(Por Astor Vitali) Pasaron veinte años desde aquel escape de cloro producido por la firma Solvay Indupa. Ocho días después, para redondear la sensación de población descartable, la empresa Profertil nos obsequió un escape de amoníaco. La población se levantó en numerosas asambleas y extensos cortes de ruta y acampes. A muchos dirigentes políticos que pactaron el modelo económico actual con centralidad en la actividad del Polo Petroquímico no les quedó más que manifestar su interés. No eran bien recibidos en las asambleas. Tiene lógica: son los responsables de que el sector privado haga lo que quiera. El 28 de junio del año pasado hubo explosión en Dow. Las empresas y el gobierno municipal apuntaron a un “error humano”. Las pericias y los trabajadores mostraron que faltaba una pieza para evitar el hecho. ¿Qué ha cambiado en pos de la seguridad de la comunidad?
Esta pregunta arroja evidencias lamentables de que de fondo el único sector capaz de reacomodarse y readecuar su estrategia con éxito ha sido, fatalmente, el sector privado. Desde entonces, la presencia publicitaria de las empresas así como la presencia concreta a través de la intervención económica en diferentes instituciones ha ido en aumento.
La idea de la “responsabilidad social empresaria” ha sido tomada como parte de la política activa de algunas firmas. Claro, no lo fue en el sentido de tomar acciones concretas tendientes a satisfacer las demandas sociales surgidas de la sensación permanente de inseguridad sino que fue orientada a la construcción de amplias campañas de lavado de imagen cuando no la lisa y llana compra de voluntades.
La empresa Dow es una de las que más recursos invierte en tal sentido. Incluso lleva adelante encuentro en los que invita a “participar” a la comunidad. En pomposas jornadas con catering, cuadernitos y lapiceras, con proyecciones y spots convenientes, han invitado a diferentes actores sociales de los ámbitos público, privado, sindical y social. Desfilan funcionarios judiciales y políticos mendigando recursos, en lugar de pelear presupuestos genuinos. Knockout para la democracia, si hay que depender de poderosos actores privados para garantizar políticas públicas. Se suben a la pasarela directores de universidades que no sólo avalan la injerencia de la educación pública por parte de empresas privadas sino que piden mayor participación en el propio armado de las tácticas educativas.
El campo popular ha desarrollado estrategias de distinto tipo siempre en respuesta a eventos determinados marcados por la agenda de las empresas. Organizaciones ambientales que tienen flujo y reflujo. Tácticas de discusión sanitaria. Disputas mediáticas. Discusiones en comisiones internas, asociaciones de distinto tipo, debates en las escuelas promovidos por centros de estudiantes.
Desde el punto de vista universitario, hay los sectores obsecuentes que esperan “inversiones” con las manos abiertas y hay quienes se dedican a investigar concretamente el rol de las empresas, su impacto económico, social y cultural y como esos impactos devienen grandes negocios para pocos y casi nulos beneficios para muchos.
Desde el ámbito del poder político las coordenadas de vuelo se van acomodando según la presión social. Porque lo que subyace es un pacto entre los partidos mayoritarios: el modelo económico sobre el que se basa el “desarrollo” de Bahía Blanca no tiene matices y no hay plan B. Se trata de que la economía gire en torno de las eternas promesas de inversiones y progresos que emanarían de unas empresas cuyos intereses nada tienen que ver con los de la población.
Finalmente, si nos preguntamos qué acciones se tomaron desde los gobiernos, el denominador común puede traducirse en un solo término: maquillaje.
Los medios de comunicación beneficiarios de pauta oficial o privada provenientes de este sector suelen repetir el disco rayado de Comité Técnico Ejecutivo (¡pasó este 20 de agosto, estuvieron de cumple!): “se registraron incidentes tal día pero no cabe preocupación ya que los mismos no registraron los máximos permitidos por la ley”. En otro caso: se aplicarán las multas pertinentes. Multas que por otra parte, en general no pagan o tienen un efecto cosquilla sobre las finanzas de estas industrias.
¿Qué pasa cuando algo pasa? ¿Alguien sabe bien qué hacer? ¿Vos sabés cómo actuar? ¿Dónde acudir? ¿Cómo resguardarte?
El color del maquillaje lo brindó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: el Proceso APELL. Se supone que “consiste en la preparación de la población para minimizar las pérdidas humanas y materiales anta la posibilidad de una catástrofe o evento accidental que se pueda originar a partir del funcionamiento de industrias de alta complejidad. La función primordial de este plan es interactuar entre las empresas, entidades intermedias y población para la capacitación y coordinación de acciones tendientes a preparase para responder ante cualquier emergencia tecnológica y ambiental que pudiera surgir”.
Esto no da respuesta a la comunidad. Hay también una sensación de “vamos viendo” y la nula disposición política de armar un modelo a medida de la población en lugar de a medida de las empresas. Hace falta un debate político serio en torno a viarios puntos. Por un lado, ¿este modelo económico con centralidad en las empresas es beneficioso para la comunidad? ¿Es el único posible? Si la cantidad de fuentes de trabajo que ofrecen no supera el dos por ciento ¿el impacto es para nuestra economía o para sus cuentas bancarias? ¿Puede hablarse de democracia si quienes tienen mayor capacidad de financiación de campañas, medios, periodistas y funcionarios de otras yerbas son el los principales actores que ponen en peligro la salud de la comunidad? ¿Qué perspectivas de desarrollo tiene la capacitación técnica universitaria cuando se construye en función de las necesidades del sector privado, de espaldas al conjunto de la comunidad? ¿Qué tipo de educación específica recibimos para convivir con estos monstruos industriales? ¿Qué políticas sanitarias específicas se desarrollan respecto tanto de las posibles situaciones de catástrofe así como de los altos índices vinculados a enfermedades respiratorias y otras afectaciones? ¿Por qué lo único que tiene centralidad en la agenda política respecto del polo es si “llegan inversiones” (como la magia sale del sombrero) en lugar de qué modelo productivo, para quiénes y con qué objetivo?
Muchas preguntas que surgen en torno de un aniversario redondo que, como sociedad, no tenemos resuelto. Como sociedad hay miedo e incertidumbre. Muchas preguntas que, como sociedad, cabe hacérselas a nuestros dirigentes políticos. Dirigentes para los que, en general cuando están en función pública, no parecen resultarles temas de interés. Salvo que algo les explote.
