En 2016 las legisladoras rionegrinas Marta Milesi y Marta Bizzotto presentaron una denuncia por mal desempeño en sus funciones contra el juez Juan Pablo Chirinos, por haberle otorgado salidas transitorias a Jonathan Luna, quien nunca volvió y engañó y mató a Micaela Ortega en Bahía Blanca.

El Consejo de la Magistratura de Río Negro suspendió ahora al magistrado. El sumario iniciado a Chirinos quedó a cargo del diputado por el Frente para la Victoria, Nicolás Rochás.

“La vinculación de tres casos en el análisis de las decisiones adoptadas por el juez son las que me tocó a mí llevar adelante como instructor sumariante del Consejo de la Magistratura y de sugerirle al pleno al pleno del Consejo de la Magistratura las conclusiones que arribaban al cargo de mal desempeño. Solicitándoles también que tengan bien valorada la suspensión del juez hasta tanto se resuelva esto que ahora con la decisión del Consejo de la Magistratura pasa a la órbita del Ministerio Público Fiscal”, manifestó el  legislador a FM De la Calle.

Explicó qué “la decisión respecto de las conclusiones sumariales que yo había advertido, sobre la formulación del cargo de mal desempeño, fue por unanimidad. Eso incluye al presidente del Superior Tribunal de Justicia y al representante de de la Cámara Penal de esa circunscripción. Lo que fue por mayoría, con abstención, fue la separación del cargo”.

El legislador sostuvo que el Poder Judicial tiene “que abandonar esta posición corporativa y de protección, de autodefensa, porque la sociedad está reclamando otro tipo de posicionamiento, está reclamando de los funcionarios públicos, de todos los que seamos, a mí me toca ser legislador pero a ellos les toca ser jueces y lo que tenemos en común es que somos funcionarios públicos, que no somos una casta especial, que tenemos que rendir cuentas de cada uno nuestros actos y hay una sociedad esperando que así sea”.

(Por Paula Ércoli) Tiempos violentos corren, o más bien tiempos signados por una crisis social donde pareciera que las violencias, en sus más amplias expresiones, son noticia corriente. Cómo narrarlas y darles tratamiento sigue siendo materia pendiente del periodismo.

Miriam Maidana es psicoanalista, docente de la UBA, investigadora y columnista del portal de noticias digital Cosecha Roja. Actualmente coordina un taller en este medio digital sobre cómo narrar las violencias. Su punto de partida es el análisis de la relación construida a lo largo del tiempo entre la noción de violencias y de cuerpos.

En la introducción al taller que estás impartiendo en Cosecha Roja planteás que a partir de la irrupción de la dictadura cívico militar hasta la actualidad en nuestro país es posible “escuchar” la expansión de conductas violentas ligadas al cuerpo, ¿cómo ha ido mutando el término violencias en este breve recorrido histórico que planteas en la propuesta de encuentro?

La desaparición durante el proceso fue la marca, es esto que dice Videla, “no están muertos ni vivos, son desaparecidos”. De lo que habla es de un cuerpo no enterrable, no encarcelado, ni un cuerpo libre, ni un cuerpo sepultado, lo que instala una figura que en psicología ligamos con lo siniestro, pero no es una amenaza clara, tiene que ver con ‘algo’ que todos empezamos a sentir como una amenaza: estamos amenazados pero no sabemos porqué.

Esto está muy ligado, en la actualidad, a trabajar el término como violencias (plural) porque es impensable el fenómeno desde una sola disciplina. No es casual que la patología de la época sean los ataques de pánico que están absolutamente ligados a ésta sensación de un miedo, el miedo a morir, el miedo a salir, al contacto y se liga entonces, con lo siniestro y yo elijo leerlo a partir del fenómeno del proceso.

Cuando hablamos de violencias, necesariamente hablamos de cuerpos, esto toma una relevancia significativa en estos tiempos que corren por lo casos de femicidios, asesinatos, matanzas escolares. ¿Qué dimensión cobra la idea de los cuerpos al momento de narrarlos?

Hay una característica, hay un sesgo de la época que es el cuerpo desecho. Desde la aparición de Ángeles Rawson en el CEAMSE, que es el lugar no casualmente donde se procesa la basura, chicas embolsadas, travestis en alcantarillas, el cuerpo de Lucía empalado, Kiara enterrada viva aún embarazada con 14 años; habla de un cuerpo al que hay que someter incluso a un daño mas importante, no alcanza solo con matar sino que hay como un ensañamiento en este punto: o sea, el cuerpo objeto “yo tomo tu cuerpo y puedo hacer de vos lo que quiero” y esto es completamente siniestro.

Por eso trabajar violencias es todo un tema porque la verdad que la violencia existe ancestralmente, si vos lees un párrafo de la Biblia verás que hubo violencias terribles en todas las épocas. Pero el concepto de violencia urbana, yo elijo pensarlo desde Rosa de Olmo, que es quien introduce de algún manera este concepto en Latinoamérica.

En la Argentina la particularidad es que al cuerpo hay que buscarlo, en general la mayoría de los femicidios, travesticidios, empiezan con una desaparición y ahí lanzamos las redes de búsqueda que normalmente terminan con resultados poco felices. No es el mismo fenómeno en México, en Colombia o en Brasil donde las matanzas y la exposición de los cuerpos tiene que ser visible, porque es como una firma de los asesinatos. Entonces, si te cortan las manos es una característica del cartel de Guadalajara, pero si te sacan los ojos es una característica de la zona de Cuerno de Vaca. En Argentina ese fenómeno aún no existe, salvo en los casos de representación de asesinatos vía narcotráfico, sobretodo en las mulas. El fenómeno que yo trabajo, sobre todo en el tema de las muertes de mujeres, tiene que ver con este fenómeno donde el cuerpo se transforma en un objeto y yo ‘muestro mi poder a través de que lo corto, lo trozo’, es decir lo vuelvo a matar reiteradas veces.

¿Qué ocurre cuando las violencias se mediatizan y se asocian a la idea de primicia? ¿Qué rol le cabe al periodismo al momento de informar estos casos?

En la Argentina se ha venido viendo en los últimos cinco años una masacre mediática, se violan cualquier tipo de garantías, porque cuando una persona asesina, igual tiene que ser comprobado y, por el contrario, generalmente todo lo que se dice en los medios el primer día es mentira: la edad de los femicidas, de lo que se ocupan, de los antecedentes que tienen y en muchos casos cómo se llaman, donde vivían y con quiénes vivían.  Los medios salen y dicen, total después digo otra cosa ¿quién se va a acordar? Esto tiene que ver con lo efímero de los cuerpos. Y, ¿cómo se instala? Por repetición, lo que genera que un mismo caso lo pasen varias veces a lo largo del día, no es que son ‘distintos femicidios’, es siempre el mismo pero tratan de buscarle distintos ángulos, y entonces pareciera que, por ejemplo Lugano, está siendo víctima de un asesino que está tirando chicas por el balcón para matarlas; y esto tiene un efecto importante en la población, porque la población tiende a defenderse y  piensa salir a la calle y matar también, cuando en realidad la violencia seguida de muerte, está más ligada a lo ‘intra’ que a lo externo. Son muy pocos casos donde alguien mata a un desconocido.

Algunos/as plantean que la ciudadanía es “morbosa”, que pareciera que en algunos casos el o la lectora que quiere saber más sobre cómo pasó, que porqué sucedió, ¿cómo impactan estas violencias en aquel/aquella que lee, mira, escucha?

Eso pasó siempre, una persona se cae en la calle la diferencia es que ahora la filman. Ser espectador tiene mucho de atractivo y sí, claro que hay un morbo. Pero los medios de comunicación producen vía la imagen y lo que hacen es guiarte la mirada. No es lo mismo ver Crónica que ver TN, sin embargo cuando hay un femicidio todos salen a buscar lo mismo: el cuerpo. Está todo enfocado en la víctima y esto es más siniestro que lo morboso, porque de alguna manera caemos en la victimas que ‘se lo merecen’, que lo han buscado, y las que no.

Foto: Cosecha Roja.

Sebastián Rodríguez Maidana es el director de escuela vinculado mediáticamente a la investigación de la muerte de Mariana Sol Bruna, quien fuera abandonada en el Hospital Español tras una sobredosis. El docente dijo a FM De la Calle que su departamento fue allanado por error y que aún espera el llamado de la justicia para defenderse.

“Cuando me entero que mi nombre estaba vinculado al fallecimiento de esta nena, obviamente no entendía la relación porque no la conozco. No conozco a (el imputado Nicolás) Martínez, no conozco a nadie de los que están involucrados. Y a medida que va pasando el tiempo, a través de declaraciones periodísticas, y después lo puedo constatar por los testimonios que están en la causa, este Martínez indica un domicilio con algunas características que no coinciden en nada con el domicilio que yo alquilo desde el 15 de marzo”, relató.

“No sé porque motivo o en donde se produce esta distorsión, esta incongruencia, el allanamiento recae sobre mi domicilio y ahí empieza toda la cadena de hipótesis y de elucubraciones por algunos sectores de la prensa”, manifestó.

La causa por la muerte de la joven de 16 años está a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín. A partir de las declaraciones del imputado en cuanto a que la noche en que ocurrieron los hechos llevó a pedido de Bruna a otro hombre a un departamento del segundo piso de Uruguay 50 a comprar drogas, el fiscal Mauricio del Cero y la Policía Federal irrumpieron en el domicilio de Uruguay 51 alquilado por el docente.

Rodríguez Maidana no estaba en el lugar: “Estaba escuchando la radio el lunes a la mañana. Me encontraba en la casa donde viven mis hijos -estoy separado y este departamento lo había alquilado el 15 de marzo-. Por la radio me entero que me habían allanado el departamento y escuché mi nombre, la dirección y datos concretos sobre mi trabajo, mi vida cotidiana. Así me entero yo”.

“Después cuando voy al departamento veo todo el resultado: la puerta rota, bueno lo que se hace en un allanamiento”, explicó.

Las autoridades distritales de Educación separaron al docente de su cargo. “Técnicamente se dice relevo transitorio de funciones, es un artículo de estatuto que, al estar sospechado de alguna falta, manifiesta una serie de procedimientos”.

 

Facundo Saccoccia murió luego de ser atropellado por Alexis Sturzenegger, quien conducía alcoholizado en cercanías al predio de la Coca-Cola- Su papá, Santiago, comentó a FM De la Calle sobre la reunión que mantuvo con el intendente Héctor Gay.
“Fuimos a reclamar por la falta de controles. Ellos nos recibieron, plantearon la postura de ellos, de que controles hay pero que no son por ahí suficientes y nos comentaron el nuevo plan que se está armando en cuestión de tránsito. Nos van a llamar a participar. Así que les dijimos que sí, que estamos dispuestos a participar”, explicó.
 
El padre del joven fallecido planteó que “habría que hacer algo en Rafael Obligado y Rincón, que es una ruta abandonada, transformarla en calle por la cantidad de habitantes que hay ya alrededor y justamente anoche (por anteayer) hubo otro choque ahí”.
Consultado sobre el estado de la causa judicial, Saccoccia explicó que “nosotros estamos pidiendo la prisión preventiva. El fiscal apeló a un tribunal superior, apeló la liberación que le dio la jueza (Gilda) Stemphelet y estamos esperando esa respuesta. Tarda, el fiscal nos dijo que tarda,
Respecto de la excarcelación de Alexis Sturzzenegger y las explicaciones que recibieron por parte del Poder Judicial, dijo que “con el fiscal estamos conformes porque la que lo libera es la jueza, que lo que dice es que Sturzzenegger no tiene antecedentes, pero eso para mí o cambia la cuestión porque Facundo tampoco tenía antecedentes y perdió la vida”.

“Comen pan de ayer que les da una panadería. Toman agua tibia que sale de una canilla que no les pertenece. Mis vecinos no los quieren, no de ahora, no por ladrones y no por asesinos (hasta ayer no lo eran, acá jamás se les supo un robo y nunca le faltaron el respeto a nadie). Desde el primer día los despreciaron porque siempre fueron pobres y porque son feos -“desprolijos”, en su léxico”.

Así dice el texto que publicó en su muro de Facebook Luciano Lorenzetti, docente de la Universidad Nacional del Sur y becario del CONICET, a propósito de lo ocurrido con los tres chicos menores de edad escrachados públicamente por ser supuestos autores del crimen de Agustina Bustos.

“Que los chicos no van a la escuela está más que claro porque pasan el día entero laburando, sobretodo el más grande que es al que más se le cargaron las tintas, una realidad totalmente distinta a la que por ahí se espera, en realidad no se espera, se sale a buscar y tenemos esa relación de verlos ahí y charlar con ellos y de ver muchas, pero muchas veces repetida la discriminación y el permanente ataque que se les hace, además de este en particular por la situación del homicidio, desde siempre se vio a la policía y a los automovilistas atacándolos por el solo hecho de estar ahí”, relató Lorenzetti en dialogo con FM De la Calle.

Su reflexión fue publicada antes de la aparición de nuevos testimonios que desvincularon a los pibes de la causa.

“El nuevo acusado sigue siendo un pibe, (…) la verdad no lo conozco, ni siquiera sé quién es pero dudo que su historia de vida sea muy diferente de la de estos chicos. Probablemente haya llegado en la misma situación, lo que yo apuntaba a eso, pensar un poco y ver esa realidad que es lo que empuja a estos pibes o a otros a llegar a esta situación y que somos todos un poco responsables, me indigno profundamente por el accionar de la sociedad por la búsqueda de chivo expiatorio”.

La publicación del texto fue impulsada por las declaraciones del intendente Héctor Gay respecto a que ”hay lugares a los que el Estado no puede llegar”. Lorenzetti señaló que “un poco lo que me termino de indignar cuando lo escuché, proyectos como por ejemplo el de la Orquesta Escuela de Miramar, que fueron suspendidos dos días antes que esto, me parece que eso habla a las claras de qué es lo que podemos hacer nosotros y en qué estamos limitados (…). Sin el apoyo de ese Estado (…) desde nuestros lugares es casi imposible, por ahí salvar o ayudar en algún caso particular pero la situación estructural sin la política pública entiendo que no es abarcable”.

FM De la Calle accedió oficialmente este jueves 5 de abril a una licencia de radiodifusión para seguir democratizando el aire bahiense como lo hace desde 1989.

El ENACOM adjudicó a la Cooperativa de Provisión de Servicios Culturales de Bahía Blanca Ltda. el permiso “para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia que operará en el canal 200, frecuencia 87.9 MHz., categoría F, identificada con la señal distintiva LRM920, de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires”.

La resolución del directorio del organismo fue tomada por unanimidad durante la reunión del 22 de marzo pasado y fue publicada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Hacemos extensiva nuestra alegría y abrazo a quienes fueron y a quienes son parte de esta historia comunitaria, alternativa y popular!

 

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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución Sintetizada 2045/2018

RESOL-2018-2045-APN-ENACOM#MM – FECHA: 22/3/2018 – ACTA 32

EXPCOMFER 1104.00.0/2006

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto:

1.- Adjudicar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS CULTURALES DE BAHÍA BLANCA LIMITADA (C.U.I.T. N° 30-70983306-1), una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia que operará en el canal 200, frecuencia 87.9 MHz., categoría F, identificada con la señal distintiva LRM920, de la localidad de BAHÍA BLANCA, provincia de BUENOS AIRES.

2.- La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a partir de fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria.

3.- Otorgar un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida.

4.- El monto de la garantía de cumplimiento de contrato, asciende a la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA ($ 11.190,00), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modalidades prescriptas en el referido Artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la resente. 5º- Establecer que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado e iniciar sus emisiones regulares, previa habilitación conferida por este organismo.

6.- La adjudicataria deberá cumplir con el pago del gravamen correspondiente al servicio adjudicado, desde la fecha de su presentación al Régimen de Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de otorgada la licencia, de así corresponder.

7.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC, con relación a la altura de la estructura soporte de antenas a instalar y el cumplimiento de las normas correspondientes emanadas de dicho organismo. El alcance de la licencia adjudicada por la presente, se limita a los parámetros técnicos asignados, no comprendiendo obras de infraestructura civil, fiscalización del espacio del aéreo ni otros ajenos a la competencia del ENACOM.

8.- Determinar que el reconocimiento correspondiente a la emisora “FM DE LA CALLE”, de la localidad de BAHÍA BLANCA, provincia de BUENOS AIRES, establecido por la Resolución Nº 753-COMFER/06 ha decaído de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7º de la Resolución Nº 1.366-COMFER/06, sin perjuicio de lo cual, el cese efectivo de las emisiones tendrá lugar el día en que se habilite el servicio que por la presente se adjudica.

9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese Firmado: Miguel Ángel De Godoy, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página web de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas.

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 05/04/2018 N° 21388/18 v. 05/04/2018

Fecha de publicación 05/04/2018

El juez José Luis Ares absolvió a Petrobrás en una infracción por contaminación ambiental. Nuevamente “las injustificadas demoras” del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible en el trámite del expediente llevaron a la prescripción de la causa. Ares subrayó la “irregularidad” y remitió el fallo al jefe de Gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidal.

La petrolera debía pagar 70 mil pesos de multa por la emisión de olores a hidrocarburos y azufrados el 3 de febrero de 2011. Ese día el OPDS llamó a la empresa a hacer su descargo aunque recién la condenó el 24 de mayo de 2012 cuando “ya se había cumplido el plazo de prescripción”.

“Sin embargo, inexplicablemente, ese decisorio del órgano administrativo recién se notificó a la firma imputada el 10 de marzo de 2017 y recién se concedió el recurso el 22 de junio de 2017, habiéndose producido una incomprensible e injustificada demora en la tramitación del proceso, en un largo camino hasta su arribo a esta sede judicial, lo que recién ocurrió el 27 de febrero del corriente año”, afirmó Ares.

En marzo de 2016, el juez ya había planteado el problema al absolver a PBB Polisur del pago de 150 mil pesos por la prescripción de una causa por emisión de humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011. En aquella sentencia insistió en la necesidad de modificar las leyes y denunció como “sospechoso” al “sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”. Incluso se remitió a la Fiscalía ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público.

En el fallo Petrobrás -del 14 de marzo pasado- recuerda que, en su opinión, “de ningún modo el código de faltas policiales tiene aplicación en estos casos que versan sobre contravenciones que afectan el ambiente. Por el contrario, si bien la normativa específica no prevé plazos de prescripción, debo destacar que la Ley 11720 de residuos especiales (art. 56) establece en tal sentido el plazo de cinco años, al igual que la Ley Nacional 24051, que establece el régimen de desechos peligrosos (art. 52). Dicha normativa, por regir la misma problemática, es la que debe ser tenida en cuenta en estos casos”.

“No obstante mi opinión, la que dejo a salvo, entiendo que debo aplicar la doctrina de la Corte provincial, dada la ubicación institucional de la misma, a que es una posición más favorable para la imputada y por razones prácticas a fin de evitar dispendio jurisdiccional, dado que un pronunciamiento en sentido contrario a aquella doctrina será revocado en instancias superiores”, concluyó.

Ernesto Alonso, integrante del CECIM La Plata y ex combatiente de Malvinas, se refirió a la causa que investiga las torturas ejercidas por las fuerzas armadas contra los soldados durante la guerra con Inglaterra. La Comisión Provincial por la Memoria adhirió al pedido de indagatoria a represores.

La causa fue iniciada en 2007, tiene más de 120 hechos denunciados, alrededor de 90 militares imputados y ni una sola indagatoria. “Aquí hay una política ausente con respecto a lo que debería continuar siendo el proceso Memoria, Verdad y Justicia (…). Es inadmisible que todavía estemos pidiendo que se investigue”, manifestó.

En el año 2015 fueron desclasificados los archivos secretos de la guerra de Malvinas en donde se da cuenta de los vejámenes a los que se veían expuestos los soldados por parte de los militares.  Alonso sostuvo que “hay testimonios, las actas de recepción firmadas por los propios soldados, que denuncian estos hechos, hay actuaciones de justicia militar que denuncian estos hechos y hay todo un montaje de inteligencia para encubrir estos hechos y órdenes de los propios jefes de la dictadura para que no se sepa la verdad. Todo esto también está en la causa”.

Consultado sobre qué visión tienen respecto de la política de Cambiemos en materia de soberanía argumentó que “lamentablemente estamos retrocediendo” y que “estamos recorriendo caminos ya transitados, erróneos de la política exterior de la República Argentina”.

“Lo comparo esto con aquellos acuerdos firmados en los años ’90, los acuerdos de Madrid, que le permitieron al imperialismo británico avanzar en la explotación de recursos naturales. Lamentablemente la política de Cambiemos (…) está nuevamente beneficiando los intereses y la política británica en el Atlántico Sur”.

“Nuevamente están embargando el futuro de los argentinos en un área riquísima. Estamos hablando del conflicto más importante a escala global por la cantidad de kilómetros cuadrados que están en disputa. No son solamente las Islas Malvinas, Sandwich, Georgias del Sur, sus mares circundantes, lo peor aún es la tercera fase que se plantea Gran Bretaña que es avanzar hacia la Antártida. En el 2040 vence ese Tratado Antártico y si no consolidamos una política efectiva sobre la cuestión Malvinas, defendiendo los intereses de los argentinos, también vamos a perder la Antártida porque ese es el objetivo final de los británicos ”, aseguró.

Acompañamiento de la CPM

Hace casi once años, el Centro ex combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) denunció en el juzgado federal de Río Grande, Tierra del Fuego, las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas contra soldados argentinos durante la guerra. En la causa hay 105 denuncias por hechos de torturas, vejaciones y malos tratos que incluyen estaqueamientos, enterramientos y exposición al frío extremo y el hambre, entre otras prácticas, y más de 90 oficiales y suboficiales señalados como responsables.

El año pasado, el CECIM La Plata reiteró la solicitud de indagatoria para los militares Eduardo Flores, Pedro Pierre, Gregorio Cabrera, Rodolfo Cionchi, Osvaldo Vega y Reynaldo Oliver. Hoy, como querellante de la causa, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un escrito ante el juzgado federal adhiriendo al pedido solicitado por el centro de ex combatientes.

Asimismo, a raíz de las nuevas pruebas que surgen de un informe de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, la CPM también solicitó que se cite a declarar al teniente Eduardo Ferrer, a los cabo primero Miguel Ángel Benítez y Fernando Scicchitano, y al cabo Néstor Marmallon. Este informe, realizado a partir del entrecruzamiento de archivos desclasificados y requerimientos obrantes en la causa, permitió identificar nuevas víctimas e imputados y se suma como un elemento de prueba para avanzar con las solicitudes de indagatoria.

Después de tantos años de dilación para avanzar en el juzgamiento de estos crímenes, la CPM volvió a remarcar la “imperiosa necesidad de contar en la presente investigación con avances en la determinación de responsabilidades penales”. En ese sentido, y con el objetivo de impulsar la causa, el organismo se había presentado como querellante el año pasado.

A 36 años de la guerra, la condena por los hechos de muertes, torturas y malos tratos cometidos en las islas por los militares argentinos contra sus propios soldados sigue siendo una deuda pendiente de nuestra democracia.
Estos crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados y sancionados sin demora. El paso del tiempo genera más impunidad y revictimiza a los conscriptos que padecieron estas graves violaciones de derechos humanos y sus familias.

Organismos de derechos humanos locales y nacionales exigieron al Senado que no convalide la designación de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de nuestra ciudad porque sería “un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado”.

El abogado de la APDH, Walter Larrea, dijo a FM De la Calle que “esto tiene que ver con el clima de época que se vive con toda la cuestión del ‘curro de los derechos humanos’, tal cual lo denominó el presidente Macri, y es premiar o ungir en funciones de mayor responsabilidad a aquellos funcionarios que precisametne no se caracterizaron por darle impulso y dinamismo a los procesos judiciales vinculados al esclarecimiento de la verdad y las responsabilidades penales”.

“Y no tanto contra militares sino fundamentalmente la cobertura y el manto de impunidad sobe los actores civiles. El caso de Vara y Massot son emblemáticos en ese sentido y tanto el dr. Martínez como el dr. Fernández Moreno -que ungía como secretario del juzgado- han tenido una responsabilidad cabalmene demostrada”, agregó.

Los organismos recordaron que Martínez fue nombrado por la Cámara Federal de Apelaciones como juez subrogante del Juzgado Federal N°1 el 5 de junio de 2012. “En dicho cargo, incurrió en graves irregularidades en relación a la investigación de crímenes de lesa humanidad, intentando procurar la impunidad de sus responsables”.

“Rechazó constantemente pedidos de indagatoria a genocidas realizados por el Ministerio Público Fiscal en las causas en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. Pese a que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca le ordenaba llevar adelante las indagatorias, Martínez continuaba en su negativa, violando así la ley procesal. En muchos casos, debió inhibirse de continuar investigando por su conocida relación de cercanía con los imputados”.

También lo responsabilizaron por haber “garantizado impunidad a Aldo Omar Vara -capellán del Comando del V Cuerpo del Ejército-, quien en los Juicios por la Verdad reconoció haber tenido contacto con ex alumnos de la ENET °1 en el centro clandestino de detención La Escuelita para obtener información y evitar que denunciaran los delitos de los que habían sido víctimas”.

“En abril de 2013 los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron su detención, la cual fue rechazada por Martínez. En agosto de 2013, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó dicha decisión y Martínez, en lugar de ordenar la inmediata detención de Vara, se apartó de la causa. Esto permitió a Aldo Vara profugarse en Ciudad del Este, República del Paraguay, donde finalmente fue detenido por Interpol el 28 de abril de 2014, falleciendo poco tiempo después”.

“También demoró el llamado a indagatoria de Vicente Gonzalo María Massot, dueño del diario La Nueva Provincia. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca había ordenado que se indague acerca de su responsabilidad en los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Por lo tanto, el Ministerio Público Fiscal pidió a Martínez que abra la instrucción correspondiente, a lo cual se negó sin siquiera llamar a Massot a indagatoria. Dicha resolución fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, ante lo cual Martínez se inhibió de continuar entendiendo en la causa”.

“Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, lo cual había sido requerido por el Ministerio Público Fiscal, sosteniendo que dichos crímenes no eran de lesa humanidad. Esta decisión fue revocada también por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Frente a dicha resolución, en lugar de citar inmediatamente a indagatoria a los imputados, Martínez siguió tomando medidas dilatorias”, advirtieron.

Afirmaron además que “estas gravísimas irregularidades fueron denunciadas ante el Consejo de la Magistratura por parte del Ministerio Público Fiscal, la Asociación Civil H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Como consecuencia, el Consejo definió no ratificar la designación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante”.

“Actualmente, Santiago Ulpiano Martínez está siendo investigado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, en el marco de una denuncia realizada en diciembre de 2014 por los fiscales de dicha jurisdicción. Al postularse para el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Martínez no lo informó al Consejo de la Magistratura”.

“La actuación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que debemos defender y por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo”, concluyeron.

El documento lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, APDH Bahía Blanca, APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, CELS, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Red por el Derecho a la Identidad Bahía Blanca.

El Tribunal en lo Criminal Nº3 condenó a prisión perpetua a Marcelo Camarero “por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja y violencia de género, femicidio”, de Liliana Díaz Benítez.

La pena fue la solicitada por Viviana Lozano, abogada de la familia de la víctima, y el fiscal Mauricio del Cero. El abogado defensor Yamil Castro Bianchi había pedido que se lo declare inimputable o en su defecto se lo condene por homicidio simple.

La semana pasada, durante tres audiencias se escucharon testimonios de familiares, amistades y peritos que actuaron el 8 de junio de 2016 en Cnel. Dorrego, donde ocurrió el crimen.

Ni el femicida ni su abogado estuvieron durante la lectura del veredicto de la jueza Daniela Castaño y los jueces Eduardo D’Empaire y Hugo De Rosa.

Declaraciones después de la sentencia

Rodrigo D’Annunzio, ex pareja de Liliana: “Desde el primer momento confié mucho en mi abogada y la justicia, esta justicia ejemplar que todos queríamos […] para que Lili descanse en paz”.

Viviana Lozano, abogada: “[El fallo] es lo que vinimos a buscar, nos llevamos una sentencia condenatoria a prisión perpetua con la figura de femicidio”.

Elbio Díaz Benítez, hermano de la víctima: “Se hizo justicia, la única forma que pedimos fue la ayuda de los fiscales, y nuestra abogada. Mi agradecimiento profundo a la justicia argentina. […] Agradezco a la gente que está acá. […] Es un consuelo”.

(Facundo Muñoz – FM De la Calle) El próximo jueves a mediodía se conocerá la sentencia en el juicio por el femicidio de Liliana Días Benítez, ocurrido el 8 de junio de 2016 en Cnel. Dorrego. Este viernes el fiscal Mauricio del Cero y la querella pidieron prisión perpetua para Marcelo Camarero. “Mató porque quería matar”, dijo la abogada Viviana Lozano. El defensor solicitó que se lo declare inimputable y afirmó que otorgarle la prisión perpetua sería como aplicarle la pena de muerte. El femicida se negó a declarar.

Del Cero argumentó que, por un lado, debe valorarse si realmente el imputado fue afectado por un trastorno mental transitorio y, por el otro, si es culpable y, por ende, le corresponde la calificación de homicidio simple.

Comentó que “el estado depresivo no se probó” porque “jamás en la causa se pidió una pericia psicológica o psiquiátrica del imputado” y porque “Camarero no presentaba una patología psicológica o psiquiátrica orgánica previa”.

En relación a la ingesta de alcohol con pastillas que subrayó la defensa durante todo el proceso, Del cero sostuvo que está “absolutamente convencido que en este juicio no hay una sola prueba de ello. Antes, durante y después del hecho Camarero tomó muchas decisiones. De lo que sí podemos estar seguros, es que el arma la sacó del auto y la llevó a su casa”.

Del Cero citó mensajes enviados por Camarero a sus amigos con referencias a Liliana, por ejemplo, “se hace la perra y yo soy el Rottweiler” o “estoy a un centímetro de que se me vuele la térmica”.

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“Si pegarle un tiro en la sien a una mujer no es un hecho de violencia de género, no sé lo que es”, manifestó el fiscal antes de pedir la pena de prisión perpetua para Camarero.

La abogada de la familia de Benítez, Viviana Lozano, dijo que “cualquier persona es una cosa para Camarero. Camarero pensaba de Liliana ‘es mía o no es de nadie’ y lo aplicó”. Respecto a la alevosía, la querella recurrió al fallo de la jueza Baquedano por el femicidio de Micaela Ortega y afirmó que “el disparo fue entre 3 y 5 centímetros, alevosía total y absoluta, Camarero tenía en claro lo que iba a hacer”.

Sobre la situación de violencia de género de la víctima, Lozano explicó a partir de declaraciones de familiares y amigos de Liliana que “tres personas dijeron de la mano vendada, tres respuestas distintas. Tres respuestas distintas, típico de una mujer golpeada”.

“No hay duda de que Camarero mató porque quería matar”, expresó para pedir la pena máxima, la reintegración del dinero que Camarero le debía a Liliana y que se revalúe la declaración de Sebastián Buciarelli, por falso testimonio.

Finalmente, el abogado defensor, Ignacio De Franco, manifestó que “en el último mes y medio” su asistido “no era normal” debido al consumo de alcohol en exceso. Negó que el imputado haya sido pareja de la víctima según los requisitos establecidos en el Código Civil y en cuanto al agravante por violencia de género opinó que “no podemos acreditar un hecho de violencia”.

El defensor solicitó al tribunal que declare inimputable a Camarero dado que “si es condenado por uno de estos delitos tendría menos beneficios que un represor de lesa humanidad”. Asimismo, pidió la nulidad de la acusación, de la pericia balística y del celular. “Aplicar la pena perpetua a Camarero sería aplicarle la pena de muerte, prohibida en nuestro país”, concluyó.

La declaración del último testigo

Andrés Ranieri, conocido del imputado, contó que el día del hecho había estado al mediodía con Camarero y que notó que “andaba muy bajoneado” y que “siendo las 9 de la noche me llama Andrés Pinto diciendo: ‘Llamá a Cabeza que se mandó una cagada’. Después él (Camarero) me llamó diciendo: ‘la maté, la maté, la maté’. ¿A quién? -le pregunté- ¿a la rubia (su ex pareja) o a la negra (Liliana)?. ‘A la negra’”, recordó.

Consultado sobre si era normal que el imputado tuviera un arma y la llevara consigo, dijo que “la tenía siempre ahí en la casa o en el auto”. En cuanto a la relación entre la víctima y el imputado Ranieri dijo que “ella estuvo unos 15 días viviendo (con Camarero), tuvieron una discusión, ella se fue y después volvió (…) tenían una relación de concubinato”.

“Yo hablé con ella una vez y me dijo que él la celaba”, afirmó Ranieri, quien describió a la víctima como “una persona agradable, se podía hablar de cualquier tema. Se notaba que era una chica instruida”. “Liliana cambió el número de teléfono porque Camarero la molestaba”, agregó.

(Carla Pereuilh y Facundo Muñoz – FM De la Calle)Ayer comenzaron las audiencias testimoniales en el juicio por el femicidio de Liliana Díaz Benítez (29), la joven que residía en Coronel Dorrego y fue asesinada de un balazo en la sien por su ex pareja y único imputado en el proceso, Marcelo Camarero (49).

La causa por homicidio agravado por la situación de pareja y femicidio tramita en el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de nuestra ciudad, integrado por los jueces Eduardo D’Empaire, Guillermo López Camelo, y la jueza Alejandra Castaño. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene Mauricio Del Cero, Viviana Lozano como representante de la familia de la víctima y la defensa del acusado está a cargo de Ignacio de Franco.

El jueves el tribunal escuchó declaraciones de veinte testigos, entre quienes se encontraban amigxs de la víctima y de Camarero, funcionarios municipales, fuerzas de seguridad que intervinieron el día del hecho y testigos oculares.

El oficial de policía José Gallego sostuvo que “entre las ocho o nueve de la noche ingresan a la comisaría un grupo de personas, Camarero entre ellas, manifestando que habían matado a una mujer”. Además expresó que al imputado se lo podía notar “muy alcoholizado” y que “ingresó caminando con sus abogados”, confesándole durante su estadía en la dependencia policial que “había tenido una pelea con Lili”.

También comentó que cuando fueron a la casa del imputado encontraron el arma,“no recuerdo si fue en la cocina o en el balcón” pero sí que había “Clonazepam y muchas botellas de fernet” y que la puerta del domicilio la abrió el hermano de Camarero, quien “no poseía llave del mismo”.

El Director de Asuntos Legales de la Municipalidad de Dorrego, Leopoldo Vega, dijo que recibió “una llamada que sostiene que Camarero contó que había cometido un delito en la vía pública”. “Se comentaba que había matado a la novia”.

El secretario de Seguridad, José Del Valle, explicó que “recibió una llamada de una persona que le dice del hecho” y decide notificar al fiscal Romero Jardín quien le pide que se acerque a la Fiscalía. Cuando iba hacía el lugar ve a Camarero subir a una camioneta: “subía por sus propios medios, pero lo ayudaban igual”.

Los peritos

Maximiliano Correa, inspector municipal que se encontraba en la calle cubriendo el turno noche, contó que fue llevado a la cochera en la que se encontraba el auto de Camarero con el cuerpo sin vida de Liliana. Además, dijo que al lugar “entraron con linternas, el auto estaba estacionado al final” pero “no recordaba muchos detalles de ese día”.

El médico cirujano del Hospital Municipal de Dorrego, Mauro Ariel Sueldo, formó parte de los informes que se elevaron a la causa. Sueldo sostuvo que en el cuerpo de la víctima “a simple vista se veía que tenía un palito de chupetín en la boca y el celular en su mano”.

Respecto a la autopsia, confirmó que “fue una muerte súbita espasmódica, por el trayecto que hace el proyectil y las partes del cerebro que toca”, lo que produjo que la víctima hiciera fuerza con la boca retuviera el palito del chupetín incluso después del deceso. “No recuerdo si había alguna botella de bebida alcohólica dentro del auto”, manifestó.

Alejandro Luis Müller, integrante de la Policía Científica de Tres Arroyos, dijo haber sido requerido en un hecho de un presunto homicidio. Al presentarse en la escena se encontró con “un automóvil Peugeot, negro, en su interior un cuerpo sin vida”. Sobre la posibilidad de que el disparo se hubiera efectuado desde el exterior argumentó que “no se observó ningún vidrio en el interior del vehículo”. Asimismo, comentó que “no se encontró ninguna impronta del proyectil fuera de la cochera (pared, techo)” y que “el vehículo estaba correctamente estacionado, en forma recta vertical”.

El entorno de Camarero

Fabián Zorzano, vecino y médico clínico del imputado, contó que Camarero fue a su consulta por primera vez en 2014 y que luego de algunos estudios le recetó Clonazepam 0,5 hasta 1mg, que es “una dosis normal a baja para una persona de la contextura de camarero”.

Sobre los efectos que puede causar la ingesta de este fármaco mezclado con alcohol afirmó que “depende de cada paciente, pero puede producir la pérdida de reflejos. […] Cuando se toma una medicación por mucho tiempo disminuyen los daños colaterales”.

Ariel Fernández, dueño de la confitería en la que solía juntarse Camarero con algunos de sus amigos, argumentó que “no sabía si (Camarero) tenía una relación. Por comentarios de la calle sí, pero yo no lo había visto”. Declaró que Camarero consumía alcohol y confirmó haberlo visto manejando su auto entre las 8 y las 9 de la noche el día del hecho. Sobre la víctima dijo: “Liliana era una chica buenísima”.

Andrés Pinto, amigo de Camarero, explicó esa noche que el imputado lo llamó diciéndole “me mandé una cagada, le pegué un tiro a la negra”, sin embargo, ayer cuando declaró no recordó si le había dicho algo más aparte de “me mandé una cagada”.

Ante la llamada del imputado, Pinto llamó a Mehemed (otro amigo) y fueron a buscar al hermano de Camarero. Jorge Mehemed corroboraría esta versión en su declaración y agregó que el imputado “era una persona normal”. Yamil Mehemed, hijo de Jorge Mehemed, afirmó: “Lo que sé es lo que me contó mi papá, lo acompañé y nos encontramos con el abogado”. Sobre su relación con Camarero dijo: “Yo lo conozco porque iba al negocio (en el que trabaja) y porque andaba con la hija del hermano”.

Sebastián Buciarelli conocido de Camarero y Liliana expresó que se enteró de lo ocurrido esa noche por Camarero quien le confesó que “se le había escapado un tiro” y que al hablar con él le notó la voz rara, balbuceante.

Hoy declaró el psiquiatra Rubén Darío Eberhardt, quién ejerce hace 41 años. Camarero tenía turno el 17 de junio de 2016 y el teléfono que brindó resulto ser el de Andrés Pinto. Eberhardt aseguró “trato de usar psicoterapia, para escuchar. De acuerdo al caso, la medicación y, si es posible, la menor cantidad”.

Explicó que no da recetas sin ver al paciente antes y certificó que si se le da clonazepam se le explica expresamente las contraindicaciones a la persona. La defensa le preguntó si estaba familiarizado con el ‘trastorno mental transitorio’. El psiquiatra explicó que no pero “puedo deducir de qué se trata”.

El entorno de Liliana

Hoy también brindó su testimonio Ana Ocampo, madre de Jorgelina (declaró ayer). Liliana trabajaba en la casa de su mamá y comentó que a Camarero lo vio una sola vez. “[Lili] un día se fue y volvió a los 2 meses. Creí que estaba en Paraguay pero estaba con Marcelo Camarero.

Un día “llamó un chico a casa, se hizo pasar por Rainieri, y me pidió el celular de Lili. Después volvió a llamar y se presentó como Marcelo Camarero, ‘la pareja de Lili’.” Ana dijo: Lili para mí era como una hija “.

El fiscal del Cero le preguntó a Ana si Camarero la seguía llamando, “llamaba todos los días, hasta unos días antes de lo de Lili”.

El último mensaje que Ana recibió de Camarero fue una nota que decía “que era una persona buena y que me iba a mandar un regalo envuelto en papel rojo que no iba a olvidar”. “Ella quería estudiar, ser alguien”. ¿Cómo se enteró de la muerte de Liliana? “Me llama mi hija [Jorgelina Ocampo] y me dice ‘mama, por favor, Camarero mató a Lili'”.

Rodrigo D’Annunzio, separado hace diez años de Liliana, dijo que “Lili me llenó el corazón; le propuse empezar una vida juntos, pero yo no tenía nada”.

Aseguró que a Camarero lo tenía de vista. “La Negra estuvo acá todo el tiempo que la buscaste” [en referencia a los dos meses donde también había dejado de trabajar en lo de Ocampo]. D’Annunzio agregó: “Cuando me empezó a hablar de ella perdí el miedo (al arma que tenía en su cintura), me empezó a decir que Lili era mala mina, específicamente “puta”, atorranta”. Esperaba que ella me dijera que estaba con Marcelo”.

Cuando Nelson Iriarte, amigo de ambos, quien es señalado como el que difundió imágenes íntimas de la víctima, falleció de una enfermedad terminal, Rodrigo le envió un mensaje a Liliana: “No es mi intención molestarte sólo quiero decirte que Nelson falleció”.

D’Annunzio estaba al tanto de los maltratos por parte de Camarero. Liliana “mucho no me pudo decir, pero me mostró un mensaje y la trató de ‘negra puta’. Le dije que si no hacía una denuncia, que cambie el número”. Después de la crisis de pareja hicieron un viaje a San Blas para hablar y “Lili apareció con la muñeca rota, dijo que le pegó a la mesada porque Camarero no la había dejado ir al velorio de Nelson”.

rodrigo dannunzio

Cuando D’Annunzio terminó su declaración se sacó el buzo para lucir una remera que dice ‘Justicia por Liliana’.

Juan Ignacio y Maximiliano González eran compañeros de Liliana. Fueron al Instituto el día del hecho y en el recreo, entre 18:30 y 19:30, Lili recibió un llamado. No volvió a entrar a clases. Ambos coincidieron en que “debe estar con Camarero”.

Juan Ignacio dijo: “Salimos del colegio 21:30 y el auto seguía en el estacionamiento”. Le avisó por mensaje a Lili que iba a lo de un amigo. Él tenía la mochila de ella y cuando buscó la llave del auto encontró un fajo de dinero. “Al rato una compañera nos avisó que le habían disparado a Lili”.

Maximiliano dijo que Liliana “era buenísima, tenía un corazón enorme. Sabíamos que Marcelo Camarero tenía antecedentes de que le había pegado a la ex mujer”.

Elvio Díaz Benítez, hermano de la víctima, testificó que no conocía a Camarero en persona, pero sí tenía buena relación con Rodrigo, la ex pareja. “Rompió esa relación tranquilamente, sin escándalo y comenzó la segunda relación [con Camarero].”

“Le enviaba mensajes que era una puta, que no iba a cambiar más. ‘Mira lo que me dice este’”, le dijo Liliana a Elvio. “Hablamos, lloramos, nos reencontramos” porque el imputado no le permitía hablar con la familia. Durante su estadía “recibió llamados continuos de su parte”, aseguró.

Él se enteró de la muerte de Liliana por Facebook, llamó a la hermana menor quien le dijo: “Hablé con ella esta noche [el día del hecho], está bien, tranquila”. “A mi hermana le preocupaba la situación, Lili le había comentado: “Me apuntó con un arma en la cabeza” y no tenía miedo “porque si lo fuera a hacer, ya lo habría hecho”.

El día después del #8M la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Mariana Gómez, detenida en el subte porteño por besar a su esposa Rocío Girat. Terminó agredida, apresada por Policía de la Ciudad y el fallo de primera instancia que la procesó por “resistencia a la autoridad” fue cuestionado por sus prejuicios de género. FM De la Calle habló con el abogado defensor, Lisandro Teszkiewicz.

El letrado manifestó  que se trata de “un trámite surcado por una cantidad de prejuicios muy importante, prejuicios machistas, lesbofóbicos. Los propios policías argumentan que inician las actuaciones porque Mariana Gómez estaba fumando en un lugar prohibido, y esos mismos declaran que había otra gente fumando” pero que no iniciaron actuaciones por esos hechos.

“Está en su propia declaración que hicieron una selección arbitraria de Mariana y lo único que la distinguía es el hecho de estar besándose con su esposa en la estación Constitución. Era un matrimonio despidiéndose” porque tomaban diferentes colectivos, dijo Teszkiewicz.

Agregó que el accionar policial fue “muy discriminador, a Mariana le decían ‘pibe’, la agredieron, la golpearon, posteriormente ya en la comisaría la desnudaron; todo ese accionar tuvo una carga muy fuerte de odio de género, odio hacia la diversidad sexual”.

Respecto a la justicia, aseguró que en vez de remediar la situación “empieza en sus distintas instancias a avalarlo. Primero descarta la prueba que aportamos desde la defensa, y descarta toda línea de investigación en relación a discriminación o violencia de género por orientación sexual” por parte de la Policía de la Ciudad.

En segundo lugar, “la justicia le da valor de ‘verdad indiscutible’ -quizás citando la Doctrina Chocobar del Poder Ejecutivo- a la palabra del policía: lo que los policías dicen es verdad”. También utilizan declaraciones textuales en los resolutorios de la jueza de grado: “Afirma como hechos probados declaraciones textuales al punto que toma como cierto una frase que habría dicho Rocío -que Mariana era violenta-, esposa de Mariana, cuando [el policía] nos negó tomarle declaración”.

“Nos encontramos con esta situación en el tribunal de primera instancia, con la jueza María Fontbona de Pombo. Supusimos que la Cámara de Apelaciones Nacional iba a ponerle una medida a esta situación, en ese marco presentamos la apelación que fue acompañada por importantes organizaciones (dos de ellas con trayectoria en el tema de género y diversidad sexual), concluyó Teszkiewicz.

Pablo Garate, diputado provincial por el Frente Renovador e integrante del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, se refirió en FM De la Calle al jury contra el suspendido juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias.

“Por una cuestión formal, lo que se iba a tratar, iba a ser una recusación que hizo el dr. Arias contra la dra. (Hilda) Kogan y recién a partir de la resolución de esa situación podíamos empezar en lo que es propiamente dicho el jury finalmente” explicó.

“Creo que el dr. Arias ha tenido algunas buenas actuaciones judiciales y ha tenido algo que el fuero en lo Contencioso Administrativo tiene, que es ‘controlar al poder’. Y digo controlar al poder de turno porque lo hizo con Scioli cuando fue protagonista en la cuestión de la inundación de La Plata y lo fue en algunas otras medidas, tanto de la gobernadora Vidal como del presidente Macri, con lo cual para un juez en lo Contencioso Administrativo tener esta actitud es, a toda luz, una buena actitud” manifestó.

En relación a las fechas en las que comenzará el debate tras la suspensión de la primera audiencia sostuvo que “se va a volver fijar para esta situación de la recusación y después así entraremos en lo que tiene que ver específicamente con el juicio político estrictamente, es decir, con la sentencia para decirlo de alguna manera, del juicio político. Estimo que hasta abril no vamos a entrar en este tema”.

El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias, quien se encuentra suspendido en su función, debía ser juzgado a partir de este martes por un Jury de Enjuiciamiento en el que se le imputan 21 cargos.

En diálogo con FM De la Calle, Arias explicó ayer que 11 de esas imputaciones son “no haber remitido el expediente a la Receptoría General de Expedientes, es decir, un trámite burocrático que se hace para que la Corte tome conocimiento de que existe una causa de Fulano contra Mengano. Además, yo ordené eso. Lo que pasa es que las partes no lo pidieron, no impulsaron el movimiento y me atribuyen a mí responsabilidades de no haber mandado el expediente”.

“Son todas las causas urgentes en donde, remitir un expediente a una oficina administrativa de la Corte puede implicar una pérdida del derecho a las personas que están litigando”.

Respecto al resto de las imputaciones, el magistrado sostuvo que “son todos conflictos de competencia con los jueces penales o con la propia Suprema Corte de Justicia, donde los jueces penales, por ejemplo, frente a un desalojo masivo dictan medidas arbitrarias, ilegales; generalmente porque no cumplen con los estándares internacionales. Y por otro lado, esos ocupantes viene al fuero Contencioso Administrativo a pedir que se les garantice el derecho a la vivienda digna, el derecho a la tierra y muchos otros derechos que están establecidos constitucionalmente”.

“Esto que hace la Corte, que hace el Jurado de Enjuiciamiento, que hace el procurador (Julio) Conte Gran, es querer eliminar la diversidad de pensamiento, es como si obligáramos a todos los poetas a escribir la misma poesía, a todos los escritores a escribir la misma novela. Digamos, si trabajamos sobre textos hay visiones diferentes, hay interpretaciones diferentes siempre dentro de un rango de racionalidades posibles. Los magistrados no podemos estar condicionados por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ver el mundo”, manifestó.

Finalmente Arias destacó que “no tengo denuncias de ninguna persona particular, no tengo denuncias de abogados matriculados, por el contrario, nos eligen todos los años como mejor juzgado Contencioso en la encuesta que hace el Colegio de Abogado y las puntuaciones que nos dan en todos los aspectos están entre los primeros juzgados de todos los fueros. Las denuncias son de los jueces penales y de algunos funcionarios de la Corte”.

Fueron las palabras de Natalia Acosta, abogada del matrimonio igualitario que consiguió mediante un fallo sin precedente que la obra social se haga cargo del tratamiento de fertilización asistida al que no querían acceder.

En el año 2013 se dictó una ley nacional para todas las obras sociales que incluye el tratamiento de fertilización asistida en el programa médico obligatorio y, según la abogada, “hasta el momento no había ningún caso en que se hubieran negado a cumplir con esto”. En este caso, el matrimonió se presentó en el estudio “con el deseo de poder formar una familia y se encontraron con el obstáculo de la obra social. Iniciaron los pasos procesales correspondientes, y ante la negativa tuvimos que recurrir al procedimiento de amparo”.

No trascendió de qué obra social se trata ya que es un fallo de primera instancia, en caso de que haya una apelación “esperamos que la Cámara confirme el fallo pero sí sienta jurisprudencia en primera instancia”. Acosta aseguró que el fallo habla de “la inclusión, la evolución de la sociedad, el hecho de la mujer de poder disponer de su cuerpo y elegir cómo formar una familia”.

Los argumentos de la obra social para negar la cobertura del tratamiento se refieren a “que es una obra social chica, cuestiones económicas, cuestiones en relación al ámbito familiar, que la cónyuge tiene otra obra social. Cuestiones que no hacían que fuera un impedimento […]. Entonces, si la ley no establece limitaciones la obra social tampoco tiene por que hacerlo”, explicó la abogada.

El gobierno anunció que tomaría medidas para bajar el precio de mil drogas requeridas por afiliadxs de PAMI a partir de abril. Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, la presidenta María Isabel Reinoso, aseguró que esta decisión será a costa de las farmacias y que beneficiaría a Farmacity.

La titular de la Confederación de Farmacéuticos Argentinos aseguró que “al día de hoy no tenemos el listado de esas drogas y mucho menos de los medicamentos que va a cubrir PAMI. Tenemos que conocer para decirle a los abuelos cuáles van a tener cobertura y cuáles no”.

Según Reinoso hay dos cuestiones relacionadas al anuncio del gobierno, el 31 de marzo vence el convenio para la provisión de medicamentos y la negociación es entre la vicejefatura de gabinete y la industria farmacéutica.

Por otro lado está el aporte económico realizado por las farmacias: “Hoy el PAMI compra los medicamentos y paga la mitad de lo que sale; la diferencia la ponemos entre la industria farmacéutica y la farmacia. Estamos pidiendo que baje el aporte y que sea de manera escalonada”.

Este pedido se realizó ya que en varias provincias del país “a las farmacias le han duplicado los impuestos y no pueden seguir sosteniendo la prestación haciendo ese aporte, que se hizo cuando se cayó el país en el 2001 y que nunca se corrigió”.

Para Reinoso “el mayor beneficiario son los grupos económicos y la empresa Farmacity, que se ahorraría 12 millones de pesos por mes en detrimento de la farmacia pequeña y mediana. Si esa estructura no se cambia muchísimas farmacias quedarían fuera de poder dar la prestación de PAMI”.

Respecto a la posibilidad de que Farmacity se instale en la provincia, la autoridad del Colegio de Farmacéuticos dijo que “si quiere se puede instalar, pero cumpliendo la ley vigente que cumplimos todos. Este fondo de inversión quiere establecerse sin localización, donde es rentable. Y la ley dice que se tiene que establecer una farmacia cada tres mil habitantes y cada 300 metros para que se desparramen y haya una red capilar, una farmacia en cada barrio”.

“La ley tampoco permite fondos de inversión por una razón de salud pública”, agregó. En este caso, además, se presenta un conflicto de interés con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quién también fundó la firma Farmacity.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) expresó su descontento con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el acto de apertura del año judicial.

“Básicamente desde la sociedad argentina, desde hace varios años se viene manifestando una desconfianza hacia el Poder Judicial. Nosotros desde el INECIP hace más de 27 años que venimos trabajando en pos de la reforma del sistema de administración de justicia penal en nuestro país especialmente, dando debates y pretendiendo, avanzar hacia discusiones que son totalmente necesarias”, dijo a FM De la Calle la directora ejecutiva de la entidad, Aldana Romano.

Lamentó que “una vez más se anuncie con bombos y platillos una reforma que no es tal” y opinó que “es un mensaje bien equivocado hacia la sociedad argentina y casi que una tomada de pelo. Podemos discutir perfectamente las ferias, podemos discutir los horarios; podemos hablar de la necesidad de mejorar las tecnologías en pos de contribuir a la modernización de la administración de justicia, pero no puede ser que se desconozca y no esté en agenda, por ejemplo, la falta de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que hace años que hemos sancionado”.

Respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, Romano sostuvo que “en hay un debate más amplio que tiene que ver con el gobierno judicial, en donde el Consejo de la Magistratura es una de las organizaciones que lo conforman pero no es la única. Tenemos que discutir el gobierno judicial y tenemos que entender que la administración de justicia es una política pública, y en tanto tal requiere de un gobierno y de su desarrollo y ejecución”.

“Lamentablemente las reformas que se han dado en el Consejo de la Magistratura en los últimos años no han sido más que para ver quien tiene un poco más de poder, no han logrado transparentar la selección de los magistrados ni tampoco un sistema de disciplina o de miradas sobre las decisiones de los jueces que sea justo”.