“Sres. Jueces, el patriarcado nos atraviesa. Basta de contar muertas, basta de contar abusadas sexualmente, basta de contar a las muertes como moscas. Podemos hablar mucho de leyes pero mientras no cambiemos a la sociedad, muchísimos Jonathan Luna van a pasar por estos tribunales”, dijo la abogada Fernanda Petersen durante su alegato por el femicidio de Micaela Ortega.

La querella, al igual que el fiscal Rodolfo De Lucía, pidió perpetua para Luna (28) quien llegó a juicio imputado por homicidio calificado agravado por alevosía, violencia de género, robo y grooming. El defensor Sebastián Cuevas solicitó 20 años de prisión y tratamiento psicológico.

La sentencia se conocerá el jueves a las 9:30 en Estomba 34.

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Micaela estaba convencida que se comunicaba con una mujer que se hacía llamar La Rochi de River, nombre que Luna utilizaba para captar niñas vía Facebook, destacó el fiscal al comenzar su alegato.

Contó que existen pruebas en donde la nena de 12 años le pidió lugar en su casa y que la respuesta de “La Rochi” en el chat fue: “No hay drama gorda, te banco en todas”.

De Lucía repasó datos de los peritajes y agregó que la muerte se produjo el mismo día de la desaparición y las causales fueron traumatismo de cráneo y asfixia mecánica.

“No hay duda respecto de las pruebas que demuestran la autoría de Jonatan Luna (…). No quedan dudas que conversaba con Micaela por Facebook”, dijo.

Respecto a la agravante por alevosía el fiscal sostuvo que tiene fundamento en: el lugar al que se traslada con la nena, que ella era menor de edad, la contextura física de la víctima y que estaba atada. “No había posibilidad de defensa por parte de la víctima”, enfatizó.

En relación al femicidio, el fiscal hizo hincapié en la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima. “Micaela era una nena de 12 años que creía que hablaba con una chica de 12 o más, pero en realidad hablaba con otra persona”.

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Tomó como antecedente la sentencia del caso Ángeles Rawson y mencionó las similitudes entre ambos crímenes en cuanto a las características de la víctima y el victimario y el motivo por el cual se produjo la muerte. “Luna mentía sobre su edad para captar la confianza de las víctimas. Es suficiente la prueba para decir que el móvil que motiva a Luna era un abuso sexual”.

De Lucía reveló datos de una conversación entre Luna y otra menor ocurrida la semana previa a la desaparición de Micaela. En este caso el imputado pidió encontrarse con la víctima en dos oportunidades: la primera supuestamente para venderle un celular, encuentro que finalmente no ocurrió y, la segunda, por un tema laboral en la cual le pide que la va a encontrar en la parada del colectivo en Villa Rosas. En ese momento, la víctima fue hablándole desde el colectivo y se comprobó que hubo abuso sexual no denunciado.

De Lucía concluyó que está probado el robo y el grooming por lo cual pidió prisión perpetua y que Luna sea declarado reincidente por el robo por el cual fue condenado en 2012.

La abogada de la familia Ortega, Fernanda Petersen, manifestó que “para Jonathan Luna un celular en sus manos es un arma” y que este “es un caso de libro en lo que se denomina grooming. Pero en el caso de Micaela Ortega fue más allá”.

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“¿Quién puede creer que un simple ladrón haga caminar a su víctima más de 10 kilómetros?”, se preguntó Petersen y agregó que “Luna no es inimputable, Luna comprende lo que hace”.

Mirando fijamente al acusado, la abogada de Mónica Cid afirmó: “Luna es un sano hijo del patriarcado. Luna responde a todos los patrones culturales y misóginos en donde se entiende a la mujer como una cosa. Micaela no sabía que ese era el camino al infierno que Jonathan Luna le proporcionaría”.

“Sres. Jueces, el patriarcado nos atraviesa. Basta de contar muertas, basta de contar abusadas sexualmente, basta de contar a las muertes como moscas. Podemos hablar mucho de leyes pero mientras no cambiemos a la sociedad, muchísimos Jonathan Luna van a pasar por estos tribunales”.

“Acá no estamos todos, falta Micaela Aldana Ortega. Jonathan Omar Luna es un delincuente con todas las letras, es un criminal. No podemos seguir pensando sin perspectiva de género”, enfatizó Petersen.

La querellante pidió pena de prisión perpetua e insistió: “Para Jonathan Omar Luna las mujeres somos cosas. Estamos ante una bestia. Jonathan Omar Luna tiene que ser condenado ejemplarmente y, por último, en nombre de Micaela: Ni Una Menos, Ni Una Muerta Más, No más femicidios, no más machos violentos que se creen con derechos, Jonathan Luna tiene que estar en el lugar que le corresponde”.

Al finalizar el alegato, Mónica Cid gritó “Ni Una Menos. Jonathan Omar Luna, a mí también me mataste”. El público respondió con insultos y la presidenta del tribunal pidió orden para dar la palabra al dr. Cuevas.

El defensor argumentó que no negaba la autoría de los hechos y disintió “con cuestiones técnicas y legales”. Explicó que “la contactación de menores tiene que ver con la falta de contacto con gente par”.

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Para Cuevas el caso no es un femicidio porque Luna no era la pareja de Micaela. “No estoy diciendo que no existen los femicidios. Yo creo que no basta una decisión súbita”. Trató de contrarrestar la motivación planteada por la fiscalía y la abogada de la familia al sostener que el delito anterior al asesinato de Micaela fue un robo.

Mencionó que “si no entendemos la estructura psiquiátrica de Luna no vamos a poder entender el desenlace fatal de este hecho”.

Sobre el final, el defensor opinó que la motivación de Luna fue el robo y que el modus operandi del imputado era el mismo por el cual fue apresado años atrás. “No estaba en la mente del autor lograr la impunidad porque no fue meticuloso. (…) La calificación correcta debería ser homicidio agravado en ocasión de robo”. Por ello, pidió que su defendido sea condenado a veinte años de prisión con adecuados tratamientos psiquiátricos.

Petersen se refirió a la “misoginia exagerada” invocada por Cuevas: “Se es misógino o no se es misógino; se tiene odio hacia las mujeres o no se lo tiene; se está dentro de las características y de la estructura patriarcal o no se está”.

“Habla de su estructura psiquiátrica y se su estado mental: no contamos en ningún estadio de la causa con la historia clínica del imputado, lo único que podemos tener son referencias a un supuesto golpe y el estudio que le hizo en el Hospital José Penna”.

“No estamos ante una persona que no puede determinar y no puede planificar lo que quiere hacer. Luna sabe perfectamente lo que quiere hacer, a Luna se le cayó el gorro en el lugar del hecho. Luna escapó cobardemente y dejó a Micaela en un lugar donde nadie la iba a encontrar. Luna, durante 35 días, siguió contactando menores en las mismas condiciones en las que lo hizo con Micaela y Luna es misógino”.

La abogada subrayó que “Luna odia a las mujeres y considera que somos objeto para satisfacer todas sus necesidades, por lo tanto, creemos que este tipo de defensa no hace a la posibilidad de escapar a la calificación de violencia de género”.

La lectura de la sentencia será el próximo jueves 19 de octubre a las 9:30 en los tribunales de Estomba 34.

Tres testigos se presentaron en la cuarta jornada del juicio que tiene como único imputado a Jonathan Luna por el femicidio de Micaela Ortega. El acusado no declarará antes de los alegatos que se desarrollarán este viernes. Mónica Cid pidió acompañamiento desde las 8:15 en Estomba 34.

Hoy fue el turno de tres mujeres menores de edad quienes relataron cómo conocieron a Luna a través de las redes sociales. El imputado se hacía pasar por un chico de 18 años bajo los perfiles de Facebook “Yoni de River” y “Yoni Moya”.

“Ma, este chico me habló hoy a la mañana”, dijo M.F. (14) a su madre el día que transmitían en la televisión la captura de Luna como supuesto autor del femicidio.

La misma testigo relató que aquella jornada le contó a su mamá las conversaciones que tenía con el imputado. “Estás re partible”, comentó Luna en las fotos de la adolescente, a quien además le escribía reiteradas veces por la red diciéndole “hola linda”, “hola hermosa”. Insistía en pedirle el whatsup, pero ella le decía que no tenía.

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Según los testimonios recabados en esta instancia del juicio, Jonathan Luna citaba a todas las menores a las vías del Saladero o les proponía encontrarse a la salida del colegio.

Durante cuatro meses aproximadamente, Luna inició conversaciones esporádicas con M.S. (15), “¿quiénes son tus amigos? ¿tenés hermanos mayores?”, eran algunas de las preguntas que le hacía. La testigo recordó que el imputado intentó venderle una planchita de pelo “a toda costa”, pero nunca recibió las fotos de la misma.

La última joven en declarar reveló situaciones similares, agregando que Luna le preguntaba si tenía relaciones sexuales y si quería que se vieran en White o en su escuela.

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Pasadas las 10:30 la defensa y la querella desistieron del resto de los testimonios. El defensor oficial, Sebastián Cuevas, entregó al el Tribunal copias originales de los estudios que le hicieron a Luna días atrás.

Este viernes se realizarán los alegatos y Luna volverá a la sala de audiencias. Mónica Cid, madre de Micaela, convocó a acompañarla desde las 8:15 en la puerta de Tribunales –Estomba 34- para exigir una condena ejemplar para su hija.

Durante la tercera jornada del juicio a Jonathan Luna, imputado por el femicidio de Micaela Ortega, declararon 10 testigos.

Luego de la sorpresiva tomografía que le realizaron a Luna a pedido de su defensor, se especuló con la posibilidad de que se lo declare inimputable por un golpe que tuvo en la cabeza cuando tenía 12 años. Peritos de ambas partes descartaron que aquel hecho haya afectado su capacidad para entender sus actos y desbarataron la estrategia defensiva.

El doctor Enrique Gabriel Grimi, perito de la Asesoría Pericial, entrevistó a Luna dos veces. Las pericias buscaron evaluar si el acusado estaba en posición de enfrentar un juicio penal y si entendía la importancia de sus actos. “Descartamos cualquier tipo de trastorno mental que le impida actuar libremente”, señaló. A su vez, destacó que “sabía que lo que había hecho era grave”.

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Luna tiene trastorno antisocial de la personalidad, lo que se denomina psicopatía. Se trata de personas con un profundo desprecio hacia los derechos de los demás, narcisistas, egocéntricos y manipuladores, según coincidieron Grimi y Rocío Cirigliano, peritos ofrecidos por la Fiscalía y Emiliano De Prada y Daiana Kolman, propuestos por la defensa.

Grimi argumentó que la psicóloga que realizó la evaluación para otorgarle la libertad condicional en Rio Negro “dijo que había que darle una oportunidad”. Como dicho análisis es “muy subjetivo” se decidió realizar un estudio denominado “Riesgo de Violencia”. Se evaluó la capacidad para comprender los actos, la capacidad de empatía, su conducta. Se analizó también el riesgo socioambiental, problemas psicológicos, abuso de sustancias. “Concluimos que tiene alta posibilidad de cometer un acto criminal”.

Luego, declararon una psicóloga y dos licenciadxs en criminalística de la Delegación Departamental de la Policía Científica de Mar del Plata. Infirieron que era posible que Micaela haya sido víctima de abuso, que ante la negativa a tener relaciones sexuales, Luna la golpeó, la mató y la ató de pies y manos. “La víctima tenía el torso descubierto. El lugar apartado, la distancia entre el encuentro y el lugar del hecho, nos hacen pensar que no fue con intenciones de robo sino de abuso, porque lo podría haber perpetrado el robo en los primeros metros”, destacó Gisela Gripopalma.

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Destacaron que Luna utilizaba un modus operandi, se acercaba a sus víctimas por redes sociales utilizando nombres falsos, siempre comenzaba las conversaciones con “Hola, hermosa”, “Hola, bonita”. Luego concretaba un encuentro. Más tarde publicaba los objetos de valor sustraídos a la víctima, como hizo con la planchita de pelo de Micaela. Peritos de la Policía Científica señalaron que existió por parte de Luna un predominio físico, psicológico y de contexto con respecto a Micaela.

Pedro Fullone, vecino de Luna y padre de las chicas que declararon ayer,  comentó que le dijo al imputado: “Vos me tocás a una de las nenas y yo te limpio”. También se presentó, Damián González Carro, dueño de la empresa ubicada en Bolivia 1250 cuyas cámaras de seguridad registraron a Luna caminando junto a Micaela.

Daniel Gustavo Constantini, médico legista y forense de la Policía Científica, confirmó que la data de muerte se trataba de entre 25 y 35 días antes de ser encontrado el cuerpo y que la víctima había sido golpeada en la cabeza. Fabián Pachecho, Subcomisario de la Policía Bonaerense, certificó haber encontrado las pertenecías de Micaela en el allanamiento en el domicilio de Luna.

El juicio continúa mañana a partir de las 9.30 en el quinto piso de los Tribunales de Estomba 34.

En la segunda jornada del juicio por el femicidio de Micaela Ortega declararon la ex pareja del imputado Jonathan Luna, Eliana Espinoza; el secretario de Seguridad municipal, Emiliano Álvarez Porte; policías que intervinieron en la investigación y tres menores de edad del entorno de Luna.

Pablo González, jefe de la División de Delitos Complejos de Policía Bonaerense relató que junto a su equipo se presentaron en nuestra ciudad un mes después de que Micaela desapareciera, el 23 de mayo de 2016. Dos días después aportaron información del Facebook de la nena a una ONG.

Dicha pesquisa incluía chats con “una mujer grande que parecía protegerla”. “Esta persona le decía que si estaba mal vaya a su casa”. “Ella vivía en Villa Rosas”, supuestamente, por lo cual el equipo de González intentó durante dos días ubicar las fotos de la cuenta en ese barrio.

“Estábamos a merced de las escuchas telefónicas de los celulares asociados” con las cuentas de Facebook. La División de Delitos Complejos llegó a Eliana Espinoza, ex pareja de Luna, mediante una escucha telefónica donde decía que iba a buscar un trabajo en la ruta Sesquicentenario.

“Llovía mucho, había cuatro efectivos en el auto. La mujer bajó del colectivo y la interceptamos”, declaró González. Espinoza fue trasladada a la Fiscalía para declarar. “Había entrado un mensaje de su marido que decía ‘desbloquéame que te cuento la verdad’”. La mujer se puso nerviosa y empezó a llorar.

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Cuando la interrogan y le preguntan qué había pasado con Micaela, Espinoza dijo: “Yo creo que la mató y la violó”. A través suyo dieron con Luna.

“Llegamos y él estaba adentro. Cuando registran la casa encuentran la planchita y un porta SUBE con stickers”. “Yo no la maté, le robé las cosas”, dijo el imputado en ese momento.

González afirmó que “[A Micaela] la puso en un lugar de desprotección donde sabía que si pedía ayuda no iba a ir nadie”.

El segundo testigo fue Marcos Herrera, instructor de caninos de la policía de Río Negro, adiestrador de K9.

“Recibí un llamado telefónico directamente de Mónica, para que busque a su hija. Me presenté a la policía y empecé a trabajar. El día que resguardaron la habitación de Mica comenzaron la búsqueda. Cerca de las 21 horas nos encontramos cerca de las vías y la estación de servicio donde habían visto a Mica. El perro hizo seis kilómetros por las vías hasta llegar a un puente y quiso seguir otros seis kilómetros”.

Herrero dijo que tuvieron que cruzar un alambrado. El perro empezó a olfatear y siguió hasta un vagón. “Luego hasta una manga y al lado estaba el cuerpo de la nena. El lugar era muy difícil de acceder”. Se perimetró hasta que llegaron la policía y los bomberos.

Después de varios meses, el 18 de marzo, Herrera ayudó a Mónica Cid a encontrar más cosas. El testigo expresó que estaban haciendo un ejercicio con los bomberos de Punta Alta –Mónica les había dado una prenda de Micaela para que hagan la prueba– y buscando entre los pastizales, hallaron una billetera de cuero marrón.

Eliana Espinoza, ex pareja del acusado, fue la tercera en declarar. Comentó que conoció a Luna cuando estaba detenido. “Hace dos años salió con la condicional y no quiso volver más”. Al llegar a Bahía Blanca se quedaron un mes en casa de una amiga, Nancy, hasta que consiguieron un terreno donde construir la propia en El Saladero. “Sólo con mi esfuerzo, él no hacía nada”, afirmó la mujer, “yo lo mantenía, él se dedicaba al teléfono”.

“Yo sabía que tenía dos cuentas de Facebook. Cada vez que yo le decía algo, [Luna] se enojaba. Me trataba mal y a veces me pegaba”.

Cuando Micaela desapareció, Espinoza volvió a su casa y vio a Luna sacándose la ropa mojada, que quemaría al día siguiente. “Me dijo ‘me fui a robar un teléfono, se lo robé a una piba’”. Discutieron.

Cuando la mujer vio la noticia sobre Micaela, le dijo a Luna: “Ese sos vos, hijo de puta. Si vos le robaste, sabes con quién se fue”. Discutieron nuevamente. “Quemó la ropa cuando lo reconocí en la cámara [de seguridad]”, afirmó la testigo. “Cuando no aparecía la nena yo le pregunté y me dijo que me calle que ‘iba a ser boleta yo y mis hijos’”.

“Es muy agresivo. Discutíamos, me pegaba. Tenía temor, mucho temor. Daiana, una amiga, se hizo cargo de mí cuando me pegó; llamó a la ambulancia. Se juntaba con gente de 16, 12, 13 años”.

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Daiana, una adolescente amiga y vecina del barrio, fue la siguiente testigo. “[Luna] empezó siendo amigo de mis hermanas (16, 14 y 6 años)”. Respecto a la relación del acusado con Espinoza declaró que “tenían una mala relación, peleaban mucho y él le pegaba”.

Agregó que el acusado se mandaba mensajes con chicas. “Ella le pegó y después él le empezó a pegar [a Espinoza]. Él no la quería a ella, estaba con ella porque lo mantenía”. Sobre los objetos que el acusado le sustrajo a Micaela comentó que le quiso regalar la planchita “pero no la quise porque la mujer era muy celosa, para evitar problemas”. Daiana reconoció el gorro con el que se ve a Luna en las cámaras de seguridad y al propio imputado en el video.

Respecto al día que Mica faltó de su casa, la joven dijo que Luna “apareció con la planchita, el celular y con la ropa embarrada”. “Estaba atento a lo que decían las noticias del caso”. “Él estaba enamorado de mi hermana Ana (15)”.

Luego fue el turno de Emiliano Álvarez Porte, secretario de Seguridad del Municipio, quien participó de la búsqueda el día en que encontraron el cuerpo y aprehendieron a Luna. Recordó que caminaron dos horas y media con el perro K9 adelante. Le preguntó al femicida si había matado a Micaela. “Bueno sí, la golpeé, ella se defendió y se golpeó con algo”, respondió Luna. El secretario agregó que le dijo que “le quiso robar”. “Me zarpé un poco, pero la pibita se defendió”, concluyó.

Ana (16), hermana de Daiana, declaró que se llevaba bien con Eliana Espinoza y que iba a la casa a tomar mate. Sobre el acusado dijo: “Ella trabajaba, él estaba todo el día acostado con el celular. Luna maltrataba a Eliana, una vez le pegó delante mío. Yo no me metí”.

Luego añadió que “cuando pasaban noticias del caso de Micaela nos hacía callar a todos”. “Apareció con una planchita y me dijo que la había robado”. “Cuando le estaba pegando a Eliana nos dijo ‘ustedes de acá no se van’”.

La testigo ratificó que las amistades de Luna eran de 15-16 años y que dejó de ir porque “me enteré que estaba enamorado de mí”.

El último testimonio de la jornada fue el de Ezequiel, un vecino de 15 años, a quien Luna le mostró la planchita de pelo y le preguntó si se la cambiaba por un equipo. Sobre la relación de Luna y Espinoza el joven declaró: “Se llevaban mal. Se cagaban a palos. Una vez ella le tiró el cenicero, y después él la cagó a palos”.

Las audiencias continuarán este miércoles a las 9:30 en Estomba.

Esta mañana comenzó el juicio por el femicidio de Micaela Ortega en los tribunales de Estomba 34. Jonathan Luna, de 28 años, es el único imputado en la causa acusado por homicidio calificado agravado por alevosía, violencia de género, robo y grooming.

El dr. Sebastián Cuevas, defensor oficial, reconoció los hechos que se le achacan a Luna pero cuestionó la calificación legal de los mismos. Expresó que Luna pedía retirarse y no formar parte de los debates hasta lectura de los alegatos, beneficio que le concedió el tribunal.

Las juezas Claudia Fortunatti y María Elena Baquedano y el juez Eugenio Casas escucharon las declaraciones de lxs testigos: Mónica Cid y Claudio Ortega, madre y padre de Micaela; Axel, supuesto novio de Micaela, y su hermana Ludmila. También fueron convocadas Alicia Acuña y Verónica Coleffi, vecina y maestra del colegio de Micaela respectivamente. Se espera que alrededor de 90 personas testifiquen en el transcurso de la semana.

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Las preguntas fueron realizadas en su totalidad por el fiscal Rodolfo de Lucía y por la abogada de la familia de la víctima, Fernanda Petersen. Por su parte el defensor oficial, decidió no formular interrogantes para lxs testigos.

La jornada comenzó a las ocho de la mañana con una conferencia de prensa realizada por la familia en el recinto del Concejo Deliberante. Ante la mirada atenta del público, concejales y medios, Mónica Cid leyó un documento en el que retoma todo lo sucedido a su familia a partir del 23 de abril de 2016 cuando Micaela desapareció. Al mismo tiempo, agradeció a aquellas personas que la acompañaron y siguen acompañando desde el primer día.

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El inicio del juicio por el femicidio de Micaela Ortega contó con intervenciones  en las calles y en la plaza Rivadavia, la presencia de activistas feministas de todo el país y de funcionarixs locales, provinciales y nacionales.

Silvia Lomi, subsecretaria del Instituto Nacional de las Mujeres, explicó que “nosotros estamos presentes para apoyar, no solo en términos emocionales, sino en toda una cuestión técnica que viene trabajando el equipo de casos desde hace ya bastante tiempo”.

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Respecto a las expectativas que tienen por la resolución del juicio, Lomi comentó que “la justicia es un poder independiente pero que por supuesto tenemos expectativas. El caso tiene muchas dudas para plantear dificultades, suponemos que sí. Nosotros estamos solamente trabajando desde un equipo de expertxs que han hecho todo para acompañar este caso. Suponemos que va a tener una resolución favorable”.

Las audiencias continuarán mañana y hasta el viernes 13 de octubre a partir de las 9:30 en el quinto piso de los tribunales de Estomba 34.

Desde las 9:30 de este lunes y hasta el viernes se desarrollarán en los tribunales de Estomba 34 las audiencias del juicio contra Jonathan Luna por el femicidio de Micaela Ortega. La nena de 12 años desapareció el 23 de abril de 2016. Luna la engañó a través de las redes sociales, la sacó de su casa, la hizo caminar 13 kilómetros bajo mentiras y la mató cuando no pudo abusar de ella.

En diálogo con El Mejor Equipo de FM De la Calle (martes de 10 a 14), su madre, Mónica Cid, afirmó que “desde la justicia me explican que puede llegar a quedar como un homicidio. Con Fernanda Petersen vamos a luchar porque esto es un claro femicidio, por el cual vamos a pedir perpetua”. “Con el fiscal hemos trabajado codo a codo y tenemos más que suficiente para este femicida se pudra en la cárcel. Nos sobran pruebas”.

Días antes de comenzar el juicio Cid y su abogada dieron con una cuenta de Facebook que Luna administraba desde el penal de Florencio Valera donde estaba encerrado. “Es como dejarle a un homicida un arma. Él mató a mi hija a través de las redes sociales, a través de un celular y no puedo creer que siga con tanta impunidad, manejándose como quiere. El Jonatan Luna que conocimos, el que vivía en El Saladero, él que mató a mi hija está cada vez mejor. Nosotros estamos cada vez peor, mi hija muerta y él haciendo una vida completamente fácil”.

La madre de Micaela sostuvo que siente que la justicia le toma el pelo: “Desde el penal deberían estar sabiendo que mató a una niña a través de la redes sociales. Ningún compañero que tenga celular, porque él atenúa que el celular era de un compañero, tenía 160 mujeres captadas, había muchísimas niñas, hacía el mismo trabajo que hacía afuera”.

“Yo confío en la justicia, voy a ir por esa resolución que se merece él. No puede tener más acceso a la tecnología de por vida, ese es un trabajo que voy a tener que hacer yo, más allá de que ahora confío en que va a salir todo bien”.

A poco más de un año del femicidio, Cid compartió un camino con otras mujeres que la acompañan y, además, asumió el compromiso de concientizar a lxs más jóvenes. “Mi vida cambió. Yo era una persona común, una persona que pasaba desapercibida en cualquier lado: tengo mi trabajo desde hace 20 años, mi casa, mis hijos. Mi hija, sobre todo, porque mi hijo ya es mayor. Era mi vida y me ha quedado ese vacío que he empezado a llenar. Hoy soy Mónica Cid, mamá de Micaela”.

Por otro lado, hizo referencia al acompañamiento de que viene recibiendo: “Mi vida anterior no tenía un registro del movimiento de mujeres y hoy soy quien soy y le debo mi vida a un movimiento que es Desbandadas, ellas son las que me mantienen en pie. Cuando sonaban los tambores cuando buscaban a Micaela, yo sentía que Micaela me podía escuchar y hoy siento lo mismo. Hoy, a través de Desbandadas, siento que mi hija se acerca y me da la misma fuerza que me daba para buscarla”.

En el inicio de las audiencias, se espera la llegada de referentas de otros puntos del país: “Tengo la promesa de la Mesa de Femicidios del Congreso, gente del Consejo Nacional de las Mujeres que va a mandar una comitiva. Va a ser un movimiento grande”.

En cuanto a las respuestas del Estado a sus demandas, Cid manifestó que “desde el Municipio se está trabajando, desde Nación no he tenido respuestas de nada, en algún momento yo no entré en agenda, como me dijo el secretario de Macri, y cuando él me pidió ir a Buenos Aires para la foto del 25 de noviembre, del Día de la No Violencia hacia las Mujeres, Niñxs y Adolescentes, yo le dije que no entraba en mi agenda. Quizás también un poco es eso, que no me tengan en cuenta”.

La gobernadora María Eugenia Vidal en una de sus primeras visitas a la ciudad la visitó y abrazó en su casa: “Todo quedó en esa foto, no hubo más respuestas de nada. Yo necesito hablar con ella, yo necesito que intervengan en ese penal. Cuando Jonathan Luna elige, porque encima tuvo el privilegio de elegir dónde estar. Y necesito que Ferrari tome intervención porque ese hombre no puede volver a tomar contacto con la tecnología, porque es un potencial asesino a través de las redes sociales”.

“Espero que me acompañen, que no me dejen sola. Que haya podido demostrar también que le podría haber pasado a cualquiera y con esto que Jonathan Luna sigue haciendo, nos sigue demostrando que podemos seguir cayendo como moscas todos los días y que Bahía tome conciencia”.

(Por Mauro Llaneza) Durante la semana se realizaron ocho allanamientos en empresas radicadas en el polo petroquímico de Ing. White que vierten sus desechos en el estuario bahiense. Los operativos son parte de la causa judicial que investiga la contaminación denunciada por pescadores artesanales en 2011.

La búsqueda de vertidos líquidos y sólidos se centró en los canales utilizados por TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar –ex Solvay Indupa-, Profertil, Oil Tanking y ABSA en el interior de sus plantas o sobre la ría. También se relevaron peces y crustáceos.

“Todo para poder hacer la pericia que determine si la tesis de la Fiscalía es correcta”, aseguró Alejandro Cantaro, quien sostiene “que las empresas del polo vierten residuos tóxicos peligrosos en la ría poniendo en riesgo la salud pública y, por tanto, cometen delito”.

Lucas Beier, abogado de los denunciantes, declaró que “fue un arduo trabajo en conjunto con la Fiscalía para poder coordinar la fuerza de seguridad, la universidad, conseguir que la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires pueda realizar los estudios de las muestras tomadas”.

“La pericia es importante (…) para dejar tranquila a la población sobre si puede ir al muelle de Cerri, pescar una corvina y comerla o, al contrario, es mejor no comerla y tenemos que ir a la pescadería a buscar cualquier pescado que no sea de este ambiente”.

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Se estima que en poco más de un mes el juez Walter López da Silva podría contar con anticipos informativos y luego incorporar los resultados definitivos. Los análisis, financiados por el Consejo de la Magistratura, estarán a cargo de la UBA y la Policía Federal colaborará en el estudio de “algunos sólidos” y de “la fauna ictícola” secuestrada.

“Determinado esto, se va a continuar con la causa y se van a atribuir las responsabilidades llamando a indagatoria y elevando a juicio la causa penal”, dijo Beier.

Cantaro agregó que secuestraron documentación relacionada “con las autorizaciones que las empresas tienen, las cantidades por las que están autorizadas para verter, si están dentro de los estándares correctos, si están vigentes, cómo es el circuito de autorizaciones entre provincia y Municipalidad”.

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“Esto es muy importante porque los expertos van a valorar no solamente si encuentran en agua, en el fango de la ría o en los peces y crustáceos, elementos, material tóxico, sino también cuáles son las autorizaciones que tengan”.

Según pudo saber FM De la Calle, las multinacionales presentaron una gran cantidad de permisos con al menos un año de vencimiento. Desde el sector empresarial responsabilizaron al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible por no realizar los controles necesarios para la renovación de la documentación.

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Beier recordó que respecto a ABSA el juez Agustín López Cóppola dictó una medida cautelar en el expediente de la demanda civil a través de la cual ordenaba al gobierno provincial “prever la posición de las plantas de tratamiento de todos los efluentes que terminen en el estuario”.

Sobre la ría hay tres, cercanas a Cerri, Ing. White y Punta Alta. “Están haciendo la planta de tratamiento de la que está pasando Ing. White y con eso el juez dio la orden por cumplida y nosotros apelamos”, sostuvo el abogado.

Tras el allanamiento del jueves en ABSA, fuentes judiciales afirmaron a FM De la Calle que “no hay ningún tipo de tratamiento de los líquidos cloacales”. Por la Primera Cuenca evacúan todos los sumideros locales con un filtro que evita el paso de algunos objetos. “Eso cuando funciona la planta y ahora no está funcionando, sale todo”.

No fue pericia, fue allanamiento

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El fiscal Cantaro destacó que el polo es “públicamente reivindicado como un sector de poder económico y privilegiado por las conducciones políticas. Sin que esto signifique que haya ninguna presión ni intervención, pero en todo delito complejo y donde quien se investiga tiene resorte de poder siempre es mucho más difícil”.

Luego del primer día de allanamientos, la Unión Industrial desinformó a través de los medios de su vicepresidente, Gustavo Elías, que “seis compañías miembros de la institución recibieron peritajes en sus instalaciones por una orden dictada por el Juzgado Federal Nº2 Secretaria Penal Nº6”.

“Se tomaron muestras en los sitios de vuelco de efluentes líquidos de las distintas plantas y se obtuvieron registros relacionados a las mismas. Entendemos que estos procedimientos son parte de un proceso judicial, sobre el cual no contamos con mayor información dado que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario. De todos modos, las compañías y la institución brindarán su total colaboración y se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, firmaron el director industrial Roberto Elissamburu y el director ejecutivo Ricardo Rabbione.

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El fiscal afirmó que “en algunas empresas hubo resistencia, llamaron inmediatamente a los responsables de las áreas que estaban involucradas, inclusive llegaron los abogados y cuestionaban la toma de las muestras o quiénes eran los testigos que estaban presentes. En algunos lugares hubo un clima más hostil, en otros no. Yo estuve en Indupar -donde era Solvay Indupa- y acompañaron en la toma de muestra, entregaron la documentación rápidamente”.

“A ese comunicado le faltan dos palabritas centrales”, dijo Cantaro, “no habla de allanamiento ni secuestro. Ayer no se perició nada, ayer se allanó. Y los hechos demuestran que fue oportuno que haya sido un allanamiento porque, insisto, hay alguna resistencia en la entrega de la documentación y en la posibilidad de tomar las muestras”.

Por otra parte, el mencionado “secreto de sumario” no existe en la causa sino en la línea editorial financiada por el “único equipo integrado por el sector público y privado” que saludó el presidente Mauricio Macri, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay, en la visita del martes a la planta de Dow.

*Las entrevistas a Alejandro Cantaro y Lucas Beier fueron realizadas por el autor de la nota en Radio Altos.

Luego del femicidio ocurrido el viernes en Villa Mitre y a días de que comience el juicio a Jonathan Luna por el caso de Micaela Ortega, la abogada Fernanda Petersen habló con El Mejor Equipo de FM De la Calle.

Sobre la muerte de Mónica Esteban afirmó que no avanza el cambio de actitud y respuesta de lxs agentes del Estado.Empieza con la violencia verbal y terminamos con la institucional. Después de más de diez denuncias no podemos estar hablando de que la justicia no tomó ninguna medida, que este hombre no pudo ser notificado o que no se presentó”.

Y aseguró que “si a una de sus ex parejas le robó el botón antipánico estamos ante la presencia de una persona que evidentemente no va a cumplir ninguna ley, ninguna restricción que se le imponga, se tendrían que haber tomado otras medidas”.

“Obviamente que el Estado es responsable por esta inacción y por la falta de preparación en perspectiva de género: de entender la problemática de las denuncias por violencia, lo que es un círculo de violencia, y por qué muchas veces las mujeres vuelven con los violentos. Esta mirada errada de la situación hace que, lamentablemente, el viernes hayamos tenido que sufrir otro femicidio en Bahía Blanca”, aseveró la abogada.

Petersen consideró que para transformar esa mirada del Poder Judicial “la capacitación es fundamental. Y es una regla de oro creerle a la víctima. Si una mujer denuncia en diez o quince ocasiones violencia (verbal, física, económica, etc.), y tenemos como antecedente otra pareja que también había hecho denuncias. La medida de ‘no acercamiento’ está comprobado que no sirve. Como jueces o como parte de un sistema de justicia, pidámosle a lxs legisladores que lo modifiquen. Evidentemente este tipo de delitos tendría que tener otro tipo de abordaje”.

A raíz de estas situaciones, en el Colegio de Abogados están armando un consultorio gratuito para las víctimas de violencia y van a disponer un día de atención específico con abogadxs de la matrícula que trabajen esta temática. “Para tener también otro lugar porque, lamentablemente, la consulta es cada vez mayor”, afirmó Petersen, quien ya confirmó su participación.

El fin de semana también se supo que Jonathan Luna, femicida de Micaela Ortega, contaba con una cuenta activa de Facebook desde el penal de Saavedra. Al respecto, la abogada de Mónica Cid aseguró que “es una provocación”.

“El Estado está ausente en muchísimos espacios y nos toca a lxs particulares en cada situación hacer la denuncia y llevar adelante las acciones que tienden a corregir esto. Nosotras no estamos pidiendo que a Jonathan Luna no se le respeten los derechos, estamos pidiendo que las medidas de seguridad y de conducta que tiene que cumplir, las cumpla.

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“En las manos de Jonathan Luna, un dispositivo tecnológico con acceso a internet, es un arma. Es una persona que está imputada del delito de femicidio, de grooming (captación de menores por redes sociales), y que ha tenido otros intentos de captación antes y después del femicidio de Micaela. Me parece que, como mínimo, se debe tomar alguna medida al respecto”.

“Desde lo legal, es inentendible. Desde lo personal y particular, hay que decirle a la familia ‘este sujeto tiene una cuenta activa de facebook y publica fotos de él, con su compañero de celda, etc’. Se genera una situación de mayor vulnerabilidad para los familiares de las víctimas, que sienten que el Estado, como muchas veces estuvo ausente en temas de la búsqueda o recursos de la fiscalía, también está ausente en la supervisión de estas medidas particulares”, explicó.

Petersen también representa a la artista Olga Corrales, quien fue detenida el último Ni Una Menos (3 de junio), luego de realizar pintadas en Punta Alta. Si bien tuvieron tres instancias para reunirse con la persona que representa al Municipio de Coronel Rosales, optaron por ir a juicio “porque lo único que hacía era dilatar una situación que, consideramos, no era la intención de ninguna de las chicas pedir disculpas”.

Y reflexionó al respecto: “Una puede compartir o no la decisión de pintar un monumento –que no fue un monumento, sino la arcada de la entrada a la plaza de Punta Alta–, pero eso en media hora y con una lata de pintura se solucionó. Las mujeres que faltan, no vuelven más. Las mujeres abusadas tampoco vuelven a vivir una vida como la que tenían antes”.

“Cada vez que una mujer hace una denuncia y Tribunales no la escucha, eso no vuelve para atrás. El Estado está presente, pareciera, en el respaldo al femicida, al violento, y da mensajes violentos. Esto envalentona a cualquier machista que ande suelto, a sentirse con derechos para hacer lo que se le antoja”.

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21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Se trata del tercer tramo de la causa V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo solicitado por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Los jueces José Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava afirmaron que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por mayoría, declararon que “fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívica militar”. Además, mandaron que las penas se cumplan en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal.

A su vez, los magistrados rechazaron otras medidas de reparación simbólica dirigidas a las universidades nacionales del Sur y del Comahue y a la Municipalidad bahiense.

El fiscal José Nebbia comentó que el debate mostró el “montaje en todo el territorio de la Patagonia con epicentro en Bahía Blanca”. “Lo distintivo del juicio es que se muestra la articulación con la represión en Rio Negro. Eso se había visto respecto de Viedma, pero aquí vimos qué fue lo que pasó con el Alto Valle y Neuquén”.

Recordó que la causa involucró a 105 víctimas, “un tercio de esas personas están desaparecidas y por eso la cantidad de pedidos de condena de prisión perpetua es tan alto y para aquellos que no están imputados por víctimas asesinadas o desaparecidas, la cantidad y la gravedad de los hechos hace que las penas sean también altas”.

“Me acuerdo de 1984, ’85, que estábamos acá junto a los compañeros de Bahía Blanca -porque las causas estaban juntas todavía- y lo que era Bahía todavía aplastada por los militares, los marinos y todo lo que los rodeaba y cómo se han levantado, se han organizado, han protestado y han tenido estos juicios contra el Ejército y contra la Marina que son ejemplo”, dijo a FM De la Calle Noemí Labrune mientras esperaba ingresar a la sala.

En cuanto a las declaraciones del ex guardia de La Escuelita, Arsenio Lavayén, quien se refirió a la apropiación de uno de los bebés nacidos en cautiverio, Nebbia afirmó que la información ya la tenían pero “es la primera vez que uno de los imputados rompe ese pacto de silencio y esperemos que eso tenga consecuencias no solamente para el imputado que tuvo una necesidad de contar lo que había hecho, lo que había visto, sino también en el resto, que se quiebre el muro de silencio y que nos permita encontrar a los chicos y a los cuerpos de las personas que desaparecieron y no sabemos dónde están”.

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La titular de la APDH de Neuquén opinó que el pacto de silencio de los genocidas “se va a mantener porque los que están apalabrados, los que estaban promoviendo este sistema criminal, saben que siguen torturando. Deben estar muy contentos de negar lo que saben porque es parte del crimen compuesto, permanente y continuo del delito de lesa humanidad”.

Luego de la sentencia, el fiscal Miguel Ángel Palazzani aseguró que “la Fiscalía se va muy conforme” y agregó que Alejandro Magno Nieva “fue absuelto por el beneficio de la duda, veremos los fundamentos y apelaríamos esa parte”.

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Consultado por el cumplimiento efectivo de la orden judicial para que las penas sean en cárceles comunes, sostuvo que dependerá de la situación de cada represor: “Recorrimos todos los caminos procesales pidiendo la revocación de esas domiciliarias para el caso de los que entendemos que por las pericias están en condiciones de estar en cárcel común y lo solicitamos, el tribunal termina resolviendo caso por caso. Por lo pronto, el principio es cárcel común”.

En cuanto a los planteos rechazados por el tribunal dijo que “hay que seguir siendo creativos, pidiéndolos, apelándolos y dando fundamentos y argumentos porque la lucha sigue, esto no termina acá”.

El 5 de diciembre se realizará la audiencia preliminar de la segunda etapa del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción de la Base Naval de Puerto Belgrano de la Armada Argentina.

Las penas y los nombres

Las condenas a prisión perpetua fueron para los integrantes del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal y Osvaldo Lucio Sierra. Para Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Enrique José Del Pino y Víctor Raúl Aguirre del Destacamento de Inteligencia 181 y para los miembros de la Agrupación Tropas Julio Guillermo González Chipont, Pedro Ángel Cáceres y Carlos Alberto Ferreyra.

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La pena máxima alcanzó también al jefe del Batallón de Comunicaciones 181 Jorge Enrique Mansueto Swendsen y Alejandro Lawless, jefe de sección en dicha unidad militar; a los guardias del CCDTyE La Escuelita Gabriel Cañicul, Raúl Artemio “el abuelo” Domínguez, Desiderio Andrés “perro vago” González, Arsenio “zorzal” Lavayén y José María Martínez; y a los policías bonaerenses Pedro José Noel y Jesús Salinas.

Para el integrante de la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, Oscar Lorenzo Reinhold, los jueces sentenciaron 14 años de cárcel; 10 para el policía federal de Viedma Osvaldo Vicente Floridia y 9 para el jefe de la Policía Federal de Neuquén, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, y los militares de la Agrupación Tropas Miguel Ángel Chiesa, Jorge Horacio Rojas y Miguel Ángel Nilos.

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Los jefes de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Héctor Luis Selaya y Andrés Reynaldo Miraglia recibieron castigos de 6 y 3 años de prisión, respectivamente. Y también 3 recibió el comisario rionegrino Antonio Alberto Camarelli. En tanto, fue absuelto el ayudante del comandante del V Cuerpo e integrante de la Agrupación Tropa, Alberto Magno Nieva.

Durante el juicio murieron Carlos Andrés Stricker, Hugo Jorge Delmé y Raúl Oscar Otero, todos condenados a prisión perpetua en juicios anteriores. Previamente habían sido apartados del proceso Enrique Braulio Olea, Julio Manuel Santamaría, Mario Alberto Gómez Arena y Luís Alberto Farías Barrera. En tanto, el comisario bonaerense Gustavo Boccalari recusó al tribunal y fue condenado a perpetua por otros jueces.

Continúan este jueves los allanamientos encabezados por la Fiscalía Federal en busca de muestras de sedimentos y vertidos líquidos para la realización de una pericia sobre el estado del estuario en el marco de la causa judicial que investiga la contaminación en la ría.

Ahora es el turno de la empresa ABSA que vierte líquidos cloacales y otras substancias sin el tratamiento adecuado.

La denuncia fue presentada por pescadores artesanales años atrás e involucra además a Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.

Participan la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona. El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.

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Esta mañana la Fiscalía General encabezó un operativo en el cual se tomaron muestras de vertídos líquidos y sedimentos y se secuestró documentación de las firmas TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar y Profertil.

Participaron integrantes de la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona.

La medida fue solicitada por el fiscal Alejandro Cantaro en el marco de la causa judicial que investiga la responsabilidad de las empresas del polo y otros organismos gubernamentales en la contaminación del estuario. La denuncia fue realizada por pescadores artesanales.

El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.

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El Ministerio Público Fiscal encabezó esta mañana una serie de allanamientos en seis empresas del polo petroquímico de Bahía Blanca en el marco de la investigación por la contaminación del estuario.

Desde las siete de la mañana se recogieron muestras de vertídos líquidos y sedimentos y se secuestró documentación de las firmas TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar y Profertil.

La medida fue solicitada por el fiscal Alejandro Cantaro al juez federal Walter López da Silva quien autorizó el operativo del cual participaron la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona.

El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.

En mayo de 2015, la Fiscalía General requirió a la titular del Juzgado Federal Nº2, Gabriela Marrón, la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público.

La presentación llevaba la firma del fiscal Cantaro y agregaba documentación a la Causa 135623/2011 “MENINATO, Rolando (PBB Polisur S.A.) y otros s/ inf. Ley 24051” originada años atrás por pescadores artesanales de la localidad portuaria ante la disminución de peces en el estuario.

A su vez, se tramita una demanda civil en la cual están imputadas Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, ABSA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.

El proceso civil busca definir “la calidad ambiental del estuario”, detener el vertido de residuos tóxicos y sanear la ría. Además, pretende una indemnización por daño moral colectivo.

En paralelo se tramitan causas individuales de medio centenar de pescadores artesanales que impulsan la demanda con el fin de lograr un resarcimiento económico porque no pudieron seguir ejerciendo su oficio.

Foto: Canal 7.

La gobernadora María Eugenia Vidal denunció en Bahía Blanca supuestos “pedidos desmedidos” por parte de la UOCRA a empresarios locales referidos a la contratación de determinadas empresas de transporte y viandas de alimentos. La Unión Industrial y la Cámara de la Construcción se manifestaron públicamente en el mismo sentido y el intendente Héctor Gay pidió que la Fiscalía actúe de oficio.

Tras designar a Gustavo Zorzano para tal fin, el fiscal general Juan Pablo Fernández dialogó con El Mejor Equipo de FM De la Calle.

“La investigación comienza en función de una gran cantidad de notas periodísticas por las cuales se dan a conocer una serie de irregularidades, que podrían consistir en hechos de naturaleza delictiva como, por ejemplo, el delito de extorsión”, dijo.

Agregó que “alguna de ellas ya planteaba un hecho concreto, que se podía llegar a individualizar. Esto generó la decisión de realizar una investigación penal preparatoria”. “Será el fiscal Zorzano, quien con todo el material periodístico compilado, podrá empezar a tomar declaraciones y realizar la averiguación correspondiente sobre la existencia de hechos específicos, circunstanciados”.

Sin embargo, “en alguna de esas notas periodísticas sí se daba la pauta de un hecho referido a un acontecer histórico determinado. A partir de ahí, se puede tomar la punta de ese ovillo y empezar a desarmar la madeja”, explicó.

En relación a si el hecho concreto serían las supuestas presiones por parte de UOCRA a empresarios, para la contratación particular de empresas vinculadas a determinado transporte o servicio de viandas, el fiscal general afirmó: “Hay un hecho circunstancial, hay que ver si esto efectivamente fue así. En eso consiste la investigación”.

Juan Pablo Fernandez

“Más allá de comentarios al respecto que se venían haciendo en la ciudad sobre esta modalidad operativa, hay que señalar que nunca hubo una denuncia concreta por parte de las presuntas víctimas. Y esto es importante: que las víctimas de esta clase de hechos se presenten en la justicia, se comprometan y denuncien porque es la forma de acabar con esta circunstancia”.

Respecto a si les cabe algún tipo de responsabilidad a las empresas ya que no habían hecho las denuncias pertinentes y accedieron a esas condiciones de trabajo, Fernández dijo: “Si estamos frente a una situación de extorsión, no; porque el sujeto extorsionado no tiene la libertad de elegir, es la víctima del delito”.

“Distinto puede ser otro tipo de situaciones en que puede llegar a haber alguna connivencia empresarial. Acá se está hablando de otra cosa, de circunstancias en las cuales, empresas constructoras serían victimas de aprietes ilegales que encarecerían la construcción, en función de exigencias ilegales de contratación determinadas, o determinadas sumas de dinero”.

“En principio, si esto efectivamente se corrobora, estaríamos frente a un delito de extorsión, donde el único sujeto activo del delito –para llamarlo con propiedad– es el extorsionador. La otra persona, el que paga, es el extorsionado y la víctima”, ratificó.

Con las últimas palabras de los acusados frente al tribunal bahiense, terminó este miércoles el debate del Juicio Ejército III. La sentencia contra 31 de los 39 imputados elevados a la instancia oral se conocerá el próximo miércoles 4 de octubre a las 17, en Colón 80.

Varios genocidas hicieron uso del derecho a hablar antes de escuchar el veredicto pero ninguno dijo quiénes se apropiaron de los bebés nacidos en La Escuelita ni dónde están las compañeras y los compañeros detenidos desaparecidos.

Uno de los guardias del mayor campo de exterminio que funcionó en Bahía Blanca, Arsenio Lavayén, declaró que no presenció el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Romero y Raúl Metz. Afirmó que lo retiró un médico del V Cuerpo y que Santiago Cruciani manifestó que “un mayor y su esposa” se lo llevarían a Buenos Aires.

El proceso comenzó el 11 de octubre de 2016 y tramitó lentamente con audiencias cada quince días. Es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad iniciado en Bahía Blanca y el tercer tramo de la causa Ejército. Durante su transcurso, el comisario Gustavo Boccalari fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal, con una composición alternativa.

La investigación incluyó más de un centenar de víctimas. Los represores pertenecieron a distintos organismos del V Cuerpo y fuerzas policiales y penitenciarias subordinas que desplegaron el plan genocida en las Subzonas 51 y 52. El tribunal está integrado por José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava.

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La Fiscalía pidió penas de prisión perpetua para 25 imputados y de entre 13 y 19 añospara los siete restantes. Exigió el cumplimiento de las condenas en cárceles comunes y propuso medidas de reparación simbólica. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó 24 perpetuas y otras condenas de entre 15 y 20 años.

Entre las clásicas declaraciones de inocencia, ataques a la legitimidad y constitucionalidad de los juicios y victimizaciones varias, se destacó de la audiencia del miércoles el pedido de desalojo de la sala por parte del ex guardia de La Escuelita, Arsenio Lavayén, uno de los involucrados en el robo de bebés nacidos en cautiverio.

Adriana Metz, hermana de uno de los hombres que aun no conocen su verdadera identidad, dijo a FM De la Calle que “el misterio creó más expectativa pero no aportó nada nuevo. Según lo que me contaron después de la audiencia sí confirmó lo que habían declarado Noemí Labrune y Diego Martínez que había sido cuestionado por su abogado defensor”.

“Me voy de franco, cuando vuelvo al lugar, siempre volvía a las doce y media de la noche, éramos doce hombres, seis de servicio y seis de franco. Doce y cuarto, doce y media de la noche, estaba el comentario del personal que estaba en servicio, que había ocurrido el caso, que había nacido el bebé. Yo no lo vi, no lo presencié, ni lo hice”, dijo Lavayén.

El represor relató que ese día llegó un grupo de interrogadores al mando de Santiago Cruciani y que “el Tío” comentó que un mayor de Buenos Aires y su esposa se llevarían al bebé. “¿Qué me dijeron? Que a la hora y cuarto, hora y media que había nacido el bebé, vino el médico de la unidad, del Comando V Cuerpo y retiró al bebé”, agregó.

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“Como que me llamo Lavayén lo asumiría, pero yo no lo hice, no lo hice, el delito del nacimiento. Yo no estaba, no lo vi, ni lo presencié”, insistió el Zorzal.

Respecto a la imputación sobre el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Izurieta, el guardia negó que se haya concretado en La Escuelita porque la sacaron con un estado de embarazo avanzado.

El 4 de octubre -desde las 17- el tribunal juzgará los hechos ordenados desde el Comando V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado. Mayores de 18 años con DNI podrán ingresar al aula magna universitaria de Colón 80. Jóvenes a partir de los 16, con docentes, pueden coordinar con el tribunal escribiendo a [email protected]

FM De la Calle trasmitirá en vivo por la 87.9Mhz y delacalle.org  

María Cecilia Bravo es chofer de transporte urbano e interurbano. Hace años que busca un empleo estable y las empresas locales se niegan a contratarla sin darle explicaciones. Cansada de golpear puertas, recurrió a la justicia para que San Gabriel, Rastreador Fournier y la estatal Bahía Transporte SAPEM cesen “en las medidas discriminatorias” en su contratación  y la de mujeres en general.

“El trabajo es un derecho fundamental de las personas, y en particular la actora es sostén de familia, y no encuentra otra vía que la legal para obtener igualdad de condiciones en su búsqueda de trabajo”, escribió su abogada Fernanda Petersen.

Agregó que en el sistema local “ha sido imposible ingresar ante las diferentes postulaciones en dicho puesto de trabajo, habiendo contratado en diferentes oportunidades personal con menor capacitación que la que posee la actora, considerando esta parte que se trata de un hecho discriminatorio por el hecho de ser mujer”.

En Rio Grande, Tierra del Fuego, buscan sumar conductoras al transporte público mediante una ordenanza municipal tal como sucedió en Córdoba y Rosario.

María Cecilia visitó esta semana FM De la Calle y contó su historia a El Mejor Equipo (martes de 10 a 14).

“Yo arranqué en el 2010 en lo que era la ex empresa Micro Sur, con traslado de personal a la termoeléctrica, al Arsenal Aeronaval, a la minera Vale. No tuve problema, más que cara de susto al principio de parte de los pasajeros. En el 2013, una empresa de transporte de acá de Bahía, que tiene larga distancia, me dio la oportunidad de manejar los doble piso. Me tomaron una prueba sabiendo que yo no tenía mucho conocimiento más que de colectivo urbano; ahí arranqué con larga distancia y esto lo voy haciendo hasta el día de hoy. Soy una chofer libre, no tengo contrato con nadie. Si hay viajes me llaman, si no hay viajes no me llaman”, relató Bravo.

La trabajadora comentó que “mientras hay viajes más o menos la vas piloteando, pero cuando no hay viajes he ido a limpiar casas, he estado haciendo encuestas en las casas. No tengo problema. Yo alquilo, tengo un hijo a mi cargo, el más chico, y hay que hacerle frente al alquiler, a los impuestos, a la comida y es muy difícil cuando uno no tiene un trabajo fijo”.

“En diciembre de 2013, salgo en tapa de La Nueva Provincia, pidiendo trabajo. El titular era: ‘una mujer colectivera (que no es colectivera, es conductora de última), busca trabajo y no se lo dan’. El único que me dio más o menos un poco más de bolilla, por decirlo de alguna forma, fue Raúl Woscoff y se pidió desde el Concejo Deliberante un pedido de informe a las empresas por que yo había llevado los curriculums. Pero para asegurarnos de que los recibieran, Raúl Woscoff me hizo llevarlos de vuelta y hacer que me firmen un comprobante que yo los había entregado y eso quedó en la nada”, aseguró Cecilia.

El pedido de informe solicitaba información directamente a las empresas Bahía Transporte SAPEM, Rastreador Fournier y San Gabriel: “San Gabriel en ese momento sacaba la 513ex, entonces yo sabía que se tomaba personal y dije bueno, esta es mi oportunidad”.

“A veces es peor que no te digan nada, a que te digan: ‘Tenes el pelo corto’, no sé, por decirte algo, no me gusta y listo. Sé que tengo la capacidad, sé que puedo hacerlo, entonces eso es lo que más indigna”, enfatizó.

Respecto a su capacidad para manejar colectivos, Bravo explicó que “el carnet profesional que utilizan los conductores o los choferes acá en bahía, es el municipal que tenemos todos ampliado a la categoría de profesional. Nosotros en larga distancia, aparte, tenemos que tener otro carnet que te habilita. Yo, por ejemplo, hice temporada en Camboriú este verano. Para salir del país, para sacar la unidad es otro carnet, que tiene todo un psicofísico mucho más completo de lo que es el local”.

“Yo conozco muchos choferes de hace 25 o 27 años. La mayoría de ellos ya se han jubilado. O sea, no me pueden venir a decir a mí, que en cinco años no se tomó personal, es imposible. Pero yo quiero dejar en claro esto: yo no estoy peleando porque soy mujer y tengo que tener el trabajo. No parte por mi condición sexual, sino, parte porque estoy capacitada. Entonces, dame la oportunidad de demostrarlo, porque sé que lo voy a poder cumplir con creces”.

El caso de Cecilia no es el único en nuestra ciudad: “Hay otra chica, que se puso en contacto conmigo, que también entregó curriculum y nunca nada. Hablamos la semana pasada y me dijo que los iba a volver a llevar”.

“Al principio cuando recién entré yo era el bicho raro –dijo la conductora al ser consultada por la relación con sus compañeros-. Yo digo que muchos lo tomaron como herir el orgullo de hombre y me han hecho cuestionamientos de lo que se te ocurra. Por ejemplo: ‘Vos estás manejando y te viene tu período, ¿podés manejar?´. Vos te lo quedas mirando como diciendo: ‘¿Me estás cargando?’. Eso como mínimo”.

“Yo como mujer aprendí a cambiar correa; a cambiar cubiertas, gomones que son más grandes en los colectivos de larga distancia, siempre con mi compañero. Si yo pretendo una igualdad, en la misma igualdad me tengo que comportar yo. No voy a decir: ‘Ah no, porque yo soy mujer no puedo’. No, yo estoy en las mismas condiciones que vos”.

Finalmente, sobre el trámite del amparo presentado ante la justicia afirmó que se demoró con el paro de los trabajadores y las trabajadoras judiciales pero debería tener resolución en los próximos días. “Tengo la suerte de que si hay viajes me llaman, pero la angustia de necesitar una estabilidad y de estar acá es muy importante. He llorado mucho”.

Después de conocerse que el Gobierno Nacional apeló el fallo judicial que dictaba restablecer las pensiones dadas de baja en el mes de junio, Mara Recondo –integrante de la fundación DISER (Discapacidad y Servicio) – habló con El Mejor Equipo sobre el trabajo que realizan en función de la decisión del oficialismo.

En primer lugar, Mara comentó cómo fue la situación en junio cuando “la gente que fue a cobrar el beneficio con el aguinaldo, se encontró que no tenían depositado el dinero. Después tomamos conocimiento de esta suspensión de la pensión no contributiva, y a raíz de una serie de reclamos que se hicieron a nivel nacional, trabajamos con la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados”.

A pesar de que en todos los casos en que intervino la fundación, se logró la restitución de la pensión, explicó que fue “muy angustiante y preocupante para muchas personas”.

En relación a algunas pensiones no restablecidas, Recondo afirmó que se debió a que los motivos de suspensión no estaban contemplados dentro de lo establecido por el Gobierno. “Por ejemplo, a los que se les había dado de baja porque tenían un cónyuge que cobraba jubilación, o a los que contaban con el beneficio de tener un vehículo para trasladar a la persona con discapacidad”.

Las situaciones más comunes por las que no se restauró el cobro son “porque [las personas] no alcanzan el porcentaje de incapacidad laborativa. Tuvieron que hacer todo el trámite de nuevo, y todavía están en espera”, aseguró.

Recondo aclaró que es muy engorroso realizar la documentación nuevamente, que en ciertos casos puede incluir hasta la visita a un médico legista que determine el nivel de incapacidad, ya que en el entreacto la persona pierde el beneficio. “En esos casos pedimos asistencia al Municipio o gestionamos ayudas económicas. Más allá de que se consigue y pueden percibir un ingreso hasta que se restablezca la pensión, sabemos que los tiempos de restitución son muy largos. A la persona le genera incertidumbre, temor de decir ‘¿qué voy a hacer si se me termina la ayuda económica? ¿De qué voy a vivir?’. Esa es la parte que más nos dolió de esta situación”.

En Bahía Blanca, DISER intervino directamente (en conjunto con la Defensoría Federal y la Defensoría del Pueblo) en veinte casos, a pesar de que en la ciudad hubo trescientas pensiones suspendidas. En relación a la quita de pensiones masiva de junio, que ya ocurría desde agosto de 2016, asegura que fue “sin criterio y sin sentido”.

Por otro lado, la semana pasada se creó la Agencia Nacional de Discapacidad, que absorbe a la Comisión Nacional de Discapacidad y a la Comisión Nacional de Pensiones, y que ya no dependería del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que preocupa es “con qué criterios van a otorgar pensiones. Porque si usan los criterios en los que se están basando ahora, el decreto 432/97, estamos mal. Estamos hablando de los mismos criterios que utilizaron para quitarlas”.

Para contrarrestar esta nueva situación, a través de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, “se está trabajando en conjunto, para que expliquen cuáles van a ser esos criterios, cómo van a trabajar el otorgamiento de pensiones y cuál va a ser la función de la Agencia. Todavía falta información y falta saber cómo va a ser el procedimiento de aquí en adelante”, ratificó.

“El miedo está instalado, la preocupación está y, si bien la ministra de Desarrollo Social y la vicepresidenta Michetti, declararon públicamente que ‘el que tiene la pensión no la va a perder’, nosotros queremos algo más concreto”, concluyó.

Lo afirmó uno de lxs 31 detenidos tras la masiva marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de la represión en Cushamen. Ezequiel Medone es periodista de Antena Negra TV y de la Red Nacional de Medios Alternativos y contó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que estaba a más de doce cuadras del lugar de los incidentes cuando lo capturó injustamente la policía porteña.

Luego de la convocatoria que reunió a aproximadamente 250.000 personas en la Plaza de Mayo, Medone se dirigía hacia Congreso cuando “un policía se acerca e intenta detener a una chica que estaba filmando. Empiezan a intervenir trabajadorxs de prensa que estaban en el lugar, para explicarle que no estaba haciendo nada malo. No tenían motivo para llevársela”.

“En eso nos agarran a nosotros y se genera un forcejeo en medio de un tumulto de gente –porque había bastante gente alrededor– además de la policía que se fue sumando. Nos llevan a una comisaría en Chacarita y nos dicen que estábamos incomunicados”.

Las 31 personas detenidas no podían hablar con sus familiares que estaban afuera, ni con sus colegas, ni con la abogada de CORREPI María del Carmen Verdú, ni siquiera entre ellxs. “Estábamos todos en celdas separadas”, explicó Medone.

Recién en la comisaría se enteraron de qué los acusaban: “intimidación pública” y “alentado de resistencia a la autoridad”. “En la presentación que hace el juzgado, dicen que nos detienen en Plaza de Mayo a las 20.20, tirando una reja… lo cual es totalmente falso. Yo a las 21.30 estaba en otro lado, ni siquiera estaba cerca”.

El periodista dijo que “en general fue bastante irregular el procedimiento y la acusación; no tienen mucha prueba de nada. Queda en evidencia que fue una orden y un plan de detener gente. De hacer un espectáculo de esa represión que se estaba dando”. Y agregó que “hubo amenazas a gente, maltratos a compañeras. La verdad es que fue un desastre lo que hicieron”.

Medone contó que recién el domingo, cuando fueron a declarar ante el juez Martínez Di Giorgi lo dejaron comunicarse. “Con Verdú pude hablar cinco minutos antes de declarar. Después la volví a ver a ella, a Norita Cortiñas, al ‘Turco’ (Ismael Jalil) de CORREPI cuando nos comunican que nos liberaron. Fue re emocionante”, confesó.

También afirmó que gracias al acompañamiento de la gente que se acercó a la radio abierta realizada por la RNMA el fin de semana, bajo condiciones climáticas desfavorables, “se pudo torcer la voluntad de tenernos todo el fin de semana –y  más–, porque sino hubiésemos declarado recién ayer, quizás hubiésemos salido hoy, quizás no”.

“Estábamos aislados. Recién al final pudimos vernos y hablar [con lxs otrxs detenidxs]. Al momento de la declaración te leen todas esas mentiras que pusieron y te indigna. Es cuestión de, por un lado, denunciarlo y por otro contestar, les dijimos cómo fueron los hechos de verdad”, aseveró.

A pesar de que tienen todo el material que habían registrado, salvo el celular de su compañero Juan Pablo Mourenza (que sigue confiscado), “estamos haciendo un pedido: si alguien tiene algún video de cómo fue la detención, que lo mande para reconstruir bien el hecho y presentarlo como prueba”.

Ezequiel Medone y otras treinta personas finalmente quedaron imputadxs. En diez días el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi tiene que expedirse y resolver si les procesa o no.

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El fiscal José Nebbia realizó hoy sus réplicas en el Juicio Ejército III y destacó que “los que están sentados acá atrás o mirando por tele” son los que saben dónde están los jóvenes apropiados luego de nacer en cautiverio en el centro clandestino de detención, torturas y extermino La Escuelita.

Minutos antes, el defensor oficial Gustavo Rodríguez había finalizado sus alegatos. La audiencia se reanudará este miércoles a las 9 en Colón 80 con las dúplicas. Una nueva sentencia se acerca a pesar de las esporádicas sesiones del tribunal.

“Llama la atención la postura de la defensa oficial. Sucintamente ya hay condenados en esta jurisdicción por esos hechos y esas condenas han sido confirmadas por Casación”, dijo José Nebbia en relación al robo de bebés en Bahía Blanca.

El fiscal recordó que, “respecto del hijo de María Graciela Izurieta, la defensa dijo que el hecho no existió, que la mataron antes de dar a luz. Respecto del hijo de Metz dijo que nació pero que no se sabe quién lo apropió. No es ninguna novedad. Lo estamos buscando hace mucho, todos lo están buscando. El tribunal lo está buscando. Los organismos lo están buscando. Su hermana lo está buscando incesantemente”.

“Si a María Graciela Izurieta la mataron antes de que diera a luz, la pregunta que surge es dónde está su cuerpo, dónde está el cuerpo de esos once desaparecidos y dónde está o quién se llevó al bebé apropiado”.

“Los que saben dónde están los cuerpos están sentados acá atrás, lo están mirando por tele. Son los defendidos de la defensa oficial los que saben dónde están esos chicos. Esas personas nunca dijeron nada, nunca colaboraron, nunca se arrepintieron. Como explicamos en los alegatos, son los responsables por la apropiación de estas dos personas y por eso deben responder”, concluyó Nebbia.

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Fotos: archivo FM De la Calle.