Organismos de derechos humanos locales y nacionales exigieron al Senado que no convalide la designación de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de nuestra ciudad porque sería “un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado”.

El abogado de la APDH, Walter Larrea, dijo a FM De la Calle que “esto tiene que ver con el clima de época que se vive con toda la cuestión del ‘curro de los derechos humanos’, tal cual lo denominó el presidente Macri, y es premiar o ungir en funciones de mayor responsabilidad a aquellos funcionarios que precisametne no se caracterizaron por darle impulso y dinamismo a los procesos judiciales vinculados al esclarecimiento de la verdad y las responsabilidades penales”.

“Y no tanto contra militares sino fundamentalmente la cobertura y el manto de impunidad sobe los actores civiles. El caso de Vara y Massot son emblemáticos en ese sentido y tanto el dr. Martínez como el dr. Fernández Moreno -que ungía como secretario del juzgado- han tenido una responsabilidad cabalmene demostrada”, agregó.

Los organismos recordaron que Martínez fue nombrado por la Cámara Federal de Apelaciones como juez subrogante del Juzgado Federal N°1 el 5 de junio de 2012. “En dicho cargo, incurrió en graves irregularidades en relación a la investigación de crímenes de lesa humanidad, intentando procurar la impunidad de sus responsables”.

“Rechazó constantemente pedidos de indagatoria a genocidas realizados por el Ministerio Público Fiscal en las causas en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. Pese a que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca le ordenaba llevar adelante las indagatorias, Martínez continuaba en su negativa, violando así la ley procesal. En muchos casos, debió inhibirse de continuar investigando por su conocida relación de cercanía con los imputados”.

También lo responsabilizaron por haber “garantizado impunidad a Aldo Omar Vara -capellán del Comando del V Cuerpo del Ejército-, quien en los Juicios por la Verdad reconoció haber tenido contacto con ex alumnos de la ENET °1 en el centro clandestino de detención La Escuelita para obtener información y evitar que denunciaran los delitos de los que habían sido víctimas”.

“En abril de 2013 los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron su detención, la cual fue rechazada por Martínez. En agosto de 2013, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó dicha decisión y Martínez, en lugar de ordenar la inmediata detención de Vara, se apartó de la causa. Esto permitió a Aldo Vara profugarse en Ciudad del Este, República del Paraguay, donde finalmente fue detenido por Interpol el 28 de abril de 2014, falleciendo poco tiempo después”.

“También demoró el llamado a indagatoria de Vicente Gonzalo María Massot, dueño del diario La Nueva Provincia. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca había ordenado que se indague acerca de su responsabilidad en los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Por lo tanto, el Ministerio Público Fiscal pidió a Martínez que abra la instrucción correspondiente, a lo cual se negó sin siquiera llamar a Massot a indagatoria. Dicha resolución fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, ante lo cual Martínez se inhibió de continuar entendiendo en la causa”.

“Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, lo cual había sido requerido por el Ministerio Público Fiscal, sosteniendo que dichos crímenes no eran de lesa humanidad. Esta decisión fue revocada también por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Frente a dicha resolución, en lugar de citar inmediatamente a indagatoria a los imputados, Martínez siguió tomando medidas dilatorias”, advirtieron.

Afirmaron además que “estas gravísimas irregularidades fueron denunciadas ante el Consejo de la Magistratura por parte del Ministerio Público Fiscal, la Asociación Civil H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Como consecuencia, el Consejo definió no ratificar la designación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante”.

“Actualmente, Santiago Ulpiano Martínez está siendo investigado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, en el marco de una denuncia realizada en diciembre de 2014 por los fiscales de dicha jurisdicción. Al postularse para el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Martínez no lo informó al Consejo de la Magistratura”.

“La actuación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que debemos defender y por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo”, concluyeron.

El documento lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, APDH Bahía Blanca, APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, CELS, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Red por el Derecho a la Identidad Bahía Blanca.

El Tribunal en lo Criminal Nº3 condenó a prisión perpetua a Marcelo Camarero “por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja y violencia de género, femicidio”, de Liliana Díaz Benítez.

La pena fue la solicitada por Viviana Lozano, abogada de la familia de la víctima, y el fiscal Mauricio del Cero. El abogado defensor Yamil Castro Bianchi había pedido que se lo declare inimputable o en su defecto se lo condene por homicidio simple.

La semana pasada, durante tres audiencias se escucharon testimonios de familiares, amistades y peritos que actuaron el 8 de junio de 2016 en Cnel. Dorrego, donde ocurrió el crimen.

Ni el femicida ni su abogado estuvieron durante la lectura del veredicto de la jueza Daniela Castaño y los jueces Eduardo D’Empaire y Hugo De Rosa.

Declaraciones después de la sentencia

Rodrigo D’Annunzio, ex pareja de Liliana: “Desde el primer momento confié mucho en mi abogada y la justicia, esta justicia ejemplar que todos queríamos […] para que Lili descanse en paz”.

Viviana Lozano, abogada: “[El fallo] es lo que vinimos a buscar, nos llevamos una sentencia condenatoria a prisión perpetua con la figura de femicidio”.

Elbio Díaz Benítez, hermano de la víctima: “Se hizo justicia, la única forma que pedimos fue la ayuda de los fiscales, y nuestra abogada. Mi agradecimiento profundo a la justicia argentina. […] Agradezco a la gente que está acá. […] Es un consuelo”.

(Facundo Muñoz – FM De la Calle) El próximo jueves a mediodía se conocerá la sentencia en el juicio por el femicidio de Liliana Días Benítez, ocurrido el 8 de junio de 2016 en Cnel. Dorrego. Este viernes el fiscal Mauricio del Cero y la querella pidieron prisión perpetua para Marcelo Camarero. “Mató porque quería matar”, dijo la abogada Viviana Lozano. El defensor solicitó que se lo declare inimputable y afirmó que otorgarle la prisión perpetua sería como aplicarle la pena de muerte. El femicida se negó a declarar.

Del Cero argumentó que, por un lado, debe valorarse si realmente el imputado fue afectado por un trastorno mental transitorio y, por el otro, si es culpable y, por ende, le corresponde la calificación de homicidio simple.

Comentó que “el estado depresivo no se probó” porque “jamás en la causa se pidió una pericia psicológica o psiquiátrica del imputado” y porque “Camarero no presentaba una patología psicológica o psiquiátrica orgánica previa”.

En relación a la ingesta de alcohol con pastillas que subrayó la defensa durante todo el proceso, Del cero sostuvo que está “absolutamente convencido que en este juicio no hay una sola prueba de ello. Antes, durante y después del hecho Camarero tomó muchas decisiones. De lo que sí podemos estar seguros, es que el arma la sacó del auto y la llevó a su casa”.

Del Cero citó mensajes enviados por Camarero a sus amigos con referencias a Liliana, por ejemplo, “se hace la perra y yo soy el Rottweiler” o “estoy a un centímetro de que se me vuele la térmica”.

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“Si pegarle un tiro en la sien a una mujer no es un hecho de violencia de género, no sé lo que es”, manifestó el fiscal antes de pedir la pena de prisión perpetua para Camarero.

La abogada de la familia de Benítez, Viviana Lozano, dijo que “cualquier persona es una cosa para Camarero. Camarero pensaba de Liliana ‘es mía o no es de nadie’ y lo aplicó”. Respecto a la alevosía, la querella recurrió al fallo de la jueza Baquedano por el femicidio de Micaela Ortega y afirmó que “el disparo fue entre 3 y 5 centímetros, alevosía total y absoluta, Camarero tenía en claro lo que iba a hacer”.

Sobre la situación de violencia de género de la víctima, Lozano explicó a partir de declaraciones de familiares y amigos de Liliana que “tres personas dijeron de la mano vendada, tres respuestas distintas. Tres respuestas distintas, típico de una mujer golpeada”.

“No hay duda de que Camarero mató porque quería matar”, expresó para pedir la pena máxima, la reintegración del dinero que Camarero le debía a Liliana y que se revalúe la declaración de Sebastián Buciarelli, por falso testimonio.

Finalmente, el abogado defensor, Ignacio De Franco, manifestó que “en el último mes y medio” su asistido “no era normal” debido al consumo de alcohol en exceso. Negó que el imputado haya sido pareja de la víctima según los requisitos establecidos en el Código Civil y en cuanto al agravante por violencia de género opinó que “no podemos acreditar un hecho de violencia”.

El defensor solicitó al tribunal que declare inimputable a Camarero dado que “si es condenado por uno de estos delitos tendría menos beneficios que un represor de lesa humanidad”. Asimismo, pidió la nulidad de la acusación, de la pericia balística y del celular. “Aplicar la pena perpetua a Camarero sería aplicarle la pena de muerte, prohibida en nuestro país”, concluyó.

La declaración del último testigo

Andrés Ranieri, conocido del imputado, contó que el día del hecho había estado al mediodía con Camarero y que notó que “andaba muy bajoneado” y que “siendo las 9 de la noche me llama Andrés Pinto diciendo: ‘Llamá a Cabeza que se mandó una cagada’. Después él (Camarero) me llamó diciendo: ‘la maté, la maté, la maté’. ¿A quién? -le pregunté- ¿a la rubia (su ex pareja) o a la negra (Liliana)?. ‘A la negra’”, recordó.

Consultado sobre si era normal que el imputado tuviera un arma y la llevara consigo, dijo que “la tenía siempre ahí en la casa o en el auto”. En cuanto a la relación entre la víctima y el imputado Ranieri dijo que “ella estuvo unos 15 días viviendo (con Camarero), tuvieron una discusión, ella se fue y después volvió (…) tenían una relación de concubinato”.

“Yo hablé con ella una vez y me dijo que él la celaba”, afirmó Ranieri, quien describió a la víctima como “una persona agradable, se podía hablar de cualquier tema. Se notaba que era una chica instruida”. “Liliana cambió el número de teléfono porque Camarero la molestaba”, agregó.

(Carla Pereuilh y Facundo Muñoz – FM De la Calle)Ayer comenzaron las audiencias testimoniales en el juicio por el femicidio de Liliana Díaz Benítez (29), la joven que residía en Coronel Dorrego y fue asesinada de un balazo en la sien por su ex pareja y único imputado en el proceso, Marcelo Camarero (49).

La causa por homicidio agravado por la situación de pareja y femicidio tramita en el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de nuestra ciudad, integrado por los jueces Eduardo D’Empaire, Guillermo López Camelo, y la jueza Alejandra Castaño. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene Mauricio Del Cero, Viviana Lozano como representante de la familia de la víctima y la defensa del acusado está a cargo de Ignacio de Franco.

El jueves el tribunal escuchó declaraciones de veinte testigos, entre quienes se encontraban amigxs de la víctima y de Camarero, funcionarios municipales, fuerzas de seguridad que intervinieron el día del hecho y testigos oculares.

El oficial de policía José Gallego sostuvo que “entre las ocho o nueve de la noche ingresan a la comisaría un grupo de personas, Camarero entre ellas, manifestando que habían matado a una mujer”. Además expresó que al imputado se lo podía notar “muy alcoholizado” y que “ingresó caminando con sus abogados”, confesándole durante su estadía en la dependencia policial que “había tenido una pelea con Lili”.

También comentó que cuando fueron a la casa del imputado encontraron el arma,“no recuerdo si fue en la cocina o en el balcón” pero sí que había “Clonazepam y muchas botellas de fernet” y que la puerta del domicilio la abrió el hermano de Camarero, quien “no poseía llave del mismo”.

El Director de Asuntos Legales de la Municipalidad de Dorrego, Leopoldo Vega, dijo que recibió “una llamada que sostiene que Camarero contó que había cometido un delito en la vía pública”. “Se comentaba que había matado a la novia”.

El secretario de Seguridad, José Del Valle, explicó que “recibió una llamada de una persona que le dice del hecho” y decide notificar al fiscal Romero Jardín quien le pide que se acerque a la Fiscalía. Cuando iba hacía el lugar ve a Camarero subir a una camioneta: “subía por sus propios medios, pero lo ayudaban igual”.

Los peritos

Maximiliano Correa, inspector municipal que se encontraba en la calle cubriendo el turno noche, contó que fue llevado a la cochera en la que se encontraba el auto de Camarero con el cuerpo sin vida de Liliana. Además, dijo que al lugar “entraron con linternas, el auto estaba estacionado al final” pero “no recordaba muchos detalles de ese día”.

El médico cirujano del Hospital Municipal de Dorrego, Mauro Ariel Sueldo, formó parte de los informes que se elevaron a la causa. Sueldo sostuvo que en el cuerpo de la víctima “a simple vista se veía que tenía un palito de chupetín en la boca y el celular en su mano”.

Respecto a la autopsia, confirmó que “fue una muerte súbita espasmódica, por el trayecto que hace el proyectil y las partes del cerebro que toca”, lo que produjo que la víctima hiciera fuerza con la boca retuviera el palito del chupetín incluso después del deceso. “No recuerdo si había alguna botella de bebida alcohólica dentro del auto”, manifestó.

Alejandro Luis Müller, integrante de la Policía Científica de Tres Arroyos, dijo haber sido requerido en un hecho de un presunto homicidio. Al presentarse en la escena se encontró con “un automóvil Peugeot, negro, en su interior un cuerpo sin vida”. Sobre la posibilidad de que el disparo se hubiera efectuado desde el exterior argumentó que “no se observó ningún vidrio en el interior del vehículo”. Asimismo, comentó que “no se encontró ninguna impronta del proyectil fuera de la cochera (pared, techo)” y que “el vehículo estaba correctamente estacionado, en forma recta vertical”.

El entorno de Camarero

Fabián Zorzano, vecino y médico clínico del imputado, contó que Camarero fue a su consulta por primera vez en 2014 y que luego de algunos estudios le recetó Clonazepam 0,5 hasta 1mg, que es “una dosis normal a baja para una persona de la contextura de camarero”.

Sobre los efectos que puede causar la ingesta de este fármaco mezclado con alcohol afirmó que “depende de cada paciente, pero puede producir la pérdida de reflejos. […] Cuando se toma una medicación por mucho tiempo disminuyen los daños colaterales”.

Ariel Fernández, dueño de la confitería en la que solía juntarse Camarero con algunos de sus amigos, argumentó que “no sabía si (Camarero) tenía una relación. Por comentarios de la calle sí, pero yo no lo había visto”. Declaró que Camarero consumía alcohol y confirmó haberlo visto manejando su auto entre las 8 y las 9 de la noche el día del hecho. Sobre la víctima dijo: “Liliana era una chica buenísima”.

Andrés Pinto, amigo de Camarero, explicó esa noche que el imputado lo llamó diciéndole “me mandé una cagada, le pegué un tiro a la negra”, sin embargo, ayer cuando declaró no recordó si le había dicho algo más aparte de “me mandé una cagada”.

Ante la llamada del imputado, Pinto llamó a Mehemed (otro amigo) y fueron a buscar al hermano de Camarero. Jorge Mehemed corroboraría esta versión en su declaración y agregó que el imputado “era una persona normal”. Yamil Mehemed, hijo de Jorge Mehemed, afirmó: “Lo que sé es lo que me contó mi papá, lo acompañé y nos encontramos con el abogado”. Sobre su relación con Camarero dijo: “Yo lo conozco porque iba al negocio (en el que trabaja) y porque andaba con la hija del hermano”.

Sebastián Buciarelli conocido de Camarero y Liliana expresó que se enteró de lo ocurrido esa noche por Camarero quien le confesó que “se le había escapado un tiro” y que al hablar con él le notó la voz rara, balbuceante.

Hoy declaró el psiquiatra Rubén Darío Eberhardt, quién ejerce hace 41 años. Camarero tenía turno el 17 de junio de 2016 y el teléfono que brindó resulto ser el de Andrés Pinto. Eberhardt aseguró “trato de usar psicoterapia, para escuchar. De acuerdo al caso, la medicación y, si es posible, la menor cantidad”.

Explicó que no da recetas sin ver al paciente antes y certificó que si se le da clonazepam se le explica expresamente las contraindicaciones a la persona. La defensa le preguntó si estaba familiarizado con el ‘trastorno mental transitorio’. El psiquiatra explicó que no pero “puedo deducir de qué se trata”.

El entorno de Liliana

Hoy también brindó su testimonio Ana Ocampo, madre de Jorgelina (declaró ayer). Liliana trabajaba en la casa de su mamá y comentó que a Camarero lo vio una sola vez. “[Lili] un día se fue y volvió a los 2 meses. Creí que estaba en Paraguay pero estaba con Marcelo Camarero.

Un día “llamó un chico a casa, se hizo pasar por Rainieri, y me pidió el celular de Lili. Después volvió a llamar y se presentó como Marcelo Camarero, ‘la pareja de Lili’.” Ana dijo: Lili para mí era como una hija “.

El fiscal del Cero le preguntó a Ana si Camarero la seguía llamando, “llamaba todos los días, hasta unos días antes de lo de Lili”.

El último mensaje que Ana recibió de Camarero fue una nota que decía “que era una persona buena y que me iba a mandar un regalo envuelto en papel rojo que no iba a olvidar”. “Ella quería estudiar, ser alguien”. ¿Cómo se enteró de la muerte de Liliana? “Me llama mi hija [Jorgelina Ocampo] y me dice ‘mama, por favor, Camarero mató a Lili'”.

Rodrigo D’Annunzio, separado hace diez años de Liliana, dijo que “Lili me llenó el corazón; le propuse empezar una vida juntos, pero yo no tenía nada”.

Aseguró que a Camarero lo tenía de vista. “La Negra estuvo acá todo el tiempo que la buscaste” [en referencia a los dos meses donde también había dejado de trabajar en lo de Ocampo]. D’Annunzio agregó: “Cuando me empezó a hablar de ella perdí el miedo (al arma que tenía en su cintura), me empezó a decir que Lili era mala mina, específicamente “puta”, atorranta”. Esperaba que ella me dijera que estaba con Marcelo”.

Cuando Nelson Iriarte, amigo de ambos, quien es señalado como el que difundió imágenes íntimas de la víctima, falleció de una enfermedad terminal, Rodrigo le envió un mensaje a Liliana: “No es mi intención molestarte sólo quiero decirte que Nelson falleció”.

D’Annunzio estaba al tanto de los maltratos por parte de Camarero. Liliana “mucho no me pudo decir, pero me mostró un mensaje y la trató de ‘negra puta’. Le dije que si no hacía una denuncia, que cambie el número”. Después de la crisis de pareja hicieron un viaje a San Blas para hablar y “Lili apareció con la muñeca rota, dijo que le pegó a la mesada porque Camarero no la había dejado ir al velorio de Nelson”.

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Cuando D’Annunzio terminó su declaración se sacó el buzo para lucir una remera que dice ‘Justicia por Liliana’.

Juan Ignacio y Maximiliano González eran compañeros de Liliana. Fueron al Instituto el día del hecho y en el recreo, entre 18:30 y 19:30, Lili recibió un llamado. No volvió a entrar a clases. Ambos coincidieron en que “debe estar con Camarero”.

Juan Ignacio dijo: “Salimos del colegio 21:30 y el auto seguía en el estacionamiento”. Le avisó por mensaje a Lili que iba a lo de un amigo. Él tenía la mochila de ella y cuando buscó la llave del auto encontró un fajo de dinero. “Al rato una compañera nos avisó que le habían disparado a Lili”.

Maximiliano dijo que Liliana “era buenísima, tenía un corazón enorme. Sabíamos que Marcelo Camarero tenía antecedentes de que le había pegado a la ex mujer”.

Elvio Díaz Benítez, hermano de la víctima, testificó que no conocía a Camarero en persona, pero sí tenía buena relación con Rodrigo, la ex pareja. “Rompió esa relación tranquilamente, sin escándalo y comenzó la segunda relación [con Camarero].”

“Le enviaba mensajes que era una puta, que no iba a cambiar más. ‘Mira lo que me dice este’”, le dijo Liliana a Elvio. “Hablamos, lloramos, nos reencontramos” porque el imputado no le permitía hablar con la familia. Durante su estadía “recibió llamados continuos de su parte”, aseguró.

Él se enteró de la muerte de Liliana por Facebook, llamó a la hermana menor quien le dijo: “Hablé con ella esta noche [el día del hecho], está bien, tranquila”. “A mi hermana le preocupaba la situación, Lili le había comentado: “Me apuntó con un arma en la cabeza” y no tenía miedo “porque si lo fuera a hacer, ya lo habría hecho”.

El día después del #8M la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Mariana Gómez, detenida en el subte porteño por besar a su esposa Rocío Girat. Terminó agredida, apresada por Policía de la Ciudad y el fallo de primera instancia que la procesó por “resistencia a la autoridad” fue cuestionado por sus prejuicios de género. FM De la Calle habló con el abogado defensor, Lisandro Teszkiewicz.

El letrado manifestó  que se trata de “un trámite surcado por una cantidad de prejuicios muy importante, prejuicios machistas, lesbofóbicos. Los propios policías argumentan que inician las actuaciones porque Mariana Gómez estaba fumando en un lugar prohibido, y esos mismos declaran que había otra gente fumando” pero que no iniciaron actuaciones por esos hechos.

“Está en su propia declaración que hicieron una selección arbitraria de Mariana y lo único que la distinguía es el hecho de estar besándose con su esposa en la estación Constitución. Era un matrimonio despidiéndose” porque tomaban diferentes colectivos, dijo Teszkiewicz.

Agregó que el accionar policial fue “muy discriminador, a Mariana le decían ‘pibe’, la agredieron, la golpearon, posteriormente ya en la comisaría la desnudaron; todo ese accionar tuvo una carga muy fuerte de odio de género, odio hacia la diversidad sexual”.

Respecto a la justicia, aseguró que en vez de remediar la situación “empieza en sus distintas instancias a avalarlo. Primero descarta la prueba que aportamos desde la defensa, y descarta toda línea de investigación en relación a discriminación o violencia de género por orientación sexual” por parte de la Policía de la Ciudad.

En segundo lugar, “la justicia le da valor de ‘verdad indiscutible’ -quizás citando la Doctrina Chocobar del Poder Ejecutivo- a la palabra del policía: lo que los policías dicen es verdad”. También utilizan declaraciones textuales en los resolutorios de la jueza de grado: “Afirma como hechos probados declaraciones textuales al punto que toma como cierto una frase que habría dicho Rocío -que Mariana era violenta-, esposa de Mariana, cuando [el policía] nos negó tomarle declaración”.

“Nos encontramos con esta situación en el tribunal de primera instancia, con la jueza María Fontbona de Pombo. Supusimos que la Cámara de Apelaciones Nacional iba a ponerle una medida a esta situación, en ese marco presentamos la apelación que fue acompañada por importantes organizaciones (dos de ellas con trayectoria en el tema de género y diversidad sexual), concluyó Teszkiewicz.

Pablo Garate, diputado provincial por el Frente Renovador e integrante del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, se refirió en FM De la Calle al jury contra el suspendido juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias.

“Por una cuestión formal, lo que se iba a tratar, iba a ser una recusación que hizo el dr. Arias contra la dra. (Hilda) Kogan y recién a partir de la resolución de esa situación podíamos empezar en lo que es propiamente dicho el jury finalmente” explicó.

“Creo que el dr. Arias ha tenido algunas buenas actuaciones judiciales y ha tenido algo que el fuero en lo Contencioso Administrativo tiene, que es ‘controlar al poder’. Y digo controlar al poder de turno porque lo hizo con Scioli cuando fue protagonista en la cuestión de la inundación de La Plata y lo fue en algunas otras medidas, tanto de la gobernadora Vidal como del presidente Macri, con lo cual para un juez en lo Contencioso Administrativo tener esta actitud es, a toda luz, una buena actitud” manifestó.

En relación a las fechas en las que comenzará el debate tras la suspensión de la primera audiencia sostuvo que “se va a volver fijar para esta situación de la recusación y después así entraremos en lo que tiene que ver específicamente con el juicio político estrictamente, es decir, con la sentencia para decirlo de alguna manera, del juicio político. Estimo que hasta abril no vamos a entrar en este tema”.

El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias, quien se encuentra suspendido en su función, debía ser juzgado a partir de este martes por un Jury de Enjuiciamiento en el que se le imputan 21 cargos.

En diálogo con FM De la Calle, Arias explicó ayer que 11 de esas imputaciones son “no haber remitido el expediente a la Receptoría General de Expedientes, es decir, un trámite burocrático que se hace para que la Corte tome conocimiento de que existe una causa de Fulano contra Mengano. Además, yo ordené eso. Lo que pasa es que las partes no lo pidieron, no impulsaron el movimiento y me atribuyen a mí responsabilidades de no haber mandado el expediente”.

“Son todas las causas urgentes en donde, remitir un expediente a una oficina administrativa de la Corte puede implicar una pérdida del derecho a las personas que están litigando”.

Respecto al resto de las imputaciones, el magistrado sostuvo que “son todos conflictos de competencia con los jueces penales o con la propia Suprema Corte de Justicia, donde los jueces penales, por ejemplo, frente a un desalojo masivo dictan medidas arbitrarias, ilegales; generalmente porque no cumplen con los estándares internacionales. Y por otro lado, esos ocupantes viene al fuero Contencioso Administrativo a pedir que se les garantice el derecho a la vivienda digna, el derecho a la tierra y muchos otros derechos que están establecidos constitucionalmente”.

“Esto que hace la Corte, que hace el Jurado de Enjuiciamiento, que hace el procurador (Julio) Conte Gran, es querer eliminar la diversidad de pensamiento, es como si obligáramos a todos los poetas a escribir la misma poesía, a todos los escritores a escribir la misma novela. Digamos, si trabajamos sobre textos hay visiones diferentes, hay interpretaciones diferentes siempre dentro de un rango de racionalidades posibles. Los magistrados no podemos estar condicionados por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ver el mundo”, manifestó.

Finalmente Arias destacó que “no tengo denuncias de ninguna persona particular, no tengo denuncias de abogados matriculados, por el contrario, nos eligen todos los años como mejor juzgado Contencioso en la encuesta que hace el Colegio de Abogado y las puntuaciones que nos dan en todos los aspectos están entre los primeros juzgados de todos los fueros. Las denuncias son de los jueces penales y de algunos funcionarios de la Corte”.

Fueron las palabras de Natalia Acosta, abogada del matrimonio igualitario que consiguió mediante un fallo sin precedente que la obra social se haga cargo del tratamiento de fertilización asistida al que no querían acceder.

En el año 2013 se dictó una ley nacional para todas las obras sociales que incluye el tratamiento de fertilización asistida en el programa médico obligatorio y, según la abogada, “hasta el momento no había ningún caso en que se hubieran negado a cumplir con esto”. En este caso, el matrimonió se presentó en el estudio “con el deseo de poder formar una familia y se encontraron con el obstáculo de la obra social. Iniciaron los pasos procesales correspondientes, y ante la negativa tuvimos que recurrir al procedimiento de amparo”.

No trascendió de qué obra social se trata ya que es un fallo de primera instancia, en caso de que haya una apelación “esperamos que la Cámara confirme el fallo pero sí sienta jurisprudencia en primera instancia”. Acosta aseguró que el fallo habla de “la inclusión, la evolución de la sociedad, el hecho de la mujer de poder disponer de su cuerpo y elegir cómo formar una familia”.

Los argumentos de la obra social para negar la cobertura del tratamiento se refieren a “que es una obra social chica, cuestiones económicas, cuestiones en relación al ámbito familiar, que la cónyuge tiene otra obra social. Cuestiones que no hacían que fuera un impedimento […]. Entonces, si la ley no establece limitaciones la obra social tampoco tiene por que hacerlo”, explicó la abogada.

El gobierno anunció que tomaría medidas para bajar el precio de mil drogas requeridas por afiliadxs de PAMI a partir de abril. Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, la presidenta María Isabel Reinoso, aseguró que esta decisión será a costa de las farmacias y que beneficiaría a Farmacity.

La titular de la Confederación de Farmacéuticos Argentinos aseguró que “al día de hoy no tenemos el listado de esas drogas y mucho menos de los medicamentos que va a cubrir PAMI. Tenemos que conocer para decirle a los abuelos cuáles van a tener cobertura y cuáles no”.

Según Reinoso hay dos cuestiones relacionadas al anuncio del gobierno, el 31 de marzo vence el convenio para la provisión de medicamentos y la negociación es entre la vicejefatura de gabinete y la industria farmacéutica.

Por otro lado está el aporte económico realizado por las farmacias: “Hoy el PAMI compra los medicamentos y paga la mitad de lo que sale; la diferencia la ponemos entre la industria farmacéutica y la farmacia. Estamos pidiendo que baje el aporte y que sea de manera escalonada”.

Este pedido se realizó ya que en varias provincias del país “a las farmacias le han duplicado los impuestos y no pueden seguir sosteniendo la prestación haciendo ese aporte, que se hizo cuando se cayó el país en el 2001 y que nunca se corrigió”.

Para Reinoso “el mayor beneficiario son los grupos económicos y la empresa Farmacity, que se ahorraría 12 millones de pesos por mes en detrimento de la farmacia pequeña y mediana. Si esa estructura no se cambia muchísimas farmacias quedarían fuera de poder dar la prestación de PAMI”.

Respecto a la posibilidad de que Farmacity se instale en la provincia, la autoridad del Colegio de Farmacéuticos dijo que “si quiere se puede instalar, pero cumpliendo la ley vigente que cumplimos todos. Este fondo de inversión quiere establecerse sin localización, donde es rentable. Y la ley dice que se tiene que establecer una farmacia cada tres mil habitantes y cada 300 metros para que se desparramen y haya una red capilar, una farmacia en cada barrio”.

“La ley tampoco permite fondos de inversión por una razón de salud pública”, agregó. En este caso, además, se presenta un conflicto de interés con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quién también fundó la firma Farmacity.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) expresó su descontento con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el acto de apertura del año judicial.

“Básicamente desde la sociedad argentina, desde hace varios años se viene manifestando una desconfianza hacia el Poder Judicial. Nosotros desde el INECIP hace más de 27 años que venimos trabajando en pos de la reforma del sistema de administración de justicia penal en nuestro país especialmente, dando debates y pretendiendo, avanzar hacia discusiones que son totalmente necesarias”, dijo a FM De la Calle la directora ejecutiva de la entidad, Aldana Romano.

Lamentó que “una vez más se anuncie con bombos y platillos una reforma que no es tal” y opinó que “es un mensaje bien equivocado hacia la sociedad argentina y casi que una tomada de pelo. Podemos discutir perfectamente las ferias, podemos discutir los horarios; podemos hablar de la necesidad de mejorar las tecnologías en pos de contribuir a la modernización de la administración de justicia, pero no puede ser que se desconozca y no esté en agenda, por ejemplo, la falta de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que hace años que hemos sancionado”.

Respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, Romano sostuvo que “en hay un debate más amplio que tiene que ver con el gobierno judicial, en donde el Consejo de la Magistratura es una de las organizaciones que lo conforman pero no es la única. Tenemos que discutir el gobierno judicial y tenemos que entender que la administración de justicia es una política pública, y en tanto tal requiere de un gobierno y de su desarrollo y ejecución”.

“Lamentablemente las reformas que se han dado en el Consejo de la Magistratura en los últimos años no han sido más que para ver quien tiene un poco más de poder, no han logrado transparentar la selección de los magistrados ni tampoco un sistema de disciplina o de miradas sobre las decisiones de los jueces que sea justo”.

A dos años del homicidio de Ángel Almada, el abogado de la familia, Leandro Aparicio habló esta mañana con FM De la Calle para contar las novedades en la causa por el encubrimiento de la muerte del joven violinista whitense: “Hay 5 personas imputadas; 3 son civiles y 2 policías. De los 3 civiles una se llama Cintia Cerdeiro que fue la que fue el mismo día a la comisaría y entrega el celular de Ángel diciendo que, se lo había cambiado por dos botellas de cerveza”
“Por otro lado, esta Pagotto que era el verdulero al cual se le encuentra el otro teléfono que estaba en la fiesta y que algunos dicen se había llevado Ángel (…), y por último está Acosta, que era el ex delegado (municipal), que fue en ese momento quien se arroga funciones que son propias de la policía; y posteriormente declara falsamente” comentó el letrado.

Respecto de la imputación a dos efectivos de la policía sostuvo que estos “tomaban las declaraciones y apretaban o falseaban las declaraciones, todas con el objetivo de plantear la hipótesis del suicidio (…)”.
En relación a la causa del homicidio, explicó que todavía “hay pruebas pendientes con los trece teléfonos secuestrados y hay otras medidas de prueba. Entiendo que la causa va a ser girada a la UFI específica de homicidio, que ya fue girada anteriormente y no duró ni dos horas. Se hizo una conferencia de prensa y la conferencia duro más que el tiempo que duro la causa en la fiscalía”.

El miércoles pasado se realizó la audiencia preliminar de la segunda etapa del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval de Puerto Belgrano.

“Terminamos de armar la compleja trama represiva desde la Armada, acá tenemos muchos imputados con rango medio. En el primer juicio fueron juzgados y condenados altos mandos y de bajo rango y acá venimos a completar ese organigrama que funcionó como un gran pulpo en la ciudad”, dijo a FM De la Calle el fiscal José Nebbia.

El debate oral de la causa caratulada “Aráoz de Lamadrid Nº6631” será en abril en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80 y tendrá 14 imputados y 66 víctimas. El tribunal está integrado por Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava y los fiscales son Nebbia y Miguel Palazzani. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan a las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la APDH, respectivamente.

Según informó Nebbia, el debate “va a ser corto porque los casos de las víctimas fueron juzgados en el primer juicio, hay muy pocos casos nuevos y muy pocos testimonios nuevos porque el tribunal con muy buen criterio y -a pedido de la Fiscalía y las querellas- incorpora todos los testimonios por video para que los familiares no tengan que volver a declarar y revivir el horror que pasaron en aquella época”.

La causa fue elevada con una veintena de represores aunque hoy son 14 los que estarían habilitados por el tribunal. “Por el transcurso del tiempo algunos fallecieron, otros quedaron fuera del proceso por incapacidad psíquica y por eso también la necesidad y la premura de que se lleve adelante el debate”.

¿Lo miran por TV?

Casi la totalidad de los acusados está detenido en sus casas. “Esa es una característica que se detectó desde el inicio de las acciones, inclusive en primera instancia: la diferencia entre fuerzas. La Armada ha sido mayoritariamente beneficiada con prisión domiciliaria en contraposición al resto de las fuerzas”.

“Este juicio tiene todos imputados de la Armada y no es la excepción. La inmensa mayoría está con prisión domiciliaria, algunos aquí en Bahía y la mayoría en Capital Federal. Pedimos que se los reexamine para ver la posibilidad de que sean trasladados para que, al menos en algunos tramos cruciales del proceso, estén presentes a la vista de los jueces, las partes y el público”, dijo el fiscal.

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Consultado por las causas del privilegio de los marinos sobre los genocidas de otras fuerzas, Nebbia aseguró: “Lo nuestro es meramente descriptivo, desde la Fiscalía hemos llamado la atención sobre eso e impugnamos de igual manera cuando entendemos que no están las condiciones que fija la ley para que una persona esté en domiciliaria y esté en condiciones de cumplir su detención en un establecimiento carcelario. Pero lo cierto es que los números muestran esa diferencia”.

El defensor Sebastián Olmedo Barrios afirmó que sus defendidos tienen más de ochenta años y pidió que sigan las audiencias desde Buenos Aires. Para su colega Gerardo Ibáñez, trasladar a los reos al Aula Magna universitaria es “puro hostigamiento”.

El juez Jorge Ferro anunció que la modalidad será la misma que en los juicios anteriores, con videoconferencias desde Comodoro Py y el Consejo de la Magistratura. El tribunal deberá resolver si los genocidas estarán o no durante la lectura de la acusación, las indagatorias, los alegatos, las últimas palabras y la sentencia.

No innovar en Baterías

Durante la audiencia preliminar la Fiscalía pidió continuar con la medida cautelar que impide modificar la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías y ordena realizar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas”.

El fiscal Nebbia comentó que en el lugar está trabajando Memoria Abierta, la misma organización que realizó la excavación y recuperación de los cimientos del predio donde funcionó el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita, detrás del Batallón de Comunicaciones 181 del Comando V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca.

“Se pudo comprobar a partir del primer juicio que en la Séptima Batería funcionó uno de los centros clandestinos de la Armada. Hay un trámite ante el Juzgado de primera instancia donde a partir de la solicitud hecha por la Fiscalía se cauteló y se mandó a hacer una protección del lugar”.

Los primeros trabajos se realizaron a fines de 2017 y para continuar es necesario que el Consejo de la Magistratura destine los fondos necesarios.

Declaración anticipada

Con la probable intención de alejar al represor Aristóbulo Nicanor Moreira del escenario de los crímenes de lesa humanidad cometidos a fines de 1976 y principios de 1977 en la región, el defensor oficial Gustavo Rodríguez adelantó el testimonio de la cuñada del ex capitán de fragata.

Marta Catalina Moreno declaró que desde “el 23 o 24 o diciembre del 76 hasta mediados de enero del 77” compartió las fiestas de Navidad y Año Nuevo en su casa de calle Carabobo de Capital Federal con su hermana Noemí y con Moreira quienes estaban casados desde 1969 y tuvieron una hija en 1976.

(Por Comisión de Apoyo a los Juicios) El ex camarista Néstor Luis Montezanti será indagado el próximo viernes 16 de febrero a las 10 por el juez federal Walter López da Silva, en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad. Será la primera vez que no pueda escudarse en sus fueros.

Está acusado de haber integrado la Alianza Anticomunista Argentina -conjuntamente con miembros de la CGT local e integrantes de las fuerzas de seguridad- de activa participación en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y de haber sido cómplice del plan criminal desplegado posteriormente durante la última dictadura.

El ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el genocidio y se salvó de ser destituido por la rápida aceptación de su renuncia por parte del presidente Mauricio Macri.

Invitamos a todas las organizaciones y a la comunidad a encontrarnos este viernes a las 9 en Alsina y Lamadrid para seguir exigiendo Juicio y Castigo a Montezanti.

Adonde vayan los iremos a buscar!

COMISIÓN DE APOYO A LOS JUICIOS

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Comunicado de la familia de Santiago Maldonado. Ascienden a los gendarmes implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago.

En el Boletín Oficial del día de hoy se publica la Resolución 1473-E/2017 del Ministerio de Seguridad, por la cual se dispone el ascenso de varios gendarmes(entre otros) del gendarme Emmanuel Echazu.

Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago.

El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas.

Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos.

VERDAD y JUSTICIA x SANTIAGO.

#JusticiaParaSantiago

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La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó su informe anual a partir de los datos remitidos por los fiscales de todo el país sobre “el estado de las causas y la situación procesal de los imputados por estos delitos a nivel nacional”.

Además de la información estadística sobre las causas en trámite y la situación procesal de los imputados, el documento incorpora el análisis de trayectorias temporales a partir de los hitos del proceso penal, para medir las demoras suscitadas en los mismos.

“Al 22 de diciembre de 2017 se registran un total de 593 causas en trámite, en las que son (o fueron hasta su fallecimiento) investigados 2979 imputados. (…) las sentencias dictadas durante el 2017 han sido 26”, asegura el relevamiento coordinado por el fiscal federal Jorge Auat y Carolina Varsky.

Los números a nivel nacional

Tal como consigna el informe, “a la fecha los Tribunales Orales han dictado 200 sentencias en todo el país. De ellas, 135 (67%) se encuentran aun transitando alguna instancia de revisión (…) y su resolución se encuentra pendiente”.

Además, existen 393 causas en las que aún no se dictó sentencia, de las cuales 17 se encuentran en etapa de debate oral o plenario –esto último en los casos de juicios que tramitan por escrito bajo la modalidad del anterior Código Procesal Penal de la Nación), pero sólo seis de ellas tienen fijada fecha para que se inicie el debate. Por otra parte, hay 98 causas que se encuentran listas para que se inicie el juicio, mientras que 278 investigaciones permanecen en etapa de instrucción.

El informe señala que “durante el 2017 fueron sentenciadas 234 personas”, de las cuales 198 fueron condenadas mientras que 36 resultaron absueltas, al tiempo que destaca que “respecto de aquellos que aún no han obtenido sentencia, 701 se encuentra procesados (aunque de ellos, 53 se encuentran apartados temporalmente de la investigación, por incapacidad), a 164 se les dictó falta de mérito, 62 fueron sobreseídos y en relación con 550 personas, resta que se resuelva su situación procesal (26 han sido recientemente indagados y 524 tienen pedido de indagatoria pendiente)”.

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Por otra parte, “a diciembre de 2017, son 1305 los imputados libres y 1038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugos de la justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas”, consigna el documento y agrega que de los detenidos, 549 se encuentran en arresto domiciliario mientras que 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, al tiempo que hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

El documento elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad también señala que durante el 2017 se dictó el fallo “Muiña”, mediante el cual la CSJN admitió la utilización de la Ley 24.390 para el cálculo en el tiempo de detención preventiva de los imputados, computándose 2 días por cada 1 que permanezcan privados de su libertad sin sentencia firme. Tal como consignó oportunamente un informe de la PCCH, publicado en el mes de agosto, se presentaron 118 planteos al respecto, en los que se solicitaba un nuevo cómputo de pena o la excarcelación.

Demoras y “cuellos de botella”

El informe analiza también las trayectorias temporales de los juicios por crímenes de lesa humanidad a nivel nacional. En tal sentido, existen 593 causas principales en las que ya se presentó requerimiento fiscal de elevación a juicio, pero del análisis se excluyen 247 causas que se encuentran en etapas previas de la instrucción, y cinco que ya tuvieron sentencia pero que no pudieron ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a la muerte del único imputado.

Para el análisis, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consideró como causas “firmes” a aquellas que han tenido sentencia y no hay instancia recursiva pendiente, las cuales totalizan 60, mientras que hay 281 causas catalogadas como “en trámite”, las cuales son aquellas con sentencia –pero que aún no fue recurrida- o que se encuentran con requerimiento de elevación a juicio.

En base a ello, se analizaron los datos y se concluyó que, en las “causas firmes”, transcurren 5,56 años entre que se presenta el requerimiento d elevación a juicio y se obtiene la sentencia del último recurso tramitado ante la CSJN, mientras que la demora en la causas “en trámite” alcanza los 4,48 años.

Además, el informe señala que “al desagregar los datos por hito, se ve que la instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la CFCP, con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF. Le sigue la instancia entre el inicio del debate y el veredicto, a cargo del TOF, con casi un año y ocho meses. A continuación se encuentra el periodo entre la sentencia de la CFCP y la confirmación del último recurso ante la CSJN, que demora en promedio un año y cinco meses”.

Finalmente, el documento hace hincapié en que “los responsables del trámite de las causa demoran en conjunto más de cinco años en resolver si una causa se eleva, realizar el juicio, dictar la sentencia y en confirmarla o no en las instancias recursivas posteriores”, y señala la existencia de “cuellos de botella” durante el proceso, los cuales son necesarios resolver.

La diputada nacional del FIT Romina del Plá presentó un proyecto de ley que plantea la “suspensión de la transferencia de Cablevisión a Telecom y el control societario de la empresa Telecom por parte de Caablevisión Holding SA”.

El proyecto sostiene que la fusión atenta contra derechos elementales como la libertad de expresión y el acceso a la información y defensa de la “competencia” al favorecer una concentración monopólica tanto en materia de contenidos como de infraestructura, interconexión, transporte, comercialización y exhibición final de flujos de la comunicación, a través de la cual el grupo Clarín consolida una posición dominante.

A su vez, agrega que la fusión no tiene nada que ver con un avance tecnológico, sino que golpea a los sectores y regiones más vulnerables de la población y pone en riesgo la prestación de los servicios en amplias zonas, en particular en las regiones centro y norte del país donde se impone el peso de un monopolio exclusivo de las telecomunicaciones que afecta directamente a los trabajadores, usuarios y consumidores.

La iniciativa propone que previo a cualquier fusión Telecom debe cumplir primero con los Pliegos de la privatización de ENTEL que consiste en el pago del 10% de los Bonos de participación en las ganancias adeudados a todos los empleados vinculados a dicha empresa, y para quienes hayan perdido su relación laboral y/o sus descendientes.

Por último, el proyecto plantea la suspensión de la Fusión de Cablevisión SA con Telecom Argentina SA hasta que se garanticen los puestos y condiciones de trabajo, en un convenio único de la actividad de todos los trabajadores de Cablevisión, Telecom, Personal, Arnet, Fibertel y Nextel.

Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la feliz noticia del encuentro de una nueva nieta, la 127, hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, nacida en cautiverio en mayo o junio de 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

María del Carmen nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 9 de mayo de 1954. Era la tercera de cuatro hermanos. Su familia le decía Pichona o La Gorda. Practicaba natación, jugaba al básquet y al vóley en el club Talleres. Cursó la primaria y la secundaria en la escuela Normal, donde fue una muy buena alumna.

Estudió Farmacia y Bioquímica en el Instituto Maza de Mendoza y trabajó en una oficina de Tránsito y Transporte como empleada administrativa. Empezó a militar en la villa San Martín, con un sacerdote -el padre Pedro-, quien luego también sería desaparecido por el terrorismo de Estado. En la villa se instaló un dispensario y se daba apoyo escolar.

Después del primer allanamiento en su domicilio, decidió mudarse a San Juan, a la casa de un tío. Allí conoció a Carlos, con quien formó pareja.

Carlos era sanjuanino, nacido el 2 de noviembre de 1944. Pertenecía a una familia numerosa: tenía once hermanas mujeres. Lo llamaban “Tula” o “Guillermo” y estudió Ingeniería Civil.

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La pareja compartió militancia en la organización Montoneros. Luego de seis meses de novios, decidieron vivir juntos. Entre abril y mayo de 1977, María del Carmen y Carlos fueron secuestrados en Córdoba. Ella estaba embarazada de entre ocho y nueve meses. La pareja fue vista por sobrevivientes en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Luego María del Carmen fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz una niña. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes de ese campo de concentración, el parto fue atendido por el médico represor Jorge Luis Magnacco. Recordamos que este genocida fue recientemente excarcelado por cumplir dos tercios de su condena, a raíz de las bajas penas que recibió. La pareja continúa desaparecida.

La búsqueda

Desde el secuestro de Carlos y María del Carmen, sus familias iniciaron la búsqueda y presentaron el caso por la desaparición de la pareja y su bebé en Abuelas de Plaza de Mayo.

En 2012, la Comisión Hermanos de la agrupación H.I.J.O.S Mendoza radicó una denuncia ante la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado sobre posibles casos de personas que podrían ser hijas de desaparecidos. Entre ellas, se encontraba la de quien hoy sabemos es la hija de María del Carmen y Carlos.

La Unidad de Derechos Humanos de Mendoza, en permanente interacción con la Unidad Especializada para casos de Apropiación de niños durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, llevó a cabo diferentes medidas de instrucción con el objetivo de determinar si la mujer, anotada como hija propia de un matrimonio de esa provincia, vinculado al terrorismo de Estado, era hija de desaparecidos. La investigación concluyó con el requerimiento al Juzgado Federal N° 1 de Mendoza de la prueba genética a la víctima, con la que finamente se corroboró que se trata de la hija del matrimonio Moyano-Poblete.

En el marco de una causa judicial, en octubre de 2017, esta mujer fue citada por el Juzgado Federal Número 3 de Mendoza para realizarse el análisis inmunogenético. En la audiencia judicial intervino el equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), a solicitud del juez interviniente, para colaborar en el proceso. En los últimos días, a partir del estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se pudo determinar que se trata, efectivamente, de la hija de Carlos y María del Carmen.

Una vez más, las Abuelas destacaron la importancia de que quienes tienen datos sobre hombres y mujeres nacidos entre 1975 y 1980 que podrían ser hijos de desaparecidos, los acerquen o hablen con ellos para acompañarlos en el proceso de búsqueda de su verdadero origen.

Hace muy pocos días, desde el organismo anunciaron la restitución de la nieta 126. “Hoy cerramos el año de nuestro 40° aniversario con otra noticia feliz, el encuentro de la nieta 127, a quien esperamos conocer pronto para acercarla a su historia y abrazarla en la verdad”.

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó ayer una audiencia con el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, para manifestarle su preocupación frente a los cambios producidos en el último tiempo en el equipo de relevamiento y análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas argentinas, que obran en poder del Ministerio, y que ponen en riesgo la continuidad de esta política de estado.

Estos cambios implicaron, entre otras acciones, el despido de trabajadores de vasta trayectoria, muy valiosos para las tareas de preservación. Con estas decisiones se afecta el funcionamiento de los equipos, y esto podría provocar el deterioro de una política pública crucial para nuestra democracia.

El trabajo que estos equipos vienen realizando desde el Ministerio de Defensa es indispensable para el fortalecimiento de las políticas de verdad, justicia y memoria, ya que no sólo da cuenta de la historia reciente de nuestro país sino que constituye una prueba fundamental para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de estado.

En la presentación realizada, la CPM manifestó su preocupación por el rumbo que puede tomar la gestión y preservación de estos archivos, solicitándole que revea estas decisiones y garantice la continuidad en sus tareas de las trabajadoras y los trabajadores. Además, expone su consideración sobre la importancia del trabajo que se viene realizando y la necesidad de sostenerlo como política de estado.

Esta preocupación se basa en el reconocimiento de la importancia que tiene el trabajo con los archivos del terrorismo de estado a la hora de conseguir justicia y conocer la verdad sobre lo sucedido. Desde el año 2001, CPM custodia y gestiona el acervo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, parte del acervo del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina. Todo esto ha marcado, desde nuestros orígenes, una de nuestras misiones fundamentales y redunda en una preocupación constante por la preservación y desclasificación de todos los fondos documentales vinculados al terrorismo de estado.