La semana pasada se presentó en comisiones del Consejo Superior Universitario un proyecto que plantea cambios en la forma de cursado. Se trata del Sistema Integrado de Cursado y Aprobación de los Espacios Curriculares.

La iniciativa fue planteada por un grupo de profesores del cual forman parte el rector y el vice, Daniel Vega y Javier Orozco.

“Para pasar a este sistema paternalista tienen que avasallar varios derechos estudiantiles”, comentó a FM De la Calle Juan Cruz Dellerba, estudiante de derecho y asambleísta por la lista Nueva Universidad.

“Es pasar de este sistema de autogestión, de tener la libertad de manejar la carrera como nosotros deseamos -si quiero rendir un final puedo, si no quiero rendir también, si quiero hago 5 materias o hago 2 o si necesito salir a laburar también puedo- a un un sistema paternalista donde la universidad te dice cómo tenés que hacerlo, en qué momento. El estudiante no gobierna su carrera “, aseguró.

El dirigente señaló que esta iniciativa “deroga la obligación de los docentes de poner mesas de examen libres y regular todos los meses. Se reduciría a una pequeña ventana donde podemos rendir en un cierto período de tiempo”.

“Plantea la imposibilidad total de rendir libre o una posibilidad mínima. Otra cuestión es la derogación de los recuperatorios para cada parcial que se tome. Esto parece que se recuperaría todo al final de ciclo, pero no especifica bien cómo y lo flexibiliza de una forma tajante”, mencionó.

Dellerba detalló que “le otorga a docentes la facultad de evaluar cosas tan discrecionales como la participación en clase y lo que llaman cuestiones aptitudinales del estudiante, ¿cómo se puede evaluar la participación con cursadas de 400 o 500 estudiantes?”.

Otra de las modificaciones tiene que ver con la obligatoriedad de asistir a clase. “Esto excluye a quienes estudian y trabajan. Tiende a volverse un sistema elitista, quienes puedan dedicarse full time y nunca tengan una problemática, van a poder seguir este régimen de la universidad”.

“Este proyecto parece que le hecha la culpa a los estudiantes, son ustedes que no saben estudiar y como autogestionarse y nosotros como universidad tenemos que ir, decirles cómo llevar adelante la carrera. El diagnóstico es correcto, la solución es todo lo contrario”, enfatizó.

Por último Dellerba dijo que el proyecto está en comisiones: “Vemos muy difícil plantear modificaciones porque choca completamente con nuestra concepción ideológica, si junta las firmas necesarias pasa al plenario y ahí se debería votar en el Consejo Superior”.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1, Agustín López Cóppola, ordenó a dos instituciones educativas que brinden los materiales necesarios para garantizar la continuidad escolar de cuatro hermanas en situación de extrema vulnerabilidad.

“Es un fallo interesante para pensarlo desde la sociedad, qué es lo que sucede mientras algunos están entre la presencialidad y la virtualidad”, dijo a FM De la Calle María de los Ángeles Rosón. La abogada agregó que “la crítica no es para destruir al Estado, ni a los docentes ni a los padres. Es para construir, para que se mejore la realidad”.

Se trata de cuatro chicas de 8, 11, 14 y 16 años que viven Loma Paraguaya y concurren a las escuelas Primaria N°65 y Secundaria N°43. Las niñas son asistidas por la ONG Hogar Mamá y Yo.

“La ONG se encarga de hacer acompañamiento de adolescentes hasta los 21 años que han sido mamás recientemente. En este caso, la joven de 14 años les transfiere su angustia por no poder acceder a los contenidos mínimos del ciclo escolar. Ella fue mamá hace poco, pero en el 2020 su situación había sido tremenda porque no podía acceder a materiales o a lo que accedía era escaso y este año está haciendo dos años juntos”, comentó Rosón.

La letrada entendió que “hay una clara vulneración al acceso a la educación. Es una familia de 4 hermanas que dependen de su mamá que está sin trabajo. Viven en situación de pobreza extrema. Sumado a que la pandemia y las nuevas modalidades hicieron que las niñas no puedan acceder a los contenido mínimos a través de clases virtuales. La mamá cuenta con un teléfono antiguo y puede cargar datos cuando tiene dinero. Les entregaban el material de las materias en un pdf que tenían que imprimir”.

Mediante una medida judicial “el magistrado tiene en cuenta esta situación de desamparo económico, de vulnerabilidad de todo el grupo familiar y le planteamos que vea cómo la vida de cada niña ha sido afectada”.

López Cóppola “ordenó a la Dirección General de Escuelas que le entreguen el material impreso, que organicen la vinculación, que organicen encuentros de manera presencial y cualquier otra medida para que el servicio educativo sea brindado”.

Rosón comentó que “este fallo expresa una realidad dura que vive Bahía y una realidad de la que el sistema educativo no se hace cargo como las resoluciones lo indican. Lo importante es que aquí la madre y las chicas fueron escuchadas a través de un fallo judicial que valora el derecho a la educación de las chicas”.

La abogada destacó que el juez pidió dos informes a las escuelas y “fueron bastante magros. Cuando el juez les preguntó específicamente cómo se impartía la educación a estas niñas respondieron en términos generales. Las escuelas conocen que la mamá tiene un solo celular. Recibieron el oficio y al otro día la citaron a una de las chicas para darle el material”.

“Desde la escuela esperaba una reacción de alegría en el sentido de estar contentos con que han sido escuchados, que son reconocidos los chicos, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta en ese sentido”, finalizó.

Un grupo de madres y padres autoconvocades de la comunidad educativa solicitaron a los gobiernos municipal y provincial que “suspendan la presencialidad educativa hasta que las condiciones para un regreso seguro estén dadas, otorgando de manera gratuita dispositivos y conectividad para garantizar la educación remota”.

“Estamos muy preocupados, somos un conjunto de familias organizadas, decidimos que lo primero que teníamos que hacer es visibilizar la existencia del grupo. Generalmente aparecen los padres que reclaman por clases presenciales pero una buena parte estamos en contra de poner la salud de todos en riesgo para volver a la escuela. De esta forma es inaceptable”, dijo a FM De la Calle, Mariano Schlez, uno de los firmantes.

Agregó que “los datos científicos que conocemos nosotros y los gobiernos dicen que la educación presencial impone la circulación de personas en un momento en el que no solo hay un nivel de contagio superior que en el pico del año pasado sino que tenemos el hospital saturado. No solamente tenemos miedo de enfermarnos de Covid sino de cualquier cosa porque no nos podemos atender”.

“Lo primero que comunicamos es informar a todos que pueden dispensar a sus hijos e hijas de la asistencia presencial, tenga o no una persona de riesgo en la familia. El Estado no puede obligarnos al peligro de enfermarnos en la escuela. Hay que presentar una declaración jurada en cada escuela, de eso nos hacemos responsables los padres, estamos en contacto con los docentes de SUTEBA, porque es una lucha de toda la comunidad educativa. Tenemos que logar frenar esta presencialidad en momentos que estamos en alerta y alarma epidemiológica en la cuidad”.

Schlez mencionó que sus hijas están dispensadas: “Lo aceptaron sin problema pero por el contrario aparecen algunas directivas que ponen tensión sobre las familias señalando que es obligatorio y que va en contra del plan jurisdiccional. Estamos reclamando que se siga la modalidad solamente virtual hasta tanto no mejore la situación. Los docentes crearon grupos, envían las tareas, se realizan consultas y cada tanto realizan zooms para despejar dudas y tener clases”.

“La mejor forma de la educación es la presencial pero ahora estamos en emergencia y hay que cuidar la salud”.

Por otro lado, señaló que “los datos científicos con publicaciones en de The Lancet, estudios del CONICET, muestran la incidencia de la educación en el aumento de los casos, eso no se puede discutir, las clases aumentan los contagios, estamos en un momento límite, sin camas, con contagio exacerbado y tenemos que frenar esa circulación”.

Finalmente, enfatizó: “Creo que el gobierno no se movió presionado por padres sino por los principales empresarios que necesitan a la gente trabajando y esas personas tienen que dejar a sus hijos en la escuela. El gobierno tienen que representarnos a los trabajadores y no a los intereses de aquellos que exigen mantener la economía en movimiento no importa a qué costo de vida”.

Abuelos y abuelas suman su apoyo

Integrantes de la Comisión de Jubilados de Suteba se pronunciaron “en favor de priorizar la vida de nuestros nietas y nietos, de nuestras familias, de las comunidades educativas y por ende de la población toda”.

“Otorgamos a la escuela y a la presencialidad un lugar preponderante como espacio de aprendizaje y de construcción social, pero estamos convencidos que atravesamos en este momento un riesgo sanitario grave. Basta mirar los números de infectados, la cantidad de camas UTI disponibles, los fallecimientos que diariamente se producen, los informes y opiniones de  profesionales médicos de la ciudad más los datos brindados por el CONICET es que decimos NO A LA PRESENCIALIDAD”.

Por otra parte, reclamaron que se “garanticen los recursos necesarios para que alumnos/as y familias puedan tener acceso a la virtualidad necesaria” y “que el dinero recibido por el Municipio como Fondo Educativo sea utilizado para satisfacer dichas necesidades”.

“En esta situación de pandemia creemos que la mejor enseñanza que podemos dejarle a nuestros/as niños/as es la de preservar la vida, de cuidarse y cuidar al otro/a, de responsabilidad, compromiso y empatía. No permitamos que el oportunismo político de unos pocos, de personas peligrosas y sin sentido pongan en riesgo la vida de nuestros/as nietos/as y de cada familia”, afirmaron.

ADUNS realizó una inspección en el edificio de las Escuelas Medias de 11 de abril 445 para “obtener información in situ del estado de la infraestructura del edificio, el cumplimiento de los protocolos sanitarios, y a su vez relevar las condiciones laborales de los y las docentes que se presenten a trabajar a pesar de la medida de fuerza dispuesta por 48 horas”.

Mariela Rígano dijo a FM De la Calle que “hubo cuestiones que no estaban ordenadas y previstas, nos enteramos que cooperadoras compraron termómetros, equipos directivos pidieron ayuda a docentes para que señalicen la escuela, cambios de horarios sin consultar a docentes implicados, cuestiones que hablan de que la universidad no puso recursos económicos y tampoco técnicos”.

Del recorrido participaron un licenciado en Seguridad e Higiene, un ingeniero Civil y un escribano, quienes registraron las condiciones a través de fotos y videos. Por otro lado, remitieron una carta documento al rector de la UNS, Daniel Vega, para que informe por escrito protocolos y documentos referidos al retorno a la presencialidad.

“Estamos armando un informe con imágenes. Observamos que mientras están en clase se están haciendo las refacciones. Ayer, el recreo de la primaria era en convivencia con un trabajador realizando tareas con electricidad, que es un riesgo grande para chicos y una responsabilidad enorme para docentes”.

“Además de estar trabajando con ventanas sin vidrios, eso implica que se meta el ruido, que la docente tenga que gritar, que los chicos hagan sus tareas en un contexto aturdidor”.

Asimismo, Rígano comentó que en las reuniones paritarias “no estamos discutiendo salario sino las condiciones seguras para volver a la presencialidad”.

“Existe un espacio de discusión que se conforma por representantes del rectorado, del Consejo Superior y de ADUNS, eso es una comisión local que a nivel nacional tiene su correlato. Por eso le pedimos al rector que respete la comisión paritaria local, allí es donde se tienen que tratar las nuevas condiciones laborales”.

FM De la Calle recorrió las instalaciones de la Escuela Secundaria N°33 de Caseros al 2900. Su matrícula es de 106 alumnos y alumnas de sectores vulnerables. El colegio está construido con “aulas modulares de chapa”, es decir, containers. De las cinco ventanas de cada sala, solo una abre. Por protocolo podrían asistir siete chicos y chicas por cada una de las cinco aulas.

Docentes y no docentes coinciden en una cosa: no se puede garantizar la presencialidad de las clases en estas condiciones.

La escuela abre para que las familias de la comunidad retiren bolsones alimentarios cada quince días. “Ahora, cuando nos tenemos que poner en marcha y garantizar presencialidad no es posible hacerlo porque es una escuela que funciona en aulas modulares de chapa, son tan antiguas que las aberturas no se abren ni se cierran correctamente, entonces, una parte fundamental del protocolo que es la ventilación no se puede garantizar”, comentó la secretaria Sandra Glebocky.

La obra para reformar el edificio está aprobada pero no llegan ni los materiales ni la mano de obra. Todo está frenado.

“Los productos de limpieza llegaron y tendríamos para todo el mes de marzo. Por el tamaño de las aulas podríamos garantizar siete alumnos y un docente y ya se está subdividiendo cada curso”, agregó.

En relación a las y los docentes, la secretaria mencionó que tuvieron varias materias que se discontinuaron por la incapacidad de cubrir cargos en los actos públicos. “Si un docente de tercer año tenía licencia y no pudo ser cubierta su materia, esa cartilla va sin la actividad de esa materia”.

Glebocky agregó: “Cuando escuchamos por los medios a referentes educacionales, ministros que dicen que cada escuela se ocupe, que cada escuela vea, eso marca un individualismo, perdemos de vista el reclamo colectivo. Es un desafío para este año, el reclamo colectivo desde el no vernos”.

Cuando el Estado no está, la comunidad se organiza

“Trabajamos con una matrícula que ronda la marginalidad total, la escuela no tiene cooperadora o familias que paguen una cuota y naturalizamos esas cosas que tenían que venir desde otro lugar”, comentó Glebocky.

Para la impresión de los cuadernillos “hubo una colecta de dinero voluntario, se compraron diez resmas de hojas, cuatro toner. Vinieron a organizar la impresión, ponían nombre y apellido y el día de entrega de bolsones también venían los docentes a atender las necesidades de las familias”.

El año pasado egresaron once chicos y chicas, para el Día de la Familia docentes vendieron plantines para juntar el dinero para comprar un desayuno para cada pibe. Se juntaron en la plaza de la vuelta del colegio y organizaron un acto donde entregaron diplomas y medallas.

El comedor de les pibes

La escuela no tiene infraestructura de comedor, antes de la pandemia contaban con presupuesto para diez alumnos y, con ese dinero, “los días de educación física se daba el refuerzo de almuerzo. Ellos mismos se cocinaban panchos, pizzas, para todos. Eso es una experiencia de autogestión de ellos”.

Sandra enfatizó que “en la escuela el fuerte es pedagógico y eso se tiene que garantizar y si eso implica cuidar al hijo de una alumna, se hará; si hay que salir a reclamar, se saldrá y si hay que permitir que chicos y chicas tengan ideas como estas, se acompaña y se hace lo mejor”.

“Cartonear” para pagar las resmas de hojas

“Durante el año empezamos a traer cartones para vender en forma particular, terminamos con un aula llena. Esa plata se usa para proyectos educativos, queremos pensar que si hay que volver a la virtualidad esta plata es para comprar hojas y tintas para imprimir los cuadernillos. El año pasado lo hicimos pero de nuestros bolsillos”, comentó Karina, la profe de biología.

Jorgelina, profe de literatura, mencionó que “este año está complicado, tenemos ganas de empezar y de poder verlos aunque sea un ratito por día. Es una comunidad donde los chicos tienen un nivel socioeconómico de medio tirando a bajo, hay muchas falencias y los chicos toman a la escuela como un lugar de resguardo”.

“El primer encuentro apenas nos veamos va a ser enseñarles a armar su correo electrónico. No funcionó el classroom ni zoom, solo WhatsApp y a nuestros teléfonos particulares. Si vamos a volver a la virtualidad nos gustaría enseñarles lo básico, usar un word, correo electrónico, enseñarles el contacto por zoom”, dijo.

Finalmente, destacó que “habíamos armado grupo a y b y al no tener patio, ni preceptoras porque dispensadas, iría el grupo a las primeras horas, se iría a a su casa y el grupo b, viene y se vuelve a ir. Las aulas no dan y tenemos que agregar un grupo c”.

“¿Cómo vamos a hacer? No sabemos”.

SUTEBA envió una carta al intendente Héctor Gay para que informe cómo fueron utilizadas las partidas del Fondo Educativo. Se trata de $164.225.685.

Según el gremio, funcionarias de la Unidad Educativa de Gestión Distrital y del Consejo Escolar dijeron “desconocer” los destinos de los fondos.

“El uso discrecional de esos recursos ya fue cuestionado, como también el criterio de prioridades. Pero en lo que va de este año, ni siquiera la información de cómo se está usando ha sido provista, al menos, a los organismos educativos provinciales locales. A la brevedad, exigimos conocer el detalle de la distribución de esos recursos y el criterio de prioridades utilizado”, expresó el sindicato.

En relación a lo dicho en la reunión de UEGD destacó que “se plantearon las obras que se van a llevar adelante en las escuelas, en la última reunión preguntamos en qué se estaba gastando el Fondo Educativo y las dos funcionarias nos respondieron con lo que era del año pasado. Ya sabíamos eso pero no sabíamos qué pasaba este año. Mañana iremos al Municipio a entregarle esta nota al intendente para ver en qué se está usando este dinero. El 40% sería para infraestructura escolar, el resto es una gran fuente de ingresos de las que intendente puede hacer un uso discrecional sin dar explicaciones”.

“Hace un mes retomaron esas obras grandes de principio de año y se están empezando a realizar todas aquellas obras que sin arreglos y refacciones dificultarían en inicio de clases el año que viene”, agregó Delfino.

Agregó que “hay un altísimo porcentaje de subejecución del año pasado, se pidieron cuentas y no hay respuesta de eso, el Fondo Educativo se ha destinado en principio a sostener las ganancias de empresas privadas del transporte público con el boleto escolar para que los chicos paguen menos, se han pagado salarios, becas en negro en los jardines municipales que ahora se provincializaron, se pagaron acompañantes terapéuticos para las escuelas que debían ser sostenidos por Salud y no por Educación. Como siempre las escuelas peleando con la sábana corta, cómo se establecen prioridades cuando todas las escuelas necesitan arreglos de infraestructura, es muy injusto”.