la construcción del tejido social, de la sociabilidad y de la conciencia, fundamentalmente”.

A lo largo de su historia Celia aseguró haber pasado por momentos difíciles en la docencia pero también reconfortantes: “Pienso en los noventa, que fue un momento tremendamente áspero en la universidad, no sólo en lo que respecta a lo salarial o a lo presupuestario, sino que ahí refundan una universidad copiando el modelo norteamericano, con la idea de la eficiencia, de la productividad… Ese fue un momento muy duro donde los docentes universitarios o los sindicatos que nos representan, no pudimos oponernos con la suficiente fuerza. Esa refundación de los noventa en la universidad todavía tiene hoy muchas cosas que no se desmantelaron”.

Consultada por su mirada de la docencia en perspectiva de su trayectoria, María Celia contó que a pesar de que siempre supo que era un trabajo, “ser docente es desempeñar una función social muy importante, no sólo de instruir, de impartir conocimiento sino de crear conciencia y en los últimos años yo sentía que había que trabajar con la construcción de una sensibilidad y una empatía entre los alumnos como un dato nuevo, había que profundizar e incentivar situaciones que promovieran el desarrollo de la empatía”.

“A mí me impresionaba bastante cierta impronta del individualismo, del encierro, del ensimismamiento, como poco registro más colectivo como una dato que se había agudizado bastante. (…) A lo mejor tiene que ver también con que algunas cosas están y yo no las puedo percibir porque están en un modo muy diferente al modo al que estaba acostumbrada a verlas”.

Además de la docencia, Vázquez continuará su tarea de investigación que en lo que va de su carrera se ha centrado en la historia de la crítica literaria en Argentina, los debates en torno al peronismo clásico del ‘45 al ‘55 y a Victoria Ocampo: “Ese lugar incómodo me cuesta pero lo reivindico”.

“Cualquier docente en cualquier tramo que enseñe literatura ya está ejerciendo un modo de la crítica, esa me parece que es una función política y social fundamental. Qué enseñamos a leer, a quiénes leemos, qué modelos de lectura planteamos, todo eso va construyendo un sentido común, pero también una idea de la inteligibilidad del mundo, de quiénes somos, por ejemplo, si trabajamos con literatura argentina”.

-¿Qué le diría a aquellos/as que están por emprender el camino de la tarea educativa?

“La docencia es un camino de ida, en el sentido de que si uno es docente, cuesta mucho dejar de serlo, pero es un camino áspero, es difícil y, en este contexto, es doblemente difícil. Se trabaja con personas que en este momento están tan vulnerables como uno, entonces es difícil lograr los cometidos, lograr que los alumnos aprendan, compartir entusiasmos comunes… Pero ese es el gran desafío; cómo encontrar el punto en común para que los alumnos digan: ‘A lo mejor esta tiene algo interesante para decir’. Ser docente es tener que remarla para que el alumno te dé esa chance, no viene dada, hay que ganársela”.

Organismos de derechos humanos se reunieron con las CTA, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y ATE “ante la profunda preocupación por la vulneración del Estado de Derecho en nuestro país”.

El secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, dijo a FM De la Calle que la iniciativa es “de las pocas cosas esperanzadoras que hay en la Argentina de hoy porque muestra un recorrido de unidad del movimiento de derechos humanos”.

“Fue un encuentro entre dos procesos de unidad donde se respiraba la convicción de que hay que enfrentar al macrismo, en la movilización popular, en la disputa de la sociedad. No se trata solo de caminar y caminar sino de pensar modos de intervención que pongan en cuestión la dominación cultural que tiene el macrismo sobre una parte importante de la sociedad”.

Para dar continuidad a la articulación avanzarán con dos iniciativas: “una solicitada en contra de todas las amenazas” recibidas por trabajadorxs y militantes populares y la participación en la misa convocada por el sector sindical para el 20 de octubre en Luján la cual, a pedido del MEDH, tendrá un carácter ecuménico.

Schulman aseguró que “lo que ocurre en la Argentina es una operación continental de reorganización de la dominación colonial” a partir de la cual “hoy menos que nunca se puede pensar la represión por fuera de la política general”.

“El acuerdo con el FMI es la consumación de ese proceso de dominación. (…) Habrá tanta represión como permitamos, así de sencillo, en términos teóricos la cuota de plusvalía, la voluntad de explotar y ganar no tiene límites”.

El dirigente manifestó que “nosotros ya veníamos re contra jodidos, todos los días calculo mi pensión en dólares y pierdo siempre, pero ahora ya empiezan a estar amenazados los grupos medios y la historia muestra que se suicidan, que no solo son reaccionarios sino que son bastante tontos. Como la burguesía liberal de Argentina que con tal que persigan al peronismo o a Cristina o a no sé quién están aceptando de manera cómplice la destrucción del estado de derecho”.

“Argentina se va encaminando hacia una situación en que lo espacios terceristas, las propuestas de hagamos un poquito cada vez tienen menos sentido. Eso hace más difícil derrotar al macrismo pero también de que la derrota del macrismo va a ser muchísimo más contundente para el capitalismo argentino que otros períodos.

“Nada es gratis en esta vida y ceder la moneda… bueno, el que quiera salir de ese esquema no tiene otra que romper con el Fondo, eso equivale a poner límites al manejo del dólar, volver a controles, hay una cadena de decisiones que tendrá que tomar aquel que quiera separarse un poquito del macrismo que en la Argentina derivará en un enfrentamiento enorme entre la Nación y el poder colonial”, dijo Schulman.

El secretario de la Liga advirtió que el espacio avizora dicha situación y con sus pergaminos y diferencias “se propone representar nada menos que al sujeto pueblo”.

Participaron del encuentro representantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo,  Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH de La Matanza, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

Fotos: ATE Capital.

El economista Julio Gambina comentó que la salida de Luis Caputo del Banco Central responde a “diferencias de política monetaria y económica dentro del gabinete” y que parece haber ganado la pulseada Nicolás Dujovne al poner a su segundo al frente de la entidad monetaria.

“Tampoco sé qué quiere decir que va creciendo el poder de Dujovne”, dijo a FM De la Calle y agregó que “todavía no se informa el acuerdo con el Fondo Monetario y el presidente del Banco Central renuncia, no es una señal de fortaleza del gobierno Macri, digamos que es un momento de mucha turbulencia en medio de un inmenso paro general”.

“A nivel mundial esto se lee, hay un fortalecimiento de las organizaciones sindicales, sociales, con una movilización muy importante en el día de ayer no solo en Buenos Aires sino en varias ciudades y hoy paros con piquetes, es una situación de mucha incertidumbre en la política nacional”, declaró.

Gambina adelantó que “cualquiera de las cifras mencionadas -entre 20 y 3 mil millones de dólares extra- no alcanza para cubrir el déficit externo de la Argentina, con lo cual va a hacer falta reforzar, si no presta el Fondo Monetario habrá que ir a algún otro organismo internacional, seguramente se está negociando con algunos bancos”.

“Y el resultado es un gigantesco crecimiento de la deuda pública argentina. Ya el Presupuesto 2019 dice que el año que viene se van a pagar 600 mil millones de pesos en intereses que, para tener dimensión, es mayor que los 530 mil millones en salarios que va a pagar el Estado nacional: salarios de la educación, de la salud, de la seguridad, de la administración pública”.

El economista explicó que “el endeudamiento es una hipoteca gigantesca que destruye cualquier perspectiva de asegurar un equilibrio fiscal en Argentina porque, por mucho que alardean con el déficit fiscal 0, el déficit fiscal total -que incluye el financiero pagando intereses de la deuda- es gigantesco, son 3.2% del PBI”.

Al ser consultado sobre la legitimidad de la deuda y la obligatoriedad de su pago, a pesar de haber sido esta vez tomada por un gobierno democrático, Gambina afirmó que “según la Constitución la deuda la arregla el Parlamento” y eso no ocurrió.

“El acuerdo con los holdouts sí pasó por el Congreso, ahí tenés la complicidad no solo del gobierno sino de la oposición. El planteo de la izquierda solo tiene sentido en tanto y en cuanto se logre una mayoría política popular que rompa la hegemonía del partido de pago de la deuda que hay en el Parlamento y en la sociedad, es un problema político por excelencia”.

Para el economista cabría preguntarnos “por qué se tomó la deuda, cuáles son las comisiones, cuáles son los acuerdos con los bancos, por qué se canalizó de la forma que se canalizó, es más, cómo se dilapidaron los recursos en estos meses de corrida cambiaria”.

“Esas reservas internacionales, ¿por qué se usaron para ser depositadas en cuentas de especuladores y no se utilizaron para una pensar una política económica de carácter alternativo?”.

“Yo haría una consulta popular: el Banco Central gastó 15 mil millones de dólares en especulación, ¿estaría de acuerdo la población en que se utilizaran para el desarrollo de la agricultura familiar, de la economía comunitaria, la economía social, solidaria, cooperativa, de las empresas recuperadas, las pymes, en el estímulo y aliento a la producción local, de la economía regional, una política energética de soberanía?”, concluyó.

La ex diputada nacional Alcira Argumedo tuiteó luego de la renuncia del titular del Banco Central que “la Justicia debe impedir que Luis Caputo abandone el país”.

“Debe ser investigado por dólar futuro, negociados con el FGS, emisiones de deuda con sus antiguos bancos empleadores y su manejo del Banco Central dónde dilapidó miles de millones de dólares”, amplió.

Minutos después, en diálogo con FM De la Calle, recordó que el Financial Times realizó a fines de 2017 una encuesta mundial preguntando cuál había sido la operación financiera más delirante del año 2017 y “el 7% de los lectores votaron que había sido el bono a cien años al 8% anual -hay que ver que hay un gran escándalo porque subió la tasa de interés de EEUU al 3% anual-“.

“Al poco tiempo de esa operación aparecen los Paradise Papers, que son la continuidad de los Panamá Papers, y ahí sale que el fondo de inversiones más beneficiado con el bono a cien años fue Noctua Partners, fundado por Luis Caputo y que a su vez le pertenece a través de una combinación de empresas tipo muñecas rusas”, agregó.

Argumedo afirmó que bancos como el JP Morgan, al cual presidió Caputo “hasta que entró a trabajar en la especulación finaciera”, con los fondos de inversión ganaron “miles de millones de pesos”. “Esto de que se fugan 50 mil millones de pesos, no! Van amanos de estos sectores”.

“Este caballero ha hecho negocios descomunales”, destacó la socióloga y mencionó la venta de acciones que pertenecían al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Los amigos presidenciales Joe Lewis y Marcelo Midlin compraron acciones de Petrobras Argentina “avalados, entre otros, por Caputo que estaba en el consejo directivo”.

Las adquirieron “a 10 dólares la acción con tal buena suerte que a la semana estaba 18 dólares la acción. Una ganancia de 80% en cinco días y una pérdida para la ANSES del 80% en este rubro y después dicen que hay una crisis. Esto no es una crisis, es un brutal saqueo por parte de los sectores especulativos”, concluyó.

Caputo fue reemplazado al frente del Banco Central por Guido Sandleris, ex funcionario de la gobernadora María Eugenia Vidal. Durante 2016, se desempeñó como subsecretario provincial de Finanzas.