Diez años transcurrieron desde la fría mañana del 28 de junio de 2011 en la cual comenzó el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Era el primer tramo de la causa Ejército con 17 represores sentados en el banquillo y una multitud manifestándose frente al rectorado universitario y colmando el Aula Magna de Colón 80.

Quince meses después, llegaría el día de justicia para parte de las víctimas del terrorismo de Estado con condenas a cadena perpetua a 14 imputados, de 17 años y medio de prisión para dos de ellos y 18 para el restante. Sus crímenes fueron enmarcados “en el genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”.

También se ordenó investigar la posible comisión de delitos por parte del diario La Nueva Provincia a partir de las publicaciones que sustentaban las versiones de enfrentamientos fraguados por el V Cuerpo de Ejército y la complicidad de integrantes de la Iglesia Católica y el Poder Judicial.

Pablo Fermento, fiscal auxiliar a cargo del debate oral de la causa Triple A, por aquel entonces estaba “en la trinchera”, había ingresado al equipo de la Fiscalía cuando Hugo Cañón entregó la posta a Abel Córdoba, y participó de los preparativos del juicio.

-¿Qué significó ese primer juicio?

Era avanzar sobre tierra virgen, no había nada reconocido, así que muchísima ansiedad. Estamos en una jurisdicción de alguna manera tardía en lo que era el desarrollo de los trámites respecto a otras ciudades, en La Plata ya había sentencia desde hacía varios años, en Neuquén también, en Bahía costó un poco más, se trataba de que por primera vez la justicia declarara la existencia de La Escuelita, de los centros clandestinos, de un plan criminal sistemático en la región, muchísimos desafíos. Hubo un prófugo antes de arrancar el juicio, además del antecedente de (Oscar “laucha”) Corres. Muchísimo trabajo, el equipo a full, muy movilizante, algo que te supera por todos lados, técnica, profesional y emocionalmente, fue un juicio fantástico.

-A diferencia del que hoy está en curso acumulaba años de aportes e investigaciones judiciales, de la Conadep, de los organismos de derechos humanos…

Exactamente, el primer juicio fue la consolidación de un trabajo de tres décadas, arrancando desde los habeas curpus que se metieron en la fecha en cuanto a registro documental, los primeros esfuerzos de familiares, de compañeros, de la comunidad en la búsqueda de verdad y justicia; los procesos en sede militar; la 11/86 que fue el Juicio a las Juntas versión Bahía Blanca ya con la presencia de Hugo (Cañón); posteriormente los Juicios por la Verdad; y todo ese bagaje fueron los pilares sobre los que se construyó aquella sentencia.

Hubo personas como Hugo, (Luis) Cotter, Mirta Mántaras, en ese momento la secretaria de Fiscalía era Haydée Hernández, Pirucha para los conocidos, que venía de hacer los Juicios por la Verdad, era una interacción generacional super interesante. Estaba Eduardo (Hidalgo), ya se había ido (Ernesto) Malicia. Abrió caminos, en Bahía fue el primero de los ocho que vamos, fue para nosotros los más jóvenes, parte de un proceso que se tenía que dar y se iba a dar, pero para la gente más grande era ver concretado algo que pensaron que tal vez nunca iba a pasar.

-¿Qué decían los testigos luego de declarar por primera vez ante un tribunal? ¿Cómo les impactaba?

Fue totalmente nuevo para todos. Mi mirada en ese momento también era la de alguien que recién iba acercándose a todo eso. Con el tiempo fui comprendiendo más un montón de situaciones, pero para mí también fue la primera vez que vi declaraciones de víctimas de estos delitos en juicio, yo no había seguido los Juicios por la Verdad, cuando empezamos a trabajar sí vi los videos pero verlos ahí por primera vez y escuchar a los chicos de la ENET, que ya no eran chicos pero que de alguna manera lo seguían siendo porque era como volver a su infancia, a su adolescencia, ellos ya habían declarado dos o tres veces, con esa carga y ese compromiso, era fuertísimo. Escucharlo a Eduardo a quien uno veía como representante de la APDH, un militante, contar su historia, te partía al medio. Y para ellos también era el compromiso de declarar en esas condiciones de estar todo por decirse, no porque en los otros juicios esté todo dicho pero, de alguna manera, ya hay reconocimientos sobre los que se continúa. Hay hechos que consideramos notorios y que se establecieron en ese juicio.

-Luego la sentencia no solamente implicó penas importantes para los represores que estaban en juicio sino que abría investigaciones sobre los sectores civiles. ¿Cuánto esperaban y cuánto se pudo trabajar a partir de ese fallo?

Fue el puntapié para investigar a los civiles. Antes del fallo ya habíamos realizado la imputación a los secretarios federales (Hugo Sierra y Gloria Girotti), se había solicitado el allanamiento de La Nueva Provincia sin imputación, que fue rechazado, pero lo que fue la investigación a los directivos de LNP salió de ahí en base a lo que se había exhibido entorno a los enfrentamientos fraguados, cómo se habían presentado en el diario cuando habían sido fusilamientos.

Siguió con investigaciones al juez (Francisco) Bentivegnia. Ya habíamos hecho la imputación a (Guillermo Federico) Madueño, el juez federal, que estuvo prófugo y falleció al poco tiempo de ser capturado y al capellán (Aldo) Vara. Y en 2015 iniciamos este juicio que está terminando a la Triple A bahiense.

-¿De aquella sentencia están confirmadas las condenas salvo en un caso?

Queda pendiente tratar por la Corte el recurso de Walter Tejada, los demás recursos fueron rechazados. Hace unos días nos corrió traslado el tribunal para la ejecución de las penas, deja de ser prisión preventiva y pasa a ser cumplimiento efectivo de condena.

-¿En aquella sentencia se comenzaba a realizar reparaciones simbólicas?

En Armada I, en 2015, se ordenó la publicación de la sentencia en LNP. En Bayón se solicitó la reparación civil, que no nos hicieron lugar, y en Sticker -que fue en 2013- se solicitó la anulación de un Consejo de Guerra, más allá de que no producía un efecto concreto, esos consejos fueron utilizados para blanquear los cautiverios en La Escuelita y la continuación de esos cautiverios en la cárcel nunca se habían anulado esas condenas y consideramos necesario repararlos simbólicamente.

Triple A: cerca de la sentencia

Este martes la Fiscalía replicará el alegato de la defensa de los cuatro imputados por haber integrado la Triple A. “Vamos a contestar algunos planteos sobre el tratamiento de los hechos y la valoración de la prueba, después hubo planteos técnicos que tiene que ver con cuestionar la imprescriptibilidad de la acción, la incostitucionalidad de la asociación ilícita, del pedido de perpetua y otras que trataremos de desarrollar brevemente para no dilatar más el proceso”, explicó.

Agregó que en su alegato “la defensa en lo general trató de establecer un contexto diferente del que existió y planteamos nosotros, que este escenario previo a la dictadura ya formaba parte de la maquinaria del terrorismo. Y sobre el homicidio de Watu (Cilleruelo) intentó deslizar la duda razonable entorno a la intervención de Aceituno: acepta que fue Jorge Argibay quien disparó y la presencia de su hijo Pablo y sostiene que no habría sido Aceituno sino Sañudo el tercer ejecutor. Es uno de los puntos que vamos a tratar mañana”.

Luego tendrá la opción de replicar la querella a cargo de la dra. Mónica Fernández Avello y de hacer su dúpica la defensa oficial.

Cumplida dicha instancia, restarán las palabras finales de los acusados -Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero- y la lectura del veredicto del tribunal.

La abogada Mónica Fernández Avello, en representación de la Agrupación H.I.J.O.S., solicitó penas de prisión perpetua para Raúl Aceituno y de diez años de cárcel para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero y Héctor Focelli.

Es por haber integrado la asociación ilícita Triple A, la cual cometió decenas de crímenes en nuestra ciudad durante los meses previos al golpe de Estado de 1976. En el caso de Aceituno, se le imputa, además, participación directa en el homicidio de David “Watu” Cilleruelo.

“Por los 30 mil, por la Memoria, la Verdad y la Justicia, las compañeras y compañeros víctimas de la Triple A y sus familiares, señores jueces, les solicito que se haga justicia”, concluyó.

El 3 de mayo continuarán las audiencias con los alegatos de Leandro Aparicio y Francisco Fuster, en representación de la familia de Luis “Negrito” García y la Universidad Nacional del Sur, respectivamente.

La querella no computó ningún tipo de atenuantes. “Es obvio que no existieron condicionamientos de edad, de educación, de miseria o dificultad para ganarse el propio sustento que los hubiera compelido a cometer los hechos”. Sí sumó agravantes, “principalmente respecto a la extensión del daño causado y a la ausencia de arrepentimiento”.

Por otro lado, adhirió a los pedidos de reparación simbólica realizados por la Fiscalía y requirió que se revoquen las excarcelaciones de Curzio, Pallero y Forcelli y la detención domiciliaria de Aceituno.

La abogada cerró con una cita de la testigo Gladys Haydé Elvira:

“Para que una sentencia sea justa debe ser reparadora. (…) Hay que reparar los 45 años de demora, el medio siglo que pasó con los asesinos impunes. Esta gente ni siquiera se cambió de vecindario, nos obligaron a convivir por medio siglo a las víctimas y a los familiares con los asesinos. (…) Espero de este tribunal una sentencia ejemplificadora, aleccionadora, que acabe con la impunidad para siempre (…), aun así, con los 45 años de impunidad. Quiero decir que José, Julio, Gabe, los 30 mil no son solo Memoria, son, por sobre todas las cosas, convicciones que levantaron los pañuelos blancos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y que en este presente todavía sin justicia, levantan los hijos, las hijas, los nietos y nietas”.

Fernández Avello agregó: “Por los testigos fallecidos durante este juicio. Maffo Pereyra, que durante su declaración se quedó sosteniendo la cabeza de su amigo Watu. Esa gran mujer que fue la compañera de Gini, Marta Fabini. Eugenio Navarrete, Víctor Basterra y Jorge Bernardi. También Luis Ángel ‘el Turko’ Salomón, quien tomó registro de todos los juicios en Bahía Blanca. Y por ese gran luchador contra la impunidad en Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo”.

El fiscal Pablo Fermento avanzó con el alegato contra cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense para quienes pedirá condenas en la audiencia del 8 de abril.

El lunes pasado continuó con la exposición de los hechos y las pruebas que dan cuenta de los homicidios que son juzgados.

Se refirió a Luis Jesús García, Alberto Noé Bayarsky, Carlos Dorñak, María Isabel Mendivil, Fernando Antonio Alduvino, José Manuel González, Angel Enrique Ogues, Ovidio Oscar Ancel, Carlos Anibal Nakandakare, Alberto Mario Pojomovsky, Víctor Eduardo Oliva Tronocoso, Hugo Norberto Ardiles, Orlando Walker, Manuel Santiago García y Salvador Julio Trujillo.

Luis Jesús “Negrito” García, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). Al ser asesinado tenía 18 años y trabajaba en la empresa constructora Interamerican en Ingeniero White, donde había sido designado delegado de obra.

De acuerdo con las pruebas señaladas por la fiscalía, en la madrugada del 22 de septiembre de 1974, un grupo de entre cuatro y cinco personas armadas ingresó violentamente en su domicilio alegando pertenecer a la policía. En el acto, procedieron a su secuestro, arrastrándolo y golpeándolo. Los captores se retiraron del lugar en dos vehículos. Por la mañana de aquel día, y luego de una intensa búsqueda por parte de familiares y compañeros de militancia, el cadáver de García fue hallado junto a un camino de tierra perpendicular a la ruta N° 3, cerca del paraje conocido como “El Pibe de Oro”.

Para la fiscalía, la realización de aquel operativo por parte de la asociación ilícita dirigida por el fallecido diputado provincial Rodolfo Ponce quedó acreditada –junto al patrón de actuación– por los testimonios que dieron cuenta de una tarea de “fichaje” por parte de la C.G.T. local, entre cuyos blancos se encontraba el propio García.

Pero el dato insoslayable resulta ser, según se indicó en el alegato, que tanto los captores como los vehículos utilizados para la concreción del secuestro fueron identificados por la madre y la hermana de la víctima como pertenecientes a la organización criminal conocida como Triple A. De acuerdo a las actuaciones judiciales de la época, el automotor fue hallado en el hall de la Universidad Nacional Tecnológica de la ciudad, cuyas instalaciones se encontraban por entonces bajo ocupación armada del mismo grupo paraestatal.

Otro aspecto destacado en la exposición fue la profusa actividad de inteligencia que se realizó sobre el acto de sepelio de García —según consta en archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense que fueron expuestos en pantalla durante el alegato— en donde figuran los nombres y las banderas políticas de quienes asistieron. Tal es así que la gran mayoría de las personas apuntadas luego fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Por otra parte, se expuso la prueba sobre una serie de crímenes cometidos por la misma organización criminal en la madrugada del 21 de marzo de 1975, en la que fue asesinado el sacerdote Dorñak, y secuestrados y posteriormente ejecutados Mendivil y Alduvino.

Esa misma madrugada, hicieron detonar además una bomba en el domicilio del militante universitario Jorge Riganti, atacaron con armas una escuela de Cáritas (en donde intentaron secuestrar a la hermana Norma Gorriarán) y tuvo lugar la tentativa de secuestro de Carlos Entraigas, también militante estudiantil.

A su vez, se analizó la prueba del caso de Alberto Mario Pojomovsky, quien en la madrugada del 29 de junio de 1975, al retirarse junto a su esposa en vehículo de la casa de unos amigos, fue interceptado por un grupo de personas armadas que se trasladaba en un Ford Falcón verde con techo blanco y una camioneta doble cabina, ambos vehículos propiedad de la Universidad Nacional del Sur.

Tras hacerlos descender del automóvil y pedirles que acreditaran la identidad, los agresores intentaron secuestrar a la pareja de la víctima, quien logró escapar corriendo, pero recibió un disparo en una de las piernas. Mientras se alejaba, escuchó los disparos efectuados a su marido.

Según el análisis de la fiscalía, Pojomovsky fue abandonado herido por los captores, junto a la camioneta que estos utilizaban, la cual un día más tarde fue reclamada a la policía por uno de los integrantes del grupo paraestatal en representación de la Universidad Nacional del Sur, bajo la cobertura de que el automotor había sido robado del rectorado la noche anterior. Antes de fallecer veinte días más tarde en el Hospital Municipal, la víctima llegó a manifestar a su familia que el Falcon que usaron los atacantes también pertenecía a esa casa de altos estudios.

La fiscalía enfatizó en el modo en que los casos de García y Pojomovsky ponen de manifiesto la práctica de utilización de los vehículos y recursos de las universidades, al servicio del accionar delictivo de la asociación ilícita. Por aquel entonces, el rector de la Universidad Nacional del Sur era Remus Tetu, señalado por la acusación como uno de los jefes de la Triple A bahiense.

Durante el desarrollo de los restantes casos analizados en la jornada, se exhibió en pantalla un volante de la época —aportado por un testigo— en el que compañeros de militancia de los trabajadores “Negrito” García, González, Ardiles, Walker, Trujillo y Santiago García apuntaban al sector de Rodolfo Ponce como el responsable de sus asesinatos. Cabe destacar que para la fiscalía el diputado nacional y secretario de la CGT Bahía Blanca era el otro de los jefes de la Triple A local.

El juicio continuará el 8 y 9 de abril a las 8.30. La fiscalía estima que en la primera jornada concluirá su exposición y formulará el petitorio de las penas para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la organización criminal y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.

Este lunes a las 9 comenzará el alegato de la fiscalía ante el Tribunal Oral en el juicio que tiene como imputados a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno.

Se los acusa de haber pertenecido a la organización criminal Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. Se llega a esta instancia luego de haber escuchado la declaración de más de 90 testigos.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a través del fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento.

Como partes querellantes actúan Hijos Bahía Blanca, la familia de la víctima Luis Jesús García y la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Se estima que la exposición de la fiscalía requerirá al menos de las jornadas del lunes 15, el martes 16 y el miércoles 17 de este mes. Luego continuará en las que se establezcan con posterioridad.

El juicio oral y público por la actuación de la Triple A en Bahía Blanca se había iniciado en marzo del año pasado, pero fue postergado a raíz de la pandemia. Luego, en julio, se retomó con un sistema mixto: por un lado se llevaron a cabo las audiencias en el Aula Magna de la UNS a puertas cerradas -con el objetivo de cumplir el distanciamiento social entre las personas presentes-, y también hubo participación por conexión virtual remota para quienes integran grupos de riesgo.

Finalmente, se hicieron por un sistema totalmente virtual. En este marco, la fiscalía había señalado la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización. Es por ello que las audiencias del debate oral se pueden seguir a través del canal de YouTube de la Universidad.

Durante el debate, la generalidad de los testimonios se refirieron a la existencia de la organización criminal que los acusados integraban, a la que aludieron como la Triple A o la patota del diputado nacional Rodolfo Ponce y, en el ámbito universitario, del rector interventor Remus Tetus. Se describieron distintos aspectos de su accionar, tales como el patrullaje en la “fiambrera” -un Fiat 125 azul- y otros vehículos, las prácticas de intimidación en los edificios universitarios, diferentes episodios de agresión e intimidación armada y los asesinatos cometidos.

Las declaraciones también graficaron distintas situaciones que dieron cuenta de los vínculos del grupo paraestatal con el Estado, y del marco de impunidad con el que operaba.

El homicidio de David “Watu” Cilleruelo

El 3 de abril de 1975, la víctima fue asesinada de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sur, mientras se encontraba junto a otros compañeros convocando a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, con el fin de revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que él mismo presidía.

Durante el debate, distintos testimonios refirieron que los responsables del homicidio se dirigieron en el vehículo del Rectorado hasta el lugar donde se encontraba Cilleruelo, lo ultimaron y se retiraron inmediatamente en el mismo automóvil. Diversos testigos señalaron que Jorge “Moncho” Argibay fue quien le disparó a la víctima, y que junto a él estaban su hijo Pablo -ambos fallecidos- y el propio Aceituno.

Fuente: fiscales.gob.ar