Tras la feria judicial se escuchará a los últimos testigos ofrecidos por la fiscalía: Raquel Barabaschi y Néstor Busso. Será este miércoles desde las 9 de la mañana con transmisión mediante el canal de Youtube de Audiovisuales UNS.
Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Están acusados de haber pertenecido a la Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.
Raquel Barabaschi es referente de los organismos pampeanos de derechos humanos y fue víctima del circuito de la sub-zona 14 durante la última dictadura cívico-militar. Su testimonio fue solicitado a fin de que declare sobre los vínculos de la Triple A de Bahía Blanca con hechos que tuvieron lugar en la provincia de La Pampa y, particularmente, sobre la intervención de Rodolfo Ponce y de su grupo armado en la persecución de sectores estudiantiles de izquierda pertenecientes a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de la localidad de General Pico, a principios de 1975.
Néstor Busso fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Rio Negro y víctima del circuito “Camps” durante la última dictadura cívico-militar. Fue convocado para que se explaye acerca del trabajo de investigación realizado por el testigo a través del Servicio de Documentación e Información Latinoamericana (SEDIPLA) en junio de 1975, respecto del asesinato del sacerdote salesiano y vicerrector del Instituto Superior Juan XIII Carlos Dorñak, como así también sobre la persecución a los sectores religiosos de izquierda de la ciudad de Bahía Blanca.
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La directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, Claudia Bellingeri, declaró, en carácter de testigo de concepto, en el marco del juicio que lleva adelante el TOF de Bahía Blanca contra los responsables de los crímenes cometidos por el grupo parapolicial Triple A entre 1975 y los primeros meses de 1976.
Como organismo designado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata para la preservación, administración y gestión del archivo de la DIPPBA, la CPM realizó para esta causa un aporte documental de 164 registros, entre fichas, legajos e informes que individualizan a los integrantes del grupo de tareas civil, el seguimiento a muchas de sus víctimas y las conexiones con la Universidad Nacional del Sur y el diputado Rodolfo Ponce, entre otros aspectos que se ventilan en este juicio.
Las audiencias continuarán los días 3, 4 y 5 de febrero.
La exposición de Bellingeri fue acompañada de una serie de diapositivas en las que se mostraban extractos de documentos oficiales de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) con datos de las víctimas de la Triple A en Bahía Blanca, la participación del por entonces interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Remus Tetu, en la coordinación del grupo de tareas sobre los claustros estudiantil y de no docentes, y el rol del diputado nacional Rodolfo Ponce -secretario general de la CGT local- en la conducción del grupo civil, además de la inserción funcional de la DIPPBA dentro del esquema y zonifación del terrorismo de estado.
El testimonio se extendió por más de tres horas y contempló la explicación y contextualización de 164 documentos aportados por la CPM en tres informes distintos que fueron presentados durante los últimos años desde el inicio de la investigación penal.
En primer lugar, la testigo de concepto detalló los principios de integralidad, cadena de custodia y autenticidad de los documentos, a partir del extenso trabajo de desclasificación, organización y digitalización del archivo DIPPBA. En ese marco, también se proyectó en plena audiencia el video titulado “La Inteligencia también fue Terrorismo de Estado”.
En cuanto a la Comunidad Informativa -categoría que designa la articulación, coordinación y colaboración de todas las agencias de inteligencia del país para la ejecución del plan de exterminio-, describió sus organigramas, funcionamiento orgánico, y su expresión local en Bahía Blanca.
De las reuniones de la Comunidad Informativa bahiense, por ejemplo, Bellingeri destacó documentos que prueban que Tetu participó activamente aportando nombres de trabajadores no docentes y estudiantes identificados como subversivos o de izquierda peronista o marxista, además de haber creado en la Universidad el Departamento de Seguridad desde el cual directamente se contrató a integrantes de la Triple A.
Asimismo, con respecto a Ponce los documentos expresan que varios de los integrantes de la Triple A de Bahía Blanca eran considerados como “guardaespaldas” o personal de seguridad del diputado Ponce, provenientes de gremios como el de la Junta Nacional de Granos, URGARA, y otros.
Entre las acciones encomendadas a este grupo de tareas civil se destacan la detección, seguimiento y, en algunos casos, el asesinato de “posibles elementos de izquierda” que intervinieran en los espacios gremial, fabril o universitario.
Cabe destacar que en los documentos de DIPPBA aportados a esta causa aparecen no sólo los nombres y roles de los cuatro que están siendo juzgados -Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero- sino también los de otros integrantes de la Triple A que no llegaron a juicio, como en los casos de Argibay padre e hijo, Sañudo, Chizú, Dodero y otros.
Respecto al nombre de la organización parapolicial, Bellingeri explicó que en ningún documento aparece explicitado como Triple A sino que se los menciona como “grupo civil”, “peronismo histórico”, “peronismo ortodoxo” o “juventud sindical peronista”.
Entre las víctimas que aparecen registradas en los documentos DIPPBA se destaca el caso de David Watu Cilleruelo, estudiante universitario asesinado por el grupo de tareas y cuyo nombre había sido aportado por el rector Tetu en una de las reuniones de la comunidad informativa de Bahía Blanca.
Tras el crimen del joven, y ante las protestas y movilizaciones de la comunidad universitaria, Tetu detalló “el estado rebelde y subversivo en los claustros, provocado por dichos activistas, cuyos antecedentes se adjuntan”.
Bellingeri también puntualizó en la documentación sobre otras dos víctimas -Luis Jesús García y a Rodolfo Gini- aunque aclaró que existe material documental sobre muchas de las víctimas que se contemplan en esta causa.
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El ex legislador pampeano Eduardo Tindiglia declaró en el Juicio Triple A que tramita el tribunal oral bahiense contra cuatro integrantes de la banda paraestatal que infundió el terror en la ciudad durante los años previos al golpe de estado de 1976. Se refirió al secuestro y fusilamiento de Carlos “Pelado” Davit, entre otros hechos que investigó.
Manifestó que el ex diputado nacional y secretario general de la CGT, Rodolfo Ponce, “estaba en la cúspide de una estructura piramidal, miraba todo desde arriba y desde ahí podía disponer de la vida y la muerte de las personas. Por eso, entre los años ’74 y ’75, hay no menos de sesenta hechos de violencia que los vinculan directamente a él y a la Juventud Sindical Peronista”.
Durante la audiencia del jueves 3 de diciembre también se presentó Héctor Benvenutti quien destacó que “los paredones de Bahía Blanca decían la Triple A son La Nueva Provincia, Ponce y la Marina”.
Los imputados son Héctor Forcelli, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Pallero. El debate continuará el 17 de diciembre desde las 9.
Eduardo Tindiglia vino a Bahía Blanca a estudiar en el Juan XXIII en 1986. Dos años después se instaló en la pensión de Yrigoyen 228: recaló, sin saberlo, en la misma habitación donde había vivido una de las víctimas de la Triple A. Se trataba de Carlos “Pelado” Davit, ambos eran originarios de Guatraché y primos segundos.
“Me sorprendí y después entendí que la invisibilización a la que estaban expuestas las víctimas tenía que ver con la campaña de prejuicio y estigmatización de la época, el algo habrán hecho”. En aquel entonces asumió un compromiso con la memoria de Davit que comenzó a cumplir 16 años después, en el marco del 30° aniversario del crimen.
Intentó entrevistar a don Sixto Banegas, el administrador de la pensión, pero para esa época ya no recordaba. Recurrió entonces a los organismos de derechos humanos bahienses y pudo contactar a ex compañeros/as de Carlos. El objetivo era recopilar información para un homenaje y para reclamar la reapertura de la causa judicial que finalmente se logró en 2005.
Visitó asiduamente la hemeroteca de la Biblioteca Rivadavia en busca de hechos violentos relacionados con Rodolfo Ponce, Remus Tetu y la Triple A.
Tindiglia dijo que, hasta 1975, Ponce era un actor relevante “más en lo gremial que en lo político. Un hombre que construyó poder de forma llamativa porque era secretario general de Urgara, un gremio pequeño”.
Afirmó que “si hay que buscar el origen de los represores o las patotas de Ponce, busquémoslos en los portuarios, en el transporte, en los granos y a las víctimas en la Uocra, los gráficos, la prensa, los universitarios”.
Ante la pasividad de la UOM de Albertano Quiroga y la Asociación Empleados de Comercio de Ezequiel Crisol, “Ponce aprovecha la situación, establece un acercamiento político ideológico absoluto con Rucci y eso le significa el padrinazgo para la conducción de la CGT y de las 62 Organizaciones Peronistas”.
El testigo advirtió que Ponce “disponía de la información de la forma en que quisiera, no solo hacia el interior de los gremios sino los legajos de los trabajadores, los datos familiares, los domicilios, acceso a las listas que se habían presentado a las elecciones. Así podía acceder a algún posicionamiento ideológico de los dirigentes que le podían haber disputado las conducciones”.
“Estaba en la cúspide de una estructura piramidal, miraba todo desde arriba y desde ahí podía disponer de la vida y la muerte de las personas. Por eso, entre los años ’74 y ’75, hay no menos de sesenta hechos de violencia que los vinculan directamente a Ponce y a la Juventud Sindical Peronista”.
Tindiglia sostuvo que la misma estrategia de control y manejo de la información se aplicó en la universidad con la intervención de Remus Tetu. Mencionó que en los archivos de la DIPBA encontró volantes que acusaban por el crimen de Davit a Tetu, a Ponce y a Reynoso.
“Es interesante porque Tetu en octubre del 75 no es más rector, (…) asume Julio Reynoso que venía de ser interventor en la Universidad de La Plata y era parte del CNU. Trae la mayoría de su equipo de afuera, varios de la CNU. Conserva a los integrantes de los grupos de seguridad y los refuerza, claramente es una continuidad de lo de Tetu hasta el 24 de marzo”, destacó.
El testigo compartió una detallada línea de tiempo de lo ocurrido días previos y la noche del secuestro y asesinato de Carlos Davit y mencionó datos recabados sobre otras víctimas de la causa como el dirigente del Sindicato de Vialidad, Alberto Noé Bayarsky; los obreros de la construcción Orlando Walker y Hugo Ardiles; el estudiante Fernando Alduvino; y el sacerdote Carlos Dorñak.
Respecto al salesiano, recordó una entrevista que realizó a José Del Coll, quien asumió como rector del Juan XXIII tras el crimen. Por entonces se distribuían volantes con la inscripción “el que siembra vientos cosecha tempestades” con la firma del Grupo de los 30. “Él interpretaba que era el grupo de las 30 personalidades destacadas de Bahía Blanca, vinculadas al sector de la iglesia de la ortodoxia, cercanas al obispo Mayer, a La Nueva Provincia y, en lo educativo, a Remus Tetu”.
¿No serás zurdito?
El profesor de Historia y entrenador de fútbol, Héctor Benvenutti, en 1973 estudiaba en el Departamento de Humanidades de la UNS y jugaba al fútbol semiprofesional en Sansinena junto al imputado Osvaldo Pallero.
“En el ambiente se hacía mención a personas que eran parte de lo que vulgarmente se denominaba ‘la patota’ y los más grandes nos decían: de esos tipos tienen que cuidarse porque son pesados”, afirmó. “Los estudiantes y los jóvenes en general salíamos de noche y veíamos a algunas de estas personas. Recuerdo haber ido a cabarets o lugares nocturnos y ver gente armada que no había que ni pasarles cerca”.
Benvenutti recordó que “estaba en el playón de la UNS cuando mataron a David (Cilleruelo). Oímos los disparos, nos fuimos con mucho temor y a partir de allí se suspendieron las clases. Cuando retomamos vimos a los guardaespaldas de Tetu armados en la UNS”.
Mencionó que en una oportunidad jugaban al fútbol en una cancha frente al Departamento de Humanidades cuando la pelota cayó en el terreno de Automotores. “Un compañero fue a buscarla y dijo ahí están Remus Tetu y sus matones mirando el partido. Sentimos temor, fue después del asesinato de Cilleruelo, que además jugaba en uno de los equipos internos del Club Universitario”.
En 1976 Benvenutti pasó a jugar en el Club Comercial. “En los asados había gente vinculada al sindicato del puerto, gente de Ponce que nos decía: ‘Eh, universitario ¿no serás zurdito? Cuidate’.
Por otro lado, manifestó que “todos hemos visto a Tetu entrar a conversar con el interventor de la dictadura, había una continuidad entre la Tripe A y los grupos de tareas de la Marina y el Ejército”. Al rumano lo conoció además como profesor de sociología: “Era un fascista formado, no era un chanta”.
El testigo agregó que Forchelli trabajaba en las escuelas medias y “el comentario de colegas profesoras era que integraba la patota”; Curzio “era conocido por el speedway, el comentario era que era chofer de los vehículos de la patota”; y de Aceituno se decía “que estaba al lado de los Argibay”.
¿Cómo sigue el juicio?
El viernes 4 declaró Gregorio Díaz Dionis, ex secretario general de ATUNS y presidente del Equipo Nizkor, en los próximos días publicaremos la reseña de sus dichos. La próxima audiencia será el 17 de diciembre desde las 9.
A propuesta de la Fiscalía queda por escuchar a la perito de la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Berlingeri, a Néstor Busso y a Raquel Barabaschi. Luego será el turno de los testigos ofrecidos por la defensa. Para febrero se prevé una inspección ocular al ala de Ingeniería del edificio de Alem 1253 de la UNS donde fue asesinado David “Watu” Cilleruelo.
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El Ministerio de Seguridad solicita información “que conduzca directamente al arresto” de tres genocidas prófugos en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército.
El Gobierno relanzó el Programa “Buscar” -interrumpido por la gestión de Mauricio Macri- el cual permitió desde su creación en 2008 la captura de alrededor de 30 represores y el hallazgo del nieto recuperado N° 128.
Miguel Ángel García Moreno (LE N°4.420.438) nació el 25 de mayo de 1943. A mediados de 1976 fue destinado al Departamento III Operaciones del V Cuerpo. Su legajo consigna que en marzo del ’77 fue condecorado por “haber continuado en combate luego de ser alcanzado por la onda expansiva de una granada lanzada desde una vivienda” en un operativo.
Fue diputado nacional, legislador porteño y director del Registro Nacional de las Personas durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Está prófugo desde la reapertura de las causas, cuando el Juzgado N°1 estaba a cargo de Alcindo Alvarez Canale.
Carlos Alberto Arroyo (DNI N°10.554.063) nació el 3 de enero de 1953. Fue detenido el 29 de junio de 2009 tras emitir su voto en las elecciones. Se escapó en 2013 a días de comenzar el juicio oral del segundo tramo de la Causa Ejército.
El juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, la Cámara Federal y el Tribunal Oral lo mantenían excarcelado a pesar de la oposición de la Fiscalía.
Se le imputa su participación en los homicidios de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo quienes fueron ejecutados en un departamento de Fitz Roy 137 el 14 de noviembre de 1976. Por su participación en dicho crimen de lesa humanidad fue condecorado con medalla de oro “Al heróico valor en combate” y con un “Diploma de honor” firmado por Jorge Rafael Videla.
Por último, Roberto Carlos Brunello (DNI Nº7.699.908) nació el 23 de marzo de 1949, su último domicilio es en “Las Brisas Country Club” de Pilar. Es buscado desde noviembre de 2013.
Se le imputan secuestros, torturas, violencia sexual y homicidio contra decenas de víctimas. Integró la Compañía Combate “My Keller” del Batallón de Comunicaciones 181, la cual estaba orientada específicamente a la concreción de los secuestros, el sometimiento a cautiverio y la aplicación de torturas que se cometían en dependencias del V Cuerpo.
La causa por la que se lo busca centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.
Quién tenga información sobre el paradero de los genocidas debe escribir a [email protected]
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