Alberto Rodríguez, testigo directo de crímenes cometidos por la banda de la Triple A bahiense y querellante en la causa judicial, fue amenazado por un hombre pasadas las 20 de ayer. Acompañado por el abogado Daniel Fortunato, denunció los hechos ante el fiscal general Alejandro Cantaro. En las próximas horas comenzará la investigación pertinente.

Rodríguez fue testigo del asesinato del estudiante David “Watu” Cilleruelo ocurrido el 3 de abril de 1975 en los pasillos del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. Brindó su testimonio e impulsó la investigación contra integrantes de las patotas de la Alianza Anticomunista Argentina que en Bahía Blanca eran conducidas por el jefe de la CGT y diputado nacional, Rodolfo Ponce, y el interventor de la UNS, Remus Tetu.

Si bien ambos represores fallecieron impunes, a principios de abril los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani requirieron el inicio de la acción penal contra varios integrantes de sus bandas. Luego de reiteradas quejas del Ministerio Público, el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez ordenó detenciones. Hasta el momento fueron capturados Héctor Oscar Chisu en Trelew y Raúl Roberto Aceituno en Ing. White.

Tras participar en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, Alberto Rodríguez dijo esta semana en FM De la Calle que respecto a la causa Triple A “el punto es si se quiere avanzar, Oyarbide lo utilizó como un método de apriete para tener una carpeta más con la cual sostenerse, avanzó en una detención y después no hizo nunca más nada. Pretenden que cada uno de los hechos cometidos, de los 24 en Bahía Blanca muertos por la Triple A, se haga un juicio único que es lo que pretendemos nosotros, no que tengamos que ir por cada asesinato y encontrar a los testigos del momento en que apretaba el gatillo y mataba a cada uno de los compañeros”.

“Lo que pedimos es: hay un listado, hay testigos de quienes operaron como la Triple A en Bahía Blanca, quiénes fueron los que participaron en hechos violentos y esa gente tiene que ir a juicio pese a que algunos ya empiezan a morir como el ‘Oso’ Chisu o Rodolfo Ponce. Pero que otros siguen caminando por las calles de Bahía o dictando clases en la Universidad”.

El testigo amenazado también denunció los supuestos vínculos del camarista federal Néstor Luis Montezanti con la Triple A. Fue en una sesión del Consejo Superior Universitario de la UNS donde se discutían asuntos vinculados a la actividad académica del abogado y ex Personal Civil de Inteligencia de la dictadura.

Aquel episodio le valió a Rodríguez ser querellado por Montezanti en 2008. Si bien el fallo fue parcialmente adverso para el militante popular, permitió que el juez correccional José Luis Ares probara que el actual camarista había estado presente, junto a un grupo de hombres armados, durante la toma de la UTN en 1974. Además, acreditó “suficientemente la pertenencia de Jorge Argibay y su grupo de matones a la tristemente célebre Triple A”.

La abogada y militante feminista Mónica Fernández Avello destacó durante la transmisión especial de FM De la Calle en el marco del #NiUnaMenos el avance legislativo en torno a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, con la excepción de la criminalización del aborto, y manifestó que “hacen falta más operadores, más juzgados, pero a la vez que debemos exigir a los profesionales, funcionarios, organizaciones, para actuar, pensar, definir, cómo y qué hacemos para proteger a las víctimas y principalmente debemos modificar el sustento de esa violencia allí donde se exponga”.

Citando a la dirigente Andrea D’Atri opinó que “la mujer del proletario es la proletaria del proletario” y agregó que “las relaciones machistas, androcéntricas y patriarcales son anteriores al capitalismo y atraviesan todas las clases sociales y, si bien le vienen como anillo al dedo al mismo, al marcar en la familia las relaciones jerárquicas entre los sexos, no son el capitalismo. ¿O acaso las mujeres polacas –por citar solo un ejemplo- no fueron violadas por los nazis camino a la Unión Soviética y luego fueron violadas por los soviéticos camino a Alemania?”.

“Acaso en las organizaciones políticas, sociales, sindicales, laborales, etcétera, no hay miles de actos machistas contra las compañeras: ¿cuántos hombres militantes le dicen a su mujer militante ‘andá vos a la reunión que me quedo a cuidar los chicos’ o a cambiarle el pañal a la nona, o a hacer la comida? Y no como un favor sino porque sos una persona, que no es de derecho natural que naciste para servir, sino que es una explotación lisa y llana de la cual se vale la ‘clase hombres’. ¿Cuántos hombres pueden asegurar que no acosan sexualmente a sus compañeras de trabajo, de militancia y que dejan de ver una teta y un culo para ver una igual con la que podemos tener relaciones de reciprocidad y no jerárquicas?”, preguntó.

Fernández Avello afirmó: “¿Quién le da la audiencia a Tinelli? Por solo mencionar uno de los tantos programas emblemáticos bien misógino. ¿Quién consume prostitución? ¿Quién consume las industrias multimillonarias para que la mujeres parezcamos eternamente jóvenes aún a riesgo de nuestra propia vida? ¿Quién cosifica a las mujeres dando una opinión que nadie les pidió sobre nuestro cuerpo? ¿Quién le dice a sus hijas mujeres ‘no juegues a la pelota porque sos un marimacho’ o al varón ‘no cocines que es de puto’? ¿Quién echa de un bar a dos compañeras lesbianas porque se están besando? ¿Qué heterosexual salió a defenderlas? ¿Quién hace la comida, lleva los hijos al médico, se hace cargo de los viejos de la familia, lava, plancha, limpia la casa a pesar de trabajar fuera de su hogar? Y no quiero dejar de lado a las compañeras travestis y transgéneros que también son víctimas de la violencia del patriarcado”.

Finalmente, la militante discrepó con la consigna que responsabiliza al Estado “porque con eso están licuando la responsabilidad y legitimando el poder que detenta la ‘clase hombre’ sobre el objeto que somos ‘las mujeres’ y que hace de la misma una relación desigual signada en la violencia y en la apropiación de nuestro cuerpo y que, en casos extremos, llega a la supresión misma del objeto –como son los femicidios-“.

Se realizaron dos nuevas inspecciones oculares en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad contra 25 represores que se desempeñaron durante la dictadura en jurisdicción de la Base Puerto Belgrano.

El fiscal José Nebbia dijo esta mañana a FM de la Calle que el martes las partes recorrieron la Base Espora junto a un testigo que se desempeñó como radio operador en la época de los hechos y que en el juicio había relatado un traslado de detenidos encapuchados y engrillados desde Espora hasta Rawson. “Lo que hizo fue reconocer el lugar y cómo fue ese operativo”, aseguró.

Por otra parte, Nebbia se refirió a la segunda inspección en el actual Museo del Puerto, que “fue sede de Prefectura de Ingeniero White”. Allí “asistieron tres sobrevivientes que reconocieron los lugares por donde pasaron” y uno de ellos  “encontró la celda en donde había estado en aquella época. Una situación muy fuerte para los sobrevivientes y para las partes”.

Una nueva querella involucra al jefe del Ejército, Cesar Milani, en delitos contra la humanidad. Una víctima del terrorismo de Estado lo ubica en el momento en que fue liberado de un centro de detención clandestino.

“El día lunes estuvimos instruyéndonos como querellantes y en el día ayer tuvimos notificación de que fuimos aceptado” dijo a FM De la Calle el abogado Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

Asimismó afirmó que “Oscar Schaller lo que viene a denunciar son las condiciones que vivió en 30 días de detención en el Batallón 141 de la ciudad de La Rioja”.

El abogado explicó que “años atrás, cuando se cuestionó el pliego de designación al mando del Ejército de Milani en el Senado Nacional, ante un cuestionario enviado por el CELS, basado en las denuncias anteriores, la familia del conscripto desaparecido Alberto Ledo, Alfredo Olivera que desde 1979 lo viene denunciando a Milani, este había limitado su desempeño durante estos años de la dictadura a tareas casi de obras civiles que realizaba el Ejército y las circunscribía a este batallón donde decía que nunca hubo un centro de detención y que mucho menos habían pasado civiles”.

Es en ese marco de acusaciones públicas y desmentidas que, según Aufieri, “la denuncia de Oscar (Schaller) viene a completar ese rompecabezas junto a las otras denuncias anteriores porque da por tierra todas las coartadas”.

Finalmente, el profesional militante por los derechos humanos explicó que “la imputación es por el delito de genocidio. Tiene la particularidad de que el ataque no es indiscriminado sobre la población sino que tiene objetivos claros, grupos sociales, activistas políticos puntales, que eran justamente los adversarios a los planes que traía la dictadura”.


Foto: LaIzquierdaDiario

La Mesa de Discusión Social e Institucional coordinada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a cargo del dr. Jorge Auat, se reunió el viernes pasado. El cuerpo está integrado por organismos de derechos humanos, querellantes, funcionarios y fiscales.

Según dijo a FM de la Calle Alberto Rodríguez, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, “cada uno manifestó sus posiciones de defensa de la actuación de los fiscales. Vemos una cierta mejoría con el nuevo nombramiento del juez. Pero hay una corporación judicial que te deja avanzar hasta cierto punto. Después de ahí, por delante, dicho por todos los integrantes de la mesa, fundamentalmente hacia los civiles cierran las puertas, cajonean los expedientes y dentro de esos expedientes por su puesto desde Bahía Blanca le corresponde a Massot y Montezanti”.

Por su parte, la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Carolina Varsky, adelantó que el jueves 4 el plenario del Consejo de la Magistratura analizará la recomendación de la Comisión de Selección de apartar a los jueces subrogantes Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet. “Vamos a ver si acepta la resolución, lo aparta al abogado Martínez y designa un juez en tanto lo dispone la normativa. Fue consultada la dra. Marrón (titular del Juzgado Federal Nº2) y en atención al volumen de causas que tiene tramitando se le dificulta asumir otro. Lo mismo con el juez Bava que también está subrogando juzgados de Azul y de Mar del Plata”. Este último a su vez integra el Tribunal Oral subrogante que lleva adelante los juicios de lesa en la ciudad.

Varsky destacó que “fue importante la reunión en el sentido de convalidar de manera unánime la decisión de la Comisión de Selección”.

La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura analizó hoy las resoluciones que la Cámara Federal de Bahía Blanca había elevado, a propósito de los planteos que cuestionaban las designaciones de los jueces subrogantes Claudio Pontet en las causas contra civiles partícipes del terrorismo de Estado y de Santiago Ulpiano Martínez como subrogante a cargo de todo el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca.

En su sesión la Comisión resolvió por mayoría que las comunicaciones de la Cámara de Apelaciones local debían ser analizadas por el Consejo, decidió no ratificarlas y designar como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca al dr. Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal de Dolores. Mañana a las 11 se reunirá la Mesa de Discusión auspiciada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en Colón 80.

Ramos Padilla nació en Capital Federal en 1975, es docente de la UBA y ya intervino en causas penales por violaciones a los derechos humanos. Realizó la acusación contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, en el primer juicio oral y público después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. Acusó además al capellán Von Wernich y a Jorge Rafael Videla en la causa conocida como práctica sistemática de robo de bebés.

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El Juzgado de Instrucción número Nº 12 había dictado para el día de ayer a las 10 horas una audiencia de Habeas Corpus interpuesto por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Debían presentarse el Jefe de Estado Mayor General del Ejército, Tte. General Cesar Milani, el ministro de defensa, Ing. Agustín Rossi y el presidente de la conferencia episcopal argentina monseñor José María Arancedo.

La instancia “se suspendió y se postergó hasta mediados de Junio por decisión del Tribunal diciendo que había inconvenientes en el papelerío” dijo Cortiñas a FM de la Calle.

Según la histórica dirigente, el motivo del recurso es para “saber qué pasó con mi hijo Carlos Gustavo. Las personas citadas como testigo tienen acceso a información. El gobierno tiene que decidirse a abrir los archivos para decirnos qué pasó”.

El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, afirmó que “pareciera como una confabulación , una especie de conjura de sectores de poder judicial, de impedir el avance de las causas”. Lo hizo en referencia a la declaración de ilegalidad por parte del juez federal subrogante, Santiago Ulpiano Martínez.

Sobre los argumentos del juez, Auat dijo que “no es fácil comprender el hecho de que es válido todo lo actuado pero ilegal la designación, hay una cosa bastante complicada para comprender incluso a la luz de cualquier parámetro del derecho. Es decir, pone en crisis la habilitación para actuar pero legitima lo actuado. ¿Cómo se entiende eso? Si para actuar yo tengo que tener una habilitación legal, y si actué ilegalmente no sé cómo pueden validar lo que hice. Es decir, hay una cosa bastante curiosa”.

Respecto de la resistencia de amplios sectores judiciales a avanzar con estas causas por delitos contra la Humanidad, el titular de la Procuraduría explicó que “hay una cuestión que a mí me llama la atención. El presidente de la Corte ha dicho que esto es política de Estado. Y si esto es así me parece que toda la agencia judicial debería alinearse a ese objetivo, que es política de Estado y que hay que avanzar en las causas. Cualquier martingala procesal que impida el avance debe ser rechazada”.

Finalmente, Auat describió la actitud corporativa que “que nosotros venimos observando. No es fácil avanzar con los civiles y mucho menos con los grupos económicos del poder real. La propia corporación se defiende. Esto era previsible”.

Foto: fiscales.gob.ar

Hoy se desarrollará la cuarta edición de Bahía Originaria. Se trata de un espacio de reflexión sobre la hist oria, el presente y las culturas originarias de nuestro territorio convocado por la organización Kumelen Newen Mapu y FM De la Calle.

La actividad se realiza en el marco del 156 aniversario de la masacre del 19 de mayo de 1859, cuando más de 200 mapuches, ranqueles y tehuelches fueron asesinados e incendiados por días en la plaza central del Fuerte Argentino.

A las 20 hs en Alem 1253 participará del encuentro Félix Díaz, qarashé qom de la Comunidad Potae Napocna Navogoh La Primavera de Formosa, quien visitó la FM de la Calle durante esta mañana y dialogó con Mauro Llaneza sobre las problemáticas de los pueblos originarios en la actualidad, que intentan visibilizar a través del acampe que mantienen desde hace tres meses en la Avenida 9 de Julio de Capital Federal.

 

Santiago Ulpiano Martínez, juez federal subrogante, declaró ilegal la resolución de la Procuración General de la Nación que en 20 13 designó como fiscales federales ad hoc a José Nebbia y Miguel Palazzani.

En diálogo con Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos de la FM de la Calle, Nebbia afirmó que “es parte de una maniobra que venimos denunciando desde el año pasado. Un hito más en esa avanzada que están llevando adelante”.

El funcionario recordó que el juez (Ulpiano Martínez) “ha sido denunciado por su actuación y por su situación irregular frente a un juzgado, cuando hay una jueza titular en la jurisdicción”

Respecto de la ilegalidad resuelta por Martínez, Nebbia explicó que “el Tribunal Oral que está juzgando en Bahía Blanca en dos oportunidades distintas rechazó esa situación. Básicamente porque tanto la defensa como el juez citan una resolución adoptada por la Corte Suprema en 2013 respecto de una fiscal que estaba subrogando ante la Corte. Nosotros señalamos que no es así en nuestro caso porque nosotros aquí no estamos como subrogantes, nosotros estamos como ad
hoc”.

Las instancias administrativas por las que seguirá el trámite serán la Cámara Federal y el Concejo de la Magistratura. Mientras no se diriman las posiciones, los fiscales impugnados por Martínez seguirán con su labor normalmente.

El funcionario también recordó que “Martínez tiene un antecedente respecto del fiscal Córdoba cuando se le planteó la nulidad de su designación. La Cámara (Federal) rechazó ese planteo. Tendrá que buscar nuevos argumentos. Y luego el Concejo de la Magistratura deberá intervenir no ya jurídicamente sino por lo que está sucediendo laboralmente”.

Relmu Ñanku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain fueron imputados por “tentativa de homicidio con alevosía”. La justicia provincial se basó en la Ley Antiterrorista Nº26.734. Lxs imputadxs integran la comunidad Mapuche Winkul Newen de la provincia de Neuquén, entre la ciudad de Zapala y Cutral-Co.

Enuna entrevista realizada por Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos de la FM De la Calle, Relmu Ñanku explicó que “hubo una legítima defensa” y agregó que “el día que sucedió esto nosotros estábamos en un velorio, enterrando a una bebé que nació con una malformación terrible, y esto se da porque hay contaminación”.

Según un artículo publicado por Federico Paterno en ANCAP, “la madrugada del 28 de diciembre del 2012 la ‘justicia’ neuquina sorprendió a la comunidad mapuche tras una gran cantidad de topadoras que se acercaron a su territorio, junto con el apoyo de las camionetas de la multinacional norteamericana Apache (hoy YPF). Se resistió el desalojo que los invadió, la principal defensa para echarlos fueron las piedras que estaban al alcance para evitar perder lo que les corresponde. Este desenlace es el que hoy cae sobre los originarios Mapuches. Relmu Ñanku recibió la acusación de homicidio agravado en grado de tentativa y daño agravado. Martin Maliqueo y Mauricio Rain están acusados de daño agravado”.

Foto: Cartago.

El Tribunal Oral de Bahía Blanca aceptó ampliar la imputación por delitos sexuales contra 19 de los 25 represores que son juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada durante el último genocidio.

“Estamos conformes porque es parcialmente lo planteado desde la Fiscalía. Las víctimas habían contado los abusos y las violaciones que sufrieron estando secuestradas y eso debía ser juzgado en este juicio, no se podía esperar a otro”, aseguró el fiscal José Nebbia quien solicitó la medida a principios de marzo.

Tras una frustrada comunicación con Madrid para escuchar el testimonio del genocida Adolfo Scilingo, condenado a 1084 años de prisión, declararon en las audiencias del 5 y 6 de mayo Gustavo Jorge Barragán, ex detenido en el Buque ARA 9 de Julio, los ex conscriptos Hugo Miranda y Víctor Ricardo Cruz y el teniente de navío Edgardo Luis Lainati.

Los días 19 y 20 de mayo se realizarán inspecciones oculares en la Base de Infantería de Marina Baterías y la Base Naval Puerto Belgrano. En tanto entre el 2 y el 3 de junio se recorrerán la Base Aeronaval Comandante Espora y las sedes de Prefectura Zona Atlántico Norte y Bahía Blanca. Desde Colón 80 partirán jueces, fiscal, abogadxs querellantes, defensores y sobrevivientes de los CCDyT que allí funcionaron.

Más información: www.juiciobahiablanca.wordpress.com

Estuvo en Bahía Blanca Adolfo Villatte, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Durante un encuentro con medios de prensa, afirmó que “queremos ver la realidad de la situación”. Refiriéndose a nuestra ciudad, Villatte explicó que “actualmente la Procunar no viene interviniendo en ningún caso puntual”. Sin embargo, afirmó que es destacable la “ubicación geográfica de Bahía Blanca, donde confluyen economías de distintos puntos del país, una ciudad que tiene un puerto muy importante y por esas características, y la cantidad de habitantes que tiene, se dan una serie de elementos que nos llevan a pensar que tal vez habría que ver si no hay otras situaciones que se deben investigar con mayor profundidad”.

Finalmente, explicando la mirada de la Procuraduría, dijo que “los puertos juegan un rol muy importante sobre todo en lo que se refiere al contrabando de exportación de estupefacientes”. Entre las facultades que tiene a su cargo la Procunar puede intervenir directamente en los procesos y realizar investigaciones preliminares cuando fuera oportuno.